Los recursos corresponden a los contratos de obra 9677-PPAL001-244-2018 y 9677-PPAL001-243-2018, cuyos fondos permanecían inmovilizados tras los incumplimientos contractuales registrados en el desarrollo de esas obras.

La entidad explicó que, luego de un proceso técnico, administrativo y jurídico, se logró la recuperación de estos recursos públicos con el propósito de destinarlos nuevamente al objetivo para el cual fueron aprobados: garantizar vivienda digna para las familias afectadas por la emergencia registrada el 31 de marzo de 2017 en Mocoa.

Ese día, las intensas lluvias provocaron el desbordamiento de los ríos Mulato, Sancoyaco y Mocoa, cuyos caudales confluyeron en una avenida torrencial que arrasó barrios completos y afectó gran parte de la capital del Putumayo.

Durante años, las comunidades de Mocoa reclamaron la recuperación de estos recursos para avanzar en la construcción de soluciones habitacionales dirigidas a las familias damnificadas por la tragedia.

La UNGRD indicó que la recuperación de los recursos también representa un avance en el saneamiento de las finanzas públicas, al permitir rescatar dineros del Estado que permanecían comprometidos en proyectos inconclusos y garantizar que su ejecución continúe bajo criterios de control, transparencia y eficiencia.

Con esta gestión, el Gobierno nacional asegura la financiación del proyecto habitacional Sauces II, que contempla la construcción de 909 viviendas destinadas a las familias afectadas por la tragedia que golpeó a Mocoa.

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El director de la UNGRD le manifestó al alcalde del municipio de Acandí, Luis Fernando Martínez, que, como aporte al municipio y al departamento, desde la línea de reducción del riesgo, como proceso misional: “Vamos a aportar 3.800 millones para la adquisición de maquinaria amarilla, eso es una medida de mitigación, de prevención, para que usted acá tenga las capacidades de poder actuar antes de que se materialice, en efecto, el riesgo”.

Agregó el funcionario que, desde la Subdirección de manejo de desastres,  se destinaran más de 1.100 millones para obras de maquinaria amarilla y para que llegue de inmediato, indicó el citado director.

Adicionalmente, se acordó el fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos con nuevos equipos y una camioneta 4×4 que permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias, según lo anuncio la entidad.

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Nuevamente esta noche  la comunidad  de San Juan de Urabá fue sacudida con una erupción del volcán de lodo situado en el corregimiento de Siete Vueltas, en cercanías a  la planta de tratamiento del agua, sector  conocido como Sanjuancito.

El fenómeno natural al momento no causó desgracias humanas ni afectaciones a las viviendas del entorno, de acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, aunque sin averías en la carretera que aledaña.

Entrada la noche de este miércoles una fuerte explosión sacudió un amplio perímetro al rededor  del volcán seguido de una intensa llamarada y una extensa columna de  humo lo que generó la natural alarma entre los pobladores quienes aún no se reponen del azote invernal ocasionando por un frente frío proveniente del norte que ha dejado miles de familias damnificadas. De inmediato las redes sociales se inundaron de vídeos e imágenes registrando los hechos.

El Dagran Antioquia informó que el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres reportó la erupción de un diapiro (volcán) de lodo cerca de la planta de tratamiento del acueducto municipal.

De manera preliminar, las autoridades indicaron que, aunque hay viviendas cercanas al punto de la emergencia, no se registran personas lesionadas. La afectación confirmada hasta el momento corresponde a la vía que conduce al corregimiento Siete Vueltas.

Desde el Dagran señalaron que mantienen comunicación permanente con el coordinador municipal de gestión del riesgo para apoyar la atención del evento y la valoración técnica del sitio.

Se conoció también que la Gobernación de Antioquia enviará personal y maquinaria para restablecer el tráfico en la zona afectada, durante las primeras horas de mañana jueves y harán una a valuación más precisa de las posibles afectaciones.

El volcán lanzó una fuerte cantidad de lodo, además de producir una enrome llamarada por efectos de los gases concentrados de acuerdo con los expertos.

La agencia EFE

La Agencia Española de Noticias (EFE), una de las primeras en dar conocer al mundo la información, relató así la noticia:

Bogotá, 25 feb (EFE).- Una erupción de un diapiro, o volcán de lodo, se registró este miércoles en el municipio de San Juan de Urabá, en el departamento colombiano de Antioquia (noroeste), sin que hasta el momento se reporten personas lesionadas, informaron autoridades departamentales.

Según el reporte oficial divulgado por el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran), aunque en la zona hay viviendas cercanas al punto de la emergencia, «de manera preliminar no se registran heridos».

Hasta ahora, «la única afectación confirmada corresponde a la vía que conduce al corregimiento (aldea) Siete Vueltas, donde se adelantan acciones para restablecer la transitabilidad», precisó en X la entidad.

En imágenes del fenómeno que son virales en redes sociales se observa una columna incandescente que se eleva varios metros sobre el terreno y una intensa luminosidad anaranjada que ilumina el entorno oscuro, producto de la ignición de gases liberados durante la erupción.

La geóloga Marcela Aristizábal, que reside en la zona, explicó a EFE que el fenómeno «se trata de una erupción de diapiro de lodo y no de un proceso de vulcanismo magmático», como se señaló en algunos reportes preliminares.

«El fuego que se ve en la erupción está asociado a gases que, por la fuerza y la fricción, generan este tipo de explosión», señaló la especialista, al aclarar que la combustión observada no implica la presencia de magma.

Aristizábal precisó que los riesgos de este tipo de erupciones son mínimos y que el radio de afectación suele alcanzar aproximadamente 300 metros alrededor del cráter.

Detalló que el eje del fenómeno es una columna de lodo que asciende a través de grietas asociadas a fallas geológicas y que su comportamiento -más o menos explosivo- depende de la cantidad de material acumulado y de los componentes del lodo.

Consultada sobre por qué este tipo de eventos se presentan en esta zona de Colombia, ya que en 2025 se registró un episodio similar, la experta indicó que se trata de procesos que pueden ocurrir de manera recurrente.

«Realmente todo el tiempo está saliendo material. Estas explosiones se generan cuando el lodo es muy denso y empieza a acumularse; cuando el subsuelo no soporta ese volumen, el material es expulsado con gran fuerza», explicó.

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La medida establece una tarifa general del 0,5% para empresas con patrimonio líquido superior a 200.000 UVT (aproximadamente 10.474 millones de pesos) y una tarifa diferencial del 1,6% para los sectores financiero y minero-energético. Según lo proyectado, el 56% del recaudo provendría de estos dos sectores.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que el tributo se pagará en dos cuotas: 50% el próximo primero de abril y el restante 50% el 4 de mayo siguiente. Recalcó que los recursos estarán destinados principalmente a intervenciones agrarias e infraestructura.

El decreto fue presentado durante el Consejo de Ministros liderado ayer por el presidente Gustavo Petro en Cartagena. El Gobierno nacional busca recaudar recursos destinados a atender los impactos de los recientes eventos climáticos y acelerar la recuperación de las regiones afectadas, especialmente en el Caribe colombiano.

El ministro Germán Ávila explicó que las medidas adoptadas responden a la evaluación técnica realizada por el Gobierno nacional sobre la magnitud de la emergencia.

“Trabajamos en la presentación de un decreto que se corresponde con la evaluación de la magnitud del impacto que ha tenido la emergencia», señaló el jefe de la cartera económica al presentar el balance preliminar del evento climático.

En el Consejo de Ministros, indicó que el reporte es crítico: se han registrado 65 emergencias, 53 de ellas por inundaciones, en 61 municipios de ocho departamentos. Más de 69.000 familias han resultado afectadas, 10 personas fallecieron y se reportan daños severos en viviendas, vías, puentes, acueductos, escuelas y centros de salud.

El impacto en el sector productivo también es significativo: cerca de 20.000 hectáreas afectadas y más de 4.100 viviendas destruidas. El costo estimado para la atención y recuperación asciende a 8 billones de pesos.

El ministro Ávila sostuvo que, ante las restricciones jurídicas de la Corte Constitucional, el Gobierno estructuró el nuevo esquema tributario con eje central en el impuesto al patrimonio para personas jurídicas.

“El centro de la propuesta tiene que ver con el impuesto al patrimonio para personas jurídicas, porque antes lo teníamos para personas naturales», afirmó, al recordar que ese instrumento ya ha sido utilizado en el país para enfrentar emergencias ocasionadas por fenómenos climáticos, como La Niña en 2009.

De acuerdo con lo expuesto por el Ministerio de Hacienda, se trata de una medida extraordinaria, de aplicación inmediata, para garantizar recursos en el corto plazo y atender la magnitud de la emergencia climática que enfrenta el país.

Aporte del sector financiero

El ministro de Hacienda también destacó que el Gobierno ha sostenido conversaciones con el sector financiero para promover su participación en la solución de la emergencia.

“Entre 2024 y 2025 el sector financiero duplicó sus utilidades, lo cual es muy positivo, pero también implica la necesidad de que contribuyan a superar esta emergencia que estamos viviendo», indicó, tras explicar que las utilidades del sector alcanzaron niveles significativos durante ese periodo.

El gobierno hizo un llamado a las entidades financieras para adoptar medidas complementarias y los representantes del sector propusieron salidas como periodos de gracia para los afectados y suspensión de cobros jurídicos.

El paquete de alivios contempla un período de gracia de 12 meses sin causación de intereses, conservación de la calificación crediticia y suspensión de cobros, incluso para cartera en mora, además de atención prioritaria y educación financiera, precisó el Ministerio de Hacienda.

También el gobierno pidió reducción de tasas de interés en líneas de economía popular y fortalecimiento del crédito asociativo, decisiones que se podrán incluir próximos decretos.

El alto funcionario anticipó que continuará trabajando en nuevos decretos complementarios para garantizar los recursos necesarios y atender integralmente la emergencia en los territorios afectados

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La primera fase de distribución se desarrolla precisamente en Lorica, donde las entregas superan las 25 toneladas, y de manera paralela avanzan en el municipio de Canalete con la misma cantidad.

Los kits incluyen alimentos no perecederos, elementos de aseo personal, utensilios de cocina, colchonetas, frazadas, toldillos y otros artículos básicos para las familias damnificadas.

Esta asistencia se suma a más de 7.500 kits ya entregados por la UNGRD en Córdoba, a 10 toneladas movilizadas previamente por vía aérea y a otras 10 toneladas de alimento destinadas a animales.

Los equipos técnicos de la UNGRD siguen el terreno acompañando y asesorando a los alcaldes en la recolección de información y adecuación de alojamientos temporales.

Las lluvias asociadas al frente frío dejan en Colombia 139 emergencias en 105 municipios de 17 departamentos. Ya son más de 68 mil familias afectadas.

Orinoquía

La mano solidaria de la UNGRD también llega a la Orinoquía. En un recorrido de dos días y 720 kilómetros, la entidad entregó más de 3 toneladas de asistencia humanitaria de emergencia, equivalentes a 145 kits de alimentos, aseo, hamacas y toldillos.

La asistencia llegó a siete veredas del municipio de Paz de Ariporo, Casanare, y a la comunidad de La Esperanza del resguardo indígena Caño Mochuelo, en el corazón de la Orinoquía, para mitigar los efectos de las lluvias en la región.

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De conformidad con el Consolidado Nacional de Eventos reportado por la Sala de Crisis Nacional de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), entre 13 de noviembre de 2024 y el 31 de octubre de 2025, quedó en evidencia un aumento sustancial de los eventos por variabilidad climática: el total pasó de 1.758 en el 2024 a 2.793 en 2025.

Ante esta realidad, el Gobierno decidió “prorrogar la situación de desastre de carácter nacional, declarada mediante el Decreto 1372 del 13 de noviembre de 2024, por un periodo de 12 meses».

Mediante el citado Decreto el Gobierno busca fortalecer la capacidad de respuesta y la ejecución de las tareas de recuperación, rehabilitación y reconstrucción ante la ocurrencia de emergencias, así como la coordinación interinstitucional del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

La Ungrd presentó ante el Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo, en sesión del pasado 11 de noviembre, un informe general sobre la situación de desastre nacional, indicando la necesidad de prorrogar la declaratoria de desastre.

El documento informa que en el 2025 se ha mostrado una tendencia a excesos de lluvia en amplios sectores del territorio nacional, ante lo cual se suman reportes y pronósticos a nivel mundial, los cuales refuerzan la necesidad de la extensión del decreto.

“Existe una alta probabilidad de que las temperaturas en el Océano Pacífico tropical se enfríen, lo que podría dar lugar a un Fenómeno de La Niña, sugiriendo una continuidad en las lluvias intensas en diversas zonas del país», indica el Decreto.

Asimismo, la Sala de Crisis Nacional de la Ungrd advirtió sobre una probabilidad del 71% de condiciones de La Niña entre octubre y diciembre de 2025.

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Por primera vez, el simulacro se evaluará en tiempo real desde el territorio. La UNGRD escogió Hidroituango por su importancia estratégica para el país. 

Empresas Públicas de Medellín (EPM), las autoridades locales y las comunidades pondrán a prueba su capacidad de respuesta ante un escenario de riesgo por inundación.

En municipios ubicados en la zona de influencia de la hidroeléctrica se activarán las estrategias de respuesta a emergencias. Durante el ejercicio se simulará un aumento del nivel del río Cauca, se encenderán las alarmas de Hidroituango y se realizarán evacuaciones hacia las zonas seguras definidas por las autoridades municipales, los consejos municipales de gestión del riesgo y EPM, con el previo conocimiento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo.

La creciente simulada generará alerta roja por inundación en la cuenca media y baja del río Cauca, lo que activaría los protocolos no solo en Antioquia sino también en los consejos de gestión del riesgo de Córdoba, Sucre y Bolívar.

El ejercicio también destacará la importancia de la protección financiera como herramienta clave para proteger los bienes e infraestructuras esenciales ante desastres, así como la implementación del Protocolo de Atención de Animales en Situación de Emergencia.

La UNGRD, en coordinación con EPM, la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo y la Cruz Roja seccional Antioquia, ha dispuesto un plan pedagógico previo para que la comunidad conozca qué hacer, a dónde acudir y cómo actuar durante la jornada.

La invitación es a participar con calma y responsabilidad, entendiendo que se trata de un ejercicio de preparación diseñado para proteger la vida.

De forma simultánea, los 32 departamentos del país desarrollarán el simulacro en torno a las amenazas más relevantes de cada región, fortaleciendo la preparación nacional frente a emergencias.

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La Procuraduría General de la Nación ha destituido e inhabilitado a dos exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) por su participación en la aprobación de contratos con sobrecostos para la adquisición de carrotanques destinados al abastecimiento de agua potable en La Guajira.

Sanciones impuestas por la Procuraduría

Olmedo López Martínez, exdirector de la UNGRD, ha sido sancionado con 18 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos, mientras que Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, exsubdirector de Manejo de Desastres, ha recibido una sanción de 20 años. Estas decisiones se derivan de la aprobación de pagos que superaron en más de $16.000 millones los precios reales del mercado, representando un incremento del 54%.

Detalles de las irregularidades en los contratos

La investigación reveló que López Martínez suscribió la ratificación de la orden de proveeduría elaborada por Pinilla Álvarez y autorizó el desembolso al contratista, generando un perjuicio al patrimonio público. Por su parte, Pinilla Álvarez omitió que las cotizaciones recibidas excedían los valores del mercado y avaló el pago sin atender los sobrecostos evidentes.

Impacto en la comunidad de La Guajira

Además, se comprobó que Pinilla Álvarez certificó la recepción de los carrotanques, a pesar de que no fueron utilizados para los fines previstos en la emergencia humanitaria declarada en el Decreto 2113 de 2022. Estos vehículos no cumplieron con su propósito de abastecer de agua a las comunidades afectadas en La Guajira, lo que acentuó el detrimento al patrimonio público.

Otras sanciones relacionadas con el caso

A la lista de sancionados se suma Víctor Andrés Meza Galván, exsubdirector general de la UNGRD, quien fue destituido e inhabilitado por 10 años. Su sanción se relaciona con la ratificación de órdenes de proveeduría que facilitaron los pagos al contratista, conducta calificada como una falta gravísima por negligencia en sus deberes.

Repercusiones y medidas futuras

Este caso se inscribe en una serie de investigaciones que han destapado irregularidades en la gestión de la UNGRD, incluyendo contratos que afectaron directamente la respuesta a emergencias en el país. La Procuraduría señaló que las actuaciones de los sancionados contravinieron los principios de moralidad, eficacia y economía que rigen la función pública, y calificó sus conductas como gravísimas, ejecutadas con dolo.

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El representante a la Cámara por el Partido Liberal, Julián Peinado, acudió este lunes a la Corte Suprema de Justicia para rendir indagatoria. El proceso está relacionado con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en el que se investigan presuntos sobornos a congresistas. Peinado expresó confianza en la imparcialidad de la justicia y su disposición a esclarecer los hechos.

Investigación por corrupción en la UNGRD

El caso de la UNGRD involucra el uso indebido de recursos públicos. Según las investigaciones, estos fondos habrían sido entregados como sobornos a congresistas con el objetivo de asegurar su respaldo a proyectos del Gobierno en el Congreso. Julián Peinado es uno de los nueve legisladores señalados en este esquema de corrupción.

En julio, la Fiscalía General de la Nación solicitó a la Corte Suprema abrir investigaciones formales contra estos congresistas. Peinado, al igual que los demás implicados, está acusado de haber recibido beneficios indebidos a cambio de su apoyo legislativo.

Disposición del congresista ante la Corte

A su llegada a la Corte Suprema, Julián Peinado destacó su compromiso con el esclarecimiento de los hechos. “Venimos a rendir todas las explicaciones que sean del caso”, declaró el congresista, quien aseguró estar tranquilo y dispuesto a colaborar.

El magistrado Misael Rodríguez, quien lidera el proceso, fue señalado por Peinado como un garante de imparcialidad. “Creo que hay un magistrado completamente garantista, quien nos ha permitido resolver inquietudes y formular nuestras preguntas”, subrayó.

Expectativas y confianza en la justicia

El representante manifestó confianza en que la diligencia permita esclarecer las acusaciones en su contra. “Estoy seguro de que, con la información que brindaremos, se podrá llegar a la verdad sobre este caso”, afirmó.

El proceso ante la Corte Suprema marcará un momento crucial para la investigación, que busca determinar si hubo participación activa de los congresistas en el manejo indebido de los recursos asignados a la UNGRD.

El escándalo ha generado gran atención mediática debido a la gravedad de las acusaciones y al impacto que estos hechos tienen en la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones públicas.

El desenlace de este caso será determinante no solo para el futuro político de los congresistas investigados, sino también para la percepción pública sobre la lucha contra la corrupción en Colombia.

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El reciente escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) sigue generando impacto en la opinión pública. Seis personas detenidas por estos hechos han alcanzado preacuerdos con la Fiscalía, aceptando cargos, reduciendo sus penas y comprometiéndose a devolver más de 10 mil millones de pesos en total. Estos acuerdos están sujetos a la validación judicial para garantizar su legalidad.

Los principales implicados y sus acuerdos

Olmedo López: Exdirector de la UNGRD

Olmedo López, quien lideró la UNGRD, aceptó los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación. Su condena será de 7 años de prisión, y deberá reintegrar 724 millones de pesos. López se convertirá en testigo clave contra altos funcionarios, entre ellos el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; los expresidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle; y el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González.

Contratistas involucrados: Cifras millonarias devueltas

El contratista Luis Eduardo López Rocero aceptó cuatro delitos y pagará una pena de 6 años y 8 meses. Además, devolverá la mayor suma entre los implicados: 7.722 millones de pesos. Su testimonio será determinante contra el exasesor jurídico Pedro Rodríguez, Olmedo López y Sneider Pinilla, otro de los implicados que también aceptó cargos.

Testigos que colaboran con la justicia

Pedro Rodríguez y Luis Carlos Barreto Gantiva

Pedro Rodríguez, asesor de la UNGRD por recomendación del embajador Camilo Romero, aceptó cargos por concierto para delinquir y peculado. Pagará una pena de 4 años de prisión y devolverá 1.000 millones de pesos. Por su parte, Luis Carlos Barreto Gantiva enfrentará 3 años y 7 meses de cárcel, comprometiéndose a reintegrar 150 millones de pesos. Ambos se han comprometido a colaborar como testigos contra altos funcionarios y otros implicados.

Sneider Pinilla y su testimonio

Sneider Pinilla aceptó delitos similares y será condenado a 6 años y 6 meses de prisión. Su colaboración se centrará en implicar a otros funcionarios de la UNGRD, como Víctor Andrés Mesa y Luis Carlos Barreto, así como a contratistas vinculados al esquema de corrupción.

Repercusiones legales y políticas

Edgar Riveros: Intento de soborno

El abogado Edgar Riveros, involucrado por intentar sobornar al jurista Luis Gustavo Moreno para favorecer a Luis Carlos Barreto, aceptó el delito de soborno. Pagará una condena de 5 años de prisión, marcando otro capítulo en esta investigación que salpica a múltiples niveles del gobierno.

El caso de corrupción en la UNGRD ha sacudido al país, revelando la magnitud de un entramado que no solo involucró la apropiación indebida de recursos públicos, sino que comprometió la confianza en instituciones clave. Los preacuerdos firmados son un paso significativo hacia la justicia, pero también dejan en evidencia la necesidad de mayor vigilancia y transparencia en la gestión de los recursos del Estado.

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