Fernando González decía que la universidad es como un gran árbol lleno de ramas, unas vitales con abundantes frutos, nidos y flores frescas, otras, mustias, con frutos descompuestos, nidos abandonados y flores marchitas, también plantas parásitas y enredaderas que lo debilitan, mientras usan su tronco para crecer y explayarse.

La realidad de la universidad pública en Colombia se siente amenazada por la tormenta privatizadora que un gobierno progresista como el actual no ha podido amainar, puesto que muchas de las amenazas vienen del interior mismo de la universidad con el pretexto de mantener un pretendido carácter público dentro de la pugna entre sus mismos estamentos, que si bien organizados, desconfían entre ellos e impiden concretar un movimiento en defensa de la institución.  Parece que el velar por las pretensiones salariales y de progreso económico para cada uno, fuera más importante que la misma universidad que los alberga. Ramas mustias, frutos descompuestos en verdad, más acordes con el accionar laboral de una empresa privada donde los ascensos y promociones salariales se dan con base al rendimiento económico. En el caso de los profesores universitarios, por la acumulación de puntos como vehículo de ascenso en el escalafón, o en la pretensión salarial a nivel de los sindicatos de trabajadores.

Más del 70% de los profesores en el caso de la Universidad de Antioquia, son llamados de “cátedra» puesto que obtienen su asignación salarial dependiendo de las horas contratadas para dictar clase en esta o en otras universidades, función en la cual al ser sus honorarios pactados por hora no generan sentido de pertenencia gremial y viven a la caza de más clases en otras instituciones para redondear una buena asignación. Estos docentes, aunque pueden pertenecer a la Asociación de Profesores, no se afilian, y en caso de presentarse algún movimiento reivindicativo no lo apoyan, o simplemente renuncian para “no perder tiempo”. El sentido de pertenencia es mínimo.

Otros estamentos como el estudiantado, anteriormente comprometido con la problemática social y política del país, ahora son en su gran mayoría exponentes de esa juventud individualista,  inculta y posmoderna, pendiente más de una pantalla, un celular o esperando la obtención de un cartón o un título para vincularse a la empresa privada o acceder a una especialización; o en la mayoría de los casos por ser estudiante de bajos recursos, sortear las necesidades que les genera la precariedad para pagar un crédito o emplearse por salarios mínimos al mejor postor, o en una agencia del Estado.

En Colombia cada año se gradúan casi 400.000 bachilleres y de ellos solo el 50% ingresa a la educación superior técnica o universitaria, siendo menos del 20% los que logran terminar sus estudios con el consiguiente aumento del desempleo juvenil y la posibilidad cada vez mayor de caer en el delito y engrosar las filas de los grupos armados de narcotraficantes y delincuentes bien sea urbanos o rurales. Quienes no sucumben a esta realidad pasarían a ser otros más de la franja de trabajadores informales precarizados por la esclavitud de la pobreza, o los supuestamente redimidos por la economía popular en tiendas o pequeños emprendimientos, aunque muchas veces dependientes del lavado de activos del narcotráfico: contrabando, casinos y comercio callejero o simplemente jornaleros.

Educar a la juventud es la meta impostergable y es con la política de gratuidad y tendiendo puentes que faciliten el ingreso y la culminación de sus estudios superiores, como el actual gobierno se ha planteado la situación con óptimos resultados en la construcción de nuevas sedes universitarias, colegios y facilidades de crédito diferentes al Icetex para más de 190.000 nuevos bachilleres que este año han ingresado a la educación superior, cifra que denota un franco aumento en comparación con el resultado obtenido en 2022. Los informes están a la vista y pueden ser consultados en las fuentes del Ministerio de Educación.

El tipo de estudiantes provenientes de los estratos populares y campesinos llegan a la universidad en condiciones muy precarias, pues además de su pobreza, las características intelectuales también son deplorables, así nos sorprenda que prácticamente sólo saben leer y escribir y alguna cosita de ciencias básicas y nada de humanidades, dada cuenta que del pensum de la educación secundaria fueron suprimidas asignaturas tales como historia, filosofía y cultura cívica muy acorde a los cánones obsoletos de tipo neoliberal  que imparte un gremio que ha sido lastimado y sometido a condiciones laborales y de capacitación francamente lamentables.

Una universidad que se define a sí misma como pública y en donde su competencia académica y funcional está en crisis y amenazada por la privatización toda vez que muchas autoridades departamentales y municipales apoyan en su intención a sectores del gran capital, es una institución que desconoce su propósito y el compromiso por educar a los más pobres en forma gratuita y de buena calidad. Así se evitaría el graduar profesionales mediocres sin espíritu crítico en un país que como el nuestro necesita desarrollar una conciencia nacional clara y comprometida con el momento histórico.

En esta coyuntura política y electoral hemos visto con tristeza que ya no existe ningún movimiento estudiantil que agite las banderas, tampoco en el estamento profesoral. En otras épocas estuvieran en las calles expresando un pensamiento comprometido con el bienestar de los más pobres, de esa franja de un millón de colombianos que apenas vive con cuatro mil pesos al día, o de aquellos siete que los hacen con ocho mil. Por fortuna este gobierno ha redimido a casi tres millones de compatriotas de este martirio creando fuentes de empleo y brindando a tres millones de viejos una ayuda mensual con la cual mitigar el hambre y obtener un poco de dignidad.

La universidad pública tiene que ser reforzada con un verdadero sentido de pertenencia y compromiso por parte de la juventud, en especial de aquellos muchachos que han crecido en la carencia y en la falta de oportunidades; que escasamente tienen para el pasaje y que permanentemente están esquivando el monstruo de la violencia, la drogadicción, el delito y el desespero.

Tanto profesores como estudiantes, egresados, trabajadores y pensionados, tienen que sentar su apoyo decidido a las propuestas en la elección de rectores que se avecinan como es el caso puntual de la Universidad de Antioquia, donde el gobernador neoliberal propone un candidato apoyado por una de las grandes firmas comerciales antioqueñas con quien pretende iniciar un proceso de privatización con propuestas de financiación y políticas curriculares y salariales muy acordes a las instituciones privadas. Por fortuna en los últimos tiempos se ha creado un espíritu de lucha en un gran sector del profesorado, que con la ayuda del gobierno que termina, sabrá sortear el impase y conservar el carácter público, nacional, científico y de masas de nuestra querida Alma Máter.

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En un hecho considerado histórico para la salud pública y la soberanía farmacéutica del país, la Universidad de Antioquia inició la producción de cerca de 1,7 millones de tabletas de cloroquina, convirtiéndose en la primera planta pública y universitaria de Colombia en fabricar un medicamento esencial a escala nacional.

La iniciativa fue posible gracias al trabajo articulado impulsado por el gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, junto con la Universidad de Antioquia, luego de tres años de investigación y desarrollo científico.

La fabricación de cloroquina busca garantizar el abastecimiento nacional de este medicamento utilizado para el tratamiento de la malaria, enfermedad que continúa afectando a miles de personas en regiones vulnerables del país y cuyo suministro dependía históricamente de importaciones.

El proyecto hace parte de la estrategia del Gobierno Petro para fortalecer la soberanía farmacéutica y recuperar la capacidad pública de producción de medicamentos en Colombia, especialmente aquellos considerados prioritarios para la atención en salud pública.

Dentro de esta política se encuentra el Conpes 4170, hoja de ruta que contempla inversiones por 1,37 billones de pesos hasta 2035 para fortalecer la producción nacional de vacunas, sueros y tratamientos estratégicos, incluidos medicamentos oncológicos….

Las entidades participantes señalaron que el avance va más allá de un proyecto académico, pues detrás de la iniciativa existe una infraestructura certificada, equipos científicos especializados y una estrategia orientada a consolidar capacidades nacionales para responder a necesidades críticas del sistema de salud.

El decano de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias de la Universidad de Antioquia, Weber Ríos Ortiz, afirmó que “este es un hito muy importante. Estamos hablando de un avance que permitirá que el país pueda atender la demanda de este producto estratégico y de interés en salud pública, que además hace parte de la lista de medicamentos esenciales para enfermedades desatendidas”.

Inicialmente, el proyecto contemplaba la fabricación de 1,2 millones de tabletas de cloroquina. Sin embargo, tras una evaluación realizada junto al Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), encargado de la distribución del medicamento, se determinó que la demanda tanto en Colombia como en otros países de la región era superior a la prevista.

Por esta razón, la producción fue ampliada hasta alcanzar cerca de 1,7 millones de tabletas.

La cloroquina es apenas el primero de varios medicamentos estratégicos que serán desarrollados bajo el sello de la Universidad de Antioquia. Entre los próximos fármacos incluidos en el convenio con el Ministerio de Salud figuran niclosamida, benznidazol y praziquantel, destinados al tratamiento de enfermedades desatendidas.

A estos se suma el desarrollo de dolutegravir triconjugado para el tratamiento del VIH, proyecto adelantado mediante otro convenio entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

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La Universidad de Antioquia atraviesa una crisis que desborda el problema financiero y compromete el sentido mismo de su misión pública. Durante años, las lógicas clientelares, los cálculos burocráticos y las disputas por cuotas de poder han desplazado la reflexión sobre el rumbo estratégico de la institución. Lo que debería ser un debate permanente sobre la producción de conocimiento, la formación ciudadana y el compromiso con la sociedad ha terminado reducido, con demasiada frecuencia, a una competencia por el control administrativo de la universidad.

Esta situación se hace especialmente visible en los períodos de relevo de rector y decanos. En lugar de abrir debates sobre el futuro académico e institucional, predominan las alianzas coyunturales, los alineamientos con intereses externos y la defensa de pequeños espacios de poder. La preocupación inmediata por la gobernabilidad ha reemplazado la construcción de un proyecto universitario capaz de responder a los desafíos del presente.

La actual convocatoria para la elección de rector representa, en este contexto, una oportunidad excepcional para revisar el rumbo de la universidad. El debate no debería centrarse en nombres, alianzas o equilibrios burocráticos. Debería estar atravesado por una discusión de fondo sobre la esencia de la institución, su responsabilidad histórica y el modelo de gestión de sus estrategias misionales. La elección rectoral tendría que convertirse en un escenario para discutir qué universidad necesita Antioquia y el país, y qué transformaciones son indispensables para recuperar la vigencia académica y social de la institución.

La crisis financiera es apenas el síntoma más visible de un deterioro acumulado durante décadas. Detrás del déficit existe un modelo de gestión que ha debilitado el compromiso con lo público y ha relegado asuntos fundamentales. La desfinanciación estructural, la precarización laboral de los profesores de cátedra y el rezago de muchos programas de formación muestran una institución que perdió capacidad para anticipar los cambios del mundo contemporáneo.

En el desarrollo de sus estrategias misionales, la universidad parece avanzar desconectada de la realidad nacional y sin un horizonte articulado con los planes de desarrollo económico, social e industrial del país. En el campo de la investigación, salvo valiosas excepciones, numerosos proyectos se han distanciado de las necesidades y problemas de las regiones y de la nación.

La presión por ajustarse a métricas internacionales de desempeño, expresadas en titulaciones, publicaciones indexadas y reconocimientos individuales, ha favorecido dinámicas académicas centradas más en el beneficio personal que en la producción de conocimiento pertinente para el país. Bajo esa lógica, y amparadas en el prestigio institucional y en recursos públicos, proliferan agendas fragmentadas de investigación que responden más a criterios de escalafón, acumulación de puntos salariales e indicadores de clasificación internacional que a las urgencias sociales, económicas y productivas de Antioquia y Colombia.

La situación resulta aún más preocupante en el campo de la formación profesional. Muchos currículos permanecen desactualizados y desconectados de las profundas transformaciones que hoy redefinen el conocimiento, el trabajo y la vida colectiva. La inteligencia artificial, la bioeconomía, la nanotecnología, la transición energética y la emergencia climática, entre otros cambios tecnológicos y científicos que moldearán el futuro, exigen nuevas capacidades cognitivas, metacognitivas, éticas y ciudadanas.

Sin embargo, en numerosos casos, la universidad continúa ofreciendo respuestas ancladas en modelos formativos del siglo pasado, con escasa capacidad para anticipar los desafíos económicos, sociales y tecnológicos que enfrentarán las nuevas generaciones.

A ello se suma la precariedad de la docencia, particularmente de los profesores de cátedras en ciencias básicas, conocimiento esencial en el siglo XXI. La formación de miles de estudiantes descansa principalmente sobre una planta de profesores de cátedra sometida a condiciones laborales inestables y mal remuneradas. Resulta contradictorio aspirar a una educación transformadora mientras quienes sostienen buena parte del trabajo pedagógico carecen de garantías mínimas para desarrollar procesos académicos continuos, rigurosos y de calidad.

A esta situación se añade el rezago en la incorporación de nuevas estrategias didácticas apoyadas en las tecnologías de la información y la comunicación, así como en enfoques contemporáneos del aprendizaje, como el conectivismo. Estas transformaciones están modificando profundamente las formas de enseñar, aprender y producir conocimiento. Sin embargo, buena parte de las prácticas pedagógicas universitarias continúa ancladas en modelos tradicionales, con escasa capacidad para responder a las dinámicas educativas del presente.

La crisis también es política y cultural. La actual discusión sobre la reforma del Estatuto General revela tensiones acumuladas durante años en torno a la gobernanza universitaria. Aunque este proceso representa una oportunidad para revisar las estructuras de gobierno y fortalecer la participación de la comunidad académica, también ha dejado en evidencia las limitaciones de una democracia reducida, muchas veces, al simple cumplimiento formal de procedimientos.

Con frecuencia, se consulta a la comunidad universitaria sin que sus posiciones incidan realmente en las decisiones finales. Se promueven espacios de participación que terminan siendo más rituales administrativos que ejercicios efectivos de deliberación colectiva. Así, la consulta pierde legitimidad y la representación se vacía de valor democrático.

En muchos espacios de representación se consulta sin escuchar realmente, se participa sin deliberación efectiva y se toman decisiones sin construir consensos amplios ni proyectos colectivos. La representación se distorsiona cuando deja de ser un mecanismo para interpretar y canalizar las aspiraciones de la comunidad universitaria, y se convierte en escenario de protagonismos individuales o de defensa de intereses particulares. De esta manera, la democracia universitaria pierde su capacidad formativa y su sentido colectivo.

El problema de fondo no es solamente normativo. Es, ante todo, cultural. Una universidad que no practica la deliberación democrática en su vida cotidiana difícilmente puede formar ciudadanos capaces de ejercerla en la sociedad. Allí reside una de sus mayores contradicciones y, al mismo tiempo, una profunda deuda con su propia misión institucional.

La formación profesional universitaria no consiste únicamente en transmitir conocimientos técnicos o científicos. También implica educar para el ejercicio de una ciudadanía crítica y democrática, capaz de deliberar, construir acuerdos y defender el bien común en las complejas sociedades del siglo XXI. No se trata de una idea abstracta de democracia heredada de otros tiempos, sino de formar ciudadanos para la realidad colombiana, atravesada por profundas desigualdades, fragmentaciones sociales y tensiones políticas.

En un país como Colombia, esa responsabilidad no es secundaria ni opcional. Hace parte esencial del sentido histórico y de la legitimidad de la universidad pública.

Por eso, la discusión sobre la reforma del Estatuto General no debería reducirse a una disputa por nuevas cuotas de representación o por ajustes administrativos. La verdadera oportunidad consiste en convertir esta coyuntura en el punto de partida de una transformación institucional más profunda. La universidad necesita reconstruir una cultura basada en la transparencia, la responsabilidad colectiva, el pensamiento crítico y el compromiso genuino con lo público.

Esa transformación exige revisar prácticas arraigadas y asumir responsabilidades concretas. Las directivas universitarias, hoy y en el futuro, deben preguntarse si sus decisiones responden realmente al interés general y a la misión pública de la institución. Los investigadores necesitan interrogarse sobre la pertinencia social de su trabajo y su contribución a los problemas del país y las regiones. Los docentes deben reconocer la dimensión ética y estratégica de su papel en la formación de las nuevas generaciones.

La Universidad de Antioquia tiene todavía la posibilidad de recuperar plenamente su misión histórica. Puede convertirse en una institución capaz de articular conocimiento, democracia y compromiso social en medio de las profundas transformaciones del siglo XXI. Puede ser un espacio donde la ciencia, la formación humanista y la deliberación pública contribuyan a construir un futuro más justo para Antioquia y para el país.

Pero ello requiere voluntad política y una nueva cultura universitaria. No bastan reformas legales ni cambios cosméticos en la estructura administrativa. Se necesita reconstruir la confianza institucional y reafirmar valores que hoy parecen debilitados: el sentido de lo público, la ética del bien común, la pertinencia y actualidad académica, y la responsabilidad con las generaciones futuras.

Si la reforma del Estatuto General y el actual proceso de elección rectoral logran impulsar esa transformación cultural, la Universidad de Antioquia podrá recuperar vigencia histórica y convertirse nuevamente en un referente ético e intelectual para la sociedad. Podrá ser, en efecto, ese faro que ilumine el camino del futuro de Antioquia en tiempos de incertidumbre y cambio. De lo contrario, corre el riesgo de convertirse en una institución atrapada en sus propias inercias, distante de las necesidades de la sociedad y cada vez más irrelevante frente a los desafíos del presente.

 *Académico-Analista/ Profesor de Ingeniería Química de la UdeA.

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Quién es Iván Cepeda?

Se trata de una víctima de la violencia de este país. Su padre Manuel fue asesinado, en la década del 90  en pleno centro de Bogotá por miembros del Ejército, cumpliendo ordenes de asesinar a todos aquel que se identificará con la búsqueda de justicia social y defensa de los derechos humanos.

Iván, después de un largo exilio, regresa al país y continúa la labor de su padre convirtiendose en uno de los lideres más destacados en el campo del  reconocimiento y la defensa de las víctimas del conflicto armado, y la búsqueda incansable de la paz para nuestro pais.

Se trata de un hombre valiente, honrado, sobrio en sus formas y lenguaje. Reflexivo y conciliador.

Su elección como presidente significará avanzar en la construcción de una sociedad más justa, equitativa, inclusiva, donde la prosperidad pueda llegar a todos los hogares colombianos mejorando las condiciones de vida de aquellos tradicionalmente excluidos.

*Médico, profesor de la Facultad de Medicina de la UdeA.

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En su mensaje, el jefe de Estado resaltó la inversión de cerca de medio billón de pesos, aportados entre el Gobierno y dicha institución universitaria, para impulsar la producción nacional de medicamentos.

“Hemos aportado con el erario para que (la Universidad de Antioquia) brille en el sistema universitario público nacional. Apostamos a que, con medio billón de pesos, sea el núcleo fundamental de la industrialización nacional en la rama de la fabricación e investigación de medicamentos. Los medicamentos deben ser accesibles para la sociedad y baratos», sostuvo.

Producción de medicamentos

Cabe recordar que el Ministerio de Salud, la Universidad de Antioquia y el Instituto Nacional de Salud firmaron un convenio interadministrativo que garantiza recursos de hasta 423.613 millones de pesos para la construcción, dotación y puesta en marcha de la nueva planta de producción de medicamentos esenciales de dicha universidad en el departamento de Antioquia.

El acuerdo, con una proyección de ejecución a siete años, permitirá fortalecer de manera inmediata la planta actual ubicada en Medellín mediante la adquisición de equipos y tecnología, mientras avanza el proceso de construcción de la nueva infraestructura en el campus de El Carmen de Viboral.

Del total de recursos, 350 mil millones de pesos serán aportados por el Ministerio de Salud, distribuidos en vigencias futuras hasta 2032. La Universidad de Antioquia contribuirá con el terreno para el proyecto, la planta actual y su capacidad académica, científica e investigativa.

Respecto a este nuevo proyecto, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, afirmó: “Con este convenio garantizamos recursos históricos para fortalecer la producción pública de medicamentos en Colombia. La nueva planta de medicamentos esenciales es una apuesta estratégica para el acceso oportuno a tratamientos y la reducción de la dependencia externa en medicamentos prioritarios para la salud pública del país».

Reconocimiento

El SCImago Institutions Rankings es una tabla de posiciones a nivel mundial que mide qué tan buenas son las universidades y centros de investigación, para lo cual se evalúan aspectos como los siguientes: 

—Investigación (50%): Cuántos artículos científicos publican y qué tanto los citan los científicos en el mundo. Es decir, qué tanto conocimiento nuevo están creando.

—Innovación (30%): Si esos inventos o descubrimientos se convierten en patentes o ayudan a crear nuevas tecnologías.

—Impacto social (20%): Qué tan visible es su trabajo en internet y, muy importante en la edición 2026, cuánto ayudan a las políticas públicas y cuántas mujeres investigadoras lideran sus proyectos. 

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El acuerdo, con una proyección de ejecución a siete años, permitirá fortalecer de manera inmediata la planta actual ubicada en Medellín mediante la adquisición de equipos y tecnología, mientras avanza el proceso de construcción de la nueva infraestructura en el campus de El Carmen de Viboral.

Del total de recursos, 350 mil millones de pesos serán aportados por el Ministerio de Salud, distribuidos en vigencias futuras hasta 2032. La Universidad de Antioquia contribuirá con el terreno para el proyecto, la planta actual y su capacidad académica, científica e investigativa.

La planta actual de medicamentos esenciales, con más de 30 años de trayectoria, ha sido clave en la producción de medicamentos estratégicos para enfermedades desatendidas, malaria y VIH, entre otras, consolidando el papel de la Universidad de Antioquia en la apuesta por la soberanía farmacéutica nacional.

Además, recientemente fue habilitada como proveedora oficial de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), lo que permitirá ampliar el suministro de medicamentos a otros países de la región y fortalecer la sostenibilidad del proyecto.

Respecto al nuevo proyecto, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, afirmó: “Con este convenio garantizamos recursos históricos para fortalecer la producción pública de medicamentos en Colombia. La nueva planta de medicamentos esenciales es una apuesta estratégica para el acceso oportuno a tratamientos y la reducción de la dependencia externa en medicamentos prioritarios para la salud pública del país».

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Jorge Hernán Bustamante Medina – Director UdeA Urabá, es Magíster en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera de la Universidad Internacional de La Rioja, Especialista en Gerencia Social de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y Comunicador Social – Periodista de la Universidad de Antioquia, fue nombrando director de  la regional en Urabá.

Cuenta con más de dos décadas de experiencia en docencia universitaria en áreas relacionadas con lengua materna, lectoescritura, comunicación estratégica e investigación, desempeñándose como docente de tiempo completo y de cátedra, así como líder de procesos curriculares y de acompañamiento a proyectos de grado en distintas instituciones de educación superior.

A lo largo de su trayectoria ha estado vinculado a instituciones como la Corporación Universitaria Minuto de Dios, la Institución Universitaria Pascual Bravo, el Tecnológico de Antioquia, la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia y la Universidad de Antioquia, donde también ha desarrollado labores docentes en programas de comunicaciones y en la Sede Ciencias del Mar.

Ha recibido reconocimientos a la excelencia docente que respaldan su compromiso con la calidad educativa y la formación integral de los estudiantes.

Nuevos directores

Como parte del fortalecimiento del proyecto de Regionalización, la Universidad de Antioquia anunció la llegada de nuevos directivos que asumirán en propiedad las direcciones de los campus regionales, liderando los procesos académicos, administrativos y de proyección institucional en los territorios.

Los nuevos directores, con trayectorias académicas y profesionales vinculadas a la educación superior, la gestión institucional y el trabajo con comunidades, ya se encuentran en sus cargos. Desde los campus regionales, aportarán al fortalecimiento de la formación universitaria, la articulación con los actores locales y el desarrollo social, científico y cultural de las regiones donde la Universidad hace presencia.

En su orden asumieron sus cargos: José Roberto Álvarez Múnera – Director El Carmen de Viboral, Omar Andrés Osorio García – Director Sonsón y Sandra Milena Cardona Morales – Directora Yarumal.

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«Más allá de cifras, indicadores y rankings, el sentido que evocó ese relato recuerda que dirigir una Facultad implica comprender que la universidad pública es, ante todo, un espacio de oportunidades. Para miles de jóvenes no es una opción más dentro del sistema educativo. Es la única puerta real hacia un futuro distinto. Allí se depositan sueños, expectativas familiares y la esperanza de romper ciclos históricos de exclusión». 

Las posesiones administrativas en las universidades suelen transcurrir sin mayor trascendencia. Predominan los discursos protocolarios, las promesas previsibles y las fórmulas institucionales destinadas a diluirse en la rutina apenas termina la ceremonia. Pero en ocasiones ocurre algo distinto. Una historia personal irrumpe y rompe el libreto, devolviendo la mirada hacia el sentido más profundo de la universidad pública. Eso sucedió durante el discurso de posesión del nuevo decano de Ingeniería. Su intervención, alejada de la retórica habitual, evocó la experiencia concreta de quienes llegan a la educación superior pública cargando sueños, precariedades y esperanzas, y permitió reconocer, con claridad poco frecuente, el propósito más humano y transformador de la educación superior en Colombia.

Más allá de cifras, indicadores y rankings, el sentido que evocó ese relato recuerda que dirigir una Facultad implica comprender que la universidad pública es, ante todo, un espacio de oportunidades. Para miles de jóvenes no es una opción más dentro del sistema educativo. Es la única puerta real hacia un futuro distinto. Allí se depositan sueños, expectativas familiares y la esperanza de romper ciclos históricos de exclusión.

El compromiso institucional que asume un Decano no se mide únicamente en planes estratégicos ni en declaraciones programáticas. Se reflejará, sobre todo, en los proyectos de vida de los estudiantes que depositan su cofianza en la institución. Cada decisión académica y administrativa tiene consecuencias reales en trayectorias humanas concretas. 

Por eso resultó tan significativa la evocación de experiencias del nuevo decano de Ingeniería que muchos reconocen como propias. La compra del formulario de inscripción como un acto cargado de incertidumbre y esperanza. Los pasajes contados para viajar a la Ciudad Universitaria. Las «cocas» compartidas entre compañeros. Ese suplemento, o sustituto, del almuerzo con guayabas y mangos para sobrellevar el hambre y la gastritis. No son anécdotas menores. Son el retrato de una generación que encontró en la universidad pública el único camino posible. Y, como bien se expresó, no se trata solo de transformar la vida individual. Se transforman familias enteras y, con ellas, comunidades completas.

Recordar el origen no es un ejercicio de nostalgia. Es un compromiso ético. Quien ha vivido las dificultades que atraviesan muchos estudiantes comprende que la misión universitaria no consiste únicamente en formar profesionales competentes. También implica ampliar horizontes de dignidad y movilidad social.

En un país marcado por profundas desigualdades, la Facultad de Ingeniería como tantas otras unidades académicas de universidades públicas está llamada a asumir un papel transformador. No basta con responder a los retos tecnológicos contemporáneos. También es necesario responder al desafío social de construir oportunidades reales para quienes más las necesitan.

Los próximos años serán decisivos. La promesa de posicionamiento nacional e internacional solo tendrá sentido si se traduce en decisiones cotidianas que fortalezcan la calidad académica, amplíen el acceso y conecten el conocimiento con las necesidades reales de la sociedad. 

Liderar una Facultad exige «serenidad para aceptar aquello que no puede cambiarse, valor para transformar lo que sí puede cambiarse y sabiduría para distinguir entre ambos». Ese liderazgo, sin embargo, no se ejerce en el vacío. Se inscribe en la historia y en las tensiones propias de una institución pública que hoy enfrenta desafíos profundos.

La Universidad de Antioquia aún conserva el temple, la historia y la capacidad para recuperar el rumbo y superar la crisis que desafía su identidad y su misión. Volver a encender la luz del faro universitario, esa luz que orienta, interpela y guía a la sociedad, es una tarea urgente e inaplazable. Porque, en última instancia, el verdadero liderazgo académico no consiste solo en administrar estructuras. Consiste en transformar vidas.

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Así lo reveló el ministro de Educación, Daniel Rojas, quien aseguró que, luego de la reunión realizada en la Universidad de Antioquia, se tomó la decisión de otorgar un respaldo inmediato para la operación académica y administrativa con un giro extraordinario de $70.000 millones. Solo en 2025, sin considerar indexaciones, se sumaron $119.000 millones adicionales, un incremento del 325% frente a 2022.

Este fortalecimiento se complementa con una inversión histórica en infraestructura educativa que asciende a $245.200 millones, de los cuales $228.000 millones corresponden a vigencias futuras para proyectos estratégicos en las regiones. 

Entre ellos se destacan $131.699 millones para la nueva infraestructura de la Facultad de Medicina en Apartadó, $66.546 millones para el Bloque 4 en El Carmen de Viboral, $31.000 millones para el fortalecimiento de sedes en San Pedro de Urabá y $16.000 millones para aulas modulares en Arboletes.

“El amor se nota en el presupuesto. Lo hemos dicho, lo repetimos y lo estamos mostrando aquí en la universidad de Antioquia, con hechos reales. Hoy la UdeA, recibe en su cuenta bancaria estos $70 mil millones más $138 mil millones que hacen parte de la base presupuestal prevista para el mes de enero de 2026, en total cerca de $208 mil millones”, manifestó el ministro de Educación.

El impacto de estas decisiones se traduce en mayor cobertura y permanencia. Entre 2023 y 2025 la Universidad registró 11.141 nuevos estudiantes, mientras que la Política de Gratuidad beneficia al 90,3% de su matrícula, equivalente a 34.511 jóvenes que hoy pueden cursar sus estudios sin barreras económicas.

La articulación con el Gobierno nacional también se refleja en el crecimiento de la contratación interinstitucional, que aumentó 762,7% en los últimos años, pasando de $13.400 millones a $115.600 millones, gracias a convenios con diferentes ministerios y entidades públicas para el desarrollo de proyectos académicos, tecnológicos y sociales.

“Agradecemos el trabajo y compromiso del rector Héctor García, quien cuenta con el apoyo y el acompañamiento del ministerio Nacional para que puedan cumplir ese plan financiero que sean planteado y así, en el menor tiempo posible la UdeA cuente con el levantamiento de las medidas de inspección y vigilancia”, concluyó el ministro Rojas.

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Por considerarla de interés público, El Pregonero del Darién publica íntegra la carta del hasta hoy rector de  al Universidad  de Antioquia, John Jairo Arboleda Céspedes, tras renunciar a  dicho cargo.

El hoy ex rector, advierte que defenderá su nombre y hace graves aseveraciones que han llevado a la actual crisis de la universidad pública, denuncia como le han violado el debido proceso, además de explicar como desde su elección “unas minorías  con poder comenzaron el bloqueo institucional”

Carta completa:

Mientras cursaba cuarto grado de bachillerato, unos vecinos le pidieron a mi mamá que me dejara acompañarlos a la Universidad de Antioquia. Ese primer encuentro con la Alma Máter permanece intacto en mi memoria. En 1982 pasé a la carrera de Medicina Veterinaria y, después, aquí mismo, cursé la Maestría en Medicina Tropical. Desde octubre del año 2000 he sido profesor de la Facultad de Ciencias Agrarias, unidad académica en la cual ejercí como decano entre los años 2016 y 2017, y también fui investigador y director del Centro de Investigaciones Pecuarias; posteriormente me desempeñé, durante nueve años, como director de Regionalización y, en diferentes periodos, estuve al frente de otras dependencias como la Dirección de Bienestar y las vicerrectorías de Investigación y General.

Ese recorrido, que tiene a la vera mi profundo amor y admiración por esta universidad pública, no estuvo mediado simplemente por el azar ni fue el resultado de algún privilegio de clase: mi papá fue bombero y mi mamá, ama de casa; crecí en el barrio Manrique, en Medellín, viendo cómo florecía un intenso activismo social y, también, con cierta inquietud, observando a lo lejos esta Ciudad Universitaria. Después fue emocionante descubrir aquí la convergencia de aquel sentido crítico de la época, del conocimiento como un bien común y del bienestar y crecimiento de los universitarios como un objetivo institucional. Las aulas de esta Universidad, como pocas, han delineado, acogido e mpulsado los planes de vida de miles y miles de personas que, con tanta incertidumbre, apenas podíamos contemplarlas desde la distancia.

La Universidad de Antioquia y la comunidad que la conforma han sido hogar y familia, el lugar de mi proyecto de vida. Ha sido, por tanto, una institución a la que le debo ¡todo!: respeto, gratitud, dedicación, solidaridad y compromiso ético. Puedo decir con franqueza, y sin más pretensiones que las de cualquier universitario o universitaria que asume con lealtad su compromiso con la Universidad de Antioquia, que esos valores forjados en la propia institución fueron determinantes en mi designación como rector en el año 2018. Este reconocimiento del Consejo Superior Universitario, y su reiteración para los períodos 2021-2024 y 2024-2027, se dieron bajo las normas y procedimientos institucionales establecidos en el Estatuto General y, por supuesto, en el marco de la autonomíauniversitaria.

En el curso de estos tres periodos como rector, la Universidad ha enfrentado complejos esafíos: en 2018 y 2019 vivimos y respaldamos una potente movilización por la financiación de la universidad pública; hicimos frente a momentos críticos dentro de nuestros espacios, con graves amenazas a estudiantes y docentes; luego, en marzo de 2020, llegó la pandemia por la covid-19 y la suspensión de actividades presenciales, lo que nos obligó a buscar alternativas rápidas y pertinentes para continuar con los semestres académicos y maniobrar financieramente para garantizar la estabilidad laboral de miles de profesores, empleados y contratistas, y la permanencia de nuestros estudiantes en Medellín y en las regiones de Antioquia.

Esta comunidad, con espíritu crítico y social, hizo también eco del denominado «estallido social», donde la institución no fue ajena a las circunstancias e impactos del momento. Posteriormente debimos asumir los desafíos pospandémicos: económicos, sociales, tecnológicos, educativos, en salud mental y en el restablecimiento de confianzas, compromisos y dinámicas. A las necesarias transformaciones y reconfiguraciones derivadas de las denuncias sobre violencias basadas en género, le siguieron, posteriormente, las complejas tensiones, visiones e intereses políticos propios de una reconfiguración democrática de país que también ha venido atravesando el entorno universitario.

Pese a todos esos desafiantes «nudos» en el curso de los tres periodos rectorales, las acciones e indicadores institucionales —siempre determinados por el compromiso y respaldo de la comunidad universitaria— siguen evidenciando que esta «dirección del funcionamiento general de la Universidad» —una de las 23 funciones establecidas para el cargo de rector— ha podido mantener el prestigio investigativo institucional; su valoración social; la acogida en cada semestre de un alto número de aspirantes y admitidos a los programas de pregrado y posgrado; el compromiso con la equidad, la inclusión y la permanencia; la proyección internacional; la valiosa presencia regional en los campus y comunidades de Antioquia y del país; y, pese a las contingencias económicas, son evidentes los avances en el cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional, formulado antes de mi rectoría para el periodo 2017–2027, un plan altamente ambicioso y que no consideró suficientemente la deficitaria proyección financiera. Sobre estos avances y sobre la manera como hemos asumido aquellos retos, es ampliamente elocuente la Acreditación Institucional que, ¡hace apenas dos años!, elactual Gobierno nacional otorgó a la Universidad. Se trata de una Acreditación de Alta Calidad, en modalidad Multicampus y con vigencia de diez años, determinada bajoestándares y procedimientos de las mismas autoridades nacionales, y tras un largoproceso de autoevaluación y evaluación por pares nacionales e internacionales.

Tensiones políticas 

Llevar en el espíritu a esta Universidad y actuar en coherencia con ella implica entenderla y asumir la responsabilidad de liderarla como ese «paraíso complejo» que la signa. Como lo he sugerido en un párrafo anterior, tras mi tercera y legítima designación rectoral por parte del Consejo Superior Universitario, las tensiones políticas y sus naturales expresiones e intereses en diversos actores y grupos internos y también externos, trenzaron un ambiente inusual en una institución que se ha honrado por el criterio y el respeto del otro, y que se ha preciado de resistir las dinámicas partidistas o electorales que eventualmente la acechan desde afuera. La desinformación, la retórica parcializada, las bilis personalistas que se sobrepusieron al criterio institucional y la evidente polarización de fuerzas ideológicas, económicas y políticas han logrado confeccionar un velo ensombrecedor y, por momentos, asfixiante de los valores que esta institución ha consolidado por décadas, así como de su autonomía universitaria, reputación, sentido de pertenencia y del aprecio y valoración de la sociedad en general.

Todo ese patrimonio social, alcanzado por la inteligencia, el compromiso y hasta la vida de tantas personas que nos antecedieron, está hoy siendo amasado y estropeado por unos pocos. Alguien, bellamente, ha señalado que «no se puede ser un líder eficaz si se intenta ser alguien que no se es». Hacerle frente durante más de siete años en el cargo de rector a aquellos desafíos implica firmeza, contención, respeto por el otro, lealtad de grupo, respaldo colectivo y cuidado institucional. También implica conservar la prudencia en el actuar, expresada en silencios que en mi caso han sido objetados y cuestionados, pero que de fondo han procurado mediar con diplomacia entre las aguas revueltas, buscando «lo mejor para la Universidad». Ese rasgo de mi personalidad y liderazgo me ha llevado, para bien o para mal, a enfrentar individualmente señalamientos y juzgamientos, que he preferido asumir y tramitar silenciosamente, antes que reconvertirlos en motivos o factores que tensen aún más los conflictos, solo para escudar mi nombre en una cacería tan fácil como insulsa de responsabilidades pasadas y presentes.

Mucha presión

El tercer y último periodo al frente de la rectoría ha estado sorteado por el intento permanente de limitar mi gestión rectoral. Entre los mecanismos y circunstancias que han caracterizado esta situación resalto los rezagos de un proceso de designación especialmente atípico y enfrascado, como nunca, en una polarización de fuerzas políticas —internas y externas—; un estructural problema financiero agudizado por los retrasos en transferencias y la reducción de la contratación de servicios con la Universidad; el desarrollo por parte del CSU de un proceso de evaluación de mi gestión como rector usando, (in)convenientemente, un modelo de evaluación que se llevó a cabo de manera irregular y se comunicó de manera desacertada a la comunidad universitaria y a la ciudadanía; y, luego, el establecimiento de medidas preventivas y de vigilancia especial por parte del MEN, lo que incluyó la inspección «in situ».

Como lo he señalado, la coyuntura financiera de la Universidad, con profundas raíces estructurales de más de dos décadas, ha significado un desafiante momento de mi rectoría. Aun así, junto con los órganos de gobierno comenzamos la tarea de implementar medidas de austeridad, diversificación de fondos, estudios y propuestas en cambios normativos, así como la modificación en la estructura financiera para contener una situación que podría ser aún más crítica. Estas acciones, entre otras, permitieron la reducción de gastos, y el cumplimiento de los compromisos de salarios y honorarios con empleados, docentes y contratistas.

Pese a estos esfuerzos, desde julio del 2025 el MEN tomó una serie de medidas que, a mi juicio, más que acompañar y orientar las tareas ya emprendidas por el Consejo Superior, el Consejo Académico, la Rectoría y otras directivas académicas, se suscribieron en la desconfianza sobre una gestión que, sin embargo, como lo han evidenciado y reportado los órganos de control desde 2018, ha sido transparente y ajustada a la legislación colombiana y a las normas internas de la institución.

La Universidad y el equipo rectoral hemos dado respuestas legales y administrativas a cada uno de los requerimientos y momentos de la inspección «in situ», convencidos de que nuestras actuaciones están acordes con la normatividad y se desarrollan en consonancia con la autonomía que a la Universidad le otorgan la Constitución y la ley.

Laúltima decisión, que contempla mi reemplazo del cargo de rector, comunicada con una llamativa estrategia mediática justo el 30 de diciembre —cuando toda la comunidad universitaria se encontraba en vacaciones colectivas— se sustenta en una supuesta intervención de mi parte para entorpecer la inspección y deja en el espacio público, difundidas de manera subrepticia —como ha ocurrido desde que se instaló la inspección — afirmaciones tan delicadas como que existen nóminas paralelas, presupuestos falsos y manejos inadecuados de los recursos públicos que transfiere la Nación, todo sin que se citen o registren con precisión las evidencias que soportan tales afirmaciones.

42 años de historia

Hace 42 años he pertenecido a esta Universidad y, como lo he reconocido, sé de su complejidad, pero principalmente de su grandeza. El extraño e injusto momento que hoy enfrenta el devenir institucional, que mediante titulares populistas y calculados los sectores en tensión buscan esconder tras la fachada del «salvamento», ha implicado en lo personal y familiar profundas confrontaciones y afectaciones. Hoy, como nunca, se pone en tela de juicio mi condición de universitario ético y comprometido con esta institución que tanto he amado y a la que le he entregado, podría decirse, mi pulso entero.

No me cabe duda y lo digo con franqueza: he cometido desaciertos, y cada vez que se presentaron, los comuniqué y actué con entereza sobre ellos, enmendando lo que correspondiera y avanzando sobre la experiencia. Sin desaciertos, pero sobre todo sin aprender de ellos, es inconcebible un liderazgo o direccionamiento institucionalresponsable. Es este un momento muy complejo de la vida institucional, pero también un momento que ha producido un creciente e incesante impacto en mi vida personal. Y allí convergen sentimientos que se repelen: de un lado, el profundo compromiso que siento de seguir contribuyendo a la protección y conservación de la estabilidad de esta Universidad, a la defensa de su autonomía y al mejoramiento de todo aquello que la ha hecho grande.

Pero de otro lado, una afectación personal que ha llegado a su límite. Cada vez es más difícil tramitar las múltiples formas de bloqueo institucional que aquellos minoritarios pero poderosos actores se empeñan en desplegar desde el mismo día en que mi nombre resultó favorecido por las mayorías que participaron en la consulta a los estamentos universitarios y por los votos que ratificaron finalmente ese resultado en el CSU. Cada vez es más difícil proteger a la Universidad en medio de una batalla socialmente torpe pero políticamente muy decidida, de liderazgos sociales, institucionales y aún gubernamentales, por el control de la Universidad.

Mi formación y mis preferencias solo me permiten estar con la idea de una universidad pública y autónoma, es decir, una «universitas» en la cual esos y otros poderes e ideas pueden confrontarse libremente, en el marco de unas reglas básicas y preestablecidas; una casa de todos a la cual ninguno de esos poderes puede atrapar para su propio beneficio, so pena de su transmutación en otra cosa. Esta idea de Universidad ha sido puesta en cuestión a instancias, triste e irónicamente, de autoridades, personas y grupos que dicen defenderla.

Mi renuncia como rector

En consecuencia, he decidido presentar formalmente mi renuncia como rector de la Universidad de Antioquia, a partir del 16 de enero del 2026, al Consejo Superior Universitario, máximo órgano de gobierno de la institución que me designó y que, en el marco de la autonomía universitaria y los procedimientos establecidos en el Estatuto General de nuestra Universidad, es la instancia encargada de elegir a quien ostente este cargo. Dejo expresa constancia de que esta renuncia no constituye una aceptación de los cargos o hallazgos insinuados por la inspección «in situ». Considero que la decisión del MEN de imponer mi reemplazo es ilegal, arbitraria e injusta, dadas las siguientes razones que son motivo igualmente de esta renuncia.

En primer lugar, hay una vulneración de la autonomía universitaria (art. 69 de la Carta Política) y desviación de poder, pues las medidas adoptadas han mutado de una legítima vigilancia a una co-administración de facto, aspecto que se hizo aún más evidente con el reciente anuncio de mi reemplazo; además, el Ministerio ha utilizado facultades de inspección para intervenir en la voluntad del gobierno universitario, supeditando decisiones técnicas a la aprobación subjetiva de un funcionario externo, vulnerando el núcleo esencial del autogobierno.

En segundo término, el contenido del «Informe preliminar de vigilancia especial», del 1 de diciembre del 2025, incurre en falsa motivación al imputarme responsabilidades por un déficit que es estructural y sistémico. El informe pretende derivar responsabilidad penal y disciplinaria (pág. 84) de hechos que son consecuencia directa de la desfinanciación estatal (Ley 30 de 1992) y no de una gestión negligente. Señalar al rector como responsable de la crisis financiera, mientras el Estado históricamente ha incumplido con el flujo de recursos necesario, es un argumento falaz que atenta contra mi buen nombre y contra la verdad.

El tercer motivo es la Ilegalidad de la Resolución 025421 del 29 de diciembre del 2025. La decisión de «reemplazar» al rector bajo el amparo de la Ley 1740 de 2014 carece del sustento fáctico exigible. Como consta en mi respuesta al requerimiento 2025-EE-368021 del 16 de diciembre del 2025, los supuestos «incumplimientos» de la Matriz de Seguimiento son obligaciones de imposible cumplimiento por parte de la Rectoría, ya que dependen de la voluntad política y presupuestal de los aportantes externos. Imponer el reemplazo del representante legal basándose en indicadores que la propia administración nacional bloquea al no girar los recursos oportunamente, vicia de nulidad el acto administrativo por ser contradictorio y arbitrario, situación que se evidenció el 31 de diciembre cuando el Gobierno nacional anunció el giro de 70 000 millones de pesos para «garantizar, por voluntad política, el rescate financiero de la Alma Máter».

El problema fundamental es de estructuración financiera de las universidades estatales, tal como lo he advertido reiteradamente y desde hace ya años, en la universidad y en diversas instancias formales e informales, regionales y nacionales. Además, la situación del «rescate» anunciado súbitamente indica que la decisión de removerme del cargo es desproporcionada (innecesaria), pues existían otras vías para intervenir la situación —financiera— determinante —esa sí— de la crisis.

En cuarto lugar, hay una evidente ruptura del debido proceso y la seguridad jurídica. La imposición de condiciones administrativas y financieras por parte de la Subdirección de Inspección y Vigilancia del MEN, sin agotar los términos de contradicción de los informes preliminares, constituye una «vía de hecho administrativa». No puedo convalidar con mi permanencia un proceso donde se me ha juzgado de antemano, limitando mi capacidad operativa y sometiéndome a un escrutinio que ignora las realidades de la Universidad. Todo indica que a través del acto de reemplazo difundido el 30 de diciembre, el MEN consolidó una ruta y un objetivo trazados desde el momento en que dispuso la vigilancia y allanados con los comportamientos y decisiones adoptadas, en especial: la de removerme del cargo de rector para el que fui designado de acuerdo con el procedimiento previsto en la normativa universitaria, y, con ello, asumir el control de la Alma Máter.

En lo personal y ante las irresponsables y temerarias observaciones a mi ejercicio rectoral, defenderé mi nombre y honorabilidad. Por tanto, me reservo el derecho de incoar las acciones judiciales a las que haya lugar.

Mi entera gratitud, respeto y afecto de corazón: a quienes me acompañaron con transparencia y convicción en el equipo rectoral, a las y los integrantes de los consejos académico y superior, a los empleados, profesores, estudiantes, egresados y aliados institucionales que durante estos tres periodos me respaldaron, contribuyeron a sostener la grandeza de esta Alma Máter y confiaron en mi liderazgo. También, mi reconocimiento a quienes con el respeto que nos ha enseñado esta Universidad, con altura académica y propositiva, asumieron una postura crítica y honesta frente a mi actuar, manifestando sus reparos siempre de manera frontal pero decididamente humana, respetuosa y responsable con la institución.

En el ámbito institucional reitero, como lo he señalado en múltiples ocasiones, la urgencia de que la comunidad universitaria reestablezca un ejercicio de diálogo entre los diferentes actores, grupos y representaciones; que subordine los mandatos e incentivos políticos y cálculos internos y externos, para poner a la Universidad, su cuidado, prestigio y, fundamentalmente, a la autonomía universitaria en el centro de una discusión razonada, ética y pragmática.

“En lo personal y ante las irresponsables y temerarias observaciones a mi ejercicio rectoral, defenderé mi nombre y honorabilidad. Por tanto, me reservo el derecho de incoar las acciones judiciales a las que haya lugar.”

Carta a la comunidad universitaria y a la sociedad en general/John Jairo Arboleda Céspedes • Profesor de la Universidad de Antioquia.

(Fotos/UdeA)

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