Más de un millón de hectáreas que han sido objeto de decisiones agrarias, reflejan una transformación sin precedentes en el ordenamiento de la propiedad rural: hoy se le devuelven a la nación tierras que nunca debieron salir de su patrimonio, y brinda certeza jurídica a miles de propietarios y comunidades en todo el país.

Estas actuaciones permitieron esclarecer la situación jurídica de predios rurales, recuperar terrenos de propiedad ocupados de manera irregular y brindar mayor seguridad jurídica tanto a comunidades campesinas como a propietarios privados.

Entre agosto de 2022 y junio de 2026, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) resolvió procesos agrarios, en acatamiento de 3.669 expedientes en diferentes regiones del país.

Los resultados evidencian un importante volumen de actuaciones en departamentos como Meta, Córdoba, Boyacá y Sucre, territorios que concentran buena parte de los procesos agrarios adelantados por la entidad.

Como resultado de las decisiones adoptadas en los procesos agrarios, la ANT recuperó 335.000 hectáreas de baldíos de la Nación, equivalentes al 33 % del área objeto de decisión.

Estos terrenos fueron incorporados al Fondo Nacional de Tierras para su destinación a familias campesinas y comunidades étnicas, en el marco de la Reforma Agraria.

El 67 % restante corresponde a predios de propiedad privada, otorgando seguridad jurídica sobre su titularidad a terratenientes, ganaderos y demás particulares.

“Estas decisiones demuestran que los procesos agrarios son una herramienta fundamental para el ordenamiento de la propiedad rural. Nos permite resolver conflictos históricos relacionados con la ocupación, el uso y la tenencia de los predios rurales», informó Ana Jimena Bautista, directora de Gestión Jurídica de Tierras de la Agencia Nacional de Tierras.

Cuatro procesos para ordenar la tierra

Para Julián Ballén Reina, subdirector de Seguridad Jurídica de Tierras de la ANT, uno de los avances más importantes corresponde a los procesos de clarificación de la propiedad privada que se han desarrollado especialmente en el altiplano cundiboyacense.

“En materia de procesos agrarios, tenemos cuatro. El primero, la clarificación de la propiedad privada, regionalizada específicamente en el altiplano cundiboyacense. Allí estamos determinando naturaleza jurídica y se ha hecho gestión con títulos históricos que hoy generan seguridad jurídica para las familias de esta región», dijo Ballén.

Afirmó que el segundo proceso corresponde al deslinde de tierras de la nación en departamentos como Cesar, Córdoba y Sucre, donde se han tomado decisiones sobre complejos cenagosos estratégicos como Amansaguapos, Machado y La Zapatosa.

“Estas decisiones generan seguridad jurídica para los campesinos anfibios de estas regiones, fortalecen la seguridad alimentaria y permiten que las familias que históricamente habitan estos territorios puedan desarrollar sus actividades productivas de manera adecuada», añadió el funcionario.

Recuperación de baldíos impulsa Reforma Agraria

El tercer proceso corresponde a la recuperación de baldíos de la nación ocupados de manera indebida por particulares. Este es el procedimiento que más aporta a la cifra nacional de hectáreas recuperadas, con una alta concentración de casos en la altillanura colombiana.

Estas actuaciones permiten reincorporar al patrimonio público predios que deben destinarse a familias campesinas y comunidades étnicas que no tienen tierra o la poseen de manera insuficiente.

“Estos predios baldíos de la nación, ubicados principalmente en la altillanura colombiana, han permanecido en tenencia de personas que no son sujetos de la Reforma Agraria. Con estas decisiones estamos revirtiendo esa situación para garantizar que la tierra pública sea destinada a las familias campesinas que por décadas han luchado por un pedazo de tierra», afirmó Ricardo Romero Cabezas, subdirector de Procesos Agrarios de la ANT.

Un hito en la protección ambiental

La gestión agraria también registró avances históricos en materia ambiental mediante los procesos de extinción administrativa del derecho de dominio.

Por primera vez en la historia del régimen agrario colombiano, la ANT adoptó siete decisiones relacionadas con inmuebles ubicados en ecosistemas cenagosos, particularmente en la Ciénaga Grande del Bajo Sinú, al evidenciar incumplimientos de la función ecológica de la propiedad.

Según Ricardo Romero Cabezas, subdirector de Procesos Agrarios de la ANT, estas decisiones representan uno de los avances más relevantes del Gobierno del presidente Petro en la protección de ecosistemas estratégicos y en la aplicación de los principios constitucionales que orientan el uso de la propiedad rural.

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La ministra Martha Carvajalino y el director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman, presentaron el balance de la Reforma Agraria ante los asientos que debían ocupar los representantes designados por el gobierno entrante para el empalme. Aquellas sillas vacías hablan por sí solas: sugieren la falta de diálogo con que se inicia la transición y, sobre todo, dejan sin acompañamiento al mayor proceso de transformación rural del país.

Y es que las cifras presentadas son contundentes. Se han formalizado más de 2,28 millones de hectáreas, entregado 351.000 hectáreas e incorporado 806.081 hectáreas al Fondo Nacional de Tierras. A ello se suman la constitución de 21 nuevas Zonas de Reserva Campesina y 7 Territorios Campesinos Agroalimentarios.

Estos avances han estado acompañados por una mejora en las condiciones de vida de la población rural: 660.000 personas salieron de la pobreza monetaria en el campo. Además, el crédito de fomento agropecuario alcanzó los 161,2 billones de pesos, el nivel más alto de la historia reciente y más del doble de lo registrado durante el mismo periodo de 2014 a 2018.

Asimismo, se creó el Contador de la Reforma Agraria, una herramienta que permite saber, con transparencia y rigor, qué se ha hecho, dónde y cómo en materia de gestión de tierras. Y junto con representantes del movimiento agrario se firmó la resolución mediante la cual se adopta el Plan Decenal de la Reforma Agraria y Acuaria Estructural, Integral y Popular 2026–2036.

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La directriz fue dada durante el Consejo de ministros realizado en Casa de Nariño, donde el mandatario expresó su preocupación por el aumento de amenazas contra líderes y activistas sociales.

“Tenemos unos anuncios y unos hechos ya denunciados públicamente para intentar recuperar las tierras que le pertenecen al campesinado al que le hemos dado esa tierra bajo la ley, no contra la ley. Y son sus legítimos poseedores o propietarios, de acuerdo con el proceso de escrituración que debe acelerarse en estos días. El superintendente y la nueva ministra de Justicia tienen que en estos días al máximo la escrituración de predios. No dejar unos predios en proceso para que la mafia vaya a recuperarlos», dijo el mandatario.

Durante su intervención, aseguró que las amenazas contra dirigentes progresistas y activistas en distintas regiones del país evidencian un posible resurgimiento del paramilitarismo y de estructuras mafiosas interesadas en recuperar el control sobre territorios que han sido adjudicados legalmente a familias campesinas, como parte de la política de reforma agraria del Gobierno.

“Hasta el último día de mi Gobierno, la Policía y el Ejército deben cuidar al campesinado de Colombia. Una de las reglas que yo impartí a la Fuerza Pública fue una alianza entre militares, policías y el campesinado. Lo mismo con las juventudes. Porque el quiebre de esas alianzas es lo que ha producido una violencia generalizada en Colombia, tanto urbana como rural», puntualizó le jefe de estado.

El mandatario también advirtió que cualquier intento por revertir la entrega legal de tierras podría reactivar la violencia en las zonas rurales, al considerar que quienes buscan recuperar esos predios recurren históricamente a mecanismos violentos. En este sentido, insistió en que la protección de los nuevos propietarios y la formalización jurídica de los terrenos son fundamentales para consolidar la paz en los territorios.

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Durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro fueron recuperadas 109.000 hectáreas que habían estado vinculadas a organizaciones criminales, y que ahora, gracias a la política de Reforma Agraria, están en manos de familias campesinas organizadas en distintas regiones del país.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Tierras (ANT), un total de 555 fincas pasó a manos de igual número de organizaciones campesinas en 19 departamentos, con el propósito de fortalecer la producción de alimentos, generar ingresos para las comunidades rurales y contribuir a la construcción de la paz en los territorios.

El director de la ANT, Felipe Harman, aseguró que estos predios no deben regresar a manos de personas relacionadas con actividades criminales y señaló que la divulgación de la información sobre las tierras recuperadas busca garantizar transparencia frente a la ciudadanía.

Registros oficiales de la ANT indican que los bienes recuperados estuvieron vinculados a antiguos jefes del paramilitarismo y del narcotráfico, entre ellos los hermanos Castaño Gil, Salvatore Mancuso, alias ‘Cuco’ Vanoy, alias ‘Macaco’, alias ‘Don Berna’, alias ‘Ernesto Báez’, alias ‘Comandante Barbie’, así como a integrantes del Cartel del Norte del Valle y otros señalados narcotraficantes, entre ellos alias ‘Otoniel’, alias ‘Ñeñe’ Hernández y alias ‘Marquitos’.

La Agencia informó que las 109.000 hectáreas hacen parte de más de 800.000 hectáreas que el Gobierno nacional gestionó para ampliar el acceso a la tierra de miles de familias rurales en Colombia.

Finalmente, la ANT hizo un llamado a la sociedad para proteger la Reforma Agraria y respaldar a las comunidades campesinas que hoy ocupan y trabajan estos predios, con el fin de evitar nuevos episodios de despojo y desplazamiento en el campo colombiano.

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La corporación judicial le pidió al Legislativo darle prioridad a esta iniciativa antes de que termine el actual periodo de sesiones ordinarias.

La semana pasada los ministros de Agricultura, Martha Carvajalino, y de Justicia, Jorge Iván Cuervo, radicaron su insistencia al mensaje de Urgencia que fue radicado en octubre de 2024, para la aprobación del proyecto de ley.

Ahora la Judicatura, durante el Primer Encuentro de la Jurisdicción Agraria y Rural que se realizó en Villa de Leyva (Boyacá), se sumó a la petición del Gobierno del presidente Petro.

“Aquí se está discutiendo competencia material, delimitación del litigio, articulación con otras jurisdicciones, procedimientos, criterios de análisis y método judicial. En otras palabras, se discute cómo una jurisdicción deja de ser diseño normativo y empieza a convertirse en práctica institucional efectiva”, explicó la magistrada Mary Lucero Novoa, presidenta de la corporación.

La magistrada Claudia Expósito, vicepresidenta del alto tribunal y coordinadora de los asuntos de la Jurisdicción Agraria y Rural, aseguró que se avanza en el diseño de un mapa judicial que responda a las necesidades de los territorios.

“La justicia agraria requiere entender que las necesidades de justicia varían entre territorios y exigen incorporar enfoques territoriales y diferenciales”, sostuvo.

En el evento participó la ministra Carvajalino, quien manifestó que, si el Congreso de la República no aprueba la ley ordinaria de la Jurisdicción Agraria y Rural, el Gobierno nacional volverá a presentarla el 20 de julio de 2026.

“Los campesinos no solo tienen derecho a la tierra. También tienen derecho a las semillas, al agua, a permanecer en sus territorios y a proteger su identidad cultural, política y económica. De ahí la importancia de tener esta ley”, dijo la ministra de Agricultura.

En qué va el proyecto

El proyecto de Jurisdicción Agraria y Rural fue presentado por el Gobierno en agosto de 2024, y en octubre de ese año fue radicado el mensaje de Urgencia. Antes de terminar ese año fue aprobado en primer debate en comisiones conjuntas.

Pero desde entonces no han surtido nuevas discusiones en plenarias de Cámara y Senado.

La iniciativa busca cumplir la meta establecida en el Acuerdo de Paz de 2016 de formalizar siete millones de hectáreas de tierras y la redistribución de otros tres millones de hectáreas.

La Jurisdicción Agraria y Rural es una pieza vital para la Reforma Agraria y la Reforma Rural Integral, pilares del Gobierno de las Oportunidades para la implementación del Acuerdo de Paz.

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Durante la diligencia de aprehensión se encontraron más de 600 cabezas de ganado y dos casas campestres de alta gama, lo que evidencia el uso y aprovechamiento económico de un bien baldío de la nación.

“El ocupante indebido declarado en este proceso agrario es el señor Nicolás Laserna, y hoy estamos adelantando la diligencia de aprehensión del predio. Sabemos que en las inmediaciones existe un centro poblado conformado por campesinos de Buenavista, colonos del Vichada, a quienes vamos a entregar de manera provisional estas tierras. Se trata de comunidades que, pese a la gran extensión de su departamento, no cuentan con un centímetro de tierra propia”, afirmó el director de la ANT, Juan Felipe Harman.

El predio Buenavista, ubicado en zona rural del municipio de La Primavera (Vichada), es un terreno compuesto por áreas de sabana natural, zonas de bosque de galería y morichales, con presencia de fuentes hídricas y suelos con alto potencial para el desarrollo de proyectos productivos. 

Esta intervención se adelanta en un territorio estratégico como el Vichada, donde históricamente la débil presencia del Estado ha facilitado fenómenos como el acaparamiento de tierras, las economías ilegales y el control territorial por parte de actores armados, afectando el acceso equitativo a la tierra para comunidades campesinas e indígenas.

Regresarán a quienes la trabajan

Con la recuperación de Buenavista, el Gobierno del presidente Gustavo Petro, por medio de la Agencia Nacional de Tierras, avanza con hechos la materialización de la Reforma Agraria, garantizando que los baldíos de la nación cumplan su función social y sean destinados a campesinos, campesinas y comunidades étnicas sin tierra, como lo establece la ley.

“Estamos recuperando tierras que nunca debieron salir del dominio del Estado y que ahora pasarán a manos campesinas. Los procesos agrarios son fundamentales para fortalecer la Reforma Agraria y para disponer de bienes baldíos como este, que permitan la entrega efectiva a campesinos y campesinas sin tierra”, manifestó el director de la ANT.

Historia de Buenavista

La ocupación de Buenavista, por parte del excongresista Gustavo Londoño García y el empresario Nicolás Laserna Serna, se originó en un proceso de pertenencia iniciado en 2014, que derivó en una sentencia judicial en 2017 a su favor.

Sin embargo, la ANT logró demostrar que se vulneró el debido proceso, al no vincular al entonces Incoder (hoy ANT), entidad competente sobre los baldíos de la nación. A través de una acción de tutela, la justicia ordenó dejar sin efectos la decisión judicial, al reconocer que este tipo de bienes son imprescriptibles y no pueden ser adquiridos por posesión prolongada.

Posteriormente, en el marco del Decreto Ley 902 de 2017, la máxima autoridad de tierras de la nación adelantó el procedimiento agrario correspondiente, y mediante acto administrativo en firme declaró la indebida ocupación del predio Buenavista, confirmando que se trata de tierras baldías destinadas a la Reforma Agraria. 

Pese a múltiples espacios de diálogo y reuniones sostenidas durante 2025, en las que los ocupantes manifestaron su intención de realizar una entrega voluntaria, esta no se concretó, lo que dio paso a la intervención de la Agencia Nacional de Tierras para garantizar la recuperación efectiva del terreno.

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El director de la entidad, Juan Felipe Harman, aseguró que «estas tierras vuelven a manos de quienes históricamente no han tenido acceso a ellas» y destacó que los operativos se realizaron con acompañamiento de la fuerza pública.

Uno de los puntos clave de la intervención fue la Sierra Nevada de Santa Marta, donde se recuperaron tres predios que habían sido utilizados para economías ilegales y control territorial. Uno de estos ya fue entregado al pueblo kogui, que llevaba más de 15 años sin recibir tierras del Estado.

«Este territorio es vida, es equilibrio y es parte esencial de nuestra existencia como pueblo», señaló el gobernador kogui del Magdalena, Atanacio Moscote Gil, al recibir uno de los predios.

En Córdoba, la entidad adelantó la recuperación de varios terrenos vinculados a exparamilitares y casos de corrupción. Parte de estas tierras pasará a manos de comunidades indígenas y campesinas, varias de ellas afectadas por las inundaciones recientes.

En el Magdalena Medio, especialmente en Puerto Boyacá, se recuperaron más de 1.800 hectáreas en zonas históricamente golpeadas por la violencia. «Estos predios serán entregados a familias campesinas para fortalecer la producción de alimentos y dinamizar la economía local», explicó la entidad.

La Agencia Nacional de Tierras indicó que estas acciones buscan avanzar en la redistribución de la tierra y cerrar brechas históricas en el acceso a la propiedad rural.

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Durante el año 2025 la Reforma Agraria se consolidó como uno de los principales legados del Gobierno del presidente Gustavo Petro, superando años de rezago institucional y asumiendo con ímpetu la garantía del derecho a la tierra. 

La Reforma Agraria debe ser una sola: el trabajo conjunto de un gobierno democrático como este debe unir a los pueblos y no dividirlos. Eso significa que, aquí sentados, las comunidades negras, campesinas e indígenas deben compartir una palabra para apagar cualquier conflicto que se reavive en los territorios. Así es como impulsamos la Reforma”, expresó Juan Felipe Harman, director de la ANT.

ANT en cada región del país

En la vigencia 2025, la máxima autoridad de tierras de la Nación contó con una asignación presupuestal de 1,7 billones de pesos. Aún con el recorte ocasionado por el hundimiento de la Reforma Tributaria, la agencia obtuvo buenos resultados. De estos recursos, se ejecutó el 79,9%, lo que ha permitido fortalecer de manera significativa la capacidad institucional de la entidad.

En materia de adquisición de tierras, la Agencia ha gestionado 703.121 hectáreas a comunidades rurales desde el inicio del Gobierno del presidente Gustavo Petro. En más de tres años, esta cifra representa una adquisición de 12 veces más tierra, comparada a la registrada durante los gobiernos de Iván Duque y Juan Manuel Santos.

Para Amir Torres, coordinador del Comité Municipal de Reforma Agraria de Fundación (Magdalena), “estos espacios, donde conocemos de cerca los avances de la Reforma, son muy importantes porque vemos una verdadera integración y unidad del Comité Agrario y de todos los municipios de nuestro departamento en una Reforma Agraria integral, que beneficia al campesinado y al desarrollo de las comunidades”.

La apuesta por la Reforma Agraria fue integral. Además de la compra de más de 213.173 hectáreas, la ANT avanzó de manera significativa en la resolución de procesos agrarios, culminando actuaciones sobre cerca de 780.000 hectáreas. 

De este total, aproximadamente 245.000 hectáreas fueron declaradas baldíos de la Nación, lo que equivale a cerca del 30% de las áreas investigadas, mientras que el 70% restante fue ratificado como propiedad privada.

A través de estos procesos, la ANT fortalece la seguridad jurídica y aporta de manera estructural a la implementación de la Reforma Agraria en el país.

Al cierre del evento, más de 1.075 familias campesinas del Magdalena recibieron 1.119 hectáreas, correspondientes a las colectividades Asociación Comunitaria Pisando Firme, Asociación de Usuarios Campesinos La Luz de Pueblo Nuevo, Asociación Campesina de Ariguaní (JIBECA), Asociación Alejandría Positiva y Asociación para el Desarrollo Social e Integral de las Familias del Difícil Ariguaní.

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Se trata de la Ley 160 de 1994 (artículo 32) y el Decreto 1071 de 2015, modificado recientemente por el Decreto 033 de 2025, la cual ordena a  los bancos deben informar a la ANT sobre los predios rurales recibidos como dación en pago por liquidación de créditos hipotecarios u otros negocios jurídicos, así como aquellos adquiridos mediante sentencia judicial. 

Con esa información, la Agencia Nacional de Tierras tendrá prioridad para comprar esos predios antes de que lleguen al mercado privado.

El director de la entidad, Juan Felipe Harman, destacó el giro histórico que representa esta decisión: “Esta es una ley que llevaba 30 años sin ser aplicada y, gracias al Decreto 033 de 2025, ahora podemos implementarla efectivamente. Las entidades financieras que tengan tierras podrán postularlas para que la Agencia pueda tener la primera opción de compra y estas lleguen finalmente a las familias campesinas y comunidades étnicas”.

Además, el decreto establece que cualquier propietario o ganadero ubicado en zonas priorizadas para la Reforma Agraria deberá ofrecer primero sus tierras al Estado antes de venderlas a un tercero. La Agencia Nacional de Tierras tendrá 15 días para decidir si adquiere el predio.

La entidad realizará estudios técnicos, jurídicos y territoriales para determinar la compra de cada predio.

Con la reactivación de este mecanismo, por parte de la ANT, el Gobierno del presidente Gustavo Petro busca acelerar la Reforma Agraria, ampliar el acceso a la tierra en las diferentes regiones del país y fortalecer la producción rural.

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Con una inversión de $14.600 millones de pesos, esta medida busca garantizar ingresos justos para las familias agricultoras, evitar la pérdida de las cosechas y fortalecer la seguridad alimentaria nacional mediante la articulación entre el Estado, las asociaciones de productores y las entidades territoriales.

El programa contempla la adquisición directa de casi 8.000 toneladas de papa a pequeños productores. Actualmente se adelantan las compras en los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, y próximamente se hará en Antioquia, Cauca, Nariño, Santander y Norte de Santander.

Gracias al liderazgo del ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se logró la articulación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el ministerio de la Igualdad, Departamento de Prosperidad Social, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  y ministerio de Defensa,  para distribuir el tubérculo en zonas de recuperación nutricional, familias con vulnerabilidad socioeconómica y con afectaciones por variabilidad climática, iniciando en el Caribe. Con la primera entrega en Arauca se beneficiaron aproximadamente 8.000 familias que recibieron el alimento, y se proyecta llegar a más de 600.​000 mil familias que recibirán 1 arroba de papa.

El programa se activa en un momento crítico para el sector y como parte de los compromisos adquiridos en los diálogos con los productores en la mesa nacional papera, que ha registrado una sobreproducción derivada de condiciones climáticas favorables y un aumento en las áreas sembradas durante el 2025. Esta situación ha provocado una caída drástica en los precios, generando pérdidas de hasta el 68% para los productores, equivalente a un promedio de $14.511.374 por hectárea

Con esta medida, se busca proteger el trabajo de quienes garantizan la alimentación de Colombia y avanzar hacia un modelo agroalimentario más justo y sostenible.

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