El magistrado Pedro Elías Díaz Romero, les advirtió a los comparecientes que no aportar verdad, volverán a las cárceles a purgar sus condenas, mientras que el capitan del Ejército, Orlando Espinosa, pidió perdón a las víctimas.

Hace 21 años que Nélida Guerra, una de las víctimas de la masacre de La Resbalosa en jurisdicción de San José de Apartadó, en el municipio del mismo nombre, clama justicia y hoy se enfrenta cara a cara con los victimarios, en busca de la verdad.

La Justicia Especial para la Paz (JEP) programó para hoy jueves y mañana viernes la audiencia territorial de aportes a la verdad por la masacre de La Resbalosa ocurrida en Apartadó en el año, 2005. Allí la Fundación Forjando Futuros representa a las víctimas.

En dicha masacre que sacudió el país durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, por la sevicia con la que fueron asesinados cuatro menores y cuatro adultos, hay involucrados militares y paramilitares.

 A la audiencia acuden 10 comparecientes que pertenecieron a la Brigada Diecisiete del Ejército Nacional con sede de en el municipio de Carepa, quienes estuvieron involucrados en estos hechos, de acuerdo con la JEP.

Los hechos:

La masacre fue perpetrada por paramilitares por medio de su bloque Héroes de Tolová, al mando de Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna” en connivencia con miembros del Ejército Nacional y atribuida a las extintas FARC, para desviar la investigación.

La matanza ocurrió un 21 de febrero del año 2005 y aparentemente buscaba golpear a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, señalada por las AUC de tener alianzas con la guerrilla. Los cadáveres de los campesinos fueron hallados en las veredas La Resbalosa y Mulatos.

Por medio de testimonios de paramilitares desmovilizados, se conoció que los asesinos fueron protegidos por integrantes de la Compañía Bolívar del Batallón de Infantería Voltígeros de la citada unidad militar.

Ya el Ejército Nacional, el Ministerio de Defensa y el gobierno nacional aceptaron su responsabilidad y pidieron perdón por la masacre, varios militares fueron condenados y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó protección para la Comunidad de Paz.

Entre las víctimas figuran: Luis Eduardo Guerra, su esposa Bellanira Areiza y su hijo Deiner Andrés Guerra, menor, Alfonso Bolívar Tuberquia, Sandra Milena Muñoz Posso, sus hijos, Natalia de cinco años y su bebé Santiago de 18 meses, también fue asesinado, Alejandro Pérez Castaño, que no era de la comunidad y al parecer se enfrentó a los atacantes.

Durante estas audiencias se conoció una nueva víctima, ya que se comprobó que una de las damas asesinadas estaba en gestación, lo que aumenta la crueldad de los hechos y a nueve el numero de personas masacradas.

Nélida Guerra:

Nélida Guerra es hermana de Luis Eduardo Guerra y de Deiner Andrés Guerra, menor asesinado con su padre quien hoy y mañana hace presencia en la audiencia programada por la JEP en Apartadó.

Recordó con impotencia como asesinaron a padres y madres, niños inocentes, dijo que han sido veinte años de fortaleza y resiliencia, cree que el acto de esta semana es un principio, para que los hechos ocurridos no queden en la impunidad, para llegar a la verdad, ya tuvo la oportunidad de reunirse con los comparecientes. “Es muy duro no escuchar lo que queríamos escuchar en ese momento, nosotros que conocimos lo que ocurrió, queríamos escuchar de sus propias palabras cuál era el objetivo que tenían, sus planes, sus últimas palabras en su momento de dolor y de angustia, pero aceptan que tuvieron culpabilidad, pero no estuvieron presentes ni actuaron con sus propias manos, entonces a nosotros como víctimas no queda una incógnita ahí porque queremos la verdad” dice la víctima.

Sobre los menores asesinados los comparecientes dicen que eso no debió ocurrir, que no tienen palabras. “tenemos la esperanza que la verdad se de a la luz, hay mucha expectativa, estamos con los magistrados que van a estar más pendientes de la situación, pero se siente mucha angustia” agregó.

La señora Nélida agradeció la forma profesional el acompañamiento de la Fundación Forjando Futuros y como los ha venido representando.

Contundente advertencia del Magistrado

Por su parte Pedro Elías Díaz Romero, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, fue enfático en advertir que, si no existe verdad, los comparecientes pierden los beneficios, vuelven a la cárcel a purgar las penas que ya les impusieron.

Dicha sala hace seguimiento a los diez comparecientes involucrados en violaciones a los derechos humanos en el año 2005, pero tiene un listado 800 militares para llamar en audiencia.

“Los comparecientes al haber ingresado a la JEP y haber obtenido algunos beneficios, porque ellos fueron condenados por la justicia ordinaria por esta masacre, pero al ingresar a la JEP como comparecientes forzosos, deben ante las víctimas de los hechos y ante las víctimas de la sociedad de San José de Apartadó, rendir aportes de verdad plena sobre los hechos. Ellos deber hacer relatos más allá de lo que fue probado en la justicia ordinaria, para completar la verdad que necesitan las víctimas” dijo el magistrado en Apartadó.

“Deben aceptar responsabilidad, teniendo en cuenta que fueron vencidos en su presunción de inocencia en la justicia ordinaria, esto hace parte de un escenario restaurativo. Ellos se comprometieron a ofrecer verdad, dignificar a las víctimas por tan graves hechos, hacer memoria sobre su buen nombre y a garantizar la no repetición”

Volverían a la cárcel

“Si no aportan esa verdad, podrían verse devueltos a la justicia ordinaria, donde tendrían que cumplir las altas penas que les impuso la Corte Suprema de Justicia, volver a las cárceles y cumplir sus sentencias. La verdad reconforta, la verdad repara, es el reconocimiento de quiénes fueron ellas, porqué ocurrieron los hechos y que la sociedad conozca que fue lo que ocurrió y que no se vuelva a repetir” advirtió el togado.

Las víctimas son intervinientes en la audiencia, pueden interrogar a los comparecientes, exponer su situación, de dolor, cómo han vivido el duelo.

Esta sala de Reconocimiento debe llegar a la verdad en la línea de mando, sobre los militares que dieron la orden y los aportes a la verdad de estos comparecientes tiene que ser superior a la que ya fue juzgada por la justicia ordinaria.

Capitán del Ejército

Orlando Espinosa Beltrán, capitán de la Brigada XVII uno de los comparecientes pidió perdón a las víctimas y advirtió que dicha masacre nunca debió ocurrir

“Me dirijo a ustedes con el peso de la memoria, con el respeto profundo que merecen las víctimas y con la responsabilidad moral de unos hechos que jamás debieron ocurrir, este lamentable suceso debe convocarnos a una reflexión profunda, sobre la importancia de preservar la vida como el bien más preciado, sobre la obligación ineludible de actuar con responsabilidad”

“La masacre de la comunidad de San José no es solo un episodio doloroso, es una herida abierta en la conciencia colectiva del país, en ese territorio donde la comunidad había decidido caminar en paz, se quebrantaron los principios fundamentales la vida, la dignidad y la confianza en las instituciones, traigo dolor, respeto y la necesidad profunda  de decir algo que debió decirse hace mucho tiempo, perdón, perdón por lo que pasó, perdón por el horror, perdón por cada vida que fue arrebatada, de una manera tan injusta y cruel, perdón a toda una comunidad  que creyó en la paz y fue traicionada.

“Siento vergüenza y una profunda responsabilidad, aún a si quiero decirles que lo siento de verdad, no hay una justificación por lo que ocurrió, el dolor no desaparece”

Esa maravillosa comunidad de San José de Apartadó en su decisión de mantenerse de pie en la paz y no responder con odio, que este perdón no es el final, si no un paso necesario para construir algo distinto” concluyó el compareciente en la audiencia que continúa mañana en el municipio de Apartadó.

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La Corte Suprema de Justicia condenó al senador Ciro Alejandro Ramírez a 23 años de cárcel tras establecer que el parlamentario lideró un entramado criminal integrado por funcionarios públicos, particulares y contratistas, cuyo propósito fue amañar la adjudicación de recursos del Estado en beneficio de sus aliados políticos.

El tribunal lo encontró culpable de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos, delitos relacionados con la suscripción y ejecución del Convenio 670 de 2021, firmado entre el Departamento de Prosperidad Social y la Empresa para el Desarrollo Territorial Proyecta, así como de otros contratos derivados de ese acuerdo.

Según la Corte, el esquema fue diseñado para retribuir a quienes habían respaldado la campaña política del senador. «Se demostró que el acusado lideró una organización criminal (…) a través de la cual se logró la estructuración del Convenio 670 de 2021 (…) con el interés de beneficiar a quienes lo favorecieron en su campaña política», señala el extenso documento judicial.

La condena representa uno de los fallos más contundentes proferidos recientemente por el alto tribunal contra un miembro activo del Congreso y marca un hito en el procesamiento penal de aforados en Colombia.

Penas accesorias

La Corte Supera de Justicia le impuso además al condenado las penas accesorias la inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 280 meses y 20 días, multa de 19.402 salarios mínimos, que equivalen, para la época en que ocurrieron los hechos, a más de $22 millones, que deberá ser consignada a nombre del Ministerio de Justicia y del Derecho.

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Por fallarle a las víctimas y no colaborar con la Justicia Especial para la paz (JEP), el general, Mauricio Alfonso Santoyo Velasco fue expulsado de esta corte, aunque la medida goza aun del recurso de reposición. El compareciente está siendo procesado por delitos de lesa humanidad, se desprende del expediente.

“En síntesis, las contribuciones realizadas por el compareciente no han  sido suficientes en aras de materializar el derecho a la verdad que les asiste  a las víctimas y a la sociedad colombiana. A partir de lo expuesto, considera esta Subsala, que no es posible continuar con el trámite de sometimiento a la JEP del GR (r) Mauricio Alfonso Santoyo Velasco, pues se ha evidenciado de su parte una falta de cumplimiento del régimen de condicionalidad” afirm ala JEP. 

En atención a las consideraciones expuestas, resulta jurídicamente  inviable la solicitud de permanencia en la Jurisdicción Especial para la Paz,  formulada por la defensa y coadyuvada por la delegada del Ministerio Público.

Vuelve a la Fiscalía

En relación con los procesos de la referencia,- sigue diciendo la JEP- se tiene que al señor  Mauricio Alfonso Santoyo Velasco le fue concedido el beneficio transicional  de privación de la libertad en unidad policial o militar —PLUMP— el cual  la Sala, por lo anteriormente expuesto, se dispone a revocar. En consecuencia,  el señor Santoyo Velasco será puesto a disposición de la Fiscalía 56  Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de Bogotá D.C., con el fin de continuar con el proceso No. 10179, actualmente en etapa de  acusación. Esta determinación se adopta en cumplimiento de la medida de  aseguramiento de detención preventiva impuesta el 26 de abril de 2019 por la referida autoridad, la cual, a su vez, libró la correspondiente orden de Captura.

Para el cumplimiento de lo anterior, se ordenará a la Inspección General  de la Policía Judicial, al Centro Especial de Reclusión de la Escuela de  Postgrados de Policía “Miguel Antonio Lleras Pizarro”, en el que se encuentra actualmente privado de la libertad, y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario —INPEC— que, en firme esta decisión, bajo estrictas medidas de

seguridad, coordinen el traslado del señor Mauricio Alfonso Santoyo  Velasco a un centro de reclusión, conforme a lo señalado en la medida de aseguramiento de detención preventiva proferida en su contra.

Sin beneficios

Con lo anterior, se deja sin prerrogativas y beneficios transicionales al  compareciente, quien a partir de este momento pierde dicha calidad por haber incumplido las obligaciones y deberes que su sometimiento a la JEP y el  régimen de condicionalidad al que se encontraba sometido demandaban,  debiendo sus asuntos retornar ante la justicia ordinaria, para que ésta continúe con su conocimiento.

“El señor GR (r) Mauricio Alfonso Santoyo  Velasco, identificado con la C.C. No. 13.845.379, incumplió gravemente y de forma injustificada su régimen de condicionalidad, específicamente la  condición esencial de acceso y permanencia en el Sistema Integral para la Paz,  consistente en aportar verdad plena.”

“Como consecuencia de lo anterior, expulsar al señor GR (r)  Mauricio Alfonso Santoyo Velasco,   del Sistema Integral para la Paz.

El señor GR (r) Mauricio Alfonso Santoyo  Velasco ha perdido los tratamientos especiales y beneficios otorgados por las  autoridades judiciales y administrativas —ordinarias y transicionales—, en  desarrollo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la  Construcción de una Paz Estable y Duradera, así como la posibilidad de acceder a otros.

Comunicar esta decisión a los magistrados relatores de los  Macrocasos 06, denominado “Genocidio contra el partido político Unión  Patriótica”, y 08, denominado “Crímenes cometidos por la fuerza pública, agentes  del Estado en asociación con grupos paramilitares, o terceros civiles en el conflicto  armado”, de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de  Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP, para lo de su competencia. Contra esta decisión proceden los recursos de reposición y apelación” Concluye la JEP.

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La delegación de la Corte Penal Internacional (CPI) destacó durante su reciente visita a Colombia los avances del país en materia de investigación, juzgamiento y sanción de crímenes internacionales, así como la garantía de los derechos de las víctimas del conflicto, en el marco del principio de complementariedad y del Acuerdo de Cooperación firmado en 2021 entre Colombia y la Fiscalía de la CPI.

La Corte subrayó como logros importantes la emisión de sentencias, la calificación de conductas y la identificación de patrones macrocriminales. Además, los delegados de la CPI resaltaron el liderazgo global de Colombia en Justicia Transicional, destacando que su modelo restaurativo, implementado en el marco del Acuerdo Final de Paz de 2016, se ha convertido en un referente internacional por su carácter innovador y sus aportes colectivos y sociales. Estas apreciaciones fueron expresadas al cierre de la novena sesión ordinaria de la Instancia de Articulación (Insart) entre el Gobierno nacional, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

El magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, señaló que el Gobierno y la Unidad de Búsqueda funcionan como un sistema articulado, lo que facilita garantizar la adecuada implementación de las sentencias. Explicó que estas sentencias deben estar “respaldadas en proyectos que restauren los daños ocasionados, al tiempo que aseguren condiciones de seguridad y habitabilidad para que los comparecientes puedan cumplirlas”.

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Consejo de Estado ordena desembargo de recursos que benefician al sector educativo del Chocó Mediante auto del pasado 26 de enero, el Consejo de Estado concedió una acción de tutela interpuesta por el Departamento del Chocó en contra de los juzgados primero y segundo administrativos de Quibdó y del Banco de Bogotá.

Esta decisión se da luego del embargo de recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) destinados al pago de la nómina de docentes y personal administrativo del sector educativo del Chocó, por valor de 14.424 millones 717.674 pesos.

Dicho embargo impidió el pago de los salarios correspondientes al mes de diciembre de 2025, generando un paro general e indefinido por parte del magisterio y el bloqueo de vías en el departamento, con afectaciones directas a más de 10 mil estudiantes de instituciones educativas oficiales.

En el marco de esta acción, se solicitó como medida provisional de urgencia el desembargo inmediato de los recursos retenidos, solicitud que fue respaldada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

El Consejo de Estado acogió los argumentos presentados y decretó la medida provisional, ordenando la suspensión de los efectos de las providencias que dispusieron el embargo y ordenando al Banco de Bogotá levantar dicha medida.

Desde el inicio de la controversia, la Agencia ha intervenido de manera activa en el proceso ejecutivo que dio lugar al embargo, advirtiendo en diferentes actuaciones e instancias la improcedencia de esta medida, al tratarse de recursos públicos de destinación específica y de carácter inembargable, conforme al ordenamiento jurídico vigente.

Con esta decisión, el Consejo de Estado protege los derechos fundamentales al mínimo vital y al trabajo de los servidores públicos del sector educativo del Chocó.

También ampara el derecho fundamental a la educación de los niños, niñas y adolescentes del departamento, quienes se vieron privados del acceso al servicio educativo como consecuencia de una controversia ajena a sus derechos constitucionalmente protegidos.

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Así lo informó el ministerio de Defensa al indicar que “las operaciones, desarrolladas mediante esfuerzos conjuntos, control territorial y coordinación interinstitucional, permitieron interceptar un cargamento en la Vía Panamericana y desmantelar infraestructura ilegal de producción en el municipio de Toribío, Cauca, afectando de manera directa las finanzas del narcotráfico”.

El Brigadier General, Alirio Aponte Sepúlveda, comandante de la Décima Novena Brigada del Ejército, aseguró que “en una primera operación militar incautaron un camión que transportaba 811 kilogramos de marihuana sobre la Vía Panamericana, a la altura del municipio de Patía”.

Dijo además que, en una segunda operación, en la vereda Potrerito, municipio de Toribío “lograron la ubicación y destrucción de dos sistemas artesanales de secado y producción de marihuana tipo exportación. Ahí se incautaron 753 kilogramos de marihuana listos para su empaque y comercialización”.

“Este resultado ratifica que la cooperación regional, el intercambio de información y el trabajo articulado entre instituciones son la vía más efectiva para proteger a las comunidades, cerrar rutas ilegales y fortalecer la seguridad compartida en la región”, anotó el informe del ministerio.

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La sentencia, proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó, concluyó que los habitantes del Consejo Comunitario de Bellavista Dubaza fueron víctimas de despojo, abandono forzado, confinamiento y graves daños colectivos derivados de la presencia de grupos armados ilegales y economías ilícitas en la cuenca del río Baudó.

El territorio restituido, titulado legalmente como tierra de comunidades negras desde el año 2000, comprende más de 2.500 hectáreas y constituye el soporte vital, cultural y productivo de las familias que integran el Consejo de Bellavista Dubaza.

Según lo demostrado en el proceso, la violencia afectó de manera directa el uso, goce y control del territorio, limitando prácticas tradicionales como la pesca, la agricultura, la minería artesanal y los rituales ancestrales.

El fallo ordena un conjunto amplio de medidas orientadas a garantizar la reparación integral de esta comunidad, entre ellas la entrega del territorio, la adopción de planes de retorno y reubicación, el fortalecimiento del gobierno propio, la implementación de proyectos productivos sostenibles, restauración ambiental y programas de memoria histórica.

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El operativo se inició gracias a información suministrada por Inteligencia Naval, cuando unidades de la Estación de Guardacostas de Tumaco detectaron una embarcación que se desplazaba a 197 millas náuticas del distrito de San Andrés de Tumaco (Nariño).

Enseguida, fue enviada hasta el lugar una Unidad de Reacción Rápida para efectuar la interdicción de la embarcación. Al realizar la inspección, fueron hallados en su interior 62 costales, que, por sus características, se asemejaban a sustancias ilícitas.

Con este resultado, se logró una afectación económica de más de 64 millones de dólares que dejaron de ingresar a las organizaciones criminales. Asimismo, se evitó la comercialización de más de 3,3 millones de dosis en las calles del mundo.

Los tres hombres junto con el material incautado fueron trasladados hasta las instalaciones de la Estación de Guardacostas de Tumaco, donde funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaron la Prueba de Identificación Preliminar Homologada, determinando que los paquetes contenían 1.344 kilogramos de clorhidrato de cocaína.

La incautación de este cargamento se suma a otra realizada la semana pasada en la misma zona del país. En ese caso la Armada interceptó una embarcación tipo ‘Go fast’ tripulada por tres hombres de nacionalidad colombiana. En el interior del buque hallaron 68 bultos con dos toneladas de cocaína y 18 canecas plásticas con combustible.

Con ese resultado, la Armada logró una afectación económica de más de 95 millones de dólares que dejaron de ingresar a las organizaciones criminales.

La Armada de Colombia, a través de la Fuerza Naval del Pacífico, continuará desarrollando operaciones de control y seguridad marítima, negando el uso del espacio marítimo a las organizaciones criminales que delinquen en la región. Asimismo, invita a la población civil a reportar cualquier situación sospechosa a la línea 146, disponible las 24 horas del día.

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Luego que el senador y candidato presidencial Iván Cepeda Castro  presentara ante la Corte Suprema de Justicia el recurso de casación que busca dejar en firme el fallo condenatorio de doce años  contra el ex presidente Álvaro Uribe, la Fiscalía  hizo lo mismo.

Como es de conocimiento público el Tribunal Superior de Bogotá, el 21 de octubre del año pasado, tumbó la sentencia proferida por la jueza penal 44 de la capital, Sandra Liliana Heredia, contra el procesado.

Este hecho motivó que tanto el senador Cepeda Castro, el ex fiscal general de la nación Eduardo Montealegre, el exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo y Deyanira Gómez, admitidos en el proceso como víctimas, acudieran a la citada Corte en busca de evitar la impunidad en el sonado caso.

La acción judicial busca que el alto tribunal reevalúe la decisión que exoneró al exmandatario por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Los firmantes argumentan que existen pruebas materiales que permiten inferir la responsabilidad penal de Uribe en los hechos investigados.

Es de anotar que la Corte Suprema de Justicia cuenta con un término legal máximo de cinco años para emitir un pronunciamiento de fondo sobre el recurso de casación interpuesto contra la absolución de Uribe. 

La Corte suprema debería dirimir la polémica decisión de los magistrados: Manuel Merchán Gutiérrez y Alexandra Ossa Sánchez; y de la que se apartó la magistrada Leonor Oviedo Pinto.

Ahora la Fiscalía

Tal y como se había anunciado previamente la Fiscalía General  de  la Nación, presentó formalmente una demanda de casación ante la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de revocar la absolución del expresidente Álvaro Uribe Vélez y ratificar la condena original de 12 años de prisión que le fue impuesta en primera instancia por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

El recurso fue suscrito por la fiscal delegada ante la Corte Suprema y señala que la decisión absolutoria de la sala de segunda instancia incurrió en “graves y trascendentes errores” al valorar pruebas y aplicar la ley, lo que, según el ente acusador, vulneró la legalidad del proceso.

Esta acción judicial se convierte ahora en uno de los pasos más importantes de la etapa procesal: la casación es el mecanismo extraordinario que permite a la Corte Suprema revisar fallos que, por errores de hecho o de derecho, podrían afectar la administración de justicia, sobre todo en casos de alto impacto político y jurídico.

La demanda de casación busca que la Corte Suprema restituya la sentencia original de culpabilidad y condena del exmandatario proferida por la jueza penal 44 de la capital, Sandra Liliana Heredia, en contra el procesado.

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Gracias a información suministrada por Inteligencia Naval, unidades de la Estación de Guardacostas de Tumaco detectaron la embarcación que se desplazaba de manera sospechosa. De inmediato se desplegó una Unidad de Reacción Rápida hasta el lugar de los hechos para efectuar la interdicción de la embarcación.

Al realizar la inspección, hallaron en su interior 68 bultos con cocaína y 18 canecas plásticas con combustible.

Los tres hombres y el material incautado fueron trasladados hasta las instalaciones de la Estación de Guardacostas de Tumaco, donde funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizaron la Prueba de Identificación Preliminar Homologada, determinando que los paquetes contenían clorhidrato de cocaína y 270 galones de combustible.

Con este resultado, la Armada logró una afectación económica de más de 95 millones de dólares que dejarán de ingresar a las organizaciones criminales. Asimismo, se evitó la comercialización de más de 4,9 millones de dosis en las calles del mundo.

Al respecto, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, indicó que esta operación, enmarcada en el Plan Ayacucho Plus, se adelantó mediante una articulación interinstitucional efectiva y cooperación internacional.

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