200 estudiantes de bachillerato de la Institución Educativa La Paz, en Apartadó, culminaron su formación y recibieron la certificación en Cátedra de Paz, un proceso orientado a fortalecer sus capacidades para comprender la memoria, los derechos humanos, el territorio y la construcción de paz desde la vida cotidiana.

El cierre contó con la participación de delegados de la Gobernación de Antioquia y la Secretaría de Educación Municipal, estudiantes y docentes de la I.E. La Paz, así como docentes de la I.E. San Juan Bosco.

“Estos espacios son importantes porque fortalecen valores como el respeto, la tolerancia, el diálogo, les permite aprender a resolver los conflictos de manera pacífica y a construir una sociedad más justa y reconciliada”, expresó Liliana Prada, profesional psicosocial de la Gobernación de Antioquia.

Uno de los principales resultados fue que los y las estudiantes llevaron sus aprendizajes más allá del aula y los transformaron en acciones concretas dentro de su institución: dos murales, un jardín vertical y una galería fotográfica, iniciativas con las que hicieron memoria y expresaron su compromiso como actores de paz desde temprana edad.

El proceso corresponde a la segunda fase de la Cátedra de Paz del proyecto “Construyendo paz territorial con enfoque de género en el Urabá antioqueño”, que busca contribuir a la construcción de paz y la defensa de derechos en la región. La formación abordó temas como memoria histórica, justicia y derechos humanos, género e igualdad, medio ambiente y territorio, participación juvenil, democracia, reconciliación y cultura de paz.

“La cooperación internacional demuestra que construir paz también significa invertir en las capacidades de las nuevas generaciones. Desde la Fundación Forjando Futuros seguiremos articulando esfuerzos con nuestros aliados para que en Urabá la educación, los derechos humanos y la participación sean herramientas concretas para transformar los territorios”, dijo Aleyda Gaitán Pedraza, socia de la Fundación Forjando Futuros.

Hablar de paz desde Urabá

Por la historia de conflicto armado que ha atravesado a Urabá, el cierre incluyó un conversatorio sobre los desafíos de construir y sostener la paz en el territorio. Participaron Carolina Hernández, investigadora del Instituto Kroc; Claudia Marcela Daza, profesional de la ARN; Mariana Moreno, profesional psicosocial de la Fundación Forjando Futuros, y Alan Zúñiga, docente de la I.E. La Paz.

El diálogo puso en el centro el papel de las nuevas generaciones y la pregunta sobre cómo niñas, niños, adolescentes y jóvenes pueden contribuir a la construcción de paz desde sus colegios, familias y comunidades.

“Es una experiencia que trasciende el aula de clase, trasciende la familia. Es una experiencia que invita a nuestros estudiantes, maestros y a toda la comunidad educativa a seguir construyendo ese proceso de paz que en Colombia necesitamos urgentemente”, manifestó Doris Eliana Arcila, rectora de la I.E. La Paz.

Esta jornada representó la culminación de un proceso que busca hacer de la escuela un espacio para aprender, dialogar, hacer memoria y ejercer ciudadanía. La iniciativa fue ejecutada por Fundación Forjando Futuros y Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP), con financiación de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

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Relatoría del foro “Arquitecturas de la representación: experiencias de representación judicial de organizaciones sociales en los macrocasos de la JEP”

La participación de las víctimas ha sido uno de los pilares de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En ese enfoque, las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos han desempeñado un papel fundamental: han contribuido a entender los contextos, participado activamente en las diligencias, impulsado el acceso a la verdad y orientado a las víctimas para acceder a la justicia.

El foro “Arquitecturas de la representación: experiencias de representación judicial de organizaciones sociales en los macrocasos de la JEP” se llevó a cabo en el auditorio 1 del Edificio de Extensión de la Universidad de Antioquia, con la participación los abogados y abogadas de Ana María Gallego, del Instituto Popular de Capacitación; Luis Alfonso Castillo Rodríguez, de la Corporación Jurídica Libertad y Karen Paola Barreda Sánchez, de la Fundación Forjando Futuros. La moderación estuvo a cargo de Manuel Alonso Espinal, director de la Unidad Hacemos Memoria.

En el evento se abordaron las experiencias de representación judicial en los macrocasos 03 (asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado), 04 (situación territorial de la región de Urabá) y 08 (crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado o en asociación con grupos paramilitares y terceros civiles). 

Más que un balance jurídico, el diálogo evidenció que la representación constituye un proceso de acompañamiento político, pedagógico y psicosocial que fortalece la capacidad de las víctimas para incidir en los procesos de justicia.

Temáticas abordadas

El papel de las organizaciones sociales en el acompañamiento a las comunidades

Las intervenciones coincidieron en que la representación judicial no se limita a actuar dentro de los expedientes. Las organizaciones realizan un trabajo sostenido en los territorios orientando a las víctimas sobre la acreditación en los macrocasos, fortaleciendo procesos organizativos, promoviendo la formación en derechos y acompañando emocional y políticamente a las comunidades. En varios casos, este trabajo antecede por años a la existencia de la JEP y se basa en procesos de litigio estratégico y defensa de derechos humanos desarrollados junto con las víctimas.

Los panelistas resaltaron igualmente la importancia de comprender la representación como una disputa por el relato y la memoria. Acompañar a las víctimas implica fortalecer su capacidad para convertirse en sujetos políticos, participar activamente en los escenarios judiciales y disputar las narrativas sobre lo ocurrido. Desde esta perspectiva, la memoria no constituye un resultado accesorio, sino una dimensión central del proceso de justicia.

El escenario de la justicia transicional

Uno de los principales ejes de discusión fue el cambio de paradigma que introdujo la justicia transicional en la representación judicial de las víctimas. Las organizaciones coincidieron en que la JEP transformó la manera de entender el litigio, al desplazar el énfasis de la sanción penal hacia un modelo que quiere poner en el centro a las víctimas, sus expectativas y su derecho a participar activamente en la construcción de verdad.

La Corporación Jurídica Libertad y Forjando Futuros llegaron a la JEP después de décadas de litigio estratégico y defensa de los derechos humanos, mientras que el IPC encontró en esta jurisdicción un escenario para complementar su labor de investigación, educación popular y trabajo comunitario con la representación judicial de víctimas. En conjunto, estas experiencias muestran que la representación judicial se ha convertido en un proceso integral que combina dimensiones jurídicas, pedagógicas, políticas y psicosociales.

El diálogo también puso de relieve que este nuevo modelo plantea desafíos para quienes acompañan a las víctimas, como la selección y priorización de casos. El análisis de patrones de macrocriminalidad no siempre logra responder preguntas individuales, lo cual genera tensiones permanentes en el ejercicio de la representación, pues dejan por fuera hechos, periodos o responsables cuya exclusión resulta difícil de explicar a las víctimas.

Se destacó que las expectativas de las víctimas no son homogéneas. Mientras algunas buscan conocer quién dio las órdenes o reconstruir los patrones de violencia, otras esperan encontrar a sus familiares desaparecidos, recuperar el tejido social o contar con garantías efectivas de no repetición.

De igual manera, se discutieron los límites de competencia de la JEP, la articulación insuficiente con otras entidades del Sistema Integral y las dificultades para lograr reparaciones efectivas.

El desafío de la no repetición
Las garantías de no repetición ocuparon un lugar central en la discusión y fueron identificadas como uno de los mayores desafíos de la justicia transicional. Los participantes coincidieron en que resulta difícil hablar de no repetición cuando en muchos de los territorios donde ocurrieron los crímenes persisten las dinámicas de violencia, el control de actores armados y las amenazas contra las comunidades. En regiones como Urabá, Ituango y algunos sectores de Medellín, las organizaciones señalaron que las víctimas continúan enfrentando restricciones a su vida cotidiana, situaciones de inseguridad y hechos que evidencian la continuidad de las violencias.

En este contexto, las organizaciones advirtieron que las medidas restaurativas y los procesos de verdad solo adquieren pleno sentido si van acompañados de transformaciones reales en los territorios. Las comunidades siguen reclamando condiciones para vivir sin miedo, recuperar sus formas de organización y reconstruir el tejido social afectado por décadas de conflicto. Incluso se mencionaron casos en los que acciones de memoria impulsadas por las propias víctimas, como monumentos o placas conmemorativas, han sido objeto de ataques o de nuevas expresiones de intimidación, lo que demuestra que las disputas por la memoria y el reconocimiento permanecen abiertas.

A partir de estas reflexiones, el foro concluyó que las garantías de no repetición no pueden entenderse únicamente como un compromiso jurídico, sino como un proceso que exige la presencia efectiva del Estado, la protección de las comunidades y el fortalecimiento de las organizaciones sociales. Mientras persistan las condiciones que dieron origen a las violencias, la búsqueda de verdad, justicia y reparación seguirá enfrentando importantes limitaciones. En ese sentido, los participantes coincidieron en que la construcción de paz depende tanto de las decisiones judiciales como de la capacidad institucional y social para transformar las realidades de los territorios.

Avances de la JEP

Aunque durante el foro se señalaron múltiples desafíos para la implementación de la justicia transicional, los participantes coincidieron en que la JEP ha representado avances significativos frente a la justicia ordinaria. Uno de los más importantes es la posibilidad de investigar y llamar a responder a máximos responsables de crímenes del conflicto armado, especialmente altos mandos militares y otros actores que durante años permanecieron fuera del alcance de la justicia. Para las organizaciones sociales, este cambio ha permitido ampliar el alcance de las investigaciones y cuestionar estructuras de poder que históricamente habían permanecido intocables.

Los abogados también destacaron que la JEP ha contribuido a construir una verdad más amplia sobre el conflicto armado. A diferencia de los procesos judiciales centrados en hechos aislados, la jurisdicción analiza patrones de macrocriminalidad que permiten comprender cómo operaron las estructuras armadas, quiénes impartieron las órdenes y cuáles fueron las dinámicas que hicieron posibles las violaciones de derechos humanos. Este enfoque ofrece una comprensión de los contextos y de las responsabilidades colectivas, aportando al esclarecimiento de la verdad y a la construcción de memoria.

Otro de los avances señalados es la capacidad de la JEP para ordenar medidas restaurativas y exigir la actuación de otras instituciones del Estado en favor de las víctimas. Los participantes resaltaron que estas decisiones trascienden la sanción judicial y pueden traducirse en acciones concretas de reparación, reconocimiento y garantías para la participación de las comunidades. Como ejemplo, mencionaron las órdenes impartidas a la Alcaldía de Medellín para facilitar la veeduría de las mujeres buscadoras en La Escombrera, una muestra de cómo la justicia transicional puede contribuir no solo al esclarecimiento de los hechos, sino también a la dignificación de las víctimas y al fortalecimiento de los procesos de memoria.

Conclusiones

El foro permitió identificar consensos entre las organizaciones participantes. En primer lugar, coincidieron en que la representación judicial se fortalece cuando está articulada con procesos organizativos, territoriales y de acompañamiento permanente a las víctimas.

En segundo lugar, señalaron que la verdad constituye una necesidad fundamental, pero que debe entenderse de manera amplia, incluyendo el reconocimiento de patrones de violencia, responsabilidades y memorias colectivas.

Asimismo, hubo consenso en que las mayores tensiones actuales provienen de la priorización de casos, las limitaciones institucionales para garantizar reparaciones integrales y la persistencia de la violencia en los territorios.

Los participantes coincidieron además en que la defensa de la JEP trasciende la protección de una institución: representa la defensa de los derechos de las víctimas y de los avances alcanzados por el Sistema Integral de Paz. En consecuencia, subrayaron la necesidad de fortalecer la movilización social, el litigio estratégico y el trabajo territorial para preservar los logros alcanzados y garantizar que la búsqueda de verdad, justicia, memoria y no repetición continúe siendo una prioridad para la sociedad colombiana.

Finalmente, se expresó preocupación por los riesgos políticos y presupuestales que enfrenta la JEP. Se advirtió que una eventual desfinanciación afectaría especialmente la participación de las víctimas y pondría en riesgo avances alcanzados gracias a años de movilización social.

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La cita fue la víspera en el Parque de los Encuentros de Apartadó, en una tarde bajo un cielo cuya espesa oscuridad apenas si era interrumpida momentáneamente por los fuertes rayos que alertaban sobre la lluvia y el acoso del invierno que azota la región.

Estos presagios no fueron excusa para que el diálogo y los asomos de paz no se encontraran en medio del calor que brinda la camaradería.

La idea era sentar a contrarios para que hablaran de sus experiencias y se reforzaran los vínculos de paz, de reconciliación y seguir construyendo un nuevo país en medio de la diferencia. Allí estaban sentados líderes y lideresas sociales, firmantes de paz de diferentes bandos, todos arropados por una misma bandera. La esquiva paz.

El encuentro fue convocado por la Agencia para la Reconciliación y la Normalización (ARN) que en Urabá y sur del Chocó lidera Aurora Pulgarín Arcila.

“Jornada de Diálogo e Intercambio Participativo para la Construcción de Paz” se llamó la convocatoria.

En el primer escenario la directora de la ARN en la región, hizo breve repaso por las más importantes acciones desplegadas durante su gestión.

Se conoció por ejemplo que, en 15 municipios de Urabá y Chocó, reciben atención 667 personas reincorporadas de las extintas FARC y 161 de las AUC, que en la actualidad funcionan cuatro Espacios Territoriales de Capacitación y Reintegración (ETCR), Uno en Dabeiba, dos en Mutatá y otro en Riosucio (Brisas Caracolí).

De esta población, 300 de ellos ya son bachilleres y en los próximos días 101 familias de Dabeiba recibirán sus soluciones habitacionales, otros participan de proyectos productivos, de asistencia psicosocial y de diferentes actividades colectivas e individuales.

Hablan las mujeres

En el segundo escenario, varias mujeres dialogan sobre sus experiencias, algunas de ellas firmantes de paz; allí estuvieron, Marinelle Hernández, firmante de paz en Dabeiba, Adriana Flores, firmante de paz de Brisas Caracolí en Riosucio (Chocó) y la lideresa, Olga Rosa Úsuga, consejera de paz de Apartadó, en un diálogo dinamizado por Marcela Daza.

Hablaron de la confianza, la reconciliación y el compromiso de todos para avanzar en la construcción de paz, insistieron en la esperanza, la resiliencia, la defensa de las víctimas y de los derechos humanos.

Para ellas es importante la juntanza, volver a los territorios, compartir con las comunidades, con mujeres, involucrarse en proyectos productivos, superar las barreras.

Recuerdan que al comienzo las comunidades les tenían desconfianza, pero que poco a poco los fueron acogiendo, advierten la importancia de participar y liderar procesos, a dar la lucha en lo político y lo social, que para ellas la motivación ha sido importante.

Estas mujeres consideran lo valioso que es la confianza entre las comunidades, la cual se logra compartiendo a través del diálogo, concluyeron en la importancia de fortalecer los consejos comunitarios, las cooperativas, para seguir persiguiendo la paz, ya que esta no se puede quedar escrita en un papel.

Diálogo entre improbables

En un tercer escenario y bajo el sugestivo nombre de Diálogo entre Improbables, se sentaron dirigentes quienes en otros tiempos fueron enemigos, contradictores ideológicamente hablando, incluso enfrentados con las armas.

Allí estaban sentados, Esneda López Vélez, sobreviviente del exterminio de la UP y vocera de la Asociación de Usuarios Campesinos de Apartadó, el exalcalde de Apartadó y antiguo militante del Ejército Popular de Liberación (EPL), Teodoro Manuel Díaz Lobo, William Andrés Capera Vargas, compareciente ante la JEP y Arquímedes Rodríguez, firmante de paz.

Para quienes estuvieron alzados en armas, tres de los panelistas, a excepción de la dirigente Esneda López Vèlez, lo más importante es seguir cumpliendo con la palabra empeñada, resaltan la experiencia con las comunidades, muy gratificante. Agregan.

El señor Capera Vargas dijo que es muy importante el reconocimiento y la aceptación del daño causado en el conflicto, mientras que Teodoro Manuel Díaz Lobo, dijo que desde los campamentos se decía que saldrían hacer política y que en ese orden de ideas fue concejal de Turbo y alcalde de Apartadó, ya hace 36 años que volvió a la vida civil, tiempo que lleva intentando hacer la paz. Dijo.

Por su parte Arquímedes Rodríguez, manifestó que sigue apostando a la construcción de un nuevo país, que el desconocimiento del Acuerdo Final de Paz, lleva a la estigmatización, que un alto porcentaje del mismo está dirigido al beneficio de las comunidades y un 10% para los firmantes.

Estigmatización

Justamente para evitar esa estigmatización debe haber un enorme compromiso del gobierno nacional, la institucionalidad y hacer mucha pedagogía, argumentó.

Finalmente la señora Esneda López Vélez dijo que para ella ha sido muy importante volver al territorio, recorrer los barrios y pueblos que antes no puso visitar, siempre agitando la bandera de la UP y que ha adelantado una fuerte lucha para lograr el reconocimiento de las víctimas del genocidio de la UP.

El acto fue cerrado con un espacio dedicado a la pedagogía de la no estigmatización, a cargo de Biana Holguín, profesional de relacionamiento de la ARN.

La invitación fue evitar el uso de etiquetas con las que se señala a varias personas como: “uribestias”, “zurdos”, “marimachos”, “guerrilleros”, “paracos”, entre otros.

“Estos son términos inadecuados, narrativas de criminalización o de supuestos privilegios que circulan en medios, reuniones y comunicaciones oficiales, que no dejan de ser procedimientos discriminatorios que exponen a las personas”

El acto contó con un amplio acompañamiento de la institucionalidad, la Defensoría del Pueblo, la academia, varias organizaciones sociales y medios de comunicación.

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Mientras  el nuevo gobierno anuncia destripar a la izquierda y destruir el proceso de paz, varias instituciones y sobre todo firmantes de paz, le siguen apostando a otra oportunidad, no se arrepienten de haber emprendido el camino de la reconciliación.

En este sentido el próximo cinco de agosto en el parque de Los Encuentros de Apartadó, se llevarán a cabo dos conversatorios con varios firmante de paz y otros actores vinculados con la no violencia.

Convocatoria

“La Agencia para la Reincorporación y la Normalización –ARN- entidad adscrita a la Presidencia de la República de Colombia, cuya misión es diseñar, implementar y articular políticas públicas y programas de reinserción, reintegración y reincorporación de personas o colectivos que hicieron parte de grupos armados ilegales u organizados, con un enfoque territorial y comunitario, respetuoso de la diversidad étnica, cultural y social del país, que basa sus actividades en las necesidades de la población participante, promueve la garantía de sus derechos, la convivencia y la reconciliación en los territorios; desarrollará un evento que dará cuenta del alcance de la reconciliación en el territorio de Urabá y Darién Chocoano” dijo María Aurora Pulgarín Arcila, coordinadora en Urabá de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).

“Este conversatorio busca generar un espacio de diálogo e intercambio participativo entre los actores que, en representación de los diferentes acuerdos de paz en Urabá, nos hablarán de sus experiencias significativas, identificando los retos y desafíos en su regreso a la vida civil y la búsqueda de la reconciliación.” explicó la funcionaria.

En el marco del evento se desarrollarán dos paneles así:

1. Un Conversatorio denominado «Diálogo entre improbables», espacio de reflexión e intercambio de experiencias entre los protagonistas con diferentes trayectorias de vida, orientado a promover el dialogo, la construcción de confianza y el respeto por la diferencia.

2. Un segundo conversatorio llamado “Voces entre Mujeres”, libre expresión de mujeres que en territorio han marcado su liderazgo por la sana convivencia, el cuidado y la autonomía económica y política.” se conoció.

Fecha: miércoles, 5 de agosto de 2026.

Hora: 5:00 p.m.

Lugar: Parque de los Encuentros.

Municipio: Apartadó, Antioquia.

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Para esta cuarta convocatoria se destinarán $240.863 millones, distribuidos entre las 16 subregiones PDET.

Durante la etapa ‘Presentación del proyecto de inversión’, a desarrollarse entre el 22 de julio y el 4 de agosto de 2026, los municipios que conforman las 16 subregiones PDET, pueblos y comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras asentadas en estas entidades territoriales (debidamente acreditadas por el ministerio del Interior), y el Gobierno nacional, podrán presentar proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con los recursos de Asignación para la Paz.

Las 16 subregiones PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) son: Alto Patía – Norte del Cauca; Arauca; Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño; Catatumbo; Chocó; Cuenca del Caguán y Piedemonte caqueteño; Macarena – Guaviare; Montes de María; Pacífico y Frontera Nariñense; Pacífico Medio; Putumayo; Sierra Nevada – Perijá; Sur de Bolívar; Sur de Córdoba; Sur de Tolima; y Urabá Antioqueño.

Esta convocatoria hace parte de una serie de cuatro espacios de postulación que se llevan a cabo durante 2025 y 2026.  Para la primera convocatoria se destinaron $2,3 billones.

La segunda convocatoria se llevó a cabo entre el 16 de septiembre de 2025 y el 3 de febrero de 2026, con un presupuesto de $2,2 billones. La tercera se realizó entre el 14 de febrero de 2026 y el 6 de julio de 2026 con una disponibilidad presupuestal de $496.000 millones.

Los interesados en presentar sus proyectos pueden encontrar en la página web del SGR, documentos clave para la postulación a través del aplicativo SIIAT. También puede consultar en la cuenta del SGR en la red social X.

Los proyectos presentados deben estar alineados con alguno de los ocho sectores de mayor índice de brecha social en sus municipios, o deben estar asociados a una iniciativa detonante y dinamizadora, disponible en la central de información PDET.

Para mayor información, podrá consultar el plan de convocatorias y los términos de referencia de la convocatoria 4, que se encuentran publicados en la página web del SGR, haciendo clic en este enlace:

Se reitera que la asistencia técnica está disponible para las entidades territoriales y grupos étnicos durante todas las etapas de la convocatoria, sin costo alguno, mediante solicitud al correo electrónico subasistenciatecnica@dnp.gov.

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Bogotá / Nueva York- julio de 2026. Más de 200 organizaciones sociales, de víctimas, indígenas, afrodescendientes, campesinas, eclesiales, académicas y de derechos humanos, junto con líderes y lideresas de Colombia y de la comunidad internacional, dirigieron una carta al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con motivo de la sesión sobre Colombia prevista para el próximo 15 de julio. La comunicación está dirigida al Embajador Zénon Mukongo Ngay, Presidente del Consejo de Seguridad durante el mes de julio, y solicita que sea distribuida como documento oficial del Consejo.

La carta expresa una profunda preocupación por el aumento de la polarización política, los ataques al Acuerdo Final de Paz de 2016 y a sus instituciones, así como por el deterioro de la situación humanitaria en numerosos territorios del país. Las organizaciones advierten que las comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales, palenqueras y campesinas continúan siendo las más afectadas por la violencia, la expansión de los grupos armados, las economías ilícitas, la minería ilegal, el desplazamiento, las restricciones a la movilidad y el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes.

En la comunicación, los firmantes recuerdan que, diez años después de la firma del Acuerdo de Paz, las poblaciones que más sufrieron el conflicto deben ser las principales beneficiarias de su implementación efectiva. Asimismo, hacen un llamado para que la Misión de Verificación de las Naciones Unidas fortalezca su diálogo permanente con las organizaciones sociales y las autoridades étnicas y campesinas, e incorpore de manera más decidida sus preocupaciones y propuestas en el cumplimiento de su mandato.

Entre las solicitudes presentadas al Consejo de Seguridad destacan el fortalecimiento del acompañamiento internacional a la implementación integral del Acuerdo de Paz, una mayor atención a los obstáculos que enfrentan las reformas contempladas en el Acuerdo —como la Jurisdicción Agraria— y el respaldo continuo al Sistema Integral para la Paz, incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y las garantías de no repetición.

La iniciativa reúne a organizaciones de Colombia, América, Europa y otros países, entre ellas la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos (IEANPE), la Coordinación Nacional de Pueblos Indígenas (CONPI), la Coordinación Étnica Nacional de Paz (CENPAZ), el Equipo Claretiano ante la ONU, la Washington Office on Latin America (WOLA), Defendamos la Paz Internacional, la Mesa Ecuménica por la Paz, la Fundación para la Protección Socioambiental SOLUNA, organizaciones de víctimas, universidades, iglesias, movimientos sociales y numerosas plataformas de derechos humanos y construcción de paz.

Los firmantes concluyen que el cumplimiento integral del Acuerdo de Paz de 2016 y la escucha activa de las víctimas constituyen la base indispensable para consolidar una paz con justicia, reconciliación y garantías de no repetición, e instan al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a mantener y reforzar su compromiso con la construcción de una paz estable y duradera en Colombia.

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El Fondo de Programas Especiales para la Paz Fondo Paz, en alianza con la Universidad de Cartagena, anuncia los resultados del proceso de selección de beneficiarios del proyecto “Reparación Transformadora, una apuesta de paz total”. En total, 720 personas y 36 asociaciones comunitarias de 12 municipios en cinco departamentos del país, serán acompañadas en su proceso de recuperación integral: productiva, psicológica, jurídica y de resiliencia colectiva.

Tras un riguroso y amplio proceso de convocatoria y selección, el proyecto cuenta ya con sus beneficiarios y beneficiarias. Son mujeres, hombres, jóvenes, líderes y organizaciones de comunidades que han vivido de cerca los efectos del conflicto armado y que hoy encuentran en el proyecto una oportunidad concreta de reconstruir sus vidas desde una reparación transformadora.

Los doce municipios priorizados se encuentran en cinco departamentos: Antioquia (Caucasia y Tarazá); Bolívar (San Jacinto y El Carmen de Bolívar); Caquetá (Florencia, Belén de los Andaquies y San Vicente del Caguán); Norte de Santander (Sardinata, El Zulia y Bucarasica) y Putumayo (Mocoa y Orito).

Son cuatro componentes y una sola visión:

Fortalecimiento de Unidades Productivas: 444 beneficiarios recibirán acompañamiento técnico y económico.

Primeros Auxilios Psicológicos (PAP): 120 personas contarán con formación en  atención sicológica primaria para atender a sus comunidades.

Empoderamiento Jurídico: 120 personas se formarán en sus derechos y rutas de acceso a la justicia.

Metodología Barrilete – Resiliencia Comunitaria: 36 asociaciones serán fortalecidas con esta metodología participativa, a través de intervención social

Cada proceso de formación iniciará en los territorios priorizados a partir del 23 de junio.

“Reparación Transformadora, una Apuesta de Paz Total” es ejecutado por la Universidad de Cartagena y financiado por el Fondo de Programas Especiales para la Paz FONDO PAZ de Presidencia de la República.

La reparación transformadora ya tiene nombres, territorios y comunidades listas para escribir una nueva historia.

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Los compromisos fueron concertados al término de dos días de trabajo en una mesa técnica de seguimiento, en la que las partes revisaron el avance de los acuerdos relacionados con la compra de tierras, la formalización de predios y otros procesos territoriales que benefician a estas comunidades.

La mesa se desarrolló luego de la llegada a Bogotá de una delegación conformada por aproximadamente 500 integrantes de la comunidad indígena Misak, quienes participaron en las jornadas de diálogo con representantes del Gobierno nacional.

Como resultado de las conversaciones, las entidades acordaron una hoja de ruta para dar continuidad a los procesos en curso.

Entre los compromisos asumidos, la Agencia Nacional de Tierras garantizará la continuidad del equipo técnico de AISO durante el segundo semestre de 2026, en cumplimiento de los acuerdos macrorregionales suscritos con las comunidades indígenas Misak y Pijao.

Asimismo, la entidad se comprometió a culminar durante el mes de julio los procedimientos catastrales pendientes del resguardo indígena guambiano La Bonanza, con el fin de avanzar en su proceso de formalización.

En materia de adquisición de tierras para la constitución y ampliación de resguardos, la ANT adelantará las visitas técnicas de campo a los predios postulados por las comunidades indígenas, paso necesario para continuar con las siguientes etapas de los procesos de compra formalización.

Otro de los puntos abordados fue la situación del predio Los Lirios, ubicado en la vereda Santa Isabel, del municipio de Puracé (Cauca), donde actualmente existe un conflicto de representatividad al interior de la comunidad Misak. Frente a este caso, la Agencia Nacional de Tierras, el Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo, en calidad de entidad garante, acordaron coordinar un espacio técnico que permita analizar la situación y buscar alternativas concertadas frente a la entrega provisional del predio.

Las partes también definieron que la próxima mesa de seguimiento se realizará el 17 de julio de 2026 en el resguardo Misak La Bonanza. Durante esa jornada se evaluará el cumplimiento de los compromisos adquiridos y el avance de los distintos procesos relacionados con la garantía de los derechos territoriales de las comunidades.

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​​Los 99 miembros de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) ingresaron al acto protocolario despojados de sus armas y de sus uniformes de combate.​

​La tarde de este jueves, en zona rural del municipio de La Hormiga (Putumayo), 99 hombres y mujeres del grupo armado Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) iniciaron el proceso de “dejación y abandono” de las armas de fuego. La dejación de las armas es un paso fundamental para el ingreso del grupo a la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) del Valle del Guamuez.

“Con este paso histórico estas mujeres y hombres inician su tránsito a una vida civil plena, con el acompañamiento de las instituciones del Estado colombiano y el apoyo de las comunidades vecinas del territorio”, dice el comunicado leído por Gloria Arias, delegada del Gobierno nacional en la mesa de diálogos de paz con la Coordinadora.

En el mismo comunicado, Arias indicó que “la democracia se construye sin armas e implica una apuesta decidida por la vida, la naturaleza y la diversidad”.

La delegada enfatizó, además, que este “proceso de paz se hace irreversible”. 

Para sustentar la afirmación, Arias recordó que en octubre del 2025 el grupo armado entregó 15 toneladas de material de guerra para ser destruidas, lo cual se cumplió, pero también manifestó que hay “avances concretos” en la sustitución de cultivos de uso ilícito.

Asimismo, antes de ingresar al acto protocolario de la dejación de armas en La Hormiga, los 99 integrantes del grupo se despojaron de sus uniformes de combate y se vistieron con prendas de población civil, específicamente con pantalón de jean y camisetas blancas.

Durante el evento se destacó el acompañamiento al proceso de paz de países que ejercen como garantes y acompañantes internacionales, específicamente, Uruguay, Suiza, Noruega, Países Bajos y Venezuela. 

El proceso en esta ZUT, en el Valle del Guamuez, estará acompañado por un Mecanismo de Monitoreo y Verificación que cuenta con la participación de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA). Además, se vinculará la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).

La ZUT no es una zona de despeje

El acto de dejación y abandono de armas se realizó con la verificación de la MAPP-OEA y los países garantes.
La Delegación del Gobierno nacional en los diálogos de paz con la CNEB, a través de un comunicado, explicó que la ZUT en el Valle del Guamuez “no será una zona de despeje ni un espacio para la impunidad”. 

Agregó que las ZUT “son un instrumento para el tránsito al Estado Social de Derecho de integrantes de grupos armados ilegales”.

Esta ZUT tiene una extensión de 6 hectáreas y cumple con las reglas establecidas en la ley, lo que incluye su delimitación geográfica y no se encuentra en un área urbana.

La autorización para el ingreso de los 99 miembros de la CNEB a esta ZUT se estableció mediante el Decreto 0603 del 13 de junio de 2026, firmado por el Presidente Gustavo Petro. 

“La autorización presidencial para el ingreso de 99 integrantes de la CNEB se produce luego de los avances significativos en el desescalamiento de las violencias en los departamentos de Putumayo y Nariño”, dice la Delegación en su comunicado.

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En el marco de la conmemoración de los 10 años del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) llevó a cabo una jornada de trabajo con periodistas y medios de comunicación de la región de Urabá, para dialogar alrededor de la “Paz a 10 años de la firma del acuerdo”.

El evento, organizado por la ARN Urabá, buscó generar un espacio de conversación y análisis sobre los avances, resultados y desafíos que la entidad ha enfrentado en el marco de los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz de 2016.

Se abordó, de manera especial, el impacto de la reincorporación en la transformación de las vidas de las y los firmantes de paz, así como el trabajo en pro de la reconciliación en el territorio, a través de estrategias como las Agendas Territoriales de Reincorporación Comunitaria (ATRC) y Fomento.

Es vital que quienes le hablan a la comunidad a través de los medios de comunicación conozcan de primera mano el estado actual del proceso de reincorporación en Urabá y el Darién chocoano, en tanto se reconoce a los periodistas como actores clave en la difusión de información veraz, el fortalecimiento de la memoria colectiva y la construcción de paz territorial.

Inversiones:

Una de las intervenciones más destacadas de la ARN se registra en esta parte del país, Jiguamiandó (Carmen del Darién Chocó) así:

Inversión total de la ARN: $1.052.575.667 en procesos asociados a la reincorporación comunitaria, la reconciliación, la infraestructura social, la conectividad, la productividad y la armonización territorial en dicho territorio.

También han sido fortalecidos los hospitales públicos de Mutatá y Dabeiba, han concluido varios procesos de capacitación, acompañamiento psicosocial en el los ETCR, (Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación), reincorporación económica, fortalecimiento de proyectos productivos, entre ellos el de Taparales en Dabeiba, dirigido a la producción de limón y cacao.

568 firmante de paz recibieron el apoyo de ocho millones de pesos, para fortalecer sus proyectos productivos en diferentes áreas.

En síntesis “La reincorporación social busca que el goce de los derechos sea la base para construir paz, vivir bien y asegurar que la violencia no se repita” dijo María Aurora Pulgarín, responsable de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN en Urabá y parte del Chocó.

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