Durante la intervención, las autoridades incautaron 816 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 120 kilogramos de pasta base de coca, además de insumos y elementos empleados en el procesamiento del alcaloide. Este resultado representa un importante golpe a las redes del narcotráfico que operan en esta región estratégica del país.

La afectación económica derivada de esta operación supera los 4.160 millones de pesos, debilitando de manera significativa las fuentes de financiación ilegal utilizadas por esta organización para sostener actividades criminales y acciones violentas contra la población y la Fuerza Pública.

Este resultado tiene además un alcance que trasciende las fronteras nacionales. La incautación de más de 900 kilogramos de sustancias ilícitas evita que grandes cantidades de droga lleguen a mercados internacionales, contribuyendo a los esfuerzos globales para combatir las cadenas transnacionales del narcotráfico y sus impactos sobre la seguridad, la salud pública y la estabilidad de las naciones.

“En el lugar se incautaron 816 kg de clorhidrato de cocaína y 120 kg de pasta base de coca junto a elementos empleados para el ilícito, generando una afectación económica de más de 4.160 millones de pesos a las economías ilícitas. Con este resultado se frena el financiamiento de acciones terroristas contra la Fuerza Pública y se protege la seguridad del país”.

El Gobierno nacional destacó la labor articulada entre el Ejército Nacional y la Policía Nacional, así como el compromiso permanente de la Fuerza Pública en la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales que amenazan la tranquilidad de los colombianos. Estas acciones fortalecen la seguridad en los territorios y ratifican el compromiso de Colombia con los esfuerzos internacionales para enfrentar de manera integral el crimen organizado transnacional.

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Así lo informó el ministerio de Defensa, el cual indicó que, con esta operación, la Armada Nacional evitó el ingreso de 9,4 millones de dólares a las redes del narcotráfico transnacional.

En el informe, se indicó que “las unidades de Guardacostas lograron la incautación de 212 kilogramos de clorhidrato de cocaína que eran transportados en una embarcación en el Pacífico Norte».

“El contundente resultado se dio en Bahía Solano tras la interdicción de una lancha tipo langostera tripulada por tres colombianos. Con apoyo de Inteligencia Naval y un patrullero marítimo de EE. UU. Las autoridades hallaron 210 paquetes con el alcaloide ocultos bajo la modalidad de doble fondo», anotó el informe.

Según se dijo, “esta acción saca del mercado ilegal más de 532 mil dosis de estupefacientes, golpeando con fuerza las finanzas de las organizaciones criminales».

De otro lado, en una operación de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), fue capturado en Medellín alias ‘Mono’ y notificó con fines de extradición a alias ‘Menor’, requeridos por Estados Unidos por concierto para delinquir, conspiración para distribuir cocaína y tráfico internacional de estupefacientes.

La información de las autoridades indicó que alias ‘Menor’ era el cabecilla del grupo delincuencial Los Chivos, mientras que alias ‘Mono’ administraba las finanzas y coordinaba las operaciones de narcotráfico de esta estructura.

“Ambos eran enlaces directos con organizaciones criminales de México, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana y Estados Unidos», anotó el informe.

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De acuerdo con la entidad, como resultado de las acciones militares fueron inhabilitadas siete infraestructuras: Cinco para el procesamiento de pasta a base de coca y dos para el procesamiento de ácido clorhídrico.

Asimismo, se incautaron 8.075 galones de gasolina, 50 galones de aceite combustible para motores ACPM, 135 kilogramos de sustancia sólida, 2 pesas tipo reloj, 3 escurrideros, 1.350 galones de ácido clorhídrico.

Según la información obtenida durante el desarrollo de la operación, este sistema de producción presuntamente pertenecería a infraestructuras GAO Bloque Occidental Alfonso Cano de las Farc, aspecto que será objeto de verificación por parte de las autoridades competentes, conforme a los procedimientos establecidos en la ley.

Finalmente, la FAC afirmó que, con este tipo de operaciones, en coordinación con las autoridades competentes, continúa debilitando las economías ilícitas que financian las organizaciones armadas ilegales, afectando su capacidad logística y operacional, al tiempo que reafirma su compromiso con la seguridad, la estabilidad y la protección de los habitantes del suroccidente colombiano.

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​En una operación conjunta entre las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA), fueron incautadas cerca de dos toneladas de cocaína en el departamento de Nariño, en el suroccidente del país, afectando significativamente las redes de producción y tráfico internacional de estupefacientes.

La acción fue liderada por el Comando contra el Narcotráfico y las Amenazas Transnacionales (Conat), con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), en una muestra de cooperación internacional que permitió ubicar y desmantelar un complejo cocalero de gran escala.

El operativo se adelantó en la vereda Trejos, en zona rural del municipio de Mosquera, donde las autoridades localizaron un laboratorio conformado por seis estructuras, con capacidad para producir hasta dos toneladas mensuales de clorhidrato de cocaína. En el lugar fueron incautados 1.710 kilogramos de esta sustancia, así como cerca de 700 galones de cocaína en suspensión y maquinaria utilizada en su procesamiento.

De acuerdo con información de inteligencia militar y judicial, el laboratorio pertenecería a una organización criminal de carácter transnacional que operaba bajo esquemas de tercerización ilegal, en articulación con el grupo armado organizado residual GAO-r, bloque Jacobo Arenas, evidenciando la complejidad de las economías ilícitas que afectan la seguridad regional.

Las investigaciones permitieron establecer que la droga era movilizada por vía terrestre desde municipios como Ricaurte y San Lorenzo hacia la provincia de Esmeraldas, en Ecuador, desde donde era enviada a Estados Unidos mediante rutas marítimas que atravesaban aguas cercanas a Guatemala, Honduras y México.

Con este golpe, las autoridades estiman una afectación a las finanzas de estas estructuras criminales y se evitó la distribución de aproximadamente dos millones de dosis de cocaína. 

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​El golpe fue dado por tropas del Batallón de Infantería de Selva N.° 19 de la Vigésima Segunda Brigada de Selva en coordinación con la Policía Nacional.​​

En una contundente operación conjunta, las fuerzas de seguridad del Estado propinaron un impacto directo a los núcleos de financiamiento del microtráfico y la criminalidad en el sur del país. 

Tropas del Batallón de Infantería de Selva N.° 19, pertenecientes a la Vigésima Segunda Brigada de Selva del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional, desmantelaron y destruyeron de manera controlada un gigantesco complejo ilegal dedicado a la producción de estupefacientes en el departamento del Guaviare.

El hallazgo fue en la vereda El Turpial, del municipio El Retorno. Según los reportes de inteligencia militar, la infraestructura pertenecía al Grupo Armado Organizado residual (GAO-r) Bloque Jorge Suárez Briceño, específicamente a la Estructura Jhon Linares que utiliza los millonarios recursos derivados del narcotráfico para sostener su aparato bélico y financiar atentados que amenazan la tranquilidad de los habitantes de la Amazonía colombiana.

Durante la inspección del sitio, las autoridades incautaron cerca de una tonelada de cocaína sólida y 184 galones del alcaloide en suspensión. Además, había una masiva cantidad de precursores químicos e insumos logísticos necesarios para el procesamiento a gran escala, incluyendo cerca de 3.700 galones de acetona, más de 1.700 galones de combustible, ácidos esenciales y maquinaria semiindustrial que facilitaba el empaque y la comercialización de la droga.

«Este resultado representa una afectación significativa a las finanzas de esta estructura ilegal, limitando su capacidad para adquirir armamento y ejecutar acciones terroristas en contra de la población civil y la Fuerza Pública», señala la comunicación oficial.

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Insistió en que todos estos procesos son legítimos y se hacen ante veedurías internacionales de gobiernos de España, Suiza, Noruega, Brasil y Venezuela “para que no digan que estamos pactando con bandidos delitos’, por lo que aclaró que “toda reunión se hace bajo la mirada internacional de estas organizaciones y otras no gubernamentales, incluida la iglesia católica, incluidos miembros de la oposición, porque no quiero ocultar nada como sí se hizo atrás en el pasado’.

En este sentido, mandatario enfatizó que “mantengo mi palabra de que dialogar es mejor que matar siempre y Colombia debe entender esa dificultad, pero no se puede cansar en su historia por delante de que dialogar siempre es mejor que matar, porque llevamos dos siglos matándonos entre generaciones enteras entre nosotros’.

Por esta razón, consideró que “hay que insistir en la paz siempre: hombres y mujeres de paz, tercos, tercos y retercos, porque al fin la conquistaremos. Es así, con terquedad, como se consigue la paz’ y salió al paso de quienes solo ven la salida violenta en el país: “Es muy fácil hablar de disparos y mandar a otros a hacerlos, es muy fácil llenarse las palabras de violencia y grosería, pero vaya y póngalos en los campos de batalla y verán que salen corriendo de una’, dijo.

Reconoció las dificultades que se han presentado en la búsqueda de la paz, pero advirtió que los procesos que no están vigentes no han sido por decisión del Gobierno, sino “de quienes prefieren ser ejércitos o grupos armados del narcotráfico’.

Avances en el sur del país

En su intervención, el presidente Petro puso como ejemplo los avances que se han logrado en los procesos que se adelantan en el sur del país y si bien reconoció que aún falta mucho por hacer, un resultado tangible es que “cayó la tasa de homicidios’.

Al referirse al tema de las zonas de concentración, que se están pactando con los grupos armados ilegales, el mandatario recordó que “son legales y el presidente las ordena, no la fiscal, y aquí se respeta la Constitución sino el pueblo las hace respetar’.

Comentó que otro de los avances son las 39.000 hectáreas de sustitución voluntaria de cultivos de hoja de coca, resultados que, según advirtió, “los norteamericanos no creían que eso era posible’ y comentó que “le mostré los videos al presidente Donald Trump personalmente, él los vio’ de cómo la población negra, afro del Litoral Pacífico en el sur y del Putumayo, erradicaban las plantas.

“Pueden llegar a 49.000′, dijo al comentar que eso puede ser posible “si los acuerdos en el nordeste antioqueño hechos sobre organizaciones del Caribe, no de Antioquia, logran concretarse y eso en mi Gobierno, antes de irme’.

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El problema con las comunidades más vulnerables en Colombia, es gravísimo. A los blancos descendientes de la criollería colonial nos asiste un sentimiento de rechazo y segregación que no podemos negar. Por más que tratamos, algo nos presiona tendiendo a confirmar un racismo estructural y un fastidio por todo lo que no sea «blanco, inteligente y bonito». Los ejemplos más evidentes están en las sociedades capitalistas más desarrolladas, en donde los conflictos raciales perviven atenuados por legislaciones que tratan de regularlos casi en forma forzosa, o convertirlos en evidentes posturas ideológicas reaccionarias como las diferentes formas del fascismo neonazi, o en la actualidad, con políticas antimigratorias violentas y descaradas.

En Colombia hay cientos de comunidades indígenas, afrodescendientes y raizales que viven en la precariedad como consecuencia del despojo centenario de sus tierras, el etnocidio, en el caso de los indígenas, y el desprecio, el abandono y la corrupción, en el caso de los afrodescendientes.

A partir de la colonia el proceso de deterioro social de estas comunidades es evidente y los hechos están a boca de jarro en la historia: es el caso de las comunidades negras que desde su origen esclavista hasta el intento de emancipación con la aparición de los primeros palenques y la conformación de territorios extensos habitados por los descendientes de las primeras generaciones de esclavos que como en el Chocó, viven en condiciones muy precarias a pesar de habitar una de las zonas más ricas en recursos del planeta compartida en mínimo porcentaje con la población indígena originaria.

En el Cauca y en el Valle la expoliación poscolonial trajo consigo la conformación de grandes latifundios de monocultivo de caña de azúcar y el asentamiento urbano de múltiples conglomerados de negros, mestizos y zambos sumada a la migración indígena hacia las fronteras agrícolas de las selvas ocupando baldíos y pedregales estériles; el ejemplo del distrito de Agua Blanca en Cali es representativo, también los cada vez más numerosas barriadas de campesinos desplazados por los diferentes tipo de violencia política, guerrillera y paramilitar, dan buena cuenta del fenómeno como resultado del afán  de una élite blanca que siempre quiso despojar y esclavizar, todo ello magnificado en los últimos cuarenta años con el advenimiento del narcotráfico.

Ahora bien, los componentes culturales de todas estas comunidades se han mantenido en una triste simbiosis con la población blanca. En los indígenas – muchos de ellos católicos a la fuerza-, pervive el respeto por la tierra a la cual consideran como sujeto de adoración y origen, así mismo en el negro la tendencia natural al jolgorio, la solidaridad y la alegría, prevalece como característica que no les pudo ser confiscada por la violencia y la corrupción.

Tanto las diferentes comunidades indígenas como las afrodescendientes viven en la Colombia profunda todo un calvario de abandono que el actual gobierno ha traído al primer plano en busca de soluciones y redención en un país francamente fragmentado sin una visión etnocultural clara, y que sólo ahora vislumbramos tratando de vincularlos al desarrollo con propuestas de educación y reformas sociales prioritarias de acuerdo a las necesidades de cada región.

El trabajo por realizar es muy grande y el reto es de la mayor dificultad en un país que como Colombia apenas empieza a emerger del caos luego de más de dos siglos de gobiernos neocoloniales por parte de una élite blanca dependiente culturalmente de «amos y reyes, religiosos y caudillos» todo ello reforzado por la impronta cultural de un racismo y una aporofobia vergonzantes.

Tratar de estructurar un vínculo del componente indígena y afrodescendiente al aparato productivo de tipo blanco y capitalista mediante las reformas sociales requeridas respetando los derechos y deberes de cada grupo étnico consignados en la Constitución, se impone como meta fundamental de los próximos gobiernos; de no ser así, el país se seguirá fraccionado y la inequidad con el recrudecimiento de la violencia continuará siendo una triste realidad.

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Todos estamos aterrados por el accionar terrorista de las llamadas «Disidencias» de Iván «Mordisco». El argumento de que el ejército tienes las manos atadas y que el gobierno es un cobarde o un aliado al permitir estos atentados, es la voz que corre condenando y denigrando.

El problema de la guerra en Colombia es bien distinto y oculto por los medios y por la falta de educación cívica, histórica y política en la población, máxime si el espíritu crítico de nuestros estudiantes se perdió hace ya muchos años cuando del pensum escolar se suprimieron prácticamente todas las humanidades.

La guerrilla tiene una historia de 60 años. Durante todo ese tiempo han pasado generaciones enteras de guerrilleros nacidos, criados, y muertos en la guerrilla. Padres, madres, hermanos, sobrinos, tíos y abuelos, todos guerrilleros. Pueblos, caseríos y centros poblados, muchos de ellos prósperos y agradecidos por la acción de la guerrilla que les ha brindado una buena calidad de vida con carreteras, hospitales, escuelas, ornato y trabajo, todo en los últimos cuarenta años solventado ahora por la minería ilegal, los cultivos y la producción ilícita de cocaína y marihuana, como también las divisas provenientes del contrabando en unos territorios clásicamente olvidados por el estado. Ya el romanticismo político de una guerrilla luchando por una sociedad igualitaria se perdió al ser permeadas por la cultura del narcotráfico.

De ahí la desmovilización de las antiguas FARC con la persistencia de unos frentes disidentes de tipo narcotraficante dirigidos por caudillos nacidos y criados en territorios y ambientes guerrilleros como lo son gran parte de los departamentos del Cauca, Nariño y Norte de Santander, también grandes extensiones de los llamados Territorios Nacionales, norte de Antioquia y Tolima. Todo ello herencia del despojo campesino a partir de la violencia interpartidista originada en las luchas agrarias desde los años veinte del siglo pasado y convertida en guerra civil entre liberales y conservadores luego del magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán.

En 1.964 el presidente Guillermo León Valencia, cazador y beodo – abuelo de Paloma- bombardeó a un grupo de cincuenta campesinos en Marquetalia, norte del Tolima, que tildó de comunistas y a quienes venía persiguiendo con más de dos mil soldados para negarles la restitución de sus tierras. Tal fue el origen de las FARC. Lo mismo sucedió en el noreste de Antioquia y Norte de Santander con el ELN, de cuya conformación el ala progresista de la iglesia católica aportó tanto la sangre como el corazón: allí perdió la vida el sacerdote Camilo Torres sociólogo y decano de la facultad en la Universidad Nacional, quien con varios compañeros sacerdotes fundaron y dieron consistencia a un movimiento que ya en la actualidad pervive como grupúsculos de combatientes en disputa por las rutas y rentas del narcotráfico y la minería ilegal, todos bajo el mando de la llamada Junta Internacional del Narcotráfico con sede en las grandes capitales del mundo, entre ellas Dubai.

La guerra, como se entenderá, es desigual, pues el poder de la guerrilla es aterrador: además de estar apalancado en los dinerales y la tecnología que el dinero del narcotráfico puede comprar, su actuar es clandestino. No es el enfrentamiento clásico- casi cinematográfico- entre dos ejércitos, el uno frente al otro; el ataque viene desde la clandestinidad, desde el tendero guerrillero, el ama de casa guerrillera, el civil que te pega un tiro en la calle, la muchachita que deja la moto bomba y vuela el Comando de Policía, o el conductor del bus cargado de explosivos… son pueblos guerrilleros, comunidades guerrilleras, generaciones guerrilleras.

Esa es la razón por la que mueren los soldados en atentados desde el anonimato – accidentalmente civiles como se excusa Iván » Mordisco»-.

La labor del gobierno ha sido tratar de enfrentarlos y llevarlos a un sometimiento mediante un diálogo… de negocios, con la sustitución de cultivos, la presencia del Estado y la protección al campesino cultivador bien diferente al habitante urbano de municipios como Caloto, Toribio, Cajibío, etc.

De ahí la importancia de conocer la historia reciente del país, la historia del conflicto, qué ha pasado, el porqué del fenómeno paramilitar, la aparición de la mafia y su asociación con el Estado.

Tantas cosas de las que los medios tradicionales nunca nos hablan, pues sólo lo hacen refiriéndose a las consecuencias, pero nunca al origen y siempre con una actitud políticamente sesgada, clasista, despreciativa y torpe.

¡¡¡A estudiar!!! Es la consigna. De lo contrario seguiremos siendo manipulados por el miedo que vende «protección» – pretendiendo votos-, a sólo una franja de la sociedad, puesto que los más pobres, los «Sin tierra”, los «Nadie», esos seguirán padeciendo la guerra y sepultando a sus hijos.

¡¡NO MÁS!!

Ya no son 6.402 los muchachos inocentes asesinados y disfrazados de guerrilleros fingiendo victorias. ¡¡Ya casi son 8.000…8.000!!

NOTA:  Se precisa, con carácter urgente, que el Congreso apruebe la Ley de sometimiento y la Jurisdicción Agraria.

CODA

Considero que los diálogos mientras no exista aprobada una Ley de Sometimiento, van a seguir siendo infructuosos dado que, quiérase o no, el narcotráfico tiene un carácter político en Colombia, máxime si ha nombrado presidentes y prácticamente todo el Congreso obedece, directa o indirectamente a sus directrices tanto que la economía depende en un 40% del lavado de activos.

Santos desmovilizó la guerrilla y el Estado no copó esos territorios, además hizo trizas el acuerdo y propagó el negocio y por ende la guerra y la venganza contra Petro, quien les incauta toneladas y les entorpece el negocio a nivel internacional, en parte para «demostrarle a Trump que sí trabaja» e impedir que invada o haga presencia grotesca en las próximas elecciones lo cual sería desastroso! Prefieren el Plan Júpiter y la manipulación, si bien Uribe quiere la guerra y el escándalo, de ahí su presencia y la intriga desde el Ecuador.

¡¡No hay derecho!!

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En un país como el nuestro donde el desarrollo se da a los totazos, en donde aún la educación es precaria, en donde la cultura que impuso el narcotráfico determina más del cuarenta por ciento de la economía, y donde en las barriadas populares la cotidianidad de la tienda, de la toma del bus o el simple hecho de caminar y conversar en la calle son vigilados y definidos por el accionar de las grupos delincuenciales, se hace necesario establecer un diálogo real y constructivo con estos cabecillas para permitir que sus habitantes puedan circular en paz y las bondades del Estado lleguen con efectividad hasta la última esquina.

No aceptar como real y doloroso este fenómeno es pecar de ignorantes y faltos de una política integracionista que lea y viva la realidad de los menos favorecidos y por lo tanto más vulnerables de la sociedad. Llevar una simple guerra sólo genera más conflicto, muerte, desarraigo y destrucción del tejido social.

Los ejemplos son evidentes: en los Estados Unidos se pretendió reprimir la mafia en la época de la llamada “prohibición”  y sólo se logró fortalecer su poder acrecentando el terrorismo y la corrupción hasta lograr pactar con el poder emergente y reglamentar tanto la producción de licor como las actividades anexas: juego, prostitución y contrabando. Aún hoy los diferentes clanes mafiosos siguen reinando en las calles, asociados, quiérase o no, con las autoridades. Incluso en nuestra ciudad, cuna del narcotráfico, se ha hecho en secreto, en las distintas administraciones. No de otra manera se entienden los periodos de paz en la administración de Fajardo y otros. De otra forma nunca hubiéramos dejado de ser la ciudad más peligrosa del mundo, para convertirnos en el paraíso del turismo sexual y fiesta que ahora nos caracteriza.

Establecer un diálogo casi en términos políticos es un triste y obligatorio deber para dar salida al  laberinto de la violencia impuestos por los dinerales producto del microtráfico y el delito. Los miles de jóvenes que nacieron en los tiempos del desplazamiento campesino se vieron avocados a servir a los poderosos bandidos del barrio, incluso muchas veces recibiendo honorarios y prebendas mejores que las pretendidas en el escaso mercado laboral.

Los programas de redención juvenil ofrecidos por el gobierno han pretendido ofrecerles a estos muchachos un mundo de educación y progreso, además del fortalecimiento y el rescate de la familia con la posibilidad de un vida mejor lejos de las sangrientas bondades que les ofrece el mundo del crimen

Los jefes de los llamados “Combos” delincuenciales que dejarán las cárceles, muchos por cumplimiento de condenas y otros por negociaciones con el gobierno con base a políticas de sometimiento y cesación de la actividad delincuencial, han entendido la gran pérdida de tranquilidad y vidas que representa el seguir en guerra entre sí y el Estado. Además es práctico desde el punto de vista político toda vez que el devenir de sus barrios depende de su accionar: el comercio, por ejemplo,  ya que después de la etapa extorsiva muchos han abierto negocios como supermercados, depósitos de materiales para construcción, restaurantes, sitios de diversión, incluso guarderías y centros médicos.

También estos cabecillas se han cansado de vivir proscritos y acosados y han hecho ver en múltiples encuentros y entrevistas que no son los incultos y ordinarios hampones de otros tiempos. Son de buena presencia, hablan bien y son educados. Es la realidad y hay que aceptar como hemos aceptado que el narcotráfico creció y se quedó entre nosotros con mil caras, incluso disfrazado de líderes bondadosos y queridos, de militares y policías, también en todas las familias siempre hubo alguien relacionado con  estos “deslices”.

Sólo reprimiendo o negando las relaciones con estos poderes haremos que se fortalezcan. Debemos parar y pactar mientras educamos y hacemos reformas sociales y redimimos a un pueblo clásicamente explotado y condenado a la pobreza.

Por último: no por ver series de mafiosos o delincuentes, nos convertiremos en ellos. La educación, las oportunidades laborales bien remuneradas y la sensatez, se imponen.

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La Institución informó que en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus, las tropas desplegadas en el departamento de Putumayo destruyeron 35 estructuras improvisadas de laboratorios que eran utilizados para el procesamiento de pasta base de coca y 5 depósitos ilegales en los que almacenaban insumos para este propósito.

Como resultado de estas acciones militares, durante la segunda semana del mes de marzo, se registraron contundentes golpes contra estas economías ilícitas en áreas rurales de los municipios de Villagarzón, Puerto Asís, Puerto Guzmán, Orito, Puerto Leguizamo y Puerto Caicedo, Putumayo.

En estos lugares también fueron encontrados y destruidos en forma controlada, con autorización de la autoridad competente, 2828 kilogramos de insumos sólidos y 10.846 galones de insumos líquidos, además de 5320 kilogramos de hoja de coca y 4126 galones de base de coca en proceso, elementos utilizados para la producción de estupefacientes.

Asimismo, informa la institución, se logró la captura de tres presuntos integrantes de grupos de delincuencia organizada y dos más del grupo armado organizado residual Estructura Comandos de Frontera, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

De manera simultánea, las tropas lograron la destrucción de una unidad de producción minera ilegal perteneciente al grupo armado organizado residual Estructura Carolina Ramírez, ubicada en la vereda Las Delicias, municipio de Puerto Leguizamo, además, en este desarrollo también se incautó, 3,1 kilogramos de pasta base de coca y se realizó la neutralización de un artefacto explosivo, contribuyendo a salvaguardar la seguridad de la población.

Adicionalmente, se ubicó y destruyo una válvula ilegal utilizada para la extracción ilícita de hidrocarburos, actividad que generó graves afectaciones al medio ambiente y a los recursos naturales de la región.

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