La entidad informó que el proyecto contó con una inversión superior a los $58.100 millones y permitirá fortalecer la capacidad de respuesta del Estado frente a emergencias y desastres naturales en distintas regiones del país.

El buque fue trasladado desde Curazao hasta Cartagena en una travesía marítima de tres días, remolcado por una embarcación especializada para garantizar su llegada en condiciones óptimas. En Curazao se adelantaron los procesos de adecuación técnica, alistamiento operativo y preparación final.

“Colombia necesita capacidades reales y permanentes para responder de manera oportuna ante emergencias y desastres, especialmente en territorios insulares y de difícil acceso. Este buque fortalece la capacidad del Estado para llevar asistencia humanitaria, agua, maquinaria y personal especializado donde más se necesita”, afirmó el director de la UNGRD, Carlos Carrillo.

La embarcación tendrá capacidad para transportar hasta 590 toneladas de carga, incluidos víveres, agua, combustible, vehículos y maquinaria amarilla. Además, contará con autonomía de hasta 45 días y capacidad de navegación de 2.500 millas náuticas sin necesidad de reabastecimiento frecuente.

La UNGRD explicó que el proyecto se desarrolla en articulación con la Armada Nacional para reducir los tiempos de respuesta ante emergencias en territorios como San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como para apoyar operaciones humanitarias en países vecinos.

La entidad también destacó que el ARC Guajira marcará un hecho histórico para la Armada Nacional, al convertirse en el primer buque cuya tripulación inicial estará integrada completamente por oficiales mujeres.

Según la UNGRD, la incorporación de esta embarcación representa un fortalecimiento de las capacidades humanitarias y logísticas del país para atender emergencias, proteger comunidades vulnerables y responder ante fenómenos extremos.

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El Gobierno del presidente Petro encendió nuevamente las alertas preventivas en todo el país ante el complejo escenario climático que enfrenta Colombia y que podría agravarse con la llegada del fenómeno de El Niño fuerte o muy fuerte desde junio, según las proyecciones técnicas y científicas presentadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

La estrategia busca anticiparse a posibles emergencias y proteger a las comunidades más vulnerables frente al estrés hídrico, las altas temperaturas y la disminución de lluvias.

Durante un espacio de articulación liderado por la ministra (e) de Ambiente, Irene Vélez Torres, el Gobierno nacional reunió a entidades del orden nacional, gobernaciones, alcaldías y corporaciones autónomas regionales para coordinar acciones urgentes de prevención y respuesta frente a los impactos que podrían presentarse en los territorios.

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente, el país enfrenta actualmente la acumulación de varios fenómenos anómalos de variabilidad climática, entre ellos meses con lluvias por debajo de lo normal, temperaturas históricas en varias regiones, especialmente en el Caribe, y una probabilidad del 82 % de consolidación de un fenómeno de El Niño desde el próximo mes.

“Estamos viviendo un escenario climático con suficientes elementos anómalos que nos permiten confirmar que la situación podría ser más grave que la registrada durante el fenómeno de El Niño de 2023-2024. Por eso, las medidas que se tomen desde el Gobierno nacional, pero también desde municipios, gobernaciones y corporaciones autónomas, deben ser más oportunas, urgentes y articuladas”, señaló la ministra (e) Irene Vélez Torres.

Como parte de las medidas adoptadas por el Gobierno, el ministerio de Ambiente pidió fortalecer el monitoreo permanente de las alertas emitidas por el Ideam y la UNGRD, además de destinar recursos técnicos y económicos para prevenir y atender posibles emergencias derivadas de este escenario climático.

“Tenemos tres procesos anómalos de variabilidad climática ocurriendo al mismo tiempo: meses con lluvias por debajo de lo normal que han generado estrés hídrico, temperaturas históricas y un posible fenómeno de El Niño con alta probabilidad de consolidarse desde junio. Por eso, los alcaldes y gobernadores tienen la responsabilidad, y también la obligación legal, de destinar recursos y equipos técnicos para atender los posibles impactos que puedan presentarse en sus territorios”, concluyó la ministra (e).

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El documento está dirigido a gobernadores, alcaldes, autoridades ambientales, organismos de control y demás actores del sistema de gestión del riesgo, con recomendaciones para anticiparse a los posibles impactos, especialmente frente a desabastecimiento de agua e incendios forestales.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha señalado que la actual temporada de lluvias podría ser más débil de lo habitual.

Además, las estimaciones indican una probabilidad del 61 % de que el fenómeno se desarrolle entre mayo y julio, con un aumento progresivo que podría superar el 90 % hacia finales de año.

Frente a ese escenario, el plan se organiza en tres frentes: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres.

En la práctica, esto implica identificar zonas vulnerables, promover el uso eficiente del agua, mantener en buen estado los sistemas de acueducto, fortalecer herramientas como los seguros agropecuarios y preparar la capacidad de respuesta institucional, especialmente ante incendios forestales.

La entidad recordó que la declaratoria oficial del fenómeno corresponde exclusivamente al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, que es el encargado de monitorear las condiciones climáticas.

También advirtió que, aunque se configure El Niño, las lluvias no desaparecen por completo. En medio de periodos secos pueden presentarse eventos como crecientes súbitas o avenidas torrenciales.

La preparación, tanto de las instituciones como de las comunidades, será clave para enfrentar los efectos que pueda traer la evolución del clima en los próximos meses.

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La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reportó avances con la ampliación del Canal de La Esperanza, una intervención que busca disminuir la presión sobre el boquete de Caregato, uno de los principales puntos de desbordamiento del río.

Según la entidad, la obra alcanzó el 100% de la meta prevista, con la excavación de más de 309.000 metros cúbicos de material, lo que permitió aumentar de forma significativa la capacidad del canal para conducir agua.

“Esto no es un anuncio, es un resultado. Lo prometimos y hoy es una realidad. La Mojana cuenta con una intervención que está reduciendo el riesgo para miles de familias. Ahora le corresponde al Fondo Adaptación avanzar en la solución estructural definitiva”, afirmó el director de la UNGRD, Carlos Carrillo Arenas.

De acuerdo con las cifras oficiales, en condiciones de crecientes del río Cauca de 3.500 metros cúbicos por segundo, el canal puede desviar más de 2.208 metros cúbicos por segundo, es decir, más del 60% del caudal.

Incluso en escenarios de crecientes extremas, superiores a 6.670 metros cúbicos por segundo, la infraestructura logra conducir cerca del 44% del flujo, equivalente a unos 2.935 metros cúbicos por segundo.

Estos resultados superan las proyecciones iniciales, ya que la capacidad del canal aumentó cerca de un 76%, al pasar de 1.255 a más de 2.200 metros cúbicos por segundo, cuando la meta inicial era del 20%.

Además, la velocidad del agua dentro del canal pasó de 1,43 a 1,81 metros por segundo, lo que permite un flujo más estable y reduce el riesgo de sedimentación y bloqueos, factores clave para prevenir nuevas emergencias.

Con esta intervención, la UNGRD asegura que avanza en la reducción del riesgo y la protección de las comunidades de La Mojana, mientras se espera la ejecución de una solución estructural definitiva a cargo del Fondo Adaptación.

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Los recursos corresponden a los contratos de obra 9677-PPAL001-244-2018 y 9677-PPAL001-243-2018, cuyos fondos permanecían inmovilizados tras los incumplimientos contractuales registrados en el desarrollo de esas obras.

La entidad explicó que, luego de un proceso técnico, administrativo y jurídico, se logró la recuperación de estos recursos públicos con el propósito de destinarlos nuevamente al objetivo para el cual fueron aprobados: garantizar vivienda digna para las familias afectadas por la emergencia registrada el 31 de marzo de 2017 en Mocoa.

Ese día, las intensas lluvias provocaron el desbordamiento de los ríos Mulato, Sancoyaco y Mocoa, cuyos caudales confluyeron en una avenida torrencial que arrasó barrios completos y afectó gran parte de la capital del Putumayo.

Durante años, las comunidades de Mocoa reclamaron la recuperación de estos recursos para avanzar en la construcción de soluciones habitacionales dirigidas a las familias damnificadas por la tragedia.

La UNGRD indicó que la recuperación de los recursos también representa un avance en el saneamiento de las finanzas públicas, al permitir rescatar dineros del Estado que permanecían comprometidos en proyectos inconclusos y garantizar que su ejecución continúe bajo criterios de control, transparencia y eficiencia.

Con esta gestión, el Gobierno nacional asegura la financiación del proyecto habitacional Sauces II, que contempla la construcción de 909 viviendas destinadas a las familias afectadas por la tragedia que golpeó a Mocoa.

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El director de la UNGRD le manifestó al alcalde del municipio de Acandí, Luis Fernando Martínez, que, como aporte al municipio y al departamento, desde la línea de reducción del riesgo, como proceso misional: “Vamos a aportar 3.800 millones para la adquisición de maquinaria amarilla, eso es una medida de mitigación, de prevención, para que usted acá tenga las capacidades de poder actuar antes de que se materialice, en efecto, el riesgo”.

Agregó el funcionario que, desde la Subdirección de manejo de desastres,  se destinaran más de 1.100 millones para obras de maquinaria amarilla y para que llegue de inmediato, indicó el citado director.

Adicionalmente, se acordó el fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos con nuevos equipos y una camioneta 4×4 que permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias, según lo anuncio la entidad.

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Nuevamente esta noche  la comunidad  de San Juan de Urabá fue sacudida con una erupción del volcán de lodo situado en el corregimiento de Siete Vueltas, en cercanías a  la planta de tratamiento del agua, sector  conocido como Sanjuancito.

El fenómeno natural al momento no causó desgracias humanas ni afectaciones a las viviendas del entorno, de acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, aunque sin averías en la carretera que aledaña.

Entrada la noche de este miércoles una fuerte explosión sacudió un amplio perímetro al rededor  del volcán seguido de una intensa llamarada y una extensa columna de  humo lo que generó la natural alarma entre los pobladores quienes aún no se reponen del azote invernal ocasionando por un frente frío proveniente del norte que ha dejado miles de familias damnificadas. De inmediato las redes sociales se inundaron de vídeos e imágenes registrando los hechos.

El Dagran Antioquia informó que el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres reportó la erupción de un diapiro (volcán) de lodo cerca de la planta de tratamiento del acueducto municipal.

De manera preliminar, las autoridades indicaron que, aunque hay viviendas cercanas al punto de la emergencia, no se registran personas lesionadas. La afectación confirmada hasta el momento corresponde a la vía que conduce al corregimiento Siete Vueltas.

Desde el Dagran señalaron que mantienen comunicación permanente con el coordinador municipal de gestión del riesgo para apoyar la atención del evento y la valoración técnica del sitio.

Se conoció también que la Gobernación de Antioquia enviará personal y maquinaria para restablecer el tráfico en la zona afectada, durante las primeras horas de mañana jueves y harán una a valuación más precisa de las posibles afectaciones.

El volcán lanzó una fuerte cantidad de lodo, además de producir una enrome llamarada por efectos de los gases concentrados de acuerdo con los expertos.

La agencia EFE

La Agencia Española de Noticias (EFE), una de las primeras en dar conocer al mundo la información, relató así la noticia:

Bogotá, 25 feb (EFE).- Una erupción de un diapiro, o volcán de lodo, se registró este miércoles en el municipio de San Juan de Urabá, en el departamento colombiano de Antioquia (noroeste), sin que hasta el momento se reporten personas lesionadas, informaron autoridades departamentales.

Según el reporte oficial divulgado por el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran), aunque en la zona hay viviendas cercanas al punto de la emergencia, «de manera preliminar no se registran heridos».

Hasta ahora, «la única afectación confirmada corresponde a la vía que conduce al corregimiento (aldea) Siete Vueltas, donde se adelantan acciones para restablecer la transitabilidad», precisó en X la entidad.

En imágenes del fenómeno que son virales en redes sociales se observa una columna incandescente que se eleva varios metros sobre el terreno y una intensa luminosidad anaranjada que ilumina el entorno oscuro, producto de la ignición de gases liberados durante la erupción.

La geóloga Marcela Aristizábal, que reside en la zona, explicó a EFE que el fenómeno «se trata de una erupción de diapiro de lodo y no de un proceso de vulcanismo magmático», como se señaló en algunos reportes preliminares.

«El fuego que se ve en la erupción está asociado a gases que, por la fuerza y la fricción, generan este tipo de explosión», señaló la especialista, al aclarar que la combustión observada no implica la presencia de magma.

Aristizábal precisó que los riesgos de este tipo de erupciones son mínimos y que el radio de afectación suele alcanzar aproximadamente 300 metros alrededor del cráter.

Detalló que el eje del fenómeno es una columna de lodo que asciende a través de grietas asociadas a fallas geológicas y que su comportamiento -más o menos explosivo- depende de la cantidad de material acumulado y de los componentes del lodo.

Consultada sobre por qué este tipo de eventos se presentan en esta zona de Colombia, ya que en 2025 se registró un episodio similar, la experta indicó que se trata de procesos que pueden ocurrir de manera recurrente.

«Realmente todo el tiempo está saliendo material. Estas explosiones se generan cuando el lodo es muy denso y empieza a acumularse; cuando el subsuelo no soporta ese volumen, el material es expulsado con gran fuerza», explicó.

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La medida establece una tarifa general del 0,5% para empresas con patrimonio líquido superior a 200.000 UVT (aproximadamente 10.474 millones de pesos) y una tarifa diferencial del 1,6% para los sectores financiero y minero-energético. Según lo proyectado, el 56% del recaudo provendría de estos dos sectores.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que el tributo se pagará en dos cuotas: 50% el próximo primero de abril y el restante 50% el 4 de mayo siguiente. Recalcó que los recursos estarán destinados principalmente a intervenciones agrarias e infraestructura.

El decreto fue presentado durante el Consejo de Ministros liderado ayer por el presidente Gustavo Petro en Cartagena. El Gobierno nacional busca recaudar recursos destinados a atender los impactos de los recientes eventos climáticos y acelerar la recuperación de las regiones afectadas, especialmente en el Caribe colombiano.

El ministro Germán Ávila explicó que las medidas adoptadas responden a la evaluación técnica realizada por el Gobierno nacional sobre la magnitud de la emergencia.

“Trabajamos en la presentación de un decreto que se corresponde con la evaluación de la magnitud del impacto que ha tenido la emergencia», señaló el jefe de la cartera económica al presentar el balance preliminar del evento climático.

En el Consejo de Ministros, indicó que el reporte es crítico: se han registrado 65 emergencias, 53 de ellas por inundaciones, en 61 municipios de ocho departamentos. Más de 69.000 familias han resultado afectadas, 10 personas fallecieron y se reportan daños severos en viviendas, vías, puentes, acueductos, escuelas y centros de salud.

El impacto en el sector productivo también es significativo: cerca de 20.000 hectáreas afectadas y más de 4.100 viviendas destruidas. El costo estimado para la atención y recuperación asciende a 8 billones de pesos.

El ministro Ávila sostuvo que, ante las restricciones jurídicas de la Corte Constitucional, el Gobierno estructuró el nuevo esquema tributario con eje central en el impuesto al patrimonio para personas jurídicas.

“El centro de la propuesta tiene que ver con el impuesto al patrimonio para personas jurídicas, porque antes lo teníamos para personas naturales», afirmó, al recordar que ese instrumento ya ha sido utilizado en el país para enfrentar emergencias ocasionadas por fenómenos climáticos, como La Niña en 2009.

De acuerdo con lo expuesto por el Ministerio de Hacienda, se trata de una medida extraordinaria, de aplicación inmediata, para garantizar recursos en el corto plazo y atender la magnitud de la emergencia climática que enfrenta el país.

Aporte del sector financiero

El ministro de Hacienda también destacó que el Gobierno ha sostenido conversaciones con el sector financiero para promover su participación en la solución de la emergencia.

“Entre 2024 y 2025 el sector financiero duplicó sus utilidades, lo cual es muy positivo, pero también implica la necesidad de que contribuyan a superar esta emergencia que estamos viviendo», indicó, tras explicar que las utilidades del sector alcanzaron niveles significativos durante ese periodo.

El gobierno hizo un llamado a las entidades financieras para adoptar medidas complementarias y los representantes del sector propusieron salidas como periodos de gracia para los afectados y suspensión de cobros jurídicos.

El paquete de alivios contempla un período de gracia de 12 meses sin causación de intereses, conservación de la calificación crediticia y suspensión de cobros, incluso para cartera en mora, además de atención prioritaria y educación financiera, precisó el Ministerio de Hacienda.

También el gobierno pidió reducción de tasas de interés en líneas de economía popular y fortalecimiento del crédito asociativo, decisiones que se podrán incluir próximos decretos.

El alto funcionario anticipó que continuará trabajando en nuevos decretos complementarios para garantizar los recursos necesarios y atender integralmente la emergencia en los territorios afectados

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La primera fase de distribución se desarrolla precisamente en Lorica, donde las entregas superan las 25 toneladas, y de manera paralela avanzan en el municipio de Canalete con la misma cantidad.

Los kits incluyen alimentos no perecederos, elementos de aseo personal, utensilios de cocina, colchonetas, frazadas, toldillos y otros artículos básicos para las familias damnificadas.

Esta asistencia se suma a más de 7.500 kits ya entregados por la UNGRD en Córdoba, a 10 toneladas movilizadas previamente por vía aérea y a otras 10 toneladas de alimento destinadas a animales.

Los equipos técnicos de la UNGRD siguen el terreno acompañando y asesorando a los alcaldes en la recolección de información y adecuación de alojamientos temporales.

Las lluvias asociadas al frente frío dejan en Colombia 139 emergencias en 105 municipios de 17 departamentos. Ya son más de 68 mil familias afectadas.

Orinoquía

La mano solidaria de la UNGRD también llega a la Orinoquía. En un recorrido de dos días y 720 kilómetros, la entidad entregó más de 3 toneladas de asistencia humanitaria de emergencia, equivalentes a 145 kits de alimentos, aseo, hamacas y toldillos.

La asistencia llegó a siete veredas del municipio de Paz de Ariporo, Casanare, y a la comunidad de La Esperanza del resguardo indígena Caño Mochuelo, en el corazón de la Orinoquía, para mitigar los efectos de las lluvias en la región.

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De conformidad con el Consolidado Nacional de Eventos reportado por la Sala de Crisis Nacional de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), entre 13 de noviembre de 2024 y el 31 de octubre de 2025, quedó en evidencia un aumento sustancial de los eventos por variabilidad climática: el total pasó de 1.758 en el 2024 a 2.793 en 2025.

Ante esta realidad, el Gobierno decidió “prorrogar la situación de desastre de carácter nacional, declarada mediante el Decreto 1372 del 13 de noviembre de 2024, por un periodo de 12 meses».

Mediante el citado Decreto el Gobierno busca fortalecer la capacidad de respuesta y la ejecución de las tareas de recuperación, rehabilitación y reconstrucción ante la ocurrencia de emergencias, así como la coordinación interinstitucional del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

La Ungrd presentó ante el Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo, en sesión del pasado 11 de noviembre, un informe general sobre la situación de desastre nacional, indicando la necesidad de prorrogar la declaratoria de desastre.

El documento informa que en el 2025 se ha mostrado una tendencia a excesos de lluvia en amplios sectores del territorio nacional, ante lo cual se suman reportes y pronósticos a nivel mundial, los cuales refuerzan la necesidad de la extensión del decreto.

“Existe una alta probabilidad de que las temperaturas en el Océano Pacífico tropical se enfríen, lo que podría dar lugar a un Fenómeno de La Niña, sugiriendo una continuidad en las lluvias intensas en diversas zonas del país», indica el Decreto.

Asimismo, la Sala de Crisis Nacional de la Ungrd advirtió sobre una probabilidad del 71% de condiciones de La Niña entre octubre y diciembre de 2025.

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