La ministra Martha Carvajalino y el director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman, presentaron el balance de la Reforma Agraria ante los asientos que debían ocupar los representantes designados por el gobierno entrante para el empalme. Aquellas sillas vacías hablan por sí solas: sugieren la falta de diálogo con que se inicia la transición y, sobre todo, dejan sin acompañamiento al mayor proceso de transformación rural del país.

Y es que las cifras presentadas son contundentes. Se han formalizado más de 2,28 millones de hectáreas, entregado 351.000 hectáreas e incorporado 806.081 hectáreas al Fondo Nacional de Tierras. A ello se suman la constitución de 21 nuevas Zonas de Reserva Campesina y 7 Territorios Campesinos Agroalimentarios.

Estos avances han estado acompañados por una mejora en las condiciones de vida de la población rural: 660.000 personas salieron de la pobreza monetaria en el campo. Además, el crédito de fomento agropecuario alcanzó los 161,2 billones de pesos, el nivel más alto de la historia reciente y más del doble de lo registrado durante el mismo periodo de 2014 a 2018.

Asimismo, se creó el Contador de la Reforma Agraria, una herramienta que permite saber, con transparencia y rigor, qué se ha hecho, dónde y cómo en materia de gestión de tierras. Y junto con representantes del movimiento agrario se firmó la resolución mediante la cual se adopta el Plan Decenal de la Reforma Agraria y Acuaria Estructural, Integral y Popular 2026–2036.

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Durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro fueron recuperadas 109.000 hectáreas que habían estado vinculadas a organizaciones criminales, y que ahora, gracias a la política de Reforma Agraria, están en manos de familias campesinas organizadas en distintas regiones del país.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Tierras (ANT), un total de 555 fincas pasó a manos de igual número de organizaciones campesinas en 19 departamentos, con el propósito de fortalecer la producción de alimentos, generar ingresos para las comunidades rurales y contribuir a la construcción de la paz en los territorios.

El director de la ANT, Felipe Harman, aseguró que estos predios no deben regresar a manos de personas relacionadas con actividades criminales y señaló que la divulgación de la información sobre las tierras recuperadas busca garantizar transparencia frente a la ciudadanía.

Registros oficiales de la ANT indican que los bienes recuperados estuvieron vinculados a antiguos jefes del paramilitarismo y del narcotráfico, entre ellos los hermanos Castaño Gil, Salvatore Mancuso, alias ‘Cuco’ Vanoy, alias ‘Macaco’, alias ‘Don Berna’, alias ‘Ernesto Báez’, alias ‘Comandante Barbie’, así como a integrantes del Cartel del Norte del Valle y otros señalados narcotraficantes, entre ellos alias ‘Otoniel’, alias ‘Ñeñe’ Hernández y alias ‘Marquitos’.

La Agencia informó que las 109.000 hectáreas hacen parte de más de 800.000 hectáreas que el Gobierno nacional gestionó para ampliar el acceso a la tierra de miles de familias rurales en Colombia.

Finalmente, la ANT hizo un llamado a la sociedad para proteger la Reforma Agraria y respaldar a las comunidades campesinas que hoy ocupan y trabajan estos predios, con el fin de evitar nuevos episodios de despojo y desplazamiento en el campo colombiano.

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Durante la diligencia de aprehensión se encontraron más de 600 cabezas de ganado y dos casas campestres de alta gama, lo que evidencia el uso y aprovechamiento económico de un bien baldío de la nación.

“El ocupante indebido declarado en este proceso agrario es el señor Nicolás Laserna, y hoy estamos adelantando la diligencia de aprehensión del predio. Sabemos que en las inmediaciones existe un centro poblado conformado por campesinos de Buenavista, colonos del Vichada, a quienes vamos a entregar de manera provisional estas tierras. Se trata de comunidades que, pese a la gran extensión de su departamento, no cuentan con un centímetro de tierra propia”, afirmó el director de la ANT, Juan Felipe Harman.

El predio Buenavista, ubicado en zona rural del municipio de La Primavera (Vichada), es un terreno compuesto por áreas de sabana natural, zonas de bosque de galería y morichales, con presencia de fuentes hídricas y suelos con alto potencial para el desarrollo de proyectos productivos. 

Esta intervención se adelanta en un territorio estratégico como el Vichada, donde históricamente la débil presencia del Estado ha facilitado fenómenos como el acaparamiento de tierras, las economías ilegales y el control territorial por parte de actores armados, afectando el acceso equitativo a la tierra para comunidades campesinas e indígenas.

Regresarán a quienes la trabajan

Con la recuperación de Buenavista, el Gobierno del presidente Gustavo Petro, por medio de la Agencia Nacional de Tierras, avanza con hechos la materialización de la Reforma Agraria, garantizando que los baldíos de la nación cumplan su función social y sean destinados a campesinos, campesinas y comunidades étnicas sin tierra, como lo establece la ley.

“Estamos recuperando tierras que nunca debieron salir del dominio del Estado y que ahora pasarán a manos campesinas. Los procesos agrarios son fundamentales para fortalecer la Reforma Agraria y para disponer de bienes baldíos como este, que permitan la entrega efectiva a campesinos y campesinas sin tierra”, manifestó el director de la ANT.

Historia de Buenavista

La ocupación de Buenavista, por parte del excongresista Gustavo Londoño García y el empresario Nicolás Laserna Serna, se originó en un proceso de pertenencia iniciado en 2014, que derivó en una sentencia judicial en 2017 a su favor.

Sin embargo, la ANT logró demostrar que se vulneró el debido proceso, al no vincular al entonces Incoder (hoy ANT), entidad competente sobre los baldíos de la nación. A través de una acción de tutela, la justicia ordenó dejar sin efectos la decisión judicial, al reconocer que este tipo de bienes son imprescriptibles y no pueden ser adquiridos por posesión prolongada.

Posteriormente, en el marco del Decreto Ley 902 de 2017, la máxima autoridad de tierras de la nación adelantó el procedimiento agrario correspondiente, y mediante acto administrativo en firme declaró la indebida ocupación del predio Buenavista, confirmando que se trata de tierras baldías destinadas a la Reforma Agraria. 

Pese a múltiples espacios de diálogo y reuniones sostenidas durante 2025, en las que los ocupantes manifestaron su intención de realizar una entrega voluntaria, esta no se concretó, lo que dio paso a la intervención de la Agencia Nacional de Tierras para garantizar la recuperación efectiva del terreno.

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Desde el Magdalena Medio les envió un mensaje directo a las organizaciones criminales que aún persisten en la violencia, señalando que la verdadera seguridad nacional se fundamenta en la vida y la justicia social, y no en la perpetuación de la muerte que ha marcado a la región por décadas.

El jefe de Estado enfatizó que la paz depende de resarcir al campesinado y garantizar que no se repitan las tragedias del pasado, cuando grupos paramilitares y narcotraficantes como los del cartel de Medellín y Rodríguez Gacha desplazaron a miles de campesinos.

El mandatario fue enfático al señalar que el camino de las armas es un anacronismo que solo deja dolor, invitando a quienes aún permanecen en la ilegalidad a transitar hacia la producción lícita y el trabajo digno en las tierras fértiles que hoy recupera el Estado.

Sobre este llamado a la desmovilización y el cese de hostilidades, dijo: “A quienes todavía portan fusiles por ahí, les digo, aquí está la salida. Dejen de agarrarse con troncos, nos mandan misilazos y no es bueno. Podemos es trabajar en paz y que no tengan riesgo nuestros hijos y nuestras hijas, como no pudieron decir las madres que aquí han hablado, no tengan riesgos de morir por la mano de otro o de otra, sino que el homicidio y la violencia desaparezcan en Colombia y nos podamos morir de viejos, criando a los nietos, para que esos nietos puedan tener esperanza en vivir en el país más hermoso de la tierra”.

El mandatario también vinculó la lucha por la tierra con la soberanía alimentaria, advirtiendo que la ocupación ilegal de predios por parte de «narcos y corruptos» debe terminar de inmediato.  Insistió en que la entrega de miles de hectáreas es una herramienta para reducir el hambre y la inflación, permitiendo que el campesinado sea el dueño de la agroindustria y la tecnología, alejando a la juventud de la necesidad de migrar o de caer en las filas de la criminalidad.

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El director de la entidad, Juan Felipe Harman, aseguró que «estas tierras vuelven a manos de quienes históricamente no han tenido acceso a ellas» y destacó que los operativos se realizaron con acompañamiento de la fuerza pública.

Uno de los puntos clave de la intervención fue la Sierra Nevada de Santa Marta, donde se recuperaron tres predios que habían sido utilizados para economías ilegales y control territorial. Uno de estos ya fue entregado al pueblo kogui, que llevaba más de 15 años sin recibir tierras del Estado.

«Este territorio es vida, es equilibrio y es parte esencial de nuestra existencia como pueblo», señaló el gobernador kogui del Magdalena, Atanacio Moscote Gil, al recibir uno de los predios.

En Córdoba, la entidad adelantó la recuperación de varios terrenos vinculados a exparamilitares y casos de corrupción. Parte de estas tierras pasará a manos de comunidades indígenas y campesinas, varias de ellas afectadas por las inundaciones recientes.

En el Magdalena Medio, especialmente en Puerto Boyacá, se recuperaron más de 1.800 hectáreas en zonas históricamente golpeadas por la violencia. «Estos predios serán entregados a familias campesinas para fortalecer la producción de alimentos y dinamizar la economía local», explicó la entidad.

La Agencia Nacional de Tierras indicó que estas acciones buscan avanzar en la redistribución de la tierra y cerrar brechas históricas en el acceso a la propiedad rural.

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Los operativos culminaron con la aprehensión efectiva de 10 predios a favor del Estado, los cuales serán destinados a familias campesinas que han esperado durante décadas la oportunidad de ser propietarias de su tierra y aportar a la seguridad alimentaria de Colombia.

Los predios estuvieron vinculados a Harlinson Úsuga, alias ‘Orejas’, primo de Dairo Antonio Úsuga David, cabecilla del Clan del Golfo, y a Luis Fernando Claros Guerra, relacionado con la denominada ‘Casa Castaño’.

“En el marco de las medidas de emergencia, hacemos presencia como Agencia de Tierras, para hacer recuperación material de estos territorios, más de 400 hectáreas que harán parte de los procesos de asignación y disposición para la población campesina y rural del Urabá Antioqueño», destacó el subdirector de Procesos Agrarios de la ANT, Ricardo Romero Cabezas.

“En esta región tan significativa para el proceso de Reforma Agraria, con unos reclamos históricos de tenencia de reparación a las víctimas, la Agencia hace presencia, hace recuperación de estos inmuebles y dispone de estos territorios para que se pueda materializar la Reforma Agraria», agregó Romero.

Operativos en Turbo

En el municipio de Turbo fueron recuperadas cinco propiedades rurales: Finca El Porvenir (17 hectáreas), Lote El Porvenir (28 hectáreas), Finca La Morelia (16 hectáreas), Finca Bellavista (130 hectáreas) y Finca La Mireya (10 hectáreas)

San Pedro de Urabá

Durante dos días, funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras y entidades locales adelantaron las aprehensiones de cinco predios en los límites entre Turbo y San Pedro de Urabá, región de Tulapas, escenario del mayor despojo paramilitar documentado en el departamento, donde más de 4.000 hectáreas fueron apropiadas.

Los predios recuperados son:

Finca Guayabal (95 hectáreas), Fernanda (26 hectáreas), Villa Fernanda (65 hectáreas), Lote de Terreno (16 hectáreas) y Finca Nueva Esperanza (15 hectáreas).

Los bienes rurales recuperados fueron adquiridos por la ANT a la Sociedad de Activos Especiales y al Fondo de Reparación para las Víctimas (FRV), en el marco de un convenio interinstitucional entre las tres entidades. En adelante, estas tierras serán destinadas a campesinos y víctimas del conflicto armado.

Desde el inicio del Gobierno del presidente Gustavo Petro, la Agencia ha recuperado 6.436 hectáreas en el departamento de Antioquia, avanzando con mayor ritmo en la implementación de la Reforma Agraria y promoviendo la productividad rural, la reparación a las víctimas y la consolidación de la paz con justicia social en el territorio.

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En este contexto, la canciller Rosa Yolanda Villavicencio, junto a la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, sostuvo un encuentro con el Cuerpo Diplomático acreditado en Colombia para socializar los avances, alcances y objetivos de la conferencia, así como para promover la participación de los gobiernos y su adhesión a la Declaración Final del evento.

La reunión contó también con la participación del representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Colombia, Agustín Zimmermann, quien resaltó la relevancia internacional de la Conferencia y su potencial para fortalecer las agendas globales de desarrollo sostenible, seguridad alimentaria y justicia social.

La conferencia es una iniciativa liderada por el Gobierno de Colombia, con el respaldo del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) y el acompañamiento técnico de la FAO.

El Gobierno de Colombia espera la participación de delegaciones de cerca de 100 países. Según la ministra de Agricultura, más de 60 ya han confirmado su asistencia, y se prevé la llegada de alrededor de 1.500 participantes, entre gobiernos, organismos internacionales, organizaciones campesinas, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, mujeres rurales, jóvenes, academia y sector privado.

Tierra, derechos y paz duradera

Durante su intervención, la canciller Villavicencio subrayó el carácter estratégico del acceso a la tierra y del fortalecimiento de los territorios rurales como pilares de la paz y la sostenibilidad.

“La tierra, los territorios rurales y los sistemas agroalimentarios ocupan un lugar estratégico. No habrá seguridad alimentaria sin campesinas y campesinos con derechos. No habrá sostenibilidad ambiental sin territorios vivos. Y no habrá paz duradera sin justicia social en el campo», afirmó.

La jefa de la diplomacia colombiana señaló que estas convicciones no solo orientan la política exterior del país, sino que constituyen pilares del proyecto nacional, enmarcado en la apuesta por la Paz Total, la protección de la biodiversidad y la defensa de los derechos de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, campesinos, mujeres rurales y juventudes.

Villavicencio destacó además que la conferencia permitirá visibilizar los avances de Colombia en reforma agraria y abrir un debate integral sobre la relación entre tierra, desarrollo rural y políticas de drogas.

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La movilidad  en esta zona es de absoluta normalidad dijeron las autoridades que prestan seguridad  en la región y al momento no se ha hecho público a qué tipo  de acuerdos llegaron los huelguistas  con los mediadores.

Desde hace una semana, campesinos, indígenas y firmantes de paz, bloqueban la Vía al Mar entre Dabeiba y Mutatá, exigiendo tierra de parte del gobierno nacional, entre varios componentes del punto uno de los acuerdos firmados entre el gobierno del presidente Santos y las extintas FARC, relacionados  con una reforma agraria integral.

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Aseguran que durante tres visitas  del presidente Petro a Urabá, el mandatario ha anunciado la entrega de tierras a los campesinos y comunidades indígenas pero que el director  de al ANT, Felipe Harman hace caso omiso a las ordenes del Presidente.

También advierten que no permitirán que los politiqueros sigan manipulando a los campesinos, ente otras denuncias condensadas en el comunicado, el cual publicamos en su totalidad.

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Más de 5.000 indígenas Zenú, junto a sus autoridades tradicionales, participarán en una ceremonia que celebra la historia, la cultura y la identidad de una de las comunidades más representativas del Caribe colombiano.

El resguardo Zenú se extiende por diez municipios de Sucre y Córdoba, y recibirá estas tierras como parte del proceso de ampliación que impulsa el Gobierno del Cambio. Con este acto se cumple con los objetivos establecidos en la región y se reafirma la voluntad de fortalecer la autonomía y los derechos de los pueblos originarios.

La entrega de las 466 hectáreas se suma a las que ya recibieron los pueblos Arhuaco, Nasa y Wayúu en el marco de la Reforma Agraria, orientada a restituir tierras a las comunidades que históricamente las han habitado.

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