En el encuentro participaron 16 familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada, junto a 20 comparecientes del Batallón de Infantería número 33 Junín del Alto Sinú y del Gaula Córdoba, quienes durante varios meses sostuvieron espacios de escucha, reconocimiento y reflexión sobre los hechos ocurridos.

La directora de la ARN, Alejandra Miller, destacó el valor de estos procesos para el país y la necesidad de ampliarlos a otras regiones: “Sí se puede; necesitamos que este tipo de procesos se amplifiquen en todos los territorios del país, porque aún hay mucho dolor”, afirmó, al resaltar que estos encuentros permiten avanzar hacia la reconciliación desde el reconocimiento de lo ocurrido.

Durante el acto, se desarrollaron acciones restaurativas construidas de manera conjunta, como la entrega de sombreros vueltiaos tejidos entre víctimas y comparecientes, relicarios con códigos QR que recogen la memoria del proceso y la siembra de una bonga, árbol emblemático de la región. Estos símbolos representaron la dignidad, la memoria y el compromiso de no repetición.

Uno de los momentos más significativos fue la intervención de Jesús Riascos, compareciente ante la JEP, quien reconoció el daño causado: “Hoy no venimos a cumplir un protocolo, hoy vinimos a hablarles mirándolos a los ojos, con el peso de nuestra historia; admiramos la valentía y generosidad de las víctimas; destruimos familias, vidas, proyectos, y entendimos la magnitud de nuestras acciones”.

Las autoridades destacaron que este proceso, acompañado por la JEP y con apoyo técnico de la OIM, demuestra que el diálogo y la verdad pueden abrir caminos de reparación y reconciliación. La ARN reiteró su compromiso de seguir impulsando estos espacios en el país, para que el dolor se transforme en memoria y en oportunidades de paz duradera.

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Insistió en que todos estos procesos son legítimos y se hacen ante veedurías internacionales de gobiernos de España, Suiza, Noruega, Brasil y Venezuela “para que no digan que estamos pactando con bandidos delitos’, por lo que aclaró que “toda reunión se hace bajo la mirada internacional de estas organizaciones y otras no gubernamentales, incluida la iglesia católica, incluidos miembros de la oposición, porque no quiero ocultar nada como sí se hizo atrás en el pasado’.

En este sentido, mandatario enfatizó que “mantengo mi palabra de que dialogar es mejor que matar siempre y Colombia debe entender esa dificultad, pero no se puede cansar en su historia por delante de que dialogar siempre es mejor que matar, porque llevamos dos siglos matándonos entre generaciones enteras entre nosotros’.

Por esta razón, consideró que “hay que insistir en la paz siempre: hombres y mujeres de paz, tercos, tercos y retercos, porque al fin la conquistaremos. Es así, con terquedad, como se consigue la paz’ y salió al paso de quienes solo ven la salida violenta en el país: “Es muy fácil hablar de disparos y mandar a otros a hacerlos, es muy fácil llenarse las palabras de violencia y grosería, pero vaya y póngalos en los campos de batalla y verán que salen corriendo de una’, dijo.

Reconoció las dificultades que se han presentado en la búsqueda de la paz, pero advirtió que los procesos que no están vigentes no han sido por decisión del Gobierno, sino “de quienes prefieren ser ejércitos o grupos armados del narcotráfico’.

Avances en el sur del país

En su intervención, el presidente Petro puso como ejemplo los avances que se han logrado en los procesos que se adelantan en el sur del país y si bien reconoció que aún falta mucho por hacer, un resultado tangible es que “cayó la tasa de homicidios’.

Al referirse al tema de las zonas de concentración, que se están pactando con los grupos armados ilegales, el mandatario recordó que “son legales y el presidente las ordena, no la fiscal, y aquí se respeta la Constitución sino el pueblo las hace respetar’.

Comentó que otro de los avances son las 39.000 hectáreas de sustitución voluntaria de cultivos de hoja de coca, resultados que, según advirtió, “los norteamericanos no creían que eso era posible’ y comentó que “le mostré los videos al presidente Donald Trump personalmente, él los vio’ de cómo la población negra, afro del Litoral Pacífico en el sur y del Putumayo, erradicaban las plantas.

“Pueden llegar a 49.000′, dijo al comentar que eso puede ser posible “si los acuerdos en el nordeste antioqueño hechos sobre organizaciones del Caribe, no de Antioquia, logran concretarse y eso en mi Gobierno, antes de irme’.

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​Los Grupos de Trabajo del Espacio de Conversación Sociojurídico entre el Gobierno nacional y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (Clan del Golfo) anunciaron este viernes 8 de mayo que en desarrollo de los diálogos de paz se definió la fecha del inicio del ingreso de los integrantes del grupo armado a las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT).

A través de un comunicado las delegaciones indicaron que la concentración de aproximadamente 400 hombres y mujeres del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) será a partir del 25 de junio de 2026 en las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) de Tierralta (Córdoba) y Nuevo Belén de Bajirá (Chocó).

“En desarrollo de los Compromisos de Paz en Doha de septiembre y diciembre de 2025, la fecha de ingreso de combatientes del EGC a las Zonas de Ubicación Temporal de Tierralta (Córdoba) y Nuevo Belén de Bajirá (Chocó) será a partir del 25 de junio de 2026”, indica el comunicado. 

“Se adelantarán las gestiones correspondientes para la remisión de los listados y su recepción de buena fe por parte del Gobierno nacional”, dice el documento respecto al proceso de ingreso a las ZUT.

Asimismo, informa que para el ingreso de los combatientes a la ZUT será necesario suspender las órdenes de captura existentes.

“El proceso de tránsito a la ZUT incluye las labores preparativas y pedagógicas correspondientes hasta el 25 de junio de 2026, con los efectos jurídicos establecidos en la Ley 2272 de 2022 sobre la suspensión de órdenes de captura, incluidas aquellas con fines de extradición, para que el proceso de ingreso a las ZUT se lleve a cabo de la manera convenida”, reza el comunicado.

En el mismo contexto, los Grupos de Trabajo instaron al país a cuidar los esfuerzos de paz e impedir su instrumentalización con fines electorales.

La primera ronda de conversaciones formales y que derivó en acuerdos importantes para territorios como el Chocó y el Urabá antioqueño, se dio en septiembre de 2025 en Catar, país mediador y sede de las conversaciones. 

Posteriormente y en cumplimiento a lo acordado en el primer ciclo de conversaciones, se sostuvieron encuentros con autoridades locales, líderes y líderesas sociales, comunidades étnicas, academia, organismos internacionales y otras entidades del Estado en territorios como Acandí (Chocó) y Cartagena (Bolívar).

Acuerdos con el ‘Clan del Golfo’

Entre los primeros acuerdos, el grupo armado reiteró su compromiso de respetar a los niños, niñas y adolescentes. Se acordó además realizar un censo al interior del grupo armado para verificar que no haya presencia de niños, niñas o adolescentes en sus filas y de ser así, ponerlos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos. 

También acordaron la implementación de acciones piloto que permitan desarrollar la etapa de consolidación de confianza, desescalar las violencias y propiciar la transformación territorial en los municipios de Mutatá (Antioquia) y Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía (Chocó). 

Además, en articulación con la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito se acordó implementar un programa piloto de pedagogía para la sustitución total de los cultivos de uso ilícito en los municipios anteriormente mencionados. 

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La lluvia no pudo detener a los 78 estudiantes y cuatro profesores quienes tenían planeado este sábado dos de mayo visitar el caserío de San José de León en Mutatá, para hablar de paz, de vida, de proyectos y seguir profundizando en acciones que eviten, impidan el retorno de la violencia, en síntesis, avanzar en la Cátedra para la Paz.

En efecto, el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, se ha tomado muy en serio el tema de la Cátedra para la Paz en una región como Urabá, históricamente castigada por el conflicto armado.

Contexto
San José de León es un pequeño caserío en jurisdicción del municipio de Mutatá, construido y habitado por firmantes de paz, miembros de las extintas FARC, bajo el liderazgo de Rubén Cano, conocido en esa organización alzada en armas como “Manteco”.

Allí se asentaron y allí se quedaron, tras cruzar el espinoso camino del proceso de paz, tienen cultivos de cacao, maracuyá, plátano, ganado en pequeña escala y numerosos estanques de peces. Trabajan en colectivo, arreglan caminos y abren carreteras, mientras que su cabeza visible, Rubén Cano, sigue asistiendo cada que es citado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a responder por los hechos de violencia que le atribuyen cuando estuvo en la guerrilla, todo en el marco del proceso de paz, firmado por ellos y el gobierno de Juan Manuel Santos.

El sábado anterior, tres grupos de estudiantes del Politécnico pertenecientes a las áreas de: Desarrollo Territorial y Construcción de la Paz, Historia Medieval y Cátedra para la Paz, un total de 78 alumnos acompañados de cuatro profesores, bajo una inclemente lluvia y una copiosa neblina, llegaron al lugar para entrar en contacto directo con los excombatientes.

Diálogo directo

Allí no hay escenarios preparados ni preguntas amañadas, los estudiantes tienen la libertad de preguntar lo que consideren, sin temores, ni censuras, los anfitriones se turnan las respuestas y van contestando una a una los interrogantes, la vocera de la JEP, Miladis Córdoba, hizo en esta ocasión de moderadora, mientras que los profesores acompañantes hacían lo pertinente para mantener el orden.

Las preguntas más comunes tienen que ver con las causas por las cuales ingresaron a la guerrilla, el tránsito a la vida civil, el desarrollo de sus proyectos productivos, los incumplimientos del gobierno, la lentitud en la implementación de los acuerdos, si están dispuestos a volver a la guerra, entre otras.

Entre los excombatientes, aparece, “Tito”) o Javier García, un abuelo que ingresó a las FARC por allá en la década de los 70 a quien le dirigen la mayoría de las preguntas junto a Rubén Cano.

La conclusión al día de hoy es que ninguno de ellos volvería a la guerra por ninguna causa y eso de por sí ya es una buena noticia para Urabá, para Colombia.

Los estudiantes cerraron su experiencia con una visita a un proyecto piscícola hoy a media marcha por razones técnicas, errores de origen en la construcción, pero que de poner a funcionar la infraestructura existente, podría llegar a una producción mensual de cuatro toneladas de pescado.

También se conoció que la construcción de la escuela en el caserío sigue muy rezagada y que los problemas de mantenimiento de la carretera persisten, pero ahí están ellos aferrados a su compromiso de paz, mientras que el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, sus estudiantes y sus profesores se suman al enorme de ejército de constructores de paz, de aquellos que no desean la violencia en ninguno de los escenarios.

San José de León/Mutatá-mayo 02-2026.

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Apartadó-Lideresas sociales, presidentas de Juntas de Acción Comunal, así como representantes de consejos comunitarios y resguardos indígenas se dieron cita en la Mesa de Mujeres y Restitución, un espacio de diálogo y aprendizaje que este año priorizó la resolución de conflictos territoriales a través del liderazgo femenino. Este escenario, impulsado por la Dirección Social de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) y desarrollado por la Dirección Territorial Apartadó, busca ampliar la participación de las mujeres y garantizar la defensa de sus derechos.

En esta ocasión, lideresas provenientes de zonas como el Bajo Atrato, el Darién chocoano y el Urabá se reunieron para dialogar sobre las principales problemáticas y barreras que enfrentan en el proceso y las afectaciones cuando existen controversias territoriales entre las comunidades étnicas o rurales.

Para Dary Luz Chaverra León, representante legal del Consejo Comunitario Manatíes de Turbo, este encuentro fue vital: “aquí se reflejan los procesos de restitución que lideramos las mujeres y cómo nos fortalecemos; cómo también hacemos parte de esa restitución que vivimos desde el cultivar, desde el cuidar y empoderarnos.

Lo digo como mujer rural, líder y negra que represento a mi comunidad y las mujeres de mi territorio”. Durante el encuentro se resaltó el papel de las mujeres en el avance de los procesos de reparación integral en la región, tanto en ruta colectiva como individual, en el marco de los lineamientos de género contenidos en la Circular 0008 de 2023, y se orientó a las participantes sobre las rutas de acceso a la política pública.

Se socializó el trámite para abordar de los traslapes, con ejemplos prácticos entre comunidades, y se asumieron compromisos para el avance de los casos. Según el director territorial de la URT Apartadó, José Alberto Kunzell, la apuesta de estas mesas es que las mujeres tengan un proceso que las dignifique.

“Con un enfoque intercultural, compartimos con las mujeres los logros que resalta la Unidad en estos cuatro años del Gobierno del Cambio, y los lineamientos que hemos creado desde la Dirección Jurídica, Social y DAE en favor de ellas, para avanzar en la restitución en Urabá”, informó.

Entidades como la Defensoría del Pueblo, Comfenalco y la Unidad de Victimas acompañaron la jornada con su oferta institucional, enfocada en el acceso a los derechos económicos y su oferta con enfoque de género. En Urabá 40% de las solicitudes de restitución de tierras han sido presentadas por mujeres, lo que equivale a más de 3.900 casos en los últimos años.

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Se trata de una instancia creada por el Acuerdo de Paz que hace parte del Sistema Integral para la Verdad, la Justicia, la Reparación y la no Repetición y cuyo mandato es el seguimiento y monitoreo a la implementación de estas recomendaciones en procura de apostar al desarrollo de acciones para la no repetición del conflicto armado y de la transformación de los factores de persistencia que han dado continuidad a las violencias en el país. Dicho trabajo ha  sido impulsado por la  Organización Internacional para las Migraciones ( OIM) y la Embajada de Suecia.

Observaciones destacadas

El informe sintetiza en siete puntos los llamados generales en busca de fortalecer y consolidar, no solamente el acuerdo de paz, sino las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.

Ruralidad en el Centro: En todas las decisiones, desde la voz  de sus habitantes que permita plantear una narrativa de paz territorial en sus propios términos, dando cabida a expresiones de fe, culturales y comunitarias.

Evaluación participativa: Que mida el impacto real en los territorios de la implementación de políticas y obras.

Enfoques diferenciales: Transversales en todas las políticas y procesos de entidades PDET, con indicadores diferenciados por población.

Medición y seguimiento: Superar las brechas que existen en muchas regiones y sobre algunas poblaciones con datos desagregados armonizando sistemas de seguimiento y reportes públicos que permitan el control ciudadano.

Eliminación de la violencia en la política: Garantizar este ejercicio libre en los territorios PDET durante el proceso electoral de 2026.

Apoyo internacional: Llamamos  a la comunidad internacional a continuar respaldando la implementación del Acuerdo de Paz en el territorio PDET.

Cumplir lo pactado: En el Sistema Internacional de DDHH, en especial las recomendaciones d la CIDH y, la ONU y los órganos de tratados en relación con la protección de comunidades, líderes y firmantes de paz en territorios PDET.

Nueve causas

Tras el proceso de investigación identificaron nueve temas catalogadas como factores persistentes del conflicto así: Legado, paz como proyecto nacional, paz territorial, víctimas, democracia, impunidad, narcotráfico, seguridad y cultura.

El informe también encuentra una reducción considerable de la pobreza, pero muy rezagado el tema de atención a las víctimas, resalta la creación de nueve Zonas de Reserva Campesina en el país, la creación del Sistema de Reforma Integral Campesina, la fragilidad  en la defensa de los líderes sociales y un avanzado problema de salud mental en los jóvenes.

A los responsables de este tipo de iniciativas, les llama la atención la ausencia de las alcaldías en los procesos de construcción de paz.

En cuanto al tema de género las recomendaciones de la Comisión de la Verdad no se han implementado adecuadamente y ese retraso tiene consecuencias en la vida, la seguridad y los proyectos de futuro de mujeres y personal LGTBQ+

En el año 2025 se registraron en Colombia 109.781 casos de violencia de género y del 2016 al 2025, se registraron 35 asesinatos de de líderes y defensores LGTBQ+ y como si algo faltara entre el año 2023 y el 2024 el presupuesto para las medidas de género y mujer rural, de acuerdo con la Contraloría General de la Nación, se redujo en un 78%.

Protección del tejido democrático

Se destaca que entre las 220 recomendaciones de  la Comisión de la Verdad 47 de ellas están dirigidas al fortalecimiento de la democracia.

De acuerdo con la Misión de Observación Electoral (MOE) 170 municipios están en riego de fraude y violencia electoral, además la violencia letal contra líderes políticos aumentó en un 22% entre el año 2021 y 2025.

Se conoció además que 81 municipios de Colombia están en riesgo electoral extremo, 51 en alto riesgo de violencia y fraude electora. Han sido identificadas tres regiones críticas así: Arauca, Nordeste Antioqueño y el Catatumbo, mientras que las agresiones a liderazgos políticos aumentaron el año pasado en un 59%.

Las personas, entidades o instituciones interesadas en ampliar esta información se pueden dirigir  ala siguiente dirección virtual: www.comiteseguimientoymonitoreo.co

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Los Países Mediadores, el Reino de España, el Reino de Noruega, el Estado de Qatar y la Confederación Suiza, así como la MAPP/OEA y la Conferencia Episcopal de Colombia valoraron los avances del Espacio de Conversación Sociojurídico entre el Gobierno nacional y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

En un comunicado conjunto, las delegaciones señalaron que en la reunión del 9 de febrero de 2026 las partes acordaron pasos importantes que permiten consolidar los compromisos asumidos en Doha y avanzar en el proceso en beneficio de las comunidades.

“Desde los Países Mediadores, la MAPP/OEA y la Conferencia Episcopal valoramos los pasos acordados recientemente en el Espacio de Conversación Sociojurídico entre el Gobierno Nacional y el (a) EGC para avanzar en la construcción de paz en los territorios ”, dice el comunicado.

El Espacio de Conversación Sociojurídico es el mecanismo en el que el Gobierno Nacional y el (a)EGC sostienen diálogos orientados a la desmovilización de esa estructura y a la construcción de paz en los territorios.

El Grupo de Países Mediadores, junto con la MAPP/OEA y la Conferencia Episcopal de Colombia, reiteró su apoyo al proceso y subrayó la importancia de que ambas partes continúen avanzando con determinación en los compromisos acordados.

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El Gobierno nacional, a través de la Consejería Comisionada de Paz, informó que “el espacio de conversación sociojurídica con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia – EGC” se encuentra en un momento clave dentro de la política de paz del país.

Según el comunicado oficial?, este espacio “es de absoluta relevancia en el propósito de encontrar salidas dialogadas a la violencia y se encuentra actualmente en estado avanzado”. 

El proceso cuenta con la mediación del Estado de Qatar, el Reino de España, el Reino de Noruega y la Confederación Suiza, además del apoyo de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA) y el acompañamiento de la Conferencia Episcopal de Colombia.

El documento señala que se trata de “un proceso que, desde el primer acuerdo, se enfoca en la desmovilización y tránsito a la vida civil de los miembros del (a) EGC”.

Este compromiso, de acuerdo con la Consejería, se da “de acuerdo con la Ley 2272 de 2022 como paso verificable hacia su desmovilización”.

En desarrollo de lo acordado, el Gobierno nacional indicó que “los líderes del (a) EGC, Jobanis de Jesús Ávila, Orozman Orlando Osten, Elkin Casarrubia, Luis Armando Pérez y Gonzalo Sánchez (QEPD), iniciaron el 24 de diciembre de 2025 labores dirigidas a coordinar internamente la ubicación gradual de los demás miembros del grupo en las ZUT”.

El comunicado también precisa que “desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República”.

Asimismo, se indicó que “tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”.

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De acuerdo con el ministerio de Defensa, en zona rural de Carmen de Atrato (Chocó), tropas del Ejército lograron “el sometimiento a la justicia de la totalidad de la Comisión 34, facción Calarcá del ‘Bloque Magdalena Medio Gentil Duarte’ de las disidencias de las Farc, como resultado de la presión operacional sostenida en el territorio”.

Según la información suministrada por las autoridades, se entregaron voluntariamente 11 integrantes de este grupo ilegal, de los cuales tres eran cabecillas principales de esta facción de las disidencias, a quienes se les incautaron ocho armas largas, munición y equipos.

En este sentido, se indicó que los cabecillas que se entregaron fueron Daniel Antonio David Barrios, alias ‘Andrés Patiño’ o ‘Nelson’; alias ‘Jair’, y Eliézer David Causil Sandoval, alias ‘David’.

Según el ministerio, “la operación se desarrolló con respeto por los DD. HH. y el DIH. Los sometidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes”.

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En la Resolución se estableció que la “delimitación geográfica de las referidas zonas de ubicación temporal» se mantendrá en secreto y será objeto de verificaciones de las autoridades competentes.

En la norma se dejó claro que se mantendrá la vigencia del Estado Social de Derecho, sin que haya afectación a las funciones de las autoridades de las zonas definidas para la ubicación.

Así mismo, el Gobierno nacional se comprometió a adoptar “las medidas necesarias y eficaces para brindar la seguridad humana y jurídica necesaria durante el transcurso del desplazamiento de los integrantes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia hacia las zonas de ubicación temporal, así como para garantizar la protección de los derechos de la población civil».

Para poder avanzar en los procesos, la Resolución determinó que dentro de cada una de las zonas quedan “suspendidas la ejecución de las órdenes de captura con fines de extradición, al igual que durante el transcurso del desplazamiento hacia las mismas, de los integrantes» de este grupo, que fueron “incluidos en los listados recibidos y aceptados por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz».

Otro elemento que tuvo en cuenta la Resolución es el relacionado con las víctimas, para lo cual indicó que se realizarán “las condiciones progresivas para para contribuir tempranamente a la satisfacción de los derechos» de la población afectada por este grupo armado.

En la norma se decidió que el Gobierno nacional “establece que la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA), como integrante de un mecanismo tripartito, se encargue del seguimiento, monitoreo y verificación de las Zonas de Ubicación Temporal para la ubicación gradual y progresiva de los combatientes».

Sin embargo, no descarta la vinculación de otras organizaciones nacionales e internacionales que participen en el proceso de “dejación de armas y tránsito a la legalidad de los combatientes» de este grupo armado.

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