Diez años después de su firma, todavía se repite que el Acuerdo Final de Paz (AFP) firmado con las FARC-EP fue ilegítimo porque se impuso contra la voluntad popular y en contravía de la Constitución y la ley. Cuando una afirmación falsa se repite, la verdad se vuelve sospechosa. Por eso, vale la pena hacer un ejercicio de memoria y recordar los hechos.

Sobre la legitimidad del Acuerdo Final de Paz: un acuerdo político que se subordinó a la Constitución

Tras acercamientos secretos iniciados en 2010, una fase exploratoria culminada el 26 de agosto de 2012 y conversaciones públicas instaladas en Oslo y desarrolladas en La Habana —con Noruega y Cuba como garantes, y Venezuela y Chile como acompañantes—, el 26 de septiembre de 2016 Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño firmaron en Cartagena la primera versión del AFP, que permitió la dejación de armas y el tránsito a la vida civil de 13.000 integrantes de las FARC-EP, un avance decisivo para superar un conflicto de más de medio siglo que había dejado más de diez millones de víctimas registradas.

La firma del AFP llenó de esperanza a gran parte del país. Juan Manuel Santos convocó un plebiscito, al que no estaba jurídicamente obligado, convencido de que una sociedad cansada de la guerra respaldaría el intento más serio y exitoso de poner fin al conflicto con las FARC-EP y de avanzar en la consecución de la paz.

Infortunadamente se equivocó. Tras una intensa campaña por el NO, para muchos desleal, diseñada para desinformar masivamente, el rechazo al AFP se impuso por estrecho margen. Según las cifras oficiales, el No obtuvo 6.431.376 votos contra 6.377.482 por el Sí y una abstención del 63%. Ese resultado debilitó un esfuerzo histórico para avanzar en la transición de la guerra a la paz.

La derrota obligó a renegociar con los sectores de la oposición, liderados por el Centro Democrático, cuyas propuestas el Gobierno llevó a la mesa de negociación en La Habana. El resultado fue un nuevo texto, con más de cincuenta modificaciones de fondo, firmado el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón de Bogotá. No se defraudó entonces la confianza de quienes votaron No en el plebiscito, pues sus reparos fueron escuchados y, en buena parte, incorporados con pleno respeto a las reglas democráticas.

La refrendación del nuevo texto correspondió al Congreso de la República: el 29 de noviembre de 2016, el Senado lo aprobó con 75 votos a favor y ninguno en contra, el 30 de noviembre la Cámara de Representantes lo hizo con 130 votos a favor y ninguno en contra. El Centro Democrático se retiró de ambas votaciones. 

La Corte Constitucional declaró conformes con la Carta Política tanto la refrendación en el Congreso como el procedimiento legislativo especial para la paz, conocido como fast track, aprobado por el Congreso mediante el Acto Legislativo 01 de 2016. 

A partir de entonces, el Congreso tramitó las normas para implementar el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), entre ellas el Acto Legislativo 01 de 2017, que creó el SIVJRNR y del que hace parte la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); la Ley 1922 de 2018, de procedimiento, y la Ley 1957 de 2019, estatutaria de la JEP. 

La ley estatutaria de la JEP revivió un intenso debate político entre defensores y opositores del AFP. Entre los opositores se incluía  el gobierno de Iván Duque, quien en marzo de 2019 la objetó. La Cámara y el Senado rechazaron las objeciones y, ante la controversia sobre la votación en este último, la Corte Constitucional confirmó dicho rechazo. La Ley Estatutaria se sancionó el 6 de junio de 2019. 

El recorrido del AFP del Teatro Colón demuestra su plena legitimidad: surgió de un amplio debate nacional, sus diferencias se tramitaron mediante los mecanismos democráticos del Estado social de derecho y su refrendación e implementación se ajustaron a la Constitución y la ley. Discrepar del Acuerdo es legítimo, pero calificarlo de espurio desconoce las normas y decisiones examinadas por la Corte Constitucional; cuando los hechos se niegan o distorsionan porque incomodan, la verdad se convierte en enemiga.

Sobre la JEP: sin verdad no hay justicia y sin justicia hay impunidad

El Acto Legislativo 01 de 2017 recogió el contenido del AFP, incorporó a la Constitución el punto 5 sobre víctimas y creó el SIVJRNR, compuesto por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y la JEP.

La JEP, componente judicial del sistema, es un tribunal de origen constitucional, de carácter transitorio, que hace parte del poder judicial. Sus juezas y jueces tienen la obligación de investigar y sancionar los crímenes y delitos cometidos antes del primero de diciembre de 2016, por causa, con ocasión o en relación con el conflicto armado interno, muchos de los cuales habían quedado impunes. Así garantiza los derechos de las víctimas y el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado colombiano. 

Según la ONU, la justicia transicional “abarca toda la variedad de procesos y mecanismos asociados a los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, sirvan a la justicia y logren la reconciliación”. Es una justicia excepcional y transitoria, inserta por lo general en procesos de negociación política entre el Estado y grupos armados al margen de la ley, que flexibiliza las medidas propias de la justicia ordinaria concebidas para imponer penas privativas de la libertad, a cambio de que al actor armado deje las armas y aporte verdad satisfaciendo los derechos de las víctimas, con la certeza de que tendrá condiciones que le permitan reincorporarse a la sociedad. 

Esta justicia no es impunidad ni venganza; se diseña según las necesidades de una sociedad que busca superar el conflicto. 

Para la Corte Constitucional, la Justicia Transicional es un modelo de justicia excepcional, temporal y negociado que busca resolver la tensión entre la necesidad de alcanzar la paz y la obligación del Estado de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, mediante mecanismos judiciales y extrajudiciales flexibles que permitan sanciones restaurativas a cambio de la verdad.

La justicia transicional se rige por el principio de centralidad de las víctimas; admite la reducción de penas, el otorgamiento de amnistías condicionadas y la imposición sanciones no privativas de la libertad. Según la Corte Constitucional, el modelo se sostiene en cuatro pilares (C-579 de 2013 y C-674 de 2017):

Es una justicia condicionada, ningún beneficio se obtiene sin una contraprestación para las víctimas y el sistema (Artículo transitorio 5 del Acto Legislativo 01 de 2017). Para acceder a cualquier beneficio, el compareciente debe cumplir compromisos ineludibles, entre ellos: dejar las armas, aportar la verdad plena, contribuir a la reparación de las víctimas y garantizar la no repetición. Si no cumplen dichos compromisos, no accede a los beneficios transicionales o los pierde.

Es, contrario a lo que sostienen varios sectores, incluso algunos de sus negociadores, un modelo complejo, de difícil apropiación e implementación, pues además de ser inédito, su diseño garantizó, como debe ser tratándose de un tribunal, derechos esenciales en todo proceso judicial: debido proceso, contradicción y defensa. 

Cumplir sus objetivos exige a los jueces transicionales garantizar esos derechos y realizar un examen exhaustivo de miles de expedientes, informes e insumos elaborados durante más de medio siglo, para consolidar los macrocasos e identificar patrones de macrocriminalidad y a los máximos responsables. Por ejemplo, según la Sentencia TP-SA-SP 620 de 2026 , en el macrocaso 01 se estableció un universo de 21.396 hechos de secuestro y otras graves privaciones de la libertad cometidos por las FARC-EP entre 1993 y 2012 y se acreditaron 4.324 víctimas. 

Todo ello, para investigar qué pasó, quién o quiénes lo determinaron y por qué ocurrió, es un presupuesto ineludible para consolidar la no repetición.

Investigar en sede judicial consiste en buscar la verdad más completa posible. Si se desconoce esa premisa y se cuestiona al juez transicional por hacerlo, lo que en realidad se le exige es avalar  un modelo de impunidad. Imponer sanciones propias sin garantizar el acceso a la verdad hace imposible justificar el sacrificio de las víctimas al aceptar sanciones que no son proporcionales, en términos retributivos, a la gravedad de los crímenes cometidos. Ese sacrificio solo se justifica si, a cambio, reciben una verdad completa y rigurosa que sea realmente reparadora. Solo las investigaciones que conduzcan a esa verdad plena garantizarán la realización de los derechos de las víctimas y permitirán atribuir responsabilidad por graves crímenes internacionales a los máximos responsables sometidos a la JEP. 

Los magistrados y magistradas que integran la JEP son jueces. Como tales, están sometidos a la Constitución y a la ley. Su obligación es investigar y sancionar los crímenes más graves y representativos del conflicto armado interno. Eso implica escudriñar las distintas verdades que emergen en escenarios de guerra y confrontación que, al confluir, brindan la oportunidad de construir un relato coherente, dotado de legitimidad, sobre lo que realmente sucedió. 

Sorprende que expertos, e incluso negociadores del AFP, cuestionen a la JEP precisamente por intentar avanzar en ese cometido: ofrecer a las víctimas y a la sociedad, a título de reparación, una verdad completa que alivie su dolor y contribuya a la no repetición. Si, como sostienen algunos, esa tarea estaba reservada exclusivamente a la CEV, que aportó al país un informe de enorme valía pero que no responde a la lógica de una investigación judicial, entonces la JEP no debió concebirse como una instancia judicial, conformada por jueces autónomos e independientes que deben interpretar la ley y aplicarla de manera estricta. 

Los jueces transicionales, al igual que los jueces ordinarios, solo pueden imponer las sanciones que prevé la ley; no están facultados para decidir discrecionalmente qué pena aplicar, pues ello transgrediría los principios fundamentales del Estado de derecho. Señalar al juez transicional por imponer sanciones propias que no contemplan la privación efectiva de la libertad, sino la restricción de derechos, sería tanto como cuestionar a un juez penal ordinario por no imponer la pena capital frente a determinados crímenes, cuando esta está proscrita en nuestro ordenamiento jurídico.

Reclamarle a la JEP que ha desviado o desbordado las funciones que le fueron atribuidas, por esforzarse por alcanzar el mayor grado de verdad posible, es desconocer su naturaleza y dar la razón a quienes han cuestionado el modelo por considerarlo impunidad. Las sanciones propias son legítimas si se garantizan los derechos de las víctimas, y esos derechos solo se materializan si se les ofrece la verdad que tanto han reclamado. 

La búsqueda de la verdad por parte de la justicia transicional no puede convertirse en el enemigo que hay que debilitar, pues sin esa verdad el modelo de justicia especial que aplica la JEP defraudaría la confianza de las víctimas, que aceptaron sacrificar su aspiración de justicia retributiva a cambio de una verdad completa y reparadora.

Desconocer la naturaleza de la JEP, tergiversar sus funciones y estigmatizarla, al atribuirle pretensiones ideológicas o políticas, transgrede la independencia y la autonomía que le garantiza la Constitución y atenta contra sus objetivos de contribuir a la consolidación de la paz. Defender el derecho de las víctimas a la verdad implica reclamar a la JEP el cumplimiento de ese mandato ético y jurídico. Sin verdad, el modelo de justicia transicional sería impunidad. Por eso, ese propósito no es el enemigo.

*Magistrada de la Sección de Apelación y fue la primera presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz. Fue magistrada auxiliar de la Corte Constitucional, procuradora Delegada para Derechos Humanos y Asuntos Étnicos, y asesora del Centro Nacional de Memoria Histórica, de la Contraloría General de la República y de varios organismos internacionales. Abogada de la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Maestría en Administración Pública en la Universidad Alcalá de Henares e hizo estudios de maestría en Filosofía en la Universidad Nacional de Colombia.

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El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella no pudo contener las marchas de protesta en contra de varias de sus políticas de gobierno, apresurado dictó un decreto con el que pretendía frenar las protestas  pero los opositores se midieron en el primer pulso de esta naturaleza en apenas dos meses de gobierno.

Mientras que el citado decreto era demandado por inconstitucional de acuerdo con los demandantes quienes consideran que esta medida debe pasar por el Congreso de la República, las principales ciudades del país afrontaron grandes manifestaciones y consignas en contra del mandatario.

Una de las manifestaciones más concurridas se registró en la ciudad de Cali, mientras  que en Sincelejo, la misma desbordó todos los pronósticos en asistencia, considerado por muchos como un espaldarazo al alcalde local ante el choque sostenido hace un par de semanas con el presidente de la Espriella.

Entre tanto en  ciudades como Medellín y Bogotá las marchas fueron enormes, pese a las lluvias e incluso granizada como en el Distrito Capital, algunos pronósticos revelaron que las lluvias serían factor  para disminuir la presencia de los marchantes, pero estos  salieron armados de paraguas y soportaron los embates del clima.

La oposición le exige al gobierno no dar marcha atrás a las conquistas de los trabajadores, a la protección de los páramos y no al recorte de las libertades y a la penalización de la protesta social, entre otras reclamaciones como el recorte al presupuesto de la universidad pública y la amenaza del ingreso de la fuerza pública a los claustros universitarios.

Demandan decreto

El representante a la Cámara Santiago Osorio Marín anunció que radicó ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad contra el Decreto 1525 de 2026, firmado por el presidente Abelardo de la Espriella, y solicitó su suspensión urgente.

La nueva normativa modifica las reglas de actuación de la Policía durante las manifestaciones y permite intervenciones inmediatas contra personas que cometan determinados actos violentos, sin necesidad de agotar previamente todas las etapas de diálogo.

El congresista sostiene que esta materia debe ser regulada mediante una ley estatutaria y que el ejecutivo busca saltarse al Congreso.

El cierre de esta nota las marchas  se desarrollaban en calma, con con algunos provocadores intentando sin éxito alterar el orden público.

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Nota de la dirección: por considerarlo de interés para la democracia y la libertad de prensa, publicamos el discurso pronunciado por Daniel Coronell en la Universidad de Columbia Estados Unidos, al recibir el premio de periodismo María Moors Cabot.

“Quiero agradecerles esta honrosa distinción, que acepto con humildad en nombre de los periodistas de investigación en Colombia y de aquellos que sirven a la comunidad hispana en Estados Unidos.

Me presento ante ustedes como un sobreviviente. Gracias al Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), mi familia y yo pudimos salvar nuestras vidas cuando ya estaba en marcha un plan para matarme, con fecha y hora programadas.

Ciento setenta y un periodistas han sido asesinados en Colombia debido a su trabajo. Una de las víctimas más recientes es Cristian Herrera. Hace cuatro meses fue acribillado en Cúcuta, frente a su esposa y a sus dos hijos.

Entre las personas que Cristian investigaba figura un congresista que resultó ser primo de los presuntos sicarios. Esa coincidencia no ha llamado la atención de los investigadores.

En mi país natal, los periodistas no solo se enfrentan al riesgo de ser asesinados, amenazados o sometidos a campañas de desprestigio, sino también a la amenaza de litigios infundados utilizados para silenciarlos.

Uno de los peores depredadores jurídicos de la libertad de prensa es ahora el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella. Ha presentado demandas contra todo periodista que se ha atrevido a cuestionarlo. Según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), inició 109 acciones legales contra periodistas antes de convertirse en presidente.

Su capacidad de intimidación, su poder y la presión que ejerce sobre los propietarios de los medios de comunicación están construyendo un muro de silencio y autocensura que lo favorece.

Quiero pedir a la prensa estadounidense que no nos deje solos para enfrentar esto.

También quiero aprovechar esta feliz ocasión en Nueva York para pedirles a ustedes, mis queridos amigos, que presten atención a lo que está pasando con la comunidad hispana en este país, que es también mi país.

Agradezco a los medios de comunicación que sirven a esta comunidad, especialmente a Telemundo y Univision. Hacen una gran labor, pero se necesita más.

La comunidad hispana atraviesa momentos difíciles, marcados por los abusos y el menosprecio de sus derechos fundamentales. Por citar solo una cifra: según Human Rights Watch, 52 personas han muerto bajo custodia de ICE durante la segunda administración del presidente Donald Trump.

Estimados colegas periodistas:

Necesitamos más periodismo para asegurar que el público general en Estados Unidos sepa lo que le está pasando a nuestra gente. La mayoría de los muertos no eran delincuentes; eran trabajadores que intentaban llevar pan a la mesa, buscando una vida mejor para ellos y para sus familias.

Nuestro hermoso idioma —el español— y nuestros acentos se han convertido en motivo de sospecha.

También necesitamos un periodismo que insista en que todos tenemos derechos, incluso aquellos que no tienen documentos.

Ojalá pudiéramos explicar claramente —en ambos idiomas— que la Constitución de los Estados Unidos no solo nos manda, sino que también nos protege.

Permítanme compartir una última reflexión para agradecer a María Cristina Uribe —el amor de mi vida, mi esposa, mi compañera de lucha y mi incansable colega periodista—. Sin ella, nada de esto sería posible.

A Raquel, nuestra hija, quien tuvo que abandonar su país debido a amenazas de muerte dirigidas contra ella cuando apenas tenía seis años. Superó ese obstáculo, y muchos otros, para convertirse en la primera presidenta hispana de The Harvard Crimson en los 150 años de historia del periódico, ocupando un cargo que alguna vez desempeñaron figuras como Franklin Delano Roosevelt y John F. Kennedy.

Y a Rafael, nacido aquí en Estados Unidos: el fruto más dulce de nuestro exilio. Ahora cursa su segundo año de universidad, aportando su brillante inteligencia y un deseo constante de aprender y servir a los demás.

A ellos, y a todos ustedes: gracias por permitirme renovar, aquí hoy, mi compromiso con el periodismo que deseo seguir ejerciendo en mis dos países».

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A los 92 años de vida dejó de existir el músico colombiano Víctor Hugo Ayala, dejando un enorme legado musical y cultural, durante décadas de ejercicio profesional como compositor e intérprete.

La música colombiana está de luto tras la muerte de Víctor Hugo Ayala Caro, reconocido tenor lírico y romántico que durante más de cinco décadas construyó una destacada trayectoria artística y se convirtió en una de las voces más recordadas del bolero en Colombia.

Ayala falleció el martes 6 de octubre de 2026 en Bogotá, a los 92 años. Su partida pone fin a una carrera marcada por la interpretación de canciones románticas, géneros tradicionales colombianos y, especialmente, por su histórica interpretación de las 11 estrofas del Himno Nacional de Colombia.

A lo largo de su trayectoria, el cantante logró mantener un vínculo especial con varias generaciones de colombianos. Su voz estuvo presente durante décadas en la radio y la televisión nacional, pero también en escenarios internacionales.

Más allá de su carrera como intérprete de boleros, uno de los aspectos que marcó para siempre la trayectoria de Víctor Hugo Ayala fue su relación con el Himno Nacional de Colombia. Durante décadas, su voz estuvo vinculada con la interpretación completa de sus 11 estrofas.

Ayala fue el intérprete oficial del himno cada 31 de diciembre, durante el cierre anual de actividades de los canales públicos de televisión nacional. Esta tradición hizo que millones de colombianos asociaran su voz con uno de los momentos más representativos del cierre de cada año.

Uno de los primeros grandes éxitos de Víctor Hugo Ayala fue “Camino verde”, canción que contribuyó a posicionarlo entre los intérpretes más reconocidos del bolero colombiano. Posteriormente, su repertorio se amplió con temas que permanecieron en la memoria de sus seguidores.

Entre las canciones que interpretó se encuentran ‘La quiero porque la quiero’, ‘Congoja’, ‘Brujería’, ‘Por si no te vuelvo a ver’, ‘Ya que te vas’, ‘Quiéreme’, ‘Las perlas de tu boca’, ‘Cobardía’, ‘Ojos traicioneros’ y ‘Que murmuren’. Estas producciones ayudaron a consolidar la imagen de Ayala como uno de los grandes exponentes de la música romántica. (Resumen Tu Nota.com /El Pregonero del Darién)-Fotos/ TuNota.com/ El Referente.com.

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Hoy el mundo fue sacudido con su partida, ocurrida en el hospital Italiano de Buenos Aires en Argentina. Era Italo-argentino nacionalizado en Colombia.

Varias de sus canciones se convirtieron en himnos que acompañaron a la juventud, a los estudiantes en sus luchas sociales en toda América Latina, fue un gran exponente de la canción protesta y un artista comprometido con las causas que significaran justicia y dignidad de la humanidad.

“Los Americanos” Viejo Mi Querido Viejo” Para el Pueblo lo que es del Pueblo” “Pedro Nadie”, fueron canciones que acompañaron a varias generaciones.

Mheo el paganini

Tiempos atrás Mario Hernando Orozco, el caricaturista Mheo, se enteró que  Piero estaría al medio día en una entrevista en  El Diario del Otún de Pereira y se pegó, aprovechó la ocasión para saludarlo y de paso hacer algunas caricaturas, con tan mala fortuna para él que a esas horas no había nadie de los funcionarios administrativos que autorizaran gastos y le tocó a él, no solamente comprar las gaseosas y los buñuelos, sino pagarle el taxi para llevarlo al hotel de regreso, aunque con semejante compañía no había espacio para los reparos. Pagó gustoso de su menguado presupuesto.

En ese mismo encuentro el jefe de redacción del Diario del Otún le sacó un cassette con grabaciones de Piero para que se lo autografiara y tras un minucioso examen le escribió: “Feliz Navidad y menos cassettes piratas”

El Gran Piero

El cantautor Piero De Benedictis, murió este miércoles 7 de octubre a los 81 años en Buenos Aires. Su muerte ocurrió mientras permanecía internado en el Hospital Italiano y cierra la historia de una de las voces más influyentes de la canción social latinoamericana.

Nacido el 19 de abril de 1945 en Galípoli, Italia, Piero llegó siendo niño a la Argentina junto a su familia. Con los años se convirtió en un nombre central de la música popular del país, con canciones que pasaron de padres a hijos y que siguen sonando en toda la región.

Piero, la canción de protesta que marcó a varias generaciones

“Mi viejo”, con letra de José Tcherkaski y música del propio Piero, es el retrato de un padre visto por su hijo. Esa canción terminó asociada para siempre a su voz y se volvió parte de la memoria afectiva de varias generaciones en Argentina y en otros países.

A finales de los años sesenta ganó notoriedad internacional al imponerse en el Festival Internacional da Canção de Río de Janeiro con “Pedro Nadie”. Según LM Neuquén, fue el primer argentino en lograr ese galardón.

Con el disco Coplas de mi país llegaron los temas que lo consolidaron como cantor de protesta: “Para el pueblo lo que es del pueblo”, “Que se vayan ellos”, “Los americanos” y “Las cosas que pasan”. Varias de ellas fueron adoptadas como himnos de luchas sociales en distintos momentos de la historia reciente de la región.

El exilio

El contenido de sus letras lo puso bajo presión durante la última dictadura argentina (1976-1983). En ese periodo se exilió en España.

En la década siguiente, según sus propias palabras, transformó la canción de protesta en canción de propuesta. Ese giro se tradujo en proyectos concretos, como la fundación Buenas Ondas, que impulsó granjas orgánicas para acoger a niños en situación de riesgo social.

Los últimos meses de Piero

Su cercanía con Colombia fue especial. En 1994 recibió la nacionalidad colombiana de manos del entonces presidente Ernesto Samper y fue nombrado embajador de paz de buena voluntad. Más adelante, en 2016, la Academia Latina de la Grabación lo distinguió con un reconocimiento a la excelencia musical.

En abril de este año, Piero ofreció una serie de conciertos en Bogotá con su espectáculo infantil “La sinfonía inconclusa en el mar”, acompañado por actores y bailarines. Celebró allí sus 81 años, en una de sus últimas presentaciones en Colombia.

Días antes de su muerte, el cantautor había agradecido en redes sociales que su voz fuera incluida en el tema “Io Vengo” durante la apertura de un desfile de Saint Laurent en París, según recogió La Brújula 24.

En 2023 ya había sido hospitalizado de urgencia en Ecuador por una infección respiratoria, y se recuperó para seguir con su carrera. A lo largo de su vida compartió escenario y grabaciones con figuras como Mercedes Sosa y León Gieco.

La muerte de Piero deja un repertorio que sigue vigente en la voz de quienes crecieron con sus canciones y una obra que unió música, memoria y compromiso social.

Viejo Mi Querido Viejo, su voz nunca se apagará¡¡¡

(Resumen Cable Noticias/El Pregonero del Darién/Fotos red social del artista)

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En virtud del nombramiento efectuado por el Decreto 1430 de 2026, el Dr. Jaime Vives Pinedo tomó posesión como presidente de la Empresa Industrial y Comercial del Estado, Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar.

El nuevo presidente de Coljuegos es profesional en Administración de Empresas, egresado de la Universidad Santo Tomas, con especialización en Alta Gerencia de la Universidad del Magdalena.

El doctor Vives cuenta con más de 30 años de experiencia en cargos gerenciales en empresas de producción y comercialización, contando así con un extenso recorrido en la dirección de organizaciones.

Llega a Coljuegos con el reto de fortalecer la lucha contra el juego ilegal y la protección del cobro de los derechos de explotación. Así mismo, tendrá bajo su liderazgo la responsabilidad de supervisar las diferentes modalidades de juegos en el país, tanto localizados como operados por internet, y aumentar el recaudo destinado al sector salud.

“Es un honor asumir este rol liderando una entidad que aporta cada año millones de recursos para la salud de los colombianos; mi misión es luchar contundentemente contra el flagelo la ilegalidad en esta industria y aumentar las rentas para la salud subsidiada de nuestro país”

 “Jugar legal es apostarle a la salud de los colombianos”

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Se debe diseñar una política integral para abordar un tema tan complejo, y abrir un debate nacional sobre el uso del glifosato con controles sanitarios y ambientales serios, limitar la fumigación aérea a cultivos extensos, profundizar las políticas de sustitución de cultivos, llevar a cabo una política internacional con Perú y Bolivia, y analizar el impacto ambiental y en la salud pública de los precursores utilizados en el procesamiento de la hoja de coca.

Hace pocos días, mediante la Resolución 007 de 2026, el gobierno nacional anunció la reanudación de la aspersión aérea de cultivos ilícitos de hoja de coca con glufosinato de amonio, un herbicida altamente soluble y volátil utilizado para controlar malezas y que, según los expertos, es menos eficaz, más costoso y muy perjudicial para la salud, al autorizar un plan piloto “controlado y evaluable” con dos aeronaves de la Policía Nacional sobre cultivos en Putumayo. La medida revive el debate abierto en 2017 cuando la Corte Constitucional suspendió la fumigación con glifosato en aplicación del principio de precaución, tras la clasificación de la International Agency for Research on Cancer (IARC) como probablemente cancerígeno. Por ello, resulta necesario promover una discusión nacional tanto sobre el retorno de la aspersión aérea como sobre los riesgos y la conveniencia del nuevo producto. 

Panorama global de la cocaína

En los últimos años, la producción y el consumo de cocaína han aumentado en todo el mundo. Aunque los dos principales mercados siguen siendo Estados Unidos y Brasil, el consumo también ha crecido en Europa. En este año se alcanzó un récord en la producción de cocaína que el Informe Mundial sobre Drogas 20206 calcula en más de 4.000 toneladas, es decir, cuatro veces más que hace una década, destinadas a satisfacer la demanda de un mercado de 25 millones de adictos. En 2013 eran 17 millones. Es decir, la demanda mundial de cocaína, lejos de disminuir, está en aumento, ante la indiferencia o la impotencia de los países consumidores. 

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Colombia concentra actualmente el 67% de los cultivos de coca del mundo. Por el contrario, en Bolivia la producción no ha aumentado y en Perú se ha reducido ligeramente. Es decir, por múltiples factores, el Programa Nacional Integral de Sustitución de los Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) no ha dado los resultados esperados y, día a día, aumentan no solo los cultivos ilegales de hoja de coca, sino también la productividad de las plantas, gracias a la manipulación genética. Las nuevas variedades (crespa, gigante, tingo pajarito, pomarrosa y peruana blanca) son actualmente las preferidas por los cultivadores (“Narcos alteran la coca para hacerla más gigante e hiperresistente”, en Vanguardia, 11 de octubre de 2021).

Es más, actualmente, la hoja de coca ocupa, por hectárea sembrada, el noveno lugar en Colombia detrás del café, el arroz, la palma de aceite, los frutales, el maíz, el plátano, la caña de azúcar y el cacao, y supera a la yuca, la caña panelera, las papas y las hortalizas (Manuel Alejandro Correa, en https://www.agronegocios.co/). Y, según distintos analistas, esta economía ilegal representa el 4,2% del PIB del país. Al respecto, es importante señalar que hoy en día solo el 10% de la producción de coca en Colombia se utiliza con fines lícitos (culturales, medicinales, nutricionales y agroindustriales) y el 90% restante se destina al mercado ilícito. Una proporción que debemos revertir. 

Aspersión aérea y efecto globo

Ahora bien, a diferencia del PNIS, el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la Aspersión Aérea con Glifosato (PECIG) había sido muy exitoso en la disminución de estos cultivos, tal como se puede observar en el gráfico siguiente:

Para bien de Colombia y para mal de Bolivia y Perú (lo cual no es motivo de alegría), gracias a la aspersión aérea, los cultivos de coca se habían desplazado hacia esas dos naciones como resultado del llamado “efecto globo”. Sin embargo, una vez que la Corte Constitucional le puso una talanquera al uso del glifosato, Colombia volvió a ocupar el primer lugar. Pasamos de 40.000 a más de 300.000 hectáreas. Obviamente, la prohibición de la aspersión aérea no fue el único factor que incidió en esa expansión: también influyeron el crecimiento de los grupos armados ilegales, el debilitamiento del control territorial del Estado y el fortalecimiento de la “cultura de la ilegalidad” en el país. 

Daniel Brombacher, director del Observatorio Europeo sobre Crimen Organizado, afirma que el debate sobre la causa del auge de la cocaína divide a los expertos: unos dicen que el mercado está impulsado por la oferta; otros, por la demanda. La verdad está en algún punto intermedio. La oferta y la demanda se retroalimentan mutuamente: la oferta crea mercado, la demanda incentiva la producción. Argumentar que somos víctimas de los consumidores extranjeros es una falacia. Somos tan responsables como estos.

Silencios cuestionables 

En el debate sobre los cultivos de coca y su procesamiento, resulta cuestionable el silencio de analistas y funcionarios públicos ante las conclusiones de las investigaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Unión Europea (UE) sobre el glifosato. Este herbicida, el más utilizado a nivel mundial, fue clasificado por la IARC en el Grupo 2 como potencialmente dañino al lado de las carnes rojas, por lo cual, la UE renovó por unanimidad su uso por diez años en 2023.

En primer lugar, ¿por qué se ignoran los estudios de la OMS y las agencias europeas? Aunque la Corte Constitucional aplicó justificadamente el principio de precaución en 2017, mediante las sentencias T-080 de 2017-T-236 de 2017 y  T-300 de 2017, ante la falta de evidencia concluyente sobre el carácter no cancerígeno del glifosato, cabe preguntarse si este criterio sigue vigente a la luz de las investigaciones de la OMS y la UE, o si conviene evaluar su uso controlado, con dosis, concentraciones y alturas adecuadas, incluso mediante drones que protejan los cultivos vecinos, el medio ambiente y a los encargados de la erradicación frente a francotiradores y campos minados.

El silencio ante las conclusiones de la OMS y de la UE plantea varias preguntas claves.

En segundo lugar, ¿por qué se restringe en cultivos ilícitos, pero se usa ampliamente en cultivos lícitos? En Colombia, el glifosato está prohibido para erradicar cultivos ilícitos, pero es el herbicida más utilizado en cultivos lícitos como caña de azúcar, palma, algodón, maíz, tomate y arroz, así como en potreros para ganado (Mauricio Ochoa, “Glifosato: ¿qué tan cerca está Colombia de dejarlo de usar en el agro?”, en Semana, 31 de marzo de 2020) bajo la supervisión del Invima y el ICA, los cuales ejercen un control de inocuidad y eficacia sobre todos los insumos químicos y biológicos que se utilizan en la agricultura y la ganadería. ¿La prohibición para la aspersión aérea de la hoja de coca se debe a la dosis utilizada —muy superior a las usadas en la agricultura— y a la mezcla con otros aditivos que generan alteraciones nocivas en el producto? ¿Es esta la razón? 

En tercer lugar, ¿por qué usar el glufosinato de amonio que, según la OMS, es un “plaguicida altamente peligroso” (HHP)? En el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA), el amonio está clasificado como una sustancia con toxicidad reproductiva demostrada de tipo I, criterio 4, hasta el punto de que la UE no permitió su uso tras la expiración de su autorización en 2018. Además, es más costoso que el glifosato y resulta eficaz sobre todo en malezas de veinte o treinta centímetros de altura, por lo que su efecto sobre plantas altas de coca es dudoso.

Y, finalmente, ¿por qué no se denuncian los precursores altamente tóxicos del proceso?

Producir cien kilogramos de cocaína expone a trabajadores sin protección y contamina suelos y ríos, con graves efectos ambientales y sanitarios. (ver gráfico)

Por el contrario, en la industria química, para evitar el contacto con los mismos precursores utilizados en el procesamiento de la hoja de coca, se emplean “equipos de protección personal” (EPP) como guantes, gafas de seguridad, trajes químicos, protección respiratoria (respiradores o mascarillas) y calzado de seguridad, además de equipamiento de seguridad en el área de trabajo, como campanas extractoras y sistemas de emergencia. Por el contrario, en las “cocinas” clandestinas de cocaína, los trabajadores (hombres, mujeres, adolescentes) laboran sin la menor protección. Además, utilizan insecticidas muy tóxicos que almacenan en sus propios hogares con alto riesgo para todo el núcleo familiar. Por ello, es urgente un control riguroso de estos precursores e insecticidas por parte de las autoridades aduaneras y otras autoridades. 

Por ello, cabe preguntarse si, con el argumento de que los cultivadores de coca no tienen otra opción para alimentar a sus familias, se está silenciando el alto riesgo que corren al consumir sustancias altamente tóxicas. 

Conclusión: una respuesta integral

Actualmente se estima que, alrededor de 200.000 familias dependen directamente del cultivo de coca, cifra que se duplica al incluir los vínculos indirectos: entre uno y dos millones de personas. Además, el 19% de los cultivos se concentra en comunidades negras y el 10% en resguardos indígenas. Por ello, dado el impacto social que conllevaría una política de fumigación aérea indiscriminada, es importante diseñar una política integral para abordar un tema tan complejo.

Primero, rechazar de plano el uso del glufosinato de amonio —sobre el cual no hay incertidumbre sobre su toxicidad, como afirma erróneamente el Ministerio de Justicia— y abrir un debate nacional sobre el uso del glifosato con controles sanitarios y ambientales serios.

Segundo, limitar la fumigación aérea a cultivos extensos (cuatro o más hectáreas), con objeto de privilegiar otras medidas para los pequeños cultivadores. Hay que diferenciar entre las familias que cultivan la coca por necesidad y los cultivadores que lo hacen por afán de enriquecerse o para alimentar las finanzas de las organizaciones criminales. 

Tercero, profundizar las políticas de sustitución de cultivos para quienes deseen abandonar definitivamente la producción de hoja de coca destinada a los laboratorios de cocaína. Según el Fondo Colombia en Paz —bajo la acertada dirección de Mariana Gómez—, la primera etapa de Colombia Sostenible llegó a más de 36.000 familias, intervino en 82.700 hectáreas y fortaleció treinta líneas productivas sostenibles, tales como el cacao. Sin duda, los programas de sustitución deben plantear con claridad los modelos de desarrollo alternativo viables en cada región, acompañados de planes de expansión de los servicios públicos y de las vías de acceso. 

Cuarto, llevar a cabo una política internacional en asociación con Perú y Bolivia, para llamar la atención de los principales países consumidores y reducir el consumo interno.

Finalmente, es clave analizar el impacto ambiental y en la salud pública de los precursores utilizados en el procesamiento de la hoja de coca, al igual que se hace con el mercurio en la minería de oro artesanal.

La lucha contra la producción de drogas ilícitas como la cocaína y la marihuana de la variante creepy, cuya siembra se halla hoy en día muy extendida en Cauca —con una alta concentración de tetrahidrocannabinol (THC) y, por tanto, muy adictiva—, es urgente, dado que constituye, junto con la minería ilegal y la extorsión, una de las tres principales fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales en nuestro país.

*Profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia

* Periodista

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El periodismo de El Pregonero del Darién abordó al exdirector Nacional de Planeación, Jorge Iván González Borrero, con el fin de conocer sus opiniones sobre relevantes temas que aparecen en la agenda del país, Puerto Antioquia, la abrupta salida de Bruce Mac Master de la ANDI, las medidas de seguridad del actual gobierno, entre otras.

Se le interrogó, si ve posibles, reales y qué significan las cinco zonas franco-agroindustriales para Urabá, Barranquilla, Montería, Valle del Cauca y Norte de Santander, planteadas por el nuevo gobierno ante lo cual manifestó.

“No tenemos en detalle que es lo que van hacer,  en general a mi me parece muy importante el desarrollo agroindustrial, es la única forma que tenemos determinadas regiones de competir  con la coca, con la minería ilegal, es importante, pero habría que saber como lo piensan hacer, pero  es la única forma de desarrollar el país, Colombia está llena de micro fondos, el 80% de las fincas de Colombia no están generando ni siquiera una  UAF-Unidad Agrícola Familiar que son tres salarios mínimos, entonces yo sí creo que tenemos que replantear el modelo de desarrollo, estamos importando doce millones de toneladas de alimentos al año, puede ser una buena idea, primero tenemos que saber cómo se van hacer”

Igualmente, se le preguntó si cree que el turismo y la economía en general se verán afectados por las medidas de seguridad que ejecuta el Presidente de La Espriella o si por el contrario las mismas se reflejarán en crecimiento económico.

“Si la seguridad no está acompañada de desarrollo, de vías, escuelas, hospitales, cuánto llevamos luchando contra la coca y eso ha sido un fracaso, 60 años, la vía militar por sí sola, nunca resolverá el problema, pero uno ve en este gobierno una prevalencia de la vía militar, en zonas como el Catatumbo o el bajo Calima, si usted no llega con proyectos ambiciosos, con carreteras, hospitales, con educación, pues sencillamente la gente va a seguir viviendo de la coca y de la minería ilegal, entonces yo creo que a este gobierno se le va la mano en los aspectos militares sin considerar los otros elementos que son importantes” Expresó el dirigente.

También se le consultó al entrevistado sobre el recorte presupuestal que hace el gobierno Nacional para Antioquia, ante lo cual tiene un concepto muy diferente, ya que no le gusta mucho la departamentalización y prefiere términos como región y nación.

“Tanto los congresistas como la opinión pública miran el presupuesto por departamentos, el problema no es de departamentos, Antioquia por ejemplo hace parte de esa cuenca complicadísima del Cauca, del San Jorge, del Magdalena, toda esa cuenca que llega a la Mojana, entonces miremos los proyectos desde una perspectiva regional.

Cuando yo estaba en Planeación algunos congresistas me decían por qué se había bajado el presupuesto del Atlántico y les dije, ninguno de ustedes está sumando la plata de la PETAR que descontamina el río Bogotá y obviamente descontamina el Magdalena, entonces no miremos los presupuestos desde la óptica departamental sino desde una perspectiva regional”

“Ahora miremos en que se van a invertir los recursos, y hasta donde le va a quitar plata a la inversión social y como consideramos la inversión social, porque hay que sumar la nación el departamento y los municipios y Medellín está haciendo una inversión social importante como Bogotá y Barranquilla” Explicó el señor González.

“Entonces a veces se mira solamente al presupuesto del gobierno nacional sin considerar lo que están haciendo los municipios y departamentos, habría que mirar cual es la suma, hay que mirar todo el conjunto que esta haciendo Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Quibdó en esos temas, sumemos el presupuesto y miremos qué está pasando, entonces yo creo, primero, no sigamos departamentalizando, las discusiones, el problema no es  Antioquia o el Atlántico, el problema es si estamos resolviendo problemas regionales que necesariamente cubren varios departamentos, el problema es la Orinoquía, todo el litoral pacífico, la amazonia, entonces no seguir departamentalizando el presupuesto”, Argumentó en  su diálogo con este medio informativo.

Otra de las preguntas formuladas al Exfuncionario de Planeación Nacional, estuvo relacionada con Puerto Antioquia, proyecto de infraestructura que le fascina, dice que en el Eje Cafetero están felices con este puerto.

¿Considera que Puerto Antioquia sí está conectado de verdad a la economía nacional de una manera justa y equitativa?

“Todo lo que Puerto Antioquia significa para la economía nacional, no solamente para Antioquia, todo el Eje Cafetero, eso es una maravilla ver todos esos container que salen desde Anserma, con Aguacate, limón, buscando la salida al mar, eso potencia medio país, yo creo es un proyecto que hay que apoyar, un proyecto de infraestructura fundamental, entonces eso genera unas dinámicas, yo estuve estos días en Anserma y la gente está feliz con Puerto Antioquia, ese es de esos proyectos que impactan a medio país, que uno debiera encontrar muchos más y que ojalá este gobierno apoye estos proyectos estratégicos” Dijo.

Una pregunta imposible de omitir, la abrupta salida de Bruce Mac Master de la ANDI, la misma que respondió sin atajos, además de resaltar el liderazgo del dirigente.

“Yo tengo muy buenas relaciones con Bruce Mac Master, es un líder excelente, sobre todo es que el gobierno comete un gran error, yo creo que se le va a devolver, usted no se puede meter a opinar sobre todos los directores de gremios, hay unas autonomías, los gremios, las universidades tienen unas autonomías, el doctor Bruce Master estuvo durante tres gobiernos, el caso de Juan Martín Caicedo estuvo durante muchos más gobiernos, después el gobierno se pone a opinar sobre Carolina Soto, a mí me parece que no tiene ningún sentido que el gobierno  se meta en todos estos temas, dejen que los gremios actúen, que definan sus estrategias y que conversen con el gobierno, el sector privado tiene que estar articulado con el gobierno pero me parece que interferir en los gremios de esa manera no está bien, si alguien apoyó al candidato Abelardo de la Espriella, fue el doctor Bruce Mac Master y ahora el gobierno obliga que lo saquen de la ANDI, me parece que es un gran error” Argumentó.

Finalmente, el doctor Jorge Iván González Borrero se refirió a Urabá:

“Las condiciones que tiene Urabá son extraordinarias, uno ve como salen esos container con plátano y banano de Urabá, trabajemos en conjunto y miremos toda la región, usted me preguntaba por Antioquia, Urabá es Colombia, ojalá lográramos cambiar esta lógica de presupuestación de departamentos, mirando la región, lo que está pasando con Puerto Antioquia, los más felices son los cafeteros, los productores de aguacate Hass y limones del viejo Caldas, esto es una maravilla, tratemos de pensar este país desde una perspectiva que vaya más allá de los departamentos” Concluyó.

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 La iniciativa vinculó a 330 estudiantes, 45 docentes y 37 instituciones educativas de 12 municipios, quienes participaron en un proceso de formación que integró conocimientos técnicos, creatividad y pensamiento innovador alrededor de tres focos estratégicos para el Grupo EPM: economía circular, transición energética y territorios inteligentes.

Como resultado de este proceso, los mejores equipos llegaron a la gran final realizada el jueves 1 de octubre en el Edificio EPM, donde demostraron sus capacidades para resolver retos, trabajar colaborativamente y aplicar la tecnología como herramienta para generar valor en sus territorios.

Categoría modelo de negocio basado en drones
Los estudiantes David Andrés Caicedo Durán e Isabella Rodríguez Martínez, del colegio de la Universidad Pontificia Bolivariana, fueron los ganadores de la categoría Pitch, con Clean-Up (El futuro es solar, nosotros lo protegemos), una propuesta de innovación tecnológica enfocada en la inspección, limpieza y mantenimiento preventivo de parques solares mediante drones multirrotor.

El proyecto integra cámaras visuales y térmicas, sistemas de posicionamiento RTK y análisis de datos para identificar anomalías, acumulación de suciedad y posibles riesgos en los paneles solares. Además, incorpora microrociadores de agua de bajo peso que permiten realizar labores de limpieza localizada sin afectar significativamente la autonomía de vuelo.

 La iniciativa plantea un modelo de servicio para operar en distintos puntos de Antioquia y busca contribuir al mantenimiento eficiente de la infraestructura solar, fortaleciendo la confiabilidad y el aprovechamiento de las energías limpias en el territorio.

Los mejores pilotos de Innóvate

La gran final también reconoció a los equipos con mejor desempeño en la competencia de drones, en la que los estudiantes debían demostrar precisión, habilidad técnica y trabajo en equipo para superar diferentes retos en pista.

Primer lugar en la competencia de drones

 Equipo: Vuelo Libre.

Estudiantes: Stefanía Arias Vergara, Stephanía Causil Álvarez y Andrés Stiven Ángel Pareja.

Institución educativa: República de Honduras.

Barrio Sata Cruz, Medellín.

Segundo lugar en la competencia de drones

 Equipo: HYDRON

Estudiantes: Anderson Murillo Castaño y Cristian Camilo Miranda Ramos.

Institución educativa: Antonio Derka Santo Domingo

Barrio Santo Domingo, Medellín.

 El equipo ganador recibió un dron para cada uno de sus integrantes y acceso a un bootcamp especializado en manejo de drones. El segundo lugar obtuvo como reconocimiento la participación en este espacio formativo, diseñado para fortalecer sus competencias de pilotaje y profundizar en las aplicaciones de esta tecnología.

Una apuesta por fortalecer el ecosistema de innovación

Los participantes recibieron formación en diseño y construcción de soluciones innovadoras, armado y ensamble de drones, técnicas de vuelo y modelos de negocio basados en esta tecnología. Posteriormente, llevaron sus aprendizajes a las competencias zonales realizadas en Medellín, Copacabana, Oriente antioqueño y Manizales, esta última en la zona de influencia de CHEC, empresa del Grupo EPM.

Este año, Innóvate Descubriendo dio un paso más en su consolidación al trascender las fronteras de Antioquia y llegar al departamento de Caldas, donde, de la mano de CHEC, filial del Grupo EPM, llevó oportunidades de formación e innovación a nuevos territorios, ampliando su impacto y sembrando la semilla de la innovación en más jóvenes.

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Esta situación refleja una transformación más amplia del comercio presencial. De acuerdo con el Global Payments Report 2026 de Global Payments, en Latinoamérica, las billeteras digitales representaron el 16% de los pagos presenciales y los pagos cuenta a cuenta (A2A) alcanzaron un 14%.

Cabe destacar que esta tendencia no es exclusiva para grandes compras o gigantes almacenes de cadena, sino que, también se está trasladando a los pequeños negocios. Una encuesta del Banco de la República realizada en 2025 encontró que el 84,9% de los micro y pequeños comercios reciben transferencias electrónicas intraentidad (entre cuentas de la misma entidad financiera), mientras que 54,6% acepta pagos inmediatos interoperados (entre diferentes entidades o proveedores de pago). Esto muestra que las alternativas digitales ya hacen parte del sistema de pago de una cantidad determinante de comercios de menor tamaño.

“Cuando una persona puede pagar desde su celular una compra pequeña en una tienda de barrio, un puesto de comida o un negocio independiente, el cambio se vuelve parte de la vida cotidiana. La digitalización de los pagos está haciendo que la pregunta por las monedas para dar “las vueltas” sea cada vez menos necesaria. Lo interesante de esta transformación es que no se limita a las grandes compras ni al comercio electrónico.”, explica Juan Pablo D’Antiochia, gerente general del negocio Enterprise de Global Payments para América Latina.

Esto no significa que el efectivo haya desaparecido. De hecho, el GPR 2026 señala que todavía el uso de billetes y monedas representaron el 32% del valor de las transacciones presenciales en Colombia durante 2025. Sin embargo, el avance de billeteras, transferencias y pagos mediante QR está ampliando las alternativas para resolver compras que antes dependían exclusivamente de dinero en efectivo.

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