La Fundación Forjando Futuros informa sobre una situación que genera preocupación entre las víctimas del caso Puerto Pisisí: el actual gerente de la Sociedad Portuaria de Urabá Pisisí S.A., Jorge Alberto Acevedo Talero, se desempeñó como contratista de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) hasta el 31 de diciembre de 2025, en funciones directamente relacionadas con el seguimiento técnico, administrativo y operativo de concesiones portuarias. Apenas un mes después, el 2 de febrero de 2026, asumió la gerencia de la misma sociedad portuaria que hoy enfrenta un proceso sancionatorio ante esa entidad.

El hecho cobra especial relevancia en medio del proceso administrativo en curso contra Puerto Pisisí, en el que la ANI impuso una multa superior a $14.286 millones por incumplimientos contractuales. Actualmente, dicho proceso no ha concluido, pues se encuentran en trámite recursos presentados por la empresa frente a esta sanción.

En este contexto, la Fundación Forjando Futuros, en calidad de apoderada de las víctimas, radicó una solicitud formal ante la ANI para que con la multa se compense a las familias que perdieron sus predios y fueron víctimas del exterminio de la Unión Patriótica. “Esperamos que el proceso sancionatorio efectivamente se cumpla y ese dinero pase a manos de las personas que fueron afectadas, víctimas del conflicto, en el municipio de Turbo”, manifestó el abogado de la Fundación, Gerardo Vega Medina.

Las víctimas representadas por la Fundación corresponden a las familias de Hoober Quintero, Candelario Pérez de la Rosa y Luis Eduardo Cubides, quienes suscribieron en 2021 un Memorando de Entendimiento con la sociedad portuaria. En este acuerdo, la empresa se comprometió a entregar tierras, vivienda y proyectos productivos como medidas de compensación, compromisos que, a la fecha, no han sido cumplidos.

Adicionalmente, empresarios de la sociedad Puerto Pisisí fueron denunciados penalmente por los delitos de estafa y abuso de confianza, precisamente por el incumplimiento de las obligaciones adquiridas con las víctimas.

La Fundación reitera su llamado a la ANI para que adopte decisiones que prioricen la compensación de las víctimas y garanticen que las sanciones impuestas cumplan una función social y reparadora, especialmente en casos relacionados con el conflicto armado y el despojo de tierras.

(Foto de portada/institucional de Pisisí)

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De acuerdo con la información entregada por la concesión Vía Sumapaz, en el hecho un vehículo colisionó y posteriormente se presentó una conflagración. Como resultado, dos personas: el conductor y el copiloto, fallecieron en el lugar.

Tras lo ocurrido se activaron de manera inmediata los protocolos de atención de emergencias. En el punto fue necesario implementar el cierre preventivo de los carriles derecho y central para permitir la intervención de los organismos de socorro, el cuerpo de bomberos y los equipos de la concesión, afirma el comunicado oficial.

Unidades del cuadrante vial y autoridades de tránsito realizaron labores de control y manejo de la movilidad, con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios y facilitar la atención de la situación.

El Ministerio de Transporte y Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) lamentaron este hecho y expresaron sus condolencias a los familiares de las víctimas.

“Este suceso nos recuerda la importancia de la prudencia en la vía y de conducir con atención, respetar las normas de tránsito y revisar con anticipación los vehículos», indicaron.

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Uno de los puntos clave será la operación en peajes. Allí se reforzará la atención con al menos 450 auxiliares adicionales, conocidos como “cangureras”, para agilizar el recaudo y reducir congestiones.

Atención especial por lluvias

Debido a la temporada invernal, 13 corredores tendrán monitoreo prioritario ante posibles afectaciones en la movilidad. Entre ellos se encuentran las vías Bogotá–Villavicencio, Cambao–Manizales, Santana–Mocoa–Neiva, la Transversal del Sisga, Bucaramanga–Barrancabermeja–Yondó, así como las autopistas Pacífico 1, 2 y 3, Autopista al Mar 1 y 2, y corredores del Valle del Cauca y Cauca.

Para responder a eventuales emergencias, se dispondrá de al menos 700 equipos de maquinaria amarilla y volquetas.

Medidas para mejorar la movilidad

Durante la temporada, el proyecto Tercer Carril Bogotá–Girardot tendrá en operación la totalidad del corredor, lo que permitirá mejorar la circulación entre ambas ciudades. Además, se implementarán medidas como reversibles en el plan retorno y refuerzos en peajes estratégicos como Chinauta y Chusacá.

En los accesos norte a Bogotá también se incrementará el personal en los peajes Andes y Fusca durante los momentos de mayor tráfico.

En el corredor Bogotá–Villavicencio se aplicarán medidas especiales como contraflujos en puntos críticos, cierres temporales y el pico y placa regional para el ingreso a la capital durante el plan retorno.

Por su parte, en la vía Cambao–Manizales se mantendrá coordinación con la Policía en el tramo Murillo–Manizales, ante el aumento de turistas hacia el Nevado.

Monitoreo y tecnología en las vías

La operación contará con más de 3.100 dispositivos inteligentes de transporte, entre ellos cámaras, paneles de mensajería variable, básculas y postes SOS. En total, hay más de 1.130 cámaras activas para monitorear el estado de las vías en tiempo real.

También están disponibles 1.253 postes SOS para reportar emergencias y 276 paneles informativos que permiten alertar a los usuarios sobre condiciones de movilidad.

Además, al menos 112 peajes cuentan con pago electrónico en uno o más carriles, lo que facilita el tránsito en temporadas de alta demanda.

La ANI recordó que los usuarios disponen de servicios gratuitos como grúas, ambulancias y carros-taller en caso de emergencias o fallas mecánicas.

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