El director de la entidad, Juan Felipe Harman, aseguró que «estas tierras vuelven a manos de quienes históricamente no han tenido acceso a ellas» y destacó que los operativos se realizaron con acompañamiento de la fuerza pública.

Uno de los puntos clave de la intervención fue la Sierra Nevada de Santa Marta, donde se recuperaron tres predios que habían sido utilizados para economías ilegales y control territorial. Uno de estos ya fue entregado al pueblo kogui, que llevaba más de 15 años sin recibir tierras del Estado.

«Este territorio es vida, es equilibrio y es parte esencial de nuestra existencia como pueblo», señaló el gobernador kogui del Magdalena, Atanacio Moscote Gil, al recibir uno de los predios.

En Córdoba, la entidad adelantó la recuperación de varios terrenos vinculados a exparamilitares y casos de corrupción. Parte de estas tierras pasará a manos de comunidades indígenas y campesinas, varias de ellas afectadas por las inundaciones recientes.

En el Magdalena Medio, especialmente en Puerto Boyacá, se recuperaron más de 1.800 hectáreas en zonas históricamente golpeadas por la violencia. «Estos predios serán entregados a familias campesinas para fortalecer la producción de alimentos y dinamizar la economía local», explicó la entidad.

La Agencia Nacional de Tierras indicó que estas acciones buscan avanzar en la redistribución de la tierra y cerrar brechas históricas en el acceso a la propiedad rural.

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Los operativos culminaron con la aprehensión efectiva de 10 predios a favor del Estado, los cuales serán destinados a familias campesinas que han esperado durante décadas la oportunidad de ser propietarias de su tierra y aportar a la seguridad alimentaria de Colombia.

Los predios estuvieron vinculados a Harlinson Úsuga, alias ‘Orejas’, primo de Dairo Antonio Úsuga David, cabecilla del Clan del Golfo, y a Luis Fernando Claros Guerra, relacionado con la denominada ‘Casa Castaño’.

“En el marco de las medidas de emergencia, hacemos presencia como Agencia de Tierras, para hacer recuperación material de estos territorios, más de 400 hectáreas que harán parte de los procesos de asignación y disposición para la población campesina y rural del Urabá Antioqueño», destacó el subdirector de Procesos Agrarios de la ANT, Ricardo Romero Cabezas.

“En esta región tan significativa para el proceso de Reforma Agraria, con unos reclamos históricos de tenencia de reparación a las víctimas, la Agencia hace presencia, hace recuperación de estos inmuebles y dispone de estos territorios para que se pueda materializar la Reforma Agraria», agregó Romero.

Operativos en Turbo

En el municipio de Turbo fueron recuperadas cinco propiedades rurales: Finca El Porvenir (17 hectáreas), Lote El Porvenir (28 hectáreas), Finca La Morelia (16 hectáreas), Finca Bellavista (130 hectáreas) y Finca La Mireya (10 hectáreas)

San Pedro de Urabá

Durante dos días, funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras y entidades locales adelantaron las aprehensiones de cinco predios en los límites entre Turbo y San Pedro de Urabá, región de Tulapas, escenario del mayor despojo paramilitar documentado en el departamento, donde más de 4.000 hectáreas fueron apropiadas.

Los predios recuperados son:

Finca Guayabal (95 hectáreas), Fernanda (26 hectáreas), Villa Fernanda (65 hectáreas), Lote de Terreno (16 hectáreas) y Finca Nueva Esperanza (15 hectáreas).

Los bienes rurales recuperados fueron adquiridos por la ANT a la Sociedad de Activos Especiales y al Fondo de Reparación para las Víctimas (FRV), en el marco de un convenio interinstitucional entre las tres entidades. En adelante, estas tierras serán destinadas a campesinos y víctimas del conflicto armado.

Desde el inicio del Gobierno del presidente Gustavo Petro, la Agencia ha recuperado 6.436 hectáreas en el departamento de Antioquia, avanzando con mayor ritmo en la implementación de la Reforma Agraria y promoviendo la productividad rural, la reparación a las víctimas y la consolidación de la paz con justicia social en el territorio.

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En este contexto, la canciller Rosa Yolanda Villavicencio, junto a la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, sostuvo un encuentro con el Cuerpo Diplomático acreditado en Colombia para socializar los avances, alcances y objetivos de la conferencia, así como para promover la participación de los gobiernos y su adhesión a la Declaración Final del evento.

La reunión contó también con la participación del representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Colombia, Agustín Zimmermann, quien resaltó la relevancia internacional de la Conferencia y su potencial para fortalecer las agendas globales de desarrollo sostenible, seguridad alimentaria y justicia social.

La conferencia es una iniciativa liderada por el Gobierno de Colombia, con el respaldo del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) y el acompañamiento técnico de la FAO.

El Gobierno de Colombia espera la participación de delegaciones de cerca de 100 países. Según la ministra de Agricultura, más de 60 ya han confirmado su asistencia, y se prevé la llegada de alrededor de 1.500 participantes, entre gobiernos, organismos internacionales, organizaciones campesinas, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, mujeres rurales, jóvenes, academia y sector privado.

Tierra, derechos y paz duradera

Durante su intervención, la canciller Villavicencio subrayó el carácter estratégico del acceso a la tierra y del fortalecimiento de los territorios rurales como pilares de la paz y la sostenibilidad.

“La tierra, los territorios rurales y los sistemas agroalimentarios ocupan un lugar estratégico. No habrá seguridad alimentaria sin campesinas y campesinos con derechos. No habrá sostenibilidad ambiental sin territorios vivos. Y no habrá paz duradera sin justicia social en el campo», afirmó.

La jefa de la diplomacia colombiana señaló que estas convicciones no solo orientan la política exterior del país, sino que constituyen pilares del proyecto nacional, enmarcado en la apuesta por la Paz Total, la protección de la biodiversidad y la defensa de los derechos de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, campesinos, mujeres rurales y juventudes.

Villavicencio destacó además que la conferencia permitirá visibilizar los avances de Colombia en reforma agraria y abrir un debate integral sobre la relación entre tierra, desarrollo rural y políticas de drogas.

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La movilidad  en esta zona es de absoluta normalidad dijeron las autoridades que prestan seguridad  en la región y al momento no se ha hecho público a qué tipo  de acuerdos llegaron los huelguistas  con los mediadores.

Desde hace una semana, campesinos, indígenas y firmantes de paz, bloqueban la Vía al Mar entre Dabeiba y Mutatá, exigiendo tierra de parte del gobierno nacional, entre varios componentes del punto uno de los acuerdos firmados entre el gobierno del presidente Santos y las extintas FARC, relacionados  con una reforma agraria integral.

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Aseguran que durante tres visitas  del presidente Petro a Urabá, el mandatario ha anunciado la entrega de tierras a los campesinos y comunidades indígenas pero que el director  de al ANT, Felipe Harman hace caso omiso a las ordenes del Presidente.

También advierten que no permitirán que los politiqueros sigan manipulando a los campesinos, ente otras denuncias condensadas en el comunicado, el cual publicamos en su totalidad.

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Más de 5.000 indígenas Zenú, junto a sus autoridades tradicionales, participarán en una ceremonia que celebra la historia, la cultura y la identidad de una de las comunidades más representativas del Caribe colombiano.

El resguardo Zenú se extiende por diez municipios de Sucre y Córdoba, y recibirá estas tierras como parte del proceso de ampliación que impulsa el Gobierno del Cambio. Con este acto se cumple con los objetivos establecidos en la región y se reafirma la voluntad de fortalecer la autonomía y los derechos de los pueblos originarios.

La entrega de las 466 hectáreas se suma a las que ya recibieron los pueblos Arhuaco, Nasa y Wayúu en el marco de la Reforma Agraria, orientada a restituir tierras a las comunidades que históricamente las han habitado.

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Durante dos días más de 250 representantes de los departamentos de la región Andina dialogaron sobre la Reforma Agraria y su implementación por una justicia social en los territorios. 

“La seguridad alimentaria como componente fundamental de la Reforma Agraria es una necesidad de los pueblos, no solo campesino sino del mundo en general. Las APPA nos permiten seguir trabajando el campo de una manera más consciente y con el acompañamiento del Estado”, expresó Mariana Erazo, campesina de Falan (Tolima).

Precisamente, Falan es una de las poblaciones del país que es objeto de identificación de las APPA por parte de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), entidad adscrita el Ministerio de Agricultura.

De hecho, la UPRA adelanta el proceso de identificación de APPA en 8 zonas del país: Córdoba, Antioquia, La Guajira, Cundinamarca, Tolima, Putumayo, Santander y Cauca.

Nicolás Flórez, miembro de Asojuntas de Sopó (Cundinamarca) manifestó: “las APPA no imponen qué producto se debe sembrar y está permitido el desarrollo inclusive de la ganadería y cultivos de flores. También se puede hacer agroindustria para transformar lo que se cultiva”. 

En Sopó 1.951 hectáreas fueron declaradas área de protección, figura con la que el Gobierno nacional busca mitigar las presiones que atraviesan los suelos rurales y garantizar los espacios destinados específicamente a la producción sostenible de alimentos.

Sobre el II MacroEncuentro, realizado en la Universidad de Caldas, el viceministro de Desarrollo Rural, José Luis Quiroga, destacó el acompañamiento del campesinado andino a la herramienta de las APPA.

“Nos acompañaron campesinos de Antioquia y de Cundinamarca que vienen defendiendo la declaratoria de estas determinantes del ordenamiento territorial, vitales para garantizar que la producción agropecuaria se siga desarrollando en los mejores suelos del país donde se producen los alimentos que llegan las principales centrales de abasto”, dijo Quiroga.

Agregó que las APPA garantizan los medios de vida de campesinos, pequeños, medianos y grandes productores.

Por su parte Adriana Pérez, directora técnica (e) de Ordenamiento Social y Mercado de Tierras de la UPRA, sostuvo que las APPA son un elemento normativo asociado a la responsabilidad que tiene el Estado de garantizar el derecho humano a la alimentación y también reconoce al campesino como sujeto de derechos.

En los próximos meses se realizarán cuatro encuentros regionales más en la Amazonía, Suroccidente-Litoral Pacífico, Orinoquía-Altillanura e Islas. Participarán poblaciones campesinas, indígenas, afro, palenqueros y raizales.

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En solo dos días la Agencia Nacional de Tierras (ANT), con el apoyo de la Policía Nacional, recuperó el predio La Perla en Puerto Triunfo y ocho predios más en Puerto Nare (Antioquia), que suman un total de 1.370 hectáreas.

Los terrenos recuperados permitirán que 300 familias campesinas y víctimas desarrollen proyectos productivos de café, plátano, caña panelera, aguacate, banano, maíz y fríjoles. 

El director de la ANT, Felipe Harman, resaltó que pese a la resistencia de quienes se oponen a la Reforma Agraria en Antioquia, en coordinación con la Sociedad de Activos Especiales (SAE) se realizó un operativo en Puerto Triunfo, donde se recuperó el predio La Perla, de 115 hectáreas, el cual perteneció a alias ‘La Gina’, familiar del exjefe paramilitar Ramón Isaza.

Este predio estaba ocupado irregularmente por un privado, sin un contrato de arrendamiento o documento contractual para explotarlo.

La Asociación de Mujeres Víctimas del Conflicto Armado (Asodo), integrada por campesinas que durante más de 10 años lucharon por recuperar la tierra que les fue arrebatada, recibió finalmente el predio La Perla.

Al respecto Flor Marina Andrade, representante legal de Asodo, expresó que “con esta tierrita volvimos a nacer. Llevábamos 17 años en esta lucha por tener un pedacito de tierra, ahora le damos gracias a Dios y al presidente Petro por cumplir nuestro sueño de decir ¡Esta tierra sí es mía!».

Agregó que “con nuestras cosechas vamos a ayudar al país a tener comida suficiente y a darle un mejor futuro a nuestros hijos y nietos»

Operativos en Puerto Nare

De manera paralela, en Puerto Nare, la Agencia Nacional de Tierras incautó ocho predios de gran extensión que suman 1.254 hectáreas.

Predios que comprende la hacienda La Gorgona:

La Esperanza, 106,70 hectáreas.

Guadualito, 50,26 hectáreas.

La Gorgonita, 48,00 hectáreas.

 Calima, 67,91 hectáreas.

La Gorgona, 336 hectáreas.

Predios que comprende la hacienda Jamaica:

El Barril, 225,56 hectáreas.

San Judas Las Pavas (42,54 hectáreas)

Jamaica, 376,77 hectáreas.

El último predio, conocido como ‘Jamaica’, figura a nombre de un hombre que es investigado por sus presuntos vínculos con estructuras paramilitares de la zona. Por su parte, el predio La Gorgona, de 336 hectáreas, perteneció a alias ‘Manicomio’, quien fue piloto privado del narcotraficante ‘Loco Barrera’.

Este predio colinda con ‘El Barril’, otra de las haciendas donde, según reportes, funcionaron centros de entrenamiento de ejércitos privados, sicarios y grupos paramilitares.

Estas 1.370 hectáreas se suman a más de 2.500 recuperadas esta semana en el Magdalena, avanzando de manera estratégica en la reparación y formalización de tierras.

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“La redistribución de la tierra en Colombia es el eje fundamental de la Reforma Agraria. Hemos gestionado más de 670.000 hectáreas para el Fondo de Tierras y somos enfáticos en que la Reforma Agraria no se construye en cuatro años, no es tarea de un solo Gobierno. Por eso, estamos recibiendo el mandato para construir el Pacto Popular por la Reforma Agraria”, destacó la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino.

En el mismo contexto, la titular de la cartera del agro afirmó que el movimiento agrario debe tener una ruta planificada y organizada para sacar adelante esta Reforma, de manera que tenga continuidad en los diferentes gobiernos.

El Mandato por la tierra, el agua, el territorio, el ambiente y la vida marca un hito en la historia, porque son las mismas voces de los habitantes de la ruralidad quienes diseñan el futuro del campo colombiano. 

“Después de décadas de lucha y exigencia, hoy somos testigos de cómo las comunidades rurales toman protagonismo en las decisiones que transformarán sus territorios. Este proceso sienta las bases para una Reforma Agraria integral y participativa. Colombia será referente mundial en políticas agrarias y justicia territorial”, manifestó el viceministro de Desarrollo Rural, José Luis Quiroga.

Por su parte, Angélica Reneals, representante del campesinado en el evento, indicó que el agua constituye un factor estratégico para la sostenibilidad del sector arrocero.

“Una adecuada gestión del recurso permite reducir riesgos, garantizar la seguridad alimentaria y fortalecer la resiliencia de los agricultores frente al cambio climático. El arroz de riego se cultiva con el apoyo de sistemas de irrigación que garantizan un suministro constante y controlado de agua, lo que brinda mayor estabilidad y seguridad en la producción. En contraste, el arroz secano depende principalmente de las lluvias, es más vulnerable a fenómenos de variabilidad climática”, aseveró.

Por su parte Carlos Sánchez, delegado de los pueblos indígenas, hizo referencia a la construcción de paz en sus territorios. 

“Nuestro territorio se ha transformado, se ha vestido de color y frutos. Estamos impulsando la Reforma Agraria porque construye paz y, donde hay alimento, hay paz. La Reforma Agraria no es solo de tierras, es protección del ambiente y la vida. Hoy nos hemos juntados todos indígenas, campesinos, afro en nuestro compromiso con el campo, porque el campo es la vida”, afirmó.

“Somos sembradores de la tierra y guardianes de la vida; este pacto lo vamos a cosechar con acciones concretas. Este mandato busca orientar una reforma agraria territorial”, dijo Piedad Guzmán, representante de la Convención Nacional Campesina.

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La decisión de la Corte se dio en el marco del control automático e integral al Proyecto de Ley Estatutaria 157 de 2023 (Senado) y 360 de 2024 (Cámara), en cumplimiento del Acto Legislativo 03 de 2023 y de los compromisos derivados del Acuerdo Final de Paz.

De manera particular, la Corte reforzó los alcances de la Jurisdicción Agraria al reiterar que en los concursos para proveer los cargos de jueces y magistrados agrarios deben evaluarse conocimientos relacionados con los derechos fundamentales de las comunidades campesinas, así como la toma de decisiones con enfoques diferencial, territorial y de género.

Además, enfatizó en el deber de la Rama Judicial de garantizar igualdad de oportunidades para mujeres, comunidades étnicas, campesinas y víctimas del conflicto armado en estos procesos de selección.

Sin embargo, declaró inconstitucionales los artículos 4 y 5 del proyecto al considerar que desconocían el principio de unidad de materia por no guardar relación directa con la Jurisdicción Agraria y Rural. Ambos artículos fueron producto de modificaciones incluidas por el Congreso durante el trámite legislativo y su exclusión de la Ley no afecta la naturaleza ni los alcances de la nueva jurisdicción por no ser esenciales para su funcionamiento.

La decisión del alto tribunal constituye un avance trascendental en la implementación del Acuerdo Final de Paz, especialmente del Punto 1 (Reforma Rural Integral) y su puesta en marcha permitirá la instalación de jueces y tribunales especializados con equipos técnicos e interdisciplinarios, con capacidades para ofrecer una justicia adaptada a las realidades del campo y con un enfoque diferencial.

Un sistema especializado

Con esta decisión la Corte Constitucional reafirma la necesidad de contar con un sistema judicial especializado para resolver los conflictos agrarios y garantizar los derechos de las poblaciones rurales al acceso a la justicia.

Ahora le corresponde al Congreso de la República avanzar con decisión en la aprobación de la ley ordinaria que define las competencias de la Jurisdicción, sistematiza los principios del derecho agrario y crea un procedimiento especial, en consonancia con el mandato constitucional del Acto Legislativo 03 de 2023.

Los ministerios de Justicia y Agricultura reiteraron que la Jurisdicción Agraria y Rural es una herramienta clave para resolver los conflictos relacionados con la tierra y la producción agraria, prevenir nuevas disputas y contribuir a la paz.

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