Al conmemorarse nueve años de la firma del Acuerdo de Paz, Colombia revisa el estado de su implementación. El balance destaca progresos significativos en garantías para las víctimas y el cumplimiento a más de 11.000 firmantes, marcando una ruta hacia la consolidación de la paz estable y duradera. Bajo la administración actual, se han fortalecido los mecanismos de protección y la reforma rural, aunque persisten desafíos en la articulación de políticas para la reubicación y el desarrollo territorial.

Fortalecimiento de la seguridad y protección integral

El «Gobierno del Cambio» ha priorizado la seguridad jurídica y física de los excombatientes. Se destaca la expedición del Decreto 0638 de 2025, que reglamenta el Programa de Protección Integral (PPI), una herramienta clave para salvaguardar la vida de los integrantes del partido político surgido del tránsito a la legalidad.

Garantías para la reincorporación política y social

En departamentos críticos como Valle, Cauca y Norte de Santander, se han activado instancias del Sistema Integral para el Ejercicio de la Política (SISEP). Estas medidas buscan saldar deudas históricas del Acuerdo, asegurando la participación democrática de los firmantes y sus familias, mitigando los riesgos asociados a su reincorporación a la vida civil.

Transformación del campo y reforma rural

La tierra sigue siendo el eje central de la paz. El Estado ha adquirido más de 640.000 hectáreas para el Fondo de Tierras y ha formalizado más de 1,7 millones de hectáreas, brindando seguridad jurídica al campesinado. Además, nuevas normativas permiten ahora la creación de Zonas de Reserva Campesina en áreas forestales, impulsando el desarrollo sostenible.

Nuevas estrategias en sustitución de cultivos

El Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS) se ha renovado mediante la Resolución 021 de 2024. Esta nueva fase incluye la renegociación de proyectos productivos y la inclusión de líneas no agropecuarias, buscando mayor efectividad. Paralelamente, la Política de Drogas 2023–2033 establece la meta de reducir 90.000 hectáreas de coca para 2026, enfocándose en la protección ambiental.

Avances humanitarios y búsqueda de desaparecidos

La labor humanitaria continúa arrojando resultados tangibles. La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) ha recuperado 1.239 cuerpos y localizado a 141 personas con vida, un hito en la reparación integral. Sin embargo, la entidad requiere un aumento en sus recursos para extender su alcance en las regiones más afectadas.

Articulación de la política de víctimas

La Ley 2421 de 2024 ha permitido integrar mejor la política de víctimas con la Reforma Rural Integral. A pesar de estos esfuerzos legislativos, se evidencia la necesidad de mejorar la coincidencia entre las iniciativas de retorno y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) para garantizar una reparación efectiva y sostenible en el tiempo.

La implementación del Acuerdo de Paz en su noveno aniversario refleja un compromiso estatal renovado, especialmente en la protección de la vida y la reforma agraria. Si bien los avances en la formalización de tierras y la justicia transicional son notables, el éxito a largo plazo dependerá de la capacidad institucional para cerrar las brechas de seguridad en los territorios y garantizar la sostenibilidad de los proyectos productivos para las comunidades afectadas por el conflicto.

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Este acto se realiza en el marco del caso ‘Integrantes y militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia’, en el que se declaró al Estado colombiano responsable por el exterminio de más de 6.900 simpatizantes de este movimiento político.

Este evento tiene una profunda relevancia histórica, pues simboliza el firme compromiso del país por garantizar que hechos, como los ocurridos contra la Unión Patriótica, no se repitan, reafirmando que la violencia y persecución política no tienen cabida en una sociedad democrática.

Se espera la asistencia de cerca de 1.500 víctimas, familiares y sobrevivientes de la Unión Patriótica provenientes de diversas regiones del país. Además, la Orquesta Sinfónica y el Coro Nacional de Colombia acompañarán el acto simbólico en cabeza de las víctimas, y la presencia de altos dignatarios, funcionarios del Estado y congresistas de la República.

Este acto de perdón ha sido liderado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, entidad a cargo de garantizar el cumplimiento efectivo y oportuno de las disposiciones internacionales en favor de las víctimas, y representa un hito en la historia del país y en el proceso de memoria, justicia y reconciliación en Colombia.

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Después de más de dos décadas de sufrimiento, las familias de las víctimas de la masacre en el corregimiento de El Aro, Antioquia, finalmente han recibido una reparación integral por parte del Estado colombiano. Esta reparación es el resultado de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obliga al gobierno a reconocer su responsabilidad en los hechos ocurridos en 1997, cuando 15 personas fueron asesinadas, y cientos de habitantes desplazados.

Un encuentro de sanación después de 27 años de dolor

En un evento que marcó un importante hito para la comunidad de El Aro, los familiares de las víctimas participaron en dos días de actos conmemorativos y procesos de sanación. Todo comenzó con una eucaristía en la iglesia del caserío, un lugar que, a pesar de su deterioro, fue el epicentro de un emotivo reencuentro. Los familiares, acompañados por flores y velas encendidas, estuvieron rodeados por los habitantes de la comunidad, quienes se unieron en un acto de solidaridad.

Reconocimiento del Estado colombiano por la masacre

Uno de los momentos más significativos fue la develación de placas conmemorativas en la fachada de la iglesia, donde el Estado colombiano reconoció su responsabilidad en la matanza. Las placas, grabadas con letras doradas, dejaron en claro que la masacre fue perpetrada por un grupo de autodefensas entre el 22 y 30 de octubre de 1997, con el «apoyo de agentes estatales» y responsabilidad por «acción y omisión» de la fuerza pública. Este reconocimiento oficial es un paso crucial en la reparación histórica de los hechos violentos que sacudieron a esta comunidad rural.

Medidas de reparación y garantías de no repetición

Además de los actos simbólicos, se llevaron a cabo ejercicios psicosociales a cargo de la Unidad para las Víctimas, dentro de su estrategia de Diálogos Transformadores. Estas actividades buscan reconstruir el tejido social y comunitario, profundamente afectado por la violencia de aquellos años. Los habitantes participaron activamente en estos espacios, que también representan una medida de satisfacción y una garantía de no repetición, componentes esenciales en cualquier proceso de reparación integral.

Las secuelas de la violencia en El Aro

La masacre de El Aro no solo dejó víctimas fatales, sino también atrocidades adicionales como la violencia sexual contra mujeres, el incendio de 42 viviendas y el saqueo de bienes, incluyendo el robo de ganado, lo que llevó al desplazamiento forzado de cerca de mil habitantes. Estas secuelas devastaron a una comunidad que durante años ha luchado por sobrevivir en medio de un país marcado por el conflicto armado.

El compromiso con la memoria y la justicia

El evento conmemorativo también fue una reafirmación del compromiso del Estado colombiano con la justicia y la memoria. La instalación de las placas y la realización de los diálogos comunitarios reflejan un esfuerzo por no solo reconocer el sufrimiento pasado, sino también prevenir que tragedias similares ocurran nuevamente. Los habitantes de El Aro han esperado por años este tipo de reparación, y aunque el dolor sigue presente, los gestos oficiales ayudan a reconstruir la confianza entre las víctimas y el Estado.

El Estado asume la responsabilidad no solo por lo ocurrido en 1997, sino también por las acciones que debe emprender en adelante para garantizar que este tipo de crímenes no se repitan. La memoria y el reconocimiento son esenciales para una reparación verdadera, y aunque el camino hacia la justicia es largo, eventos como el de El Aro representan un avance significativo en esta dirección.

Un futuro para la comunidad de El Aro

Con la reparación en marcha, el desafío para las familias y la comunidad de El Aro ahora es reconstruir sus vidas y su comunidad. El proceso de sanación apenas comienza, pero la garantía de no repetición y las medidas simbólicas ofrecidas por el Estado son un primer paso importante. Las víctimas y sus familias, quienes han cargado con el peso del dolor durante 27 años, pueden comenzar a encontrar algo de consuelo en este reconocimiento oficial y en la promesa de un futuro más seguro.

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