​El Gobierno nacional, a través de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, alcanzó un hito en Bruselas al lograr que Bélgica se convierta en el primer país de la Unión Europea en firmar una declaración de intención para apoyar formalmente la transición hacia economías legales en Colombia. 

El acuerdo busca facilitar el acceso de productos colombianos a mercados de alto valor en Europa, beneficiando directamente a comunidades campesinas que han decidido abandonar los cultivos de coca para apostarle al desarrollo sostenible y la construcción de paz.

La jornada, liderada por la directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Gloria Miranda, en la Embajada de Colombia en Bélgica, contó con la participación de destacados maestros chocolateros y distribuidores europeos, como Le Cercle du Cacao, Maison Jacobs, Carré Noir, Legast Artisan Chocolatier y Rombouts Coffee. 

Durante el encuentro, los expertos conocieron la calidad excepcional del cacao colombiano, el cual se destaca por poseer niveles de cadmio cercanos a cero, una ventaja competitiva esencial para cumplir con las exigentes normativas del mercado europeo.

En el marco de esta cooperación, el canciller belga, Maxime Prévot, definió la alianza como un compromiso “fiable, eficaz, seguro y sincero”. 

El objetivo central de esta unión es servir como un puente directo entre los empresarios de Bélgica y los productores rurales de zonas históricamente afectadas por el conflicto, transformando el apoyo diplomático en acciones comerciales concretas que generen ingresos dignos para las familias campesinas.

Como muestra del potencial exportador, se realizaron catas de café proveniente de regiones como Nariño, Putumayo y Cauca. 

El producto presentado se caracteriza por una acidez y cuerpo medios, con una tostión media alta, combinando variedades de alta calidad como Castillo, Caturra y Bourbon Rosado. 

Estas características técnicas fueron evaluadas positivamente por los compradores internacionales, quienes exploran nuevas oportunidades de negocio con las comunidades.

Un momento simbólico del encuentro fue la entrega al canciller Prévot de los denominados ‘Peace Chocolates’, elaborados con granos de Nariño y Putumayo, junto a muestras de café producido por unidades campesinas del municipio de Argelia, Cauca. 

Estos productos son el resultado tangible de procesos de transformación territorial donde la legalidad ha reemplazado a las economías ilícitas, representando el esfuerzo de miles de familias que avanzan hacia un futuro de trabajo digno.

Con esta iniciativa, el programa de sustitución de cultivos fortalece su proyección internacional, asegurando que el esfuerzo de los productores colombianos cuente con el respaldo de socios estratégicos en el exterior. 

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 Viajar en el tiempo. ¿Un sueño? ¿Una realidad  distante? ¿Una posibilidad tecnológica en un futuro lejano? Durante mucho tiempo hemos creído que desplazarnos hacia adelante o hacia atrás en el tiempo era cosa de la ciencia ficción o, en el mejor de los casos, de la memoria y la imaginación.Y no está mal. La memoria nos retrotrae a espacios y sentimientos del pasado; la imaginación nos aventura a mundos de ensueño y realidades fantásticas.

Pero hay un viaje al futuro más poderoso, más urgente y, sobre todo, más humano. No es el que ocurre solo en nuestra mente. Es el que construimos con nuestras  manos, con nuestras leyes, con nuestros artefactos  físicos y sociales. Es el viaje que implica dejar de ser espectadores para convertirnos en ingenieros del  tiempo que está por venir.

Los seres humanos tenemos una capacidad extraordinaria, y a menudo subutilizada o usada para privilegios particulares. Podemos diseñar y materializar el futuro. No a través de máquinas hipotéticas, sino mediante la construcción de puentes, hospitales, escuelas, sistemas de riego, redes eléctricas, pero también mediante instituciones más justas, reformas agrarias, sistemas de salud universales, democracia participativa y economías que pongan la vida en el centro. Cada política pública, cada decisión colectiva, cada artefacto que  fabricamos es un viaje real hacia un porvenir distinto.

Entonces, ¿a cuál viaje nos referimos cuando pensamos en el futuro? ¿Al viaje físico de la ciencia ficción? ¿Al viaje pasivo de imaginación de un mejor futuro? ¿O al viaje activo que todos podemos emprender hoy para mejorar nuestra situación de existencia, nuestro bienestar y la equidad de nuestra sociedad?

No creo que debamos negarlo. Nos consume más la preocupación por el futuro que la nostalgia por el pasado. Pero la preocupación no basta. La imaginación tampoco, si no va acompañada de acción. La imaginación es democrática, sí, pero sus frutos solo se vuelven reales cuando se organizan voluntades, se construyen mayorías políticas y se implementan transformaciones concretas.

Y aquí quiero ser claro. En Colombia, hoy, existe una opción que nos permite emprender ese viaje real hacia  un futuro mejor. El proyecto de país del Pacto Histórico. No es una ocurrencia pasajera ni una mera consigna proselitista. Es una propuesta de país que entiende algo elemental: el futuro no se improvisa, se construye. Se construye con artefactos sociales como la reforma agraria integral, que transforman la propiedad y el trabajo; con artefactos físicos como la transición energética justa, que cambian la matriz productiva y prohíben que el extractivismo siga devorando territorios; y con artefactos institucionales como la paz total y la justicia social, que reescriben las reglas del Estado y hacen posible una convivencia digna y duradera.

Tres tipos de artefactos, una sola dirección: dejar de soñar el futuro desde la tribuna para empezarlo a levantar, con las manos y sin excusas, desde la tierra misma.

Elegir en las elecciones para presidente al Pacto Histórico es elegir viajar hacia un destino donde el bienestar no sea privilegio de unos pocos, donde el territorio tenga voz, donde la vida campesina, indígena, afro y popular sea digna. Es decir, preferimos construir un país más equitativo y justo, aunque eso signifique enfrentar resistencias, antes que quedarnos soñando despiertos en un presente que nos duele.

Por supuesto, no existe una única interpretación del viaje en el tiempo. Pero hay una que nos convoca hoy  como colombianos. El viaje hacia adelante no es solo  imaginación, es voluntad política organizada. La  memoria nos da identidad; la imaginación nos da esperanza; pero solo la acción colectiva transforma la realidad.

Así que viajemos en el tiempo, sí. Pero no hacia atrás, para muchos doloroso. Viajemos hacia el futuro que podemos edificar con nuestras manos, con nuestros votos, con nuestros pactos. El proyecto de país del Pacto Histórico es, hoy, la máquina social más avanzada que tenemos para hacerlo realidad. No dejemos pasar esta oportunidad. Porque el futuro no  espera. Se construye. Y se construye ahora.

*Académico-Analista/ Profesor de Ingeniería Química de la UdeA.

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Nota de la Dirección: Damos la bienvenida al jurista y académico, Ramón Elejalde Arbeláez, quien a partir de hoy le dará lustre a las páginas editoriales de este medio informativo, al lado de dos prestigiosos médicos, un académico de la Universidad de Antioquia y de un historiador cubano. Tos nos ayudan a fortalecer el pensamiento crítico y nos ofrecen diferentes matices de importantes acontecimientos de la vida diaria en Colombia. La columna Contracorriente del abogado Arbeláez, es una de las opiniones más leídas del país. El abogado Elejalde Arbeláez, es además el actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Latinoamericana.

Un reconocido senador de la República, de origen antioqueño, ha venido sembrando dudas sobre los resultados electorales del Pacto Histórico en el eje bananero de la querida región de Urabá y en algunas zonas mineras de Antioquia. Y ahí es donde aparece la inconsistencia: no aplica el mismo rasero cuando se trata de analizar lo ocurrido en otras regiones del departamento. Vale la pena detenernos un momento y mirar el panorama completo.

En Medellín, las bandas criminales tienen presencia a lo largo y ancho de la ciudad y del Valle de Aburrá. Eso no es un secreto para nadie. Sin embargo, su accionar resulta más visible en las comunas del nororiente y noroccidente de Medellín. Aun así, el triunfo del Centro Democrático en todas las comunas del noroccidente y en varias del nororiente fue claro, contundente, sin discusión. Y, curiosamente, nadie ha salido a cuestionar esos resultados.

Miremos otro caso: Envigado. Allí, el Centro Democrático obtuvo una victoria amplia frente al liberalismo local, que incluso estuvo cerca de ceder el segundo lugar ante el Pacto Histórico. En su propio terreno, el Pacto les respiró en la nuca. Así podríamos seguir revisando municipio por municipio, voto a voto, en el Valle de Aburrá y en toda Antioquia. Porque si de verdad queremos entender lo que pasó, el análisis debe ser integral, sin recortes convenientes ni lecturas acomodadas para favorecer intereses políticos.

De hecho, habitantes de sectores del norte de Medellín me han comentado algo que no deja de ser significativo: pocas veces habían sentido tanta libertad al momento de votar. Y, al final, de eso se trata la democracia: de que la gente pueda expresarse sin miedo.

Este punto también sirve para desmontar otro argumento que se ha repetido hasta el cansancio. Los detractores de la llamada “paz total” insisten en que todo esto no es más que una estrategia para obtener réditos electorales. Pero los resultados, tercos como son, dicen otra cosa. No encajan con ese relato.

Quienes critican el proceso de paz incluso cuentan con informantes dentro de la cárcel donde están los voceros de las estructuras criminales de Medellín. Pues bien, sería pertinente preguntarles directamente si en algún momento se les ha pedido intervenir en asuntos electorales. El respeto por las víctimas, por la ciudad y por el propio proceso indica que eso no ha ocurrido, ni debería ocurrir jamás.

Ahora bien, no todo puede pasarse por alto. A propósito del proceso de paz, resulta imposible no lamentar lo ocurrido recientemente en la cárcel de Itagüí, donde una celebración vallenata terminó enviando un mensaje completamente equivocado. Fue, sin rodeos, una torpeza enorme. Y más aún en un contexto de alta tensión social, en plena antesala electoral.

Estos hechos se dieron justo cuando se avanzaba hacia la fase definitiva de una paz condicionada, una que le permita a Medellín aspirar, por fin, a una tranquilidad estable y duradera. Por eso, lo ocurrido no solo desconcierta, sino que complica un momento ya de por sí delicado.

Ojalá —y no es un deseo menor— que desde Itagüí surjan salidas sensatas, incluso ingeniosas, que ayuden a destrabar este punto crítico. La ciudad lo necesita, y el proceso también.

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¿Por qué no pueden los reclusos tener espacios de esparcimiento, fiestas y bailes? Unos seres humanos condenados a permanecer en una jaula, ¿No tienen derecho a divertirse o sólo a que les dicten cursitos de buen comportamiento y misas? Ahora, no se trata de que sean orgías o bacanales, pero ¿y si tienen el dinero para contratar un buen concierto y unas buenas viandas, por qué no hacerlo? Incluso las mismas autoridades también lo disfrutan. En el caso de los delincuentes recluídos en la cárcel de Itagüí y partícipes de los diálogos tendientes a la paz urbana, son seres humanos que están de plácemes, no por que van a quedar probablemente en libertad para seguir delinquiendo, tal vez lo estén por que van a poder caminar otra vez tranquilos por su barrio compartiendo con sus familias y sintiendo que se les abre otra perspectiva de vida más sana, alejada ya de los ajetreo del delito.

Para varios de ellos que llevan más de quince años encerrados, es  motivo de gozo, y por qué no, de fiesta.

La doble moral siempre se impone, y cuando unos medios irresponsables la confirman y difunden, los réditos políticos son mayores, pero por más que nos lavemos las manos, sabemos que las cosas son como son.

Nota: El uso político pre electoral es sustancioso: la derecha opositora pone el grito en el cielo… y el presidente les da gusto para «expiar» la falta suspendiendo los diálogos… por ahora. Esa fiesta es lo de menos, lo importante es la paz urbana.

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El tema de la Paz Total, como política pública, es profundamente delicado. Toca fibras sensibles y expone a quien opina a riesgos que no deberían existir en una democracia. Aun así, guardar silencio tampoco es una opción responsable cuando el país sigue atrapado en ciclos de violencia que se repiten y se transforman.

Escribir sobre el conflicto interno en Colombia y sobre sus posibles salidas obliga a tomar postura. No existe una neutralidad plena cuando se habla de vidas, territorios y décadas de dolor acumulado. Desde esa conciencia, sostengo que deben explorarse todas las estrategias posibles, privilegiando el diálogo sobre el uso de la fuerza para enfrentar a los grupos armados. Pero ese diálogo solo tiene sentido si apunta a resolver las causas profundas del conflicto y no se limita a  contener, de manera temporal, sus manifestaciones más visibles.

Colombia no enfrenta un único conflicto, sino varios superpuestos que atraviesan el territorio con problemas particulares. Sus orígenes no son idénticos, tampoco lo son sus actores ni sus formas de expresión. Existe una historia de exclusión política que llevó a muchos a empuñar las armas bajo banderas ideológicas. A esto se sumó una economía ilegal, liderada por el narcotráfico, que terminó por distorsionar o sustituir esos discursos. Persisten además otras prácticas ilegales que se entrelazan con la vida  cotidiana de regiones enteras. Y en medio de  todo, comunidades que han vivido durante  décadas atrapadas en una guerra que nunca eligieron. Ignorar esa complejidad conduce a soluciones superficiales que alivian  momentáneamente a algunos sectores, pero dejan intacto el fondo del problema.

Frente a esta realidad, resulta comprensible la tentación de recurrir a la fuerza. Las operaciones militares, los golpes estratégicos, las capturas y las incautaciones generan una sensación inmediata de control. Son logros reales, pero con demasiada frecuencia resultan transitorios. La experiencia del país muestra que cada estructura desmantelada suele fragmentarse en otras más  pequeñas, más difíciles de rastrear y, en muchos casos, más violentas con la población civil. La fuerza, sin una estrategia política que la complemente, termina siendo un esfuerzo que se repite sin transformar de manera duradera la realidad.

El diálogo, por su parte, exige una lógica distinta. Es incómodo, genera rechazo y plantea dilemas morales profundos. Sentarse a negociar con quienes han causado daño implica reconocerlos como interlocutores, lo que resulta doloroso, especialmente para las víctimas. Sin embargo, la alternativa de prolongar indefinidamente la guerra tampoco ofrece un horizonte aceptable. El verdadero desafío está en encontrar un equilibrio difícil: avanzar en acuerdos sin caer en la impunidad total, construir paz sin sacrificar la justicia, y sostener la voluntad política incluso cuando el proceso enfrente retrocesos.

Nada de esto será suficiente si el Estado no transforma las condiciones que alimentan la violencia. Mientras un joven en regiones como el Caquetá, el Chocó o el Catatumbo no tenga acceso real a educación, a tierra productiva, a mercados legales o a instituciones confiables, los grupos armados seguirán ocupando ese vacío. Para muchos, no representan una opción ideológica, sino la única alternativa de supervivencia. Enfrentar las causas estructurales, como la desigualdad, el abandono estatal y la falta de oportunidades, no es una concesión. Es una necesidad urgente si se quiere evitar que el conflicto se reproduzca indefinidamente.

A esta complejidad se suma una sociedad profundamente dividida frente al tema. No se trata solo de opiniones distintas, sino de visiones que se han convertido en trincheras. Para algunos, la única salida legítima es la derrota militar de los grupos armados, y cualquier intento de diálogo es visto como una claudicación. Para otros, la negociación es el único camino éticamente aceptable, y el uso de la fuerza estatal es percibido como una forma de violencia que perpetúa el problema. Entre estos extremos existen matices importantes, pero suelen quedar opacados por la intensidad del debate.

Esa polarización tiene efectos inmediatos. Cada palabra que se pronuncia sobre el conflicto es interpretada como una señal de pertenencia. Losargumentos dejan de evaluarse por su contenido y pasan a leerse como confirmación o amenaza según la posición del lector. En este ambiente, resulta casi imposible evitar ser encasillado. Quien opina queda ubicado en un lado u otro, no necesariamente por lo que dice, sino por lo que los demás creen que quiso decir.

Ese riesgo no es menor. En Colombia, ser percibido como cercano a uno de los bandos ha tenido consecuencias graves. La historia está marcada por voces silenciadas, por opiniones que se volvieron peligrosas simplemente porque alguien decidió clasificarlas. Escribir en este contexto exige una honestidad adicional: reconocer que apostar por el diálogo sin  renunciar a la justicia, y por atacar las causas sin ignorar la violencia, no es una posición cómoda ni segura. Es, quizás, lo más humano. Una de las pocas que intenta reducir el sufrimiento acumulado sin simplificar la realidad.

Reflexionar sobre la paz, la paz social, la real, no es un ejercicio distante ni inocuo. No puede ser una ilusión. Es, en esencia, una toma de posición frente al tipo de país que estamos dispuestos a construir o a seguir tolerando. Las palabras que elegimos importan más de lo que parece. No solo describen la realidad, también la moldean, abren o cierran caminos, legitiman decisiones y fijan los límites de lo posible.

Por eso, hablar con claridad no debería ser un riesgo para el análisis y la construcción de soluciones para vivir en paz. Compromete y nos hace más responsable. En un país donde el conflicto ha mutado sin desaparecer, la honestidad no es un lujo, es una obligación. Porque seguir nombrando el problema sin enfrentarlo de fondo es, en el mejor de los casos, una forma de evasión, y en el peor, una manera silenciosa de permitir que todo continúe igual.

Colombia merece vivir en paz, en armonía, en un país donde las diferencias no se tramiten con violencia, sino que puedan resolverse de manera democrática, con instituciones que funcionen y con una sociedad que no tenga que acostumbrarse al miedo como forma de vida.

*Académico-Analista/ Profesor de Ingeniería Química de la UdeA.

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La decisión fue anunciada por el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, luego de conocerse los hechos.

Tras el episodio, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario abrió una investigación y suspendió a siete funcionarios presuntamente implicados en el ingreso del artista al centro de reclusión. También se ordenó la suspensión temporal del director de la cárcel.

En un comunicado, la entidad aclaró que la actividad “en ningún momento fue aprobada ni autorizada por el Gobierno nacional, el Ministerio de Justicia y del Derecho, ni la Dirección General del Instituto”. 

Asimismo, confirmó el ingreso del artista y señaló que se realizó una intervención inmediata en los pabellones de máxima seguridad para verificar las condiciones de orden interno.

Por su parte, la delegación del Gobierno en el proceso de Paz Urbana indicó que lo ocurrido no hace parte de las garantías establecidas en ese espacio y rechazó de manera contundente los hechos. 

En ese sentido, anunció la suspensión de la interlocución con los voceros de estas estructuras hasta que se esclarezcan las responsabilidades.

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Los Países Mediadores, el Reino de España, el Reino de Noruega, el Estado de Qatar y la Confederación Suiza, así como la MAPP/OEA y la Conferencia Episcopal de Colombia valoraron los avances del Espacio de Conversación Sociojurídico entre el Gobierno nacional y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

En un comunicado conjunto, las delegaciones señalaron que en la reunión del 9 de febrero de 2026 las partes acordaron pasos importantes que permiten consolidar los compromisos asumidos en Doha y avanzar en el proceso en beneficio de las comunidades.

“Desde los Países Mediadores, la MAPP/OEA y la Conferencia Episcopal valoramos los pasos acordados recientemente en el Espacio de Conversación Sociojurídico entre el Gobierno Nacional y el (a) EGC para avanzar en la construcción de paz en los territorios ”, dice el comunicado.

El Espacio de Conversación Sociojurídico es el mecanismo en el que el Gobierno Nacional y el (a)EGC sostienen diálogos orientados a la desmovilización de esa estructura y a la construcción de paz en los territorios.

El Grupo de Países Mediadores, junto con la MAPP/OEA y la Conferencia Episcopal de Colombia, reiteró su apoyo al proceso y subrayó la importancia de que ambas partes continúen avanzando con determinación en los compromisos acordados.

La entrada Nuevo impulso al diálogo con el Clan del Golfo se publicó primero en El Pregonero del Darién.

El Gobierno nacional, a través de la Consejería Comisionada de Paz, informó que “el espacio de conversación sociojurídica con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia – EGC” se encuentra en un momento clave dentro de la política de paz del país.

Según el comunicado oficial?, este espacio “es de absoluta relevancia en el propósito de encontrar salidas dialogadas a la violencia y se encuentra actualmente en estado avanzado”. 

El proceso cuenta con la mediación del Estado de Qatar, el Reino de España, el Reino de Noruega y la Confederación Suiza, además del apoyo de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA) y el acompañamiento de la Conferencia Episcopal de Colombia.

El documento señala que se trata de “un proceso que, desde el primer acuerdo, se enfoca en la desmovilización y tránsito a la vida civil de los miembros del (a) EGC”.

Este compromiso, de acuerdo con la Consejería, se da “de acuerdo con la Ley 2272 de 2022 como paso verificable hacia su desmovilización”.

En desarrollo de lo acordado, el Gobierno nacional indicó que “los líderes del (a) EGC, Jobanis de Jesús Ávila, Orozman Orlando Osten, Elkin Casarrubia, Luis Armando Pérez y Gonzalo Sánchez (QEPD), iniciaron el 24 de diciembre de 2025 labores dirigidas a coordinar internamente la ubicación gradual de los demás miembros del grupo en las ZUT”.

El comunicado también precisa que “desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República”.

Asimismo, se indicó que “tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”.

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En la Resolución se estableció que la “delimitación geográfica de las referidas zonas de ubicación temporal» se mantendrá en secreto y será objeto de verificaciones de las autoridades competentes.

En la norma se dejó claro que se mantendrá la vigencia del Estado Social de Derecho, sin que haya afectación a las funciones de las autoridades de las zonas definidas para la ubicación.

Así mismo, el Gobierno nacional se comprometió a adoptar “las medidas necesarias y eficaces para brindar la seguridad humana y jurídica necesaria durante el transcurso del desplazamiento de los integrantes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia hacia las zonas de ubicación temporal, así como para garantizar la protección de los derechos de la población civil».

Para poder avanzar en los procesos, la Resolución determinó que dentro de cada una de las zonas quedan “suspendidas la ejecución de las órdenes de captura con fines de extradición, al igual que durante el transcurso del desplazamiento hacia las mismas, de los integrantes» de este grupo, que fueron “incluidos en los listados recibidos y aceptados por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz».

Otro elemento que tuvo en cuenta la Resolución es el relacionado con las víctimas, para lo cual indicó que se realizarán “las condiciones progresivas para para contribuir tempranamente a la satisfacción de los derechos» de la población afectada por este grupo armado.

En la norma se decidió que el Gobierno nacional “establece que la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA), como integrante de un mecanismo tripartito, se encargue del seguimiento, monitoreo y verificación de las Zonas de Ubicación Temporal para la ubicación gradual y progresiva de los combatientes».

Sin embargo, no descarta la vinculación de otras organizaciones nacionales e internacionales que participen en el proceso de “dejación de armas y tránsito a la legalidad de los combatientes» de este grupo armado.

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“La mayor parte de los mandos, seis en total, del EMC narco, han sido capturados. Se pide a la ciudadanía mayor información sobre alias Marlon, cabeza principal de las estructuras armadas», dijo.

El mandatario anunció que se comunicará con los mandos del Ejército en la zona “para su cabal explicación sobre los hechos en Buenos Aires, Cauca. Las órdenes de protección de Buenos Aires y la parte alta de la cordillera occidental en el Cauca y Valle han sido dadas hace semanas, cualquier incompetencia llevará a cambios de los mandos» y reiteró que “en Valle del Cauca no fracasa la Paz, la Paz nunca fracasa, fracasa es la guerra y la violencia».

En su escrito, el presidente recordó que “he extraditado a ‘Pipe Tuluá’, jefe de banda. Y buscamos que la juventud vallecaucana salga voluntariamente de las bandas» y denunció que en el municipio de Tuluá (Valle del Cauca) existe un centro que “se apoya en software de la DIAN que ayuda al contrabando. El contrabando es el lavado de dólares de la cocaína».

“Por años, el señor alias ‘Pitufo’, que la fiscalía extrañamente no imputó, y perdí mi esfuerzo por capturarlo, maneja con influencias policiales y políticas el contrabando. Si el poder político sigue atado al contrabando, pues sigue atado al negocio de la cocaína. La fiscalía que tenía todas las pruebas con el fiscal Andrés Marín, debe retomarlas y actuar», insistió.

Para el presidente Petro es evidente que “los mayores causantes de muertes en Cali/Palmira/Jamundí, son las bandas delictivas y la ausencia en la ciudad de Cali de fuertes medidas redistributivas tal como lo enseñó el estudio estadístico del DANE sobre pobreza extrema».

De hecho, manifestó que “Riohacha, Barranquilla y Cali son las únicas ciudades capitales de Colombia donde aumentó la pobreza extrema».

En la publicación, el mandatario aseguró que el narcotráfico en el Valle del Cauca “desde hace décadas, por su cercanía al océano Pacífico y por la cercanía de algunos poderosos políticos con poder regional al narcotráfico, de lo cual nos debería hablar la misma gobernadora».

“El dinero que se lava en el Valle se convierte en complejos procesos de urbanización que la fiscalía debe investigar», aseguró el presidente Gustavo Petro.

Recordó que su Gobierno ha “logrado un sólido proceso de control del puerto de Buenaventura e incautado más de 300 toneladas de cocaína en el océano» y reiteró que “la ley privatizó los puertos de Colombia y eso impide los mayores controles que se deberían hacer».

“La mayor parte de cocaína no ha salido en lanchas sino en mercantes. Aún no funciona el radar de Gorgona en manos colombianas. Es una obligación con la Paz del occidente de Colombia hacerlo», enfatizó.

Por esta razón, el mandatario se refirió a que es necesaria la cooperación para controlar el mar, y reiteró que “logramos recuperar el Plateado, después de lustros de control mafioso armado, y se desarrollará por sustitución y erradicación de cultivos».

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