La auditoría busca garantizar la correcta administración de los recursos destinados a la atención de los ciudadanos y hace parte de las acciones que impulsa el Gobierno para fortalecer la transparencia, proteger el sistema de salud y prevenir hechos de corrupción que afecten la prestación de los servicios. 

En desarrollo de las labores de inspección, la Superintendencia informó que el equipo auditor enfrentó situaciones de maltrato por parte de funcionarios de la alcaldía de Medellín, entre ellos del alcalde Federico Gutiérrez y de la subsecretaria jurídica Liliana Correa. Según la entidad, estos hechos fueron puestos en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación y dieron origen a una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por presuntos actos de violencia contra servidor público y obstrucción. 

“Ninguna autoridad territorial está por encima de la ley ni puede impedir el ejercicio de la inspección, vigilancia y control que corresponde a esta entidad.» — Superintendencia Nacional de Salud. 

El Gobierno nacional destacó que las entidades de control cuentan con todas las garantías para ejercer sus funciones en el territorio y reiteró que las actuaciones institucionales deben desarrollarse con pleno respeto por el Estado de derecho, la independencia de los organismos de vigilancia y el cumplimiento de la Constitución y la ley. 

La Superintendencia Nacional de Salud señaló que las auditorías hacen parte de un plan estratégico orientado a proteger los recursos de la salud y fortalecer la lucha contra la corrupción, para garantizar que los recursos públicos lleguen efectivamente a la atención de los colombianos.

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El entramado criminal avanza hacia su fase de fraude financiero una vez que los falsos profesionales del esoterismo convencen a las víctimas de que el supuesto boleto ganador ya fue emitido y se encuentra bajo custodia. Mediante llamadas telefónicas, mensajería de texto y documentos falsificados que imitan la papelería de la entidad reguladora, los estafadores exigen transferencias bancarias internacionales bajo el argumento de que dichos pagos corresponden a supuestos impuestos gubernamentales, retenciones en la fuente o derechos notariales de autenticación indispensables para la liberación de los millonarios dividendos en territorio colombiano.

Frente a la proliferación de estos casos, el presidente de Coljuegos, Marco Emilio Hincapié, emitió una advertencia pública en la que aclara que ninguna de las plataformas oficiales de juegos novedosos o territoriales en el país recurre a intermediarios, sorteos privados ni cobros anticipados para hacer efectivos los incentivos económicos. El funcionario enfatizó que la suplantación de identidad institucional y de los operadores oficiales de apuestas constituye un delito penal grave, por lo cual la entidad ha dispuesto un equipo jurídico especializado para brindar asesoramiento legal a los extranjeros perjudicados y asegurar el rastreo de las cuentas receptoras del dinero ilícito.

Las autoridades de ciberseguridad y la policía judicial iniciaron las investigaciones necesarias para dar con el paradero de estas agrupaciones que lucran mediante la manipulación emocional y el engaño informático. Los entes de control instaron a la comunidad internacional y a los apostadores locales a verificar de manera estricta cualquier notificación de ganancia directamente en los portales web oficiales y canales de atención autorizados de los operadores. Asimismo, recordaron que los premios legítimos jamás están condicionados al desembolso de dinero en efectivo a cuentas de personas naturales o consorcios no reconocidos por la legislación de juegos de azar en Colombia.

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Presuntos hechos cometidos en obras adelantadas en el departamento del Chocó cuando se desempeñó como director de la Asociación de Municipios de Urabá Asomura, serían las causas de la captura del dirigente político, Adolfo Tabares.

Tabares es además el vocero del movimiento de Salvación Nacional, organización política que avala al señor De La Espriella, ha sido precandidato a la Alcaldía de Apartadó y a la Cámara de Representantes, con resultados marginales en las urnas.

Se conoció que miembros del CTI en cumplimiento de una orden de captura emitida por la Fiscalía General de la Nación, privaron de la libertad al político en pleno centro de Apartadó, luego diera declaraciones partidistas de la campaña del “Tigre” a una emisora local.

Estaba previsto que esta tarde el sindicado comparecería ante un juez de garantías para efectos de la legalización de la captura, pero al momento no se conoce el cumplimiento de esta diligencia.

Extraoficialmente se conoció que la Fiscalía le investiga desde hace varios años por presuntos hechos de corrupción cometidos cuando estuvo al frente de Asomura, en obras de infraestructura adelantadas en el departamento del Chocó.

Por su parte la campaña expidió un comunicado, en el cual advierte que esta captura se da por hechos registrados tiempo atrás, que nada tienen que ver con el proceso electoral actual.

Adolfo Tabares a la cárcel

Durante las últimas horas se conoció que el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Quibdó, dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Adolfo Tabares, bajo la sindicación de múltiples delitos así:

Peculado por apropiación, desvío e irregularidades en el manejo de dineros públicos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falencias y presuntos direccionamientos en la adjudicación de licitaciones.

Falsedad ideológica en documento público: Presunta alteración de actas y soportes de ejecución.

Asociación para la comisión de delitos contra la administración pública y concierto con otros exfuncionarios capturados en la misma acción judicial.

La autoridad judicial ordenó el traslado del retenido, quien además era directivo de la campeña de Abelardo de La Espriella en Urabá, a un centro carcelario en la capital del Chocó, en el marco de una investigación de varios años en cabeza de la fiscalía general de la Nación cuando el encartado se desempeñó como director de la Asociación de Municipios de Urabá (Asomura)

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(Foto principal/René Guarin. Director Dirección Nacional de Inteligencia (DNI))

Ante las recientes declaraciones públicas hechas a través de redes sociales, que señalan la presunta participación de personal vinculado a esta Entidad en planes contra la vida e integridad del señor Abelardo de la Espriella, la Dirección Nacional de Inteligencia se permite informar que: 

Rechazamos cualquier señalamiento que pretenda vincular a la institución o a sus servidores públicos con actividades delictivas. La DNI es un organismo de inteligencia de carácter civil, cuya misión principal es producir inteligencia estratégica para la toma de decisiones del alto gobierno frente a amenazas al Estado o que pongan en riesgo a la población. Esta entidad no desarrolla actividades de inteligencia operativa; es un organismo no armado y, por lo tanto, no posee capacidad militar ni táctica. En consecuencia, el personal de la entidad no recibe entrenamiento castrense alguno. 

Asimismo, esta Dirección mantiene una política de cero tolerancias frente a conductas que se aparten del deber oficial, contando para ello con protocolos de inteligencia y contrainteligencia rigurosos que garantizan que el actuar de nuestros servidores, esté alineados exclusivamente con los fines constitucionales del Estado y los Derechos Humanos. 

De igual manera, instamos al señor De la Espriella a que, en ejercicio de su responsabilidad ciudadana, presente de manera inmediata las evidencias que sustenten sus afirmaciones ante la Fiscalía General de la Nación, toda vez que la gravedad de lo expuesto exige un trámite judicial y de investigación. 

Finalmente, advirtió la entidad de Inteligencia, que: “ante estas aseveraciones, la DNI se reserva el derecho de interponer las acciones legales pertinentes para salvaguardar la integridad institucional que se produce en el cumplimiento del principio de legalidad, los Derechos Humanos y la confianza ciudadana”.

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Durante una audiencia en la que se revisan las órdenes impartidas al Ministerio de Salud sobre el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo resumió la posición del Gobierno: “El sistema de salud no carece de recursos, carece de transparencia y eficiencia en el uso de esos recursos”.

Desde el Ejecutivo también se reiteró la necesidad de avanzar en una transformación estructural del sistema, al considerar que los problemas actuales responden a dinámicas acumuladas durante años. “Desde el Gobierno nacional y el Ministerio de Salud reafirmamos la necesidad de una reforma estructural como solución de fondo”, señaló Jaramillo.

El funcionario rechazó que se le atribuyan responsabilidades individuales por fallas históricas. “Hoy me quieren hacer responder por una situación que no me corresponde, construida por los mismos actores que durante años han manejado el sistema”, dijo.

En la audiencia se insistió en que el debate no debe centrarse únicamente en si los recursos alcanzan, sino en cómo se administran y por qué no están llegando de manera oportuna a hospitales, clínicas y trabajadores de la salud.

“El énfasis debe estar en las fallas del modelo de intermediación y en el manejo del aseguramiento”, sostuvo el ministro, al advertir que esto sigue afectando la calidad y oportunidad en la atención.

El Gobierno también destacó que, según la Fiscalía, no hay evidencia que permita concluir que la UPC sea insuficiente. “Esto no puede interpretarse como falta de recursos”, reiteró.

«Hay una puerta giratoria: salen del Ministerio y aparecen en las agremiaciones. Trabajan juntos para pedirle más plata al Estado, sin rendir cuentas claras sobre la que ya recibieron»​

Finalmente, el ministro aseguró que los recursos del sistema han crecido en términos reales y que el reto está en su uso eficiente. “Los capitales son suficientes para garantizar el derecho a la salud”, concluyó.

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El presidente Gustavo Petro lanzó una fuerte advertencia sobre la responsabilidad financiera de las EPS y la transparencia en el manejo de los recursos públicos.El mandatario fue enfático al señalar que su administración no asumirá el saneamiento de deudas contraídas por privados que, según denunció, han incurrido en prácticas corruptas y desvío de dineros destinados a salvar vidas.

El mandatario aclaró que la única responsabilidad financiera que el Gobierno nacional reconocerá es la correspondiente a su participación accionaria en entidades como la Nueva EPS.

“La única deuda que tiene la Nación respecto a las deudas de las EPS es que nosotros no tenemos por qué pagar las deudas de los dueños de las EPS. El pueblo colombiano no tiene por qué pagar, vía su gobierno, lo que propone la oposición. Si ya se robaron 12 billones, ¿quieren que entreguemos otros 12? Eso aumentaría el déficit fiscal y nos llevaría a la inestabilidad total de las finanzas públicas», explicó el Jefe de Estado.

Deuda oculta en la Nueva EPS

El presidente Petro recordó que, tras la intervención de la Nueva EPS, se descubrió que estaban ocultando información financiera que buscaba evitar la vigilancia estatal.

Sobre este caso, las investigaciones muestran hechos como las siguientes:

—Facturas ocultas: Se hallaron 5 millones de facturas, por un valor de $5 billones, que no figuraban en los estados financieros oficiales.

—Riesgo sistémico: El mandatario advirtió que si la Nueva EPS llegara a liquidarse, colapsaría la mitad del sistema hospitalario del país, tanto público como privado.

—Plan de choque: El Ejecutivo anunció que trasladará entre 4 y 5 billones de pesos del presupuesto nacional a la Nueva EPS, mediante vigencias futuras para recuperar la confianza y operatividad de la entidad.

Llamado a la Fiscalía

El presidente Petro cuestionó duramente la celeridad de las investigaciones judiciales en casos emblemáticos como el de Coosalud, donde denunció el extravío de 200 mil millones de pesos.

“He pedido al Superintendente de Salud que envíe la auditoría forense a la Fiscal General de la Nación. No sé qué pasa con la Fiscalía respecto de la salud en Colombia. ¿Cómo es que no hay un proceso investigativo a fondo sobre decenas de billones que se fueron en lujos de los dueños de las EPS, mientras se condenaba a muerte a miles de colombianos?», cuestionó.

Finalmente, el mandatario vinculó parte de la crisis actual de la salud con “mafias armadas» y sectores políticos que, según sus palabras, han recibido dineros de los dueños de las EPS para bloquear la Reforma a la Salud en el Congreso, calificando este actuar como un daño “inmenso y destructor» para la sociedad.

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La Fiscalía General de la Nación ha iniciado acciones judiciales en un caso que sacude a la Universidad Tecnológica del Chocó. David Emilio Mosquera, exrector de la institución, ha sido imputado por su presunta participación en la adjudicación irregular de un contrato. Junto a él, también están siendo investigados dos exfuncionarios de la universidad y un contratista.

Avances judiciales contra los implicados

El exrector David Emilio Mosquera, quien lideró la Universidad Tecnológica del Chocó, enfrenta acusaciones por presuntamente haber autorizado la adjudicación de un contrato sin cumplir los procedimientos legales. La Fiscalía sostiene que este contrato fue entregado “a dedo”, violando los principios de transparencia y legalidad.

En la investigación, también están involucrados el exjefe de sistemas y el exjefe de contratación de la universidad. Ambos funcionarios habrían participado en las irregularidades detectadas.

Rol del contratista en el caso

El contratista imputado es señalado como la otra pieza clave en esta trama. Según las autoridades, habría colaborado con los exfuncionarios para garantizar que el contrato fuese adjudicado a su favor, dejando de lado las normas de selección pública. La Fiscalía ha destacado que el caso refleja un patrón de corrupción institucional.

Impacto en la Universidad Tecnológica del Chocó

El escándalo no solo afecta a las personas implicadas, sino que pone en entredicho la transparencia de la gestión administrativa de la Universidad Tecnológica del Chocó. Esta institución, vital para el desarrollo educativo y social de la región, enfrenta ahora cuestionamientos sobre la ética en su manejo interno.

Declaraciones de la Fiscalía

En un comunicado oficial, la Fiscalía resaltó que este caso es parte de una serie de esfuerzos para combatir la corrupción en entidades públicas. “La captura e imputación de estos individuos es un mensaje claro de que no se tolerará la malversación de recursos públicos ni el abuso de poder en las instituciones”, aseguró un vocero de la entidad.

Reacciones y próximos pasos

Las capturas y las imputaciones han generado múltiples reacciones en el ámbito académico y político del Chocó. Organismos de control y sectores sociales han solicitado una investigación exhaustiva que permita esclarecer los hechos y garantizar la justicia.

Por ahora, el caso avanza en su etapa inicial y se espera que en las próximas semanas se realicen las audiencias preliminares. Estas definirán el futuro judicial de los implicados y permitirán determinar si existen más personas vinculadas al caso.

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La Fiscalía General de la Nación, en un operativo conjunto con la Dirección Especializada de Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, impuso medidas cautelares sobre 17 bienes vinculados a la extracción ilegal de materiales de construcción en Galapa, municipio ubicado en el Atlántico. Estos activos, valorados en más de 4.700 millones de pesos, incluyen terrenos, volquetas y maquinaria amarilla, que eran utilizados en actividades que causaron graves daños ambientales en la zona.

Extracción ilegal en Galapa

La investigación, liderada por la Seccional Atlántico, reveló que los implicados extraían arena y gravilla de un terreno conocido como El Socorro, sin contar con los permisos legales. Esta actividad, desarrollada en una zona forestal, ocasionó la remoción de la capa vegetal, alteraciones en el uso del suelo y deterioro de los ecosistemas locales.

El uso de maquinaria pesada para la extracción de estos materiales no solo facilitaba el transporte y comercialización de los recursos naturales, sino que aceleraba el deterioro del entorno, contribuyendo a un daño ambiental irreversible, según el reporte de la Fiscalía.

Acciones legales y sanciones

En junio de 2024, cuatro personas fueron juzgadas por su participación en estas actividades ilegales. Estas personas estaban involucradas en la extracción, traslado y comercialización de los materiales obtenidos en el terreno de El Socorro. La ocupación de los bienes se llevó a cabo en colaboración con la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional, asegurando el éxito de la operación.

Los bienes afectados por el embargo incluyen cuatro terrenos, varias volquetas y maquinaria amarilla, que serán administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Esta entidad será la encargada de gestionar dichos activos, como parte de las medidas adoptadas para prevenir el impacto continuo de las actividades ilegales.

Daños ambientales y medidas preventivas

El deterioro ambiental en la zona de Galapa ha sido una de las principales preocupaciones de las autoridades. Las actividades ilegales en terrenos protegidos han alterado el equilibrio ecológico, poniendo en riesgo los ecosistemas locales. La Fiscalía subrayó la importancia de implementar sanciones y medidas preventivas para evitar que estos delitos continúen afectando los recursos naturales del país.

El embargo de los bienes, además de ser una medida punitiva, tiene como objetivo proteger el entorno natural y detener las actividades que han causado un impacto negativo en el medio ambiente de la región. Las acciones tomadas refuerzan el compromiso del Estado colombiano en la protección del patrimonio ambiental y en la lucha contra los delitos que lo amenazan.

La importancia de preservar el medio ambiente

Las autoridades han destacado que la protección del medio ambiente es una prioridad para las instituciones del Estado. La Fiscalía ha asegurado que, en casos como el de Galapa, se buscarán sanciones ejemplares para los responsables, con el fin de enviar un mensaje claro sobre la importancia de la legalidad en el uso de los recursos naturales. La remoción de la capa vegetal y el uso indebido del suelo son crímenes que afectan no solo a la comunidad local, sino al país en su conjunto.

Las acciones de la Fiscalía y la Policía Nacional en este caso demuestran el esfuerzo coordinado para combatir la extracción ilegal de recursos naturales y asegurar que los responsables de estos delitos enfrenten las consecuencias legales correspondientes.

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La fiscal Angélica Monsalve realizó graves denuncias a través de sus redes sociales sobre el uso del software Pegasus en la Fiscalía General de la Nación. Según Monsalve, este controversial programa de interceptación, conocido por su capacidad para realizar vigilancia masiva, fue adquirido con dinero proveniente de lavado de activos, generando serias dudas sobre la legalidad de su implementación.

Pegasus activo en la Fiscalía

Monsalve afirmó que el software Pegasus, utilizado por el grupo de interceptaciones de control telemático, continúa activo en la Fiscalía. La fiscal detalló que los recursos para la compra del software en 2022 provendrían de actividades ilícitas. Además, expresó sus dudas sobre la transparencia en el manejo de los fondos y las circunstancias en que se adquirió esta herramienta de vigilancia.

PEGASUS ESTÁ VIVITO Y CHUZANDO!

Según información que me allegó un ingeniero de las TICS, el software Pegasus está licenciado a la @FiscaliaCol , y es la plataforma usada por el grupo de interceptación de control telemático

Este post va como derecho de petición al insulso e…

— Angelica Monsalve Gaviria (@alazamo123) October 16, 2024

Cuestionamientos al exfiscal Barbosa y viajes a Israel

La fiscal también hizo referencia a los viajes a Israel relacionados con la compra de Pegasus. En particular, cuestionó el viaje realizado por el exdirector del CTI, Alberto Acevedo, quien fue comisionado para viajar a dicho país bajo la excusa administrativa de “vacaciones”. Acevedo fue acompañado por Luis Fernando Lozano Mier, subdirector nacional de TIC, y Gineth Romero, directora de Control Telemático, quienes, según Monsalve, realizaron este desplazamiento con presupuesto financiado por la embajada de Israel.

Monsalve también solicitó explicaciones al exfiscal general Francisco Barbosa sobre su participación en este proceso de adquisición y sobre los fondos empleados, subrayando que el uso de dinero proveniente de actividades ilícitas para la compra de Pegasus es un hecho que debe ser investigado de manera rigurosa.

Derecho de petición en la Fiscalía

Angélica Monsalve presentó un derecho de petición ante la Fiscalía para que se investiguen a fondo las irregularidades relacionadas con la adquisición del software. En su denuncia, también subrayó la necesidad de que se revisen los mecanismos de control interno de la entidad, ya que este tipo de operaciones podrían vulnerar no solo la legalidad, sino también la confianza pública en las instituciones.

La denuncia ha generado un intenso debate en el ámbito judicial y político del país, poniendo nuevamente en el centro de la discusión el uso de herramientas tecnológicas para el control y seguimiento de ciudadanos, y los riesgos que esto conlleva si se utilizan de manera ilegal.

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La Registraduría Nacional del Estado Civil ha informado la cancelación de 1.038 cédulas de ciudadanía tramitadas por extranjeros que usaron identidades falsas en lo que va de 2024. Este hecho pone en alerta a las autoridades, ya que afecta la transparencia de los documentos oficiales y evidencia el incremento de actividades ilícitas relacionadas con la falsificación de identidad en el país. La mayoría de los involucrados provienen de República Dominicana, Venezuela y Ecuador, según los registros oficiales.

Las regiones más afectadas

La cancelación de cédulas fraudulentas no ha sido uniforme en todo el país. Las regiones más impactadas por este fenómeno son Atlántico, Córdoba, Bogotá y Cesar. Atlántico lidera la lista con 265 casos, seguido por Córdoba con 253, Bogotá con 139 y Cesar con 121 documentos anulados. Estas cifras reflejan la vulnerabilidad de ciertos territorios frente a redes criminales dedicadas a la falsificación y el tráfico de migrantes.

El registrador nacional, Hernán Penagos, señaló que se está trabajando estrechamente con las autoridades competentes para detectar nuevas formas de falsificación de documentos y evitar que este tipo de actividades continúe afectando la seguridad del país.

Redes de falsificación y tráfico de migrantes

Uno de los principales desafíos que enfrentan las autoridades es la desarticulación de redes internacionales dedicadas al tráfico de migrantes y la falsificación de documentos en Colombia. Los migrantes, en su intento de regularizar su situación, son víctimas fáciles de estas organizaciones, que les ofrecen documentos falsos a cambio de sumas considerables de dinero. Este tipo de fraude no solo impacta la legalidad del proceso migratorio, sino también la seguridad nacional y la confianza en los documentos oficiales emitidos por el Estado colombiano.

Las investigaciones actuales apuntan a identificar los nexos entre estas redes y los funcionarios o intermediarios locales que facilitan la tramitación de estos documentos fraudulentos.

Colaboración con la Fiscalía

Para combatir este tipo de crímenes, la Registraduría ha enviado toda la información pertinente a la Fiscalía General de la Nación. El objetivo es avanzar en las investigaciones y desarticular completamente las redes dedicadas a la falsificación de documentos de identidad. El proceso implica no solo la cancelación de las cédulas, sino también acciones legales contra los responsables de estas actividades ilícitas, incluyendo a los extranjeros que han usado identidades falsas y a los ciudadanos colombianos involucrados en su facilitación.

El registrador Hernán Penagos destacó que la coordinación entre diferentes entidades del Estado es esencial para frenar este tipo de actividades criminales y proteger la integridad de los documentos oficiales.

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