Se trata de una instancia creada por el Acuerdo de Paz que hace parte del Sistema Integral para la Verdad, la Justicia, la Reparación y la no Repetición y cuyo mandato es el seguimiento y monitoreo a la implementación de estas recomendaciones en procura de apostar al desarrollo de acciones para la no repetición del conflicto armado y de la transformación de los factores de persistencia que han dado continuidad a las violencias en el país. Dicho trabajo ha  sido impulsado por la  Organización Internacional para las Migraciones ( OIM) y la Embajada de Suecia.

Observaciones destacadas

El informe sintetiza en siete puntos los llamados generales en busca de fortalecer y consolidar, no solamente el acuerdo de paz, sino las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.

Ruralidad en el Centro: En todas las decisiones, desde la voz  de sus habitantes que permita plantear una narrativa de paz territorial en sus propios términos, dando cabida a expresiones de fe, culturales y comunitarias.

Evaluación participativa: Que mida el impacto real en los territorios de la implementación de políticas y obras.

Enfoques diferenciales: Transversales en todas las políticas y procesos de entidades PDET, con indicadores diferenciados por población.

Medición y seguimiento: Superar las brechas que existen en muchas regiones y sobre algunas poblaciones con datos desagregados armonizando sistemas de seguimiento y reportes públicos que permitan el control ciudadano.

Eliminación de la violencia en la política: Garantizar este ejercicio libre en los territorios PDET durante el proceso electoral de 2026.

Apoyo internacional: Llamamos  a la comunidad internacional a continuar respaldando la implementación del Acuerdo de Paz en el territorio PDET.

Cumplir lo pactado: En el Sistema Internacional de DDHH, en especial las recomendaciones d la CIDH y, la ONU y los órganos de tratados en relación con la protección de comunidades, líderes y firmantes de paz en territorios PDET.

Nueve causas

Tras el proceso de investigación identificaron nueve temas catalogadas como factores persistentes del conflicto así: Legado, paz como proyecto nacional, paz territorial, víctimas, democracia, impunidad, narcotráfico, seguridad y cultura.

El informe también encuentra una reducción considerable de la pobreza, pero muy rezagado el tema de atención a las víctimas, resalta la creación de nueve Zonas de Reserva Campesina en el país, la creación del Sistema de Reforma Integral Campesina, la fragilidad  en la defensa de los líderes sociales y un avanzado problema de salud mental en los jóvenes.

A los responsables de este tipo de iniciativas, les llama la atención la ausencia de las alcaldías en los procesos de construcción de paz.

En cuanto al tema de género las recomendaciones de la Comisión de la Verdad no se han implementado adecuadamente y ese retraso tiene consecuencias en la vida, la seguridad y los proyectos de futuro de mujeres y personal LGTBQ+

En el año 2025 se registraron en Colombia 109.781 casos de violencia de género y del 2016 al 2025, se registraron 35 asesinatos de de líderes y defensores LGTBQ+ y como si algo faltara entre el año 2023 y el 2024 el presupuesto para las medidas de género y mujer rural, de acuerdo con la Contraloría General de la Nación, se redujo en un 78%.

Protección del tejido democrático

Se destaca que entre las 220 recomendaciones de  la Comisión de la Verdad 47 de ellas están dirigidas al fortalecimiento de la democracia.

De acuerdo con la Misión de Observación Electoral (MOE) 170 municipios están en riego de fraude y violencia electoral, además la violencia letal contra líderes políticos aumentó en un 22% entre el año 2021 y 2025.

Se conoció además que 81 municipios de Colombia están en riesgo electoral extremo, 51 en alto riesgo de violencia y fraude electora. Han sido identificadas tres regiones críticas así: Arauca, Nordeste Antioqueño y el Catatumbo, mientras que las agresiones a liderazgos políticos aumentaron el año pasado en un 59%.

Las personas, entidades o instituciones interesadas en ampliar esta información se pueden dirigir  ala siguiente dirección virtual: www.comiteseguimientoymonitoreo.co

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Los Países Mediadores, el Reino de España, el Reino de Noruega, el Estado de Qatar y la Confederación Suiza, así como la MAPP/OEA y la Conferencia Episcopal de Colombia valoraron los avances del Espacio de Conversación Sociojurídico entre el Gobierno nacional y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

En un comunicado conjunto, las delegaciones señalaron que en la reunión del 9 de febrero de 2026 las partes acordaron pasos importantes que permiten consolidar los compromisos asumidos en Doha y avanzar en el proceso en beneficio de las comunidades.

“Desde los Países Mediadores, la MAPP/OEA y la Conferencia Episcopal valoramos los pasos acordados recientemente en el Espacio de Conversación Sociojurídico entre el Gobierno Nacional y el (a) EGC para avanzar en la construcción de paz en los territorios ”, dice el comunicado.

El Espacio de Conversación Sociojurídico es el mecanismo en el que el Gobierno Nacional y el (a)EGC sostienen diálogos orientados a la desmovilización de esa estructura y a la construcción de paz en los territorios.

El Grupo de Países Mediadores, junto con la MAPP/OEA y la Conferencia Episcopal de Colombia, reiteró su apoyo al proceso y subrayó la importancia de que ambas partes continúen avanzando con determinación en los compromisos acordados.

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El Gobierno nacional, a través de la Consejería Comisionada de Paz, informó que “el espacio de conversación sociojurídica con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia – EGC” se encuentra en un momento clave dentro de la política de paz del país.

Según el comunicado oficial?, este espacio “es de absoluta relevancia en el propósito de encontrar salidas dialogadas a la violencia y se encuentra actualmente en estado avanzado”. 

El proceso cuenta con la mediación del Estado de Qatar, el Reino de España, el Reino de Noruega y la Confederación Suiza, además del apoyo de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA) y el acompañamiento de la Conferencia Episcopal de Colombia.

El documento señala que se trata de “un proceso que, desde el primer acuerdo, se enfoca en la desmovilización y tránsito a la vida civil de los miembros del (a) EGC”.

Este compromiso, de acuerdo con la Consejería, se da “de acuerdo con la Ley 2272 de 2022 como paso verificable hacia su desmovilización”.

En desarrollo de lo acordado, el Gobierno nacional indicó que “los líderes del (a) EGC, Jobanis de Jesús Ávila, Orozman Orlando Osten, Elkin Casarrubia, Luis Armando Pérez y Gonzalo Sánchez (QEPD), iniciaron el 24 de diciembre de 2025 labores dirigidas a coordinar internamente la ubicación gradual de los demás miembros del grupo en las ZUT”.

El comunicado también precisa que “desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República”.

Asimismo, se indicó que “tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”.

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De acuerdo con el ministerio de Defensa, en zona rural de Carmen de Atrato (Chocó), tropas del Ejército lograron “el sometimiento a la justicia de la totalidad de la Comisión 34, facción Calarcá del ‘Bloque Magdalena Medio Gentil Duarte’ de las disidencias de las Farc, como resultado de la presión operacional sostenida en el territorio”.

Según la información suministrada por las autoridades, se entregaron voluntariamente 11 integrantes de este grupo ilegal, de los cuales tres eran cabecillas principales de esta facción de las disidencias, a quienes se les incautaron ocho armas largas, munición y equipos.

En este sentido, se indicó que los cabecillas que se entregaron fueron Daniel Antonio David Barrios, alias ‘Andrés Patiño’ o ‘Nelson’; alias ‘Jair’, y Eliézer David Causil Sandoval, alias ‘David’.

Según el ministerio, “la operación se desarrolló con respeto por los DD. HH. y el DIH. Los sometidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes”.

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En la Resolución se estableció que la “delimitación geográfica de las referidas zonas de ubicación temporal» se mantendrá en secreto y será objeto de verificaciones de las autoridades competentes.

En la norma se dejó claro que se mantendrá la vigencia del Estado Social de Derecho, sin que haya afectación a las funciones de las autoridades de las zonas definidas para la ubicación.

Así mismo, el Gobierno nacional se comprometió a adoptar “las medidas necesarias y eficaces para brindar la seguridad humana y jurídica necesaria durante el transcurso del desplazamiento de los integrantes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia hacia las zonas de ubicación temporal, así como para garantizar la protección de los derechos de la población civil».

Para poder avanzar en los procesos, la Resolución determinó que dentro de cada una de las zonas quedan “suspendidas la ejecución de las órdenes de captura con fines de extradición, al igual que durante el transcurso del desplazamiento hacia las mismas, de los integrantes» de este grupo, que fueron “incluidos en los listados recibidos y aceptados por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz».

Otro elemento que tuvo en cuenta la Resolución es el relacionado con las víctimas, para lo cual indicó que se realizarán “las condiciones progresivas para para contribuir tempranamente a la satisfacción de los derechos» de la población afectada por este grupo armado.

En la norma se decidió que el Gobierno nacional “establece que la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA), como integrante de un mecanismo tripartito, se encargue del seguimiento, monitoreo y verificación de las Zonas de Ubicación Temporal para la ubicación gradual y progresiva de los combatientes».

Sin embargo, no descarta la vinculación de otras organizaciones nacionales e internacionales que participen en el proceso de “dejación de armas y tránsito a la legalidad de los combatientes» de este grupo armado.

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En Doha se reunieron los representantes de la delegación del Gobierno y del Clan del Golfo (autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia –EGC), con el acompañamiento del grupo de países mediadores, integrado por Catar, España, Noruega y Suiza.

En el documento suscrito por las partes se establece la ampliación del área de implementación de acciones piloto. En septiembre se habían definido a Mutatá (Antioquia), Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía (Chocó). Ahora se suman Ayapel, Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré y Tierralta (Córdoba), Cáceres, El Bagre, Nechí (Antioquia), El Carmen de Bolívar y San Jacinto (Bolívar).

Por otra parte, se determinó el seguimiento, monitoreo y verificación de los compromisos, que estará a cargo de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA).

El documento señala que se impulsarán las gestiones “de apoyo financiero, técnico, académico y logístico necesarios, en los aspectos definidos en el ‘Protocolo para el seguimiento, monitoreo y verificación de los compromisos de paz en Doha'».

Uno de los aspectos más significativos del acuerdo alcanzado en Doha tiene que ver con la creación de tres Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), en Belén de Bajirá, Unguía (Chocó) y Tierralta (Córdoba). Se trata de una ubicación progresiva de combatiente del EGC a partir del próximo primero de marzo.

Para lograrlo, dice el documento firmado por las partes, se requiere expedir un acto administrativo, en el cual se constituyan las ZUT, la localización de los sitios rurales y el listado de miembros del EGC, que se irá complementando.

La ubicación de los miembros del EGC (o Clan del Golfo) implicará la “suspensión de la ejecución de las órdenes de captura, así como aquellas con fines de extradición».​

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Asimismo, el EMBF se comprometió “a analizar alternativas de financiación que no afecten a pequeños comerciantes, minoristas y microempresarios», específicamente relacionado con la extorsión que aqueja la economía en las regiones en conflicto.

Además, según el acuerdo, la MDP se comprometió a crear políticas que ayuden a las comunidades “a la reconversión productiva de la coca», un paso fundamental para la transformación de la economía en los territorios más afectados por el conflicto armado y el narcotráfico.

En el mismo orden, se incluyó que el EMBF no realizará ataques a los integrantes de la Fuerza Pública ni a instalaciones militares o policiales. Sin embargo, en este punto se subrayó que el grupo armado “se reserva el derecho a la legítima defensa».

En el marco de los diálogos de paz, el Gobierno nacional continuará con la implementación de programas y mecanismos de protección de los firmantes de paz del Acuerdo del 2016.

Otro de los puntos de acuerdo tiene relación con un plan inmediato de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto, lo que incluye información de cuerpos y restos.

Como mecanismo de seguimiento al cumplimiento de lo contenido en este Acuerdo, se creará una veeduría integrada por delegados de las comunidades y la MDP en las áreas de presencia de los bloques, frentes y estructuras que integran el EMBF.

El acuerdo 3 se concretó en el séptimo ciclo de diálogos con la presencia de la Comunidad Internacional, el Consejo Mundial de Iglesias y la Conferencia Episcopal Colombiana.

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Al conmemorarse nueve años de la firma del Acuerdo de Paz, Colombia revisa el estado de su implementación. El balance destaca progresos significativos en garantías para las víctimas y el cumplimiento a más de 11.000 firmantes, marcando una ruta hacia la consolidación de la paz estable y duradera. Bajo la administración actual, se han fortalecido los mecanismos de protección y la reforma rural, aunque persisten desafíos en la articulación de políticas para la reubicación y el desarrollo territorial.

Fortalecimiento de la seguridad y protección integral

El «Gobierno del Cambio» ha priorizado la seguridad jurídica y física de los excombatientes. Se destaca la expedición del Decreto 0638 de 2025, que reglamenta el Programa de Protección Integral (PPI), una herramienta clave para salvaguardar la vida de los integrantes del partido político surgido del tránsito a la legalidad.

Garantías para la reincorporación política y social

En departamentos críticos como Valle, Cauca y Norte de Santander, se han activado instancias del Sistema Integral para el Ejercicio de la Política (SISEP). Estas medidas buscan saldar deudas históricas del Acuerdo, asegurando la participación democrática de los firmantes y sus familias, mitigando los riesgos asociados a su reincorporación a la vida civil.

Transformación del campo y reforma rural

La tierra sigue siendo el eje central de la paz. El Estado ha adquirido más de 640.000 hectáreas para el Fondo de Tierras y ha formalizado más de 1,7 millones de hectáreas, brindando seguridad jurídica al campesinado. Además, nuevas normativas permiten ahora la creación de Zonas de Reserva Campesina en áreas forestales, impulsando el desarrollo sostenible.

Nuevas estrategias en sustitución de cultivos

El Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS) se ha renovado mediante la Resolución 021 de 2024. Esta nueva fase incluye la renegociación de proyectos productivos y la inclusión de líneas no agropecuarias, buscando mayor efectividad. Paralelamente, la Política de Drogas 2023–2033 establece la meta de reducir 90.000 hectáreas de coca para 2026, enfocándose en la protección ambiental.

Avances humanitarios y búsqueda de desaparecidos

La labor humanitaria continúa arrojando resultados tangibles. La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) ha recuperado 1.239 cuerpos y localizado a 141 personas con vida, un hito en la reparación integral. Sin embargo, la entidad requiere un aumento en sus recursos para extender su alcance en las regiones más afectadas.

Articulación de la política de víctimas

La Ley 2421 de 2024 ha permitido integrar mejor la política de víctimas con la Reforma Rural Integral. A pesar de estos esfuerzos legislativos, se evidencia la necesidad de mejorar la coincidencia entre las iniciativas de retorno y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) para garantizar una reparación efectiva y sostenible en el tiempo.

La implementación del Acuerdo de Paz en su noveno aniversario refleja un compromiso estatal renovado, especialmente en la protección de la vida y la reforma agraria. Si bien los avances en la formalización de tierras y la justicia transicional son notables, el éxito a largo plazo dependerá de la capacidad institucional para cerrar las brechas de seguridad en los territorios y garantizar la sostenibilidad de los proyectos productivos para las comunidades afectadas por el conflicto.

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El presidente Gustavo Petro asumió la responsabilidad por el bombardeo ocurrido en zona rural de Guaviare, en el que murieron menores de edad. El mandatario aseguró que la operación buscaba proteger la vida de soldados que enfrentaban un riesgo inminente, y reiteró que en la selva las posibilidades de reacción son limitadas.

Responsabilidad presidencial en la operación

Protección prioritaria a los soldados

Petro afirmó que tomó personalmente la decisión para evitar una ofensiva letal contra el grupo militar, al señalar que 150 hombres armados podían atacar a la tropa desplegada en la zona. El jefe de Estado insistió en que la determinación se basó en criterios operacionales y en la necesidad de salvaguardar vidas en un entorno de alta amenaza.

Señalamientos y contexto operativo

Limitaciones en inteligencia en zonas remotas

El presidente rechazó las acusaciones de crimen de guerra y enfatizó que su administración no oculta información. Explicó que las operaciones en la selva se realizan con inteligencia limitada, debido a la complejidad del terreno y la lejanía respecto a áreas pobladas. Según Petro, la Fuerza Pública actúa con los datos disponibles, aun cuando estos no siempre permiten diferenciar con precisión a menores reclutados.

Menores en conflicto y política de paz

Liberaciones y medidas preventivas

El mandatario reconoció que cuando existe un alto porcentaje de menores reclutados por grupos armados, el riesgo de muertes en combate aumenta. Sin embargo, subrayó que en las 12 operaciones aéreas ejecutadas durante su gobierno ha exigido el máximo nivel de verificación para evitar estas tragedias. Además, recordó que su apuesta por la paz busca reducir la presencia de niños en el conflicto y destacó que 2.411 menores han sido liberados durante su administración.

El debate por el bombardeo abre nuevamente la discusión sobre las responsabilidades del Estado en operaciones de alto riesgo y el reto permanente de proteger simultáneamente a la Fuerza Pública y a la población vulnerable involucrada en el conflicto armado.

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La Estrategia de Sostenibilidad de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) entrega recursos hasta por 400 millones de pesos por proyecto, y ha recibido 118 postulaciones. Esto demuestra el interés de las y los firmantes en fortalecer sus proyectos productivos y generar nuevas oportunidades en los territorios donde viven.

Para la directora Programática de la ARN, Tania Rodríguez, lo más importante de la estrategia es que los firmantes destinan los recursos a fortalecer los factores de sostenibilidad: lo financiero, la comercialización, la sostenibilidad ambiental, los enfoques diferenciales y la fortaleza organizativa, entre otros.

“Durante este año hemos venido apoyando y continuaremos revisando y aprobando más proyectos, para que se sumen a este fortalecimiento. La estrategia continuará el año entrante, porque creemos en la voluntad de los firmantes de paz», indicó Rodríguez.

Un total de 1.118 firmantes del Acuerdo de Paz (756 hombres y 362 mujeres) se encuentra en la fase de alistamiento, para invertir recursos que fortalezcan sus proyectos productivos –individuales y colectivos– con los cuales seguirán aportando al desarrollo económico y social de sus comunidades.

De igual manera, dentro de esos procesos se destacan cuatro proyectos productivos con enfoque de género, que vinculan a 80 mujeres, lo que reafirma el compromiso con la participación y el liderazgo femenino en los procesos de reincorporación y sostenibilidad económica.

Estos proyectos son una muestra del compromiso real del Gobierno del Cambio con la construcción de paz y la no repetición del conflicto armado.

Con dichos avances, la ARN sigue fortaleciendo las oportunidades de desarrollo económico y social de los excombatientes.

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