En el concurso participaron más de 650 niños, niñas y jóvenes de las instituciones educativas Lola González, Pedro Claver, Eduardo Santos, La Independencia y Fe y Alegría, además de 150 estudiantes de primera infancia del Jardín Infantil Buen Comienzo Moravia. El proyecto es desarrollado por la Fundación Forjando Futuros, en articulación con la Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP) y con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid.

“Apoyar este proyecto es apostar por jóvenes que están construyendo ciudades más sostenibles, más justas y más preparadas para enfrentar el cambio climático”, expresó Montse Sánchez, integrante de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Madrid.

El concurso invitó a los y las estudiantes a presentar propuestas creativas sobre el cuidado del medio ambiente y la influencia de las acciones cotidianas en el entorno, con mensajes para promover prácticas sostenibles en la escuela, el hogar y la comunidad.

Para seleccionar las iniciativas premiadas tuvimos en cuenta distintos criterios, como los enfoques de género y derechos humanos, la claridad de los mensajes, su capacidad para sensibilizar y motivar, la relación con la realidad de los centros educativos, los hogares y las comunidades, y la creatividad de las propuestas. También se valoró la incorporación de perspectivas relacionadas con la igualdad de género.

Como resultado, 25 propuestas de primaria y bachillerato fueron seleccionadas como ganadoras y recibieron material tecnológico. En primera infancia, los cinco grupos participantes fueron reconocidos colectivamente con elementos para fortalecer sus procesos de huertas.

“Desde Asamblea de Cooperación por la Paz apostamos firmemente por ciudades verdes inclusivas en las que la juventud se convierta en protagonista de su desarrollo a través de las instituciones públicas y el tejido asociativo”, manifestó Mercedes Morillo, delegada de ACPP Madrid.

De las aulas a la vida cotidiana

La experiencia ha permitido que los aprendizajes sobre el cuidado ambiental trasciendan las aulas y se reflejen en las prácticas cotidianas de los estudiantes. Así lo destaca Lisardo Castrillón Herrera, docente que acompañó el proceso y resalta tanto la creatividad de los participantes como los cambios en sus hábitos.

“Una de las cosas bonitas es que nosotros les enseñamos a los y las estudiantes a que tenían que decirlo en inglés”, cuenta el profesor. Como parte de la apuesta por el bilingüismo de su institución educativa, los estudiantes elaboraron carteleras, dibujos, exposiciones y videos para compartir sus mensajes ambientales.

El docente también destaca avances en el manejo de residuos dentro de la institución. “Ya los y las estudiantes tienen un poquito más de conciencia de cómo desechar las basuras”, señala. Además, la institución dispuso canecas para clasificar los residuos, una medida que permite llevar a la práctica los aprendizajes promovidos por EcoHuertas.

Para los y las estudiantes, el concurso fue una oportunidad de aprender mientras encontraban nuevas formas de comunicar sus ideas. Miguel Guisao Echeverri, de la Institución Educativa La Independencia, destaca el valor de la creatividad para involucrar a otros niños, niñas y jóvenes.

“El concurso me pareció muy bueno, ya que ayuda a los estudiantes a desarrollar la creatividad para contar historias y que este proyecto sea aún más divertido para los estudiantes. Con nuestras propuestas invitamos a cuidar el medio ambiente”, afirma.

Orianis Cardona, de la Institución Educativa Eduardo Santos, participó con dibujos. Para ella, estas actividades permiten que los aprendizajes ambientales lleguen a diferentes espacios de la vida cotidiana.

“Es importante para que los niños aprendan sobre medio ambiente, reciclen y cuiden las plantas. Además, aprendí a que las EcoHuertas pueden ayudar en casa, en la escuela y en todos los lugares”, expresa.

Educación ambiental para construir comunidades sostenibles

El concurso “Nuestra Influencia Sobre el Medio”, a través de actividades pedagógicas, busca que niños, niñas, jóvenes y docentes reconozcan su capacidad para generar cambios desde sus hogares, instituciones educativas y comunidades.

La iniciativa también conecta la formación ambiental con desafíos como el cambio climático y la necesidad de avanzar hacia sociedades más sostenibles. Para Nora Saldarriaga, directora de la Fundación Forjando Futuros, la participación de toda la comunidad educativa es fundamental para alcanzar ese propósito.

“Este proyecto nos muestra que la educación ambiental transforma vidas y que los niños, las niñas y toda la comunidad educativa deben participar. El medio ambiente, el cambio climático, la acción climática y las sociedades sostenibles son parte de nuestro trabajo”, afirma.

Con el reconocimiento a las propuestas ganadoras, EcoHuertas destaca el papel de la educación y la creatividad infantil y juvenil en la protección del medio ambiente. Los trabajos premiados muestran que los mensajes sobre reciclaje, cuidado de las plantas y consumo responsable pueden convertirse en herramientas para movilizar a las comunidades y promover cambios en la vida cotidiana.

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La discusión se vuelve difícil cuando hay que decidir dónde termina la autonomía y comienza lo que un gobierno considera un problema de orden público; sobre todo porque alguien tendrá que determinar esa frontera y no da exactamente lo mismo quién lo haga ni cómo.

Las recientes declaraciones del presidente Abelardo De la Espriella, quien sostuvo que la autonomía universitaria no puede convertirse en una “patente de impunidad”, reabrieron el debate sobre los límites de esta garantía frente al orden público, la protesta estudiantil y la eventual intervención de la fuerza pública en los campus. 

La discusión sobre la autonomía universitaria suele centrarse en las movilizaciones estudiantiles y asociarse con imágenes de disturbios, encapuchados y choques violentos con la fuerza pública. Sus antecedentes se buscan con frecuencia en la Reforma de Córdoba (Argentina) de 1918, o incluso en la Constitución colombiana de 1991. Pero para reconstruir sus orígenes con mayor precisión, sin pretender abarcarlos por completo, es necesario retroceder varios siglos. Ese recorrido permite ampliar la mirada y evitar los reduccionismos en los que tantas veces termina atrapado el debate.

Bolonia y los primeros privilegios universitarios

En el siglo XII, Bolonia ya recibía estudiantes de distintos lugares de Europa y, aunque tenían la oportunidad de estudiar allí, ser extranjero no era precisamente un privilegio. Una de las prácticas de la época permitía, por ejemplo, cobrarle a un estudiante las deudas contraídas por otros compatriotas que habían huido; ante esto, estudiantes y maestros llevaron el problema ante Federico I Barbarroja y de allí surgió la Authentica Habita, que protegió a quienes se desplazaban para estudiar frente a ese tipo de represalias y contempló que, en determinados casos, pudieran ser juzgados por su maestro o por una autoridad de la Iglesia.

Además de contar con esta protección imperial, los estudiantes comenzaron a organizarse: primero, según sus lugares de procedencia, en las llamadas nationes, y algunas de estas agrupaciones terminaron formando universidades. A pesar del nombre, no pensemos todavía en la universidad que conocemos hoy en día; eran justamente corporaciones de estudiantes, con estatutos y asambleas, que elegían rectores y podían representar a sus miembros ante la ciudad. Pero no deja de ser significativo que, en plena Edad Media, en una sociedad altamente jerarquizada y atravesada por el poder de la Iglesia, aquellos estudiantes hubieran encontrado una forma de organizarse para decidir asuntos que les concernían directamente.

Privilegios, corporaciones y poder

A diferencia de Bolonia, en París fueron los maestros quienes se organizaron, en un contexto en el que también surgieron problemas con las autoridades de la ciudad. Por ejemplo, en el año 1200 se presentó un enfrentamiento entre estudiantes y habitantes de Paris, y en medio del suceso hombres al servicio del preboste, una autoridad del rey en la ciudad, intervinieron violentamente y dejaron varios estudiantes muertos. El asunto escaló hasta el rey Felipe II Augusto, quien castigó al preboste y concedió a maestros y estudiantes el llamado beneficio del foro (privilegium fori), lo que implicaba, entre otras cosas que, si un estudiante era detenido, debía ser entregado a la jurisdicción eclesiástica.

Este proceso continuó en 1215, cuando Robert de Courçon, legado del papa Inocencio III, promulgó estatutos que regulaban quién podía enseñar, qué debía estudiarse y bajo qué condiciones. Pero esto no evitó que las tensiones entre la comunidad académica y la ciudad resurgieran, y en 1229 hubo nuevos enfrentamientos en París, en los que murieron varios estudiantes; los maestros suspendieron las clases y muchos abandonaron la ciudad. Dos años después intervino el papa Gregorio IX con la bula Parens Scientiarum, que reconoció a la corporación la posibilidad de dictar sus propias normas sobre distintos asuntos internos e incluso, bajo determinadas circunstancias, suspender la enseñanza.

Valga precisar que, hasta ese momento, no estamos hablando de autonomía universitaria en el sentido en que la entendemos actualmente, pues en la Edad Media muchos de esos beneficios o privilegios dependían justamente de quienes ejercían el poder. Emperadores, reyes y papas los concedían o reconocían, pero eso no minimiza lo que aquellas corporaciones habían logrado al establecer sus propias normas, elegir autoridades y tomar decisiones sobre su funcionamiento interno.

Varios siglos después, Francia tomó una dirección muy distinta. Durante la Revolución francesa, las antiguas universidades y facultades fueron suprimidas y, con Napoleón, apareció una Universidad Imperial fuertemente centralizada; en 1806 se creó el cuerpo encargado de la enseñanza pública y, dos años después, se estableció que nadie podía enseñar públicamente sin pertenecer a esa estructura o estar autorizado por ella. Además, quien estaba al frente de la Universidad Imperial era nombrado por el propio Napoleón.

Por su parte, en Prusia, Humboldt defendía ora idea y participó en la creación de la Universidad de Berlín, fundada en 1810. Consideraba que la ciencia necesitaba libertad para desarrollarse y que demasiada intervención estatal podía afectarla; pero tampoco proponía una universidad separada del Estado, al cual le atribuía responsabilidad por las condiciones del trabajo científico. Incluso defendía que el nombramiento de los profesores universitarios siguiera en manos del Estado.

El eco del Manifiesto Liminar en Colombia

En Latinoamérica, en 1918 en Córdoba, Argentina, los estudiantes se rebelaron contra una universidad que consideraban cerrada, clerical y poco dispuesta a renovarse. El Manifiesto Liminar cuestionó la autoridad profesoral sostenida únicamente por el cargo y reclamó otra relación entre quienes enseñaban y quienes aprendían, pero también una universidad más vinculada a los problemas de la sociedad. De esta manera, Córdoba terminó convirtiéndose en una referencia para movimientos estudiantiles de otros países de la región y la Reforma articuló reclamos que hoy son reconocibles, como el cogobierno, la libertad de cátedra, la extensión y la autonomía.

En Colombia, durante las primeras décadas del siglo XX, también hubo reclamos de reformas y, por supuesto, la experiencia de Córdoba era uno de sus referentes, aunque esta historia tiene un recorrido muy particular. A través de congresos estudiantiles y distintas movilizaciones, se defendía una reforma de la universidad que incluía, entre otras, la exigencia de autonomía. 

En 1935, durante el primer gobierno de Alfonso López Pumarejo, la Ley 68 reorganizó la Universidad Nacional, que hasta entonces funcionaba como un conjunto de facultades bastante dispersas entre sí; la convirtió en persona jurídica, estableció su patrimonio y abrió espacios de participación para profesores y estudiantes en su gobierno. Esta reforma también muestra que las aspiraciones del movimiento estudiantil trascendieron ese ámbito y se expresaron en la llamada Revolución en Marcha, un proyecto de modernización impulsado por el propio Estado y encabezado por un dirigente proveniente de la élite financiera y empresarial colombiana.

Años después, la Constitución del 91 consagró la autonomía universitaria como garantía constitucional y estableció que las universidades pueden darse sus propias directivas y regirse por sus propios estatutos. Un año después, la Ley 30 llevó esa autonomía a cuestiones mucho más concretas y reconoció que las universidades podían designar sus autoridades académicas y administrativas, organizar sus programas, seleccionar profesores, admitir estudiantes y administrar sus recursos. Han pasado más de tres décadas y esa ley, como bien sabemos, tampoco ha dejado de ser objeto de fuertes cuestionamientos, movilizaciones e intentos de reforma.

¿Para qué sirve la autonomía?

A estas alturas podríamos seguir buscando antecedentes y, con seguridad, encontraríamos muchos más, pero tampoco se trata de hacer una relación interminable. La pregunta que ahora podemos hacernos es: ¿Para qué necesita una universidad su autonomía? ¿Acaso la necesita para convertirse en una república independiente o para sustraerse de la Constitución y de las leyes?

Si quien gobierna pudiera decidir qué puede investigar una universidad, qué se puede enseñar en sus aulas o qué ideas pueden discutirse, poco importaría que esta pudiera elegir a su rector o redactar sus propios estatutos. De eso se trata también la autonomía: que el conocimiento y el pensamiento crítico no tengan que acomodarse a lo que un gobierno de turno, una iglesia, un partido o cualquier otro poder considere conveniente.

En nuestro país, esa discusión sobre la presencia de la fuerza pública en las universidades tiene, además, su propia historia. En junio de 1954, la Policía ingresó a la Universidad Nacional y allí murió el estudiante Uriel Gutiérrez; al día siguiente, durante las protestas por su muerte, varios estudiantes fueron asesinados por las Fuerzas Militares. Treinta años después, el 16 de mayo de 1984, la fuerza pública volvió a ingresar al campus en medio de una jornada que dejó heridos, decenas de detenidos y denuncias de graves violaciones de derechos humanos.

El peligro de las fronteras arbitrarias

Con esos antecedentes, la discusión de estos días no ocurre precisamente en el vacío, pues el recién posesionado presidente Abelardo de la Espriella afirmó que “la autonomía universitaria no está por encima del orden público” y anunció la creación de un protocolo para regular la intervención de las autoridades en las universidades. Aunque mantener el orden público y la seguridad son propósitos plenamente legítimos, nuestra historia nos muestra que el ingreso de la fuerza pública puede comprometer derechos y agravar los conflictos que pretende resolver. Por eso, la discusión exige que nos preguntemos quién decide cuándo se justifica una intervención, con qué criterios y qué garantías existen para impedir que una protesta o un conflicto universitario termine siendo tratado como una amenaza. Por ahora se ha anunciado la elaboración de ese protocolo y habrá que conocer el texto definitivo para saber exactamente cuáles serán sus alcances.

El rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, ha dicho que el ingreso de la fuerza pública tradicionalmente no tiene efecto y que la solución pasa por identificar, con “inteligencia”, a quienes participan en hechos violentos. Parece una opción menos agresiva que ingresar tanquetas al campus, pero en una institución que también carga con la memoria de la actuación de organismos de inteligencia y seguridad del estado, la palabra no resulta precisamente inocua.

Después de todo este recorrido, podemos volver al comienzo. Federico Barbarroja, Felipe II Augusto o Gregorio IX difícilmente pensaban en crear espacios de impunidad cuando reconocieron algunos de los privilegios que forman parte de esta historia. La discusión se vuelve bastante más difícil cuando hay que decidir dónde termina la autonomía y comienza aquello que un gobierno considera un problema de orden público; sobre todo porque alguien tendrá que decidir dónde queda esa frontera y, como ya lo vimos, no da exactamente lo mismo quién lo haga ni cómo.

*Doctorando en Políticas Públicas, Gobierno e Innovación de la Universidad Nacional de Río Negro UNRN (Argentina). Magíster en Educación y en Análisis y Gestión de Políticas Públicas. Profesor universitario.

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Esta primera etapa permitirá contar con un diagnóstico para orientar las decisiones frente a la continuidad del servicio educativo y la recuperación de la infraestructura, garantizando condiciones de seguridad para las comunidades.

Específicamente en el sector de la educación superior, se han recibido 243 reportes de afectación de 117 Instituciones de Educación Superior (IES) entre públicas y privadas. De acuerdo con la información consolidada, 54 sedes presentan altas afectaciones en infraestructura y 91 tienen suspendidas sus actividades académicas, situación que impacta a 114.855 estudiantes.

 El Ministerio hará acompañamiento para orientar la activación y fortalecimiento de los Planes de Gestión del Riesgo de Desastres de las IES, la verificación de las condiciones de seguridad de las sedes y la articulación con las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo.

 A partir de las necesidades identificadas, se definirán acciones para favorecer el bienestar de las comunidades de las IES, la continuidad académica y el restablecimiento del servicio, con apoyos en alimentación, transporte, alojamiento, conectividad, equipos tecnológicos y atención psicosocial cuando sean requeridos.

En materia de infraestructura, primero se deberán completar las valoraciones técnicas y los trámites ante las aseguradoras para establecer el alcance de los daños y las coberturas correspondientes. Con esa información se determinarán las necesidades que no estén cubiertas y, a partir de allí, se definirán las acciones y apoyos que correspondan por parte del Gobierno nacional para avanzar en la recuperación de las sedes afectadas. 

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Medellín- marzo de 2026 (@EPMestamosahi) | Gracias al proyecto de Gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEES) de EPM, 1.695 computadores de la Empresa han sido recuperados en procesos de aprovechamiento, con el fin de darles una segunda oportunidad para educar a los niños y jóvenes de colegios públicos de Medellín en habilidades tecnológicas.

Estos equipos, 821 de escritorio y 874 portátiles, hacen parte de los computadores que cada cuatro años EPM cambiaba a sus funcionarios y que, desde el componente tecnológico, son muy competitivos en el mercado. Anteriormente, estos equipos se subastaban por lotes, pero se les quiso dar un propósito social y de economía circular a través de un convenio firmado con la Alcaldía de Medellín. De esta manera, EPM suministra los equipos y la administración municipal, a través de la Secretaría de Educación, adecúa las salas para el uso de los niños y jóvenes de diferentes sectores de la ciudad.

El gerente general de EPM, John Maya Salazar, y el vicepresidente Negocios de EPM, Humberto Iglesias, en compañía de Carolina Franco Giraldo, secretaria de Educación del Distrito de Medellín, estuvieron en la segunda entrega de equipos para la Institución Educativa Gilberto Alzate Avendaño, del barrio Aranjuez, en el nororiente de Medellín, en donde se entregaron un total de 85 computadores para dotar dos salas de informática.

Con todo lo que necesitan

Luego de la entrega inicial que EPM le hizo a la Secretaría de Educación, los 1.695 computadores fueron adecuados en la Escuela del Maestro con los programas que requieren las instituciones educativas dependiendo del énfasis académico que cada una tenga.

 Primero se les hizo una configuración que incluía Windows 10, la suite de Office, navegadores y el lector de PDF, entre otros. En segundo lugar, y como cada institución educativa tiene un énfasis particular, los programas que se les incorporaron a los equipos dependieron de la media técnica que ofrecen: por ejemplo, si es programación se les instalaron Python, Visual Studio y Xampp; si, por el contrario, el énfasis es el diseño multimedia se les instaló la suite de Adobe: Photoshop, Illustrator, Premiere Pro e InDesign.

La Cifra

En total, 1.695 computadores, entre equipos de escritorio y portátiles, hacen parte de esta entrega que beneficiará a los niños y jóvenes de Medellín.

En esta primera etapa serán beneficiadas más de 41 instituciones educativas del Distrito de Medellín, que atienden a cerca de 30 mil estudiantes de diferentes sectores de la ciudad. Así mismo, EPM desea ampliar estos convenios a otros municipios de Antioquia de las zonas de influencia de sus diferentes proyectos.

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