Más de un millón de hectáreas que han sido objeto de decisiones agrarias, reflejan una transformación sin precedentes en el ordenamiento de la propiedad rural: hoy se le devuelven a la nación tierras que nunca debieron salir de su patrimonio, y brinda certeza jurídica a miles de propietarios y comunidades en todo el país.

Estas actuaciones permitieron esclarecer la situación jurídica de predios rurales, recuperar terrenos de propiedad ocupados de manera irregular y brindar mayor seguridad jurídica tanto a comunidades campesinas como a propietarios privados.

Entre agosto de 2022 y junio de 2026, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) resolvió procesos agrarios, en acatamiento de 3.669 expedientes en diferentes regiones del país.

Los resultados evidencian un importante volumen de actuaciones en departamentos como Meta, Córdoba, Boyacá y Sucre, territorios que concentran buena parte de los procesos agrarios adelantados por la entidad.

Como resultado de las decisiones adoptadas en los procesos agrarios, la ANT recuperó 335.000 hectáreas de baldíos de la Nación, equivalentes al 33 % del área objeto de decisión.

Estos terrenos fueron incorporados al Fondo Nacional de Tierras para su destinación a familias campesinas y comunidades étnicas, en el marco de la Reforma Agraria.

El 67 % restante corresponde a predios de propiedad privada, otorgando seguridad jurídica sobre su titularidad a terratenientes, ganaderos y demás particulares.

“Estas decisiones demuestran que los procesos agrarios son una herramienta fundamental para el ordenamiento de la propiedad rural. Nos permite resolver conflictos históricos relacionados con la ocupación, el uso y la tenencia de los predios rurales», informó Ana Jimena Bautista, directora de Gestión Jurídica de Tierras de la Agencia Nacional de Tierras.

Cuatro procesos para ordenar la tierra

Para Julián Ballén Reina, subdirector de Seguridad Jurídica de Tierras de la ANT, uno de los avances más importantes corresponde a los procesos de clarificación de la propiedad privada que se han desarrollado especialmente en el altiplano cundiboyacense.

“En materia de procesos agrarios, tenemos cuatro. El primero, la clarificación de la propiedad privada, regionalizada específicamente en el altiplano cundiboyacense. Allí estamos determinando naturaleza jurídica y se ha hecho gestión con títulos históricos que hoy generan seguridad jurídica para las familias de esta región», dijo Ballén.

Afirmó que el segundo proceso corresponde al deslinde de tierras de la nación en departamentos como Cesar, Córdoba y Sucre, donde se han tomado decisiones sobre complejos cenagosos estratégicos como Amansaguapos, Machado y La Zapatosa.

“Estas decisiones generan seguridad jurídica para los campesinos anfibios de estas regiones, fortalecen la seguridad alimentaria y permiten que las familias que históricamente habitan estos territorios puedan desarrollar sus actividades productivas de manera adecuada», añadió el funcionario.

Recuperación de baldíos impulsa Reforma Agraria

El tercer proceso corresponde a la recuperación de baldíos de la nación ocupados de manera indebida por particulares. Este es el procedimiento que más aporta a la cifra nacional de hectáreas recuperadas, con una alta concentración de casos en la altillanura colombiana.

Estas actuaciones permiten reincorporar al patrimonio público predios que deben destinarse a familias campesinas y comunidades étnicas que no tienen tierra o la poseen de manera insuficiente.

“Estos predios baldíos de la nación, ubicados principalmente en la altillanura colombiana, han permanecido en tenencia de personas que no son sujetos de la Reforma Agraria. Con estas decisiones estamos revirtiendo esa situación para garantizar que la tierra pública sea destinada a las familias campesinas que por décadas han luchado por un pedazo de tierra», afirmó Ricardo Romero Cabezas, subdirector de Procesos Agrarios de la ANT.

Un hito en la protección ambiental

La gestión agraria también registró avances históricos en materia ambiental mediante los procesos de extinción administrativa del derecho de dominio.

Por primera vez en la historia del régimen agrario colombiano, la ANT adoptó siete decisiones relacionadas con inmuebles ubicados en ecosistemas cenagosos, particularmente en la Ciénaga Grande del Bajo Sinú, al evidenciar incumplimientos de la función ecológica de la propiedad.

Según Ricardo Romero Cabezas, subdirector de Procesos Agrarios de la ANT, estas decisiones representan uno de los avances más relevantes del Gobierno del presidente Petro en la protección de ecosistemas estratégicos y en la aplicación de los principios constitucionales que orientan el uso de la propiedad rural.

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Durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro fueron recuperadas 109.000 hectáreas que habían estado vinculadas a organizaciones criminales, y que ahora, gracias a la política de Reforma Agraria, están en manos de familias campesinas organizadas en distintas regiones del país.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Tierras (ANT), un total de 555 fincas pasó a manos de igual número de organizaciones campesinas en 19 departamentos, con el propósito de fortalecer la producción de alimentos, generar ingresos para las comunidades rurales y contribuir a la construcción de la paz en los territorios.

El director de la ANT, Felipe Harman, aseguró que estos predios no deben regresar a manos de personas relacionadas con actividades criminales y señaló que la divulgación de la información sobre las tierras recuperadas busca garantizar transparencia frente a la ciudadanía.

Registros oficiales de la ANT indican que los bienes recuperados estuvieron vinculados a antiguos jefes del paramilitarismo y del narcotráfico, entre ellos los hermanos Castaño Gil, Salvatore Mancuso, alias ‘Cuco’ Vanoy, alias ‘Macaco’, alias ‘Don Berna’, alias ‘Ernesto Báez’, alias ‘Comandante Barbie’, así como a integrantes del Cartel del Norte del Valle y otros señalados narcotraficantes, entre ellos alias ‘Otoniel’, alias ‘Ñeñe’ Hernández y alias ‘Marquitos’.

La Agencia informó que las 109.000 hectáreas hacen parte de más de 800.000 hectáreas que el Gobierno nacional gestionó para ampliar el acceso a la tierra de miles de familias rurales en Colombia.

Finalmente, la ANT hizo un llamado a la sociedad para proteger la Reforma Agraria y respaldar a las comunidades campesinas que hoy ocupan y trabajan estos predios, con el fin de evitar nuevos episodios de despojo y desplazamiento en el campo colombiano.

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Durante la diligencia de aprehensión se encontraron más de 600 cabezas de ganado y dos casas campestres de alta gama, lo que evidencia el uso y aprovechamiento económico de un bien baldío de la nación.

“El ocupante indebido declarado en este proceso agrario es el señor Nicolás Laserna, y hoy estamos adelantando la diligencia de aprehensión del predio. Sabemos que en las inmediaciones existe un centro poblado conformado por campesinos de Buenavista, colonos del Vichada, a quienes vamos a entregar de manera provisional estas tierras. Se trata de comunidades que, pese a la gran extensión de su departamento, no cuentan con un centímetro de tierra propia”, afirmó el director de la ANT, Juan Felipe Harman.

El predio Buenavista, ubicado en zona rural del municipio de La Primavera (Vichada), es un terreno compuesto por áreas de sabana natural, zonas de bosque de galería y morichales, con presencia de fuentes hídricas y suelos con alto potencial para el desarrollo de proyectos productivos. 

Esta intervención se adelanta en un territorio estratégico como el Vichada, donde históricamente la débil presencia del Estado ha facilitado fenómenos como el acaparamiento de tierras, las economías ilegales y el control territorial por parte de actores armados, afectando el acceso equitativo a la tierra para comunidades campesinas e indígenas.

Regresarán a quienes la trabajan

Con la recuperación de Buenavista, el Gobierno del presidente Gustavo Petro, por medio de la Agencia Nacional de Tierras, avanza con hechos la materialización de la Reforma Agraria, garantizando que los baldíos de la nación cumplan su función social y sean destinados a campesinos, campesinas y comunidades étnicas sin tierra, como lo establece la ley.

“Estamos recuperando tierras que nunca debieron salir del dominio del Estado y que ahora pasarán a manos campesinas. Los procesos agrarios son fundamentales para fortalecer la Reforma Agraria y para disponer de bienes baldíos como este, que permitan la entrega efectiva a campesinos y campesinas sin tierra”, manifestó el director de la ANT.

Historia de Buenavista

La ocupación de Buenavista, por parte del excongresista Gustavo Londoño García y el empresario Nicolás Laserna Serna, se originó en un proceso de pertenencia iniciado en 2014, que derivó en una sentencia judicial en 2017 a su favor.

Sin embargo, la ANT logró demostrar que se vulneró el debido proceso, al no vincular al entonces Incoder (hoy ANT), entidad competente sobre los baldíos de la nación. A través de una acción de tutela, la justicia ordenó dejar sin efectos la decisión judicial, al reconocer que este tipo de bienes son imprescriptibles y no pueden ser adquiridos por posesión prolongada.

Posteriormente, en el marco del Decreto Ley 902 de 2017, la máxima autoridad de tierras de la nación adelantó el procedimiento agrario correspondiente, y mediante acto administrativo en firme declaró la indebida ocupación del predio Buenavista, confirmando que se trata de tierras baldías destinadas a la Reforma Agraria. 

Pese a múltiples espacios de diálogo y reuniones sostenidas durante 2025, en las que los ocupantes manifestaron su intención de realizar una entrega voluntaria, esta no se concretó, lo que dio paso a la intervención de la Agencia Nacional de Tierras para garantizar la recuperación efectiva del terreno.

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El director de la entidad, Juan Felipe Harman, aseguró que «estas tierras vuelven a manos de quienes históricamente no han tenido acceso a ellas» y destacó que los operativos se realizaron con acompañamiento de la fuerza pública.

Uno de los puntos clave de la intervención fue la Sierra Nevada de Santa Marta, donde se recuperaron tres predios que habían sido utilizados para economías ilegales y control territorial. Uno de estos ya fue entregado al pueblo kogui, que llevaba más de 15 años sin recibir tierras del Estado.

«Este territorio es vida, es equilibrio y es parte esencial de nuestra existencia como pueblo», señaló el gobernador kogui del Magdalena, Atanacio Moscote Gil, al recibir uno de los predios.

En Córdoba, la entidad adelantó la recuperación de varios terrenos vinculados a exparamilitares y casos de corrupción. Parte de estas tierras pasará a manos de comunidades indígenas y campesinas, varias de ellas afectadas por las inundaciones recientes.

En el Magdalena Medio, especialmente en Puerto Boyacá, se recuperaron más de 1.800 hectáreas en zonas históricamente golpeadas por la violencia. «Estos predios serán entregados a familias campesinas para fortalecer la producción de alimentos y dinamizar la economía local», explicó la entidad.

La Agencia Nacional de Tierras indicó que estas acciones buscan avanzar en la redistribución de la tierra y cerrar brechas históricas en el acceso a la propiedad rural.

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Hoy, estas 204 hectáreas que estaban a nombre de terceros fueron recuperadas por el Gobierno del Cambio, a través de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), y ahora representan una nueva muestra del fortalecimiento de la política de Reforma Agraria.

“Estos predios, producto del proceso de paz del 2005, jamás llegaron a las víctimas. Lo que hicimos, pese a las inundaciones provocadas por las lluvias de los últimos días, genera incomodidad en distintos sectores sociales y políticos del país. Vamos a insistir hasta el último día del Gobierno del presidente Gustavo Petro, seguiremos recuperando bienes fiscales para que pasen a manos de las campesinas y los campesinos», aseguró el director de la ANT, Juan Felipe Harman.

Los predios recuperados fueron comprados por la ANT a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y al Fondo de Reparación para las Víctimas (FRV), como parte de un convenio marco entre las tres entidades.

De manera simultánea, la Agencia Nacional de Tierras, a través de contundentes operativos que contaron con la colaboración de la Fuerza Pública, recuperó más tierra para el campesinado en los departamentos de Antioquia, Tolima y Meta.

Otras aprehensiones materiales realizadas en Antioquia son las hechas sobre cuatro predios (216 hectáreas) en el municipio de Chigorodó (Antioquia). Uno de ellos, llamado La Playa, habría estado en manos de Raúl Hasbún, alias ‘Pedro Bonito’, quien comandó el frente Arlex Hurtado de las Auc. Otro de los casos emblemáticos es el bien ‘La Finca’, adquirido por la ANT para entregárselo a una asociación campesina.

Recuperaciones en el Tolima

Asimismo, la ANT recuperó tres predios en el departamento del Tolima: uno en el municipio de San Luis, llamado ‘El Guamal’, con una extensión de 372 hectáreas, y dos más en el municipio de El Guamo: ‘El Paraíso’, de 193 hectáreas y ‘El Jardín’, de 52 hectáreas.

“Son bienes postulados por jefes paramilitares, pero, hasta hoy, estuvieron ocupadas indebidamente. Quiere ello decir que estas tierras no le han reportado ningún ingreso al Estado colombiano; por ende, no habían podido pasar a manos campesinas», afirmó el asesor delegado para la Aprehensión, de la ANT, Javier Marín.

El Bloque Tolima de las Auc fue una de las estructuras paramilitares más influyentes en el centro y sur del Tolima entre 1995 y 2005, actuando en más de 30 municipios del departamento. Su objetivo era tener el control territorial y apropiarse de bienes y tierras.

La misión se extendió al Meta

Las jornadas maratónicas lideradas por la ANT, llevadas a cabo entre el 2 y el 6 de febrero, también incluyeron tres recuperaciones en el municipio de Puerto Gaitán, Meta: la finca Palmarito, la finca Cuba Libre y el bien conocido como Lote 665, que suman 1.928 hectáreas. Estos predios pasan al Fondo Nacional de Tierras, con la finalidad de ser destinadas a comunidades campesinas y étnicas de la región.

“Desde el 2014, se desarrolló en Palmarito un proceso agrario de recuperación del baldío indebidamente ocupado. Terminó, finalmente, en el 2024. Es decir, el proceso ya está en firme, y tomamos la decisión de dejar en custodia el predio, a favor de la persona que nació en el lugar», señaló la directora de Gestión Jurídica de Tierras, de la ANT, Ana Jimena Bautista.

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Aseguran que durante tres visitas  del presidente Petro a Urabá, el mandatario ha anunciado la entrega de tierras a los campesinos y comunidades indígenas pero que el director  de al ANT, Felipe Harman hace caso omiso a las ordenes del Presidente.

También advierten que no permitirán que los politiqueros sigan manipulando a los campesinos, ente otras denuncias condensadas en el comunicado, el cual publicamos en su totalidad.

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La Agencia Nacional de Tierras (ANT) logró en 2024 un hito histórico en la distribución de tierras en Córdoba, adjudicando más de 17,000 hectáreas, superando las cifras acumuladas de administraciones anteriores en todo el país. Este esfuerzo coloca al departamento como líder en el proceso de formalización de tierras a nivel nacional, junto con Antioquia.

Más de 14,500 hectáreas adjudicadas en seis meses

En el segundo semestre de 2024, Córdoba alcanzó un pico en la adjudicación de tierras, con 14,500 hectáreas entregadas en un periodo de seis meses, según Gustavo González Geraldino, líder de la Unidad de Gestión Territorial de la ANT en el departamento. Estas cifras reflejan la intensificación de las estrategias de formalización implementadas por el gobierno nacional.

Buenavista: el epicentro de las entregas masivas

Una de las adjudicaciones más significativas tuvo lugar en el municipio de Buenavista, donde 8,420 hectáreas del Fondo de Reparación de Víctimas fueron distribuidas en solo 15 días. Este logro es un ejemplo del compromiso de las autoridades en avanzar con procesos eficientes y transparentes. Las entregas priorizaron a familias con arraigo territorial, beneficiando a habitantes de municipios y veredas cercanas.

Fuentes de tierras y colaboración institucional

Las tierras adjudicadas en Córdoba provienen de tres fuentes principales:

• Compras directas realizadas por la ANT.
• Recuperación de baldíos.
• Propiedades provenientes del Fondo de Reparación de Víctimas.

Además, la ANT trabaja de manera coordinada con la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para gestionar predios que anteriormente estuvieron en manos de personas vinculadas a actividades ilícitas. Esta colaboración asegura que las tierras regresen al servicio de las comunidades más necesitadas.

Córdoba y Antioquia: líderes en la adjudicación nacional

Córdoba y Antioquia se posicionaron en 2024 como los departamentos con mayores avances en adjudicación de tierras, gracias a procesos ágiles y políticas que priorizan la justicia social y el arraigo territorial. Estos logros reflejan el impacto de las estrategias implementadas por el gobierno actual en el fortalecimiento del acceso a la tierra en Colombia.

Este año marcó un punto de inflexión en la gestión de tierras en el país, destacando el potencial de procesos inclusivos y coordinados para transformar la vida de las comunidades rurales.

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