Con dos iniciativas radicadas por los partidos de gobierno ante el Congreso se evidencia la existencia de una estrategia para impedir el funcionamiento de la JEP.

El senador Enrique Gómez Martínez propuso trasladar cien mil millones de pesos del presupuesto de funcionamiento de la JEP al Consejo Superior de la Judicatura.

La propuesta, apoyada en un mensaje del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, afectaría de forma directa el cumplimiento de las funciones constitucionales de la JEP

La JEP hace un llamado urgente a la comunidad internacional para frenar esta iniciativa de desmantelamiento financiero y pide que se garanticen los recursos indispensables para su operación.

La JEP reconoce la crisis fiscal de la Rama Judicial, pero esta no se puede resolver a costa de una Jurisdicción de carácter transicional, poniendo en riesgo garantías de víctimas y seguridad jurídica de comparecientes.

Al mismo tiempo, en la Comisión Primera del Senado de la República se viene tramitando una reforma constitucional que busca establecer una revisión judicial automática a cargo de la Justicia Penal Militar de las sentencias de la JEP contra miembros de la fuerza pública.

Estas iniciativas de estrategia combinada de asfixia económica y sometimiento de la JEP a la Justicia Penal Militar constituyen el más grave ataque que ha sufrido la Justicia Transicional colombiana contra su independencia y autonomía judicial.

La Jurisdicción pondrá en conocimiento de esta situación al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Relator de Naciones Unidas para la Independencia Judicial, a los países garantes del Acuerdo de Paz, así como a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli en su pronunciamiento de este fin de semana, le pidió a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que acompañe sus alertas y acompañe, en el marco de sus competencias, las exigencias del alto tribunal de paz, así como evitar que “las iniciativas descritas obstaculicen el mandato de la JEP, el desarrollo de procedimientos nacionales genuinos y la garantía de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”.

De acuerdo con el presidente de la JEP, “las consecuencias no serían únicamente presupuestales. De concretarse el recorte propuesto, quedarían comprometidos componentes indispensables para el funcionamiento de la justicia transicional”. Asimismo, indicó que se afectaría la protección de las víctimas, testigos, intervinientes y operadores judiciales.

Por su parte el jefe de Estado le respondió así de manera inmediata:

 “No comparto ni acepto el contenido, el alcance ni el tono de esa comunicación. Hoy no existe una sola decisión de mi Gobierno que permita afirmar, irresponsablemente, que Colombia incumple sus compromisos internacionales”, señaló en primera instancia el jefe de Estado.

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Durante la intervención, las autoridades incautaron 816 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 120 kilogramos de pasta base de coca, además de insumos y elementos empleados en el procesamiento del alcaloide. Este resultado representa un importante golpe a las redes del narcotráfico que operan en esta región estratégica del país.

La afectación económica derivada de esta operación supera los 4.160 millones de pesos, debilitando de manera significativa las fuentes de financiación ilegal utilizadas por esta organización para sostener actividades criminales y acciones violentas contra la población y la Fuerza Pública.

Este resultado tiene además un alcance que trasciende las fronteras nacionales. La incautación de más de 900 kilogramos de sustancias ilícitas evita que grandes cantidades de droga lleguen a mercados internacionales, contribuyendo a los esfuerzos globales para combatir las cadenas transnacionales del narcotráfico y sus impactos sobre la seguridad, la salud pública y la estabilidad de las naciones.

“En el lugar se incautaron 816 kg de clorhidrato de cocaína y 120 kg de pasta base de coca junto a elementos empleados para el ilícito, generando una afectación económica de más de 4.160 millones de pesos a las economías ilícitas. Con este resultado se frena el financiamiento de acciones terroristas contra la Fuerza Pública y se protege la seguridad del país”.

El Gobierno nacional destacó la labor articulada entre el Ejército Nacional y la Policía Nacional, así como el compromiso permanente de la Fuerza Pública en la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales que amenazan la tranquilidad de los colombianos. Estas acciones fortalecen la seguridad en los territorios y ratifican el compromiso de Colombia con los esfuerzos internacionales para enfrentar de manera integral el crimen organizado transnacional.

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La operación permitió afectar significativamente las finanzas ilícitas del grupo armado organizado residual Estructura 44 “Antonio Ricaurte”, que venía recibiendo más de 800 millones pesos mensuales producto de la comercialización de los narcóticos, indicó el Ejército nacional.

La acción militar se desarrolló en zona rural del municipio de Cumaribo (Vichada), hasta donde llegaron las tropas del Ejército Nacional acompañadas de Infantes de Marina apoyados por la inteligencia militar, que les permitió ubicar en lo profundo de la selva este gigantesco laboratorio, con capacidad para producir pasta base de coca y cocaína. 

En el lugar también se halló el siguiente material: 3.703 galones de insumos líquidos, entre gasolina, acpm, sustancias químicas y otros elementos utilizados en el proceso de producción, 2.359 kilogramos de insumos sólidos, entre hoja de coca procesada y en proceso, fertilizantes, cal y cemento, diversos elementos y materiales empleados en el procesamiento, almacenamiento y transporte de los insumos, entre ellos canecas, pimpinas, mangueras, prensas, motores, bombas, batidores y herramientas para la consecución de estas sustancias sicoactivas.

Según la valoración preliminar, con estas acciones se debilita la cadena del narcotráfico que es la principal fuente de financiamiento de estos grupos criminales, dado que, con el dinero producto de la comercialización de la pasta base de coca y el clorhidrato de cocaína, logran la adquisición de armas, explosivos y demás material bélico con el que llevan a cabo acciones terroristas en contra de la población civil y la Fuerza Pública.

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Así lo informó el ministerio de Defensa, el cual indicó que, con esta operación, la Armada Nacional evitó el ingreso de 9,4 millones de dólares a las redes del narcotráfico transnacional.

En el informe, se indicó que “las unidades de Guardacostas lograron la incautación de 212 kilogramos de clorhidrato de cocaína que eran transportados en una embarcación en el Pacífico Norte».

“El contundente resultado se dio en Bahía Solano tras la interdicción de una lancha tipo langostera tripulada por tres colombianos. Con apoyo de Inteligencia Naval y un patrullero marítimo de EE. UU. Las autoridades hallaron 210 paquetes con el alcaloide ocultos bajo la modalidad de doble fondo», anotó el informe.

Según se dijo, “esta acción saca del mercado ilegal más de 532 mil dosis de estupefacientes, golpeando con fuerza las finanzas de las organizaciones criminales».

De otro lado, en una operación de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), fue capturado en Medellín alias ‘Mono’ y notificó con fines de extradición a alias ‘Menor’, requeridos por Estados Unidos por concierto para delinquir, conspiración para distribuir cocaína y tráfico internacional de estupefacientes.

La información de las autoridades indicó que alias ‘Menor’ era el cabecilla del grupo delincuencial Los Chivos, mientras que alias ‘Mono’ administraba las finanzas y coordinaba las operaciones de narcotráfico de esta estructura.

“Ambos eran enlaces directos con organizaciones criminales de México, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana y Estados Unidos», anotó el informe.

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El hurto de cables y los actos de vandalismo contra la infraestructura eléctrica de EPM se han incrementado en distintas zonas de Antioquia y el Valle de Aburrá, poniendo en riesgo la prestación continua y segura del servicio de energía para miles de hogares, comercios e industrias.

 Los principales casos se han registrado en las subregiones del Bajo Cauca, Norte y Nordeste antioqueño, así como en el Distrito de Medellín y en los municipios de Bello, Caldas, La Estrella y Envigado, en el Valle de Aburrá, donde la infraestructura crítica para la operación del sistema eléctrico de distribución de energía ha sido objeto de ataques sistemáticos con fines delictivos, principalmente para la comercialización ilegal de cobre.

Entre 2024 y 2025, EPM invirtió más de 7.200 millones de pesos para reparar y reponer la infraestructura afectada por hurto y vandalismo en Antioquia y el Valle de Aburrá. En lo corrido de 2026, únicamente los daños ocasionados a la red subterránea ya están valorados en cerca de 25.000 millones de pesos.

Como consecuencia de estos hechos:

Más de 763.000 clientes han resultado afectados por las interrupciones del servicio de energía.

Las interrupciones asociadas a estos eventos han tenido una duración promedio de 24,6 horas por evento.

Los daños han comprometido equipos y cableado esencial para la operación del sistema.

El impacto económico va mucho más allá de la reposición de cables. También incluye la reparación o reemplazo de transformadores, luminarias, medidores, acometidas, elementos de protección, tapas de seguridad y otros componentes indispensables para garantizar la prestación del servicio.

 A esta problemática se suma el vandalismo contra la infraestructura mediante el vertimiento de aceites, solventes, pinturas y otros residuos en cámaras subterráneas de redes eléctricas, afectando la vida útil de los equipos y el cableado.

Un riesgo para todo el sistema eléctrico

El hurto de cables de media tensión y el vandalismo contra las redes asociadas a las subestaciones de energía del Valle de Aburrá son una amenaza de alto impacto para la confiabilidad del sistema eléctrico. De presentarse afectaciones simultáneas en estas instalaciones, podrían generarse interrupciones masivas y prolongadas del servicio para miles de usuarios residenciales, comerciales e industriales, impactando los procesos productivos y los ingresos de estos últimos.

 Los esfuerzos técnicos y operativos que exige este flagelo son cada vez mayores y más preocupantes. “Estas acciones no solo afectan la sostenibilidad y la confiabilidad del sistema eléctrico, sino que obligan a realizar inversiones extraordinarias para reparar la infraestructura dañada, recursos que podrían destinarse a su modernización, expansión y al desarrollo de las comunidades”, indicó Jorge Cerezo Restrepo, gerente Transmisión y Distribución Energía de EPM.

 Estas inversiones tienen un impacto en los costos reconocidos por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), lo que se traduce en incrementos en las facturas de los usuarios y en interrupciones del servicio. A ello se suma el grave riesgo para la vida de las personas que genera la manipulación de instalaciones energizadas. “Cuando se atenta contra la infraestructura de servicios públicos, las consecuencias las asumimos todos”, destacó Cerezo Restrepo.

Judicializar a los responsables

Para enfrentar esta problemática, EPM ha fortalecido las medidas de protección de la infraestructura eléctrica mediante monitoreo permanente, instalación de barreras físicas, rediseño de tapas de seguridad, implementación de sistemas de alarma y controles de acceso en instalaciones críticas y redes subterráneas.

 Paralelamente, la Empresa trabaja de manera articulada con las autoridades competentes para identificar, capturar y judicializar a los responsables de estos hechos delictivos. De acuerdo con los artículos 240, 241 y 265 del Código Penal Colombiano, quienes incurran en conductas relacionadas con hurto calificado y agravado y daño en bien ajeno podrían enfrentar penas de hasta 21 años de prisión.

Reporte anomalías

EPM invita a la ciudadanía a convertirse en aliada en la protección y cuidado de la infraestructura eléctrica. Si observa personas realizando intervenciones sospechosas o no autorizadas en redes, postes, cámaras subterráneas de energía o cualquier otro elemento del sistema eléctrico, repórtelo de inmediato a través de la línea de WhatsApp habilitada exclusivamente para este fin: (301) 516 11 81.

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El presidente Gustavo Petro Urrego firmó este lunes 6 de julio la resolución ejecutiva 261 que concede la extradición de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, conocido con el alias de ‘Chiquito Malo’, señalado como máximo jefe del Clan del Golfo, para que responda ante la justicia de los Estados Unidos por cargos relacionados con narcotráfico.

La resolución establece que la extradición se hará efectiva de manera inmediata en caso de que el requerido sea capturado, luego de que las autoridades estadounidenses lo solicitaran para comparecer a juicio por el delito de “concierto para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción» de ese país.

El documento precisa que no se diferirá la entrega del ciudadano colombiano por los procesos penales que cursan en su contra en Colombia y ordena que, una vez sea capturado, se materialice su entrega a las autoridades de los Estados Unidos.

Asimismo, ordena que, tras cumplir una eventual condena o cesar el motivo de su detención en el exterior, Ávila deberá regresar al país para responder ante la justicia colombiana por los procesos pendientes.

Al anunciar su decisión, el presidente Petro escribió en su cuenta de X: “Decretada la extradición inmediata en caso de captura de alias ‘Chiquito Malo’, responsable del grupo organizado armado Clan del Golfo».

El mandatario también respondió a cuestionamientos sobre su política frente al narcotráfico y afirmó: “Quien aún sueñe con procesarme por narcotráfico en EE.UU. tendrá que esmerarse muchísimo en la calumnia porque si algún enemigo tiene el narcotráfico en Colombia, ese soy yo».

En el mismo sentido agregó: “Les quité el poder político que tenían y ahora, paradoja de la vida, con apoyo político del gobierno de los EE.UU. y mediante el fraude que produjeron con ayuda de Netanyahu, quieren regresar al poder».

El proceso de extradición se sustenta en la solicitud presentada por el gobierno de los Estados Unidos, a través de su Embajada en Colombia, mediante nota verbal del 29 de noviembre de 2022, en la que pidió la detención provisional con fines de extradición de Ávila Villadiego.

La resolución también recuerda que desde septiembre de 2015 existía otra solicitud de captura con fines de extradición por cargos relacionados con narcotráfico, la cual no se materializó debido a que el requerido no fue capturado. La respectiva solicitud también la hizo la Embajada de Estados Unidos en Colombia mediante nota verbal.

Con esta decisión, el Gobierno nacional ratifica la cooperación judicial con las autoridades estadounidenses en la lucha contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico y mantiene vigente la orden para hacer efectiva la extradición de alias ‘Chiquito Malo’ tan pronto sea ubicado y capturado por las autoridades.

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La auditoría busca garantizar la correcta administración de los recursos destinados a la atención de los ciudadanos y hace parte de las acciones que impulsa el Gobierno para fortalecer la transparencia, proteger el sistema de salud y prevenir hechos de corrupción que afecten la prestación de los servicios. 

En desarrollo de las labores de inspección, la Superintendencia informó que el equipo auditor enfrentó situaciones de maltrato por parte de funcionarios de la alcaldía de Medellín, entre ellos del alcalde Federico Gutiérrez y de la subsecretaria jurídica Liliana Correa. Según la entidad, estos hechos fueron puestos en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación y dieron origen a una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por presuntos actos de violencia contra servidor público y obstrucción. 

“Ninguna autoridad territorial está por encima de la ley ni puede impedir el ejercicio de la inspección, vigilancia y control que corresponde a esta entidad.» — Superintendencia Nacional de Salud. 

El Gobierno nacional destacó que las entidades de control cuentan con todas las garantías para ejercer sus funciones en el territorio y reiteró que las actuaciones institucionales deben desarrollarse con pleno respeto por el Estado de derecho, la independencia de los organismos de vigilancia y el cumplimiento de la Constitución y la ley. 

La Superintendencia Nacional de Salud señaló que las auditorías hacen parte de un plan estratégico orientado a proteger los recursos de la salud y fortalecer la lucha contra la corrupción, para garantizar que los recursos públicos lleguen efectivamente a la atención de los colombianos.

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De acuerdo con la entidad, como resultado de las acciones militares fueron inhabilitadas siete infraestructuras: Cinco para el procesamiento de pasta a base de coca y dos para el procesamiento de ácido clorhídrico.

Asimismo, se incautaron 8.075 galones de gasolina, 50 galones de aceite combustible para motores ACPM, 135 kilogramos de sustancia sólida, 2 pesas tipo reloj, 3 escurrideros, 1.350 galones de ácido clorhídrico.

Según la información obtenida durante el desarrollo de la operación, este sistema de producción presuntamente pertenecería a infraestructuras GAO Bloque Occidental Alfonso Cano de las Farc, aspecto que será objeto de verificación por parte de las autoridades competentes, conforme a los procedimientos establecidos en la ley.

Finalmente, la FAC afirmó que, con este tipo de operaciones, en coordinación con las autoridades competentes, continúa debilitando las economías ilícitas que financian las organizaciones armadas ilegales, afectando su capacidad logística y operacional, al tiempo que reafirma su compromiso con la seguridad, la estabilidad y la protección de los habitantes del suroccidente colombiano.

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En su cuenta de la red social X, el jefe de Estado anunció que firmó el decreto que deja a un paso de la extradición de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias ‘Chiquito Malo’, en caso de ser capturado. Así mismo, se refirió a la captura del jefe del Clan del Golfo en Córdoba, alias ‘el Zarco’.

En su mensaje, el presidente aseguró que, pese a las intenciones del Gobierno por promover espacios de diálogo, además de beneficios a los grupos armados, los cabecillas de dichos grupos no habrían correspondido a la estrategia de paz total.

“Para lograr éxito en una negociación entre grupos armados organizados y el estado, siempre debe haber, antes que nada, sinceridad. Sinceridad no hubo. Yo no creo en guerras totales, mortuorias, no creo en la barbarie, creo en lo civilizado y humano, y lo humano es hablar y disminuir la muerte y el dolor de la sociedad», aseguró en la red social.

El jefe del Estado afirmó que “por eso, Danilo Rueda construyó el concepto de diálogos socio/jurídicos que implica una integración económica y social lícita del territorio en conflicto y en economía ilícita, un pacto social para que su población civil sea el poder real en el territorio y goce de bienestar social y un diálogo jurídico con la justicia para la dejación de toda violencia armada y su salida de la actividad ilícita».

De acuerdo con el mandatario, “este concepto funcionó parcialmente en el sur del país, la Fiscalía no nos ayudó, influenciada, hay que decirlo, por una línea construida desde el pasado por los EE. UU. que cree en la erradicación forzosa, hasta ahora fracasada según los datos. Los datos de mi gobierno muestran éxito en la línea propuesta que es pacífica: se trata de la erradicación voluntaria con sustitución de cultivos vista como una economía territorial y no individual».

En su mensaje, el presidente Petro dijo que “en el mundo de hoy nadie se salva individualmente, los graves problemas se superan a través de la fuerza de lo colectivo. La fuerza de la humanidad porque son los problemas de la humanidad. Gracias a los diálogos de paz y al liderazgo político y social que poseemos con el campesinado excluido de Colombia, hemos logrado éxitos y los datos lo demuestran que han sido entregados a la ONU que certifica y a EE. UU., para que la política, que iniciamos, se profundice».

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Poco después del frustrado atraco a la hermana de un concejal de Apartadó, se conoció del asalto del que fue víctima el abogado Juan David González Madrid, en inmediaciones del barrio el Salvador de esta municipalidad.

La víctima se movilizada en una motocicleta acompañado de su esposa y su hijo, un bebé de tres años, cuando fue interceptado por los maleantes quien de manera rápida y sorpresiva le cruzaron una motocicleta FZ Yamaha azul y blanca y de inmediato, sin mediar palabra alguna le propinaron un disparo con arma traumática en la caja toráxica.

En medio de la confusión los atracadores procedieron a despojarlos de un teléfono celular, alhajas de la señora y una billetera con documentos personales incluyendo tarjetas de banco y la tarjeta profesional del abogado. La moto no fue hurtada.

Las variantes entre Apartadó, Carepa y Turbo, se han convertido en los puntos clave escogidos por los atracadores para cometer sus fechorías, el señor Juan David fue asaltado en la variante que cruza junto el barrio El salvador.

El herido recibió atención médica en la Clínica Panamericana, donde le cogieron cinco puntos y hoy permanece fuera de peligro en su residencia, por fortuna el disparo fue con un arma traumática porque las consecuencias habrían sido fatales.

Este hecho ha causado repudio en diferentes círculos sociales de Apartadó, ante la situación vivida por el profesional del derecho y su familia que involucra a un bebé de tres años.

La víctima hizo un llamado a las autoridades ha redoblar esfuerzos de vigilancia preventiva y no actuar cuando los hechos ya han sido consumados.

Este nuevo acto delictivo se suma a una serie de hurtos, atracos y hechos similares que se vienen registrando de manera frecuente en Apartadó, basta con mirar las redes sociales para encontrarse con denuncias de este tipo.

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