Introducción: el contexto electoral de 2026

Nota de la dirección:

Publicamos este análisis como un apoprte a la cultura política, para que cada ciudadano vote a conciencia, en libertad, por la que considere la mejor propuesta.

Este artículo examina de forma rigurosa, comparativa y neutral las propuestas programáticas de los cinco principales candidatos en los ejes temáticos más relevantes para la política pública colombiana: economía y política fiscal, seguridad y paz, salud, educación, medio ambiente y transición energética, anticorrupción y reforma del Estado, e infraestructura y conectividad. El objetivo no es establecer jerarquías de valor entre las propuestas, sino identificar sus fundamentos, diferencias estructurales y posibles implicaciones.

Esta distribución configura un escenario tripartito: una izquierda que busca profundizar las reformas del gobierno Petro (Cepeda); una derecha que oscila entre la ortodoxia fiscal y seguridad (De la Espriella) y un conservadurismo modernizador (Valencia); y un centro que apuesta por la institucionalidad, la educación y la lucha anticorrupción como ejes articuladores (Fajardo y López).

Economía y política fiscal: entre el Estado y el mercado

El debate económico de 2026 reproduce, con matices propios del momento, la tensión histórica entre modelos que privilegian la intervención estatal y aquellos que confían en el mercado como principal asignador de recursos. 

3.1. Política tributaria y fiscal

Iván Cepeda propone profundizar la progresividad tributaria mediante la ampliación de la base imponible, el gravamen de las grandes fortunas y la reducción de las exenciones a las grandes empresas. Los recursos adicionales se destinarían a financiar programas sociales y a la expansión de los servicios públicos. Su programa contempla, además, una Ley de Austeridad Republicana orientada a reducir los gastos gubernamentales y a redirigir recursos hacia la inversión social.

En el extremo opuesto, Abelardo de la Espriella plantea reducir los impuestos a las empresas, simplificar los trámites y garantizar la seguridad jurídica para atraer inversión extranjera. Su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, refuerza la credencial de ortodoxia fiscal de esta candidatura. Paloma Valencia comparte esta orientación promercado, con énfasis en reducir la carga tributaria para las pymes, promover zonas francas regionales y ampliar los tratados de libre comercio, en particular con Asia. Valencia propone, además, convertir la Cancillería en un Ministerio de Comercio Exterior.

Sergio Fajardo reconoce la necesidad de una reforma tributaria, pero la condiciona a un pacto nacional en el que todos los actores económicos aporten, con garantías de lucha contra la corrupción y de seguridad jurídica. Su propuesta incluye alivios tributarios temporales para pymes y acceso preferencial al crédito. Claudia López, por su parte, apuesta por presupuestos participativos regionales y una descentralización fiscal que permita a las comunidades decidir sobre la asignación de recursos locales.

3.2. Empleo, formalización y desarrollo productivo

La informalidad laboral —que supera el 55% de la fuerza de trabajo— constituye uno de los desafíos estructurales más profundos de la economía colombiana. Las respuestas de los candidatos reflejan concepciones distintas del problema.

Cepeda apunta a la formalización a través de la expansión de derechos laborales, el fortalecimiento de Colpensiones y de programas como “Te pagamos por estudiar”, que ofrecería apoyos económicos a estudiantes de básica, media y educación superior como vía para romper el ciclo de pobreza. 

Valencia propone subsidiar el 30% del salario mínimo durante doce meses a las empresas que contraten a jóvenes de 18 a 28 años, mientras que De la Espriella confía en la reactivación de la inversión privada como motor natural de la generación de empleo.

Fajardo plantea una estrategia de creación de empleo enfocada en el fortalecimiento de la economía regional y en el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, mediante un programa que combina acompañamiento técnico con incentivos fiscales. López propone fortalecer la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para promover el empleo local. 

Mapa de los candidatos: perfiles y posicionamiento ideológico:

Seguridad y paz: tres modelos en disputa

La seguridad constituye, junto con la economía, el eje temático que más claramente divide a los candidatos. Las propuestas configuran tres modelos distinguibles: el de la fuerza, el de control con prevención y el de negociación con transformación social.

4.1. El modelo de la fuerza: de la Espriella y Valencia

Abelardo de la Espriella propone lo que denomina una “remasterización 2.0” de la Seguridad Democrática de Álvaro Uribe. Su plan contempla una ofensiva militar para recuperar el control territorial en noventa días, el fortalecimiento de la fuerza pública mediante un Plan Colombia 2.0 con uso intensivo de drones e inteligencia artificial, la retoma de la fumigación con glifosato y la construcción de siete cárceles de máxima seguridad. Propone también romper los diálogos con los grupos armados que no cumplan los acuerdos.

Paloma Valencia presenta su política de “Seguridad Total”, articulada en torno a cuatro pilares: reducir los ingresos ilícitos, robustecer la fuerza pública, reconectar con las comunidades y restablecer la legalidad. Si bien comparte con De la Espriella la orientación securitaria, Valencia incorpora un componente de acción social y participación comunitaria que la diferencia parcialmente.

4.2. Control con prevención: Fajardo y López

Sergio Fajardo plantea recuperar el control territorial y aumentar el pie de fuerza policial, en particular en las ciudades, y complementa estas medidas con políticas de prevención del reclutamiento juvenil y programas sociales dirigidos a las poblaciones más vulnerables. Su enfoque combina la capacidad operativa con la intervención social.

Claudia López redefine la violencia actual como crimen organizado transnacional, lo que niega la existencia de un conflicto armado en sentido clásico. Rechaza las negociaciones políticas y propone justicia contra las mafias con un enfoque punitivo, complementado con esquemas de justicia restaurativa. Su propuesta incluye la reforma de la Policía Nacional con un enfoque comunitario, cámaras corporales y una rendición de cuentas permanente.

4.3. Negociación y transformación social: Cepeda 

Iván Cepeda propone una “paz con justicia social” basada en el concepto de seguridad humana. Su estrategia busca intervenir en las causas estructurales de la violencia —desigualdad, pobreza y exclusión— y mantener la negociación con grupos armados, con ajustes a la política de Paz Total del gobierno de Petro. 

Salud: reformar sin destruir

El sistema de salud colombiano atraviesa una crisis que todos los candidatos reconocen, aunque discrepan radicalmente en el diagnóstico y el tratamiento. La deuda acumulada de las EPS, la interrupción de los servicios y la desigualdad en el acceso configuran un panorama que el próximo gobierno deberá abordar con urgencia.

Cepeda propone avanzar hacia un sistema de salud universal sin intermediación de las EPS, fortaleciendo la red hospitalaria pública como columna vertebral del sistema. De la Espriella, en contraste, ha denunciado el deterioro del sistema bajo el gobierno de Petro y apuesta por una reestructuración que preserve la participación del sector privado. 

Fajardo reconoce la necesidad de la reforma, pero insiste en que primero hay que estabilizar el sistema: garantizar medicamentos, procedimientos y servicios antes de transformar la arquitectura institucional. En sus palabras, el enfoque es “estabilizar al paciente” antes de la cirugía.

López y Valencia han abordado el tema con menor profundidad programática, aunque ambas coinciden en la necesidad de mejorar la calidad y cobertura del servicio sin desmantelar los mecanismos existentes de forma abrupta.

Educación: capital humano y movilidad social

La educación es quizás el único eje en el que existe un consenso transversal sobre su importancia estratégica, aunque las vías para fortalecerla varían sustancialmente.

Sergio Fajardo —cuya trayectoria como gobernador de Antioquia estuvo marcada por los Parques Biblioteca y la inversión educativa— propone triplicar la inversión en educación pública, construir megabibliotecas y parques educativos en municipios vulnerables. Es el candidato que ha hecho de la educación su bandera más reconocible.

Paloma Valencia apuesta por la competitividad global a través de un programa de becas, del bilingüismo desde preescolar, de la formación de medio millón de personas en tecnología y de la propuesta “Ruta 3E”: estudiar, emplearse o emprender. Propone reformar el Icetex para que los créditos se paguen solo cuando el graduado tenga empleo, y subsidiar a un millón de jóvenes en formación en inteligencia artificial.

De la Espriella plantea una reestructuración del gasto educativo centrada en el subsidio a la demanda, que otorga un apoyo económico mensual a las familias para que elijan libremente la institución educativa de sus hijos. Cepeda, con su programa “Te pagamos por estudiar”, busca que el Estado garantice la permanencia estudiantil mediante apoyos económicos directos.

López ha propuesto plataformas de educación universitaria virtuales gratuitas.

Medio ambiente y transición energética

Colombia, uno de los países con mayor biodiversidad del planeta, enfrenta tensiones agudas entre la explotación de sus recursos naturales y la protección ambiental. La transición energética y la posición frente a los hidrocarburos dividen el espectro político.

Cepeda lidera en número y en profundidad de propuestas ambientales, con iniciativas de soberanía alimentaria, de protección de ecosistemas estratégicos y de aceleración de la transición energética. López propone duplicar la capacidad de generación de energía solar y eólica para 2030, expandir el transporte masivo y electrificar el transporte público en las cinco principales ciudades.

Valencia y De la Espriella mantienen posiciones favorables a la explotación de hidrocarburos, incluida la discusión sobre el fracking. Valencia ha señalado la oportunidad de convertir a Colombia en un hub energético regional, mientras que De la Espriella aboga por destrabar la minería y legalizar la producción de oro.

Fajardo adopta una posición intermedia que reconoce la necesidad de la transición, pero sin abandonar abruptamente los ingresos provenientes del sector extractivo.

Anticorrupción y reforma del Estado

La lucha contra la corrupción se presenta como una preocupación transversal, pero las estrategias difieren notablemente.

Fajardo propone crear una agencia anticorrupción independiente con poder vinculante y protección para denunciantes, coherente con su trayectoria como gobernante, quien ha hecho de la transparencia un eje de su gestión. López plantea sistemas de contratación 100% digitales, con trazabilidad basada en blockchain y veedurías ciudadanas en todos los niveles de gobierno.

De la Espriella propone endurecer las penas por corrupción, eliminar los beneficios jurídicos a los condenados por delitos contra el Estado y fortalecer la Fiscalía. Cepeda vincula la lucha anticorrupción con su agenda de austeridad republicana. Valencia propone la reducción del Estado como mecanismo estructural anticorrupción: menos burocracia, menos oportunidades de captura.

Varios candidatos coinciden en la necesidad de fusionar o eliminar entidades públicas. Valencia propone convertir la Cancillería en un Ministerio de Comercio Exterior; López aboga por asociaciones municipales y metropolitanas que racionalicen la administración territorial.

Infraestructura, tecnología y conectividad

La brecha de infraestructura entre las zonas urbanas y rurales de Colombia sigue siendo una de las más amplias de América Latina. Los candidatos abordan este eje con distintos énfasis.

López propone ampliar los sistemas de transporte masivo en las cinco principales ciudades y electrificar el transporte público. Valencia apuesta por la formación dual entre instituciones técnicas y empresas, con un fuerte componente de conectividad digital y de formación en inteligencia artificial. Su propuesta de internet gratuita para la formación tecnológica busca que los jóvenes de cualquier municipio puedan trabajar de forma remota para empresas internacionales.

De la Espriella aboga por reformar las alianzas público-privadas para ampliar las concesiones y aumentar la inversión en infraestructura vial. Fajardo propone fortalecer la economía regional

como base para la inversión en vías y conectividad.

Reflexiones finales: las tensiones irresueltas

El análisis de las propuestas programáticas de los candidatos a la Presidencia de Colombia en 2026 revela un país que se debate entre tres grandes tensiones que atraviesan todos los ejes de la política pública.

– La primera es la tensión entre continuidad y ruptura respecto al gobierno de Petro. Cepeda representa explícitamente la continuidad —su programa incluye más de 140 menciones al presidente saliente y promete profundizar en cada una de sus reformas—, mientras que De la Espriella y Valencia proponen un desmonte sistemático de sus políticas. Fajardo y López buscan posicionarse como una tercera vía que rescata ciertos avances sociales, pero corrige lo que consideran excesos institucionales.

– La segunda tensión se da entre el Estado y el mercado, ambos motores del desarrollo. Esta línea divisoria cruza todas las propuestas económicas, de salud y de educación: desde la ampliación del gasto social y la progresividad tributaria de Cepeda hasta la reducción impositiva y la desregulación de De la Espriella, pasando por los modelos híbridos de Fajardo y López.

– La tercera tensión se da entre la seguridad y la paz como marcos conceptuales para abordar la violencia. Este debate, que ha marcado la política colombiana durante décadas, se actualiza con nuevos matices: la emergencia de economías ilegales transnacionales, la crisis del fentanilo, la expansión territorial de las disidencias y la fatiga social ante negociaciones prolongadas sin resultados visibles.

Más allá de estas tensiones, el análisis también revela algunas ausencias significativas. Las propuestas de política exterior son escasas y poco desarrolladas en la mayoría de los programas. La agenda de género y cuidado, pese a su relevancia estructural, aparece de forma tangencial. Y la cuestión demográfica —incluida la migración venezolana y el envejecimiento poblacional— no ha recibido la atención proporcional a su magnitud.

Con catorce candidatos inscritos y más del 25% de los electores aún indecisos, según las encuestas más recientes, el panorama permanece abierto. La calidad del debate público que se produzca en las semanas restantes será determinante no solo para el resultado electoral, sino también para la capacidad del próximo gobierno de construir la gobernabilidad que Colombia necesita para enfrentar sus desafíos estructurales.

Nota metodológica

Este artículo fue elaborado a partir de los programas de gobierno registrados ante el Consejo Nacional Electoral, de las declaraciones públicas de los candidatos en entrevistas y debates, y del análisis de fuentes periodísticas y académicas especializadas. Las propuestas se presentan de forma descriptiva y comparativa, sin emitir juicios de valor sobre su viabilidad o conveniencia. El análisis se centra en los cinco candidatos con mayor intención de voto según las encuestas disponibles a mayo de 2026.

*Equipo Razón Pública

La Fundación Razón Pública impulsa análisis independientes y soluciones innovadoras para los desafíos del país. Con rigor, transparencia y enfoque ciudadano, transformamos la información en conocimiento que inspira decisiones informadas y un mejor futuro para Colombia.

La entrada Elecciones 2026: Análisis de las propuestas presidenciales se publicó primero en El Pregonero del Darién.

Cada primero de mayo se conmemora una conquista arrancada a costa de sacrificios, huelgas y vidas. Este año, a pocos días de la elección presidencial en Colombia, el Día del Trabajo adquiere un significado particularmente crítico. En esta ocasión, los trabajadores deberían formularse una pregunta incómoda pero necesaria: ¿cuánto de lo conquistado durante el actual gobierno —pese a las obstrucciones del Congreso— estarían dispuestos a perder?

Una afirmación recurrente entre ciertos empresarios ayuda a dimensionar lo que está en juego. Suelen jactarse de crear empleo y «dar trabajo» para que la gente subsista; de alimentar al que «aguanta» hambre. En ocasiones llegan incluso a humillar o presionar a sus empleados con la amenaza del despido si no aceptan condiciones desfavorables. Esa idea —y esa actitud— distorsiona la realidad. El empleador no regala nada ni actúa por altruismo, y el trabajador no recibe una limosna. Lo que existe, en rigor, es una relación de intercambio en la que se entregan tiempo, capacidades y esfuerzo a cambio de un salario que, además, es inferior al valor que ese trabajo genera.

La riqueza que producen las empresas proviene del conocimiento aplicado en máquinas, métodos, procesos y rutinas que los trabajadores ponen en marcha. El capital, por sí solo, no se reproduce; es el trabajo el que lo hace posible. Negar esta realidad facilita justificar la precarización laboral. Eso es, precisamente, lo que está en disputa el 31 de mayo de 2026.

Esa disputa sobre el valor del trabajo y los derechos que de él se derivan no es abstracta, sino que se expresa hoy de manera concreta en el escenario electoral. Las tres candidaturas con mayor intención de voto parten de diagnósticos opuestos y plantean propuestas igualmente divergentes.

La del Pacto Histórico, encabezada por Cepeda, propone dar continuidad a las reformas impulsadas durante el gobierno de Petro y apuesta por dignificar el trabajo mediante mejoras salariales y en prestaciones sociales. Representa la continuidad de transformaciones laborales y pensionales entre las más ambiciosas del siglo.

La reforma pensional, impulsada por el gobierno del cambio y aprobada en el Congreso pese a la resistencia persistente de la oposición, incorporó un pilar solidario que hoy garantiza ingresos básicos a millones de adultos mayores en condición de vulnerabilidad. La reforma laboral recuperó los recargos dominicales y nocturnos, fortaleció el contrato indefinido y reconoció derechos a los trabajadores de plataformas digitales. A esto se suma un incremento significativo del salario mínimo que, por primera vez en décadas, superó ampliamente la inflación.

En contraste, las candidaturas de Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella parten del supuesto de que el mercado laboral padece una rigidez normativa excesiva. Desde esa premisa, proponen desmontar avances recientes en las condiciones de vida de los trabajadores, flexibilizar o reducir recargos laborales, disminuir la participación del sistema público en pensiones o trasladar esa responsabilidad al mercado, y revertir las restricciones a la tercerización, debilitando así el contrato indefinido.

En la práctica, esto implicaría perder mejoras salariales, acentuar la presión para aceptar condiciones desfavorables y regresar a escenarios de inestabilidad laboral sin protección social. Los adultos mayores más pobres quedarían expuestos a mayores riesgos ante eventuales recortes en el gasto público.

Todo esto ocurre en un país con altos niveles de informalidad y jornadas extensas, donde el salario mínimo sigue siendo insuficiente para cubrir necesidades básicas en muchas ciudades. En ese contexto, la flexibilización no representa modernización, sino una profundización de la precariedad.

En ese sentido, la precariedad laboral no solo tiene efectos económicos directos, sino que también configura un terreno fértil para la disputa política y simbólica. Es precisamente en medio de estas condiciones de incertidumbre y vulnerabilidad donde ciertos actores encuentran espacio para posicionar narrativas que apelan al temor como mecanismo de movilización.

El discurso del miedo que ha empleado la oposición para intentar recuperar la presidencia no es nuevo. Ha sido una estrategia recurrente durante los últimos cincuenta años, consistente en sembrar desconfianza sobre el futuro, anticipar supuestas amenazas y movilizar a los electores —unas veces indignados, otras prácticamente aterrados—. Esta lógica ha sido reactivada con fuerza desde sectores de derecha a través del proyecto JÚPITER, que busca intimidar y generar incertidumbre entre los trabajadores en espacios privados de grandes empresas, mientras el mensaje se amplifica en medios de comunicación y redes sociales.

Conviene, entonces, precisar qué es lo que está realmente en riesgo, pues no es la economía del país, ni la generación de riqueza, ni la inversión.

Lo que realmente está en juego para la clase trabajadora son los avances concretos derivados de las reformas laboral y pensional del gobierno del cambio, entre ellos la recuperación de recargos por horas extras y trabajo en festivos eliminados con la reforma de 2002, el acceso a seguridad social para adultos mayores, una pensión digna menos expuesta a la volatilidad de los fondos privados y una mayor estabilidad laboral frente a la tercerización abusiva. Eso es lo que pretenden revertir los candidatos de la derecha: Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella.

Las advertencias sobre supuestas fugas de empresas o caídas en la inversión han acompañado históricamente toda resistencia a los derechos laborales. Esa narrativa opera como mecanismo de presión, pero no resuelve los problemas estructurales. Colombia necesita empresas que generen valor mediante conocimiento, productividad e innovación, no a costa de recortar derechos.

La conmemoración del primero de mayo no pertenece al pasado. Es una lucha vigente que debe expresarse —en Colombia— en las urnas, en el Congreso, en la movilización social y en cada relación laboral. Los avances recientes son frágiles y pueden revertirse con rapidez si se impone la idea de que el problema del país es el exceso de derechos.

Los trabajadores no son un recurso explotable ni desechable. Son personas con derechos, historia y dignidad. El próximo 31 de mayo no se elige solamente presidente, tampoco etiquetas o consignas vacías, sino que se decide si el trabajo se reconoce como un derecho o si vuelve a tratarse como una dádiva de empresarios. Se define si los logros conquistados se defienden o se entregan.

Celebrar el Día del Trabajo en Colombia este año implica votar con memoria y con conciencia el 31 de mayo…

*Académico-Analista/ Profesor de Ingeniería Química de la UdeA.

La entrada El trabajo no es una dádiva y eso está en juego en las elecciones presidenciales se publicó primero en El Pregonero del Darién.

A los 61 años, Juan Fernando Cristo confirmó que buscará la Presidencia de la República, una decisión que amplía aún más el abanico de aspirantes que se preparan para la contienda electoral de 2026. El exministro del Interior oficializó su candidatura ayer en Bogotá, en un evento que marca su regreso al escenario político nacional.

La apuesta presidencial de Juan Fernando Cristo

Cristo se presentará por el movimiento En Marcha y participará en la consulta del Frente Amplio, programada para el 8 de marzo de 2026. Competirá junto a figuras como Roy Barreras y Camilo Romero, consolidando una oferta política que busca unir diversos sectores progresistas y de centro.

Trayectoria y legado político

Cristo fue senador durante cuatro períodos consecutivos desde 1998 y presidió el Senado entre 2013 y 2014. Durante su paso por el Congreso impulsó reformas políticas e iniciativas clave para la inclusión social, consolidando una reputación como articulador y negociador.

Protagonista en el proceso de paz

En el Gobierno de Juan Manuel Santos lideró la implementación de los Acuerdos de Paz con las FARC. Su papel fue central en la construcción del marco jurídico que permitió avanzar en la desmovilización y el tránsito hacia la reincorporación. Su defensa del proceso de paz ha sido uno de los pilares de su discurso político.

Su salida del Gobierno Petro

Cristo dejó el Ministerio del Interior en 2025, luego del fallido consejo de ministros televisado del 4 de febrero, donde se presentaron fuertes tensiones entre altos funcionarios. La crisis institucional al interior del Ejecutivo precipitó su salida y abrió paso a su regreso a la contienda electoral.

Una figura que busca tender puentes

Tras abandonar el gabinete, Cristo retomó su línea tradicional: promover el diálogo entre sectores enfrentados. Su candidatura refleja esa intención y se proyecta como una opción enfocada en la reconciliación política, la gobernabilidad y el fortalecimiento democrático.

La historia personal que marca su carrera

Nacido en Cúcuta, Cristo es hijo de Jorge Cristo Sahium, asesinado en 1997 por el ELN. Este hecho marcó profundamente su trayectoria pública. Su apuesta por el diálogo y la búsqueda de consensos se relaciona con su historia familiar y su visión del conflicto armado.

Formación y compromiso público

Abogado de la Universidad de los Andes, Cristo ha construido una carrera basada en la gestión pública y el trabajo legislativo. Su nombre ha estado ligado a debates cruciales para el país, desde la paz hasta las reformas institucionales.

Un candidato que amplía el panorama electoral

La entrada de Juan Fernando Cristo añade un nuevo matiz a una contienda presidencial en la que varios exministros, exembajadores y líderes regionales buscan consolidar su propio espacio. Su experiencia, trayectoria y enfoque conciliador se perfilan como los ejes centrales de una campaña que promete dinamizar el debate político en los meses previos a la consulta del Frente Amplio.

Al dar este paso, Cristo se suma a un escenario competitivo, diverso y marcado por el interés de múltiples sectores. Su candidatura pretende convertirse en un punto de encuentro para quienes buscan estabilidad, diálogo y reformas profundas.

La entrada Juan Fernando Cristo entra en la contienda presidencial 2026 se publicó primero en El Pregonero del Darién.

El debate sobre el fracking regresa al escenario político colombiano, ahora con un panorama distinto al de hace algunos años. Candidatos que en campañas anteriores rechazaban esta técnica han cambiado de posición, argumentando razones energéticas y económicas, lo que refleja un giro en la conversación nacional sobre la transición energética y la seguridad en el suministro de gas y petróleo.

Candidatos en disputa por el fracking

Del rechazo absoluto a la apertura cautelosa

En la campaña de 2018, figuras como Iván Duque y Claudia López aseguraban que en Colombia no habría fracking. Sin embargo, el paso de los años y la crisis energética llevaron a un cambio de posturas. López, hoy abierta a lo que denomina un “fracking responsable”, sostiene que la tecnología ha avanzado y que los impactos ambientales pueden mitigarse. Por su parte, Sergio Fajardo, antes opositor férreo, ahora asegura estar “estudiando el tema”.

La izquierda mantiene su rechazo

El bloque de izquierda, encabezado por Gustavo Petro, Susana Muhamad y Daniel Quintero, sigue defendiendo que la transición energética debe avanzar sin fracking. Para estos sectores, los riesgos ambientales, la amenaza sobre las fuentes hídricas y las emisiones de CO₂ son incompatibles con los compromisos climáticos del país. No obstante, dentro de sindicatos como la Unión Sindical Obrera (USO) empiezan a surgir voces que, preocupadas por el empleo, aceptarían pilotos de fracking bajo condiciones técnicas estrictas.

Factores energéticos y económicos

El peso de la crisis del gas

Colombia enfrenta un déficit en su producción nacional de gas, lo que ha obligado a importar cerca del 18% del consumo diario. El aumento de tarifas, especialmente en ciudades como Bogotá, ha convertido el costo de la energía en un asunto central para la ciudadanía y, por ende, para los candidatos. En este escenario, el fracking se presenta como una alternativa para garantizar la autosuficiencia y aliviar la presión sobre los hogares y la industria.

Potencial de producción y comparaciones internacionales

De acuerdo con la Asociación Colombiana del Petróleo, el fracking podría añadir hasta 450.000 barriles diarios a la producción nacional, cifra que representaría más de la mitad de lo que hoy se produce. La experiencia de Estados Unidos, que alcanzó la autosuficiencia energética gracias a esta técnica, se ha convertido en un referente para los defensores del modelo. No obstante, los ambientalistas recuerdan que la explotación masiva de hidrocarburos no convencionales podría multiplicar las emisiones de CO₂ del país, contradiciendo los objetivos de descarbonización.

El futuro legal del fracking

Avances y contradicciones en el Congreso

El gobierno de Gustavo Petro suspendió los pilotos de fracking en curso y respaldó un proyecto de ley que busca prohibir de manera expresa esta técnica en Colombia. Sin embargo, la iniciativa ha recibido críticas porque, según algunos ambientalistas, no cumple con la promesa de campaña de prohibición absoluta, dejando abiertas ventanas regulatorias.

Polarización política y social

Mientras candidatos de centro y derecha consideran que el fracking es una salida necesaria a la crisis energética, la izquierda insiste en que la solución debe centrarse en las energías renovables. En el medio, sindicatos, expertos y comunidades afectadas mantienen una postura dividida, lo que refleja que el fracking no es solo un debate técnico, sino un símbolo de la lucha entre desarrollo económico y sostenibilidad ambiental.

La discusión sobre el fracking en Colombia vuelve con más fuerza que nunca. El país enfrenta la disyuntiva de asegurar el suministro energético con nuevas técnicas o mantenerse fiel a sus compromisos ambientales internacionales. Lo que definan los candidatos en esta campaña marcará el rumbo de la política energética y ambiental para la próxima década.

La entrada Fracking divide la campaña presidencial en Colombia se publicó primero en El Pregonero del Darién.