Las comisiones de seguimiento a la implementación de la Ley de Víctimas y a los Decretos Ley Étnicos presentaron sus informes al Congreso de la República en los que alertaron sobre una baja ejecución de recursos y retraso en el cumplimiento de los compromisos con la población víctima del conflicto armado.

La Comisión Seguimiento a los Decretos Ley Étnicos 4633, 4634 y 4635 de 2011, integrada por entes de control y comisionados étnicos, señaló en su décimo tercer informe que los pueblos indígenas, negros, afrocolombianos, raizales, palenqueros y Rrom o gitano en Colombia han sido afectados de manera aguda y diferencial por las dinámicas del conflicto armado, sufriendo pérdidas de vidas, desarraigo y el deterioro de sus culturas. A pesar de contar con un marco normativo sólido, su atención ha sido insuficiente, se han destinado más de $13 billones a la política de víctimas étnicas entre 2016 y 2025, pero la falta de ejecución de los recursos, como lo demuestran los $1,5 billones que no se usaron en 2024, evidencia fallas en la gestión y retrasa el cumplimiento de los compromisos con estas comunidades.

Esto se refleja en sistemas de información deficientes que no capturan adecuadamente las realidades de cada pueblo, dificultando la planificación, ejecución y el seguimiento de las políticas públicas con enfoque diferencial étnico.

Pobre resultado

Asimismo, la participación de las comunidades se ve limitada por la falta de conectividad, transporte y mecanismos de diálogo intercultural efectivo en una gestión de resultados. La reparación colectiva no ha logrado un gran alcance, solo finalizaron tres de 826 planes activos en 13 años. Además, la cifra de acciones por implementar asciende a 13.428, lo que equivale al 78,44 % del total. Esto contradice los principios de oportunidad y enfoque transformador que orientan la reparación.

La atención humanitaria, los retornos y las reubicaciones también muestran un panorama preocupante, con 240 planes existentes aprobados hace más de una década que no se han materializado, dejando en estado de vulnerabilidad, entre otros casos identificados, por ejemplo, a comunidades del pueblo indígena Emberá en desplazamiento prolongado en Bogotá. El atraso en la restitución de tierras y la limitada cobertura de vivienda con pertinencia cultural son otros desafíos importantes.

Seguimiento

Seguimiento y monitoreo a la Ley de Víctimas, 1448 de 2011 En cuanto al décimo segundo informe de seguimiento y monitoreo a la Ley de Víctimas, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y los representantes de la Mesa Nacional de Víctimas resaltaron en su informe que entre las vigencias 2025 y 2031 se necesitarían alrededor de $407 billones constantes de 2025 para la implementación de la norma. Señalaron que en materia presupuestal y en inversión dirigida específicamente a víctimas, en 2024 se evidenció un rezago importante pues del presupuesto asignado, $6,5 billones, un total de $1,06 billones no fueron comprometidos, y de los comprometidos, cerca de $1,8 billones no se pagaron.

Entre las recomendaciones presentadas al Gobierno Nacional por esa situación, indicaron que se debe determinar el número de víctimas pendientes por atender en cada medida, ajustar el documento CONPES y el costeo realizado conforme a lo establecido en la Ley 2421 de 2024 (que modificó la Ley 1448 de 2011) y evalúe nuevas fuentes de financiamiento para cerrar brechas.

Restitución de tierras

La Comisión identificó una baja gestión de la Unidad de Restitución de Tierras en la decisión de solicitudes de inclusión en el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados -RUPTA-, con solo un 36 % de cumplimiento de la meta planteada para 2024, donde se observó un descenso en las decisiones de fondo, pasando de 13.501 solicitudes en 2017 a 5.999 en 2024.

En materia de vivienda, solo el 10,7 % de los hogares víctimas de desplazamiento habita un lugar digno, y persisten más de 12.900 subsidios urbanos y 12.700 rurales sin entregar. En cuanto a generación de ingresos y empleo es necesario contar con una ruta específica para la población víctima, con el diseño de programas integrales y sostenibles.

Reparación colectiva

La Comisión señaló que el presupuesto para indemnizaciones aumentó significativamente a partir de 2022, siendo 2024 el año con mayor asignación, con un 86 % por encima de lo registrado en el 2023. Sin embargo, el número de personas indemnizadas desde la entrada en vigencia, que asciende a 1.368.269, representa solo el 19 % de las 9.226.775 personas susceptibles de recibir la medida.

Respecto a las medidas de satisfacción, la Comisión recomendó reconocer y dignificar la Fuerza Pública como víctima del conflicto, para así garantizar la reparación integral. En el modelo de intervención territorial integral, se evidenció una reducción alarmante en el número de programas para víctimas a nivel territorial, que pasaron de 22.707 en 2023 a 17.715 en 2024. En 2024 se asignaron $3,5 billones menos respecto a 2023, y la consecuencia directa es la desatención de sectores clave como generación de ingresos, vivienda, educación y medidas de protección.

Víctimas en el exterior

Finalmente, frente a la asistencia, atención y reparación a las víctimas en el exterior, de los 130 consulados de Colombia, solo 54 toman declaraciones de víctimas. Se han realizado 15.224 giros de indemnización administrativa a 14.733 víctimas en el exterior. Sin embargo, solo el 10.18 % de las víctimas registradas en el Registro Único de Víctimas -RUV- han logrado retornar o reubicarse, lo que refleja una baja efectividad en los procesos de retorno. En cumplimiento de su mandato constitucional y legal, las Comisiones de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Victimas y a los Decretos Ley Étnicos, vigilarán las medidas adoptadas por parte de las entidades con responsabilidad en la implementación de la política pública, especialmente para los territorios con mayor impacto del conflicto armado, con el fin de velar su implementación y propender por el goce efectivo de la población víctima del conflicto armado. (Fotos/Oficina Nacional de Víctimas)

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“Mi propia experiencia me permite hablarles desde un lugar cercano, que comprende el dolor, la pérdida y también la fuerza que emerge del desarraigo”, expresó la Canciller (e) Villavicencio, destacando el enfoque humano y empático de la política exterior en el Gobierno del Cambio.

Durante el foro, la Cancillería presentó los avances del gobierno nacional en la atención y reparación de víctimas en el exterior. En lo corrido del último año, se fortalecieron 15 consulados en países clave y se desarrollaron más de 60 actividades orientadas a la reparación simbólica y las garantías de no repetición. Estas acciones se han llevado a cabo en Ecuador, Chile y próximamente se ampliarán a Venezuela, Canadá, Panamá y España.

“Las víctimas son el centro de nuestra política exterior. Seguiremos escuchando, acompañando y construyendo respuestas reales para quienes siguen resistiendo desde fuera de Colombia. Este camino hacia la paz se recorre también desde la diáspora”, afirmó Villavicencio.

El X Foro Internacional de Víctimas también fue una oportunidad para fortalecer alianzas territoriales. En el marco del evento, la Canciller (e) se reunió con el alcalde de Riohacha, Genaro Redondo Choles, para dialogar sobre los compromisos conjuntos derivados del Foro Mundial de Migración y Desarrollo. En este encuentro se abordaron iniciativas de trabajo articulado para mejorar las condiciones de los migrantes y víctimas en el contexto transfronterizo.

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Comunicado de prensa

“Estimados compañeros, medios de comunicación y comunidad en general. El Comité de Impulso para la Reparación Colectiva a Periodistas y la Corporación Periodistas Víctimas del Conflicto Armado en Colombia PEVIPAZ, informan a la opinión pública:

Con profunda preocupación, queremos poner en conocimiento de la ciudadanía nacional e internacional el grave incumplimiento en la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC) dirigido al gremio de periodistas víctimas del conflicto armado en Colombia, por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

1. El documento firmado en la ciudad de Santa Marta el 08 de julio de 2022, que representa un compromiso solemne con un sector profundamente afectado por la violencia, presenta retrasos alarmantes en su implementación. Hacemos un llamado a la conciencia nacional, pues se trata de periodistas que han sido secuestrados, víctimas de atentados, amenazas, desplazamientos y asesinatos. Algunos ya han partido a la eternidad esperando el cumplimiento de esta reparación, lo cual constituye una revictimización institucional por parte del Gobierno Nacional.

2. Este proceso, iniciado desde el año 2012 simboliza un hecho sin precedentes en el mundo: el reconocimiento colectivo de un gremio vulnerado por el conflicto armado. Trece años después, aún no se cumple con lo pactado.

Los compromisos adquiridos por la Unidad para las Víctimas han sido postergados en repetidas ocasiones, afectando gravemente las acciones acordadas por ambas partes.

3. Frente a esta situación, el grupo de periodistas víctimas exige de manera pública una reunión directa con el Presidente de la República, con el fin de exponer de primera mano las peticiones, necesidades y proyecciones que este sector ha construido en búsqueda de una reparación real y transformadora.

4. Es importante recordar que este proceso de reparación colectiva a periodistas es único en el mundo. No existe antecedente de un proceso similar en ningún otro país, lo cual le confiere un alto valor histórico, humanístico, político y social, tanto a nivel nacional como internacional.

En este sentido, hacemos un llamado urgente a los organismos de acompañamiento y control, entre ellos:

 • Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA)

• Naciones Unidas y su Sistema de Derechos Humanos

• Federación Internacional de Periodistas (FIP)

• Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

• Procuraduría General de la Nación

• Defensoría del Pueblo

• Contraloría General de la Nación.

Solicitamos su intervención y acompañamiento activo para garantizar que el Estado colombiano cumpla con los compromisos asumidos y no perpetúe la revictimización institucional de quienes han dedicado su vida a informar, denunciar y construir memoria desde los territorios ejerciendo el periodismo con responsabilidad y ahínco.

Reiteramos que el cumplimiento del PIRC no es un favor, sino una obligación ética y legal del Estado con quienes, ejerciendo su labor informativa, han sufrido los rigores más crudos de la guerra.

Comité Nacional de Impulso a la Reparación Colectiva a Periodistas, Corporación PEVIPAZ – Periodistas Víctimas del Conflicto Armado en Colombia.

Rodrigo Callejas presidente PEVIPAZ

Dagoberto Muñoz Erazo

Coordinador Comité Nacional de Impulso a la Reparación Colectiva a Periodistas

Créditos foto principal: Unidad para las víctimas. Firma del PIRC en Santa Marta, el 8 de julio de 2022

Medellín 27 de junio de 2025

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Durante el evento, la Defensora Iris Marín Ortiz cuestionó el hecho de que las estructuras armadas al margen de la ley no muestren gestos que apunten a silenciar las armas en Colombia: “Los grupos armados, fragmentados, llevados por intereses económicos, son responsables de que la paz no se consolide en nuestro país. Es hora de hacer un llamado enfático para que se comprometan”.

La Defensoría del Pueblo instó, también, a las instituciones competentes a implementar mecanismos que permitan asegurar los recursos necesarios para la ejecución de la Ley de Víctimas.

“A las víctimas quiero decirles que hoy estamos aquí para reconocer su dolor y su sufrimiento. Su valentía es una luz que ilumina el camino hacia un futuro donde la violencia no tenga cabida, donde la paz sea el territorio común de todas las personas que habitamos Colombia. A ustedes les debemos no solamente nuestra solidaridad como sociedad, sino nuestra responsabilidad como Estado, nuestro compromiso de seguir luchando por la justicia integral”, expresó la Defensora del Pueblo.

La coordinadora de la Mesa Nacional de Víctimas, Eucaris Salas, alzó su voz en nombre de los cerca de 10 millones de personas que han vivido el dolor de la guerra, desplazamientos, desapariciones, violencia sexual, pérdida del territorio y ruptura del tejido social en el país: “Este día no es solo de conmemoración, es también un día para reiterar el llamado urgente a garantizar los derechos de las víctimas, no como una dádiva, sino como una obligación del Estado, amparado en la Ley 1448 del 2011 y la Ley 2421 del 2024, la Constitución Política y el Derecho Internacional Humanitario”.

Para la Defensora Iris Marín, es urgente, además, “diseñar estrategias que amplíen la atención a víctimas con discapacidad, e instó a reforzar el enfoque de género y el reconocimiento de las diversidades étnicas para que las medidas de reparación, atención, asistencia tengan en cuenta las necesidades diferenciales de las víctimas, respeten sus usos y costumbres, la consulta previa, las autonomías y las autoridades territoriales”.

La Defensora del Pueblo finalizó diciendo: “A las víctimas, a las mujeres buscadoras, a los firmantes de paz, a las comunidades desplazadas y a todas aquellas personas que siguen luchando por la justicia y la memoria: ustedes no están solas ni solos. La Defensoría del Pueblo continuará siendo su aliada en la defensa de sus derechos, en la garantía de su reparación y en el compromiso de construir un futuro sin violencia”.

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Esto, atendiendo la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que el 27 de julio de 2022 emitió decisión positiva en el caso Integrantes de la Unión Patriótica VS.  Colombia. En el documento, la Corte IDH declaró la responsabilidad del Estado colombiano por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de 6.000 víctimas integrantes y militantes del partido político desde 1984 y por casi 20 años.

Fue justamente la Comisión para la Identificación de las Víctimas de la Unión Patriótica la instancia que convocó el espacio, como encargada del proceso de revisión de quiénes deben ser reparados. Mientras, la Unidad para las Víctimas, como entidad ejecutora de los recursos, acompañó el encuentro de los militantes y sus familiares.

Las y los asistentes vieron este escenario como una oportunidad de resarcir el dolor causado y la reivindicación de sus luchas. “Todo esto es también como hacerle un homenaje a estas víctimas que entregaron sus vidas por defender unas ideas, un partido político, un pueblo, por esas razones fueron asesinados. Traigo puesta hoy la camiseta y traje mi bandera porque es en honor a ellos y por ellos que estamos reunidos hoy y seguiremos en defensa del partido donde quiera que esté y resarcir el buen nombre de nuestros compañeros”, dijo Esneda López, integrante de la UP.

Más de 6.900 víctimas fueron reconocidas en los tres anexos de la sentencia de la Corte IDH. No obstante, la Comisión para la Identificación de las Víctimas de la Unión Patriótica calcula que son más de 21.000 víctimas y familiares a las que deben revisar su identidad y relación con el movimiento político. Hasta ahora, la Unidad para las Víctimas ha entregado la medida indemnizatoria a 72 personas y otras 75 ya cuentan con resolución para recibir el pago. Existen 34 casos que se encuentran en análisis preliminares y otro porcentaje en radicación y remisión dentro de los aspectos de la ruta que se articulan con la Comisión.

Según las y los asistentes al espacio, la militancia de la UP en el Urabá se dispersó por cuenta de las hostilidades vividas en la época del exterminio. Ahora, con el fallo, ven “la posibilidad de fortificar su legado”. “He hecho el ejercicio de buscar en todo el territorio y hablar de que la Unión Patriótica está vigente, que estamos vivos, que estamos reclamando ante la Corte IDH y he encontrado familias con muchos miedos, pero ya se están allegando la documentación y soltando los miedos”, concluyó López.

El procedimiento de constatación consta de los siguientes pasos:

Presentación de la solicitud que puede ser a través de la página web de la Comisión httpswww.comisionidentificacionup.conoticia-1, por correo electrónico o de manera física en la sede de la Comisión.

El aporte de los documentos las víctimas deben aportar sus documentos que establezcan la identidad y aquellos que demuestren la relación de parentesco con las victimas incluidas en los anexos I, II o III de la Sentencia. No se deben aportar pruebas del hecho violatorio.

Estándar de prueba flexible serán valorados de manera flexible los documentos aportados, sin que se requiera su autenticación o la formalidad de estos.

La Comisión puede decretar pruebas para:

Completar la documentación que hace parte del proceso y así realizar la constatación de identidad yo parentesco.

Verificar la autenticidad de la documentación aportada.

Subsanar la información suministrada por la víctima, entre otros.

Las solicitudes de constatación de los anexos II y III se trasladan al Estado el Estado tiene un plazo de 60 días para presentar prueba fehaciente con el fin de excluir víctimas de los anexos II y III.

Pago de la reparación económica Conforme la Comisión efectúe las constataciones de identidad Y/O parentesco comunicará al Estado, a la Unidad para las Víctimas, y a las víctimas Y/O beneficiarios. La Unidad deberá hacer efectivas las reparaciones económicas a favor de los solicitantes conforme a los parámetros ordenados por la sentencia de la Corte IDH.

(Fuente- Unidad para las Víctimas de Urabá)

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Estas indemnizaciones son parte de las compensaciones ordenadas por el Estado colombiano para reparar los daños sufridos durante el conflicto.

En Riosucio se entregan 432 indemnizaciones judiciales, mientras que, en Turbo se entregarán 235. Estas indemnizaciones están incluidas en las sentencias de Justicia y Paz contra Fredy Rendón Herrera del Bloque ‘Elmer Cárdenas’ y Rodrigo Alberto Zapata del Bloque Suroeste de las AUC.

Durante este periodo de Gobierno se han entregado $14.555 millones en 820 indemnizaciones judiciales en los dos municipios de la subregión de Urabá.

La primera entrega se realizó en Riosucio, donde se indemnizaron 432 víctimas con una inversión de $7.173 millones del Presupuesto General de la Nación. Este evento representa una de las indemnizaciones judiciales más grandes realizadas en el municipio.?

Demetria Salas, una de las víctimas indemnizadas, dijo: ‘Las víctimas tenemos que seguir siendo resilientes para salir de cualquier adversidad. Tenemos muchas dificultades, pero los sueños no terminan aquí y no podemos dejar que la violencia arruine nuestros propósitos de vida’.

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En un esfuerzo por alcanzar la verdad y la reconciliación, las Organizaciones Sociales Defensoras de los Derechos Humanos de Antioquia han dirigido una petición clara a Salvatore Mancuso. La llegada del exjefe paramilitar a Colombia ha avivado las expectativas de las víctimas, quienes anhelan respuestas sobre los hechos violentos que han marcado la subregión del Urabá a lo largo de las décadas pasadas.

1. Compromiso con la Verdad: La Expectativa de las Víctimas

Las Organizaciones Sociales Defensoras de los Derechos Humanos de Antioquia han solicitado a Salvatore Mancuso su compromiso en revelar la verdad detrás de los eventos violentos en el Urabá. La región ha sido testigo de masacres y crímenes que han dejado cicatrices profundas en la comunidad. La expectativa es que, como compareciente ante la Jurisdicción Especial de Paz, Mancuso contribuirá de manera significativa al esclarecimiento de estos hechos.

2. La Oportunidad de la Verdad y la Justicia

La llegada de Salvatore Mancuso a Colombia representa una oportunidad crucial para las víctimas en Antioquia. Menderson Mosquera, Integrante de la Mesa Departamental de Víctimas de Antioquia, destaca la importancia de obtener respuestas a las interrogantes que han perseguido a la comunidad durante demasiado tiempo. «La llegada de Mancuso a Colombia nos permitirá esclarecer los hechos que tanto hemos buscado entender y encontrar a los responsables de las violaciones e infracciones a los derechos humanos», expresó Mosquera.

3. Revelando Alianzas y Connivencias: En Busca de la Verdad

Además de buscar detalles sobre las masacres y crímenes, las víctimas y las organizaciones sociales de Antioquia esperan que Mancuso revele las alianzas y la connivencia entre empresarios, fuerza pública y otros actores armados en la subregión de Urabá. Nora Saldarriaga, directora de la Fundación Forjando Futuro, subraya la importancia de esta revelación: «Reiteramos la importancia de que nombre las alianzas y la connivencia de empresarios, fuerza pública y demás actores armados en los territorios a nivel nacional y especialmente en el Urabá en la confesión de hechos».

En este contexto, es imperativo que Mancuso detalle cómo estas alianzas contribuyeron a la comisión de crímenes y violaciones a los derechos humanos. La verdad, en este sentido, se convierte en una herramienta esencial para la construcción de un futuro más justo y equitativo en Antioquia.

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El tractor entregado a la Asociación de Administradores y empleados de fincas bananeras, Asafibu, cuenta con arado de disco, vertedera, corta maleza con una inversión cercana a los 280 millones de pesos, como medida del Plan de Reparación Colectiva dijo la institución.

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