El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, calificó como un “acto de barbarie terrorista’ el ataque sicarial que dejó como saldo el asesinato del dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia (Inpec) Miguel Llano Muñoz.

Los hechos repudiados por el Gobierno ocurrieron frente a las instalaciones de la Cárcel Nacional La Modelo de Bogotá, donde también resultaron heridos y remitidos a centros hospitalarios los funcionarios penitenciarios Jefferson Páez Vásquez y Carlos Navarrete Martínez.

 Las víctimas fueron atacadas en la mañana de este viernes por cuatro individuos que se desplazaban en dos motocicletas, según reporte de las autoridades.

“El Estado responderá con firmeza, en el marco institucional, para que este hecho no quede en la impunidad», señaló el ministro Montealegre, quien en representación del Ejecutivo expresó su solidaridad y condolencias con los familiares de las víctimas.

El titular de la cartera de Justicia manifestó que el Gobierno “no retrocederá jamás ante los violentos’ y aseguró se tomarán las medidas necesarias para evitar que actos similares se sigan repitiendo.

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Han sido varios los estamentos  que se han pronunciado ante el asesinato del joven, Yeimar Gamboa Yepes, registrado en Chigorodó, donde aspiraba al Consejo Municipal de Juventud. La misma Registraduría Nacional del Estado Civil lamentó la acción criminal mediante un comunicado público.

La misma alcaldesa municipal, Tulia Irene Ruiz dijo al conocer la noticia: “Hoy alzo mi voz para decir con firmeza que en Chigorodó no podemos seguir perdiendo a nuestros jóvenes a causa de la  violencia. Como alcaldesa, mi compromiso seguirá siendo trabajar por la vida, la paz, la reconciliación de quienes hoy están en conflicto y por las oportunidades que nuestra juventud merece”.

La víctima había participado el mismo día de su muerte en un foro intergeneracional sobre liderazgo y salud mental en el marco de la Semana de la Juventud, fortaleciendo el papel de  la juventud en la construcción de sociedad y potenciando ideas y propuestas” dijo el gobierno local.

Varios dirigentes políticos se unieron a las voces de rechazo ante el asesinato del joven.

Por su parte la Misión de Observación Electoral (MOE) condenó con  el asesinato de Yeimar Gamboa Yepes, ocurrido en la noche del 23 de septiembre en el municipio de Chigorodó, Antioquia.  La organización expresó su solidaridad con los familiares, amigos y la comunidad a la que representaba el joven.

El líder juvenil fue asesinado a balazos en hechos violentos ocurridos la noche del 23 de septiembre en el barrio El Bosque de este municipio, en los cuales también una joven que lo acompañaba resultó herida.

 Yeimar Gamboa Yepes,  tenía 20 años, era defensor de derechos humanos y dedicado al trabajo con jóvenes  vulnerables y actividades de reconciliación en su municipio, se estableció.

Comunicado de la Registraduría:

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El gobierno de Nepal enfrenta una de sus peores crisis sociales en los últimos años. Al menos 25 personas han muerto en medio de protestas violentas, mientras que varios reclusos aprovecharon el caos para escapar de diferentes cárceles del país. La situación ha encendido las alarmas internacionales y plantea graves desafíos para la estabilidad política y la seguridad interna.

Escalada de la violencia en las calles

Protestas contra la situación política

Las manifestaciones se originaron como respuesta a reclamos ciudadanos sobre las políticas del gobierno, pero pronto derivaron en disturbios de gran magnitud. Los enfrentamientos entre civiles y fuerzas de seguridad se intensificaron en varias ciudades, con un saldo trágico de víctimas mortales y decenas de heridos.

Respuesta de las autoridades

El gobierno nepalí ha ordenado refuerzos policiales y militares para contener la violencia. Sin embargo, la represión ha generado nuevas críticas por el uso excesivo de la fuerza, lo que podría avivar aún más las tensiones.

Crisis penitenciaria

Fugas masivas de presos

En medio de los disturbios, varias cárceles fueron escenario de desórdenes que facilitaron la huida de reclusos. Las fugas han incrementado la preocupación por la seguridad pública, ya que algunos de los prófugos enfrentaban cargos graves.

Medidas de emergencia

Las autoridades penitenciarias trabajan en conjunto con la policía para recapturar a los fugados. El Ministerio del Interior ha declarado estado de alerta en todas las instalaciones carcelarias, mientras se investigan las fallas que permitieron las evasiones.

Repercusiones nacionales e internacionales

Impacto político

La violencia y las fugas carcelarias representan un golpe severo para el gobierno. La oposición ha responsabilizado a las autoridades por su incapacidad de gestionar la crisis, exigiendo cambios inmediatos en la conducción del país.

Reacciones internacionales

Diversos organismos internacionales y países aliados han expresado preocupación por la situación en Nepal. La comunidad internacional ha hecho un llamado al diálogo y a la protección de los derechos humanos, instando a una salida pacífica al conflicto.

El panorama en Nepal sigue siendo incierto. La combinación de protestas violentas, pérdida de vidas y la fuga de prisioneros plantea un escenario crítico que amenaza con desestabilizar aún más al país. El gobierno enfrenta el reto de recuperar el control sin agravar la confrontación social y política.

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El gobernador de Antioquia, Andrés Julián, manifestó su fuerte oposición a las negociaciones entre el Gobierno Nacional y el Clan del Golfo. Según el mandatario, estas conversaciones representan una «cachetada» a los antioqueños y una burla a la Fuerza Pública que ha luchado por mantener el orden en la región. Esta declaración surge tras el anuncio del Gobierno de iniciar diálogos con representantes de esta organización criminal.

La violencia en Antioquia: una situación crítica

El gobernador Andrés Julián destacó que la situación de violencia en las subregiones del Nordeste, Bajo Cauca y Oriente de Antioquia ha empeorado notablemente debido a la presencia del Clan del Golfo. «La violencia en el Nordeste, Bajo Cauca y en el Oriente del Departamento arrecia por la presencia de este grupo criminal que posa de contrainsurgente,» afirmó el mandatario. Este grupo, lejos de buscar fines políticos, compite por las rentas criminales derivadas del tráfico de estupefacientes y la minería ilegal.

Expansión del Clan del Golfo

La influencia del Clan del Golfo en Antioquia es alarmante. Según la Gobernación, esta organización opera en 80 municipios del departamento, abarcando ocho de sus nueve subregiones. Su control es particularmente fuerte en el Bajo Cauca, Nordeste, Occidente y Urabá, donde se estima que tienen un dominio casi total. En los últimos meses, se ha observado una preocupante expansión hacia el Norte y Oriente de la región, lo que ha intensificado aún más los problemas de seguridad.

Gobernador Andrés Julián: La paz no se negocia con criminales

En su declaración, Andrés Julián dejó claro que el diálogo con el Clan del Golfo es inaceptable, ya que este grupo no tiene interés en la paz, sino en asegurar su control sobre las actividades ilícitas en el departamento. «Es una burla a nuestra Fuerza Pública y a los ciudadanos que han sufrido la violencia de estos criminales,» afirmó. Para el gobernador, la paz debe construirse sobre la base de la seguridad, la justicia y las oportunidades sociales, no mediante acuerdos con organizaciones que han sembrado el terror en la región.

Alternativas a la negociación

El gobernador insistió en que la solución a la violencia en Antioquia no pasa por la negociación con grupos criminales. En lugar de ello, propuso fortalecer la presencia de la Fuerza Pública en las zonas más afectadas y aumentar las inversiones en programas sociales que ofrezcan alternativas a la población vulnerable. Además, Andrés Julián subrayó la importancia de fortalecer la justicia para que los responsables de actos criminales enfrenten las consecuencias de sus acciones.

Impacto en la población antioqueña

La decisión del Gobierno de negociar con el Clan del Golfo ha generado una profunda inquietud entre los antioqueños. Muchos ven en estas conversaciones una señal de debilidad y temen que ello pueda dar lugar a un incremento en la violencia y en la impunidad. La confianza en las instituciones se ve erosionada cuando se percibe que se están haciendo concesiones a quienes han causado tanto sufrimiento en la región.

El camino hacia una paz duradera

Para lograr una paz duradera en Antioquia, Andrés Julián insistió en que es necesario un enfoque integral que combine la acción efectiva contra las organizaciones criminales con el desarrollo social y económico de las regiones más afectadas. «Nuestra visión es diferente: la paz es seguridad, la paz es justicia, la paz son oportunidades sociales,» concluyó el gobernador, reiterando su compromiso de luchar por un futuro en el que los antioqueños puedan vivir sin temor.

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Ya fue aceptada en un programa de docentes amenazados que lidera la Secretaría Departamental de Educación y en la actualidad despacha desde su casa mientras es reubicada en otro plantel.

La información sobre estas amenazas es muy fragmentaria, la única pista que tienen las autoridades, es que se trataría de represalias por acciones de protección a sus estudiantes que la directiva educativa adelantaba conjuntamente con la Comisaria de Familia de Carepa, como ella mismo lo reconoce en misiva enviada a sus docentes.

“Les informo que continuaré trabajando desde casa hasta tanto me reubiquen en otra institución educativa. Como ya les mencioné en un correo anterior, la Secretaría de Educación de Antioquia determinó que debía trabajar de forma virtual por razones de seguridad.

Esta situación desembocó en que me acogiera al Comité de Docentes Amenazados, pues recibí un mensaje de intimidación para dejar la zona, al parecer debido a los procesos de activación de rutas de restablecimiento de derechos a menores que he llevado a cabo con la Comisaría de Familia de Carepa” dice la docente en comunicación con los profesores de su plantel.

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El tractor entregado a la Asociación de Administradores y empleados de fincas bananeras, Asafibu, cuenta con arado de disco, vertedera, corta maleza con una inversión cercana a los 280 millones de pesos, como medida del Plan de Reparación Colectiva dijo la institución.

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