Nuevamente esta noche  la comunidad  de San Juan de Urabá fue sacudida con una erupción del volcán de lodo situado en el corregimiento de Siete Vueltas, en cercanías a  la planta de tratamiento del agua, sector  conocido como Sanjuancito.

El fenómeno natural al momento no causó desgracias humanas ni afectaciones a las viviendas del entorno, de acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, aunque sin averías en la carretera que aledaña.

Entrada la noche de este miércoles una fuerte explosión sacudió un amplio perímetro al rededor  del volcán seguido de una intensa llamarada y una extensa columna de  humo lo que generó la natural alarma entre los pobladores quienes aún no se reponen del azote invernal ocasionando por un frente frío proveniente del norte que ha dejado miles de familias damnificadas. De inmediato las redes sociales se inundaron de vídeos e imágenes registrando los hechos.

El Dagran Antioquia informó que el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres reportó la erupción de un diapiro (volcán) de lodo cerca de la planta de tratamiento del acueducto municipal.

De manera preliminar, las autoridades indicaron que, aunque hay viviendas cercanas al punto de la emergencia, no se registran personas lesionadas. La afectación confirmada hasta el momento corresponde a la vía que conduce al corregimiento Siete Vueltas.

Desde el Dagran señalaron que mantienen comunicación permanente con el coordinador municipal de gestión del riesgo para apoyar la atención del evento y la valoración técnica del sitio.

Se conoció también que la Gobernación de Antioquia enviará personal y maquinaria para restablecer el tráfico en la zona afectada, durante las primeras horas de mañana jueves y harán una a valuación más precisa de las posibles afectaciones.

El volcán lanzó una fuerte cantidad de lodo, además de producir una enrome llamarada por efectos de los gases concentrados de acuerdo con los expertos.

La agencia EFE

La Agencia Española de Noticias (EFE), una de las primeras en dar conocer al mundo la información, relató así la noticia:

Bogotá, 25 feb (EFE).- Una erupción de un diapiro, o volcán de lodo, se registró este miércoles en el municipio de San Juan de Urabá, en el departamento colombiano de Antioquia (noroeste), sin que hasta el momento se reporten personas lesionadas, informaron autoridades departamentales.

Según el reporte oficial divulgado por el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran), aunque en la zona hay viviendas cercanas al punto de la emergencia, «de manera preliminar no se registran heridos».

Hasta ahora, «la única afectación confirmada corresponde a la vía que conduce al corregimiento (aldea) Siete Vueltas, donde se adelantan acciones para restablecer la transitabilidad», precisó en X la entidad.

En imágenes del fenómeno que son virales en redes sociales se observa una columna incandescente que se eleva varios metros sobre el terreno y una intensa luminosidad anaranjada que ilumina el entorno oscuro, producto de la ignición de gases liberados durante la erupción.

La geóloga Marcela Aristizábal, que reside en la zona, explicó a EFE que el fenómeno «se trata de una erupción de diapiro de lodo y no de un proceso de vulcanismo magmático», como se señaló en algunos reportes preliminares.

«El fuego que se ve en la erupción está asociado a gases que, por la fuerza y la fricción, generan este tipo de explosión», señaló la especialista, al aclarar que la combustión observada no implica la presencia de magma.

Aristizábal precisó que los riesgos de este tipo de erupciones son mínimos y que el radio de afectación suele alcanzar aproximadamente 300 metros alrededor del cráter.

Detalló que el eje del fenómeno es una columna de lodo que asciende a través de grietas asociadas a fallas geológicas y que su comportamiento -más o menos explosivo- depende de la cantidad de material acumulado y de los componentes del lodo.

Consultada sobre por qué este tipo de eventos se presentan en esta zona de Colombia, ya que en 2025 se registró un episodio similar, la experta indicó que se trata de procesos que pueden ocurrir de manera recurrente.

«Realmente todo el tiempo está saliendo material. Estas explosiones se generan cuando el lodo es muy denso y empieza a acumularse; cuando el subsuelo no soporta ese volumen, el material es expulsado con gran fuerza», explicó.

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La medida establece una tarifa general del 0,5% para empresas con patrimonio líquido superior a 200.000 UVT (aproximadamente 10.474 millones de pesos) y una tarifa diferencial del 1,6% para los sectores financiero y minero-energético. Según lo proyectado, el 56% del recaudo provendría de estos dos sectores.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que el tributo se pagará en dos cuotas: 50% el próximo primero de abril y el restante 50% el 4 de mayo siguiente. Recalcó que los recursos estarán destinados principalmente a intervenciones agrarias e infraestructura.

El decreto fue presentado durante el Consejo de Ministros liderado ayer por el presidente Gustavo Petro en Cartagena. El Gobierno nacional busca recaudar recursos destinados a atender los impactos de los recientes eventos climáticos y acelerar la recuperación de las regiones afectadas, especialmente en el Caribe colombiano.

El ministro Germán Ávila explicó que las medidas adoptadas responden a la evaluación técnica realizada por el Gobierno nacional sobre la magnitud de la emergencia.

“Trabajamos en la presentación de un decreto que se corresponde con la evaluación de la magnitud del impacto que ha tenido la emergencia», señaló el jefe de la cartera económica al presentar el balance preliminar del evento climático.

En el Consejo de Ministros, indicó que el reporte es crítico: se han registrado 65 emergencias, 53 de ellas por inundaciones, en 61 municipios de ocho departamentos. Más de 69.000 familias han resultado afectadas, 10 personas fallecieron y se reportan daños severos en viviendas, vías, puentes, acueductos, escuelas y centros de salud.

El impacto en el sector productivo también es significativo: cerca de 20.000 hectáreas afectadas y más de 4.100 viviendas destruidas. El costo estimado para la atención y recuperación asciende a 8 billones de pesos.

El ministro Ávila sostuvo que, ante las restricciones jurídicas de la Corte Constitucional, el Gobierno estructuró el nuevo esquema tributario con eje central en el impuesto al patrimonio para personas jurídicas.

“El centro de la propuesta tiene que ver con el impuesto al patrimonio para personas jurídicas, porque antes lo teníamos para personas naturales», afirmó, al recordar que ese instrumento ya ha sido utilizado en el país para enfrentar emergencias ocasionadas por fenómenos climáticos, como La Niña en 2009.

De acuerdo con lo expuesto por el Ministerio de Hacienda, se trata de una medida extraordinaria, de aplicación inmediata, para garantizar recursos en el corto plazo y atender la magnitud de la emergencia climática que enfrenta el país.

Aporte del sector financiero

El ministro de Hacienda también destacó que el Gobierno ha sostenido conversaciones con el sector financiero para promover su participación en la solución de la emergencia.

“Entre 2024 y 2025 el sector financiero duplicó sus utilidades, lo cual es muy positivo, pero también implica la necesidad de que contribuyan a superar esta emergencia que estamos viviendo», indicó, tras explicar que las utilidades del sector alcanzaron niveles significativos durante ese periodo.

El gobierno hizo un llamado a las entidades financieras para adoptar medidas complementarias y los representantes del sector propusieron salidas como periodos de gracia para los afectados y suspensión de cobros jurídicos.

El paquete de alivios contempla un período de gracia de 12 meses sin causación de intereses, conservación de la calificación crediticia y suspensión de cobros, incluso para cartera en mora, además de atención prioritaria y educación financiera, precisó el Ministerio de Hacienda.

También el gobierno pidió reducción de tasas de interés en líneas de economía popular y fortalecimiento del crédito asociativo, decisiones que se podrán incluir próximos decretos.

El alto funcionario anticipó que continuará trabajando en nuevos decretos complementarios para garantizar los recursos necesarios y atender integralmente la emergencia en los territorios afectados

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La primera fase de distribución se desarrolla precisamente en Lorica, donde las entregas superan las 25 toneladas, y de manera paralela avanzan en el municipio de Canalete con la misma cantidad.

Los kits incluyen alimentos no perecederos, elementos de aseo personal, utensilios de cocina, colchonetas, frazadas, toldillos y otros artículos básicos para las familias damnificadas.

Esta asistencia se suma a más de 7.500 kits ya entregados por la UNGRD en Córdoba, a 10 toneladas movilizadas previamente por vía aérea y a otras 10 toneladas de alimento destinadas a animales.

Los equipos técnicos de la UNGRD siguen el terreno acompañando y asesorando a los alcaldes en la recolección de información y adecuación de alojamientos temporales.

Las lluvias asociadas al frente frío dejan en Colombia 139 emergencias en 105 municipios de 17 departamentos. Ya son más de 68 mil familias afectadas.

Orinoquía

La mano solidaria de la UNGRD también llega a la Orinoquía. En un recorrido de dos días y 720 kilómetros, la entidad entregó más de 3 toneladas de asistencia humanitaria de emergencia, equivalentes a 145 kits de alimentos, aseo, hamacas y toldillos.

La asistencia llegó a siete veredas del municipio de Paz de Ariporo, Casanare, y a la comunidad de La Esperanza del resguardo indígena Caño Mochuelo, en el corazón de la Orinoquía, para mitigar los efectos de las lluvias en la región.

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De conformidad con el Consolidado Nacional de Eventos reportado por la Sala de Crisis Nacional de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), entre 13 de noviembre de 2024 y el 31 de octubre de 2025, quedó en evidencia un aumento sustancial de los eventos por variabilidad climática: el total pasó de 1.758 en el 2024 a 2.793 en 2025.

Ante esta realidad, el Gobierno decidió “prorrogar la situación de desastre de carácter nacional, declarada mediante el Decreto 1372 del 13 de noviembre de 2024, por un periodo de 12 meses».

Mediante el citado Decreto el Gobierno busca fortalecer la capacidad de respuesta y la ejecución de las tareas de recuperación, rehabilitación y reconstrucción ante la ocurrencia de emergencias, así como la coordinación interinstitucional del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

La Ungrd presentó ante el Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo, en sesión del pasado 11 de noviembre, un informe general sobre la situación de desastre nacional, indicando la necesidad de prorrogar la declaratoria de desastre.

El documento informa que en el 2025 se ha mostrado una tendencia a excesos de lluvia en amplios sectores del territorio nacional, ante lo cual se suman reportes y pronósticos a nivel mundial, los cuales refuerzan la necesidad de la extensión del decreto.

“Existe una alta probabilidad de que las temperaturas en el Océano Pacífico tropical se enfríen, lo que podría dar lugar a un Fenómeno de La Niña, sugiriendo una continuidad en las lluvias intensas en diversas zonas del país», indica el Decreto.

Asimismo, la Sala de Crisis Nacional de la Ungrd advirtió sobre una probabilidad del 71% de condiciones de La Niña entre octubre y diciembre de 2025.

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Por primera vez, el simulacro se evaluará en tiempo real desde el territorio. La UNGRD escogió Hidroituango por su importancia estratégica para el país. 

Empresas Públicas de Medellín (EPM), las autoridades locales y las comunidades pondrán a prueba su capacidad de respuesta ante un escenario de riesgo por inundación.

En municipios ubicados en la zona de influencia de la hidroeléctrica se activarán las estrategias de respuesta a emergencias. Durante el ejercicio se simulará un aumento del nivel del río Cauca, se encenderán las alarmas de Hidroituango y se realizarán evacuaciones hacia las zonas seguras definidas por las autoridades municipales, los consejos municipales de gestión del riesgo y EPM, con el previo conocimiento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo.

La creciente simulada generará alerta roja por inundación en la cuenca media y baja del río Cauca, lo que activaría los protocolos no solo en Antioquia sino también en los consejos de gestión del riesgo de Córdoba, Sucre y Bolívar.

El ejercicio también destacará la importancia de la protección financiera como herramienta clave para proteger los bienes e infraestructuras esenciales ante desastres, así como la implementación del Protocolo de Atención de Animales en Situación de Emergencia.

La UNGRD, en coordinación con EPM, la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo y la Cruz Roja seccional Antioquia, ha dispuesto un plan pedagógico previo para que la comunidad conozca qué hacer, a dónde acudir y cómo actuar durante la jornada.

La invitación es a participar con calma y responsabilidad, entendiendo que se trata de un ejercicio de preparación diseñado para proteger la vida.

De forma simultánea, los 32 departamentos del país desarrollarán el simulacro en torno a las amenazas más relevantes de cada región, fortaleciendo la preparación nacional frente a emergencias.

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La Procuraduría General de la Nación ha destituido e inhabilitado a dos exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) por su participación en la aprobación de contratos con sobrecostos para la adquisición de carrotanques destinados al abastecimiento de agua potable en La Guajira.

Sanciones impuestas por la Procuraduría

Olmedo López Martínez, exdirector de la UNGRD, ha sido sancionado con 18 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos, mientras que Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, exsubdirector de Manejo de Desastres, ha recibido una sanción de 20 años. Estas decisiones se derivan de la aprobación de pagos que superaron en más de $16.000 millones los precios reales del mercado, representando un incremento del 54%.

Detalles de las irregularidades en los contratos

La investigación reveló que López Martínez suscribió la ratificación de la orden de proveeduría elaborada por Pinilla Álvarez y autorizó el desembolso al contratista, generando un perjuicio al patrimonio público. Por su parte, Pinilla Álvarez omitió que las cotizaciones recibidas excedían los valores del mercado y avaló el pago sin atender los sobrecostos evidentes.

Impacto en la comunidad de La Guajira

Además, se comprobó que Pinilla Álvarez certificó la recepción de los carrotanques, a pesar de que no fueron utilizados para los fines previstos en la emergencia humanitaria declarada en el Decreto 2113 de 2022. Estos vehículos no cumplieron con su propósito de abastecer de agua a las comunidades afectadas en La Guajira, lo que acentuó el detrimento al patrimonio público.

Otras sanciones relacionadas con el caso

A la lista de sancionados se suma Víctor Andrés Meza Galván, exsubdirector general de la UNGRD, quien fue destituido e inhabilitado por 10 años. Su sanción se relaciona con la ratificación de órdenes de proveeduría que facilitaron los pagos al contratista, conducta calificada como una falta gravísima por negligencia en sus deberes.

Repercusiones y medidas futuras

Este caso se inscribe en una serie de investigaciones que han destapado irregularidades en la gestión de la UNGRD, incluyendo contratos que afectaron directamente la respuesta a emergencias en el país. La Procuraduría señaló que las actuaciones de los sancionados contravinieron los principios de moralidad, eficacia y economía que rigen la función pública, y calificó sus conductas como gravísimas, ejecutadas con dolo.

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El representante a la Cámara por el Partido Liberal, Julián Peinado, acudió este lunes a la Corte Suprema de Justicia para rendir indagatoria. El proceso está relacionado con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en el que se investigan presuntos sobornos a congresistas. Peinado expresó confianza en la imparcialidad de la justicia y su disposición a esclarecer los hechos.

Investigación por corrupción en la UNGRD

El caso de la UNGRD involucra el uso indebido de recursos públicos. Según las investigaciones, estos fondos habrían sido entregados como sobornos a congresistas con el objetivo de asegurar su respaldo a proyectos del Gobierno en el Congreso. Julián Peinado es uno de los nueve legisladores señalados en este esquema de corrupción.

En julio, la Fiscalía General de la Nación solicitó a la Corte Suprema abrir investigaciones formales contra estos congresistas. Peinado, al igual que los demás implicados, está acusado de haber recibido beneficios indebidos a cambio de su apoyo legislativo.

Disposición del congresista ante la Corte

A su llegada a la Corte Suprema, Julián Peinado destacó su compromiso con el esclarecimiento de los hechos. “Venimos a rendir todas las explicaciones que sean del caso”, declaró el congresista, quien aseguró estar tranquilo y dispuesto a colaborar.

El magistrado Misael Rodríguez, quien lidera el proceso, fue señalado por Peinado como un garante de imparcialidad. “Creo que hay un magistrado completamente garantista, quien nos ha permitido resolver inquietudes y formular nuestras preguntas”, subrayó.

Expectativas y confianza en la justicia

El representante manifestó confianza en que la diligencia permita esclarecer las acusaciones en su contra. “Estoy seguro de que, con la información que brindaremos, se podrá llegar a la verdad sobre este caso”, afirmó.

El proceso ante la Corte Suprema marcará un momento crucial para la investigación, que busca determinar si hubo participación activa de los congresistas en el manejo indebido de los recursos asignados a la UNGRD.

El escándalo ha generado gran atención mediática debido a la gravedad de las acusaciones y al impacto que estos hechos tienen en la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones públicas.

El desenlace de este caso será determinante no solo para el futuro político de los congresistas investigados, sino también para la percepción pública sobre la lucha contra la corrupción en Colombia.

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El reciente escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) sigue generando impacto en la opinión pública. Seis personas detenidas por estos hechos han alcanzado preacuerdos con la Fiscalía, aceptando cargos, reduciendo sus penas y comprometiéndose a devolver más de 10 mil millones de pesos en total. Estos acuerdos están sujetos a la validación judicial para garantizar su legalidad.

Los principales implicados y sus acuerdos

Olmedo López: Exdirector de la UNGRD

Olmedo López, quien lideró la UNGRD, aceptó los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación. Su condena será de 7 años de prisión, y deberá reintegrar 724 millones de pesos. López se convertirá en testigo clave contra altos funcionarios, entre ellos el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; los expresidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle; y el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González.

Contratistas involucrados: Cifras millonarias devueltas

El contratista Luis Eduardo López Rocero aceptó cuatro delitos y pagará una pena de 6 años y 8 meses. Además, devolverá la mayor suma entre los implicados: 7.722 millones de pesos. Su testimonio será determinante contra el exasesor jurídico Pedro Rodríguez, Olmedo López y Sneider Pinilla, otro de los implicados que también aceptó cargos.

Testigos que colaboran con la justicia

Pedro Rodríguez y Luis Carlos Barreto Gantiva

Pedro Rodríguez, asesor de la UNGRD por recomendación del embajador Camilo Romero, aceptó cargos por concierto para delinquir y peculado. Pagará una pena de 4 años de prisión y devolverá 1.000 millones de pesos. Por su parte, Luis Carlos Barreto Gantiva enfrentará 3 años y 7 meses de cárcel, comprometiéndose a reintegrar 150 millones de pesos. Ambos se han comprometido a colaborar como testigos contra altos funcionarios y otros implicados.

Sneider Pinilla y su testimonio

Sneider Pinilla aceptó delitos similares y será condenado a 6 años y 6 meses de prisión. Su colaboración se centrará en implicar a otros funcionarios de la UNGRD, como Víctor Andrés Mesa y Luis Carlos Barreto, así como a contratistas vinculados al esquema de corrupción.

Repercusiones legales y políticas

Edgar Riveros: Intento de soborno

El abogado Edgar Riveros, involucrado por intentar sobornar al jurista Luis Gustavo Moreno para favorecer a Luis Carlos Barreto, aceptó el delito de soborno. Pagará una condena de 5 años de prisión, marcando otro capítulo en esta investigación que salpica a múltiples niveles del gobierno.

El caso de corrupción en la UNGRD ha sacudido al país, revelando la magnitud de un entramado que no solo involucró la apropiación indebida de recursos públicos, sino que comprometió la confianza en instituciones clave. Los preacuerdos firmados son un paso significativo hacia la justicia, pero también dejan en evidencia la necesidad de mayor vigilancia y transparencia en la gestión de los recursos del Estado.

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Dos exfuncionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) han sido encarcelados tras revelarse un presunto esquema de corrupción que favoreció a contratistas en Colombia. Las autoridades han señalado que estos actos ocurrieron durante el gobierno de Iván Duque, afectando procesos contractuales relacionados con la mitigación de desastres y adquisición de bienes para emergencias.

La investigación y los cargos

Luis Carlos Barreto Gantiva, exdirector de Conocimiento del Riesgo de la UNGRD, y Pedro Andrés Rodríguez Melo, exasesor de la entidad, enfrentan graves acusaciones por su participación en un esquema de corrupción que habría generado millonarios sobrecostos en los contratos de la UNGRD. Ambos fueron enviados a un centro carcelario por orden de una juez penal en Bogotá, en respuesta a las pruebas presentadas por la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

La Fiscalía ha imputado a los exfuncionarios delitos como interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documentos y concierto para delinquir. Sin embargo, los acusados no han aceptado los cargos imputados. A pesar de esto, la Fiscalía continúa consolidando su caso con pruebas sólidas.

El rol de Luis Carlos Barreto Gantiva

Según la investigación, Luis Carlos Barreto Gantiva habría sido un actor clave en este esquema. Barreto gestionó el desvío de 100 mil millones de pesos de un convenio entre la UNGRD y la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Los recursos destinados originalmente a proyectos de mitigación de riesgos fueron redirigidos para beneficiar a contratistas específicos a cambio de un porcentaje del valor de los contratos adjudicados.

Este esquema de desvío de fondos resultó en sobrecostos superiores a los 12.065 millones de pesos, según los informes de la Fiscalía. Las evidencias indican que los procesos contractuales estaban diseñados para favorecer a ciertos contratistas, lo que aumentaba considerablemente los costos de las obras y adquisiciones.

El papel de Pedro Andrés Rodríguez Melo

Por su parte, Pedro Andrés Rodríguez Melo es señalado por haber filtrado información privilegiada a contratistas antes de la publicación de los procesos de contratación. En particular, Rodríguez Melo habría entregado datos sensibles al contratista Luis Eduardo López Rosero, lo que permitió que este obtuviera seis órdenes de proveeduría para la compra de carrotanques en La Guajira.

Este acceso a información previa a la apertura de los contratos resultó en sobrecostos superiores a los 14.163 millones de pesos. Además, se estima que Rodríguez Melo habría recibido sobornos por mil millones de pesos a cambio de asegurar estos contratos para el mencionado contratista.

Evidencias y repercusiones

Las pruebas presentadas por la Fiscalía incluyen transacciones bancarias y pagos en efectivo, las cuales refuerzan las acusaciones de corrupción contra los exfuncionarios. Estos elementos han sido fundamentales para sustentar los cargos y justificar la medida de aseguramiento en un centro carcelario.

Este caso pone en evidencia la necesidad de mayor transparencia y control en los procesos de contratación pública, especialmente en áreas tan sensibles como la gestión de riesgos y emergencias. La UNGRD, cuyo objetivo es reducir el impacto de los desastres en Colombia, se ha visto empañada por este tipo de irregularidades que comprometen no solo la eficiencia en la ejecución de recursos, sino también la confianza pública en sus operaciones.

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El senador Antonio José Correa reveló ante el Senado de la República una denuncia que ha causado conmoción política y social: cerca de 100 billones de pesos habrían sido malversados durante la gestión de la pandemia de COVID-19 bajo el gobierno del expresidente Iván Duque. Las acusaciones apuntan a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y su manejo de los recursos destinados a enfrentar la crisis sanitaria. Tras las revelaciones, el presidente Gustavo Petro instó a la Fiscalía a iniciar una investigación exhaustiva sobre la entidad.

La UNGRD por su capacidad de contratación directa en emergencia ha sido un instrumento del robo del dinero público por billones. El debate del senador Correa implica una investigación a fondo d ela fiscalía desde la fundación de la entidad. El actual director Carrillo prepara…

— Gustavo Petro (@petrogustavo) September 21, 2024

Denuncias de corrupción en la adquisición de insumos médicos

Durante el debate de control político, Correa describió cómo se realizaron contrataciones con empresas sin experiencia ni idoneidad para suministrar insumos médicos esenciales. Entre las compañías mencionadas, algunas se dedicaban a la venta de tabaco y bebidas alcohólicas, lo que ha generado una fuerte crítica por la falta de control y supervisión en el proceso de selección.

Uno de los ejemplos más alarmantes fue la compra de batas médicas a una empresa especializada en la reparación de vehículos. A esto se suman las importaciones masivas de tapabocas desde China, realizadas en un momento en que la población esperaba el apoyo del Estado para acceder a los elementos de protección necesarios.

???? Crece la indignación por las revelaciones del senador @AntonioJCorreaJ, con las que se conocieron los detalles de cómo se perdieron 100 billones de pesos durante el gobierno de @IvanDuque, para atender la emergencia del COVID-19. pic.twitter.com/kZl0ogfg1E

— RTVC Noticias (@RTVCnoticias) September 21, 2024

Falta de transparencia en el manejo de los fondos públicos

El senador Correa también señaló que el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), encargado de gestionar los recursos durante la pandemia, suscribió contratos por más de 40 billones de pesos entre 2020 y 2021. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha esclarecido el destino de 9.8 billones de pesos de esos fondos, y otros 20 billones, asignados a la atención en salud, también permanecen sin justificación clara.

La falta de transparencia en la ejecución de estos recursos ha generado una creciente indignación en el ámbito político y social, con actores que exigen una investigación rigurosa y sanciones para los responsables.

Respuesta del Contralor General y otras reacciones políticas

Ante la gravedad de las denuncias, el Contralor General, Carlos Rodríguez, anunció la creación de un grupo de élite denominado «Ruta del Dinero de la Salud», cuya misión será rastrear el paradero de los recursos malversados y asegurar que los responsables enfrenten las consecuencias legales. Rodríguez destacó que se revisarán a fondo todos los contratos firmados bajo la administración de la UNGRD durante el periodo de 2020 a 2024.

Por su parte, la senadora Clara López hizo un llamado enérgico a la justicia, señalando que «debe ser sancionada por la sociedad y la justicia venga de donde venga». Su declaración refleja el clamor de gran parte de la opinión pública por medidas inmediatas que aseguren la rendición de cuentas.

Investigaciones en marcha y posibles implicaciones legales

El presidente Petro ha pedido que las investigaciones sobre la UNGRD no se limiten solo a los últimos años, sino que abarque todo el periodo desde su creación. Esta solicitud busca garantizar que las irregularidades históricas en la gestión de la entidad también sean esclarecidas.

Hasta el momento, ya se han producido capturas de personas implicadas en los escándalos de corrupción relacionados con la UNGRD, lo que indica que las investigaciones avanzan con celeridad. No obstante, se espera que, en los próximos meses, nuevas revelaciones salgan a la luz y se determinen más responsabilidades en los altos mandos del gobierno anterior.

El senador Correa ha sido contundente al afirmar que lo denunciado representa uno de los casos más graves de corrupción en el manejo de recursos públicos en Colombia. Sus declaraciones han encendido un debate que podría tener consecuencias profundas para el sistema de contratación pública y la gestión de emergencias en el país.

La ciudadanía y la clase política esperan respuestas contundentes ante lo que muchos consideran un abuso flagrante de los fondos destinados a mitigar los efectos devastadores de la pandemia.

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