Se trata de uno de los avances más importantes en materia de derecho laboral en el país, pues permite agilizar la resolución de conflictos en esta materia utilizando la virtualidad y las herramientas tecnológicas

Entre otros cambios estructurales, el nuevo Código Procesal introduce los siguientes:

– Suprime procesos de única instancia, y establece la doble instancia.

– Se vale de herramientas tecnológicas para agilizar el trámite jurisdiccional.

– Crea los despachos judiciales que tendrán competencia para tramitar los conflictos laborales.

– Fija reglas precisas de competencia jurisdiccional.

– Define reglas más claras para evitar la remisión al Código General del Proceso (CGP).

– Establece la posibilidad de solicitar y ordenar medidas cautelares en los procesos ordinarios laborales.

– Crea un régimen de transición de un año (hasta hoy) para que los procesos iniciados con anterioridad a la vigencia del nuevo código se continuarán tramitando por las normas procesales anteriores.

Los nuevos juzgados

El Consejo Superior de la Judicatura, a través del Acuerdo PCSJA25 12405 del 27 de marzo de 2026, estructuró un plan de acción para la entrada en vigencia de la nueva norma, enfocado en cuatro ejes: fortalecimiento de la planta de personal, modernización tecnológica, capacitación y adecuación de infraestructura física.

El plan incluye: la creación de 106 cargos para fortalecer la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia; creación de seis juzgados laborales del circuito y 18 juzgados de pequeñas causas y competencia múltiple en distintas ciudades del país.

Se cambió la denominación de los juzgados de pequeñas causas laborales; el reparto de procesos laborales en municipios donde no exista juzgado laboral ahora serán redirigidos a los juzgados laborales del circuito, civiles del circuito o promiscuos del circuito, según corresponda.

También se fortaleció la capacidad tecnológica con la creación del Sistema Integrado Único de Gestión Judicial en la especialidad laboral, herramienta que a la fecha está habilitada en 633 despachos de 34 distritos judiciales en todo el país.

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Luego de tensas reuniones y choques entre varios sectores representativos de la economía nacional y ante la imposibilidad de establecer el salario mínimo legal por mecanismos de concertación con los gremios, el gobierno nacional acaba de expedir  el decreto por medio del cual se fija dicho salario, tal como ocurrió en la vigencia expira.

Estos asalariados percibirán a partir  del primero de enero un sueldo de $ 1.746,882, más un auxilio de transporte por $253.188, lo que representan dos millones de pesos mensuales para sus patronos. Dicho aumento representa el 22,7% el más alto en la historia laboral de los colombianos.

La medida recibida como el regalo navideño para los trabajadores es objeto de duras críticas por parte de algunos empresarios y sectores de la oposición en especial el Centro Democrático.

Según explicó el Gobierno Nacional, el incremento del 23 % responde a la intención de avanzar hacia el llamado Salario Mínimo Vital, concepto que se incluyó por primera vez de manera formal en la discusión salarial.

La medida busca reducir la brecha entre los ingresos reales de los trabajadores y el salario que permitiría cubrir las necesidades básicas.

El anuncio lo hizo el mandatario de los colombianos durante su a locución al anochecer de este lunes y pone fin a una cadena de enfrentamientos y especulaciones entre diferentes actores de la productividad nacional y de actores políticos.

“Bienvenidos al chavismo colombiano, populismo e irresponsabilidad en toda su expresión” dijo Katherine Miranda una de las voceras de la oposición.

Por su parte Juan Manuel Galán, otro vocero de la oposición dijo que el aumento “es pan para hoy y hambre para mañana”

El Centro Democrático uno de los más férreos opositores al aumento del salario dijo.“El derroche y la corrupción los compensan con atentados al empresariado, al trabajador y al empleo”

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El Gobierno Nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, ha oficializado el aumento del salario mínimo para el 2025 mediante un decreto. El incremento será del 9.54 %, llevando el salario base de los trabajadores de 1.300.000 pesos a 1.423.500 pesos. Este es el segundo año consecutivo en el que no se logra un consenso entre empresarios y sindicatos, lo que llevó nuevamente a la expedición del decreto.

Un aumento que refleja desacuerdos entre empresarios y sindicatos

Durante las negociaciones, las diferencias entre los sectores involucrados marcaron el proceso. Mientras que la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) proponía un aumento del 12 %, los gremios empresariales, como Acopi, sugerían un ajuste más modesto del 5.2 %. La propuesta sindical buscaba fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores, pero los empresarios advertían que un incremento excesivo podría generar efectos negativos en la economía.

La falta de acuerdos llevó al Gobierno a establecer el ajuste por decreto, reafirmando su compromiso con los trabajadores. Cabe destacar que esta situación ya se había presentado en 2024, lo que marca un patrón en las negociaciones durante la actual administración.

Un contexto de incrementos significativos

El aumento del salario mínimo bajo el mandato de Gustavo Petro ha seguido una línea de ajustes importantes. En su primer año como presidente, Petro decretó un aumento del 16 %, marcando un cambio frente a los incrementos previos. Bajo la administración de Iván Duque, por ejemplo, el salario mínimo llegó a 1.000.000 de pesos tras un incremento del 10.7 % para 2022.

En años anteriores, las cifras variaron considerablemente según el contexto económico. Durante la pandemia en 2020, el ajuste fue del 6 %, llevando el salario a 877.803 pesos, mientras que en 2021 el incremento fue del 3.5 %. Este nuevo aumento del 9.54 % para 2025 se enmarca en un contexto de recuperación económica y búsqueda de estabilidad.

Impacto en los trabajadores y la economía

Con el ajuste, el ingreso mensual de los trabajadores, sumando el salario y el auxilio de transporte, será de 1.623.500 pesos. Esta cifra busca aliviar las presiones inflacionarias y mejorar las condiciones de vida de los empleados en todo el país.

Sin embargo, el debate sobre los efectos de estos incrementos continúa. Los sindicatos argumentan que garantizar un salario digno es esencial para mantener el poder adquisitivo, especialmente en un contexto de inflación. Por su parte, los empresarios insisten en que un alza desproporcionada podría desincentivar la generación de empleo y afectar la competitividad de las empresas.

Este aumento también se da en un momento en el que el Gobierno enfrenta críticas por temas presupuestales. Según recientes informes, la administración Petro no ejecutó 97 billones de pesos en 2024, lo que ha generado preocupaciones sobre la sostenibilidad financiera para el próximo año.

El presidente Petro ha reiterado su compromiso con los trabajadores y asegura que este ajuste es un paso necesario para avanzar hacia una mayor equidad social.

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