Más de un millón de hectáreas que han sido objeto de decisiones agrarias, reflejan una transformación sin precedentes en el ordenamiento de la propiedad rural: hoy se le devuelven a la nación tierras que nunca debieron salir de su patrimonio, y brinda certeza jurídica a miles de propietarios y comunidades en todo el país.

Estas actuaciones permitieron esclarecer la situación jurídica de predios rurales, recuperar terrenos de propiedad ocupados de manera irregular y brindar mayor seguridad jurídica tanto a comunidades campesinas como a propietarios privados.

Entre agosto de 2022 y junio de 2026, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) resolvió procesos agrarios, en acatamiento de 3.669 expedientes en diferentes regiones del país.

Los resultados evidencian un importante volumen de actuaciones en departamentos como Meta, Córdoba, Boyacá y Sucre, territorios que concentran buena parte de los procesos agrarios adelantados por la entidad.

Como resultado de las decisiones adoptadas en los procesos agrarios, la ANT recuperó 335.000 hectáreas de baldíos de la Nación, equivalentes al 33 % del área objeto de decisión.

Estos terrenos fueron incorporados al Fondo Nacional de Tierras para su destinación a familias campesinas y comunidades étnicas, en el marco de la Reforma Agraria.

El 67 % restante corresponde a predios de propiedad privada, otorgando seguridad jurídica sobre su titularidad a terratenientes, ganaderos y demás particulares.

“Estas decisiones demuestran que los procesos agrarios son una herramienta fundamental para el ordenamiento de la propiedad rural. Nos permite resolver conflictos históricos relacionados con la ocupación, el uso y la tenencia de los predios rurales», informó Ana Jimena Bautista, directora de Gestión Jurídica de Tierras de la Agencia Nacional de Tierras.

Cuatro procesos para ordenar la tierra

Para Julián Ballén Reina, subdirector de Seguridad Jurídica de Tierras de la ANT, uno de los avances más importantes corresponde a los procesos de clarificación de la propiedad privada que se han desarrollado especialmente en el altiplano cundiboyacense.

“En materia de procesos agrarios, tenemos cuatro. El primero, la clarificación de la propiedad privada, regionalizada específicamente en el altiplano cundiboyacense. Allí estamos determinando naturaleza jurídica y se ha hecho gestión con títulos históricos que hoy generan seguridad jurídica para las familias de esta región», dijo Ballén.

Afirmó que el segundo proceso corresponde al deslinde de tierras de la nación en departamentos como Cesar, Córdoba y Sucre, donde se han tomado decisiones sobre complejos cenagosos estratégicos como Amansaguapos, Machado y La Zapatosa.

“Estas decisiones generan seguridad jurídica para los campesinos anfibios de estas regiones, fortalecen la seguridad alimentaria y permiten que las familias que históricamente habitan estos territorios puedan desarrollar sus actividades productivas de manera adecuada», añadió el funcionario.

Recuperación de baldíos impulsa Reforma Agraria

El tercer proceso corresponde a la recuperación de baldíos de la nación ocupados de manera indebida por particulares. Este es el procedimiento que más aporta a la cifra nacional de hectáreas recuperadas, con una alta concentración de casos en la altillanura colombiana.

Estas actuaciones permiten reincorporar al patrimonio público predios que deben destinarse a familias campesinas y comunidades étnicas que no tienen tierra o la poseen de manera insuficiente.

“Estos predios baldíos de la nación, ubicados principalmente en la altillanura colombiana, han permanecido en tenencia de personas que no son sujetos de la Reforma Agraria. Con estas decisiones estamos revirtiendo esa situación para garantizar que la tierra pública sea destinada a las familias campesinas que por décadas han luchado por un pedazo de tierra», afirmó Ricardo Romero Cabezas, subdirector de Procesos Agrarios de la ANT.

Un hito en la protección ambiental

La gestión agraria también registró avances históricos en materia ambiental mediante los procesos de extinción administrativa del derecho de dominio.

Por primera vez en la historia del régimen agrario colombiano, la ANT adoptó siete decisiones relacionadas con inmuebles ubicados en ecosistemas cenagosos, particularmente en la Ciénaga Grande del Bajo Sinú, al evidenciar incumplimientos de la función ecológica de la propiedad.

Según Ricardo Romero Cabezas, subdirector de Procesos Agrarios de la ANT, estas decisiones representan uno de los avances más relevantes del Gobierno del presidente Petro en la protección de ecosistemas estratégicos y en la aplicación de los principios constitucionales que orientan el uso de la propiedad rural.

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La ministra Martha Carvajalino y el director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman, presentaron el balance de la Reforma Agraria ante los asientos que debían ocupar los representantes designados por el gobierno entrante para el empalme. Aquellas sillas vacías hablan por sí solas: sugieren la falta de diálogo con que se inicia la transición y, sobre todo, dejan sin acompañamiento al mayor proceso de transformación rural del país.

Y es que las cifras presentadas son contundentes. Se han formalizado más de 2,28 millones de hectáreas, entregado 351.000 hectáreas e incorporado 806.081 hectáreas al Fondo Nacional de Tierras. A ello se suman la constitución de 21 nuevas Zonas de Reserva Campesina y 7 Territorios Campesinos Agroalimentarios.

Estos avances han estado acompañados por una mejora en las condiciones de vida de la población rural: 660.000 personas salieron de la pobreza monetaria en el campo. Además, el crédito de fomento agropecuario alcanzó los 161,2 billones de pesos, el nivel más alto de la historia reciente y más del doble de lo registrado durante el mismo periodo de 2014 a 2018.

Asimismo, se creó el Contador de la Reforma Agraria, una herramienta que permite saber, con transparencia y rigor, qué se ha hecho, dónde y cómo en materia de gestión de tierras. Y junto con representantes del movimiento agrario se firmó la resolución mediante la cual se adopta el Plan Decenal de la Reforma Agraria y Acuaria Estructural, Integral y Popular 2026–2036.

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La directriz fue dada durante el Consejo de ministros realizado en Casa de Nariño, donde el mandatario expresó su preocupación por el aumento de amenazas contra líderes y activistas sociales.

“Tenemos unos anuncios y unos hechos ya denunciados públicamente para intentar recuperar las tierras que le pertenecen al campesinado al que le hemos dado esa tierra bajo la ley, no contra la ley. Y son sus legítimos poseedores o propietarios, de acuerdo con el proceso de escrituración que debe acelerarse en estos días. El superintendente y la nueva ministra de Justicia tienen que en estos días al máximo la escrituración de predios. No dejar unos predios en proceso para que la mafia vaya a recuperarlos», dijo el mandatario.

Durante su intervención, aseguró que las amenazas contra dirigentes progresistas y activistas en distintas regiones del país evidencian un posible resurgimiento del paramilitarismo y de estructuras mafiosas interesadas en recuperar el control sobre territorios que han sido adjudicados legalmente a familias campesinas, como parte de la política de reforma agraria del Gobierno.

“Hasta el último día de mi Gobierno, la Policía y el Ejército deben cuidar al campesinado de Colombia. Una de las reglas que yo impartí a la Fuerza Pública fue una alianza entre militares, policías y el campesinado. Lo mismo con las juventudes. Porque el quiebre de esas alianzas es lo que ha producido una violencia generalizada en Colombia, tanto urbana como rural», puntualizó le jefe de estado.

El mandatario también advirtió que cualquier intento por revertir la entrega legal de tierras podría reactivar la violencia en las zonas rurales, al considerar que quienes buscan recuperar esos predios recurren históricamente a mecanismos violentos. En este sentido, insistió en que la protección de los nuevos propietarios y la formalización jurídica de los terrenos son fundamentales para consolidar la paz en los territorios.

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Durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro fueron recuperadas 109.000 hectáreas que habían estado vinculadas a organizaciones criminales, y que ahora, gracias a la política de Reforma Agraria, están en manos de familias campesinas organizadas en distintas regiones del país.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Tierras (ANT), un total de 555 fincas pasó a manos de igual número de organizaciones campesinas en 19 departamentos, con el propósito de fortalecer la producción de alimentos, generar ingresos para las comunidades rurales y contribuir a la construcción de la paz en los territorios.

El director de la ANT, Felipe Harman, aseguró que estos predios no deben regresar a manos de personas relacionadas con actividades criminales y señaló que la divulgación de la información sobre las tierras recuperadas busca garantizar transparencia frente a la ciudadanía.

Registros oficiales de la ANT indican que los bienes recuperados estuvieron vinculados a antiguos jefes del paramilitarismo y del narcotráfico, entre ellos los hermanos Castaño Gil, Salvatore Mancuso, alias ‘Cuco’ Vanoy, alias ‘Macaco’, alias ‘Don Berna’, alias ‘Ernesto Báez’, alias ‘Comandante Barbie’, así como a integrantes del Cartel del Norte del Valle y otros señalados narcotraficantes, entre ellos alias ‘Otoniel’, alias ‘Ñeñe’ Hernández y alias ‘Marquitos’.

La Agencia informó que las 109.000 hectáreas hacen parte de más de 800.000 hectáreas que el Gobierno nacional gestionó para ampliar el acceso a la tierra de miles de familias rurales en Colombia.

Finalmente, la ANT hizo un llamado a la sociedad para proteger la Reforma Agraria y respaldar a las comunidades campesinas que hoy ocupan y trabajan estos predios, con el fin de evitar nuevos episodios de despojo y desplazamiento en el campo colombiano.

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Montería, junio de 2026-Mas de 100 víctimas, reclamantes de tierras de los municipios de San Pedro, Turbo y Necoclí que habitan en el departamento de Córdoba, recibieron en Montería atención personalizada para la revisión de cada uno de sus casos por parte de la Dirección Territorial Apartadó de la Unidad de Restitución de Tierras (URT). 

Articulados con la Asociación Campesina de Desplazados de Córdoba y el Urabá Antioqueño (ACDUDA), profesionales de la territorial realizaron además una socialización de la Ley 1448 de 2011, para ayudar en la comprensión de cada una de las etapas de proceso de restitución y resolver todas sus dudas. 

Con estas atenciones, la URT Apartadó le apuesta a facilitar el acceso a los diferentes trámites de los reclamantes que viven en otras zonas diferentes a Urabá —producto del desplazamiento forzado y del despojo—, y a las víctimas que esperaban avances en los casos desde las administraciones pasadas y que ahora ven con satisfacción el avance de sus procesos.  

Para Leoncio Manuel Mendoza, miembro de ACDUDA, la jornada fue muy positiva: “hace mucho tiempo veníamos pidiendo este espacio y le agradecemos al director por habernos escuchado. Algunas personas no tienen la capacidad de desplazarse hasta Apartadó, pero esta administración se ha comprometido y ha tenido voluntad, porque hemos avanzado”. 

En Urabá, la Unidad de Restitución de Tierras ha restituido más de 23.840 hectáreas y aumentó el número de solicitudes en un 5.520% durante los últimos cuatro años, fortaleciendo la ejecución de la política pública y transformando la vida de las comunidades. ¡Con dignidad, estamos cumpliendo!

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El acto oficial tuvo lugar en el municipio de La Virginia, donde se hizo entrega de más de 600 hectáreas correspondientes a los predios El Cairo y El Recuerdo, ubicados dentro de la Hacienda Miralindo, en el Valle de Risaralda. 

Estos terrenos fueron objeto de extinción de dominio tras pertenecer al narcotraficante Arcángel de Jesús Henao, alias ‘El Mocho’, integrante del Cartel del Norte del Valle; luego pasaron a manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y posteriormente al ministerio de Defensa, bajo cuya administración permanecieron por años, mientras comunidades campesinas aguardaban una solución.

El predio pasará ahora, a través de la Agencia Nacional de Tierras, a manos del campesinado risaraldense para fortalecer la producción agropecuaria y continuar avanzando en la Reforma Agraria, informó el ministerio de Agricultura.

La jefe de esa cartera dijo que “nuestro compromiso, hoy y siempre, es impulsar, desde cada espacio la Reforma Agraria que necesita el país para convertirse en una gran potencia agroalimentaria, porque la Reforma Agraria es la verdadera revolución por la vida” indicó la funcionaria. 

Al dirigirse a la población beneficiada con la entrega de la Hacienda Mirolindo, el ministro Pedro Sánchez indicó que “hoy se confirma una decisión del Estado: “la tierra no debe estar en manos de quien simplemente la posee, sino de quienes la necesitan y verdaderamente la merecen”. 

Por su parte el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, destacó que la entrega del predio Miralindo, representa un paso histórico para la Reforma Agraria y para las comunidades campesinas que durante años lucharon por el acceso a la tierra.

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Durante tres días, este espacio, liderado por la Unidad de Restitución de Tierras (URT), reunirá en Barranquilla a más de 180 actores claves para trazar el rumbo de la política de restablecimiento de derechos territoriales, posicionándola como un pilar fundamental de la paz, la justicia social y el desarrollo territorial sostenible. 

A través de 13 paneles, cinco conferencias y seis mesas de trabajo, estos actores definirán estrategias para dar impulso a la reparación integral de las víctimas en el país. 

Se abordarán desafíos como las soluciones duraderas, la restitución en ruta colectiva, el rol de las mujeres en el acceso a la tierra, la protección de los territorios étnicos y el uso de herramientas tecnológicas para fortalecer los procesos, entre otros aspectos para consolidar una política más efectiva y cercana a los territorios.

“El 2° Congreso Nacional de Restitución de Tierras es un espacio crucial para tomar decisiones sobre cómo garantizar los derechos de miles de familias que han padecido el despojo y la violencia en distintos territorios de nuestro país, y que todavía esperan la reparación y el acompañamiento del Estado”, recalcó el mayor Giovani Yule, director general de la URT. 

Durante el Congreso se darán a conocer los hitos de la Unidad alcanzados en el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Entre ellos, el impulso con cifras récord en restitución étnica, la implementación del Modelo 8 de Seguridad Humana para garantizar el acceso a los territorios, la nueva ruta para sujetos colectivos campesinos y el fortalecimiento de enfoques diferenciales que priorizan a las poblaciones vulnerables. 

Estos esfuerzos se reflejan en resultados concretos: hoy, el 60% de las hectáreas inscritas y el 61% de las hectáreas demandadas en toda la vigencia de la ley se han gestionado en este Gobierno, marcando un punto de inflexión en la protección de las víctimas.

(Foto principal/Giovani Yule, director general de la Unidad de Restitución de Tierras en la fase inicial del Congreso​.​)

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Durante la diligencia de aprehensión se encontraron más de 600 cabezas de ganado y dos casas campestres de alta gama, lo que evidencia el uso y aprovechamiento económico de un bien baldío de la nación.

“El ocupante indebido declarado en este proceso agrario es el señor Nicolás Laserna, y hoy estamos adelantando la diligencia de aprehensión del predio. Sabemos que en las inmediaciones existe un centro poblado conformado por campesinos de Buenavista, colonos del Vichada, a quienes vamos a entregar de manera provisional estas tierras. Se trata de comunidades que, pese a la gran extensión de su departamento, no cuentan con un centímetro de tierra propia”, afirmó el director de la ANT, Juan Felipe Harman.

El predio Buenavista, ubicado en zona rural del municipio de La Primavera (Vichada), es un terreno compuesto por áreas de sabana natural, zonas de bosque de galería y morichales, con presencia de fuentes hídricas y suelos con alto potencial para el desarrollo de proyectos productivos. 

Esta intervención se adelanta en un territorio estratégico como el Vichada, donde históricamente la débil presencia del Estado ha facilitado fenómenos como el acaparamiento de tierras, las economías ilegales y el control territorial por parte de actores armados, afectando el acceso equitativo a la tierra para comunidades campesinas e indígenas.

Regresarán a quienes la trabajan

Con la recuperación de Buenavista, el Gobierno del presidente Gustavo Petro, por medio de la Agencia Nacional de Tierras, avanza con hechos la materialización de la Reforma Agraria, garantizando que los baldíos de la nación cumplan su función social y sean destinados a campesinos, campesinas y comunidades étnicas sin tierra, como lo establece la ley.

“Estamos recuperando tierras que nunca debieron salir del dominio del Estado y que ahora pasarán a manos campesinas. Los procesos agrarios son fundamentales para fortalecer la Reforma Agraria y para disponer de bienes baldíos como este, que permitan la entrega efectiva a campesinos y campesinas sin tierra”, manifestó el director de la ANT.

Historia de Buenavista

La ocupación de Buenavista, por parte del excongresista Gustavo Londoño García y el empresario Nicolás Laserna Serna, se originó en un proceso de pertenencia iniciado en 2014, que derivó en una sentencia judicial en 2017 a su favor.

Sin embargo, la ANT logró demostrar que se vulneró el debido proceso, al no vincular al entonces Incoder (hoy ANT), entidad competente sobre los baldíos de la nación. A través de una acción de tutela, la justicia ordenó dejar sin efectos la decisión judicial, al reconocer que este tipo de bienes son imprescriptibles y no pueden ser adquiridos por posesión prolongada.

Posteriormente, en el marco del Decreto Ley 902 de 2017, la máxima autoridad de tierras de la nación adelantó el procedimiento agrario correspondiente, y mediante acto administrativo en firme declaró la indebida ocupación del predio Buenavista, confirmando que se trata de tierras baldías destinadas a la Reforma Agraria. 

Pese a múltiples espacios de diálogo y reuniones sostenidas durante 2025, en las que los ocupantes manifestaron su intención de realizar una entrega voluntaria, esta no se concretó, lo que dio paso a la intervención de la Agencia Nacional de Tierras para garantizar la recuperación efectiva del terreno.

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La Unidad de Restitución de Tierras (URT), a través de su Dirección Territorial Apartadó, entregó más de 40hectáreas a la familia Múnera Durango, víctimas de la desaparición forzada de su padre, Ricardo Abel Múnera, y que se vieron obligados a abandonar su predio hace más de 30 años, en la vereda Buenos Aires del corregimiento de San Joséde Apartadó, en el Urabá antioqueño.

A través de un homenaje simbólico en memoria su padre y su madre fallecida, los Múnera regresaron a su tierra acompañados de sus vecinos, amigos y funcionarios de la URT, para recibir su tierra y sanar las heridas de la guerra a través de la entrega y reparación integral de sus derechos.

Gloria Múnera destacó el trabajo de las entidades del Estado, URT y Defensoría, y envió un mensaje a las víctimas: “este homenaje lo agradezco bastante por su vida y memoria. Mis padres dejaron sus huellas marcadas en estas tierras y hoy vamos a seguir con su legado y continuar labores en este predio. A las victimas les digo que no abandonen la posibilidad de sentirse reparados. Todos merecemos un apoyo y es necesario acudir a las entidades”.

En 1993, la familia fue desplazada por primera vez hacia Medellín, debido a la violencia generalizada que se presentaba en el municipio de Apartadó por la presencia de grupos armados ilegales, tanto en la zona urbana como rural. en 1997, estando por fuera del predio, la familia fue alertada por vecinos sobre la desaparición de su padre, quien continuaba trabajando en la zona.

Los Múnera decidieron retornar al lugar para indagar sobre su paradero, sin embargo, no recibieron información al respecto y, debido a la violencia que aún persistía en la región, salieron nuevamente dejando el predio abandonado.

La sentencia de la familia cuenta con un enfoque diferencial; podrán acceder a programas de formación y capacitación para explotar económicamente el predio, garantías para una vivienda digna y la implementación de un proyecto productivo agrícola para la generación de recursos y su sostenimiento.

La URT Apartadó ha restituido más de 17.000 hectáreas a las víctimas y campesinas del Urabá y trabaja sobre 3.300 solicitudes de restitución habilitadas en la región. ¡Con dignidad, estamos cumpliendo

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El director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), Gustavo Marulanda, estuvo en el programa ‘Entrevistas con Alma de País’. Habló de quiénes son los dueños de las tierras productivas en el país y del catastro multipropósito. A continuación, un fragmento de sus declaraciones.

Por Francisco Javier Díaz

¿Qué es el sistema multipropósito?

Es un gran sistema del conocimiento del territorio. ​Es decir, ¿cómo tomo decisiones sobre un territorio si no lo conozco en detalle? El catastro multipropósito llegó para que efectivamente tengamos toda la información de detalle. Insisto, sobre el territorio para tomar mejores decisiones (…). El catastro nos permite saber efectivamente, por hectárea, qué capacidad productiva tiene el suelo. Identificar, entre otras cosas, los conflictos de uso del suelo que se presentan, por qué debería estar utilizado en agricultura y se está usando en ganadería, por ejemplo.

¿El Estado tiene una información real, concreta, técnica, de cada predio?

Hoy podemos decir que de 44 millones de hectáreas tenemos información de 40 %. Este gobierno partió de 9 %. ¿Y por qué hablo de eso?, porque, aunque hay un catastro, está desactualizado 16 años, en promedio. Municipios que tienen más de 30 años sin actualizar. Cuando este gobierno recibió la posta teníamos 36 millones de hectáreas de las que no sabíamos que había allí. Hoy eso se ha reducido significativamente y pasamos a 17 %. Todavía hay una tarea fuerte.

Entonces, ¿cuáles son las tareas?

Poner al día lo que existía, que lleva 30 años sin actualizar. ¿Cuántos predios han nacido en el territorio, formales e informales, después de 30 años sin que se hiciera un levantamiento predial en esas zonas? Además, la falta de conocimiento, sobre todo en zonas de la Amazonía, de la Orinoquía y del Pacífico.

¿Lo que ustedes hacen permite saber quiénes son los propietarios y mirar el tema de concentración de la tierra?

De acuerdo. Es un tema crítico. Uno intuitivamente sabía que la tierra estaba en pocas manos, pero ya hay datos concretos. 10 % de los propietarios de este país en tierra productiva son dueños de 82 % del territorio nacional, o sea, 10% es el dueño de casi todo. El índice de Gini, que mide esto es de 0,89 en Colombia, donde 1,0 sería una sola persona que tiene toda la tierra concentrada. Cero es todos tenemos una porción igual de tierra. Europa está más o menos en 0,52. África, que obviamente uno podría decir que están peores que nosotros, están cerca del 0,69. Y América Latina, jalonado mucho por este 0,89 nuestro está más o menos en 0,73. Es decir, nosotros quedamos por encima de casi todo el mundo en términos de la mala distribución de la tierra que está en pocas manos.

¿Con esto del catastro multipropósito se redimensiona la Unidad Agrícola Familiar (UAF)?

Con la agrología sabemos las capacidades del suelo. Hay 13 categorías, en Colombia hay desde la 2, que es muy bueno. Ese tipo de suelos está identificado. Cuando se distribuye una UAF tiene que dar menos tierra porque obviamente un campesino debe hacer menos esfuerzo y requiere menos cantidad de tierra por la capacidad productiva de ese suelo. Por ejemplo, la llanura de Córdoba y Sucre, donde el suelo es muy productivo. Hay otras zonas donde la capacidad productiva es menor, como la Alta Guajira. Entonces, para que un campesino trate de tener el mismo nivel de ingreso, hay que distribuir diferente nivel de tierra. Esa información le sirve al campesino para saber cuál es el producto más rentable en esta zona, que a veces no sabe e intuitivamente siembra café porque todo el mundo siembra café.

¿Dónde están las tierras más productivas?

Los mejores suelos, los tenemos justo en las sabanas, que están con grandes capacidades del suelo y permanentemente están bañadas por muchos ríos. En Cundinamarca hay grandes suelos, pero a diferencia de lo que ocurre en Córdoba, la tierra no es tan arable.

¿Qué implica para el predio la actualización de la información?

Cuando hacemos catastro con enfoque multipropósito y con toda esa información, tenemos un bagaje perfectamente claro, no tanto para valorizar la tierra, sino efectivamente representar lo que vale. No estamos inventando un dato. Estamos identificando cómo se pueden tranzar los predios, cuánto están valiendo, cuál es el uso y vocación del suelo, cuáles son las posibles rentabilidades de cada suelo para encontrar un valor. Ese valor es el que nos permite determinar el avalúo comercial catastral.

¿Qué más se puede saber con el catastro multipropósito?

El catastro tiene tres componentes: el físico, el jurídico y el económico. Los tres son fundamentales para el cálculo del impuesto predial. Nos permite saber, por ejemplo, cuántas mujeres son propietarias en este país, que es un déficit bastante significativo. Apenas 34 % de los propietarios son mujeres. Y un dato peor, apenas 4 % de las mujeres tienen más de 200 hectáreas. Es decir, además de que está altamente concentrado en hombres, las que tienen las mujeres son minifundios y no extensiones de tierras que les permitan desarrollarse.

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