Colombia vive uno de los momentos de mayor polarización política de las últimas décadas. La diferencia de ideas ha ido cediendo espacio a un lenguaje de hostilidad que se multiplica en las redes sociales y termina contaminando la conversación pública. Cada vez aparecen más mensajes en las red s sociales que presentan al contradictor como alguien que merece ser silenciado o eliminado. Esa tendencia constituye una señal de alarma que ningún demócrata debería ignorar.

Las grandes tragedias humanas por razones ideológicas o políticas tampoco nacen de un día para otro. Los genocidios, las persecuciones sistemáticas, las desapariciones forzadas, las limpiezas políticas y otras formas de exterminio colectivo suelen incubarse en las palabras, en los prejuicios y en la pérdida de la capacidad de reconocer la humanidad del otro. Todo empieza cuando el adversario deja de ser un ciudadano con derechos y pasa a ser presentado como un enemigo o una amenaza. Ese cambio de lenguaje degrada la convivencia y prepara el terreno para una violencia que termina pareciendo aceptable para una parte de la sociedad.

En ese ambiente, estudiantes, campesinos, sindicalistas, periodistas, líderes sociales y ciudadanos críticos empiezan a ser señalados como si representaran un peligro para el país. Pensar diferente deja de verse como un derecho propio de la democracia. Para algunos, se convierte en un motivo de persecución. Ningún proyecto político merece semejante degradación de la convivencia.

La historia ofrece suficientes advertencias. Las persecuciones masivas y los exterminios fueron precedidos por campañas de estigmatización. Antes de las víctimas llegaron las etiquetas. Antes de la violencia aparecieron discursos que convencieron a muchos de que ciertas vidas valían menos que otras. Esa ha sido la ruta de algunas de las mayores tragedias de la humanidad.

Por esa razón, el primer deber de un gobernante consiste en proteger la vida y la dignidad de todos los ciudadanos. También de quienes cuestionan sus decisiones o defienden un proyecto político diferente. Gobernar exige moderar el lenguaje público, promover el respeto y garantizar que nadie sea convertido en blanco del odio por razones ideológicas. La autoridad tiene la obligación de unir a la nación y de cuidar la vida de todos por igual.

La responsabilidad también recae sobre quienes influyen en la opinión pública. Dirigentes políticos, periodistas, comunicadores, influenciadores, docentes y líderes sociales moldean la forma como una sociedad interpreta sus diferencias. Cada palabra puede acercar a los ciudadanos o profundizar la fractura. La libertad de expresión alcanza su mayor valor cuando fortalece el debate y rechaza toda forma de deshumanización.

La ciudadanía tampoco puede permanecer indiferente. Compartir mensajes que celebran la persecución del contradictor, justificar amenazas o guardar silencio frente a llamados de exterminio significa alimentar una espiral que tarde o temprano termina alcanzando a toda la sociedad. El odio nunca permanece encerrado en un solo sector. Siempre encuentra nuevos destinatarios.

Todavía estamos a tiempo de impedir que la polarización desemboque en una dolorosa tragedia humana. Estamos a tiempo de convertir la diferencia en una oportunidad para aprender, corregir y construir acuerdos. La democracia no exige que todos pensemos igual. Exige que todos podamos vivir, participar y expresar nuestras ideas sin miedo.

Ese debe ser el compromiso de Colombia. Construir un país donde todos tengamos un lugar, sin distinción de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, como lo establece el artículo 13 de la Constitución Política. Ese mandato no representa solo una norma jurídica. Constituye un horizonte ético para la nación. Cuando entendamos que la diferencia enriquece y que la dignidad humana no depende de la ideología, habremos dado el paso más importante para legar a las próximas generaciones un país donde quepamos todos.

Aprendamos a vivir armoniosamente en la diferencia, porque ningún proyecto político vale más que la vida y la dignidad de un ser humano.

*Académico-Analista/ Profesor de Ingeniería Química de la UdeA.

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El próximo 21 de junio, millones de colombianos acudirán a las urnas para decidir el rumbo del país. Entre ellos habrá ciudadanos que votarán impulsados por propuestas, principios y proyectos de futuro. Otros llegarán motivados principalmente por el rechazo hacia una persona, un movimiento político o una amenaza que perciben como inminente.

Votar únicamente en contra de alguien, o de etiquetas ideológicas convertidas en consignas de campaña, difícilmente constituye una decisión racional. Cuando la emoción sustituye al análisis y el rechazo reemplaza a los argumentos, el voto pierde parte de su capacidad transformadora y se convierte en una simple reacción. La democracia necesita ciudadanos que evalúen alternativas, no ciudadanos que respondan mecánicamente a sus temores o resentimientos.

Quienes votan en contra del proyecto de cambio movidos por una profunda animadversión hacia Gustavo Petro suelen pasar por alto una realidad elemental. La vida personal y política de un dirigente no se ve afectada por el resentimiento de sus opositores. En cambio, las decisiones electorales sí tienen consecuencias directas sobre la vida de quienes las toman y de las generaciones que vendrán. Cada voto influye en las oportunidades de empleo, el acceso a derechos, la distribución de la riqueza, la calidad de los servicios públicos y las condiciones de bienestar de millones de personas. Por eso, más que preguntarnos a quién queremos castigar, resulta necesario preguntarnos qué país queremos construir y qué decisiones contribuyen realmente al futuro que deseamos para Colombia.

Es comprensible que quienes han disfrutado históricamente de posiciones privilegiadas procuren preservar sus intereses. Esa conducta responde a una lógica de conservación del poder que ha estado presente en todas las sociedades. Lo que merece una reflexión más profunda es que amplios sectores populares terminen respaldando decisiones que pueden afectar sus propias posibilidades de progreso, aun cuando los beneficios obtenidos o esperados tengan un impacto directo sobre sus familias y comunidades.

Si el voto implica renunciar a avances que favorecen el acceso a la educación superior, la distribución de tierras, la protección de los ingresos laborales o la seguridad económica durante la vejez, la decisión merece un examen cuidadoso. Ningún ciudadano debería votar movido exclusivamente por la aversión hacia una persona, y menos en contra de sus propios intereses. La democracia exige comprender qué se gana, qué se pierde y quiénes resultan beneficiados con cada elección.

El odio es un mal consejero porque simplifica problemas complejos y reduce la política a una confrontación emocional. Cuando la rabia domina el juicio, las propuestas dejan de ser importantes, los programas pasan a un segundo plano y las consecuencias futuras se vuelven invisibles. En esas circunstancias, la capacidad de decidir libremente se debilita y el ciudadano corre el riesgo de actuar guiado por emociones que otros han sabido estimular con habilidad.

Existe una diferencia profunda entre el voto crítico y el voto de odio. El voto crítico surge de la reflexión, del análisis de resultados, de la comparación de propuestas y de la convicción de que existe una mejor alternativa. El voto de odio nace del rechazo visceral y convierte la política en un ejercicio de negación más que de construcción.

Por eso, antes de depositar el voto, vale la pena preguntarse si la decisión responde a una visión de país o simplemente a una emoción pasajera. En esa respuesta se juega mucho más que el destino de un gobernante. Se juega el futuro de nuestras familias, de nuestras comunidades y de Colombia.

Vota por quien consideres mejor. Vota por tus convicciones. Vota por las propuestas que juzgues más convenientes para el país. Hazlo con información, con criterio y con plena conciencia de las consecuencias de tu decisión.

Vota con la razón y con la esperanza. La democracia no alcanza su grandeza cuando destruye adversarios. La alcanza cuando los ciudadanos son capaces de pensar en el bien común y de construir juntos el país que desean legar a las próximas generaciones.

*Académico-Analista/ Profesor de Ingeniería Química de la UdeA.

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Para el mandatario es evidente que “nadie cuerdo puede decir que ante un déficit no se debe obtener más recursos de una economía que está boyante y de unos megarricos que han duplicado sus utilidades gracias al encarecimiento de la deuda pública: un verdadero mecanismo, construido por el Banco de la República, para transferir decenas de billones de pesos de la sociedad a los megarricos’.

En su post, el presidente Petro explicó que “solo se necesitaba que una parte de esas utilidades se devolvieran a la nación no más, pero el egoísmo social es tan grande que no quieren perder un peso de su riqueza’.

“Si la crisis no la pagan los ricos la pagarán los pobres”, alertó el mandatario, quien enfatizó: “Mientras nosotros seamos gobierno no dejaremos que la paguen los pobres, punto. Las consecuencias imprevisibles comienzan a verse desde el día de hoy’.

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