El presidente de la República, Gustavo Petro, reiteró que el aumento en los avalúos catastrales en regiones como Santander responde al cumplimiento de la ley y a los compromisos del Acuerdo de Paz, y no a una decisión para afectar a los sectores más vulnerables.

​A través de su cuenta en la red social X, el mandatario aseguró que el objetivo de su gobierno es lograr que “los ricos paguen impuestos».

El jefe de Estado explicó que el impacto en el impuesto predial no depende del Gobierno nacional, sino de las decisiones que adopten los alcaldes y los concejos municipales, encargados de fijar las tarifas. En ese sentido, insistió en que las administraciones locales pueden reducir la carga tributaria de la población pobre y trabajadora mediante acuerdos municipales que ajusten las tasas.

“Vuelvo a repetir a las personas engañadas en Santander acerca de los avalúos catastrales. El aumento de los avalúos es para ponernos al día, como ordenan la ley y el Acuerdo de Paz; el objetivo del gobierno es que los ricos paguen impuestos. La situación del impuesto lo determinan los alcaldes y los concejos municipales, ellos ponen la tasa», escribió en el post.

En su pronunciamiento, el mandatario hizo un llamado a las autoridades territoriales para que actúen con celeridad y presenten iniciativas que permitan aliviar el pago del predial a los sectores más vulnerables. Según indicó, estos ajustes podrían realizarse en un corto plazo y contribuirían a desactivar las tensiones sociales derivadas de la actualización catastral.

El jefe de Estado advirtió que su gobierno no permitirá afectaciones al acceso a alimentos de los hogares colombianos, especialmente en un contexto internacional complejo marcado por tensiones en Medio Oriente.

“La prioridad es la comida en Colombia», subrayó, al tiempo que pidió levantar bloqueos y facilitar el tránsito de bienes esenciales.

Asimismo, cuestionó lo que calificó como desinformación hacia el campesinado, asegurando que algunos sectores buscan evitar el pago de impuestos trasladando preocupaciones a la población rural.

Reiteró que los concejos municipales tienen la facultad de exonerar o reducir cargas a pequeños propietarios, mientras que los grandes terratenientes deben asumir una mayor contribución.

Finalmente, advirtió que los alcaldes que no promuevan las iniciativas necesarias podrían incurrir en faltas que afectan el orden público, e instó al gobernador de Santander a liderar la articulación con los municipios.

El presidente Petro anunció además que abordará el tema en un consejo de ministros y en una alocución televisada, con el fin de explicar a la ciudadanía las medidas relacionadas con el avalúo catastral y el impuesto predial.

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De acuerdo con el ministerio de Hacienda y Crédito Público, dichos ingresos correspondían al IVA del 19% en la venta de licores nacionales, al Impuesto Nacional al Consumo del 19 %, al IVA aplicado a los juegos de suerte y azar operados por internet, así como al impuesto del 1% sobre la primera venta de carbón o hidrocarburos en el mercado interno.

Agrega la cartera que esas obligaciones ya estaban causadas hasta el día 29 de enero, y su recaudo estaba previsto para los meses de febrero y marzo entrantes, conforme al calendario tributario de 2026. 

La situación “obliga al Gobierno nacional a redoblar esfuerzos, explorar alternativas de financiación y fortalecer la eficiencia del gasto público, con el fin de garantizar que la ausencia de estos recursos no se traduzca en retrocesos sociales”, señala el Ministerio, y reitera que “el reto es claro: mantener el equilibrio fiscal sin sacrificar la prestación de servicios en salud, educación y el bienestar de los colombianos”.

Lo que se alcanzó a recaudar

Según el Ministerio de Hacienda, como resultado de las medidas tributarias adoptadas durante la Emergencia Económica y Social, la Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) alcanzó a recaudar cerca de $1,65 billones hasta el 29 de enero, fecha en la que se conoció la decisión de la Corte Constitucional de suspender de forma cautelar el estado de excepción.

De ese total, $1,63 billones correspondieron al pago de obligaciones asociadas a la reducción de intereses y sanciones para contribuyentes morosos e inexactos, beneficio al que se acogieron 175 mil contribuyentes y usuarios aduaneros. 

A este monto se sumó el recaudo por concepto del Impuesto de Estabilidad Fiscal, equivalente al 1 % sobre el valor de la primera exportación de carbón o hidrocarburos, que representó $23.800 millones; el IVA del 19% a importaciones de licores generó un recaudo de $1.200 millones.

Dice la cartera de Hacienda que estas medida permitieron mejorar el cumplimiento y el consentimiento tributario, además de generar un ingreso efectivo e inmediato para las finanzas públicas.

Pero con la suspensión de la Emergencia Económica, se verán afectados los recursos destinados a la salud y la educación, obligando al Gobierno a redoblar esfuerzos para garantizar la continuidad de estos servicios esenciales.

“Los recursos públicos no son un dato aislado en un balance fiscal: son atención médica, educación, medicamentos y programas sociales que sostienen la vida cotidiana de millones de colombianos. Por eso, cuando una fuente de financiación se suspende, el impacto no se mide únicamente en términos fiscales, sino en la capacidad del Estado para garantizar derechos fundamentales”, concluye el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

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Así se acordó al término de un encuentro en la sede del Ministerio de Hacienda y Crédito Público al que asistieron 17 mandatarios regionales para despejar dudas frente a los alcances de la norma con la que el Gobierno del presidente Gustavo Petro aspira recaudar cerca de $2,5 billones adicionales.

El decreto aumenta de 5% a 19% al consumo de licores y cigarrillos, tema que según los gobernadores afectan los ingresos en sus regiones.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, explicó que se trató de una “reunión cálida, se acaba la discordia, ellos (los gobernadores) van a aplicar el Decreto. Quedó claro que, si estos impuestos afectan a los territorios, la nación asume lo que haga falta para compensar a los departamentos”, aseguró.

Otra preocupación de los mandatarios regionales es que al aumentar el impuesto al consumo se dispara el contrabando y se reduce el consumo, pero el jefe de la cartera política sostuvo que “de ser así, nosotros, la nación, asumiríamos esa compensación, pero cálculos nos indican que eso no va a pasar”. 

El ministro anunció que con la Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) y la Polfa (Policía Fiscal y Aduanera), el Gobierno aumentará aún más la lucha contra el contrabando.

Tampoco, agregó Benedetti, las regiones perderán autonomía, como advierten los mandatarios, “porque hay una sentencia de la Corte Constitucional, la 414 de 2012, que dice que esos impuestos se pueden tocar en caso de que haya problemas macroeconómicos”.

¿Qué dice el Ministerio de Hacienda?

Previo a la reunión, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que las gobernaciones no verán afectados sus ingresos por los nuevos impuestos porque “la metodología está estructurada para que a la nación llegue el ingreso adicional a la tarifa, es decir, que el 5% del IVA al consumo de tabaco y alcohol irá a los departamentos, y 14% a la nación”.

En su cuenta de la red social X, la cartera informó, al final de la reunión, que “los gobernadores reconocieron la buena voluntad del Gobierno, representado en los ministerios de Hacienda y del Interior, y la disposición de avanzar en una evaluación del efecto del recaudo en mesas técnicas”.

Agregó que “se propone control al contrabando, salvaguarda de la ley que reconoce que la erosión de la demanda recae en la nación, y la instrucción de la Corte Constitucional de igualar la Unidad de Pago por Capitación al Régimen Subsidiado”.

Tanto los gobernadores como el Gobierno nacional presentarán sus argumentos a la Corte Constitucional para que se pronuncie de fondo sobre la juridicidad de la Emergencia Económica y Social y, en particular, del Decreto 1474 de 2025.

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El Decreto 1474 surge de la declaración del Estado de Emergencia que autoriza al Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, a dictar decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos. Además, contempla que de forma transitoria puede establecer nuevos tributos o modificar los existentes.

En este contexto, las medidas que se constituyen en el eje central del Decreto 1474 son:

• Durante el año gravable 2026 quedarán gravados con el impuesto sobre las ventas del 19% los bienes sujetos al impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, del que trata el artículo 202 de la Ley 223 de 1995 y los que se encuentren sujetos al pago de la participación que aplique en los departamentos que ejerzan el monopolio de licores destilados.

• Los juegos de suerte y azar operados exclusivamente por internet, en el territorio nacional o desde el exterior, estarán gravados con el impuesto sobre las ventas (lVA) del 19%. La base gravable estará constituida por los ingresos brutos del juego, entendidos como el total de las apuestas menos los premios pagados en el bimestre correspondiente.

• Sobre el ajuste del impuesto al patrimonio se fijó que el umbral bajará de 3.600 millones a 2.000 millones de pesos y un incremento progresivo de hasta 5 % para patrimonios superiores a 100.000 millones de pesos.

• Puntos adicionales en la tarifa del impuesto sobre la renta para el sector financiero. Los sujetos pasivos del impuesto sobre la renta y complementarios estarán obligados a liquidar 15 puntos adicionales al impuesto sobre la renta y complementarios. En adelante pagarán el 15% de sobretasa.

• Se crea el impuesto temporal que grava la extracción en el territorio nacional de hidrocarburos y carbón de partidas arancelarias, al momento de la primera venta o la exportación.  Los hechos generadores del impuesto son: 

-La primera venta dentro o desde el territorio nacional, de hidrocarburos y carbón.

-La presentación y aceptación de la solicitud de autorización de embarque al resto del mundo, de hidrocarburos y carbón.

• Sobre el impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado, la norma dice que el generador del impuesto está constituido por el consumo de cigarrillos, tabaco elaborado, derivados, sucedáneos o imitadores, en la jurisdicción de los departamentos. Se excluye del impuesto al consumo de tabaco, al chicote de producción artesanal. El Dane deberá certificar la base gravable para cada uno de los productos sujetos al impuesto al consumo.

• El Decreto ordena reducción transitoria de sanciones e intereses moratorios para los sujetos de obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarías administrados por la Dian, que se encuentren en mora en el pago a 31 de diciembre de 2025. La medida rige desde la fecha de vigencia del presente decreto y hasta el 31 de marzo del año 2026.

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La Asamblea Departamental de Antioquia rechazó la propuesta del gobernador Andrés Julián Rendón para incrementar los impuestos destinados a financiar medidas de seguridad. La Ordenanza 27, firmada por el Gobernador y otros funcionarios, proponía un plan detallado de 18 páginas que incluía diversas estrategias para combatir la criminalidad y mejorar la convivencia en Antioquia.

Propuesta del Gobernador para la Seguridad

Estrategias de la Ordenanza 27

El documento proponía la implementación de gerencias del delito, la formación de escuadrones militares y policiales, y la iniciativa «Antioquia Segura». También se incluía la adopción de tecnología avanzada para la seguridad, justicia y convivencia ciudadana, un sistema de participación ciudadana en la gestión territorial de seguridad, y una gerencia enfocada en la violencia de género. Además, se proponía mejorar el acceso a la justicia, prevenir y tratar el consumo problemático de sustancias psicoactivas, prevenir el delito desde una etapa temprana, fortalecer el sistema penitenciario y carcelario, y promover la convivencia ciudadana.

Justificación del Plan

Estas propuestas eran una respuesta directa a los altos índices de criminalidad en la región, buscando una solución integral para mejorar la seguridad y la convivencia en Antioquia. Sin embargo, los diputados consideraron que la implementación de estos impuestos sería perjudicial para los ciudadanos.

Reacciones a la Decisión de los Diputados

Declaraciones del Gobernador

El gobernador Andrés Julián Rendón expresó su descontento en su cuenta de X (antiguo Twitter): «Ante ponencia negativa se retira el proyecto de ordenanza que buscaba darle más recursos a la seguridad y proteger a los Antioqueños. Después de esa ponencia, es difícil salvarlo jurídicamente. Persisto en mi convicción de la seguridad como un bien de la República. Ahí me mantendré. Pasamos por momentos muy turbulentos que demandan liderazgos firmes y compromiso de los ciudadanos. Se nos aplaza la consecución de fuentes para ubicar 10 mil cámaras; construir cárceles; y atender las múltiples emergencias que el cambio climático nos impone. Esta iniciativa buscaba una contribución de los sectores más pudientes. Espero Antioqueños que tengamos una mejor oportunidad para acoger una medida de esta naturaleza, siempre cuidando la progresividad que deben tener los tributos y la menor afectación posible a una averiada y golpeada economía.»

Opiniones de los Diputados

Por otro lado, algunos diputados también se pronunciaron en la misma red social. Luis Peláez manifestó: «Como Diputado de Antioquía le solicito Gobernador respetar las decisiones de la Asamblea de Antioquia y no tratar de ocultar las ilegalidades de ese proyecto de ordenanza y además cambiar la verdad del debate, el proyecto es ilegal y aumentaría más el costo de energía en Antioquía. Ojo».

Walter Salas celebró la decisión: «Las ‘Nuevas Convivir’ van a tener que esperar. Se cayó el proyecto de Ordenanza del Gobernador que pretendía imponer esta equivocada figura de seguridad, financiada por un nuevo impuesto a nuestra gente. Desde la Asamblea defendemos la seguridad, ¡pero no a cualquier costo! Los antioqueños nos acabamos de librar de unos impuestos extras que solo servirían para un mal fin».

La Seguridad en Antioquia: Un Tema Crucial

Necesidad de Mejorar la Seguridad

A pesar del rechazo, la necesidad de mejorar la seguridad en Antioquia sigue siendo un tema crucial y pendiente. Los altos índices de criminalidad requieren soluciones efectivas y sostenibles que no perjudiquen la economía de los ciudadanos.

Próximos Pasos

El gobernador Andrés Julián Rendón y su equipo deberán buscar alternativas viables para financiar las necesarias medidas de seguridad sin recurrir a aumentos fiscales que afecten a la población. La colaboración entre gobierno y ciudadanos será clave para alcanzar soluciones que beneficien a todos los antioqueños.

Resumen de la Publicación

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