Bogotá / Nueva York- julio de 2026. Más de 200 organizaciones sociales, de víctimas, indígenas, afrodescendientes, campesinas, eclesiales, académicas y de derechos humanos, junto con líderes y lideresas de Colombia y de la comunidad internacional, dirigieron una carta al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con motivo de la sesión sobre Colombia prevista para el próximo 15 de julio. La comunicación está dirigida al Embajador Zénon Mukongo Ngay, Presidente del Consejo de Seguridad durante el mes de julio, y solicita que sea distribuida como documento oficial del Consejo.

La carta expresa una profunda preocupación por el aumento de la polarización política, los ataques al Acuerdo Final de Paz de 2016 y a sus instituciones, así como por el deterioro de la situación humanitaria en numerosos territorios del país. Las organizaciones advierten que las comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales, palenqueras y campesinas continúan siendo las más afectadas por la violencia, la expansión de los grupos armados, las economías ilícitas, la minería ilegal, el desplazamiento, las restricciones a la movilidad y el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes.

En la comunicación, los firmantes recuerdan que, diez años después de la firma del Acuerdo de Paz, las poblaciones que más sufrieron el conflicto deben ser las principales beneficiarias de su implementación efectiva. Asimismo, hacen un llamado para que la Misión de Verificación de las Naciones Unidas fortalezca su diálogo permanente con las organizaciones sociales y las autoridades étnicas y campesinas, e incorpore de manera más decidida sus preocupaciones y propuestas en el cumplimiento de su mandato.

Entre las solicitudes presentadas al Consejo de Seguridad destacan el fortalecimiento del acompañamiento internacional a la implementación integral del Acuerdo de Paz, una mayor atención a los obstáculos que enfrentan las reformas contempladas en el Acuerdo —como la Jurisdicción Agraria— y el respaldo continuo al Sistema Integral para la Paz, incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y las garantías de no repetición.

La iniciativa reúne a organizaciones de Colombia, América, Europa y otros países, entre ellas la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos (IEANPE), la Coordinación Nacional de Pueblos Indígenas (CONPI), la Coordinación Étnica Nacional de Paz (CENPAZ), el Equipo Claretiano ante la ONU, la Washington Office on Latin America (WOLA), Defendamos la Paz Internacional, la Mesa Ecuménica por la Paz, la Fundación para la Protección Socioambiental SOLUNA, organizaciones de víctimas, universidades, iglesias, movimientos sociales y numerosas plataformas de derechos humanos y construcción de paz.

Los firmantes concluyen que el cumplimiento integral del Acuerdo de Paz de 2016 y la escucha activa de las víctimas constituyen la base indispensable para consolidar una paz con justicia, reconciliación y garantías de no repetición, e instan al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a mantener y reforzar su compromiso con la construcción de una paz estable y duradera en Colombia.

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El Fondo de Programas Especiales para la Paz Fondo Paz, en alianza con la Universidad de Cartagena, anuncia los resultados del proceso de selección de beneficiarios del proyecto “Reparación Transformadora, una apuesta de paz total”. En total, 720 personas y 36 asociaciones comunitarias de 12 municipios en cinco departamentos del país, serán acompañadas en su proceso de recuperación integral: productiva, psicológica, jurídica y de resiliencia colectiva.

Tras un riguroso y amplio proceso de convocatoria y selección, el proyecto cuenta ya con sus beneficiarios y beneficiarias. Son mujeres, hombres, jóvenes, líderes y organizaciones de comunidades que han vivido de cerca los efectos del conflicto armado y que hoy encuentran en el proyecto una oportunidad concreta de reconstruir sus vidas desde una reparación transformadora.

Los doce municipios priorizados se encuentran en cinco departamentos: Antioquia (Caucasia y Tarazá); Bolívar (San Jacinto y El Carmen de Bolívar); Caquetá (Florencia, Belén de los Andaquies y San Vicente del Caguán); Norte de Santander (Sardinata, El Zulia y Bucarasica) y Putumayo (Mocoa y Orito).

Son cuatro componentes y una sola visión:

Fortalecimiento de Unidades Productivas: 444 beneficiarios recibirán acompañamiento técnico y económico.

Primeros Auxilios Psicológicos (PAP): 120 personas contarán con formación en  atención sicológica primaria para atender a sus comunidades.

Empoderamiento Jurídico: 120 personas se formarán en sus derechos y rutas de acceso a la justicia.

Metodología Barrilete – Resiliencia Comunitaria: 36 asociaciones serán fortalecidas con esta metodología participativa, a través de intervención social

Cada proceso de formación iniciará en los territorios priorizados a partir del 23 de junio.

“Reparación Transformadora, una Apuesta de Paz Total” es ejecutado por la Universidad de Cartagena y financiado por el Fondo de Programas Especiales para la Paz FONDO PAZ de Presidencia de la República.

La reparación transformadora ya tiene nombres, territorios y comunidades listas para escribir una nueva historia.

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Los compromisos fueron concertados al término de dos días de trabajo en una mesa técnica de seguimiento, en la que las partes revisaron el avance de los acuerdos relacionados con la compra de tierras, la formalización de predios y otros procesos territoriales que benefician a estas comunidades.

La mesa se desarrolló luego de la llegada a Bogotá de una delegación conformada por aproximadamente 500 integrantes de la comunidad indígena Misak, quienes participaron en las jornadas de diálogo con representantes del Gobierno nacional.

Como resultado de las conversaciones, las entidades acordaron una hoja de ruta para dar continuidad a los procesos en curso.

Entre los compromisos asumidos, la Agencia Nacional de Tierras garantizará la continuidad del equipo técnico de AISO durante el segundo semestre de 2026, en cumplimiento de los acuerdos macrorregionales suscritos con las comunidades indígenas Misak y Pijao.

Asimismo, la entidad se comprometió a culminar durante el mes de julio los procedimientos catastrales pendientes del resguardo indígena guambiano La Bonanza, con el fin de avanzar en su proceso de formalización.

En materia de adquisición de tierras para la constitución y ampliación de resguardos, la ANT adelantará las visitas técnicas de campo a los predios postulados por las comunidades indígenas, paso necesario para continuar con las siguientes etapas de los procesos de compra formalización.

Otro de los puntos abordados fue la situación del predio Los Lirios, ubicado en la vereda Santa Isabel, del municipio de Puracé (Cauca), donde actualmente existe un conflicto de representatividad al interior de la comunidad Misak. Frente a este caso, la Agencia Nacional de Tierras, el Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo, en calidad de entidad garante, acordaron coordinar un espacio técnico que permita analizar la situación y buscar alternativas concertadas frente a la entrega provisional del predio.

Las partes también definieron que la próxima mesa de seguimiento se realizará el 17 de julio de 2026 en el resguardo Misak La Bonanza. Durante esa jornada se evaluará el cumplimiento de los compromisos adquiridos y el avance de los distintos procesos relacionados con la garantía de los derechos territoriales de las comunidades.

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​​Los 99 miembros de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) ingresaron al acto protocolario despojados de sus armas y de sus uniformes de combate.​

​La tarde de este jueves, en zona rural del municipio de La Hormiga (Putumayo), 99 hombres y mujeres del grupo armado Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) iniciaron el proceso de “dejación y abandono” de las armas de fuego. La dejación de las armas es un paso fundamental para el ingreso del grupo a la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) del Valle del Guamuez.

“Con este paso histórico estas mujeres y hombres inician su tránsito a una vida civil plena, con el acompañamiento de las instituciones del Estado colombiano y el apoyo de las comunidades vecinas del territorio”, dice el comunicado leído por Gloria Arias, delegada del Gobierno nacional en la mesa de diálogos de paz con la Coordinadora.

En el mismo comunicado, Arias indicó que “la democracia se construye sin armas e implica una apuesta decidida por la vida, la naturaleza y la diversidad”.

La delegada enfatizó, además, que este “proceso de paz se hace irreversible”. 

Para sustentar la afirmación, Arias recordó que en octubre del 2025 el grupo armado entregó 15 toneladas de material de guerra para ser destruidas, lo cual se cumplió, pero también manifestó que hay “avances concretos” en la sustitución de cultivos de uso ilícito.

Asimismo, antes de ingresar al acto protocolario de la dejación de armas en La Hormiga, los 99 integrantes del grupo se despojaron de sus uniformes de combate y se vistieron con prendas de población civil, específicamente con pantalón de jean y camisetas blancas.

Durante el evento se destacó el acompañamiento al proceso de paz de países que ejercen como garantes y acompañantes internacionales, específicamente, Uruguay, Suiza, Noruega, Países Bajos y Venezuela. 

El proceso en esta ZUT, en el Valle del Guamuez, estará acompañado por un Mecanismo de Monitoreo y Verificación que cuenta con la participación de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA). Además, se vinculará la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).

La ZUT no es una zona de despeje

El acto de dejación y abandono de armas se realizó con la verificación de la MAPP-OEA y los países garantes.
La Delegación del Gobierno nacional en los diálogos de paz con la CNEB, a través de un comunicado, explicó que la ZUT en el Valle del Guamuez “no será una zona de despeje ni un espacio para la impunidad”. 

Agregó que las ZUT “son un instrumento para el tránsito al Estado Social de Derecho de integrantes de grupos armados ilegales”.

Esta ZUT tiene una extensión de 6 hectáreas y cumple con las reglas establecidas en la ley, lo que incluye su delimitación geográfica y no se encuentra en un área urbana.

La autorización para el ingreso de los 99 miembros de la CNEB a esta ZUT se estableció mediante el Decreto 0603 del 13 de junio de 2026, firmado por el Presidente Gustavo Petro. 

“La autorización presidencial para el ingreso de 99 integrantes de la CNEB se produce luego de los avances significativos en el desescalamiento de las violencias en los departamentos de Putumayo y Nariño”, dice la Delegación en su comunicado.

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En el marco de la conmemoración de los 10 años del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) llevó a cabo una jornada de trabajo con periodistas y medios de comunicación de la región de Urabá, para dialogar alrededor de la “Paz a 10 años de la firma del acuerdo”.

El evento, organizado por la ARN Urabá, buscó generar un espacio de conversación y análisis sobre los avances, resultados y desafíos que la entidad ha enfrentado en el marco de los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz de 2016.

Se abordó, de manera especial, el impacto de la reincorporación en la transformación de las vidas de las y los firmantes de paz, así como el trabajo en pro de la reconciliación en el territorio, a través de estrategias como las Agendas Territoriales de Reincorporación Comunitaria (ATRC) y Fomento.

Es vital que quienes le hablan a la comunidad a través de los medios de comunicación conozcan de primera mano el estado actual del proceso de reincorporación en Urabá y el Darién chocoano, en tanto se reconoce a los periodistas como actores clave en la difusión de información veraz, el fortalecimiento de la memoria colectiva y la construcción de paz territorial.

Inversiones:

Una de las intervenciones más destacadas de la ARN se registra en esta parte del país, Jiguamiandó (Carmen del Darién Chocó) así:

Inversión total de la ARN: $1.052.575.667 en procesos asociados a la reincorporación comunitaria, la reconciliación, la infraestructura social, la conectividad, la productividad y la armonización territorial en dicho territorio.

También han sido fortalecidos los hospitales públicos de Mutatá y Dabeiba, han concluido varios procesos de capacitación, acompañamiento psicosocial en el los ETCR, (Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación), reincorporación económica, fortalecimiento de proyectos productivos, entre ellos el de Taparales en Dabeiba, dirigido a la producción de limón y cacao.

568 firmante de paz recibieron el apoyo de ocho millones de pesos, para fortalecer sus proyectos productivos en diferentes áreas.

En síntesis “La reincorporación social busca que el goce de los derechos sea la base para construir paz, vivir bien y asegurar que la violencia no se repita” dijo María Aurora Pulgarín, responsable de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN en Urabá y parte del Chocó.

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En el encuentro participaron 16 familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada, junto a 20 comparecientes del Batallón de Infantería número 33 Junín del Alto Sinú y del Gaula Córdoba, quienes durante varios meses sostuvieron espacios de escucha, reconocimiento y reflexión sobre los hechos ocurridos.

La directora de la ARN, Alejandra Miller, destacó el valor de estos procesos para el país y la necesidad de ampliarlos a otras regiones: “Sí se puede; necesitamos que este tipo de procesos se amplifiquen en todos los territorios del país, porque aún hay mucho dolor”, afirmó, al resaltar que estos encuentros permiten avanzar hacia la reconciliación desde el reconocimiento de lo ocurrido.

Durante el acto, se desarrollaron acciones restaurativas construidas de manera conjunta, como la entrega de sombreros vueltiaos tejidos entre víctimas y comparecientes, relicarios con códigos QR que recogen la memoria del proceso y la siembra de una bonga, árbol emblemático de la región. Estos símbolos representaron la dignidad, la memoria y el compromiso de no repetición.

Uno de los momentos más significativos fue la intervención de Jesús Riascos, compareciente ante la JEP, quien reconoció el daño causado: “Hoy no venimos a cumplir un protocolo, hoy vinimos a hablarles mirándolos a los ojos, con el peso de nuestra historia; admiramos la valentía y generosidad de las víctimas; destruimos familias, vidas, proyectos, y entendimos la magnitud de nuestras acciones”.

Las autoridades destacaron que este proceso, acompañado por la JEP y con apoyo técnico de la OIM, demuestra que el diálogo y la verdad pueden abrir caminos de reparación y reconciliación. La ARN reiteró su compromiso de seguir impulsando estos espacios en el país, para que el dolor se transforme en memoria y en oportunidades de paz duradera.

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Insistió en que todos estos procesos son legítimos y se hacen ante veedurías internacionales de gobiernos de España, Suiza, Noruega, Brasil y Venezuela “para que no digan que estamos pactando con bandidos delitos’, por lo que aclaró que “toda reunión se hace bajo la mirada internacional de estas organizaciones y otras no gubernamentales, incluida la iglesia católica, incluidos miembros de la oposición, porque no quiero ocultar nada como sí se hizo atrás en el pasado’.

En este sentido, mandatario enfatizó que “mantengo mi palabra de que dialogar es mejor que matar siempre y Colombia debe entender esa dificultad, pero no se puede cansar en su historia por delante de que dialogar siempre es mejor que matar, porque llevamos dos siglos matándonos entre generaciones enteras entre nosotros’.

Por esta razón, consideró que “hay que insistir en la paz siempre: hombres y mujeres de paz, tercos, tercos y retercos, porque al fin la conquistaremos. Es así, con terquedad, como se consigue la paz’ y salió al paso de quienes solo ven la salida violenta en el país: “Es muy fácil hablar de disparos y mandar a otros a hacerlos, es muy fácil llenarse las palabras de violencia y grosería, pero vaya y póngalos en los campos de batalla y verán que salen corriendo de una’, dijo.

Reconoció las dificultades que se han presentado en la búsqueda de la paz, pero advirtió que los procesos que no están vigentes no han sido por decisión del Gobierno, sino “de quienes prefieren ser ejércitos o grupos armados del narcotráfico’.

Avances en el sur del país

En su intervención, el presidente Petro puso como ejemplo los avances que se han logrado en los procesos que se adelantan en el sur del país y si bien reconoció que aún falta mucho por hacer, un resultado tangible es que “cayó la tasa de homicidios’.

Al referirse al tema de las zonas de concentración, que se están pactando con los grupos armados ilegales, el mandatario recordó que “son legales y el presidente las ordena, no la fiscal, y aquí se respeta la Constitución sino el pueblo las hace respetar’.

Comentó que otro de los avances son las 39.000 hectáreas de sustitución voluntaria de cultivos de hoja de coca, resultados que, según advirtió, “los norteamericanos no creían que eso era posible’ y comentó que “le mostré los videos al presidente Donald Trump personalmente, él los vio’ de cómo la población negra, afro del Litoral Pacífico en el sur y del Putumayo, erradicaban las plantas.

“Pueden llegar a 49.000′, dijo al comentar que eso puede ser posible “si los acuerdos en el nordeste antioqueño hechos sobre organizaciones del Caribe, no de Antioquia, logran concretarse y eso en mi Gobierno, antes de irme’.

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​Los Grupos de Trabajo del Espacio de Conversación Sociojurídico entre el Gobierno nacional y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (Clan del Golfo) anunciaron este viernes 8 de mayo que en desarrollo de los diálogos de paz se definió la fecha del inicio del ingreso de los integrantes del grupo armado a las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT).

A través de un comunicado las delegaciones indicaron que la concentración de aproximadamente 400 hombres y mujeres del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) será a partir del 25 de junio de 2026 en las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) de Tierralta (Córdoba) y Nuevo Belén de Bajirá (Chocó).

“En desarrollo de los Compromisos de Paz en Doha de septiembre y diciembre de 2025, la fecha de ingreso de combatientes del EGC a las Zonas de Ubicación Temporal de Tierralta (Córdoba) y Nuevo Belén de Bajirá (Chocó) será a partir del 25 de junio de 2026”, indica el comunicado. 

“Se adelantarán las gestiones correspondientes para la remisión de los listados y su recepción de buena fe por parte del Gobierno nacional”, dice el documento respecto al proceso de ingreso a las ZUT.

Asimismo, informa que para el ingreso de los combatientes a la ZUT será necesario suspender las órdenes de captura existentes.

“El proceso de tránsito a la ZUT incluye las labores preparativas y pedagógicas correspondientes hasta el 25 de junio de 2026, con los efectos jurídicos establecidos en la Ley 2272 de 2022 sobre la suspensión de órdenes de captura, incluidas aquellas con fines de extradición, para que el proceso de ingreso a las ZUT se lleve a cabo de la manera convenida”, reza el comunicado.

En el mismo contexto, los Grupos de Trabajo instaron al país a cuidar los esfuerzos de paz e impedir su instrumentalización con fines electorales.

La primera ronda de conversaciones formales y que derivó en acuerdos importantes para territorios como el Chocó y el Urabá antioqueño, se dio en septiembre de 2025 en Catar, país mediador y sede de las conversaciones. 

Posteriormente y en cumplimiento a lo acordado en el primer ciclo de conversaciones, se sostuvieron encuentros con autoridades locales, líderes y líderesas sociales, comunidades étnicas, academia, organismos internacionales y otras entidades del Estado en territorios como Acandí (Chocó) y Cartagena (Bolívar).

Acuerdos con el ‘Clan del Golfo’

Entre los primeros acuerdos, el grupo armado reiteró su compromiso de respetar a los niños, niñas y adolescentes. Se acordó además realizar un censo al interior del grupo armado para verificar que no haya presencia de niños, niñas o adolescentes en sus filas y de ser así, ponerlos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos. 

También acordaron la implementación de acciones piloto que permitan desarrollar la etapa de consolidación de confianza, desescalar las violencias y propiciar la transformación territorial en los municipios de Mutatá (Antioquia) y Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía (Chocó). 

Además, en articulación con la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito se acordó implementar un programa piloto de pedagogía para la sustitución total de los cultivos de uso ilícito en los municipios anteriormente mencionados. 

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La lluvia no pudo detener a los 78 estudiantes y cuatro profesores quienes tenían planeado este sábado dos de mayo visitar el caserío de San José de León en Mutatá, para hablar de paz, de vida, de proyectos y seguir profundizando en acciones que eviten, impidan el retorno de la violencia, en síntesis, avanzar en la Cátedra para la Paz.

En efecto, el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, se ha tomado muy en serio el tema de la Cátedra para la Paz en una región como Urabá, históricamente castigada por el conflicto armado.

Contexto
San José de León es un pequeño caserío en jurisdicción del municipio de Mutatá, construido y habitado por firmantes de paz, miembros de las extintas FARC, bajo el liderazgo de Rubén Cano, conocido en esa organización alzada en armas como “Manteco”.

Allí se asentaron y allí se quedaron, tras cruzar el espinoso camino del proceso de paz, tienen cultivos de cacao, maracuyá, plátano, ganado en pequeña escala y numerosos estanques de peces. Trabajan en colectivo, arreglan caminos y abren carreteras, mientras que su cabeza visible, Rubén Cano, sigue asistiendo cada que es citado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a responder por los hechos de violencia que le atribuyen cuando estuvo en la guerrilla, todo en el marco del proceso de paz, firmado por ellos y el gobierno de Juan Manuel Santos.

El sábado anterior, tres grupos de estudiantes del Politécnico pertenecientes a las áreas de: Desarrollo Territorial y Construcción de la Paz, Historia Medieval y Cátedra para la Paz, un total de 78 alumnos acompañados de cuatro profesores, bajo una inclemente lluvia y una copiosa neblina, llegaron al lugar para entrar en contacto directo con los excombatientes.

Diálogo directo

Allí no hay escenarios preparados ni preguntas amañadas, los estudiantes tienen la libertad de preguntar lo que consideren, sin temores, ni censuras, los anfitriones se turnan las respuestas y van contestando una a una los interrogantes, la vocera de la JEP, Miladis Córdoba, hizo en esta ocasión de moderadora, mientras que los profesores acompañantes hacían lo pertinente para mantener el orden.

Las preguntas más comunes tienen que ver con las causas por las cuales ingresaron a la guerrilla, el tránsito a la vida civil, el desarrollo de sus proyectos productivos, los incumplimientos del gobierno, la lentitud en la implementación de los acuerdos, si están dispuestos a volver a la guerra, entre otras.

Entre los excombatientes, aparece, “Tito”) o Javier García, un abuelo que ingresó a las FARC por allá en la década de los 70 a quien le dirigen la mayoría de las preguntas junto a Rubén Cano.

La conclusión al día de hoy es que ninguno de ellos volvería a la guerra por ninguna causa y eso de por sí ya es una buena noticia para Urabá, para Colombia.

Los estudiantes cerraron su experiencia con una visita a un proyecto piscícola hoy a media marcha por razones técnicas, errores de origen en la construcción, pero que de poner a funcionar la infraestructura existente, podría llegar a una producción mensual de cuatro toneladas de pescado.

También se conoció que la construcción de la escuela en el caserío sigue muy rezagada y que los problemas de mantenimiento de la carretera persisten, pero ahí están ellos aferrados a su compromiso de paz, mientras que el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, sus estudiantes y sus profesores se suman al enorme de ejército de constructores de paz, de aquellos que no desean la violencia en ninguno de los escenarios.

San José de León/Mutatá-mayo 02-2026.

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Apartadó-Lideresas sociales, presidentas de Juntas de Acción Comunal, así como representantes de consejos comunitarios y resguardos indígenas se dieron cita en la Mesa de Mujeres y Restitución, un espacio de diálogo y aprendizaje que este año priorizó la resolución de conflictos territoriales a través del liderazgo femenino. Este escenario, impulsado por la Dirección Social de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) y desarrollado por la Dirección Territorial Apartadó, busca ampliar la participación de las mujeres y garantizar la defensa de sus derechos.

En esta ocasión, lideresas provenientes de zonas como el Bajo Atrato, el Darién chocoano y el Urabá se reunieron para dialogar sobre las principales problemáticas y barreras que enfrentan en el proceso y las afectaciones cuando existen controversias territoriales entre las comunidades étnicas o rurales.

Para Dary Luz Chaverra León, representante legal del Consejo Comunitario Manatíes de Turbo, este encuentro fue vital: “aquí se reflejan los procesos de restitución que lideramos las mujeres y cómo nos fortalecemos; cómo también hacemos parte de esa restitución que vivimos desde el cultivar, desde el cuidar y empoderarnos.

Lo digo como mujer rural, líder y negra que represento a mi comunidad y las mujeres de mi territorio”. Durante el encuentro se resaltó el papel de las mujeres en el avance de los procesos de reparación integral en la región, tanto en ruta colectiva como individual, en el marco de los lineamientos de género contenidos en la Circular 0008 de 2023, y se orientó a las participantes sobre las rutas de acceso a la política pública.

Se socializó el trámite para abordar de los traslapes, con ejemplos prácticos entre comunidades, y se asumieron compromisos para el avance de los casos. Según el director territorial de la URT Apartadó, José Alberto Kunzell, la apuesta de estas mesas es que las mujeres tengan un proceso que las dignifique.

“Con un enfoque intercultural, compartimos con las mujeres los logros que resalta la Unidad en estos cuatro años del Gobierno del Cambio, y los lineamientos que hemos creado desde la Dirección Jurídica, Social y DAE en favor de ellas, para avanzar en la restitución en Urabá”, informó.

Entidades como la Defensoría del Pueblo, Comfenalco y la Unidad de Victimas acompañaron la jornada con su oferta institucional, enfocada en el acceso a los derechos económicos y su oferta con enfoque de género. En Urabá 40% de las solicitudes de restitución de tierras han sido presentadas por mujeres, lo que equivale a más de 3.900 casos en los últimos años.

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