El terremoto del pasado lunes 10 de agosto no solo convirtió en escombros edificios y viviendas; sacudió conciencias, despertó temores y quebró, una vez más, la confianza de los colombianos en la capacidad del Estado para protegerlos cuando más lo necesitan. Volvió a poner sobre la mesa una pregunta incómoda que Colombia parece incapaz de resolver. ¿Qué pasará con los recursos destinados a atender esta emergencia?

No es una pregunta paranoica. Es una pregunta que nace de la experiencia. Cada vez que el país ha enfrentado una catástrofe o una crisis de gran escala, la corrupción ha encontrado la manera de abrirse paso en medio del dolor ajeno. Lo vimos con la avalancha de Mocoa y con las inundaciones de la ola invernal de 2010-2011. Lo vivimos otra vez durante la pandemia de COVID-19, cuando los contratos exprés, los sobrecostos en insumos médicos y las compras públicas con controles insuficientes se convirtieron en noticia recurrente mientras el país enterraba a sus muertos.

El huracán Iota es quizás el precedente más parecido a lo que hoy enfrentamos. En noviembre de 2020 arrasó San Andrés y Providencia. El Gobierno prometió un ‘Plan de 100 días’ para la reconstrucción, pero los años posteriores mostraron lentitud, denuncias de contrataciones a dedo y recursos que nunca llegaron a los isleños que más los necesitaban. Para la clase política, parece que ninguna tragedia es tan grande que no quepa un negocio turbio en sus escombros.

Las condiciones que permiten ese patrón tienden a repetirse. En una emergencia es razonable, incluso necesario, flexibilizar algunos controles para responder con la rapidez que la situación exige. La contratación directa, los procesos abreviados y una mayor discrecionalidad presupuestal pueden estar plenamente justificados cuando hay vidas en juego y cada hora cuenta.

El problema aparece cuando esa flexibilidad no está acompañada de una vigilancia igualmente rigurosa. Menos controles pueden significar mayor velocidad, pero menor trazabilidad, menor competencia entre proveedores y más espacio para que decisiones aparentemente técnicas terminen favoreciendo intereses particulares. Cuando eso ocurre, los recursos que deberían llegar a quienes lo perdieron todo comienzan a desviarse de manera silenciosa.

Y conviene ser claros: el riesgo no depende únicamente de que aparezcan funcionarios inescrupulosos o personas sin experiencia al frente de la emergencia. Colombia ha demostrado con creces que la corrupción de alto nivel también puede involucrar a profesionales de amplia formación académica —incluso con maestrías y doctorados— y extensas trayectorias en el sector público o privado.

El caso Reficar, por ejemplo, llevó el costo de modernización de la refinería de Cartagena de cerca de 3.800 millones de dólares a más de 8.000 millones. El escándalo de Odebrecht, relacionado con la Ruta del Sol II, involucró a multinacionales, empresarios y funcionarios con educación superior, posgrados y amplia experiencia. El carrusel de la contratación en Bogotá y el caso de Agro Ingreso Seguro mostraron problemas similares.

La mención resulta incómoda, pero es necesaria. La formación académica y la experiencia profesional no garantizan la integridad. Una persona puede conocer perfectamente las normas y, aun así, decidir utilizarlas para favorecer sus propios intereses. En una emergencia, cuando los controles habituales se relajan por necesidad, esa falta de garantía se vuelve todavía más peligrosa.

En el caso de un terremoto, los riesgos pueden anticiparse con facilidad. Pueden aparecer contratos de reconstrucción de viviendas e infraestructura adjudicados sin competencia real, sobrecostos en materiales y ayudas humanitarias, censos de damnificados manipulados para desviar subsidios o empresas de papel creadas para captar contratos de emergencia. Ninguno de estos mecanismos es nuevo. Todos han aparecido, de una u otra forma, después de desastres naturales en Colombia y en otros países.

Por eso la vigilancia no puede comenzar cuando los recursos ya se hayan perdido y solo quede investigar. Tiene que estar presente desde el primer día, al mismo tiempo que se desarrolla la respuesta humanitaria. Los contratos de emergencia y sus beneficiarios deben hacerse públicos con la mayor rapidez posible. La ciudadanía y los organismos de control, como la Contraloría y la Procuraduría, deben contar con mecanismos efectivos para detectar y corregir irregularidades. Deben existir, además, canales ágiles para que los afectados puedan denunciar sin temor a represalias. Y cuando aparezcan delitos, las investigaciones y sanciones no pueden prolongarse durante años hasta que el país termine olvidando lo ocurrido.

Existe, por otro lado, un asunto menos técnico y mucho más cultural. La ciudadanía no puede bajar la guardia porque se encuentre frente a una tragedia que despierta solidaridad nacional. Precisamente en esos momentos, cuando existe una enorme disposición a ayudar y la atención se concentra en las víctimas, pueden abrirse espacios para quienes buscan aprovecharse de los recursos públicos. Exigir transparencia durante una emergencia no significa desconfiar de la ayuda ni entorpecerla. Significa protegerla para que llegue realmente a quienes la necesitan.

La emergencia deja espacio, además, para una forma sutil de lucha ideológica y de cálculo electoral. Administrar la solidaridad internacional según el color político de quien la ofrece, o convertir la tragedia en vitrina de campaña. Cuando la ayuda humanitaria se filtra por afinidades partidistas, o cuando funcionarios y aspirantes aprovechan la emergencia para hacer política, el Estado no solo arriesga vidas por lentitud. También erosiona la confianza en que la emergencia se gestiona por los damnificados y no por cálculo político.

Colombia ocupa el puesto 99 entre 182 países en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, con una puntuación de 37 sobre 100. La cifra no es un dato abstracto. Es el resultado acumulado de muchas decisiones públicas y de la percepción que esas decisiones dejan en la sociedad. Cada contrato opaco, cada sobrecosto injustificado y cada peso que no llega a su destino alimentan la desconfianza y profundizan el problema.

El terremoto ya produjo un daño que no puede evitarse. Lo que sí podemos evitar es que la tragedia tenga un segundo efecto. No podemos permitir que, además de viviendas destruidas y comunidades afectadas, los recursos destinados a reconstruirlas terminen beneficiando, una vez más, a quienes nada tienen que ver con las víctimas.

La emergencia exige solidaridad, rapidez y eficacia. Pero exige, sobre todo, vigilancia. Porque cuando la tierra tiembla, el Estado debe responder con mayor capacidad. Y cuando los controles se flexibilizan, la sociedad debe responder con mayor atención. Esa vigilancia, sostenida en el tiempo, es la única garantía de que la ayuda llegue a quien de verdad la necesita.

 *Académico-Analista/ Profesor de Ingeniería Química de la UdeA.

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Presuntos hechos cometidos en obras adelantadas en el departamento del Chocó cuando se desempeñó como director de la Asociación de Municipios de Urabá Asomura, serían las causas de la captura del dirigente político, Adolfo Tabares.

Tabares es además el vocero del movimiento de Salvación Nacional, organización política que avala al señor De La Espriella, ha sido precandidato a la Alcaldía de Apartadó y a la Cámara de Representantes, con resultados marginales en las urnas.

Se conoció que miembros del CTI en cumplimiento de una orden de captura emitida por la Fiscalía General de la Nación, privaron de la libertad al político en pleno centro de Apartadó, luego diera declaraciones partidistas de la campaña del “Tigre” a una emisora local.

Estaba previsto que esta tarde el sindicado comparecería ante un juez de garantías para efectos de la legalización de la captura, pero al momento no se conoce el cumplimiento de esta diligencia.

Extraoficialmente se conoció que la Fiscalía le investiga desde hace varios años por presuntos hechos de corrupción cometidos cuando estuvo al frente de Asomura, en obras de infraestructura adelantadas en el departamento del Chocó.

Por su parte la campaña expidió un comunicado, en el cual advierte que esta captura se da por hechos registrados tiempo atrás, que nada tienen que ver con el proceso electoral actual.

Adolfo Tabares a la cárcel

Durante las últimas horas se conoció que el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Quibdó, dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Adolfo Tabares, bajo la sindicación de múltiples delitos así:

Peculado por apropiación, desvío e irregularidades en el manejo de dineros públicos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falencias y presuntos direccionamientos en la adjudicación de licitaciones.

Falsedad ideológica en documento público: Presunta alteración de actas y soportes de ejecución.

Asociación para la comisión de delitos contra la administración pública y concierto con otros exfuncionarios capturados en la misma acción judicial.

La autoridad judicial ordenó el traslado del retenido, quien además era directivo de la campeña de Abelardo de La Espriella en Urabá, a un centro carcelario en la capital del Chocó, en el marco de una investigación de varios años en cabeza de la fiscalía general de la Nación cuando el encartado se desempeñó como director de la Asociación de Municipios de Urabá (Asomura)

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Entre los muchos delitos electorales que  suelen presentarse en jornadas electorales, en esca ocasión la compra de votos marca la pauta.

Al rededor de cinco mil millones de pesos incautados, varias personas detenidas y un sin número de políticos sancionados social y mortalmente por las redes sociales, es el hecho más destacado de esta jornada electoral a una hora de concluir.

Un hecho de alta gravedad  fue denunciado por el ministro del Interior, Armando Benedetti, minutos después de iniciada  la jornada electoral quien dijo que el registrador de Córdoba  fue filmado cuando recibía cien millones de pesos dirigidos para alterar los resultados.

Los departamentos con mayor número de casos por incautaciones de dinero para una supuesta compra de votos fueron:  Meta y Valle del Cauca, con tres operativos cada uno, seguidos de Cesar, Antioquia, Norte de Santander, Sucre, Chocó y Cundinamarca con dos casos respectivamente. Santander, Córdoba, La Guajira, Urabá, Tolima, Casanare, Guaviare, Atlántico y Bolívar también registraron decomisos.

Un procedimiento de la Policía en el Amazonas concluyó con la captura de Víctor Hugo Moreno Bandeira, candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, luego de que la policía le encontraron  de 20 millones de pesos en efectivo y lo sindican de intentar sobornar a los uniformados. El retenido fue puesto en libertad posteriormente.

Un caso más

Otro caso de presunta compra de votos fue denunciado directamente  por el Presidente Gustavo Petro quien pidió  públicamente a la Fiscalía General de la Nación investigar una presunta compra de votos a favor del candidato a la Cámara Laureano Acuña, del Partido de la U, el mandatario publicó un vídeo en el que varias mujeres increpan al aspirante político, lo que evidenciaría un posible delito contra el sufragio. En su mensaje fue contundente: “Esto se llama mafia. Aquí solo hay un delito evidente contra el sufragio. Señora fiscal general de la Nación, actúe”.

En Cartagena

Decenas de personas llegaron hasta las afueras de una vivienda en Cartagena para reclamar, según se escucha en varios vídeos, un supuesto dinero que les habrían prometido a cambio de votar en una jornada electoral.

En las imágenes que circulan en redes sociales se observa a un grupo de ciudadanos concentrados frente a la casa, gritando y exigiendo que les respondan por el pago que, aseguran, no les habrían cumplido. La escena generó curiosidad entre los vecinos del sector y rápidamente se volvió viral.

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Mindefensa

Por su parte el Ministerio de Defensa mantiene un parte general de seguridad y normalidad sobre la jornada electoral de este domingo, aunque con algunos hechos puntuales. Entre ellos, la Fiscalía confirmó la captura de dos candidatos al Congreso de la República en medio de la jornada electoral: Freddy Camilo Gómez Castro (del partido de La U) y Víctor Hugo Moreno Bandeira (del Centro Democrático). A este último su partido le suspendió provisionalmente sus derechos políticos, mientras se adelanta la investigación, incluyendo su inscripción como candidato.

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En un vídeo divulgado en las redes sociales de la entidad, la funcionaria advierte que puso en conocimiento de la opinión pública “el desarrollo de un conjunto de acciones deliberadas, coordinadas, orientadas a intimidarme e incidir en las decisiones pendientes en las distintas investigaciones que están en curso en la entidad con relación a presuntas conductas de colusión del Servicio de Prestación de Vehículos Blindados a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y el presunto incumplimiento de instrucciones en las visitas adelantadas en el marco de esta actuación».

Rusinque explicó que tuvo conocimiento de la información desde el pasado 13 de noviembre, en presencia de uno de sus asesores, por “un reconocido abogado penalista del país» quien le advirtió “sobre la existencia de una estrategia encaminada a manipular mi capacidad de decisión sobre los pronunciamientos de fondo que están por venir en esa investigación».

La estrategia en su contra, dijo la funcionaria “hasta ahora se ha ejecutado con notable precisión, y que consistiría en desplegar una serie de ataques coordinados, destinados a proyectar la imagen de una funcionaria que actúa de manera ilegal y arbitraria a través de un asedio jurídico y mediático que incluiría acciones disciplinarias y penales».

Dijo que con dichas acciones pretenden instrumentalizar el aparato judicial del país para desviar la atención de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) frente a las investigaciones en curso “sugiriendo que la Superintendencia de Industria y Comercio carece de competencia para requerir información que reposa en teléfonos móviles, computadores u otros dispositivos que guardan relación con la actividad empresarial de los agentes del mercado que son sujetos a inspección».

La superintendente asegura frente a una publicación de prensa que “se enfoca de manera malintencionada y exclusiva en exponer la posición de los investigados, así como en resaltar la supuesta ausencia de facultades legales de la SIC para ejercer sus funciones de inspección, vigilancia y control a través de visitas administrativas».

Incluso, destaca que el artículo de prensa recoge la opinión del exjefe de la SIC, Pablo Felipe Robledo, “que siendo una persona que discrepa profundamente de nuestro proyecto político, haya recordado con contundencia que este asunto fue resuelto hace varios años por la Corte Constitucional, posición que ha sido reiterada por el Consejo de Estado y por los tribunales que han examinado la legalidad de las actuaciones de la SIC en esta materia».

La superintendente añadió que, de fondo, lo que se pretende es “viciar la capacidad institucional de la SIC, reduciéndola a una entidad de papel carente de eficacia real en la regulación de los mercados».

Agrega que se trata de un asunto “de la mayor gravedad» teniendo en cuenta que hace unos meses su esquema de seguridad fue objeto de seguimiento e intento de ataque armado por motocicletas de alto cilindraje con parrillero cerca de su domicilio, situación que fue advertida en dos ocasiones a la UNP.

Y concluyó: “Quiero invitar a la ciudadanía a mantenerse alerta, a respaldar a las instituciones, a ejercer un juicio crítico, informado, y a no dejarse confundir por la desinformación» para evitar que la corrupción no tenga cabida, y los mercados estén al servicio de interés general».

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La guerra contra el narcotráfico y la minería ilegal es una guerra perdida por dos razones:

1. Disponen de todo el dinero del mundo y eso hace que todos, absolutamente todos: Trump, Petro, Maduro, Cepeda, Pastrana, Vicky, Roy, Paloma, Uribe, Abelardo, etc, etc, bailen a su ritmo. Es un negocio de nunca acabar con ganancias de 200.000 millones de dólares al año y 50 millones de consumidores diarios, no necesariamente adictos. Además el país produce el 90% de la cocaína del planeta con tres cosechas anuales y, a decir de los expertos, con variedades resistentes a la aspersión con glifosato.

2. Los ejércitos que custodian los cultivos y las rutas atacan desde la oscuridad, a mansalva y sobreseguro.

En Vietnam derrotaron con igual estrategia al imperio estadounidense, habiéndolo hecho ya con los franceses. Incluso la típica guerrilla sumida en la selva ahora se ha  tecnificado con drones y temporizadores generando ataques a corta distancia contra bases militares sin mucha dinámica operacional y sitios de entrenamiento de cadetes como sucedió en Tunja o el reciente en Aguachica, y hace algunos años en la Escuela de Cadetes en Bogotá.

Sostener una guerra en tal desventaja es una pérdida de esperanzas, dinero y vidas de muchachos pobres además de condenar al campo a una postración eterna.

De otro lado, Trump se ha estacionado al frente de las costas de suramérica  para apoderarse del petróleo, el agua, el oxígeno, los metales preciosos … y la cocaína! – el “espanto” sabe a quien le sale, también quiso apoderarse de Groenlandia, pero allí las cosas son más difíciles y no tan rentables-

Al emperador no le interesa la «moral», ni salvar a su país del «veneno que destruye a la juventud»; qué le va a interesar a un delincuente culpable de 34 delitos, pederasta y abusador sexual… !! Su única pretensión es fortalecerse para enfrentar el poder de las grandes potencias y quedarse con los recursos que se agotan en países que, como el suyo, luchan contra el embate del cambio climático y unas estaciones cada vez más inclementes y de difícil control.

La corrupción nos está devorando. La pantalla de decencia que las élites blancas clásicamente ostentadoras del poder en Colombia -como herederas de la colonia española-, se ha visto deteriorada en los últimos cincuenta años con el advenimiento del narcotráfico y la aparición en el escenario político de unos líderes de izquierda bisoños, resentidos e igualmente corruptos -por fortuna no todos-, representantes de una clase emergente que vio en la política la forma de ascender social y económicamente, tal vez como desquite a una historia familiar de penurias y segregación. Una serie de personajes a quienes desde los tiempos de la criollería española se les humillaba casi a nivel de esclavos  y  que ahora, conocidos con el apelativo de «Carangas Resucitadas» han estado de plácemes para desprestigiar y echar al suelo todo un proyecto político progresista y socialdemócrata. Personajes como  Olmedo López, Snyder Pinilla, la mona Sandra, el tal Ramón González y  otros – me avergüenza pensar que los exministros Velasco y Bonilla se sumen a la lista-, son claros ejemplos de esa ralea de aparecidos que han desprestigiado al gobierno y hacen que un triunfo electoral en el 2.026 ya se vea muy distante.

El mismo fenómeno ha sucedido en los otros países de nuestra América, en donde las pretensiones libertarias se convirtieron en una dinámica de improvisación y corruptelas llevando a gobiernos como los de Chile, Perú y Argentina a un giro neofascista donde el delito perfumado y las grandes apetencias del capital, pretenden otra vez tomarse el Estado y hacer de los derechos básicos un simple negocio de privilegios y ganancias, reforzado por una actividad mediática intensa y agresiva, en donde al pueblo se le inculca día a día el desprecio por sí mismo, y se refuerzan valores culturales de tipo foráneo que cifran un pretendido progreso en la imitación de patrones de poder cifrados en la osadía, el egoísmo, el crimen y la corrupción. Un ejemplo claro es la cultura del sicariato mafioso y caballista en Colombia, en donde se le rinde culto al dinero, se degrada a la mujer, y se recurre a todo  un acolitáje de música y ornato del mismo orden con figuras de héroes de sombrero y espuelas al lado de mesías bondadosos y multiformes.

La realidad es bien triste y la labor pedagógica de rescate apenas comienza, a pesar de los logros a contracorriente de una oposición rastrera y mal intencionada.

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Puntualmente, el ministro solicita información “para la individualización del ‘Funcionario Colombiano 3’, en el marco del Acuerdo de Enjuiciamiento Diferido (DPA), suscrito entre Coficolombiana-Grupo Aval, la Fiscalía del Distrito de Maryland y la Sección de Fraudes, División Penal del Departamento de Justicia de Estados Unidos”. El acuerdo fue suscrito el primero de agosto de 2023.

La multinacional brasilera Odebrecht pagó millonarios sobornos a altos funcionarios de gobiernos del continente para acceder a contratos de obras públicas. En el caso colombiano, tuvo que ver con la construcción de La Ruta del Sol II, obra ejecutada por Corficolombiana, filial del Grupo Aval de Luis Carlos Sarmiento Angulo. 

En 2023, ese grupo económico reconoció, en el mencionado acuerdo con la justicia de Estados Unidos, su responsabilidad en los sobornos de Odebrecht entre 2014 y 2015 y debió pagar una multa de 80 millones de dólares.

En su carta, el Ministro de Justicia señala que “en los hechos judicialmente relevantes incorporados en el Acuerdo aluden a la participación criminal de un alto funcionario de la Rama Ejecutiva del Gobierno colombiano, a quien se le denomina sistemáticamente como el ‘Funcionario Colombiano 3’, y quien habría ejercido sus funciones entre los años 2010 y 2018”. 

Indica que esa persona fue “beneficiaria de pagos corruptos” y en el “Acuerdo se precisa que su identidad es conocida por las autoridades competentes de los Estados Unidos de América”. La solicitud incluye “los soportes documentales a partir de los cuales las autoridades de los Estados Unidos de América establecieron la identidad del ‘Funcionario Colombiano 3”.

Se les pide a la Fiscal General de Estados Unidos y al Juez Jefe de la Corte para el Distrito de Maryland suministrar la información a través del Ministerio de Justicia y/o a la Fiscalía General de la Nación.

En un mensaje en redes sociales, el ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, manifestó “que para todo el mundo es conocido que se surtió un proceso en estas instancias, pero desafortunadamente Colombia, luego de tantos años de este escándalo tan grave de corrupción, no tenemos razón quién recibió las coimas”.

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Durante su intervención, el jefe de Estado hizo un recorrido, paso a paso, de la forma cómo Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’ ha eludido el alcance de la justicia colombiana para que responda por los presuntos delitos que ha cometido en el país.

En sus palabras, el mandatario dijo que Marín es “ciudadano colombiano de nacimiento y español por adopción, se hizo ciudadano español para la impunidad. Y por eso me tocó hablar con el presidente de España, Pedro Sánchez, quien me ayudó para poder lograr el proceso de extradición que aún no logramos. Porque el hombre, muy astuto, se salió de España y se pasó a Portugal. Y también me ha tocado hablar con el Primer Ministro anterior, (António) Costa, y el primer ministro actual de Portugal (Luís Montenegro), para ver si logro definitivamente su extradición’.

No obstante, el presidente Petro se cuestionó: “¿Pero, ¿qué saco yo con la extradición del ‘Pitufo’ si aquí se le está procesando en una investigación que solo arranca delitos del 2023 para acá? Pues lo van a dejar libre en la Fiscalía’.

Y añadió que “después de 38 años de delinquir y sobornar políticos de alta gama, financiar campañas presidenciales, lograr apoyos de presidentes, sobornar generales, fundamentalmente de los cuerpos que tienen que cuidar que el contrabando no entre a Colombia para destruir las pequeñas fabriquitas y talleres’

“Si se golpea al contrabando, que no es sino la otra cara del narcotráfico, sale la cocaína por Buenaventura y entran los contenedores de ropa china y coreana, que se compraron con los mismos dineros de la cocaína y entran por el puerto de Buenaventura’, denunció.

Comentó que estas mercancías ilegales “pasan libres por la carretera hasta llegar a Bogotá, Medellín, Ibagué, etcétera. ¿Por qué? Porque hay corrupción, porque la corrupción en 38 años penetró a lo máximo. Y no solamente por parte del ‘Pitufo’, porque el ‘Pitufo’ es solamente una banda de contrabandistas’.

Finalmente, el presidente Gustavo Petro solicitó investigar a fondo el régimen de corrupción que se registra en el puerto de Buenaventura, de donde salen los barcos cargados de toneladas de cocaína, a la vez que entra el contrabando hacia el interior del país, lo cual indica –dijo– que “el contrabando no es sino la otra cara del narcotráfico».

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La Procuraduría General de la Nación ha destituido e inhabilitado a dos exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) por su participación en la aprobación de contratos con sobrecostos para la adquisición de carrotanques destinados al abastecimiento de agua potable en La Guajira.

Sanciones impuestas por la Procuraduría

Olmedo López Martínez, exdirector de la UNGRD, ha sido sancionado con 18 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos, mientras que Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, exsubdirector de Manejo de Desastres, ha recibido una sanción de 20 años. Estas decisiones se derivan de la aprobación de pagos que superaron en más de $16.000 millones los precios reales del mercado, representando un incremento del 54%.

Detalles de las irregularidades en los contratos

La investigación reveló que López Martínez suscribió la ratificación de la orden de proveeduría elaborada por Pinilla Álvarez y autorizó el desembolso al contratista, generando un perjuicio al patrimonio público. Por su parte, Pinilla Álvarez omitió que las cotizaciones recibidas excedían los valores del mercado y avaló el pago sin atender los sobrecostos evidentes.

Impacto en la comunidad de La Guajira

Además, se comprobó que Pinilla Álvarez certificó la recepción de los carrotanques, a pesar de que no fueron utilizados para los fines previstos en la emergencia humanitaria declarada en el Decreto 2113 de 2022. Estos vehículos no cumplieron con su propósito de abastecer de agua a las comunidades afectadas en La Guajira, lo que acentuó el detrimento al patrimonio público.

Otras sanciones relacionadas con el caso

A la lista de sancionados se suma Víctor Andrés Meza Galván, exsubdirector general de la UNGRD, quien fue destituido e inhabilitado por 10 años. Su sanción se relaciona con la ratificación de órdenes de proveeduría que facilitaron los pagos al contratista, conducta calificada como una falta gravísima por negligencia en sus deberes.

Repercusiones y medidas futuras

Este caso se inscribe en una serie de investigaciones que han destapado irregularidades en la gestión de la UNGRD, incluyendo contratos que afectaron directamente la respuesta a emergencias en el país. La Procuraduría señaló que las actuaciones de los sancionados contravinieron los principios de moralidad, eficacia y economía que rigen la función pública, y calificó sus conductas como gravísimas, ejecutadas con dolo.

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El representante a la Cámara por el Partido Liberal, Julián Peinado, acudió este lunes a la Corte Suprema de Justicia para rendir indagatoria. El proceso está relacionado con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en el que se investigan presuntos sobornos a congresistas. Peinado expresó confianza en la imparcialidad de la justicia y su disposición a esclarecer los hechos.

Investigación por corrupción en la UNGRD

El caso de la UNGRD involucra el uso indebido de recursos públicos. Según las investigaciones, estos fondos habrían sido entregados como sobornos a congresistas con el objetivo de asegurar su respaldo a proyectos del Gobierno en el Congreso. Julián Peinado es uno de los nueve legisladores señalados en este esquema de corrupción.

En julio, la Fiscalía General de la Nación solicitó a la Corte Suprema abrir investigaciones formales contra estos congresistas. Peinado, al igual que los demás implicados, está acusado de haber recibido beneficios indebidos a cambio de su apoyo legislativo.

Disposición del congresista ante la Corte

A su llegada a la Corte Suprema, Julián Peinado destacó su compromiso con el esclarecimiento de los hechos. “Venimos a rendir todas las explicaciones que sean del caso”, declaró el congresista, quien aseguró estar tranquilo y dispuesto a colaborar.

El magistrado Misael Rodríguez, quien lidera el proceso, fue señalado por Peinado como un garante de imparcialidad. “Creo que hay un magistrado completamente garantista, quien nos ha permitido resolver inquietudes y formular nuestras preguntas”, subrayó.

Expectativas y confianza en la justicia

El representante manifestó confianza en que la diligencia permita esclarecer las acusaciones en su contra. “Estoy seguro de que, con la información que brindaremos, se podrá llegar a la verdad sobre este caso”, afirmó.

El proceso ante la Corte Suprema marcará un momento crucial para la investigación, que busca determinar si hubo participación activa de los congresistas en el manejo indebido de los recursos asignados a la UNGRD.

El escándalo ha generado gran atención mediática debido a la gravedad de las acusaciones y al impacto que estos hechos tienen en la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones públicas.

El desenlace de este caso será determinante no solo para el futuro político de los congresistas investigados, sino también para la percepción pública sobre la lucha contra la corrupción en Colombia.

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La Corte Suprema de Justicia ratifica la condena a exfuncionarios por las ‘chuzadas’

El escándalo de las ‘chuzadas’ sigue siendo un tema de gran relevancia en la política y la justicia colombiana. En este contexto, la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena impuesta a dos exfuncionarios del gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, César Mauricio Velásquez y Edmundo del Castillo, quienes fueron responsables de un plan de espionaje ilegal a magistrados de la Corte Suprema y a opositores políticos durante la administración de Uribe. Este fallo refuerza el compromiso de la justicia con la lucha contra la corrupción y el abuso de poder en el país.

El espionaje ilegal en el gobierno Uribe

La sentencia ratificada establece que los exfuncionarios César Mauricio Velásquez y Edmundo del Castillo fueron los responsables del espionaje ilegal que afectó a importantes figuras judiciales y opositores del gobierno. El espionaje, conocido como el caso de las ‘chuzadas’, tuvo como objetivo socavar la independencia de la Corte Suprema de Justicia, generando una crisis en la institucionalidad colombiana.

El caso ha sido ampliamente investigado desde sus primeras denuncias, y la justicia ha establecido que el uso indebido de los servicios de inteligencia del Estado para espiar a personas clave en el ámbito político y judicial fue una práctica ilegal que compromete la confianza ciudadana en las instituciones del país. La Corte Suprema, al ratificar la condena, subraya la gravedad de los actos cometidos y la necesidad de sancionar estas conductas para preservar el estado de derecho.

La condena y la pena impuesta

La Corte Suprema ratificó una condena de 67 meses (equivalentes a 5 años y 7 meses) de prisión para ambos exfuncionarios. Esta pena es el resultado de las investigaciones que demostraron su participación directa en las actividades de espionaje ilegal. La confirmación de la condena subraya el hecho de que no hay impunidad para aquellos que abusan de su poder y recurren a prácticas ilegales para dañar la autonomía judicial.

Además de la condena, el caso ha tenido repercusiones más amplias, ya que ha permitido visibilizar el uso indebido de los recursos del Estado para fines personales y políticos, lo que ha contribuido a erosionar la confianza en las instituciones. La ratificación de la pena refuerza el mensaje de que la justicia no tolerará estas prácticas, independientemente de la posición de poder que los implicados hayan tenido.

Implicaciones del caso ‘chuzadas’ en la política colombiana

El caso de las ‘chuzadas’ no solo pone en evidencia la gravedad de las acciones de los exfuncionarios, sino que también refleja las tensiones que existían entre el gobierno de Uribe y la Corte Suprema de Justicia durante su mandato. Las políticas de seguridad del expresidente Uribe fueron fuertemente criticadas por algunos magistrados, quienes se opusieron a varios de los enfoques del gobierno, lo que generó un ambiente de confrontación política.

Este contexto de enfrentamiento institucional habría sido uno de los factores que motivó a los exfuncionarios a realizar las prácticas ilegales de espionaje. El espionaje no solo involucró a figuras de la oposición, sino que también tuvo como objetivo a magistrados de la Corte Suprema, lo que afectó la confianza de la ciudadanía en la imparcialidad del poder judicial.

Además de su impacto en la confianza pública, este escándalo también reveló las fallas en los controles internos y la supervisión de las actividades de inteligencia del Estado. Las ‘chuzadas’ demostraron cómo se puede utilizar la infraestructura del gobierno para fines distintos a los previstos por la ley, lo que subraya la necesidad de reformar y fortalecer las instituciones encargadas de velar por la legalidad en Colombia.

Repercusiones a largo plazo para la lucha contra la corrupción

Este fallo tiene implicaciones importantes en la lucha contra la corrupción en Colombia. La confirmación de la condena a los exfuncionarios no solo castiga los delitos cometidos, sino que también establece un precedente en cuanto a la responsabilidad penal de aquellos que ocupan altos cargos en el gobierno y utilizan su poder para fines ilegales.

La confirmación de la sentencia también subraya la necesidad de continuar con las investigaciones sobre el uso indebido de los servicios de inteligencia del Estado y de revisar las políticas de seguridad para garantizar que no se repitan hechos como los que ocurrieron durante el gobierno de Uribe. Este caso representa una oportunidad para fortalecer las instituciones democráticas y reafirmar el compromiso del país con el respeto a los derechos humanos y la legalidad.

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