La Fundación Forjando Futuros informa sobre una situación que genera preocupación entre las víctimas del caso Puerto Pisisí: el actual gerente de la Sociedad Portuaria de Urabá Pisisí S.A., Jorge Alberto Acevedo Talero, se desempeñó como contratista de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) hasta el 31 de diciembre de 2025, en funciones directamente relacionadas con el seguimiento técnico, administrativo y operativo de concesiones portuarias. Apenas un mes después, el 2 de febrero de 2026, asumió la gerencia de la misma sociedad portuaria que hoy enfrenta un proceso sancionatorio ante esa entidad.

El hecho cobra especial relevancia en medio del proceso administrativo en curso contra Puerto Pisisí, en el que la ANI impuso una multa superior a $14.286 millones por incumplimientos contractuales. Actualmente, dicho proceso no ha concluido, pues se encuentran en trámite recursos presentados por la empresa frente a esta sanción.

En este contexto, la Fundación Forjando Futuros, en calidad de apoderada de las víctimas, radicó una solicitud formal ante la ANI para que con la multa se compense a las familias que perdieron sus predios y fueron víctimas del exterminio de la Unión Patriótica. “Esperamos que el proceso sancionatorio efectivamente se cumpla y ese dinero pase a manos de las personas que fueron afectadas, víctimas del conflicto, en el municipio de Turbo”, manifestó el abogado de la Fundación, Gerardo Vega Medina.

Las víctimas representadas por la Fundación corresponden a las familias de Hoober Quintero, Candelario Pérez de la Rosa y Luis Eduardo Cubides, quienes suscribieron en 2021 un Memorando de Entendimiento con la sociedad portuaria. En este acuerdo, la empresa se comprometió a entregar tierras, vivienda y proyectos productivos como medidas de compensación, compromisos que, a la fecha, no han sido cumplidos.

Adicionalmente, empresarios de la sociedad Puerto Pisisí fueron denunciados penalmente por los delitos de estafa y abuso de confianza, precisamente por el incumplimiento de las obligaciones adquiridas con las víctimas.

La Fundación reitera su llamado a la ANI para que adopte decisiones que prioricen la compensación de las víctimas y garanticen que las sanciones impuestas cumplan una función social y reparadora, especialmente en casos relacionados con el conflicto armado y el despojo de tierras.

(Foto de portada/institucional de Pisisí)

La entrada De la ANI a gerenciar a Pisisí se publicó primero en El Pregonero del Darién.

Según la resolución expedida por la ANI, el incumplimiento se configuró tras múltiples requerimientos realizados al concesionario desde febrero de 2023 para que presentara las garantías necesarias para el perfeccionamiento del contrato y la firma del acta de inicio.

Sin embargo, el proyecto no ha podido comenzar y ni siquiera cuenta con acta de inicio, pese a que desde hace años se ha anunciado su puesta en marcha.

Además, la póliza de seriedad de la oferta, expedida por Seguros del Estado S.A., venció el 20 de abril de 2023, sin que el concesionario lograra renovarla ni presentar las garantías exigidas.

Para Gerardo Vega, abogado de la Fundación Forjando Futuros, la decisión confirma una cadena de incumplimientos que se han prolongado durante años.

“Hace más de ocho años están diciendo que el puerto pronto empieza y no ha iniciado. El Estado concedió este contrato por 30 años y ni siquiera existe acta de inicio. Ahora la ANI confirma el incumplimiento por no presentar las garantías contractuales”, señaló.

Vega también destacó que dentro del proceso sancionatorio fueron reconocidas como parte interesada seis familias víctimas del conflicto y reclamantes de tierras, representadas por la Fundación Forjando Futuros, quienes fueron despojadas de sus predios en la zona donde se proyecta el puerto.

“Las autoridades nacionales aceptaron a las víctimas como parte interesada en este proceso sancionatorio. Ellas tienen decisiones judiciales a su favor y un acuerdo con la empresa que aún no se ha cumplido”, explicó.

Las seis familias lograron fallos judiciales favorables y un acuerdo que incluye la entrega de 30 hectáreas de tierra, vivienda, un proyecto productivo y la creación de una empresa cooperativa, compromisos que aún siguen pendientes por parte de la compañía.

Precisamente por ese incumplimiento, las víctimas interpusieron una denuncia contra la sociedad portuaria por estafa agravada y abuso de confianza.

“Queremos que miren la situación de las víctimas. Nos sentimos engañados y vulnerados, porque ni siquiera aparecen ni muestran interés en responder por los acuerdos que ellos mismos firmaron”, expresó Yuranis Pacheco, una de las reclamantes de tierras.

La entrada Imponen millonaria multa a Puerto Pisisí se publicó primero en El Pregonero del Darién.