El archivo de la Reforma Laboral en el Congreso no solo representa un revés para el Gobierno de Gustavo Petro, sino que también evidencia la profunda crisis de gobernabilidad que atraviesa el país. Como ciudadano no puedo evitar reflexionar sobre lo que esto significa para el futuro de las reformas sociales y la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Desde el inicio del mandato de Petro, se ha hablado de la necesidad de reformas estructurales para corregir injusticias históricas en el ámbito laboral, pensional y de salud. Sin embargo, el Congreso ha demostrado una resistencia sistemática a estos cambios, poniendo en evidencia la falta de consensos políticos para avanzar en cualquier transformación significativa.

La Reforma Laboral, en particular, contenía propuestas que buscaban restituir derechos laborales básicos, como el pago justo por trabajo nocturno y en festivos. Pero el argumento de la oposición y del sector empresarial siempre ha sido el mismo: «las reformas encarecen el empleo y afectan la economía», una afirmación que en la práctica ha demostrado ser más ideológica que realista.

Más allá de la disputa política, lo realmente preocupante es que los verdaderos afectados por el hundimiento de esta reforma son los trabajadores colombianos. La propuesta de establecer condiciones laborales más justas para quienes laboran en horarios nocturnos o los fines de semana no era una medida radical, sino un intento de devolver lo que se había perdido en administraciones anteriores.

Otro punto clave era la regulación de los contratos de aprendizaje para estudiantes del SENA, una medida que les permitiría acceder a mejores condiciones laborales. Sin embargo, el discurso del empresariado se impuso, argumentando que esto encarecería la contratación y desincentivaría la generación de empleo.

El presidente Petro ha reaccionado con dureza ante la decisión del Congreso, insinuando un quiebre definitivo en las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. El problema es que esta confrontación permanente solo agudiza la crisis política, alejando cualquier posibilidad de diálogo y acuerdos.

La oposición, por su parte, ha capitalizado este fracaso para demostrar que el Gobierno no tiene la capacidad de implementar su agenda. Y mientras ambos bandos se enfrascan en una batalla de declaraciones, el país sigue esperando soluciones reales a sus problemas estructurales.

El archivo de la Reforma Laboral deja un mensaje claro: las reformas sociales de este Gobierno tienen un camino prácticamente imposible en el Congreso. La misma comisión que hundió esta iniciativa será la encargada de discutir la Reforma a la Salud, lo que hace prever un resultado similar.

Si algo ha quedado claro con este episodio es que, sin una estrategia política sólida, las iniciativas de transformación seguirán fracasando. Petro enfrenta un dilema complejo: insistir en su agenda con un Congreso adverso o replantear su enfoque para lograr algunos avances, aunque sean parciales.

El archivo de la Reforma Laboral es más que una derrota legislativa. Es el reflejo de un sistema político estancado, donde la confrontación ha reemplazado el debate constructivo y donde las necesidades de los ciudadanos quedan en segundo plano.

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La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó este jueves la reforma a la salud en su segundo debate, permitiendo que el proyecto avance a la Comisión Séptima del Senado para continuar su trámite legislativo.

Avances en la reforma y respaldo gubernamental

Con esta aprobación, el Gobierno obtiene un respaldo significativo para su propuesta de reestructuración del sistema de salud, que ha generado divisiones en el Congreso. El ministro del Interior, Armando Benedetti, y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, enviaron una carta al Congreso el 5 de marzo solicitando celeridad en el trámite, destacando la urgencia e insistencia del proyecto.

Debate y aprobación de artículos

Durante la sesión, se aprobaron tanto los artículos originales del proyecto como nuevos artículos introducidos en el debate. El representante Alfredo Mondragón (Pacto Histórico) defendió la iniciativa, afirmando que busca corregir fallas del sistema actual al centralizar recursos y fortalecer el sector hospitalario.

Preocupaciones y críticas de la oposición

Por otro lado, congresistas como Jennifer Pedraza y Andrés Forero expresaron preocupaciones sobre los posibles impactos de la reforma. Pedraza advirtió sobre el riesgo de facilitar la corrupción en el manejo de los recursos de salud, mientras que Forero señaló la falta de claridad del Gobierno respecto al costo de la reforma y sus efectos fiscales.

Próximos pasos en el Senado

El proyecto ahora será discutido en la Comisión Séptima del Senado, donde enfrentará un nuevo debate. Cabe recordar que, en este mismo escenario, hace poco más de un año, una reforma similar fue archivada, lo que añade incertidumbre al futuro de la propuesta actual.

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La reforma a la salud, una de las iniciativas más emblemáticas del Gobierno del presidente Gustavo Petro, continúa su trámite en el Congreso de la República. En la reciente sesión plenaria de la Cámara de Representantes, se aprobó el informe de ponencia positiva con 84 votos a favor, lo que permite que el proyecto avance en su discusión legislativa.

Avances recientes en la reforma a la salud

Durante la sesión plenaria, se presentó una propuesta para archivar la reforma; sin embargo, esta fue rechazada con 87 votos en contra, lo que demuestra un respaldo significativo al proyecto por parte de los congresistas. La representante María Fernanda Carrascal denunció intentos de la oposición por dilatar el debate, incluyendo la salida del recinto para afectar el quórum necesario. A pesar de estas maniobras, la discusión avanzó, y la reforma se mantiene como el único punto en el orden del día durante las sesiones extraordinarias convocadas hasta el 19 de diciembre.

Detalles clave de la reforma propuesta

La reforma a la salud busca transformar el sistema sanitario colombiano mediante la eliminación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y la creación de Gestoras de Salud y Vida, que coordinarán la prestación de servicios sin manejar directamente los recursos financieros. Además, se propone la implementación de Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) para mejorar el acceso a servicios básicos y la centralización de los recursos en la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), que se encargará de los pagos directos a clínicas y hospitales.

Desafíos y perspectivas futuras

A pesar de los avances, la reforma enfrenta desafíos significativos. La pérdida de control del Gobierno en la Cámara de Representantes ha complicado la aprobación de sus iniciativas legislativas, incluyendo esta reforma. La falta de quórum en sesiones anteriores y las críticas de diversos sectores políticos reflejan la complejidad del debate. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se ha mostrado optimista, confiando en que las sesiones extraordinarias permitirán la aprobación de la reforma antes de finalizar el año.

Implicaciones para el sistema de salud colombiano

La crisis financiera que atraviesa el sistema de salud en Colombia, con deudas crecientes de las EPS hacia hospitales y clínicas, ha generado preocupación sobre la sostenibilidad del modelo actual. La reforma propuesta busca abordar estas problemáticas estructurales, pero ha generado divisiones en la opinión pública y en el ámbito político. La aprobación de esta reforma podría significar cambios profundos en la prestación de servicios de salud, impactando a pacientes, profesionales y entidades del sector.

En conclusión, la reforma a la salud en Colombia continúa su curso en el Congreso, enfrentando tanto apoyos como oposiciones. Las próximas sesiones serán determinantes para definir el futuro de esta iniciativa y su impacto en el sistema sanitario del país.

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Análisis de la reforma a la salud: división y costos

Norma Hurtado argumentó que la reforma generó divisiones y no abordó adecuadamente la expansión del sistema de salud a zonas remotas. Se criticó la ausencia del Ministerio de Hacienda en la defensa de la reforma y se cuestionó el costo oficial del proyecto.

Reacciones y consecuencias políticas

A pesar de intentos de convencimiento por parte de ministros y congresistas, la reforma fue archivada, siendo la tercera derrota legislativa para Petro. La reforma a la salud fue una de las iniciativas más controvertidas del gobierno de Petro, resultando en cambios ministeriales y confrontaciones políticas.

Análisis detallado

La decisión de la Comisión Séptima del Senado de rechazar la reforma a la salud propuesta por el gobierno de Gustavo Petro ha generado un profundo impacto en la esfera política y social del país. La propuesta, que buscaba transformar el sistema de salud colombiano, enfrentó críticas y desafíos desde su concepción hasta su votación final.

En su argumentación, Norma Hurtado destacó la división que generó la reforma entre distintos sectores de la sociedad colombiana. Este punto resalta la importancia de buscar consensos y unificación en temas tan sensibles como la salud pública, donde la colaboración y el diálogo son fundamentales para lograr avances significativos.

La ausencia del Ministerio de Hacienda en la defensa de la reforma también fue motivo de cuestionamiento. La falta de claridad en los costos oficiales del proyecto plantea interrogantes sobre la viabilidad financiera y la sostenibilidad a largo plazo de las propuestas gubernamentales en materia de salud.

Este rechazo legislativo representa una derrota significativa para el presidente Petro y su administración, evidenciando la complejidad y los retos que implica la implementación de reformas estructurales en un país con diversidad de opiniones y intereses.

Repercusiones y futuro del sistema de salud

Tras el archivamiento de la reforma, es crucial evaluar las repercusiones en el sistema de salud colombiano. ¿Qué alternativas se plantean para abordar los desafíos existentes? ¿Cómo se pueden superar las divisiones y trabajar hacia una visión común de un sistema de salud más equitativo y eficiente?

La derrota de la reforma a la salud también plantea interrogantes sobre el rumbo político del gobierno de Petro y su capacidad para llevar a cabo cambios significativos en otros ámbitos. ¿Cómo afectará este revés en la agenda legislativa y en la percepción pública del gobierno?

En conclusión, el rechazo de la reforma a la salud por parte del Congreso colombiano representa un punto de inflexión en el debate sobre el futuro del sistema de salud del país. Es necesario continuar el diálogo y la búsqueda de soluciones consensuadas que permitan mejorar el acceso, la calidad y la equidad en la atención sanitaria para todos los colombianos.

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Una derrota innecesaria

Después de triunfar en la Cámara, la reforma a la salud parece haber encontrado una barrera infranqueable en la Comisión Séptima del Senado: 9 de 14 senadores han firmado una ponencia para archivar el proyecto.

Aunque los congresistas posaron frente a las cámaras como si fueran “Los magníficos”, con posterioridad se supo que sus campañas habían sido financiadas por el poderoso grupo Keralty, propietario de EPS Sanitas. A pesar de la evidencia, los congresistas no se declararon impedidos para no perder su voto.

En consecuencia, vale la pena preguntarse qué tan difícil será para el gobierno implementar su reforma por la vía reglamentaria. Para responder esta pregunta, debe tenerse en cuenta que Petro tuvo una victoria prematura al lograr que en el Plan de Desarrollo se aprobara un “giro directo” de los recursos a las clínicas y hospitales.

En otras palabras, se eliminarían los intermediarios y se conseguiría el propósito principal del proyecto de ley: quitarle el manejo de los 80 billones de pesos a las entidades promotoras de salud.

Por otro lado, el desarrollo del “modelo preventivo” ya está debidamente autorizado por la ley 1438 de 2011.

Solo haría falta desarrollar instrumentos operativos y asignar los recursos financieros para ponerlo en práctica. Los recursos se conseguirían por medio de la creación de los Equipos Territoriales de Salud, con la resolución 2788 de 2022; la toma directa de la Nueva EPS, hoy en manos de Aldo Cadena; y, por último, el manejo directo de las EPS intervenidas.

En este contexto, el archivo definitivo del proyecto debe entenderse como una derrota política innecesaria: la reforma podía llevarse a cabo sin el apoyo del legislativo. Adicionalmente debemos recordar la imposibilidad de modificar el régimen de los trabajadores de la salud, dominado en general por la informalidad y la ausencia de disposiciones legales.

La reforma ya está andando

Nueva EPS tiene once millones de afiliados y está presente en 1.117 municipios. El nombramiento de Aldo Cadena como presidente fue una especie de “toma de la Bastilla”. Más que iniciar una revolución, su propósito será aplicar la reforma sin aprobación de ninguna ley.

«Desde mi punto de vista, si se aprueba el proyecto el único costo adicional sería el de la formalización de los empleados que hoy son contratistas de la red pública. Por otro lado, el billón necesario para fortalecer el sistema de información podría hacer parte del presupuesto de inversión ordinaria«

Esta victoria empezó con la designación del viceministro Jaime Urrego en la Junta Directiva y el interés, por parte del gobierno, de tomar bajo su mando la EPS más grande del país.

Sin embargo, las seis cajas de compensación, dueñas del 50% más una acción de la Nueva EPS, inicialmente no se dieron por enteradas. Fue entonces cuando Ulahy Beltrán, Superintendente Nacional de Salud, intervino Famisanar. Esta EPS es propiedad de las dos cajas de compensación más grandes del país: Colsubsidio y Cafam, las cuales tienen más de cuatro millones de afiliados.

En la actualidad, Famisanar que es la prima hermana de la Nueva EPS acumula las deudas más grandes de una entidad promotora de salud con las redes de servicio. También, de forma misteriosa, ha perdido más de 1,2 billones de pesos en patrimonio negativo. Como si no fuera suficiente, la Superintendencia de Subsidios Familiar adelantó varias acciones contra sus socios (otras cajas de compensación).

El resultado fue mejor de lo esperado. Los seis socios de la Nueva EPS, distintos del gobierno, como mansas palomas, apoyaron la presidencia de Aldo Cadena. Vargas Lleras, antiguo dueño de facto de la Nueva EPS, cedió su puesto en la Junta Directiva sin ninguna protesta. Al parecer, las acciones de la Superintendencia favorecieron la llegada del funcionario delegado por el presidente Gustavo Petro.

Para completar el triunfo de Cadena, de acuerdo con la descripción del exministro Ocampo, se encontró que la Nueva EPS escondía pérdidas por 411 mil millones. Vale la pena señalar que esta cifra no incluye los miles de facturas que encubrirían billones de pasivos ocultos. Por supuesto, sin la ayuda de Famisanar, la encargada de la facturación, nada de esto sería posible. Por estos preocupantes motivos, se ha ordenado una auditoría forense: los resultados podrían sorprendernos aún más.

Financiación de la reforma

El tema de la financiación es el argumento más empleado contra de la reforma. Desde mi punto de vista, si se aprueba el proyecto el único costo adicional sería el de la formalización de los empleados que hoy son contratistas de la red pública.

Por otro lado, el billón necesario para fortalecer el sistema de información podría hacer parte del presupuesto de inversión ordinaria.

En otro orden de ideas, hay un intento de resucitar el Fondo Nacional Hospitalario, del cual fui el último secretario.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que dicha entidad fue descentralizada, por lo que la construcción, dotación y mantenimiento de los Centros de Atención Primaria (CAPS) le correspondería a los municipios y los departamentos.

El artículo 43.2.5 de la ley 715 de 2011dice “Concurrir en la financiación de las inversiones necesarias para la organización funcional y administrativa de la red de instituciones prestadoras de servicios de salud a su cargo”.

En cierto medio de comunicación se afirma que “los cálculos del Ministerio de Hacienda van hasta 2033, año para el cual la reforma costaría 143,8 billones”. No obstante, esta cifra es el resultado de una mala lectura, pues corresponde al costo del funcionamiento del sistema actual. Si se ajusta el precio vigente a la inflación del 2033, sin ninguna reforma, los colombianos no pagarían 80 billones sino 144.

Paradójicamente si la ley es aprobada, y las reformas se ejecutan por la vía reglamentaria, no habría ningún costo adicional porque no se podrán formalizar a los trabajadores que hoy figuran como contratistas. Si el gobierno recurre a esta alternativa, el problema más significativo será la financiación de los Equipos Territoriales de Salud, creados con la Resolución 2788 de 2022.

«El archivo definitivo del proyecto debe entenderse como una derrota política innecesaria: la reforma podía llevarse a cabo sin el apoyo del legislativo»

El gobierno ha emitido varias resoluciones para financiar estos equipos, pero no es suficiente. El intento más ambicioso fue la resolución 2364 del 29 de diciembre de 2023. El artículo 11 dice: “De la Unidad de Pago por Capitación del Régimen Contributivo (UPC-C), prevista para la cobertura de servicios y tecnologías de salud en la vigencia 2024, las EPS destinarán mínimo el 5% para la operación de equipos básicos de salud de tal manera que se mejore el acceso en salud de la población”.

La anterior resolución fue cuestionada por la Procuraduría argumentando que solo la ley puede modificar la destinación de la UPC. Quizá tenga razón porque los redactores del Ministerio de Salud hicieron una formulación ilegal, que puede ser corregida si se hace un extracto de las intervenciones, procedimientos y medicamentos del Plan Básico de Salud. Estos gastos serían financiados por la UPC en un 5% de su valor y podrán ser aplicados por dichos equipos territoriales sin modificar su destinación específica al PBS.

Sobra decir que los equipos territoriales podrán convertirse en burocracia si no se fija con cuidado el plan de salud que desarrollarán. Es fundamental que la norma exija la contratación de empresas especializadas que reciban los pagos por visita domiciliaria ejecutada. Del mismo modo, tendrán que cumplir con un plan de diagnóstico si desean recibir los recursos. En pocas palabras, con el 5% de la UPC se pagará la parte preventiva del PBS, pero sin cambiar su destinación y sin crear nueva burocracia que tanto preocupa a la oposición.

* Magister en Administración Pública del CIDE (México), director administrativo de la Asamblea Constituyente, secretario general del Fondo Nacional Hospitalario, coordinador del Programa de Consolidación del Sistema Nacional de Salud, docente universitario y consultor internacional.

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El descontento de Germán Vargas Lleras

Reacciones y consecuencias

La reforma a la salud en Colombia continúa generando tensiones y divisiones en el ámbito político. El descontento de Germán Vargas Lleras y su arrepentimiento por haber hecho una coalición con el partido MIRA evidencian las diferencias de opinión y los intereses en juego en este debate.

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