Javier Giraldo Moreno, S.J. (1944-2026, sacerdote católico Jesuita, gran defensor de los derechos humanos e investigador social. Licenciado en Filosofía y Magíster en Teología de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, con especialización en análisis Regional y Equipamiento del Espacio de la Universidad de París.

Realizó sus estudios en Bogotá y Parí. Desde sus comienzos como cura en un barrio pobre de Bogotá, se interesa en la defensa de los derechos humanos y con influencias del pensamiento del también sacerdote, Camilo Torres Restrepo. Trabajo con el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep). Funda en 1988 la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, integrada por 45 congregaciones religiosas católicas.

Fue secretario por América Latina del Tribunal Permanente de los Pueblos durante la sesión sobre Impunidad y Crímenes contra la Humanidad en América Latina, de 1989 a 1991. Publicó además tres libros relatando casos de impunidad en Colombia. En 1994 recibió el Premio Internacional, Asociación de Derechos Humanos de España. En 1997 recibió el Premio John Humphrey a la Libertad, en reconocimiento por su lucha en pro de los derechos humanos. En 2004 recibió el III Premio Juan María Bandrés a la Defensa del Derecho de Asilo otorgado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado CEAR y la Fundación CEAR.

Fue muy crítico de los acuerdos de paz redactados en la Ley de Justicia y Paz, probando en varias ocasiones el vínculo entre las organizaciones paramilitares, las fuerzas armadas y el Gobierno colombiano. Ha sido un acérrimo defensor de los líderes populares de regiones periféricas colombianas como los municipios de Cajamarca en El Tolima y Marmarto en Caldas, y las poblaciones aledañas a la Represa del Quimbo en el Huila y al Páramo de Santurbán (Santander) y el puerto de Buenaventura en el Valle del Cauca.

Fue exiliado en Estados Unidos y Holanda. Fue miembro de la Comisión Histórica sobre el origen del Conflicto y sus Víctimas (CHCV), por parte de la Mesa de Conversaciones de la Habana. 

Fallecimiento

El sacerdote falleció a los 82 años de edad a raíz de una caída accidental ocurrida el lunes 17 de agosto. Fue remitido de urgencias al Hospital San Ignacio en Bogotá donde murió hoy martes 25 de agosto de 2026

Obras

La reivindicación urbana (1987). Centro de Investigación y Educación Popular

Colombia The Genocidal Democracy (1996). 

Búsqueda de verdad y justicia: seis experiencias en posconflicto (2004). Centro de Investigación y Educación Popular

Derechos humanos y cristianismo: Trasfondos de un conflicto (2008) 

Fusil o toga: toga y fusil. (2010).

Con Iván Cepeda Víctor Carranza, Alias el Patrón. (2012). Bogotá Penguin Random House Grupo Editorial Colombia. (Wikipedia)

“Sus primeros años como sacerdote transcurrieron en barrios populares de Bogotá. Allí lo marcó el pensamiento de Camilo Torres Restrepo, el sacerdote al que la prensa bautizó como el «cura guerrillero» y que había muerto en combate en 1966. A diferencia de Torres, Giraldo optó por la vía civil y encontró en la Teología de la Liberación su forma de compromiso social” escribió Telesur al conocer la noticia.

El padre Giraldo fue un referente nacional e internacional en la defensa de los derechos humanos y los desvalidos, durante décadas se convirtió en la voz de los campesinos y desplazados, hizo notables denuncias sobre la participación de agentes del Estado en contubernio con organizaciones al margen de la ley en el asesinato, desaparición y tortura de colombianos.

Durante años se convirtió en defensor de la Comunidad de Paz en el corregimiento de San José de Apartadó, en el municipio del mismo nombre.

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La cita fue la víspera en el Parque de los Encuentros de Apartadó, en una tarde bajo un cielo cuya espesa oscuridad apenas si era interrumpida momentáneamente por los fuertes rayos que alertaban sobre la lluvia y el acoso del invierno que azota la región.

Estos presagios no fueron excusa para que el diálogo y los asomos de paz no se encontraran en medio del calor que brinda la camaradería.

La idea era sentar a contrarios para que hablaran de sus experiencias y se reforzaran los vínculos de paz, de reconciliación y seguir construyendo un nuevo país en medio de la diferencia. Allí estaban sentados líderes y lideresas sociales, firmantes de paz de diferentes bandos, todos arropados por una misma bandera. La esquiva paz.

El encuentro fue convocado por la Agencia para la Reconciliación y la Normalización (ARN) que en Urabá y sur del Chocó lidera Aurora Pulgarín Arcila.

“Jornada de Diálogo e Intercambio Participativo para la Construcción de Paz” se llamó la convocatoria.

En el primer escenario la directora de la ARN en la región, hizo breve repaso por las más importantes acciones desplegadas durante su gestión.

Se conoció por ejemplo que, en 15 municipios de Urabá y Chocó, reciben atención 667 personas reincorporadas de las extintas FARC y 161 de las AUC, que en la actualidad funcionan cuatro Espacios Territoriales de Capacitación y Reintegración (ETCR), Uno en Dabeiba, dos en Mutatá y otro en Riosucio (Brisas Caracolí).

De esta población, 300 de ellos ya son bachilleres y en los próximos días 101 familias de Dabeiba recibirán sus soluciones habitacionales, otros participan de proyectos productivos, de asistencia psicosocial y de diferentes actividades colectivas e individuales.

Hablan las mujeres

En el segundo escenario, varias mujeres dialogan sobre sus experiencias, algunas de ellas firmantes de paz; allí estuvieron, Marinelle Hernández, firmante de paz en Dabeiba, Adriana Flores, firmante de paz de Brisas Caracolí en Riosucio (Chocó) y la lideresa, Olga Rosa Úsuga, consejera de paz de Apartadó, en un diálogo dinamizado por Marcela Daza.

Hablaron de la confianza, la reconciliación y el compromiso de todos para avanzar en la construcción de paz, insistieron en la esperanza, la resiliencia, la defensa de las víctimas y de los derechos humanos.

Para ellas es importante la juntanza, volver a los territorios, compartir con las comunidades, con mujeres, involucrarse en proyectos productivos, superar las barreras.

Recuerdan que al comienzo las comunidades les tenían desconfianza, pero que poco a poco los fueron acogiendo, advierten la importancia de participar y liderar procesos, a dar la lucha en lo político y lo social, que para ellas la motivación ha sido importante.

Estas mujeres consideran lo valioso que es la confianza entre las comunidades, la cual se logra compartiendo a través del diálogo, concluyeron en la importancia de fortalecer los consejos comunitarios, las cooperativas, para seguir persiguiendo la paz, ya que esta no se puede quedar escrita en un papel.

Diálogo entre improbables

En un tercer escenario y bajo el sugestivo nombre de Diálogo entre Improbables, se sentaron dirigentes quienes en otros tiempos fueron enemigos, contradictores ideológicamente hablando, incluso enfrentados con las armas.

Allí estaban sentados, Esneda López Vélez, sobreviviente del exterminio de la UP y vocera de la Asociación de Usuarios Campesinos de Apartadó, el exalcalde de Apartadó y antiguo militante del Ejército Popular de Liberación (EPL), Teodoro Manuel Díaz Lobo, William Andrés Capera Vargas, compareciente ante la JEP y Arquímedes Rodríguez, firmante de paz.

Para quienes estuvieron alzados en armas, tres de los panelistas, a excepción de la dirigente Esneda López Vèlez, lo más importante es seguir cumpliendo con la palabra empeñada, resaltan la experiencia con las comunidades, muy gratificante. Agregan.

El señor Capera Vargas dijo que es muy importante el reconocimiento y la aceptación del daño causado en el conflicto, mientras que Teodoro Manuel Díaz Lobo, dijo que desde los campamentos se decía que saldrían hacer política y que en ese orden de ideas fue concejal de Turbo y alcalde de Apartadó, ya hace 36 años que volvió a la vida civil, tiempo que lleva intentando hacer la paz. Dijo.

Por su parte Arquímedes Rodríguez, manifestó que sigue apostando a la construcción de un nuevo país, que el desconocimiento del Acuerdo Final de Paz, lleva a la estigmatización, que un alto porcentaje del mismo está dirigido al beneficio de las comunidades y un 10% para los firmantes.

Estigmatización

Justamente para evitar esa estigmatización debe haber un enorme compromiso del gobierno nacional, la institucionalidad y hacer mucha pedagogía, argumentó.

Finalmente la señora Esneda López Vélez dijo que para ella ha sido muy importante volver al territorio, recorrer los barrios y pueblos que antes no puso visitar, siempre agitando la bandera de la UP y que ha adelantado una fuerte lucha para lograr el reconocimiento de las víctimas del genocidio de la UP.

El acto fue cerrado con un espacio dedicado a la pedagogía de la no estigmatización, a cargo de Biana Holguín, profesional de relacionamiento de la ARN.

La invitación fue evitar el uso de etiquetas con las que se señala a varias personas como: “uribestias”, “zurdos”, “marimachos”, “guerrilleros”, “paracos”, entre otros.

“Estos son términos inadecuados, narrativas de criminalización o de supuestos privilegios que circulan en medios, reuniones y comunicaciones oficiales, que no dejan de ser procedimientos discriminatorios que exponen a las personas”

El acto contó con un amplio acompañamiento de la institucionalidad, la Defensoría del Pueblo, la academia, varias organizaciones sociales y medios de comunicación.

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Por honrosa designación del doctor Gustavo Petro Urrego, presidente de la República, mediante la Resolución 452 del 8 de noviembre de 2024, me desempeñé hasta este 31 de julio como representante del Gobierno Nacional en el Espacio de Conversación Socio Jurídico con las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto de Medellín y el Valle de Aburrá.

Me retiro, esencialmente, por el cambio de Gobierno nacional. El pueblo escogió una opción diferente al diálogo y a la conversación, y optó por regresar a modelos ya experimentados que, a mi juicio, no dieron los resultados esperados. No vale la pena revivir una discusión que ya fue dirimida en las urnas.

Negar que la Delegación de Paz en Medellín y el Valle de Aburrá obtuvo excelentes resultados solo admite dos explicaciones: o se trata de una actitud politiquera que privilegia el relato sobre el dato, o constituye una muestra de mezquindad frente a una realidad verificable. Llegará el día en que se reconozca la inmensa labor desarrollada.

Han desaparecido las llamadas fronteras invisibles, que durante años impidieron a niños y jóvenes asistir libremente a sus escuelas y colegios, y limitaron la posibilidad de que familiares y amigos compartieran espacios de encuentro y sano esparcimiento. Los horarios impuestos para ingresar o salir de muchos barrios hoy son cosa del pasado. En Medellín y el Valle de Aburrá se ha privilegiado la vida y se ha rechazado la muerte. Pasamos de una tasa de homicidios de 24,84 en 2018 a una tasa estimada de 10 al cierre de este año. Las campañas educativas y persuasivas adelantadas en el nororiente de Medellín contra el llamado tusi han sido encomiables; la ausencia del consumo de fentanilo en el Valle de Aburrá constituye otro logro importante de estas conversaciones; y la disminución de la extorsión en varios barrios de Medellín, así como el alejamiento de plazas de vicio de los entornos escolares, son resultados palpables.

Sobre la reducción de las muertes violentas, algunos dirán que esa tendencia ya había comenzado en 2019. Es cierto. Sin embargo, durante este proceso de paz urbana esa disminución se hizo mucho más pronunciada. Otros afirmarán que la labor de la Policía, las autoridades locales y la Fiscalía fue determinante para alcanzar esos resultados. Tampoco lo desconocemos. Por el contrario, reconocemos su aporte. Pero, con el mismo respeto y sinceridad, reclamamos para la Delegación y para el Gobierno nacional la parte importante que les correspondió en ese proceso.

¿Qué sigue? No lo sabemos. Las decisiones ahora están en manos del nuevo Gobierno. Ojalá la sabiduría les permita comprender que íbamos por un buen camino y que, en los señores recluidos en Itagüí, existe voluntad y disposición para avanzar hacia la paz. Regresar a la represión y a la bala solo traerá más muertes y más dolor.

Quiero agradecer al presidente Gustavo Petro por su apoyo y compromiso con la paz de Medellín y el Valle de Aburrá; a la senadora Isabel Cristina Zuleta, por su entrega, lealtad y respeto por la institucionalidad. Fue una luchadora incansable que jamás permitió que los diálogos sociojurídicos con las estructuras del crimen organizado se contaminaran con la politiquería. Igualmente, expreso mi gratitud a mis compañeros de Delegación: personas comprometidas, siempre dispuestas al trabajo, preparadas para afrontar este enorme desafío y leales, en todo momento, a la causa de la paz para nuestra región.

Quedan muchas enseñanzas y también muchos sinsabores. Desde distintos sectores se nos atacó, pero nunca lograron quebrantar nuestra voluntad. Confío en que la sabiduría y la prudencia orienten las decisiones de las nuevas autoridades nacionales, porque la paz siempre será un camino más difícil que la guerra, pero infinitamente más valioso.

NOTICULA: del proceso quedan múltiples lecciones y experiencias para futuros intentos de paz. A disposición quedan para quien quiera utilizarlas en construir paz, en salvar vidas.

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La reforma anunciada por Abelardo de la Espriella no elimina las obligaciones del Estado, pero puede debilitar las capacidades construidas durante décadas para negociar, implementar el Acuerdo Final y coordinar las políticas de construcción de paz.

Una reforma que cambia la manera de gobernar la paz

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció que modificará la estructura institucional mediante la cual el gobierno nacional ha conducido las negociaciones, coordinado la implementación del Acuerdo Final y articulado distintas políticas de construcción de paz. La reforma comenzaría después de su posesión y fue presentada como una estrategia para reducir la burocracia, disminuir el gasto público y concentrar la Presidencia en funciones de coordinación ejecutiva.

Entre las dependencias que serían suprimidas se encuentran la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, la Unidad de Implementación del Acuerdo Final, la Consejería Presidencial para la Reconciliación Nacional y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Sus competencias serían trasladadas a los ministerios del Interior, de Defensa y de Relaciones Exteriores. Al mismo tiempo, el nuevo gobierno crearía la figura del comisionado nacional de seguridad.

De la Espriella ha dicho que la reforma permitirá eliminar inicialmente 229 cargos y evitar duplicidades administrativas. También ha acompañado el anuncio de duras críticas a la política de paz del gobierno saliente, al Acuerdo Final firmado con las FARC y a la Jurisdicción Especial para la Paz. Estas declaraciones muestran que la reforma rebasa el propósito de ahorrar recursos: busca cambiar la orientación desde la que el Estado abordará la paz.

Todo presidente tiene derecho a reorganizar la administración, revisar sus costos y corregir problemas de coordinación. Ninguna estructura institucional debe conservarse por el mero hecho de haber existido durante varios años. Sin embargo, eliminar organizaciones o trasladar sus funciones conlleva consecuencias que van mucho más allá de la mera reducción de cargos. Con las oficinas también pueden desaparecer conocimientos, equipos especializados, relaciones territoriales, mecanismos de coordinación y capacidades estatales construidas durante décadas.

Por eso la reforma anunciada representa un riesgo de retroceso institucional. No significa que desaparecerá toda la arquitectura encargada de atender el posconflicto ni que el Estado dejará automáticamente de cumplir sus obligaciones. Pero sí puede desarticular el centro encargado de orientar la política de paz y de conectar las negociaciones, la implementación del Acuerdo Final, la reincorporación, los derechos humanos y las intervenciones territoriales.

Una institucionalidad construida durante décadas

La institucionalidad de paz en Colombia no comenzó con el gobierno de Gustavo Petro ni fue creada exclusivamente para desarrollar la política de paz total. Es el resultado de un proceso de construcción estatal que lleva más de cuatro décadas. Cada negociación, acuerdo e intento de resolución del conflicto dejó aprendizajes, normas, organizaciones y equipos especializados que los gobiernos posteriores recibieron, modificaron y utilizaron.

Durante la década de 1980, el Estado comenzó a crear comisiones y consejerías encargadas de promover acercamientos con las organizaciones guerrilleras. En 1994 se consolidó la figura del Alto Comisionado para la Paz, que desde entonces ha funcionado como el principal canal presidencial para explorar conversaciones, conducir negociaciones y asesorar al Gobierno en la formulación y ejecución de políticas relacionadas con la terminación del conflicto armado.

Esta oficina participó, bajo diferentes nombres y con distintos arreglos administrativos, en los procesos desarrollados por los gobiernos de Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro. Sus orientaciones cambiaron según las prioridades de cada mandatario, pero su cercanía con el presidente de la República permitió mantener un canal especializado para gestionar negociaciones, acuerdos humanitarios y políticas de paz.

El Acuerdo Final firmado con las FARC en 2016 amplió considerablemente esta arquitectura. Además de una oficina capaz de conducir negociaciones, el Estado necesitaba entidades que convirtieran los compromisos pactados en políticas, programas, presupuestos y acciones territoriales. Se consolidó así una estructura más compleja para atender la reforma rural, los territorios afectados por el conflicto, las víctimas, la reincorporación y la justicia transicional.

Dentro de esta división del trabajo, la Agencia de Renovación del Territorio asumió la coordinación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. La Agencia para la Reincorporación y la Normalización quedó encargada de acompañar a quienes dejaron las armas, mientras la Unidad para las Víctimas continuó desarrollando las políticas de atención y reparación. Otras entidades asumieron responsabilidades relacionadas con la reforma rural, la sustitución de cultivos y la justicia transicional.

El 30 de diciembre de 2022 se creó, con su nombre y configuración actuales, la Unidad de Implementación del Acuerdo Final, que retomó las funciones ejercidas por dependencias anteriores. Su tarea consiste en formular directrices, coordinar entidades y dar seguimiento a los compromisos estatales. Aunque no ejecuta por sí misma la política de posconflicto, mantiene conectadas organizaciones de distintos sectores que, sin una dirección común, pueden actuar de manera fragmentada.

La Consejería para la Reconciliación Nacional y la Consejería para los Derechos Humanos cumplen funciones diferentes pero complementarias. La primera coordina iniciativas de convivencia, reconciliación y construcción de paz. La segunda asesora al Gobierno, articula entidades y mantiene relaciones con organismos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario. El trabajo de ambas trasciende las negociaciones con los grupos armados.

Esta arquitectura presenta problemas. En algunos momentos ha generado duplicidades, tensiones entre entidades, dificultades para intercambiar información y lentitud en la ejecución. También ha sufrido cambios frecuentes de nombre, ubicación y jerarquía. Estas deficiencias justifican una evaluación institucional rigurosa, pero no permiten concluir que las organizaciones sean inútiles ni que sus capacidades puedan trasladarse sin consecuencias.

Trasladar funciones no conserva capacidades

Una organización pública no es solamente el decreto que establece sus funciones ni la lista de cargos que integra su planta de personal. Comprende equipos especializados, conocimientos, archivos, procedimientos, experiencias acumuladas y relaciones con otras entidades. En asuntos de paz, incluye, además, vínculos de confianza con comunidades, víctimas, firmantes, organizaciones sociales, autoridades territoriales y actores internacionales.

Por esta razón, trasladar competencias de una dependencia a otra no garantiza que el Estado conserve la capacidad para cumplirlas. En el papel, un ministerio puede asumir la responsabilidad de coordinar una determinada política. En la práctica, deberá conformar equipos, asignar recursos, recuperar información, adaptar procedimientos y reconstruir relaciones que las oficinas eliminadas tardaron años en desarrollar.

También importa el lugar que una dependencia ocupa dentro del Estado. La cercanía del Comisionado de Paz con la Presidencia le otorga autoridad política para orientar las negociaciones y coordinar entidades de distintos sectores. Trasladar sus responsabilidades a un ministerio puede reducir su jerarquía y subordinar la política de paz a las prioridades de una cartera en particular.

Los ministerios del Interior, Defensa y Relaciones Exteriores cumplen funciones importantes para la construcción de paz, pero fueron creados para atender otras misiones. Interior se ocupa de la gobernabilidad, la participación y las relaciones políticas; Defensa dirige la seguridad y el uso legítimo de la fuerza, y la Cancillería conduce las relaciones internacionales. Ninguno fue diseñado para integrar por sí mismo todas las dimensiones de una política de paz.

El problema puede agravarse con la creación de un comisionado nacional de seguridad. La seguridad y la paz no son objetivos incompatibles. Las negociaciones necesitan garantías territoriales, protección de la población y capacidad estatal para hacer cumplir los acuerdos. Sin embargo, sustituir una instancia de paz por otra de seguridad puede subordinar la negociación, la reincorporación y la reconciliación a una orientación centrada en el control territorial y el uso de la fuerza.

La reforma planeada por De la Espriella dejaría en funcionamiento varias organizaciones ejecutoras, como la Agencia de Renovación del Territorio, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización y la Unidad para las Víctimas. Sin embargo, debilitaría el nodo presidencial encargado de coordinarlas y de conectarlas con el conjunto de compromisos estatales. La arquitectura conservaría varias de sus piezas, pero perdería parte de la dirección que les permite funcionar como un sistema.

Este riesgo resulta especialmente importante porque la implementación del Acuerdo Final está lejos de concluir. Los PDET requieren continuidad, la reincorporación enfrenta dificultades económicas y de seguridad, las víctimas continúan esperando respuestas, y numerosos compromisos rurales avanzan lentamente. A ello se suman los procesos de diálogo y sometimiento desarrollados durante el gobierno de Petro, algunos de los cuales han generado compromisos, zonas temporales de ubicación y obligaciones que deberá administrar el nuevo gobierno.

Lo que puede suprimir y lo que debe respetar

El presidente cuenta con un margen considerable para reorganizar las dependencias de la Presidencia. La Oficina del Consejero Comisionado de Paz, la Unidad de Implementación y las dos consejerías anunciadas forman parte del Departamento Administrativo de la Presidencia. Como su estructura ha sido modificada mediante decretos, el nuevo gobierno puede suprimirlas, fusionarlas o trasladar sus funciones, siempre que cumpla los requisitos legales, técnicos y presupuestales correspondientes.

Pero ese poder tiene límites. No toda la arquitectura de paz depende directamente de la Presidencia ni todas sus organizaciones pueden desaparecer mediante una decisión administrativa. Varias entidades tienen origen legal o fueron creadas mediante decretos con fuerza de ley, por lo que su modificación requiere procedimientos distintos. Otras cuentan con autonomía y no pertenecen a la rama ejecutiva.

El caso más claro es el Sistema Integral para la Paz y, en particular, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La JEP tiene fundamento constitucional y ejerce funciones judiciales de manera autónoma. El presidente puede criticar sus decisiones y promover reformas mediante los procedimientos establecidos, pero no puede eliminarla, alterar sus competencias ni modificar sus decisiones mediante un decreto presidencial.

El Gobierno tampoco puede desconocer las obligaciones derivadas del Acuerdo Final que fueron incorporadas a la Constitución, las leyes, los decretos y las decisiones judiciales. Tiene margen para definir prioridades, diseñar programas y organizar la administración, pero debe actuar dentro de ese marco jurídico. La desaparición de una oficina no elimina los compromisos relacionados con la reincorporación, las víctimas, el desarrollo territorial o las garantías de seguridad.

Sin embargo, la vigencia jurídica de una obligación no garantiza su cumplimiento. Un gobierno puede conservar una entidad y debilitarla mediante reducciones presupuestales, vacantes prolongadas, demoras reglamentarias, pérdida de personal especializado o falta de liderazgo. También puede dispersar las responsabilidades entre varias dependencias hasta dificultar la coordinación y hacer menos claro quién debe responder por los resultados.

El riesgo de una implementación por inercia

La experiencia del gobierno de Iván Duque mostró que un presidente puede modificar la orientación de la implementación sin desmontar su arquitectura institucional. Duque expresó numerosas objeciones al Acuerdo Final, promovió la política de Paz con Legalidad y objetó parcialmente la ley estatutaria de la JEP. La implementación continuó, pero perdió centralidad en la agenda gubernamental y varios de sus componentes avanzaron lentamente.

Durante esos años, la implementación arrojó resultados desiguales. Algunas obligaciones avanzaron, otras fueron reinterpretadas y varias quedaron rezagadas. Las entidades continuaron operando, pero no siempre contaron con la coordinación, los recursos o el respaldo presidencial necesarios para cumplir sus responsabilidades. La experiencia mostró que la continuidad formal de las instituciones no garantiza que los compromisos avancen con la misma intensidad.

Algo semejante podría ocurrir durante el nuevo gobierno, incluso con las organizaciones que De la Espriella no pueda o no quiera suprimir. El Ejecutivo dispone de instrumentos presupuestales, administrativos, reglamentarios y de nombramiento para acelerar o ralentizar las políticas. Puede cumplir formalmente las normas y, al mismo tiempo, reducir la capacidad efectiva del Estado para implementar el Acuerdo y atender los territorios afectados por el conflicto.

El riesgo aumenta porque el presidente electo ha rechazado las negociaciones adelantadas por el gobierno de Petro y ha cuestionado componentes centrales del Acuerdo Final con las FARC. Si esa posición se traduce en el retiro del respaldo presidencial, las conversaciones en curso podrían suspenderse y las instituciones responsables de la implementación seguirían operando por inercia, sin prioridades compartidas ni coordinación efectiva desde la Presidencia.

Colombia podría terminar con una arquitectura fragmentada: entidades que conservan competencias legales, programas que deben continuar, compromisos todavía vigentes y comunidades que esperan respuestas, pero sin una instancia con autoridad suficiente para integrar esos esfuerzos y exigir resultados. El desenlace no sería necesariamente la desaparición formal de la política de paz, sino su debilitamiento gradual en los ámbitos administrativos, presupuestales y territoriales.

Reformar sin destruir

La institucionalidad de paz debe evaluarse. Diez años después de la firma del Acuerdo Final, el país necesita revisar sus resultados, identificar duplicidades, corregir problemas de coordinación y exigir una mayor eficiencia en el uso de los recursos. Defender las capacidades construidas no significa conservar cada oficina, cargo o arreglo administrativo sin examinar su utilidad y el cumplimiento de sus funciones.

Pero esa evaluación debe comenzar por las funciones que el Estado debe cumplir y no por el número de cargos que se pretende eliminar. También debe explicar quién asumirá cada responsabilidad, con qué recursos, mediante qué mecanismos de coordinación y bajo qué sistema de rendición de cuentas. Hasta ahora, el anuncio del presidente electo ofrece cifras sobre la reducción de la planta, pero poca claridad sobre la preservación de las capacidades necesarias.

La paz no depende exclusivamente de una oficina presidencial. Necesita seguridad, justicia, inversión social, desarrollo rural, presencia territorial y coordinación entre numerosos sectores. Precisamente por esa complejidad, se requiere una arquitectura capaz de integrar las políticas y evitar que cada ministerio actúe por separado. Suprimir el centro de coordinación puede reducir algunos costos inmediatos, pero en el mediano plazo puede aumentar los costos institucionales, territoriales y políticos de la fragmentación.

Antes de desmontar una arquitectura institucional que tomó décadas en construirse, el país debería preguntarse qué capacidades estatales ha acumulado, cuáles funcionan, cuáles deben reformarse y cuáles sería un error perder. A la pregunta por cuánto cuesta la institucionalidad de la paz debe añadirse otra todavía más importante: ¿cuánto le costaría a Colombia quedarse sin capacidad para gobernar la paz?

*Profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Integrante de ISEGORÍA, plataforma digital de seguimiento al proceso de paz con el ELN. Contacto: german.valencia@udea.edu.co

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En su cuenta de la red social X, el jefe de Estado anunció que firmó el decreto que deja a un paso de la extradición de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias ‘Chiquito Malo’, en caso de ser capturado. Así mismo, se refirió a la captura del jefe del Clan del Golfo en Córdoba, alias ‘el Zarco’.

En su mensaje, el presidente aseguró que, pese a las intenciones del Gobierno por promover espacios de diálogo, además de beneficios a los grupos armados, los cabecillas de dichos grupos no habrían correspondido a la estrategia de paz total.

“Para lograr éxito en una negociación entre grupos armados organizados y el estado, siempre debe haber, antes que nada, sinceridad. Sinceridad no hubo. Yo no creo en guerras totales, mortuorias, no creo en la barbarie, creo en lo civilizado y humano, y lo humano es hablar y disminuir la muerte y el dolor de la sociedad», aseguró en la red social.

El jefe del Estado afirmó que “por eso, Danilo Rueda construyó el concepto de diálogos socio/jurídicos que implica una integración económica y social lícita del territorio en conflicto y en economía ilícita, un pacto social para que su población civil sea el poder real en el territorio y goce de bienestar social y un diálogo jurídico con la justicia para la dejación de toda violencia armada y su salida de la actividad ilícita».

De acuerdo con el mandatario, “este concepto funcionó parcialmente en el sur del país, la Fiscalía no nos ayudó, influenciada, hay que decirlo, por una línea construida desde el pasado por los EE. UU. que cree en la erradicación forzosa, hasta ahora fracasada según los datos. Los datos de mi gobierno muestran éxito en la línea propuesta que es pacífica: se trata de la erradicación voluntaria con sustitución de cultivos vista como una economía territorial y no individual».

En su mensaje, el presidente Petro dijo que “en el mundo de hoy nadie se salva individualmente, los graves problemas se superan a través de la fuerza de lo colectivo. La fuerza de la humanidad porque son los problemas de la humanidad. Gracias a los diálogos de paz y al liderazgo político y social que poseemos con el campesinado excluido de Colombia, hemos logrado éxitos y los datos lo demuestran que han sido entregados a la ONU que certifica y a EE. UU., para que la política, que iniciamos, se profundice».

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​​Los 99 miembros de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) ingresaron al acto protocolario despojados de sus armas y de sus uniformes de combate.​

​La tarde de este jueves, en zona rural del municipio de La Hormiga (Putumayo), 99 hombres y mujeres del grupo armado Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) iniciaron el proceso de “dejación y abandono” de las armas de fuego. La dejación de las armas es un paso fundamental para el ingreso del grupo a la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) del Valle del Guamuez.

“Con este paso histórico estas mujeres y hombres inician su tránsito a una vida civil plena, con el acompañamiento de las instituciones del Estado colombiano y el apoyo de las comunidades vecinas del territorio”, dice el comunicado leído por Gloria Arias, delegada del Gobierno nacional en la mesa de diálogos de paz con la Coordinadora.

En el mismo comunicado, Arias indicó que “la democracia se construye sin armas e implica una apuesta decidida por la vida, la naturaleza y la diversidad”.

La delegada enfatizó, además, que este “proceso de paz se hace irreversible”. 

Para sustentar la afirmación, Arias recordó que en octubre del 2025 el grupo armado entregó 15 toneladas de material de guerra para ser destruidas, lo cual se cumplió, pero también manifestó que hay “avances concretos” en la sustitución de cultivos de uso ilícito.

Asimismo, antes de ingresar al acto protocolario de la dejación de armas en La Hormiga, los 99 integrantes del grupo se despojaron de sus uniformes de combate y se vistieron con prendas de población civil, específicamente con pantalón de jean y camisetas blancas.

Durante el evento se destacó el acompañamiento al proceso de paz de países que ejercen como garantes y acompañantes internacionales, específicamente, Uruguay, Suiza, Noruega, Países Bajos y Venezuela. 

El proceso en esta ZUT, en el Valle del Guamuez, estará acompañado por un Mecanismo de Monitoreo y Verificación que cuenta con la participación de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA). Además, se vinculará la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).

La ZUT no es una zona de despeje

El acto de dejación y abandono de armas se realizó con la verificación de la MAPP-OEA y los países garantes.
La Delegación del Gobierno nacional en los diálogos de paz con la CNEB, a través de un comunicado, explicó que la ZUT en el Valle del Guamuez “no será una zona de despeje ni un espacio para la impunidad”. 

Agregó que las ZUT “son un instrumento para el tránsito al Estado Social de Derecho de integrantes de grupos armados ilegales”.

Esta ZUT tiene una extensión de 6 hectáreas y cumple con las reglas establecidas en la ley, lo que incluye su delimitación geográfica y no se encuentra en un área urbana.

La autorización para el ingreso de los 99 miembros de la CNEB a esta ZUT se estableció mediante el Decreto 0603 del 13 de junio de 2026, firmado por el Presidente Gustavo Petro. 

“La autorización presidencial para el ingreso de 99 integrantes de la CNEB se produce luego de los avances significativos en el desescalamiento de las violencias en los departamentos de Putumayo y Nariño”, dice la Delegación en su comunicado.

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El presidente Gustavo Petro reiteró su llamado a construir una nueva relación entre Estados Unidos, América Latina y el Caribe basada en el diálogo, el respeto mutuo y la cooperación entre naciones soberanas, en medio de las discusiones internacionales sobre la paz en Medio Oriente.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario expresó su respaldo a los esfuerzos diplomáticos encaminados a reducir las tensiones entre Estados Unidos e Irán y aseguró que Colombia contribuirá desde los espacios multilaterales a la búsqueda de soluciones pacíficas.

“Colombia hoy está en la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y aportará todo lo que esté a su alcance para apoyar el esfuerzo de paz entre EE. UU. y la República Islámica Irán», afirmó.

El jefe de Estado agradeció al presidente Donald Trump por las gestiones orientadas a alcanzar acuerdos de paz, aunque reiteró sus diferencias frente a declaraciones relacionadas con la política interna colombiana.

“A pesar de mi distancia por su intervención inconstitucional en la política interna de Colombia, le agradezco al presidente Donald Trump su esfuerzo cuando se trata de la paz de la humanidad», señaló.

Sostuvo que una eventual reducción de las tensiones en Medio Oriente podría abrir la puerta a procesos más amplios de cooperación internacional, incluyendo el desescalamiento militar y la posibilidad futura de avanzar hacia acuerdos globales de eliminación de armas nucleares.

En ese contexto, el mandatario insistió en la necesidad de fortalecer el diálogo hemisférico y propuso construir una agenda común entre Estados Unidos, América Latina y el Caribe alrededor de la democracia, la integración energética y la transición hacia energías limpias.

“Hace falta un esfuerzo multilateral de diálogo entre EE. UU. y América Latina y el Caribe en la perspectiva de cimentar la libertad y la democracia», expresó.

Como eje central de su planteamiento, el presidente defendió la construcción de “un pacto entre iguales y reconociendo nuestra diversidad que haga de las Américas el espacio de libertad, paz y de resolución acordada de todos los problemas que tenemos».

El mandatario concluyó que el fortalecimiento de la cooperación regional debe orientarse a consolidar una América más integrada, diversa y libre, con el propósito de “cuidar y expandir la vida en nuestro continente».

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Insistió en que todos estos procesos son legítimos y se hacen ante veedurías internacionales de gobiernos de España, Suiza, Noruega, Brasil y Venezuela “para que no digan que estamos pactando con bandidos delitos’, por lo que aclaró que “toda reunión se hace bajo la mirada internacional de estas organizaciones y otras no gubernamentales, incluida la iglesia católica, incluidos miembros de la oposición, porque no quiero ocultar nada como sí se hizo atrás en el pasado’.

En este sentido, mandatario enfatizó que “mantengo mi palabra de que dialogar es mejor que matar siempre y Colombia debe entender esa dificultad, pero no se puede cansar en su historia por delante de que dialogar siempre es mejor que matar, porque llevamos dos siglos matándonos entre generaciones enteras entre nosotros’.

Por esta razón, consideró que “hay que insistir en la paz siempre: hombres y mujeres de paz, tercos, tercos y retercos, porque al fin la conquistaremos. Es así, con terquedad, como se consigue la paz’ y salió al paso de quienes solo ven la salida violenta en el país: “Es muy fácil hablar de disparos y mandar a otros a hacerlos, es muy fácil llenarse las palabras de violencia y grosería, pero vaya y póngalos en los campos de batalla y verán que salen corriendo de una’, dijo.

Reconoció las dificultades que se han presentado en la búsqueda de la paz, pero advirtió que los procesos que no están vigentes no han sido por decisión del Gobierno, sino “de quienes prefieren ser ejércitos o grupos armados del narcotráfico’.

Avances en el sur del país

En su intervención, el presidente Petro puso como ejemplo los avances que se han logrado en los procesos que se adelantan en el sur del país y si bien reconoció que aún falta mucho por hacer, un resultado tangible es que “cayó la tasa de homicidios’.

Al referirse al tema de las zonas de concentración, que se están pactando con los grupos armados ilegales, el mandatario recordó que “son legales y el presidente las ordena, no la fiscal, y aquí se respeta la Constitución sino el pueblo las hace respetar’.

Comentó que otro de los avances son las 39.000 hectáreas de sustitución voluntaria de cultivos de hoja de coca, resultados que, según advirtió, “los norteamericanos no creían que eso era posible’ y comentó que “le mostré los videos al presidente Donald Trump personalmente, él los vio’ de cómo la población negra, afro del Litoral Pacífico en el sur y del Putumayo, erradicaban las plantas.

“Pueden llegar a 49.000′, dijo al comentar que eso puede ser posible “si los acuerdos en el nordeste antioqueño hechos sobre organizaciones del Caribe, no de Antioquia, logran concretarse y eso en mi Gobierno, antes de irme’.

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Este primero de mayo tuvo una connotación particular: los sindicatos organizadores invitaron al presidente Gustavo Petro a Medellín, al senador Iván Cepeda a Bogotá y a la lideresa indígena Aida Quilcué a Cali. Fue un despliegue de color, alegría y compromiso, además de un importante golpe de opinión de los trabajadores sindicalizados. Negar que las marchas fueron masivas es, sencillamente, una torpeza de marca mayor.

Intentar minimizar el evento con el argumento de que la gente fue transportada desde barrios y poblados es otra tontería. La multitud no habita en los alrededores de los lugares de concentración y, en todo caso, solo los estratos 4, 5 y 6 pueden movilizarse en vehículos propios, un público que, por lo general, no participa de las marchas del 1° de mayo. Los trabajadores, naturalmente, deben ser trasladados desde las barriadas populares y los municipios cercanos. Sostener que asistieron por un almuerzo o un jugo es, además, un menosprecio al pueblo laborioso. Si desde las 9:30 de la mañana se convoca a una manifestación, es apenas lógico que la dirigencia obrera ofrezca a sus afiliados un almuerzo o un refrigerio al mediodía. Son argumentos carentes de lógica, utilizados con el único propósito de desacreditar lo que fue, a todas luces, una movilización multitudinaria.

Presencié la marcha y la concentración realizadas en Medellín. Fue una de las más numerosas que he visto, y además estuvo marcada por la alegría y el respeto. No hubo hechos de violencia: ni de los participantes hacia los observadores, ni de los observadores hacia los marchantes. Una prueba fehaciente de que es posible participar en este tipo de eventos con serenidad y en paz.

Me llamó poderosamente la atención el clamor de los presentes por la reanudación y concreción de la Paz Urbana. Abundaron las pancartas y consignas de apoyo a los diálogos que se adelantan en Medellín y el Valle de Aburrá con estructuras del crimen organizado. Van quedando cada vez más claras las dos ciudades que conviven dentro de Medellín: de un lado, los sectores económicamente solventes que reclaman bala y cárcel como mecanismos para alcanzar la paz, un método que lleva más de cincuenta años sin resultados tangibles; y del otro, la ciudad que sufre la violencia en carne propia y que reclama la paz a través del diálogo.

Nuestra clase dirigente no ha logrado percibir que este es, precisamente, el punto de inflexión que viene impulsando un cambio ideológico en una ciudad que ha padecido la violencia como pocas, y que hoy anhela la paz. Una ciudad que, además, ha visto cómo los homicidios se han reducido de manera significativa en la región, en buena medida como resultado de las conversaciones con los voceros de esas estructuras. Ojalá sepamos comprender esta lección a tiempo.

Un reconocimiento a la dirigencia sindical y política por la organización, el comportamiento, la alegría y el colorido de las marchas de este primero de mayo.

NOTÍCULA. Compartí con Jaime Henríquez Gallo lista a Congreso y fui su compañero en el Directorio Liberal de Antioquia, ya desaparecido. Su muerte me duele y la lamento. Paz en su tumba y resignación a los suyos.

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Desde el Magdalena Medio les envió un mensaje directo a las organizaciones criminales que aún persisten en la violencia, señalando que la verdadera seguridad nacional se fundamenta en la vida y la justicia social, y no en la perpetuación de la muerte que ha marcado a la región por décadas.

El jefe de Estado enfatizó que la paz depende de resarcir al campesinado y garantizar que no se repitan las tragedias del pasado, cuando grupos paramilitares y narcotraficantes como los del cartel de Medellín y Rodríguez Gacha desplazaron a miles de campesinos.

El mandatario fue enfático al señalar que el camino de las armas es un anacronismo que solo deja dolor, invitando a quienes aún permanecen en la ilegalidad a transitar hacia la producción lícita y el trabajo digno en las tierras fértiles que hoy recupera el Estado.

Sobre este llamado a la desmovilización y el cese de hostilidades, dijo: “A quienes todavía portan fusiles por ahí, les digo, aquí está la salida. Dejen de agarrarse con troncos, nos mandan misilazos y no es bueno. Podemos es trabajar en paz y que no tengan riesgo nuestros hijos y nuestras hijas, como no pudieron decir las madres que aquí han hablado, no tengan riesgos de morir por la mano de otro o de otra, sino que el homicidio y la violencia desaparezcan en Colombia y nos podamos morir de viejos, criando a los nietos, para que esos nietos puedan tener esperanza en vivir en el país más hermoso de la tierra”.

El mandatario también vinculó la lucha por la tierra con la soberanía alimentaria, advirtiendo que la ocupación ilegal de predios por parte de «narcos y corruptos» debe terminar de inmediato.  Insistió en que la entrega de miles de hectáreas es una herramienta para reducir el hambre y la inflación, permitiendo que el campesinado sea el dueño de la agroindustria y la tecnología, alejando a la juventud de la necesidad de migrar o de caer en las filas de la criminalidad.

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