Abril de 2026- En línea con su estrategia de innovación y sostenibilidad, EPM, mediante el fondo de capital privado Next Utility Ventures (NUV), que hace parte de Ventures EPM y gestionado por Axon Partners Group, adquirió la empresa Reciclados Industriales de Colombia (RIC), especializada en el aprovechamiento de residuos de construcción y demolición (RCD).

 Esta operación consolida la apuesta del Grupo EPM por la economía circular y fortalece sus capacidades para ofrecer soluciones urbanas innovadoras frente a uno de los principales retos ambientales de los territorios: la gestión eficiente de los RCD, en un contexto de crecimiento sostenido del sector de la construcción y de mayores exigencias regulatorias.

Ventures EPM, a través de su programa de fondos de capital privado, había realizado su primera inversión en RIC en 2017. Con esta adquisición total, el Grupo robustecerá un modelo operativo que articula capacidades técnicas, infraestructura especializada y experiencia en grandes proyectos, contribuyendo de manera directa al cumplimiento de la meta nacional de aprovechar el 75 % de los RCD al 2030, definida en la Resolución 1257 de 2021.

Desafío ambiental con impacto en los territorios

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el sector de la construcción en Colombia es responsable de cerca del 40 % de los residuos generados, consume alrededor del 60 % de los materiales extraídos y desperdicia aproximadamente el 20 % de los insumos utilizados en obra. Este escenario ha llevado al país a generar alrededor de 22 millones de toneladas de residuos de construcción y demolición al año, concentradas principalmente en las grandes ciudades.

 En el Valle de Aburrá y el Oriente cercano se estima una generación diaria de alrededor de 15.000 toneladas de RCD, donde Medellín aporta cerca de 6.200 toneladas/día, lo que evidencia la magnitud del reto, pero también una oportunidad estratégica, considerando que el potencial de aprovechamiento de estos materiales puede llegar hasta un 60 %. Transformar este desafío en una solución sostenible es un eje central de la estrategia que EPM impulsa junto a RIC.

Reciclados Industriales de Colombia: una solución que escala la circularidad

Reciclados Industriales de Colombia (RIC) es una empresa pionera en el país en la gestión y aprovechamiento de RCD, con más de 15 años de experiencia y un acumulado superior a 2,5 millones de toneladas de residuos procesados, reincorporados como insumos para nuevos proyectos de infraestructura.

 Desde julio de 2022, y gracias a un memorando de entendimiento con EPM, RIC opera una planta de aprovechamiento de RCD en Girardota, Antioquia, fortaleciendo la capacidad en el Valle de Aburrá y el Oriente cercano para una gestión técnica, ambientalmente responsable y alineada con la normativa vigente.

 Solo en los últimos dos años, la compañía ha procesado más de 148.000 toneladas de RCD provenientes de proyectos públicos y privados en Antioquia y Cundinamarca, reflejando el crecimiento en la adopción de materiales reciclados como sustitutos de agregados naturales, con beneficios ambientales, técnicos y económicos.

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El director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), Gustavo Marulanda, estuvo en el programa ‘Entrevistas con Alma de País’. Habló de quiénes son los dueños de las tierras productivas en el país y del catastro multipropósito. A continuación, un fragmento de sus declaraciones.

Por Francisco Javier Díaz

¿Qué es el sistema multipropósito?

Es un gran sistema del conocimiento del territorio. ​Es decir, ¿cómo tomo decisiones sobre un territorio si no lo conozco en detalle? El catastro multipropósito llegó para que efectivamente tengamos toda la información de detalle. Insisto, sobre el territorio para tomar mejores decisiones (…). El catastro nos permite saber efectivamente, por hectárea, qué capacidad productiva tiene el suelo. Identificar, entre otras cosas, los conflictos de uso del suelo que se presentan, por qué debería estar utilizado en agricultura y se está usando en ganadería, por ejemplo.

¿El Estado tiene una información real, concreta, técnica, de cada predio?

Hoy podemos decir que de 44 millones de hectáreas tenemos información de 40 %. Este gobierno partió de 9 %. ¿Y por qué hablo de eso?, porque, aunque hay un catastro, está desactualizado 16 años, en promedio. Municipios que tienen más de 30 años sin actualizar. Cuando este gobierno recibió la posta teníamos 36 millones de hectáreas de las que no sabíamos que había allí. Hoy eso se ha reducido significativamente y pasamos a 17 %. Todavía hay una tarea fuerte.

Entonces, ¿cuáles son las tareas?

Poner al día lo que existía, que lleva 30 años sin actualizar. ¿Cuántos predios han nacido en el territorio, formales e informales, después de 30 años sin que se hiciera un levantamiento predial en esas zonas? Además, la falta de conocimiento, sobre todo en zonas de la Amazonía, de la Orinoquía y del Pacífico.

¿Lo que ustedes hacen permite saber quiénes son los propietarios y mirar el tema de concentración de la tierra?

De acuerdo. Es un tema crítico. Uno intuitivamente sabía que la tierra estaba en pocas manos, pero ya hay datos concretos. 10 % de los propietarios de este país en tierra productiva son dueños de 82 % del territorio nacional, o sea, 10% es el dueño de casi todo. El índice de Gini, que mide esto es de 0,89 en Colombia, donde 1,0 sería una sola persona que tiene toda la tierra concentrada. Cero es todos tenemos una porción igual de tierra. Europa está más o menos en 0,52. África, que obviamente uno podría decir que están peores que nosotros, están cerca del 0,69. Y América Latina, jalonado mucho por este 0,89 nuestro está más o menos en 0,73. Es decir, nosotros quedamos por encima de casi todo el mundo en términos de la mala distribución de la tierra que está en pocas manos.

¿Con esto del catastro multipropósito se redimensiona la Unidad Agrícola Familiar (UAF)?

Con la agrología sabemos las capacidades del suelo. Hay 13 categorías, en Colombia hay desde la 2, que es muy bueno. Ese tipo de suelos está identificado. Cuando se distribuye una UAF tiene que dar menos tierra porque obviamente un campesino debe hacer menos esfuerzo y requiere menos cantidad de tierra por la capacidad productiva de ese suelo. Por ejemplo, la llanura de Córdoba y Sucre, donde el suelo es muy productivo. Hay otras zonas donde la capacidad productiva es menor, como la Alta Guajira. Entonces, para que un campesino trate de tener el mismo nivel de ingreso, hay que distribuir diferente nivel de tierra. Esa información le sirve al campesino para saber cuál es el producto más rentable en esta zona, que a veces no sabe e intuitivamente siembra café porque todo el mundo siembra café.

¿Dónde están las tierras más productivas?

Los mejores suelos, los tenemos justo en las sabanas, que están con grandes capacidades del suelo y permanentemente están bañadas por muchos ríos. En Cundinamarca hay grandes suelos, pero a diferencia de lo que ocurre en Córdoba, la tierra no es tan arable.

¿Qué implica para el predio la actualización de la información?

Cuando hacemos catastro con enfoque multipropósito y con toda esa información, tenemos un bagaje perfectamente claro, no tanto para valorizar la tierra, sino efectivamente representar lo que vale. No estamos inventando un dato. Estamos identificando cómo se pueden tranzar los predios, cuánto están valiendo, cuál es el uso y vocación del suelo, cuáles son las posibles rentabilidades de cada suelo para encontrar un valor. Ese valor es el que nos permite determinar el avalúo comercial catastral.

¿Qué más se puede saber con el catastro multipropósito?

El catastro tiene tres componentes: el físico, el jurídico y el económico. Los tres son fundamentales para el cálculo del impuesto predial. Nos permite saber, por ejemplo, cuántas mujeres son propietarias en este país, que es un déficit bastante significativo. Apenas 34 % de los propietarios son mujeres. Y un dato peor, apenas 4 % de las mujeres tienen más de 200 hectáreas. Es decir, además de que está altamente concentrado en hombres, las que tienen las mujeres son minifundios y no extensiones de tierras que les permitan desarrollarse.

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El Museo Postal Cubano José Luís Guerra Aguiar conmemoró el centenario del nacimiento del comandante en jefe Fidel Castro Ruz el pasado miércoles 8 de abril con la inauguración de la muestra filatélica Nuestro líder histórico: Fidel del Premio Nacional de Filatelia 2012 y secretario de Actividades del Círculo Filatélico del Cerro, Juan Hernández Machado.

Presidieron la actividad Ana Julia Merine, viceministra de comunicaciones, el Héroe de la República de Cuba Antonio Guerrero Rodríguez; Roque López, presidente de la Federación Filatélica Cubana, Luigi Dinza, director Comercial de Correos de Cuba y Yariel Loredo, director del Museo Postal.

Presentes, además, Marcia Martínez Torres, presidenta de la FEEM del municipio Plaza de la Revolución y otros dirigentes de dicha organización a ese nivel, filatelistas, combatientes de la revolución y funcionarios del Museo y del Ministerio de Comunicaciones.

Hernández Machado posteriormente compartió con los presentes algunas experiencias de la influencia de nuestro Comandante en Jefe en líderes árabes y africanos, a partir de su experiencia como diplomático cubano en varios países de esas áreas geográficas.

Posteriormente, la dirección del Museo Postal Cubano entregó sendos reconocimientos por la colaboración y apoyo al mismo a los siguientes compañeros que durante años se han mantenido firmes en esta tarea: Daniel Vasconcellos Portuondo, destacado filatelista e investigador, trabajador de la Oficina del Historiador de la Ciudad ya jubilado;  Aleida Pellón, ex funcionaria del Museo Postal, ya jubilada; la familia de Antonio Creo, destacado filatelista del Círculo Filatélico de 10 de octubre, quien donó la mayor parte de su colección filatélica al Museo luego del fallecimiento de Antonio y a Juan Hernández Machado.

La muestra estará abierta al público de lunes a jueves, de nueve de la mañana a dos de la tarde hasta el 8 de junio del presente año.

*Premio Nacional de Filatelia 2012 y miembro de la Unión de Escritores y Artistas y de la Unión de Historiadores de Cuba.

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La Fundación Forjando Futuros informa sobre una situación que genera preocupación entre las víctimas del caso Puerto Pisisí: el actual gerente de la Sociedad Portuaria de Urabá Pisisí S.A., Jorge Alberto Acevedo Talero, se desempeñó como contratista de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) hasta el 31 de diciembre de 2025, en funciones directamente relacionadas con el seguimiento técnico, administrativo y operativo de concesiones portuarias. Apenas un mes después, el 2 de febrero de 2026, asumió la gerencia de la misma sociedad portuaria que hoy enfrenta un proceso sancionatorio ante esa entidad.

El hecho cobra especial relevancia en medio del proceso administrativo en curso contra Puerto Pisisí, en el que la ANI impuso una multa superior a $14.286 millones por incumplimientos contractuales. Actualmente, dicho proceso no ha concluido, pues se encuentran en trámite recursos presentados por la empresa frente a esta sanción.

En este contexto, la Fundación Forjando Futuros, en calidad de apoderada de las víctimas, radicó una solicitud formal ante la ANI para que con la multa se compense a las familias que perdieron sus predios y fueron víctimas del exterminio de la Unión Patriótica. “Esperamos que el proceso sancionatorio efectivamente se cumpla y ese dinero pase a manos de las personas que fueron afectadas, víctimas del conflicto, en el municipio de Turbo”, manifestó el abogado de la Fundación, Gerardo Vega Medina.

Las víctimas representadas por la Fundación corresponden a las familias de Hoober Quintero, Candelario Pérez de la Rosa y Luis Eduardo Cubides, quienes suscribieron en 2021 un Memorando de Entendimiento con la sociedad portuaria. En este acuerdo, la empresa se comprometió a entregar tierras, vivienda y proyectos productivos como medidas de compensación, compromisos que, a la fecha, no han sido cumplidos.

Adicionalmente, empresarios de la sociedad Puerto Pisisí fueron denunciados penalmente por los delitos de estafa y abuso de confianza, precisamente por el incumplimiento de las obligaciones adquiridas con las víctimas.

La Fundación reitera su llamado a la ANI para que adopte decisiones que prioricen la compensación de las víctimas y garanticen que las sanciones impuestas cumplan una función social y reparadora, especialmente en casos relacionados con el conflicto armado y el despojo de tierras.

(Foto de portada/institucional de Pisisí)

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El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible emitió nuevos lineamientos para fortalecer el manejo y control del hipopótamo común (Hippopotamus amphibius) en el territorio nacional. 

Tras ser declarada oficialmente como una especie exótica invasora mediante la Resolución 0346 de 2022, las autoridades determinaron que su presencia representa un alto riesgo para la biodiversidad nativa, la seguridad de las comunidades humanas y la estabilidad de los ecosistemas acuáticos, especialmente en la cuenca del río Magdalena.

Este plan se ha creado porque existe una urgencia ambiental real. Los estudios muestran que el hipopótamo actúa como un «ingeniero» que transforma el paisaje, pero de forma negativa para nuestro país. Al ser tan grandes y tener hábitos específicos, cambian la forma de los ríos y ensucian el agua con sus desechos. Esto quita el oxígeno del agua y la llena de exceso de nutrientes, lo que termina matando a los peces y plantas de la región, afectando también a las personas que viven de la pesca y el agua en esos lugares. 

La primera opción que busca el Gobierno es enviar estos animales a otros países, pero el Ministerio de Ambiente explicó que ha sido muy difícil porque algunos tienen leyes que prohíben recibir especies invasoras y, además, transportarlos es exageradamente caro. Aunque se ha intentado acercamientos con México, Filipinas, India y asociaciones mundiales de zoológicos, casi nadie tiene espacio o permiso para recibirlos. De hecho, en Colombia, solo el Bioparque Guátika ha dicho que podría recibir apenas a tres de ellos.

Ante este panorama, y en cumplimiento de recientes fallos judiciales, el Estado adoptará medidas complementarias que incluyen el confinamiento y la esterilización obligatoria para garantizar el control reproductivo. El confinamiento se centrará en áreas donde la especie ya está establecida, buscando evitar su dispersión hacia nuevas zonas como la costa Atlántica, siempre bajo estrictos protocolos de bienestar animal y gestión del riesgo.

Como última instancia, y bajo criterios de extrema necesidad y proporcionalidad, el lineamiento contempla la caza de control o eutanasia técnica. Esta medida solo se aplicará cuando las alternativas no letales resulten técnica o financieramente inviables para mitigar el riesgo ambiental. El proceso se realizará siguiendo protocolos que garanticen la minimización del dolor y el sufrimiento, asegurando una disposición final de los restos biológicos que cumpla con todas las normas de bioseguridad.

Finalmente, la ejecución de este plan estará a cargo de las Autoridades Ambientales Regionales, como CORNARE, CORANTIOQUIA, CORPOBOYACÁ y la CAS, bajo la coordinación del Ministerio de Ambiente. Las entidades deberán presentar reportes mensuales sobre el monitoreo biológico y los avances en la intervención social.

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El acto, que se desarrollará en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, reunirá a cerca de dos mil representantes de asociaciones y organizaciones mineras de distintas regiones del país, así como autoridades territoriales, entidades nacionales y actores del ecosistema productivo vinculados al sector. 

Este espacio permitirá evidenciar resultados medibles en la política de formalización minera, entre los que se destaca el incremento del 40 % en el número de mineros y mineras formalizadas durante lo corrido del actual gobierno, frente a la administración anterior, así como la habilitación de más de 20 hectáreas de tierra para el desarrollo legal de esta actividad. 

En materia de inclusión económica, el Gobierno ha facilitado el acceso al sistema financiero a más de 7.200 mineros, con créditos cercanos a los 230 millones de pesos, al tiempo que ha impulsado la creación y fortalecimiento de 365 asociaciones en el país, consolidando procesos organizativos en territorios históricamente excluidos. 

Adicionalmente, se han estructurado 12 distritos mineros como eje de ordenamiento y gobernanza territorial, de los cuales seis avanzan hacia su adopción con consulta previa en regiones estratégicas como Nariño, Bajo Cauca, norte del Cauca y litoral Pacífico caucano. 

Durante la jornada, el presidente Petro anunciará la puesta en marcha de la Comercializadora de Oro de Colombia, una herramienta clave para consolidar una estrategia nacional que permita ordenar el mercado, fortalecer la trazabilidad del mineral y garantizar mejores condiciones para los pequeños productores. 

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Se trata de uno de los avances más importantes en materia de derecho laboral en el país, pues permite agilizar la resolución de conflictos en esta materia utilizando la virtualidad y las herramientas tecnológicas

Entre otros cambios estructurales, el nuevo Código Procesal introduce los siguientes:

– Suprime procesos de única instancia, y establece la doble instancia.

– Se vale de herramientas tecnológicas para agilizar el trámite jurisdiccional.

– Crea los despachos judiciales que tendrán competencia para tramitar los conflictos laborales.

– Fija reglas precisas de competencia jurisdiccional.

– Define reglas más claras para evitar la remisión al Código General del Proceso (CGP).

– Establece la posibilidad de solicitar y ordenar medidas cautelares en los procesos ordinarios laborales.

– Crea un régimen de transición de un año (hasta hoy) para que los procesos iniciados con anterioridad a la vigencia del nuevo código se continuarán tramitando por las normas procesales anteriores.

Los nuevos juzgados

El Consejo Superior de la Judicatura, a través del Acuerdo PCSJA25 12405 del 27 de marzo de 2026, estructuró un plan de acción para la entrada en vigencia de la nueva norma, enfocado en cuatro ejes: fortalecimiento de la planta de personal, modernización tecnológica, capacitación y adecuación de infraestructura física.

El plan incluye: la creación de 106 cargos para fortalecer la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia; creación de seis juzgados laborales del circuito y 18 juzgados de pequeñas causas y competencia múltiple en distintas ciudades del país.

Se cambió la denominación de los juzgados de pequeñas causas laborales; el reparto de procesos laborales en municipios donde no exista juzgado laboral ahora serán redirigidos a los juzgados laborales del circuito, civiles del circuito o promiscuos del circuito, según corresponda.

También se fortaleció la capacidad tecnológica con la creación del Sistema Integrado Único de Gestión Judicial en la especialidad laboral, herramienta que a la fecha está habilitada en 633 despachos de 34 distritos judiciales en todo el país.

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De acuerdo con la información entregada por la concesión Vía Sumapaz, en el hecho un vehículo colisionó y posteriormente se presentó una conflagración. Como resultado, dos personas: el conductor y el copiloto, fallecieron en el lugar.

Tras lo ocurrido se activaron de manera inmediata los protocolos de atención de emergencias. En el punto fue necesario implementar el cierre preventivo de los carriles derecho y central para permitir la intervención de los organismos de socorro, el cuerpo de bomberos y los equipos de la concesión, afirma el comunicado oficial.

Unidades del cuadrante vial y autoridades de tránsito realizaron labores de control y manejo de la movilidad, con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios y facilitar la atención de la situación.

El Ministerio de Transporte y Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) lamentaron este hecho y expresaron sus condolencias a los familiares de las víctimas.

“Este suceso nos recuerda la importancia de la prudencia en la vía y de conducir con atención, respetar las normas de tránsito y revisar con anticipación los vehículos», indicaron.

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Según el mandatario, esta determinación de una “mayoría duquista» en el emisor ignora la reducción real de la inflación y prioriza un modelo neoliberal que beneficia a sectores rentistas y acreedores, castigando la producción nacional y el bolsillo de las familias trabajadoras colombianas.

Esta postura presidencial coincide con una carta de respaldo de cerca de 30 páginas de diversos sectores, que incluyen al gabinete ministerial, sindicatos, organizaciones sociales y reconocidos economistas y académicos de universidades.

En la misiva los firmantes argumentan que, con su decisión de subir la tasa de interés, el “Banco de la República opera como un representante político de los rentistas».

Asimismo, denuncian que la subida acumulada de tasas –que alcanzó 11,25 % entre enero y marzo– es una “reacción directa al aumento del salario mínimo» que golpea injustamente a hogares y pequeñas empresas, mientras favorece a los tenedores de títulos financieros.

El jefe de Estado alertó que este “monetarismo alucinado» provoca una revaluación del peso que afecta la producción local, vinculando estas acciones con un intento de la derecha por recuperar el poder frenando el mandato popular de 2022.

Igualmente, la misiva critica que el Banco de la República no transparente los costos distributivos de sus decisiones, señalando que la independencia constitucional de la entidad no es una “autorización para actuar de espaldas a la sociedad» ni para desvincularse de los objetivos generales de la política económica del país.

Para el mandatario, la actual Junta Directiva ha “avasallado» la Constitución de 1991 al no coordinar con el Ejecutivo, imponiendo una estrategia que protege a los sectores más acaudalados.

Por su parte, el frente amplio de firmantes, que agrupa desde víctimas campesinas y comerciantes hasta representantes de dispensarios cannábicos, exige que se abra una discusión pública sobre la política monetaria para ampliar el horizonte técnico con el que se define el rumbo financiero de la nación.

Finalmente, el presidente Petro reiteró que su gobierno no se dejará “extorsionar» por las mayorías políticas del pasado que permanecen en órganos de dirección económica, haciendo un llamado a que este debate culmine en una expresión del poder constituyente.​

Según las publicaciones del mandatario sobre el tema, el Gobierno nacional reafirma su compromiso con la construcción de una “economía de la vida», impulsando un diálogo democrático que permita superar las desigualdades históricas y garantizar que las instituciones financieras respondan a las necesidades reales de la gente.

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De acuerdo con la entidad, en trabajo conjunto con Ecopetrol, se inició esta nueva ruta logística para garantizar el abastecimiento de combustible para esta región del país.

Según se advirtió, “este hito permite flexibilizar el transporte de combustibles desde el interior, saliendo hacia Panamá, pasando por el canal y reinternando el diésel para fortalecer el suministro en regiones históricamente desatendidas».

“Además, se consolida la ruta que permite traer gasolina desde Houston (Estados Unidos) para atender los déficits nacionales que se presenten y, tras parada en Cartagena para cargar diésel, hoy hace realidad una operación que antes fue bloqueada», anotó el informe.

Según el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, el Gobierno del presidente Gustavo Petro continúa “trabajando por la seguridad energética, la eficiencia logística y el bienestar de las comunidades».

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