El nuevo gobierno enfrenta un enorme déficit fiscal, una economía con poco margen de maniobra y una seguridad deteriorada. De la Espriella promete hacer lo contrario de Petro, pero buena parte de su agenda ya está dictada por los problemas que heredó.

Una agenda petrificada

El panorama para el gobierno de la “patria milagro” es bastante complejo: su agenda está “petrificada” en dos sentidos:

-Por un lado, en lo que respecta a su orientación, De la Espriella quiere presentarse como todo lo opuesto a Petro. Como si siguiera en campaña política, el actual gobierno está empecinado en hacer todo lo contrario del anterior, incluso si eso resulta poco razonable en ciertos casos.

-Por otro lado, más allá de lo que De la Espriella quiera hacer, las prioridades de su agenda económica las impuso, en gran medida, la irresponsabilidad de Petro. Dado que Petro se saltó la regla fiscal, gastó a seis manos y aumentó la deuda pública como proporción del PIB a niveles casi sin precedentes, dejó un enorme hueco fiscal, lo que constriñe significativamente el margen de maniobra del actual gobierno.

¿Qué nos espera de toda esa “petrificación”? Empiezo por lo último.

La estrechez fiscal

El gobierno no tiene más remedio que ajustarse el cinturón. De la Espriella debe poner la casa en orden para evitar que el déficit fiscal siga aumentando hasta llevar al país a un punto de no retorno. A esto se suman gastos por una calamidad natural inesperada (el terremoto) y por otra que, aunque esperada, prende alarmas por su magnitud (el fenómeno del Niño).

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, ya anunció fuertes recortes en el gasto del Estado (cerca de 45 billones de pesos en dos años) y aludió a una próxima reforma tributaria. Aunque todavía no se sabe qué incluirá dicha reforma, el funcionario mencionó la dificultad de cobrar más impuestos, así como su preferencia de eliminar el impuesto al patrimonio, reducir el impuesto de renta a las empresas y el cuatro por mil con el fin de atraer inversión extranjera. Qué tan conveniente y viable sea disminuir la recaudación de impuestos con semejante déficit fiscal es una pregunta abierta.

Se respira, en todo caso, un aire nuevo en las relaciones del nuevo gobierno con el sector privado. Mientras que Petro mantuvo una relación tensa y distante con el empresariado, caracterizada por frecuentes choques y desencuentros, De la Espriella ha buscado un acercamiento con ese sector. El nuevo gobierno se ha propuesto recomponer las relaciones con el sector privado y para ello ha tomado distintas medidas.

Además de anunciar la (posible) reducción de impuestos a las empresas, De la Espriella retomó la exploración y producción de petróleo y gas que Petro, con su agenda ecologista, había abandonado. Con el argumento de que no podemos renunciar prematuramente a esa fuente de ingresos, y que las acciones de Petro pusieron en riesgo la soberanía energética del país, el gobierno reactivará el sector extractivo.

Con la escasez de plata para gasto e inversión por parte del gobierno, todo parece indicar que las inversiones del sector privado serán claves para generar un crecimiento de la economía. El gobierno quiere ampliar el modelo de “obras por impuestos” (donde la realización de obras públicas queda en manos del sector privado a cambio de una reducción de impuestos), con lo cual el empresariado contribuiría más en la construcción de infraestructura.

Por supuesto, el modelo público-privado existe desde hace tiempo y ha tenido varios resultados positivos. No obstante, preocupa que, debido a la crisis fiscal, el gobierno esté en una posición debilitada frente al sector privado y con muy poco margen de maniobra en la economía. Eso no le conviene al país. El sector privado tiene, en general, pocos incentivos para proveer bienes públicos, y a la creencia de que “siempre” actúa en forma rápida y eficiente, hay que contraponer todas aquellas instancias de rentismo y corrupción que han involucrado a empresarios. ¿Cómo podría un Estado débil y con una baja tributación brindar bienes públicos y defender eficazmente el interés colectivo cuando entre en contradicción con intereses privados?

Sin demonizar al sector privado y mucho menos abogar por un estatismo exacerbado, hasta donde conozco, todos los milagros económicos que han ocurrido desde la Segunda Guerra Mundial han involucrado a gobiernos relativamente fuertes, que han implementado políticas industriales eficaces y sostenidas, con incentivos y constreñimientos al sector empresarial. Dadas las circunstancias, no será nuestro caso.

¿De dónde saldrá el crecimiento?

Con la crisis y los recortes, ¿qué podrá aportar el gobierno de la “patria milagro” al crecimiento económico? Parecería que, por cuenta de la “petrificación”, no tanto.

Nótese que, para propiciar el crecimiento económico, todo gobierno debe, como mínimo, brindar un conjunto de bienes públicos como seguridad, educación, infraestructura y salud.

Como se dijo antes, el gobierno poco podrá invertir en infraestructura y delegará labores al sector privado.

En cuanto al sector salud, deberá hacer maromas para aliviar la situación dramática que dejó Petro, además de lidiar con la bomba pensional.

En educación, no es tan claro de dónde sacará la plata para la formación de 2,5 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan, que es otra promesa del programa de gobierno. Tampoco se han conocido propuestas concretas para solucionar problemas de fondo sobre la calidad de la educación que lleven a parar el continuo deterioro en las pruebas PISA, o a lograr que la educación se conecte mejor con el sector productivo y contribuya a una mayor productividad.

La apuesta por la seguridad

Con los pocos recursos disponibles parece que la apuesta principal del gobierno se refiere a la seguridad.

El aumento de la inseguridad ha sido una de las grandes preocupaciones del empresariado, y De la Espriella se ha presentado como adalid de la mano dura. Ya cerró las mesas de diálogo con los grupos armados ilegales, y ha dado ultimátums a las varias organizaciones criminales para que desistan de sus actividades y se entreguen a la justicia.

Si el gobierno logra mejorar la seguridad, eso favorecería el crecimiento económico y a los empresarios. Contrarrestar la extorsión en los territorios donde ha aumentado la injerencia de grupos criminales llevaría a mayores inversiones del sector privado, mayor empleo, y mejoraría también la tributación del Estado.

Pero De la Espriella no es el primer presidente que promete mano dura, y no sabemos qué tanto funcionarán sus medidas. Aunque el gobierno anunció un nuevo estatuto antiterrorista, la creación de un bloque de búsqueda contra la extorsión y la construcción de diez megacárceles, no sabemos si esas herramientas serán adecuadas y suficientes para contrarrestar y disuadir a las organizaciones criminales.

A diferencia de lo que ocurrió cuando Uribe era presidente, la economía no está boyante y el actual gobierno tampoco cuenta con un Plan Colombia que respalde las acciones militares. En su reciente visita, Marco Rubio apoyó al gobierno en sus acciones contra los grupos armados ilegales y Estados Unidos reasignó 52 millones de dólares para repartir entre Colombia, Ecuador, Perú y Panamá en la lucha contra la criminalidad. Eso es una pequeña fracción de los recursos de cooperación del Plan Colombia que fueron cerca de 9.600 millones de dólares durante quince años.

Por supuesto, la amenaza que representan los grupos armados ilegales hoy es distinta de la de las FARC y el ELN durante la era de Uribe, pero ha aumentado significativamente. Según el Ministerio de Defensa, el número de integrantes de los grupos armados ilegales aumentó en un 90% durante el gobierno de Petro, al pasar de 15.120 en 2022 a 28.802 en 2026. Un estudio de PARES también notó un incremento del número de municipios con presencia de grupos armados ilegales, de 410 en 2022 a 497 en 2025.

Hablar duro y amenazar a los grupos ilegales es fácil, pero puede resultar contraproducente a falta de un poder disuasivo contundente. Los ultimátum y golpes al Clan del Golfo, a las disidencias de las FARC y el ELN ya han generado respuestas violentas de los grupos criminales contra la fuerza pública en distintos territorios. Si los grupos criminales mantienen el control territorial ganado y responden a las acciones de la fuerza pública incrementando la violencia, existe el riesgo de que en un mediano plazo el gobierno no logre cumplir la promesa de mejorar la seguridad.

¿Solo mano dura?

No hay duda de que la “paz total” fracasó, en parte por la falta de una buena estrategia, con metas concretas y plazos definidos. Al mismo tiempo, es torpe de parte del gobierno desechar por completo la vía negociada simplemente por llevarle la contraria a Petro.

Si se reformula seriamente la estrategia, una negociación quizás podría funcionar con unos cuantos grupos que tengan voluntad de desmontar sus estructuras. Poner todos los huevos en la canasta de la “mano dura” en un contexto de alto déficit fiscal, ayuda internacional precaria y fortalecimiento significativo de los grupos armados ilegales es una apuesta arriesgada.

Por cuenta de la crisis fiscal el gobierno de la “patria milagro” se encuentra en calzas prietas incluso para desempeñar funciones básicas. A falta de plata, es realmente importante actuar en forma inteligente y pragmática. Como pintan las cosas, por ahora el mayor milagro que podemos esperar es que aguantemos con el agua al cuello, y a rezar para que no suba la marea.

*Profesor Asociado Departamento de Ciencia Política, Universidad de los Andes. Las opiniones aquí expresadas no comprometen la posición institucional de la Universidad de los Andes.

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El discurso de posesión de Abelardo combinó una agenda convencional de gobierno con un mensaje político e ideológico marcado por el militarismo, el confesionalismo religioso y la llamada “contrarrevolución cultural”. ¿Qué puede significar esa mezcla?

Gobernanza con un trasfondo ideológico

Para su posesión, asociada con el ilusorio y gaseoso renacimiento de la nación, Abelardo de la Espriella quiso disipar los temores que él mismo había suscitado con su retórica de campaña y, en cambio, presentó un catálogo de promesas en economía, orden público y políticas sectoriales como la salud, la energía y la educación. Era, en apariencia, una agenda de gobernanza semejante a la de cualquier gobierno tradicional.

Pero esa línea no impidió la exhibición de un conjunto de imaginarios, prejuicios y manifestaciones seudo-culturales que dejaron una marca claramente regresiva. En ella se superponen:

Un cierto militarismo en el manejo del orden público;

Un confesionalismo eclesial, aunque presentado bajo un ropaje ecuménico; y

Una contrarrevolución cultural que cuestiona derechos y minorías.

Son rasgos que hacen pensar en un desplazamiento de las soluciones negociadas, del secularismo y de la diversidad, como si la gobernabilidad consistiera en reaccionar contra la modernidad ilustrada, presentada artificialmente como una traición a la comunidad y a los valores tradicionales de la patria y la familia.

Agenda de correctivos, no de reformas

Una «revolución política» es lo que se propone ejecutar el nuevo presidente, aunque sin reformas estructurales. Más bien plantea un conjunto de correctivos frente a la herencia recibida en materia económica y de orden público.

En el frente económico deberá reducir el déficit fiscal y la deuda para evitar un deterioro de las finanzas públicas y un eventual rebrote inflacionario. Para ello ha anunciado el congelamiento del gasto público. Si esa decisión se aplica con rigor, podría traducirse en recortes del gasto social, con el riesgo de aumentar una pobreza que venía disminuyendo y alimentar el descontento social.

Con el fin de estimular la inversión ha anunciado la eliminación del impuesto al patrimonio, sacrificando más de un billón de pesos en recaudo tributario con la expectativa de que regresen capitales a la economía. Ese efecto, sin embargo, difícilmente será inmediato. 

Resulta más probable que el crecimiento de la producción de petróleo y gas —otra de las metas del gobierno— tenga un impacto positivo sobre la inversión y los ingresos fiscales, aunque también requerirá tiempo.

La seguridad y la negación del diálogo

La estrategia de seguridad contempla una ofensiva contra guerrillas, disidencias y organizaciones criminales que ampliaron su control territorial durante los primeros años de la Paz Total, una política que produjo escasos resultados en materia de negociación y que, en muchos casos, otorgó ceses al fuego antes de que existieran avances suficientes en los procesos de diálogo.

La recuperación territorial se complementaría con el regreso de la fumigación de cultivos ilícitos, pese a las restricciones impuestas por la Corte Constitucional; una relación más estrecha con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico; y la construcción de megacárceles inspiradas en el modelo de Bukele. En conjunto, estas medidas sustituyen la apuesta por la negociación con una estrategia centrada en la ofensiva militar.

No obstante, esa orientación comenzó a esbozarse durante el último año del gobierno Petro, sin resultados significativos. Tampoco parece que el nuevo gobierno vaya a disponer, al menos inicialmente, de recursos suficientes para alterar de manera sustancial la correlación de fuerzas frente a los grupos armados.

La ideología y los imaginarios religiosos

Para llenar los vacíos de su agenda, el antiguo ateo De la Espriella, hoy convertido al catolicismo, recurre a un repertorio de símbolos e imaginarios religiosos.

En la ceremonia de posesión instaló una imagen de la Virgen de Fátima y reunió a un rabino, un pastor evangélico y un sacerdote católico para bendecir el nuevo gobierno. Más que un acto ecuménico, fue una puesta en escena que trasladó símbolos del mundo religioso al ejercicio del poder político, precisamente dos ámbitos cuya separación había sido una de las grandes innovaciones de la modernidad.

La ideología proporciona identidad, orientación y legitimidad. Cuando esa legitimidad adopta un lenguaje religioso, la adhesión puede hacerse más intensa. Ese parece ser el propósito del nuevo presidente con la exhibición pública de su conversión y de sus prácticas de fe.

La contrarrevolución cultural

Abelardo de la Espriella ha manifestado reiteradamente su rechazo al movimiento LGTBI, al feminismo, a los periodistas independientes, a las reivindicaciones étnicas, a los diálogos de paz y a buena parte de la agenda de derechos de las minorías. 

Esa posición adquiere un carácter programático cuando la presenta como una «contrarrevolución cultural», en sintonía con el rechazo a la cultura woke propio de sectores ultraconservadores en Estados Unidos.

En materia educativa, el presidente ha afirmado que no permitirá que los niños reciban «ideologías extrañas». La nueva ministra ha anunciado, además, su propósito de sustituir a Marx por Dios en la escuela, una formulación que parece desplazar el pluralismo, el debate y el conocimiento científico en favor del confesionalismo.

Sin embargo, la sociedad colombiana ha avanzado hacia una mayor diversidad de identidades, una ampliación de derechos y una educación más secular y abierta al conocimiento científico. Revertir ese proceso empobrecería el debate público y debilitaría las libertades conquistadas.

Conclusiones

Con su discurso de posesión en un cuartel y su reiterada invocación de la autoridad divina, Abelardo quiso construir los dos referentes simbólicos de su gobierno: las armas y el credo religioso.

Su programa contiene una agenda de gobierno relativamente convencional, pero carece de un proyecto transformador claramente articulado. Ese vacío parece llenarse con la idea de la «patria milagro», una fórmula retórica donde vuelven a encontrarse los símbolos de la cruz y la espada.

No se trata necesariamente de fundamentalismos, sino de un confesionalismo y un autoritarismo moderados que podrían endurecerse si el gobierno enfrenta una crisis de gobernabilidad. De ahí que el tono y los símbolos de la posesión merezcan atención, pues anticipan una orientación política que trasciende el contenido administrativo de las medidas anunciadas.

*Politólogo y abogado. Exrector de la Universidad Distrital. Cofundador de Razón Pública.

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En la tarde de este viernes siete agosto, Abelardo de la Espriella asumió la Presidencia de Colombia para el periodo 2026-2030 en ceremonia realizada, en la Arena de la Universidad Santiago de Cali (USC), rompiendo la tradición de realizar la investidura en Bogotá y enviando un mensaje de descentralización del poder.

El acto contó con la presencia de líderes políticos nacionales, jefes de Estado internacionales y delegaciones diplomáticas, incluyendo al rey Felipe VI de España, los presidentes Javier Milei de Argentina, Daniel Noboa de Ecuador, José Antonio Kast de Chile, Santiago Peña de Paraguay y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

También hubo grandes ausentes como los expresidentes, Juan Manuel Santos y Ernesto Samper, con quien el nuevo jefe de estado mantiene diferencias irreconciliables. En el campo internacional tampoco asistieron el presidente de Brazil Luis Inácio Lula da Silva y la mandataria de México, Claudia Sheinbaum, dos dirigentes de amplio reconocimiento a nivel mundial y latinoamericano, al parecer por diferencias ideológicas, para no citar sino dos casos.

El acto comenzó con la interpretación del himno nacional por la cantante Maía, seguido del juramento presidencial ante el presidente del Senado, Honorio Henríquez, quien le impuso la banda presidencial  Posteriormente, De la Espriella tomó juramento a su vicepresidente, José Manuel Restrepo, quien lo acompañará durante todo el periodo presidencial 2026-2030 Durante la ceremonia se realizaron 21 salvas de cañón en homenaje al nuevo mandatario y se rindió un homenaje al senador Miguel Uribe Turbay, asesinado en 2025

La posesión de De la Espriella marca un cambio de gobierno tras la administración de Gustavo Petro y se caracteriza por un enfoque conservador y de seguridad, con énfasis en la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad. La decisión de realizar la ceremonia en Cali simboliza la intención del nuevo gobierno de fortalecer el protagonismo de las regiones y promover una “Patria milagro” desde fuera de Bogotá. La jornada estuvo acompañada de estrictas medidas de seguridad, con más de 11.000 miembros de la fuerza pública, ley seca y restricciones de transporte 

Entre los asistentes se encontraban expresidentes colombianos como César Gaviria, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe e Iván Duque, mientras que otros, como Juan Manuel Santos y Ernesto Samper, no fueron invitados La ceremonia también contó con la presencia de delegaciones de Estados Unidos, Israel, Corea del Sur y Alemania, estableciendo acuerdos preliminares de cooperación en seguridad, economía y tecnología.

Al llegar a la ceremonia, De la Espriella declaró: “Colombia se salvó y vamos a construir entre todos la ‘Patria milagro’”, destacando su compromiso con la seguridad, la economía y la gobernabilidad del país Su administración, junto con el vicepresidente José Manuel Restrepo, será responsable de conducir el país hasta el 7 de agosto de 2030. (Resumen de: El Universal, Infobae, Semana, El País, REC y Pulzo)

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La discusión actual parece dejar atrás las disputas tradicionales sobre las presuntas irregularidades del voto “de papel” y nos lleva a controversias que, con las nuevas tecnologías, resultan cada vez más comprensibles para los expertos y más ajenas para la ciudadanía.

Hace poco el presidente Petro publicó en sus redes sociales una demanda de nulidad electoral que un grupo de ciudadanos presentó ante el Consejo de Estado para controvertir la elección presidencial de Abelardo De La Espriella. Aunque durante esta contienda electoral el presidente ha expresado sus preocupaciones sobre la transparencia del proceso, el texto de la demanda no afirma que exista fraude electoral ni aporta pruebas dirigidas a demostrarlo. Lo que sí cuestionan los demandantes es la reducción de los controles digitales de autenticidad, integridad y trazabilidad de los formularios E-14 –las actas donde los jurados de mesa consignan los resultados–, comparados con los de 2022. Según la demanda, esa reducción habría incidido en la declaratoria de elección. Sin embargo, el documento conocido no identifica municipios, mesas o votos específicos que habrían resultado afectados.

Para sustentar su planteamiento, los demandantes descargaron varios E-14 del portal de la Registraduría, tanto de 2022 como de 2026, y concluyeron que los de este año carecen de metadatos completos, de prefijos únicos de archivo y de identificación clara de la mesa y la corporación, elementos presentes hace cuatro años. A partir de ello, sostienen que esas diferencias dificultan descartar la hipótesis de una eventual manipulación de los archivos digitales. Sin entrar a valorar el fondo de ese argumento técnico, del texto de la demanda no se advierte una individualización, causalidad e incidencia electoral, pues no viene acompañado de prueba concreta de que el resultado haya sido afectado, un requisito que la jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado ha exigido de manera reiterada a la hora de determinar la nulidad de una elección. 

La controversia digital y los límites de la demanda

Vale la pena recordar en qué consiste este mecanismo. La nulidad electoral es una acción pública –es decir, cualquier persona puede ejercerla– desarrollada en los artículos 40, 237 y 264 de la Constitución y 275 de la Ley 1437 de 2011. Procede contra los actos administrativos que declaran una elección o nombramiento y busca proteger la legalidad, la transparencia y la legitimidad del acceso a cargos públicos.

No siempre exige acreditar un fraude electoral; en algunos casos basta cuestionar las calidades o inhabilidades del elegido. Sin embargo, cuando se trata de elecciones populares y se plantean presuntas irregularidades en la votación o los escrutinios, no solo se debe invocar la existencia de un margen “estrecho”, sino precisar resultados, diferencias exactas y el número de votos o mesas comprometidos que, de corregirse, cambiarían el resultado. Según la Sección Quinta del Consejo de Estado, es necesario examinar la incidencia sustancial de la irregularidad, en particular cuando se pretende invalidar una elección.

Antecedentes históricos de la sospecha electoral

Aunque este debate parezca inédito, las controversias sobre la integridad de los procesos electorales han acompañado distintos momentos de la historia política colombiana. Las diferencias institucionales entre esos episodios y el sistema electoral contemporáneo son profundas; sin embargo, ilustran cómo las discusiones sobre la legitimidad de las elecciones han surgido de manera recurrente en contextos de alta tensión política.  

A principios del siglo XX persistió la sospecha de que el presidente Rafael Reyes llegó al poder gracias a irregularidades ocurridas durante el proceso electoral. En ese entonces la elección presidencial era de segundo grado, pues el pueblo no votaba directamente por el presidente, sino por delegados encargados de escogerlo. Con ese propósito, el 7 de diciembre de 1903 se eligieron en todo el país los electores que debían reunirse el 2 de febrero siguiente para designar al presidente y al vicepresidente.

El episodio más recordado ocurrió en Padilla, en el actual departamento de La Guajira,donde el llamado “cacique” electoral Juanito Iguarán  habría enviado actas firmadas en blanco para que los jefes políticos del Atlántico las diligenciaran según sus intereses. Así, en 1904, Reyes resultó ganador por una diferencia mínima frente a Joaquín Vélez, su rival más cercano. Se dice, incluso, que Juanito reportó más votos de los que el propio municipio de Padilla podía emitir, un exceso que, al parecer, pasó inadvertido en las instancias judiciales de la época.

Las elecciones del 19 de abril de 1970 constituyen otro de los episodios más controvertidos de la historia política colombiana. Un boletín emitido a las dos de la madrugada del día siguiente a la jornada electoral daba como ganador a Gustavo Rojas Pinilla sobre Misael Pastrana, por una diferencia superior a 21.000 votos. Poco después, el ministro de Gobierno de la época ordenó a las emisoras suspender la información, y la Registraduría dejó de emitir nuevos reportes. Como haya sido, luego del escrutinio Rojas resultó derrotado por poco más de 60.000 votos. La controversia jurídica y política dio origen al Movimiento 19 de Abril (M-19). En medio de cuestionamientos sobre los resultados y acusaciones sobre irregularidades en el proceso, finalmente la Corte Electoral lo proclamó oficialmente presidente y se posesionó en el cargo para el período 1970-1974.

Hacia una justicia electoral técnica y transparente

Más allá de la demanda de la nulidad electoral en contra de la elección de De La Espriella, y de las exigencias legales que debe satisfacer una acción de este tipo, el caso pone de presente que estos debates también han ocurrido en momentos de alta tensión política. De igual modo, que la discusión de nuestros tiempos parece dejar atrás las disputas tradicionales sobre las presuntas irregularidades del voto “de papel” y nos lleva a controversias que, con las nuevas tecnologías, resultan cada vez más comprensibles para los expertos y más ajenas para la ciudadanía, paradójicamente cuando pretendemos avanzar hacia la democratización de la justicia y el derecho. 

Por último, la palabra la tiene el Consejo de Estado. En ese sentido, resulta fundamental que las controversias políticas y electorales se tramiten por los canales institucionales. Así como la participación de ciudadanos y funcionarios de distintas instituciones fortalece la transparencia e idoneidad del proceso electoral colombiano, los mecanismos de control judicial contribuyen a reforzar su legitimidad.

(Foto de portada(ICBF)

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En su cuenta de la red social X, el mandatario explicó que dichos testigos digitales “lograron descubrir en las trazas dejadas por los metadatos de los documentos subidos a internet por el software de escrutinios electorales, la manipulación algorítmica que hubo del voto real de la ciudadanía colombiana».

También dijo en su mensaje que, aunque la demanda de nulidad está expresada en “lenguaje técnico, será explicado en vídeos que traduzcan hacia la comunicación popular».

La demanda

En su intervención durante la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso de la República este 20 de julio, el jefe de Estado anunció que la demanda ya fue presentada y será objeto de debates en el Legislativo.

La demanda de nulidad fue presentada por los ciudadanos William Roy Villanueva, Jaime Casadiego León, Damián Garces Restrepo, Alexander Montaña Narváez, Sixto Acuña Acevedo y Luis Alfredo Onofre Valencia, está dirigida contra el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil, así como Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo.

El texto, de 61 páginas, acusa de “ilegalidad» la Resolución Sala Plena No. E-3181 del 24 de junio de 2026, expedida por el Consejo Nacional Electoral, “por medio de la cual se declaró la elección de Presidente y Vicepresidente de la República para el período constitucional 2026-2030 y se ordenó la expedición de las respectivas credenciales», así como “los formularios E-14 (Transmisión, Delegados y Claveros), el acta de declaratoria de la Comisión Escrutadora Nacional, los formularios E-24 de las comisiones escrutadoras y los formularios E-26 correspondientes a la segunda vuelta presidencial de 2026″.

Según los demandantes, su petición al contencioso administrativo se estructura sobre varios cargos articulados:

– Primero, un cargo autónomo de inverificabilidad estructural por infracción de normas superiores de transparencia, archivo electrónico, calidad, seguridad documental y transparencia algorítmica.

– Segundo, un cargo por vulneración del principio de publicidad y falsa motivación.

– Tercero, cargos varios derivados de los presupuestos del artículo 275 Cpaca (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

Las pretensiones

Son varias las pretensiones que solicitan al Consejo de Estado los demandantes, a saber:

Pretensión principal

1- Que se declare la nulidad de la Resolución Sala Plena No. E-3181 del 24 de junio de 2026, expedida por el Consejo Nacional Electoral.

2- Que, como consecuencia de la nulidad, se dispongan los efectos previstos en los artículos 287 y 288 del Cpaca, según el alcance que resulte probado.

3- Que se declare la nulidad de los formularios E-14 en su versión electrónica publicada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, del acta de declaratoria de la Comisión Escrutadora Nacional, de los formularios E-24 de las comisiones escrutadoras y de los formularios E-26 correspondientes a la segunda vuelta presidencial de 2026.

Pretensiones subsidiarias y moduladas

La demanda también solicita varias pretensiones subsidiarias, en este orden:

 1- Que se ordene nuevo escrutinio, auditoría judicial o verificación técnica de las mesas, zonas, puestos, municipios o departamentos afectados por inverificabilidad, divergencias injustificadas o ausencia de correspondencia documental.

2- Que se ordene a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Consejo Nacional Electoral exhibir los logs, # hash internos, trazas de publicación, actas, versiones de archivos y documentos técnicos que soporten la correspondencia, autenticidad e integridad de los E-14 publicados.

3- Que se ordene practicar inspección judicial con apoyo pericial sobre los sistemas de generación, escaneo, procesamiento, publicación y republicación de formularios E-14, E-24, E-26 y actas generales de escrutinio.

4- Que, en caso de no acreditarse incidencia suficiente para nulidad total, se adopten medidas de depuración, recuento, exclusión o corrección sobre el universo verificable de mesas afectadas, sin perjuicio del reconocimiento judicial del vicio autónomo de inverificabilidad estructural.

5- Que las autoridades demandadas aporten al proceso los actos administrativos, protocolos, instructivos y demás documentos que permitieron adoptar el modelo de escrutinio y publicación documental que dieron lugar a la Resolución E-3181 de 2026.

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En una primera instancia, el presidente Gustavo Petro tomó en sus manos el sombrero del excomandante del M-19 y excandidato presidencial Carlos Pizarro que estuvo, durante el actual Gobierno, en una urna en la Casa de Nariño.

El mandatario recordó que este sombrero fue comprado por Carlos Pizarro para firmar el acuerdo de paz con el Estado colombiano y que llevaba en sus manos cuando fue asesinado.

Aseguró que “nunca fue usado, nunca jamás, en una acción que implicara violencia», por lo que enfatizó que “es un símbolo de paz, paz que nos trajo como cosas concretas la Constitución de 1991″.

El Sombrero de Pizarro

Recordó que luego del atentado en el avión en que se dirigía a Barranquilla el sombrero fue recuperado “por sus escoltas del M-19″ y añadió: “Hoy es patrimonio de la paz de Colombia y del pueblo de Colombia».

Paso seguido, el presidente Petro anunció que tomó la decisión de “devolver este sombrero que le pertenece al pueblo y a la paz a su hija a su familia que sé que lo guardarán hasta cuando la bandera de la libertad de nuevo se hice en la Casa de Nariño en el Congreso de la República y en la patria colombiana».

La espada de Bolívar

En su intervención ante miles de bogotanos que se congregaron en la localidad de Ciudad Bolívar, el presidente Gustavo Petro se refirió a la espada del libertador y anunció que esa misma guardia libertadora llevará la espada de Bolívar a la Quinta de Bolívar, donde “estaba, donde vivió con Manuelita Sáenz quizás feliz, y donde salió quizás a morir en soledad, la regresamos al pueblo» para que la cuide y que no volverá a su funda hasta que el pueblo “sea capaz, porque de su fuerza depende de nadie más de construir la justicia en Colombia».

La sotana del padre Camilo Torres

El mandatario se refirió a la sotana del padre Camilo Torres, de quien dijo la “dejó cuando se fue a las montañas a luchar por lo que él pensaba, sería la justicia social y el amor eficaz, como sacerdote católico que era, y comprometido con la teología de la liberación que fundó en el mundo».

“Por eso hay una estatua de él en la Universidad de Lovaina la Vieja en Bélgica, y no la hay en Colombia, porque aquí censuran la voz de quienes llevan la rebeldía al pueblo, y le gritan, como gritó Bolívar, que es necesaria la libertad y que es necesaria la democracia, para que la vida cotidiana de una familia en Colombia cualquiera en cualquier región, pueda ser más feliz, más intensa, y las nuevas generaciones puedan vivir mejor que nosotros», dijo.

Por esta razón, anunció que “esa sotana se entrega al Museo Nacional, para que sea observada por los ojos del pueblo colombiano, la Facultad de Patrimonio de la Universidad Nacional será su cuidadora».

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En un discurso comparó la situación política actual con los acontecimientos previos al 20 de julio de 1810. Según el mandatario, el país estaría ante la necesidad de un “segundo grito de independencia», aunque insistió en que cualquier movilización debe desarrollarse por vías pacíficas y democráticas.

“El gobierno de Colombia ya no va a ser de Colombia, Donald (Trump, presidente de los Estados Unidos) o Marcos (Rubio, secretario de Estado de ese país) siempre darán órdenes a quien no ayudaron, sino impusieron como presidente de Colombia. Siempre el próximo presidente de Colombia será un sirviente de los gobernantes de Estados Unidos que lo ayudaron entre comillas a ‘elegir’. Luego pasamos del estatus de República al estatus de virreinato de nuevo como hace 216 años, cuando conmemorábamos ahora el primer Grito de Independencia. Toca dar el segundo grito de independencia, y más. Nos enseñaron, hay que romper un florero, ojalá sea lo único que se rompa, un florero, salvar las flores, eso sí, y gritar libertad y resistencia», señaló el mandatario.

Agregó: “La mera introducción a las elecciones pasadas de apoyos extranjeros, ya confesos hasta por el mismísimo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, ya es causal de nulidad y, sobre todo, de ilegitimidad del próximo gobierno que se posesiona el 7 de agosto», dijo el presidente Petro.

El presidente señaló que los sectores progresistas deberán prepararse para defender políticas relacionadas con la educación pública, el sistema de salud, la reforma agraria y los derechos laborales. Aseguró que eventuales decisiones del próximo gobierno podrían revertir avances alcanzados durante su administración.

Asimismo, denunció lo que considera una estrategia para debilitar a las fuerzas políticas afines a su proyecto, incluyendo presuntos intentos de judicializar a dirigentes progresistas y afectar la personería jurídica del Pacto Histórico. En ese contexto, comparó esas acciones con procesos ocurridos en regímenes autoritarios europeos del siglo XX.

“Quieren encarcelar la dirigencia progresista, tanto la que estuvo en el gobierno empezando por el que habla, como la que no estuvo en el gobierno. Quieren quitarle la personería jurídica al Pacto Histórico, tal como el fascismo en Italia hizo con las fuerzas progresistas italianas, y Hitler con las fuerzas progresistas alemanas, y Franco con las republicanas españolas, quieren arrasar en los primeros meses», advirtió.

En materia económica, el jefe de Estado criticó la posibilidad de nuevas reformas tributarias que, a su juicio, trasladarían mayores cargas a los trabajadores mientras beneficiarían a los sectores de mayores ingresos. También expresó preocupación por el destino de cerca de 600.000 hectáreas de tierra que permanecen en el Fondo Nacional de Tierras y que, según dijo, deberían ser entregadas al campesinado.

Uno de los puntos más destacados de la intervención fue el llamado a la movilización social. El mandatario planteó la posibilidad de impulsar una “huelga general» si se llegaran a desmontar las reformas laborales, educativas o agrarias promovidas durante su gobierno.

“Si van a tumbar las estabilidades, las condiciones laborales conquistadas en este gobierno, huelga general e indefinida en Colombia. Si van a arrasar con violencia la reforma agraria sobre el campesinado y se van a robar las 600 mil hectáreas que aún quedan para repartir al campesinado, paro agrario nacional. Si van a cambiar la fórmula de la educación pública para volver a lo de antes, a pagarle a unos estudiantes pocos, pobres, una beca para financiar la educación privada y no permitirles a las mayorías de las juventudes abrir la puerta del saber y del conocimiento y, por tanto, las puertas de la intensidad de la vida, huelga general juvenil», afirmó el mandatario.

Enfatizó “no es hacer trincheras a la entrada del barrio, donde van a entrar con tanquetas con el nuevo ESMAD, no. Es arrodear los centros del poder ilegítimo de Colombia hasta que vuelva a existir legitimidad que solo se logra con la decisión popular libre y sin algoritmos y sin dineros extranjero», dijo.

El presidente también propuso la creación de “guardias libertadoras» organizadas en red y sin armamento, con el objetivo de promover la solidaridad y la defensa de las comunidades frente a eventuales amenazas.

“Estamos listos, debemos estar listos. Sí hay que construir guardias libertadoras porque quieren matar, desarmadas, pacíficas, pero en red. Allí donde toquen un barrio, allí donde toquen una hacienda campesina, la red debe convocar la solidaridad, debe volverse una manifestación de todos, los barrios contiguos, de todas las veredas contiguas, de todo el país si es necesario. La defensa no es con armas contra armas», dijo al reiterar que la respuesta ciudadana debe ser pacífica y mantenerse alejada de la violencia.

Por eso también dijo: “el mensaje es claro, lo que le he dicho a la Policía y al Ejército, nunca apunten sus armas al pueblo, nunca. No es una orden del actual presidente de Colombia, es una orden de la Constitución».

Al cierre de su discurso, el presidente hizo un llamado a la unidad de sus seguidores y del movimiento progresista, condicionando su eventual liderazgo dentro del Pacto Histórico al rechazo de cualquier alianza con sectores que calificó como afines al “fascismo».

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El mandatario dijo que “le devolvió la dignidad a la Fuerza Pública», a la que pidió “nunca apuntar sus armas contra el pueblo», porque es orden constitucional y un mandato del Libertador Simón Bolívar.

“Este gobierno pudo ser mejor, pero pasará a la historia como uno de los mejores gobiernos de Colombia. Y puedo decir como Comandante Supremo que uno de los mayores logros de este gobierno fue haber hecho que el patrullero y la patrullera de policía, el soldado y la soldado, fueran tratados como seres humanos, comenzando por algo vital, como es su salario: elevamos el salario de soldados y policías, de 300 mil al salario vital, que es hoy 2 millones de pesos. Y elevé el grado de 17 mil patrulleras y patrulleros a subintendentes que los tenían atrasados», dijo.

También destacó que el pie de fuerza creció en esta administración, pero bajaron las agresiones del Esmad contra la protesta social.

Disminuyó la pobreza

El presidente Petro explicó que recibió una tasa nacional de pobreza del 38%, la más durante el año del Covid, y hoy la entrega en 25%. “Y si hubiera existido otro gobierno progresista, con seguridad desplomaríamos la tasa de pobreza de Colombia al 15% o menos», aseguró.

Frente a la desnutrición infantil, el jefe de Estado destacó que, a la semana 25 de este año, que es en este mes, este indicador se redujo en 189 casos , es decir, una reducción de 71,4% en cuatro años, y la mortalidad general, por cualquier causa, de niños y niñas menores de un año, bajó 32,9% en este gobierno, mientras la mortalidad de menores de cinco años disminuyó 34,7%.

“Y redujimos la mortalidad perinatal, que es la muerte de niños en el vientre de la mujer por falta de atención, y hasta dos meses después de nacido, en 24,6, pasamos de 4.302 casos, a 3.200 bebés que no murieron, y bajamos en 51% la mortalidad de mujeres embarazadas», agregó.

Avances en educación

El presidente resaltó el impulso que ha tenido la educación superior en estos cuatro años: “97% de los estudiantes en universidad pública con educación gratuita. Aumentamos los cupos para nuevos estudiantes en 425 mil cupos a este semestre, y a final de este año llegará a 500 mil nuestra promesa, o sea, medio millón adicional de estudiantes van a entrar a universidades públicas gratuitas».

Al respecto, recordó que en su gobierno se crearon las sedes universitarias, incluidas facultades de Medicina, en Ciudad Bolívar, Bosa, Usme, el extremo occidental de Bogotá, La Guajira, Córdoba y Amazonas».

El mandatario concluyó que, en la instalación del Congreso de la República, se referirá a otros logros en materia económica, como desempleo, crecimiento económico y la reforma agraria, entre otros aspectos.

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“El empalme es ante el pueblo, es una entrega pública del gobierno que termina el seis de agosto a las 12 de la noche, porque ese fue el mandato del pueblo y obedezco al pueblo, a nadie más», manifestó el el Jefe de Estado.

En el mismo contexto, indicó que no permanecerá en el poder más allá del término constitucional de su mandato y rechazó cualquier posibilidad de hacerlo.

“Me piden cosas que serían inconstitucionales como permanecer en el poder sabiendo que los que vienen no ganaron las elecciones. No lo haré porque el mandato popular que se me otorgó tiene un final y soy un demócrata y respeto la Constitución», aseveró.

También anunció que durante el proceso de entrega del Gobierno se instalarán “sillas vacías» para representar al equipo de empalme de la administración entrante.

“Se colocarán sillas vacías en espera de quienes se robaron las elecciones lleguen a entender qué es gobernar», expresó el presidente Petro.

En su mensaje, agregó que responderá por la vía judicial a las acusaciones realizadas en su contra: “Las calumnias proferidas por ex convictos y familiares de convictos serán respondidas judicialmente».

Además, aseguró que finalizará su mandato con un patrimonio inferior al que tenía al asumir la Presidencia y afirmó que sus cuentas permanecen bloqueadas por decisiones del gobierno de Estados Unidos.

El jefe de Estado informó que el próximo 20 de julio pronunciará su último discurso público como jefe de Estado en el suroccidente de Bogotá, donde se despedirá de las Fuerzas Militares.

“El 20 de Julio daré mi último discurso público como presidente de Colombia», anunció.

El mandatario, finalmente, reiteró sus denuncias sobre presuntas irregularidades en las elecciones presidenciales del 21 de junio, asegurando que presentará una demanda de nulidad sustentada en las pruebas recopiladas por su equipo.

Falta de respeto

El Gobierno del presidente Gustavo Petro anunció la suspensión de las sesiones conjuntas del proceso de empalme con la administración entrante, al considerar que no existen las condiciones mínimas de respeto institucional para continuar con este ejercicio democrático.

La decisión fue dada a conocer este martes 7 por el ministro de Hacienda y coordinador del Comité Nacional de Empalme, Germán Ávila, quien también informó que se solicitó el acompañamiento preventivo de la Procuraduría General de la Nación durante el proceso.

“El Comité Nacional de Empalme del Gobierno nacional suspende su participación en las sesiones conjuntas de empalme, hasta tanto existan garantías de respeto recíproco, cese la utilización de expresiones y actuaciones incompatibles con la naturaleza institucional del proceso y puedan restablecerse las condiciones necesarias para desarrollar un empalme técnico, serio y respetuoso de la Constitución y la ley», manifestó.

El empalme no es un juicio

“Antes de dar inicio a la sesión convocada para el día de hoy, el Comité Nacional de Empalme del Gobierno Nacional considera necesario realizar una declaración institucional. Desde el primer momento asumimos este proceso con profundo sentido de Estado.

Lo hicimos convencidos de que el empalme no pertenece a un gobierno, a un partido o a un proyecto político, pertenece a Colombia. Su propósito es garantizar la continuidad de la administración pública, proteger el interés general y asegurar que millones de colombianos continúen recibiendo los servicios del Estado sin interrupciones.

Por esta razón hemos actuado conforme a la Constitución y a la Ley 951 del 2005 y a las directrices que regulan este proceso, convencidos de que la grandeza de una democracia también se refleja en la manera como un gobierno concluye su mandato y cumple sus deberes frente al país.

Sin embargo, debemos expresar con profunda preocupación que ese espíritu institucional no ha encontrado la misma reciprocidad. El pasado domingo, uno de los integrantes del Comité de Empalme del gobierno entrante, el señor Carlos Alonso Lucio, concedió una entrevista a un medio de comunicación en la que formuló graves señalamientos contra el señor presidente de la República y de su equipo de gobierno y además se sigue presentando públicamente este proceso como un supuesto empalme anticorrupción.

Respetamos plenamente el derecho de toda persona a expresar sus opiniones, pero una cosa es el debate democrático y otra muy distinta es utilizar un escenario institucional de transición para proyectar ante el país la idea de que el empalme parte de una presunción de responsabilidad respecto del gobierno saliente.

El empalme no fue concebido para eso, el empalme no es una investigación penal, el empalme no es un juicio, el empalme no es una plataforma política, el empalme es un deber del Estado cuyo único propósito es garantizar una transición ordenada, responsable y transparente entre administraciones”

Apartes de la Declaración del Comité Nacional de Empalme del Gobierno Nacional, firmada por: Germán Ávila, Nora Mondragón, Augusto Campo, Natalia Irene Molina. 

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Abelardo Gabriel de la Espriella Otero (Bogotá, 31 de julio de 1978) es un abogado, empresario, cantante y político colombiano de extrema derecha. Se graduó de Derecho en la Universidad Sergio Arboleda, saltó a la fama como litigante de alto perfil y fundó su propia firma, De La Espriella Lawyers Enterprise.

La lista «Firmes por la Patria» contabilizó 12.959.542 votos, mientras que contrincante, Iván Cepeda Castro de la «Alianza por la Vida», logró 12.708.712, perdiendo por un estrecho margen que no llegó a los 300 mil sufragios, de acuerdo con los escructinios finales.

Primeros años y formación

Nacido en la capital colombiana pero criado en la ciudad de Montería (departamento de Córdoba), De la Espriella se formó como abogado en la Universidad Sergio Arboleda, donde también ha ejercido como profesor. Posteriormente, se especializó en ciencias penales, criminología y derecho administrativo, y obtuvo una maestría en derecho de la Universidad Nebrija (España).

Carrera jurídica y mediática

Cobró gran notoriedad a nivel nacional como abogado defensor en casos judiciales de gran impacto mediático, como el caso de David Murcia Guzmán (relacionado con la captadora ilegal DMG). A lo largo de dos décadas, su firma de abogados ha representado a figuras políticas, empresarios y víctimas, convirtiéndolo en un personaje habitual en los medios de comunicación colombianos.

Proyectos empresariales y artísticos

Más allá de su labor jurídica, ha diversificado sus actividades creando una amplia marca personal conocida como De La Espriella Style. Ha incursionado en el mundo empresarial con proyectos inmobiliarios como De La Espriella Collection y en el ámbito musical, habiendo lanzado discos en los que interpreta boleros y otros géneros.

Salto a la política

En los últimos años, el abogado dio un giro hacia la esfera política fundando el movimiento independiente Defensores de la Patria. Prometiendo gobernar con «mano de hierro» y combatiendo fuertemente la corrupción, el crimen y el narcotráfico —alineándose ideológicamente con figuras de derecha como Nayib Bukele o Javier Milei—, logró consolidarse como la figura más votada durante la primera vuelta durante las elecciones presidenciales del pasado mes de mayo.

Recorrió el país anunciado eliminar o destripar a la izquierda, reducir el tamaño del Estado, mano dura contra la protesta social y fortalecimiento del aparato militar.

Hoy la mayoría de los electores lo convierten el presidente número 61 de los colombianos acompañado de su fórmula, es el economista y exministro José Manuel Restrepo Abondano.

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