​En una operación conjunta entre las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA), fueron incautadas cerca de dos toneladas de cocaína en el departamento de Nariño, en el suroccidente del país, afectando significativamente las redes de producción y tráfico internacional de estupefacientes.

La acción fue liderada por el Comando contra el Narcotráfico y las Amenazas Transnacionales (Conat), con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), en una muestra de cooperación internacional que permitió ubicar y desmantelar un complejo cocalero de gran escala.

El operativo se adelantó en la vereda Trejos, en zona rural del municipio de Mosquera, donde las autoridades localizaron un laboratorio conformado por seis estructuras, con capacidad para producir hasta dos toneladas mensuales de clorhidrato de cocaína. En el lugar fueron incautados 1.710 kilogramos de esta sustancia, así como cerca de 700 galones de cocaína en suspensión y maquinaria utilizada en su procesamiento.

De acuerdo con información de inteligencia militar y judicial, el laboratorio pertenecería a una organización criminal de carácter transnacional que operaba bajo esquemas de tercerización ilegal, en articulación con el grupo armado organizado residual GAO-r, bloque Jacobo Arenas, evidenciando la complejidad de las economías ilícitas que afectan la seguridad regional.

Las investigaciones permitieron establecer que la droga era movilizada por vía terrestre desde municipios como Ricaurte y San Lorenzo hacia la provincia de Esmeraldas, en Ecuador, desde donde era enviada a Estados Unidos mediante rutas marítimas que atravesaban aguas cercanas a Guatemala, Honduras y México.

Con este golpe, las autoridades estiman una afectación a las finanzas de estas estructuras criminales y se evitó la distribución de aproximadamente dos millones de dosis de cocaína. 

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​El golpe fue dado por tropas del Batallón de Infantería de Selva N.° 19 de la Vigésima Segunda Brigada de Selva en coordinación con la Policía Nacional.​​

En una contundente operación conjunta, las fuerzas de seguridad del Estado propinaron un impacto directo a los núcleos de financiamiento del microtráfico y la criminalidad en el sur del país. 

Tropas del Batallón de Infantería de Selva N.° 19, pertenecientes a la Vigésima Segunda Brigada de Selva del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional, desmantelaron y destruyeron de manera controlada un gigantesco complejo ilegal dedicado a la producción de estupefacientes en el departamento del Guaviare.

El hallazgo fue en la vereda El Turpial, del municipio El Retorno. Según los reportes de inteligencia militar, la infraestructura pertenecía al Grupo Armado Organizado residual (GAO-r) Bloque Jorge Suárez Briceño, específicamente a la Estructura Jhon Linares que utiliza los millonarios recursos derivados del narcotráfico para sostener su aparato bélico y financiar atentados que amenazan la tranquilidad de los habitantes de la Amazonía colombiana.

Durante la inspección del sitio, las autoridades incautaron cerca de una tonelada de cocaína sólida y 184 galones del alcaloide en suspensión. Además, había una masiva cantidad de precursores químicos e insumos logísticos necesarios para el procesamiento a gran escala, incluyendo cerca de 3.700 galones de acetona, más de 1.700 galones de combustible, ácidos esenciales y maquinaria semiindustrial que facilitaba el empaque y la comercialización de la droga.

«Este resultado representa una afectación significativa a las finanzas de esta estructura ilegal, limitando su capacidad para adquirir armamento y ejecutar acciones terroristas en contra de la población civil y la Fuerza Pública», señala la comunicación oficial.

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Insistió en que todos estos procesos son legítimos y se hacen ante veedurías internacionales de gobiernos de España, Suiza, Noruega, Brasil y Venezuela “para que no digan que estamos pactando con bandidos delitos’, por lo que aclaró que “toda reunión se hace bajo la mirada internacional de estas organizaciones y otras no gubernamentales, incluida la iglesia católica, incluidos miembros de la oposición, porque no quiero ocultar nada como sí se hizo atrás en el pasado’.

En este sentido, mandatario enfatizó que “mantengo mi palabra de que dialogar es mejor que matar siempre y Colombia debe entender esa dificultad, pero no se puede cansar en su historia por delante de que dialogar siempre es mejor que matar, porque llevamos dos siglos matándonos entre generaciones enteras entre nosotros’.

Por esta razón, consideró que “hay que insistir en la paz siempre: hombres y mujeres de paz, tercos, tercos y retercos, porque al fin la conquistaremos. Es así, con terquedad, como se consigue la paz’ y salió al paso de quienes solo ven la salida violenta en el país: “Es muy fácil hablar de disparos y mandar a otros a hacerlos, es muy fácil llenarse las palabras de violencia y grosería, pero vaya y póngalos en los campos de batalla y verán que salen corriendo de una’, dijo.

Reconoció las dificultades que se han presentado en la búsqueda de la paz, pero advirtió que los procesos que no están vigentes no han sido por decisión del Gobierno, sino “de quienes prefieren ser ejércitos o grupos armados del narcotráfico’.

Avances en el sur del país

En su intervención, el presidente Petro puso como ejemplo los avances que se han logrado en los procesos que se adelantan en el sur del país y si bien reconoció que aún falta mucho por hacer, un resultado tangible es que “cayó la tasa de homicidios’.

Al referirse al tema de las zonas de concentración, que se están pactando con los grupos armados ilegales, el mandatario recordó que “son legales y el presidente las ordena, no la fiscal, y aquí se respeta la Constitución sino el pueblo las hace respetar’.

Comentó que otro de los avances son las 39.000 hectáreas de sustitución voluntaria de cultivos de hoja de coca, resultados que, según advirtió, “los norteamericanos no creían que eso era posible’ y comentó que “le mostré los videos al presidente Donald Trump personalmente, él los vio’ de cómo la población negra, afro del Litoral Pacífico en el sur y del Putumayo, erradicaban las plantas.

“Pueden llegar a 49.000′, dijo al comentar que eso puede ser posible “si los acuerdos en el nordeste antioqueño hechos sobre organizaciones del Caribe, no de Antioquia, logran concretarse y eso en mi Gobierno, antes de irme’.

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El problema con las comunidades más vulnerables en Colombia, es gravísimo. A los blancos descendientes de la criollería colonial nos asiste un sentimiento de rechazo y segregación que no podemos negar. Por más que tratamos, algo nos presiona tendiendo a confirmar un racismo estructural y un fastidio por todo lo que no sea «blanco, inteligente y bonito». Los ejemplos más evidentes están en las sociedades capitalistas más desarrolladas, en donde los conflictos raciales perviven atenuados por legislaciones que tratan de regularlos casi en forma forzosa, o convertirlos en evidentes posturas ideológicas reaccionarias como las diferentes formas del fascismo neonazi, o en la actualidad, con políticas antimigratorias violentas y descaradas.

En Colombia hay cientos de comunidades indígenas, afrodescendientes y raizales que viven en la precariedad como consecuencia del despojo centenario de sus tierras, el etnocidio, en el caso de los indígenas, y el desprecio, el abandono y la corrupción, en el caso de los afrodescendientes.

A partir de la colonia el proceso de deterioro social de estas comunidades es evidente y los hechos están a boca de jarro en la historia: es el caso de las comunidades negras que desde su origen esclavista hasta el intento de emancipación con la aparición de los primeros palenques y la conformación de territorios extensos habitados por los descendientes de las primeras generaciones de esclavos que como en el Chocó, viven en condiciones muy precarias a pesar de habitar una de las zonas más ricas en recursos del planeta compartida en mínimo porcentaje con la población indígena originaria.

En el Cauca y en el Valle la expoliación poscolonial trajo consigo la conformación de grandes latifundios de monocultivo de caña de azúcar y el asentamiento urbano de múltiples conglomerados de negros, mestizos y zambos sumada a la migración indígena hacia las fronteras agrícolas de las selvas ocupando baldíos y pedregales estériles; el ejemplo del distrito de Agua Blanca en Cali es representativo, también los cada vez más numerosas barriadas de campesinos desplazados por los diferentes tipo de violencia política, guerrillera y paramilitar, dan buena cuenta del fenómeno como resultado del afán  de una élite blanca que siempre quiso despojar y esclavizar, todo ello magnificado en los últimos cuarenta años con el advenimiento del narcotráfico.

Ahora bien, los componentes culturales de todas estas comunidades se han mantenido en una triste simbiosis con la población blanca. En los indígenas – muchos de ellos católicos a la fuerza-, pervive el respeto por la tierra a la cual consideran como sujeto de adoración y origen, así mismo en el negro la tendencia natural al jolgorio, la solidaridad y la alegría, prevalece como característica que no les pudo ser confiscada por la violencia y la corrupción.

Tanto las diferentes comunidades indígenas como las afrodescendientes viven en la Colombia profunda todo un calvario de abandono que el actual gobierno ha traído al primer plano en busca de soluciones y redención en un país francamente fragmentado sin una visión etnocultural clara, y que sólo ahora vislumbramos tratando de vincularlos al desarrollo con propuestas de educación y reformas sociales prioritarias de acuerdo a las necesidades de cada región.

El trabajo por realizar es muy grande y el reto es de la mayor dificultad en un país que como Colombia apenas empieza a emerger del caos luego de más de dos siglos de gobiernos neocoloniales por parte de una élite blanca dependiente culturalmente de «amos y reyes, religiosos y caudillos» todo ello reforzado por la impronta cultural de un racismo y una aporofobia vergonzantes.

Tratar de estructurar un vínculo del componente indígena y afrodescendiente al aparato productivo de tipo blanco y capitalista mediante las reformas sociales requeridas respetando los derechos y deberes de cada grupo étnico consignados en la Constitución, se impone como meta fundamental de los próximos gobiernos; de no ser así, el país se seguirá fraccionado y la inequidad con el recrudecimiento de la violencia continuará siendo una triste realidad.

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Todos estamos aterrados por el accionar terrorista de las llamadas «Disidencias» de Iván «Mordisco». El argumento de que el ejército tienes las manos atadas y que el gobierno es un cobarde o un aliado al permitir estos atentados, es la voz que corre condenando y denigrando.

El problema de la guerra en Colombia es bien distinto y oculto por los medios y por la falta de educación cívica, histórica y política en la población, máxime si el espíritu crítico de nuestros estudiantes se perdió hace ya muchos años cuando del pensum escolar se suprimieron prácticamente todas las humanidades.

La guerrilla tiene una historia de 60 años. Durante todo ese tiempo han pasado generaciones enteras de guerrilleros nacidos, criados, y muertos en la guerrilla. Padres, madres, hermanos, sobrinos, tíos y abuelos, todos guerrilleros. Pueblos, caseríos y centros poblados, muchos de ellos prósperos y agradecidos por la acción de la guerrilla que les ha brindado una buena calidad de vida con carreteras, hospitales, escuelas, ornato y trabajo, todo en los últimos cuarenta años solventado ahora por la minería ilegal, los cultivos y la producción ilícita de cocaína y marihuana, como también las divisas provenientes del contrabando en unos territorios clásicamente olvidados por el estado. Ya el romanticismo político de una guerrilla luchando por una sociedad igualitaria se perdió al ser permeadas por la cultura del narcotráfico.

De ahí la desmovilización de las antiguas FARC con la persistencia de unos frentes disidentes de tipo narcotraficante dirigidos por caudillos nacidos y criados en territorios y ambientes guerrilleros como lo son gran parte de los departamentos del Cauca, Nariño y Norte de Santander, también grandes extensiones de los llamados Territorios Nacionales, norte de Antioquia y Tolima. Todo ello herencia del despojo campesino a partir de la violencia interpartidista originada en las luchas agrarias desde los años veinte del siglo pasado y convertida en guerra civil entre liberales y conservadores luego del magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán.

En 1.964 el presidente Guillermo León Valencia, cazador y beodo – abuelo de Paloma- bombardeó a un grupo de cincuenta campesinos en Marquetalia, norte del Tolima, que tildó de comunistas y a quienes venía persiguiendo con más de dos mil soldados para negarles la restitución de sus tierras. Tal fue el origen de las FARC. Lo mismo sucedió en el noreste de Antioquia y Norte de Santander con el ELN, de cuya conformación el ala progresista de la iglesia católica aportó tanto la sangre como el corazón: allí perdió la vida el sacerdote Camilo Torres sociólogo y decano de la facultad en la Universidad Nacional, quien con varios compañeros sacerdotes fundaron y dieron consistencia a un movimiento que ya en la actualidad pervive como grupúsculos de combatientes en disputa por las rutas y rentas del narcotráfico y la minería ilegal, todos bajo el mando de la llamada Junta Internacional del Narcotráfico con sede en las grandes capitales del mundo, entre ellas Dubai.

La guerra, como se entenderá, es desigual, pues el poder de la guerrilla es aterrador: además de estar apalancado en los dinerales y la tecnología que el dinero del narcotráfico puede comprar, su actuar es clandestino. No es el enfrentamiento clásico- casi cinematográfico- entre dos ejércitos, el uno frente al otro; el ataque viene desde la clandestinidad, desde el tendero guerrillero, el ama de casa guerrillera, el civil que te pega un tiro en la calle, la muchachita que deja la moto bomba y vuela el Comando de Policía, o el conductor del bus cargado de explosivos… son pueblos guerrilleros, comunidades guerrilleras, generaciones guerrilleras.

Esa es la razón por la que mueren los soldados en atentados desde el anonimato – accidentalmente civiles como se excusa Iván » Mordisco»-.

La labor del gobierno ha sido tratar de enfrentarlos y llevarlos a un sometimiento mediante un diálogo… de negocios, con la sustitución de cultivos, la presencia del Estado y la protección al campesino cultivador bien diferente al habitante urbano de municipios como Caloto, Toribio, Cajibío, etc.

De ahí la importancia de conocer la historia reciente del país, la historia del conflicto, qué ha pasado, el porqué del fenómeno paramilitar, la aparición de la mafia y su asociación con el Estado.

Tantas cosas de las que los medios tradicionales nunca nos hablan, pues sólo lo hacen refiriéndose a las consecuencias, pero nunca al origen y siempre con una actitud políticamente sesgada, clasista, despreciativa y torpe.

¡¡¡A estudiar!!! Es la consigna. De lo contrario seguiremos siendo manipulados por el miedo que vende «protección» – pretendiendo votos-, a sólo una franja de la sociedad, puesto que los más pobres, los «Sin tierra”, los «Nadie», esos seguirán padeciendo la guerra y sepultando a sus hijos.

¡¡NO MÁS!!

Ya no son 6.402 los muchachos inocentes asesinados y disfrazados de guerrilleros fingiendo victorias. ¡¡Ya casi son 8.000…8.000!!

NOTA:  Se precisa, con carácter urgente, que el Congreso apruebe la Ley de sometimiento y la Jurisdicción Agraria.

CODA

Considero que los diálogos mientras no exista aprobada una Ley de Sometimiento, van a seguir siendo infructuosos dado que, quiérase o no, el narcotráfico tiene un carácter político en Colombia, máxime si ha nombrado presidentes y prácticamente todo el Congreso obedece, directa o indirectamente a sus directrices tanto que la economía depende en un 40% del lavado de activos.

Santos desmovilizó la guerrilla y el Estado no copó esos territorios, además hizo trizas el acuerdo y propagó el negocio y por ende la guerra y la venganza contra Petro, quien les incauta toneladas y les entorpece el negocio a nivel internacional, en parte para «demostrarle a Trump que sí trabaja» e impedir que invada o haga presencia grotesca en las próximas elecciones lo cual sería desastroso! Prefieren el Plan Júpiter y la manipulación, si bien Uribe quiere la guerra y el escándalo, de ahí su presencia y la intriga desde el Ecuador.

¡¡No hay derecho!!

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En un país como el nuestro donde el desarrollo se da a los totazos, en donde aún la educación es precaria, en donde la cultura que impuso el narcotráfico determina más del cuarenta por ciento de la economía, y donde en las barriadas populares la cotidianidad de la tienda, de la toma del bus o el simple hecho de caminar y conversar en la calle son vigilados y definidos por el accionar de las grupos delincuenciales, se hace necesario establecer un diálogo real y constructivo con estos cabecillas para permitir que sus habitantes puedan circular en paz y las bondades del Estado lleguen con efectividad hasta la última esquina.

No aceptar como real y doloroso este fenómeno es pecar de ignorantes y faltos de una política integracionista que lea y viva la realidad de los menos favorecidos y por lo tanto más vulnerables de la sociedad. Llevar una simple guerra sólo genera más conflicto, muerte, desarraigo y destrucción del tejido social.

Los ejemplos son evidentes: en los Estados Unidos se pretendió reprimir la mafia en la época de la llamada “prohibición”  y sólo se logró fortalecer su poder acrecentando el terrorismo y la corrupción hasta lograr pactar con el poder emergente y reglamentar tanto la producción de licor como las actividades anexas: juego, prostitución y contrabando. Aún hoy los diferentes clanes mafiosos siguen reinando en las calles, asociados, quiérase o no, con las autoridades. Incluso en nuestra ciudad, cuna del narcotráfico, se ha hecho en secreto, en las distintas administraciones. No de otra manera se entienden los periodos de paz en la administración de Fajardo y otros. De otra forma nunca hubiéramos dejado de ser la ciudad más peligrosa del mundo, para convertirnos en el paraíso del turismo sexual y fiesta que ahora nos caracteriza.

Establecer un diálogo casi en términos políticos es un triste y obligatorio deber para dar salida al  laberinto de la violencia impuestos por los dinerales producto del microtráfico y el delito. Los miles de jóvenes que nacieron en los tiempos del desplazamiento campesino se vieron avocados a servir a los poderosos bandidos del barrio, incluso muchas veces recibiendo honorarios y prebendas mejores que las pretendidas en el escaso mercado laboral.

Los programas de redención juvenil ofrecidos por el gobierno han pretendido ofrecerles a estos muchachos un mundo de educación y progreso, además del fortalecimiento y el rescate de la familia con la posibilidad de un vida mejor lejos de las sangrientas bondades que les ofrece el mundo del crimen

Los jefes de los llamados “Combos” delincuenciales que dejarán las cárceles, muchos por cumplimiento de condenas y otros por negociaciones con el gobierno con base a políticas de sometimiento y cesación de la actividad delincuencial, han entendido la gran pérdida de tranquilidad y vidas que representa el seguir en guerra entre sí y el Estado. Además es práctico desde el punto de vista político toda vez que el devenir de sus barrios depende de su accionar: el comercio, por ejemplo,  ya que después de la etapa extorsiva muchos han abierto negocios como supermercados, depósitos de materiales para construcción, restaurantes, sitios de diversión, incluso guarderías y centros médicos.

También estos cabecillas se han cansado de vivir proscritos y acosados y han hecho ver en múltiples encuentros y entrevistas que no son los incultos y ordinarios hampones de otros tiempos. Son de buena presencia, hablan bien y son educados. Es la realidad y hay que aceptar como hemos aceptado que el narcotráfico creció y se quedó entre nosotros con mil caras, incluso disfrazado de líderes bondadosos y queridos, de militares y policías, también en todas las familias siempre hubo alguien relacionado con  estos “deslices”.

Sólo reprimiendo o negando las relaciones con estos poderes haremos que se fortalezcan. Debemos parar y pactar mientras educamos y hacemos reformas sociales y redimimos a un pueblo clásicamente explotado y condenado a la pobreza.

Por último: no por ver series de mafiosos o delincuentes, nos convertiremos en ellos. La educación, las oportunidades laborales bien remuneradas y la sensatez, se imponen.

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La Institución informó que en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus, las tropas desplegadas en el departamento de Putumayo destruyeron 35 estructuras improvisadas de laboratorios que eran utilizados para el procesamiento de pasta base de coca y 5 depósitos ilegales en los que almacenaban insumos para este propósito.

Como resultado de estas acciones militares, durante la segunda semana del mes de marzo, se registraron contundentes golpes contra estas economías ilícitas en áreas rurales de los municipios de Villagarzón, Puerto Asís, Puerto Guzmán, Orito, Puerto Leguizamo y Puerto Caicedo, Putumayo.

En estos lugares también fueron encontrados y destruidos en forma controlada, con autorización de la autoridad competente, 2828 kilogramos de insumos sólidos y 10.846 galones de insumos líquidos, además de 5320 kilogramos de hoja de coca y 4126 galones de base de coca en proceso, elementos utilizados para la producción de estupefacientes.

Asimismo, informa la institución, se logró la captura de tres presuntos integrantes de grupos de delincuencia organizada y dos más del grupo armado organizado residual Estructura Comandos de Frontera, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

De manera simultánea, las tropas lograron la destrucción de una unidad de producción minera ilegal perteneciente al grupo armado organizado residual Estructura Carolina Ramírez, ubicada en la vereda Las Delicias, municipio de Puerto Leguizamo, además, en este desarrollo también se incautó, 3,1 kilogramos de pasta base de coca y se realizó la neutralización de un artefacto explosivo, contribuyendo a salvaguardar la seguridad de la población.

Adicionalmente, se ubicó y destruyo una válvula ilegal utilizada para la extracción ilícita de hidrocarburos, actividad que generó graves afectaciones al medio ambiente y a los recursos naturales de la región.

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En el mismo trino, el mandatario dijo: “Puede ahí mirar quién disparó los cultivos de hoja de coca en Colombia. Lo que llaman ‘hacer trizas la paz» es en realidad un relanzamiento del narcotráfico en el país”. 

Y agregó que “Nosotros hemos detenido ese avance y logramos comenzar la desnarcotización de Colombia”. 

En informe en mención, titulado Contención de zonas de coca (“Containment of coca crocs”) compara las hectáreas de coca sembradas durante el gobierno de Iván Duque, de 2018 a 2022 (89.467 +69%), con las del gobierno de Gustavo Petro, de 2022 a 2025: 39.898 +16%. 

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La Policía Nacional de Colombia, en un operativo conjunto con autoridades portuarias y organismos de cooperación internacional, logró incautar 500 kilos de clorhidrato de cocaína en dos contenedores que provenían del puerto de Callao, Perú, y tenían como destino Asia y Centro América.

“Con esta operación le estamos cumpliendo con dignidad a la seguridad de Colombia. Nuestros hombres y mujeres trabajan día y noche para proteger el comercio legal, blindar las fronteras y garantizar que el delito no tenga espacio en nuestros puertos”, afirmó el director general de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano.

La operación se llevó a cabo en el puerto de Buenaventura, Valle del Cauca, y evitó que media tonelada de estupefacientes ingresara a circuitos criminales internacionales, financiando economías ilegales responsables de violencia, corrupción y desestabilización social en distintos países del mundo.

Este resultado es parte de la estrategia integral contra las economías ilícitas y el multicrimen, orientada a proteger las fronteras, blindar el comercio legal y garantizar que Colombia no sea utilizada como plataforma para actividades delictivas.

La Policía, en un comunicado de prensa, expresó su compromiso firme contra el crimen transnacional y reiteró que seguirá trabajando sin descanso para que cada acción operativa represente un paso más hacia un país más seguro.

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La estrategia está focalizada en zonas críticas como el Catatumbo, Cauca, Arauca, Nariño y Sur de Bolívar, para someter a los Grupos Armados Organizados (GAO) y a las economías ilícitas que se lucran del narcotráfico, el secuestro y la extorsión, destacó el alto oficial.

El Ministerio informó a su vez que gracias al trabajo conjunto de la Armada y la Fuerza Aérea, se han fortalecido las capacidades de articulación interinstitucional. Además, se ha logrado contribuir con el control del territorio mediante una respuesta rápida, que ha permitido proteger a la población civil y neutralizar las estrategias de la amenaza permanente.

Según MinDefensa, este trabajo articulado logró la incautación de dos toneladas de clorhidrato de cocaína a bordo de un buque mercante de la naviera CMA-CGM, a más de 60 millas náuticas de Santa Marta. Agregó el citado despacho que la activación oportuna de los protocolos permitió interceptar el cargamento ilícito sin afectar la continuidad de la operación comercial del buque. En la operación, que duró 18 horas y con base en el trabajo de inteligencia naval que detectó la contaminación del buque que cubría la ruta Cartagena – España, se hallaron 81 bultos en un contenedor, cargamento avaluado en más de 200 millones de dólares.

Los recientes resultados contra el narcotráfico evidencian un aumento en la contaminación de buques mercantes en altamar. La Armada colombiana ha fortalecido su relacionamiento con otros actores del sector marítimo para optimizar los protocolos de seguridad y proteger la actividad lícita en el mar. La Fuerza Naval del Caribe mantiene un esfuerzo sostenido por la seguridad marítima y fluvial, en coordinación con las navieras internacionales que sostienen el comercio mundial a través del uso seguro de las líneas de comunicación marítimas, destacó el Ministerio. 

En el desarrollo del Plan Estratégico, en lo corrido del mes de enero se produjo también la desarticulación de estructuras peligrosas, como la ‘Comisión 34’ y la ‘Jhonier Arenas’. Con un saldo de 543 capturas y la incautación de miles de municiones y explosivos, destacó el general López Barreto, comandante general de la Fuerzas Militares de Colombia.

En esta dinámica “hemos neutralizado objetivos de alto valor y capturas clave. Destacamos la detención de alias ‘Santiago’, cabecilla principal del ELN en el occidente del país. Asimismo, se logró la caída de alias ‘Polo’, responsable de la logística de las disidencias de ‘Mordisco’ en el departamento de Amazonas, y hombre de confianza de su seguridad”.

En cada operación y resultado contra el narcotráfico y el crimen transnacional. las Fuerzas Armadas de Colombia afectan las finanzas de los criminales que usan ese dinero para afectar la seguridad del país, concluyo el Comandante General de la Fuerzas Militares de Colombia.

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