En su mensaje, el jefe de Estado resaltó la inversión de cerca de medio billón de pesos, aportados entre el Gobierno y dicha institución universitaria, para impulsar la producción nacional de medicamentos.

“Hemos aportado con el erario para que (la Universidad de Antioquia) brille en el sistema universitario público nacional. Apostamos a que, con medio billón de pesos, sea el núcleo fundamental de la industrialización nacional en la rama de la fabricación e investigación de medicamentos. Los medicamentos deben ser accesibles para la sociedad y baratos», sostuvo.

Producción de medicamentos

Cabe recordar que el Ministerio de Salud, la Universidad de Antioquia y el Instituto Nacional de Salud firmaron un convenio interadministrativo que garantiza recursos de hasta 423.613 millones de pesos para la construcción, dotación y puesta en marcha de la nueva planta de producción de medicamentos esenciales de dicha universidad en el departamento de Antioquia.

El acuerdo, con una proyección de ejecución a siete años, permitirá fortalecer de manera inmediata la planta actual ubicada en Medellín mediante la adquisición de equipos y tecnología, mientras avanza el proceso de construcción de la nueva infraestructura en el campus de El Carmen de Viboral.

Del total de recursos, 350 mil millones de pesos serán aportados por el Ministerio de Salud, distribuidos en vigencias futuras hasta 2032. La Universidad de Antioquia contribuirá con el terreno para el proyecto, la planta actual y su capacidad académica, científica e investigativa.

Respecto a este nuevo proyecto, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, afirmó: “Con este convenio garantizamos recursos históricos para fortalecer la producción pública de medicamentos en Colombia. La nueva planta de medicamentos esenciales es una apuesta estratégica para el acceso oportuno a tratamientos y la reducción de la dependencia externa en medicamentos prioritarios para la salud pública del país».

Reconocimiento

El SCImago Institutions Rankings es una tabla de posiciones a nivel mundial que mide qué tan buenas son las universidades y centros de investigación, para lo cual se evalúan aspectos como los siguientes: 

—Investigación (50%): Cuántos artículos científicos publican y qué tanto los citan los científicos en el mundo. Es decir, qué tanto conocimiento nuevo están creando.

—Innovación (30%): Si esos inventos o descubrimientos se convierten en patentes o ayudan a crear nuevas tecnologías.

—Impacto social (20%): Qué tan visible es su trabajo en internet y, muy importante en la edición 2026, cuánto ayudan a las políticas públicas y cuántas mujeres investigadoras lideran sus proyectos. 

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El acuerdo, con una proyección de ejecución a siete años, permitirá fortalecer de manera inmediata la planta actual ubicada en Medellín mediante la adquisición de equipos y tecnología, mientras avanza el proceso de construcción de la nueva infraestructura en el campus de El Carmen de Viboral.

Del total de recursos, 350 mil millones de pesos serán aportados por el Ministerio de Salud, distribuidos en vigencias futuras hasta 2032. La Universidad de Antioquia contribuirá con el terreno para el proyecto, la planta actual y su capacidad académica, científica e investigativa.

La planta actual de medicamentos esenciales, con más de 30 años de trayectoria, ha sido clave en la producción de medicamentos estratégicos para enfermedades desatendidas, malaria y VIH, entre otras, consolidando el papel de la Universidad de Antioquia en la apuesta por la soberanía farmacéutica nacional.

Además, recientemente fue habilitada como proveedora oficial de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), lo que permitirá ampliar el suministro de medicamentos a otros países de la región y fortalecer la sostenibilidad del proyecto.

Respecto al nuevo proyecto, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, afirmó: “Con este convenio garantizamos recursos históricos para fortalecer la producción pública de medicamentos en Colombia. La nueva planta de medicamentos esenciales es una apuesta estratégica para el acceso oportuno a tratamientos y la reducción de la dependencia externa en medicamentos prioritarios para la salud pública del país».

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Jorge Hernán Bustamante Medina – Director UdeA Urabá, es Magíster en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera de la Universidad Internacional de La Rioja, Especialista en Gerencia Social de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y Comunicador Social – Periodista de la Universidad de Antioquia, fue nombrando director de  la regional en Urabá.

Cuenta con más de dos décadas de experiencia en docencia universitaria en áreas relacionadas con lengua materna, lectoescritura, comunicación estratégica e investigación, desempeñándose como docente de tiempo completo y de cátedra, así como líder de procesos curriculares y de acompañamiento a proyectos de grado en distintas instituciones de educación superior.

A lo largo de su trayectoria ha estado vinculado a instituciones como la Corporación Universitaria Minuto de Dios, la Institución Universitaria Pascual Bravo, el Tecnológico de Antioquia, la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia y la Universidad de Antioquia, donde también ha desarrollado labores docentes en programas de comunicaciones y en la Sede Ciencias del Mar.

Ha recibido reconocimientos a la excelencia docente que respaldan su compromiso con la calidad educativa y la formación integral de los estudiantes.

Nuevos directores

Como parte del fortalecimiento del proyecto de Regionalización, la Universidad de Antioquia anunció la llegada de nuevos directivos que asumirán en propiedad las direcciones de los campus regionales, liderando los procesos académicos, administrativos y de proyección institucional en los territorios.

Los nuevos directores, con trayectorias académicas y profesionales vinculadas a la educación superior, la gestión institucional y el trabajo con comunidades, ya se encuentran en sus cargos. Desde los campus regionales, aportarán al fortalecimiento de la formación universitaria, la articulación con los actores locales y el desarrollo social, científico y cultural de las regiones donde la Universidad hace presencia.

En su orden asumieron sus cargos: José Roberto Álvarez Múnera – Director El Carmen de Viboral, Omar Andrés Osorio García – Director Sonsón y Sandra Milena Cardona Morales – Directora Yarumal.

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«Más allá de cifras, indicadores y rankings, el sentido que evocó ese relato recuerda que dirigir una Facultad implica comprender que la universidad pública es, ante todo, un espacio de oportunidades. Para miles de jóvenes no es una opción más dentro del sistema educativo. Es la única puerta real hacia un futuro distinto. Allí se depositan sueños, expectativas familiares y la esperanza de romper ciclos históricos de exclusión». 

Las posesiones administrativas en las universidades suelen transcurrir sin mayor trascendencia. Predominan los discursos protocolarios, las promesas previsibles y las fórmulas institucionales destinadas a diluirse en la rutina apenas termina la ceremonia. Pero en ocasiones ocurre algo distinto. Una historia personal irrumpe y rompe el libreto, devolviendo la mirada hacia el sentido más profundo de la universidad pública. Eso sucedió durante el discurso de posesión del nuevo decano de Ingeniería. Su intervención, alejada de la retórica habitual, evocó la experiencia concreta de quienes llegan a la educación superior pública cargando sueños, precariedades y esperanzas, y permitió reconocer, con claridad poco frecuente, el propósito más humano y transformador de la educación superior en Colombia.

Más allá de cifras, indicadores y rankings, el sentido que evocó ese relato recuerda que dirigir una Facultad implica comprender que la universidad pública es, ante todo, un espacio de oportunidades. Para miles de jóvenes no es una opción más dentro del sistema educativo. Es la única puerta real hacia un futuro distinto. Allí se depositan sueños, expectativas familiares y la esperanza de romper ciclos históricos de exclusión.

El compromiso institucional que asume un Decano no se mide únicamente en planes estratégicos ni en declaraciones programáticas. Se reflejará, sobre todo, en los proyectos de vida de los estudiantes que depositan su cofianza en la institución. Cada decisión académica y administrativa tiene consecuencias reales en trayectorias humanas concretas. 

Por eso resultó tan significativa la evocación de experiencias del nuevo decano de Ingeniería que muchos reconocen como propias. La compra del formulario de inscripción como un acto cargado de incertidumbre y esperanza. Los pasajes contados para viajar a la Ciudad Universitaria. Las «cocas» compartidas entre compañeros. Ese suplemento, o sustituto, del almuerzo con guayabas y mangos para sobrellevar el hambre y la gastritis. No son anécdotas menores. Son el retrato de una generación que encontró en la universidad pública el único camino posible. Y, como bien se expresó, no se trata solo de transformar la vida individual. Se transforman familias enteras y, con ellas, comunidades completas.

Recordar el origen no es un ejercicio de nostalgia. Es un compromiso ético. Quien ha vivido las dificultades que atraviesan muchos estudiantes comprende que la misión universitaria no consiste únicamente en formar profesionales competentes. También implica ampliar horizontes de dignidad y movilidad social.

En un país marcado por profundas desigualdades, la Facultad de Ingeniería como tantas otras unidades académicas de universidades públicas está llamada a asumir un papel transformador. No basta con responder a los retos tecnológicos contemporáneos. También es necesario responder al desafío social de construir oportunidades reales para quienes más las necesitan.

Los próximos años serán decisivos. La promesa de posicionamiento nacional e internacional solo tendrá sentido si se traduce en decisiones cotidianas que fortalezcan la calidad académica, amplíen el acceso y conecten el conocimiento con las necesidades reales de la sociedad. 

Liderar una Facultad exige «serenidad para aceptar aquello que no puede cambiarse, valor para transformar lo que sí puede cambiarse y sabiduría para distinguir entre ambos». Ese liderazgo, sin embargo, no se ejerce en el vacío. Se inscribe en la historia y en las tensiones propias de una institución pública que hoy enfrenta desafíos profundos.

La Universidad de Antioquia aún conserva el temple, la historia y la capacidad para recuperar el rumbo y superar la crisis que desafía su identidad y su misión. Volver a encender la luz del faro universitario, esa luz que orienta, interpela y guía a la sociedad, es una tarea urgente e inaplazable. Porque, en última instancia, el verdadero liderazgo académico no consiste solo en administrar estructuras. Consiste en transformar vidas.

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Así lo reveló el ministro de Educación, Daniel Rojas, quien aseguró que, luego de la reunión realizada en la Universidad de Antioquia, se tomó la decisión de otorgar un respaldo inmediato para la operación académica y administrativa con un giro extraordinario de $70.000 millones. Solo en 2025, sin considerar indexaciones, se sumaron $119.000 millones adicionales, un incremento del 325% frente a 2022.

Este fortalecimiento se complementa con una inversión histórica en infraestructura educativa que asciende a $245.200 millones, de los cuales $228.000 millones corresponden a vigencias futuras para proyectos estratégicos en las regiones. 

Entre ellos se destacan $131.699 millones para la nueva infraestructura de la Facultad de Medicina en Apartadó, $66.546 millones para el Bloque 4 en El Carmen de Viboral, $31.000 millones para el fortalecimiento de sedes en San Pedro de Urabá y $16.000 millones para aulas modulares en Arboletes.

“El amor se nota en el presupuesto. Lo hemos dicho, lo repetimos y lo estamos mostrando aquí en la universidad de Antioquia, con hechos reales. Hoy la UdeA, recibe en su cuenta bancaria estos $70 mil millones más $138 mil millones que hacen parte de la base presupuestal prevista para el mes de enero de 2026, en total cerca de $208 mil millones”, manifestó el ministro de Educación.

El impacto de estas decisiones se traduce en mayor cobertura y permanencia. Entre 2023 y 2025 la Universidad registró 11.141 nuevos estudiantes, mientras que la Política de Gratuidad beneficia al 90,3% de su matrícula, equivalente a 34.511 jóvenes que hoy pueden cursar sus estudios sin barreras económicas.

La articulación con el Gobierno nacional también se refleja en el crecimiento de la contratación interinstitucional, que aumentó 762,7% en los últimos años, pasando de $13.400 millones a $115.600 millones, gracias a convenios con diferentes ministerios y entidades públicas para el desarrollo de proyectos académicos, tecnológicos y sociales.

“Agradecemos el trabajo y compromiso del rector Héctor García, quien cuenta con el apoyo y el acompañamiento del ministerio Nacional para que puedan cumplir ese plan financiero que sean planteado y así, en el menor tiempo posible la UdeA cuente con el levantamiento de las medidas de inspección y vigilancia”, concluyó el ministro Rojas.

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Por considerarla de interés público, El Pregonero del Darién publica íntegra la carta del hasta hoy rector de  al Universidad  de Antioquia, John Jairo Arboleda Céspedes, tras renunciar a  dicho cargo.

El hoy ex rector, advierte que defenderá su nombre y hace graves aseveraciones que han llevado a la actual crisis de la universidad pública, denuncia como le han violado el debido proceso, además de explicar como desde su elección “unas minorías  con poder comenzaron el bloqueo institucional”

Carta completa:

Mientras cursaba cuarto grado de bachillerato, unos vecinos le pidieron a mi mamá que me dejara acompañarlos a la Universidad de Antioquia. Ese primer encuentro con la Alma Máter permanece intacto en mi memoria. En 1982 pasé a la carrera de Medicina Veterinaria y, después, aquí mismo, cursé la Maestría en Medicina Tropical. Desde octubre del año 2000 he sido profesor de la Facultad de Ciencias Agrarias, unidad académica en la cual ejercí como decano entre los años 2016 y 2017, y también fui investigador y director del Centro de Investigaciones Pecuarias; posteriormente me desempeñé, durante nueve años, como director de Regionalización y, en diferentes periodos, estuve al frente de otras dependencias como la Dirección de Bienestar y las vicerrectorías de Investigación y General.

Ese recorrido, que tiene a la vera mi profundo amor y admiración por esta universidad pública, no estuvo mediado simplemente por el azar ni fue el resultado de algún privilegio de clase: mi papá fue bombero y mi mamá, ama de casa; crecí en el barrio Manrique, en Medellín, viendo cómo florecía un intenso activismo social y, también, con cierta inquietud, observando a lo lejos esta Ciudad Universitaria. Después fue emocionante descubrir aquí la convergencia de aquel sentido crítico de la época, del conocimiento como un bien común y del bienestar y crecimiento de los universitarios como un objetivo institucional. Las aulas de esta Universidad, como pocas, han delineado, acogido e mpulsado los planes de vida de miles y miles de personas que, con tanta incertidumbre, apenas podíamos contemplarlas desde la distancia.

La Universidad de Antioquia y la comunidad que la conforma han sido hogar y familia, el lugar de mi proyecto de vida. Ha sido, por tanto, una institución a la que le debo ¡todo!: respeto, gratitud, dedicación, solidaridad y compromiso ético. Puedo decir con franqueza, y sin más pretensiones que las de cualquier universitario o universitaria que asume con lealtad su compromiso con la Universidad de Antioquia, que esos valores forjados en la propia institución fueron determinantes en mi designación como rector en el año 2018. Este reconocimiento del Consejo Superior Universitario, y su reiteración para los períodos 2021-2024 y 2024-2027, se dieron bajo las normas y procedimientos institucionales establecidos en el Estatuto General y, por supuesto, en el marco de la autonomíauniversitaria.

En el curso de estos tres periodos como rector, la Universidad ha enfrentado complejos esafíos: en 2018 y 2019 vivimos y respaldamos una potente movilización por la financiación de la universidad pública; hicimos frente a momentos críticos dentro de nuestros espacios, con graves amenazas a estudiantes y docentes; luego, en marzo de 2020, llegó la pandemia por la covid-19 y la suspensión de actividades presenciales, lo que nos obligó a buscar alternativas rápidas y pertinentes para continuar con los semestres académicos y maniobrar financieramente para garantizar la estabilidad laboral de miles de profesores, empleados y contratistas, y la permanencia de nuestros estudiantes en Medellín y en las regiones de Antioquia.

Esta comunidad, con espíritu crítico y social, hizo también eco del denominado «estallido social», donde la institución no fue ajena a las circunstancias e impactos del momento. Posteriormente debimos asumir los desafíos pospandémicos: económicos, sociales, tecnológicos, educativos, en salud mental y en el restablecimiento de confianzas, compromisos y dinámicas. A las necesarias transformaciones y reconfiguraciones derivadas de las denuncias sobre violencias basadas en género, le siguieron, posteriormente, las complejas tensiones, visiones e intereses políticos propios de una reconfiguración democrática de país que también ha venido atravesando el entorno universitario.

Pese a todos esos desafiantes «nudos» en el curso de los tres periodos rectorales, las acciones e indicadores institucionales —siempre determinados por el compromiso y respaldo de la comunidad universitaria— siguen evidenciando que esta «dirección del funcionamiento general de la Universidad» —una de las 23 funciones establecidas para el cargo de rector— ha podido mantener el prestigio investigativo institucional; su valoración social; la acogida en cada semestre de un alto número de aspirantes y admitidos a los programas de pregrado y posgrado; el compromiso con la equidad, la inclusión y la permanencia; la proyección internacional; la valiosa presencia regional en los campus y comunidades de Antioquia y del país; y, pese a las contingencias económicas, son evidentes los avances en el cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional, formulado antes de mi rectoría para el periodo 2017–2027, un plan altamente ambicioso y que no consideró suficientemente la deficitaria proyección financiera. Sobre estos avances y sobre la manera como hemos asumido aquellos retos, es ampliamente elocuente la Acreditación Institucional que, ¡hace apenas dos años!, elactual Gobierno nacional otorgó a la Universidad. Se trata de una Acreditación de Alta Calidad, en modalidad Multicampus y con vigencia de diez años, determinada bajoestándares y procedimientos de las mismas autoridades nacionales, y tras un largoproceso de autoevaluación y evaluación por pares nacionales e internacionales.

Tensiones políticas 

Llevar en el espíritu a esta Universidad y actuar en coherencia con ella implica entenderla y asumir la responsabilidad de liderarla como ese «paraíso complejo» que la signa. Como lo he sugerido en un párrafo anterior, tras mi tercera y legítima designación rectoral por parte del Consejo Superior Universitario, las tensiones políticas y sus naturales expresiones e intereses en diversos actores y grupos internos y también externos, trenzaron un ambiente inusual en una institución que se ha honrado por el criterio y el respeto del otro, y que se ha preciado de resistir las dinámicas partidistas o electorales que eventualmente la acechan desde afuera. La desinformación, la retórica parcializada, las bilis personalistas que se sobrepusieron al criterio institucional y la evidente polarización de fuerzas ideológicas, económicas y políticas han logrado confeccionar un velo ensombrecedor y, por momentos, asfixiante de los valores que esta institución ha consolidado por décadas, así como de su autonomía universitaria, reputación, sentido de pertenencia y del aprecio y valoración de la sociedad en general.

Todo ese patrimonio social, alcanzado por la inteligencia, el compromiso y hasta la vida de tantas personas que nos antecedieron, está hoy siendo amasado y estropeado por unos pocos. Alguien, bellamente, ha señalado que «no se puede ser un líder eficaz si se intenta ser alguien que no se es». Hacerle frente durante más de siete años en el cargo de rector a aquellos desafíos implica firmeza, contención, respeto por el otro, lealtad de grupo, respaldo colectivo y cuidado institucional. También implica conservar la prudencia en el actuar, expresada en silencios que en mi caso han sido objetados y cuestionados, pero que de fondo han procurado mediar con diplomacia entre las aguas revueltas, buscando «lo mejor para la Universidad». Ese rasgo de mi personalidad y liderazgo me ha llevado, para bien o para mal, a enfrentar individualmente señalamientos y juzgamientos, que he preferido asumir y tramitar silenciosamente, antes que reconvertirlos en motivos o factores que tensen aún más los conflictos, solo para escudar mi nombre en una cacería tan fácil como insulsa de responsabilidades pasadas y presentes.

Mucha presión

El tercer y último periodo al frente de la rectoría ha estado sorteado por el intento permanente de limitar mi gestión rectoral. Entre los mecanismos y circunstancias que han caracterizado esta situación resalto los rezagos de un proceso de designación especialmente atípico y enfrascado, como nunca, en una polarización de fuerzas políticas —internas y externas—; un estructural problema financiero agudizado por los retrasos en transferencias y la reducción de la contratación de servicios con la Universidad; el desarrollo por parte del CSU de un proceso de evaluación de mi gestión como rector usando, (in)convenientemente, un modelo de evaluación que se llevó a cabo de manera irregular y se comunicó de manera desacertada a la comunidad universitaria y a la ciudadanía; y, luego, el establecimiento de medidas preventivas y de vigilancia especial por parte del MEN, lo que incluyó la inspección «in situ».

Como lo he señalado, la coyuntura financiera de la Universidad, con profundas raíces estructurales de más de dos décadas, ha significado un desafiante momento de mi rectoría. Aun así, junto con los órganos de gobierno comenzamos la tarea de implementar medidas de austeridad, diversificación de fondos, estudios y propuestas en cambios normativos, así como la modificación en la estructura financiera para contener una situación que podría ser aún más crítica. Estas acciones, entre otras, permitieron la reducción de gastos, y el cumplimiento de los compromisos de salarios y honorarios con empleados, docentes y contratistas.

Pese a estos esfuerzos, desde julio del 2025 el MEN tomó una serie de medidas que, a mi juicio, más que acompañar y orientar las tareas ya emprendidas por el Consejo Superior, el Consejo Académico, la Rectoría y otras directivas académicas, se suscribieron en la desconfianza sobre una gestión que, sin embargo, como lo han evidenciado y reportado los órganos de control desde 2018, ha sido transparente y ajustada a la legislación colombiana y a las normas internas de la institución.

La Universidad y el equipo rectoral hemos dado respuestas legales y administrativas a cada uno de los requerimientos y momentos de la inspección «in situ», convencidos de que nuestras actuaciones están acordes con la normatividad y se desarrollan en consonancia con la autonomía que a la Universidad le otorgan la Constitución y la ley.

Laúltima decisión, que contempla mi reemplazo del cargo de rector, comunicada con una llamativa estrategia mediática justo el 30 de diciembre —cuando toda la comunidad universitaria se encontraba en vacaciones colectivas— se sustenta en una supuesta intervención de mi parte para entorpecer la inspección y deja en el espacio público, difundidas de manera subrepticia —como ha ocurrido desde que se instaló la inspección — afirmaciones tan delicadas como que existen nóminas paralelas, presupuestos falsos y manejos inadecuados de los recursos públicos que transfiere la Nación, todo sin que se citen o registren con precisión las evidencias que soportan tales afirmaciones.

42 años de historia

Hace 42 años he pertenecido a esta Universidad y, como lo he reconocido, sé de su complejidad, pero principalmente de su grandeza. El extraño e injusto momento que hoy enfrenta el devenir institucional, que mediante titulares populistas y calculados los sectores en tensión buscan esconder tras la fachada del «salvamento», ha implicado en lo personal y familiar profundas confrontaciones y afectaciones. Hoy, como nunca, se pone en tela de juicio mi condición de universitario ético y comprometido con esta institución que tanto he amado y a la que le he entregado, podría decirse, mi pulso entero.

No me cabe duda y lo digo con franqueza: he cometido desaciertos, y cada vez que se presentaron, los comuniqué y actué con entereza sobre ellos, enmendando lo que correspondiera y avanzando sobre la experiencia. Sin desaciertos, pero sobre todo sin aprender de ellos, es inconcebible un liderazgo o direccionamiento institucionalresponsable. Es este un momento muy complejo de la vida institucional, pero también un momento que ha producido un creciente e incesante impacto en mi vida personal. Y allí convergen sentimientos que se repelen: de un lado, el profundo compromiso que siento de seguir contribuyendo a la protección y conservación de la estabilidad de esta Universidad, a la defensa de su autonomía y al mejoramiento de todo aquello que la ha hecho grande.

Pero de otro lado, una afectación personal que ha llegado a su límite. Cada vez es más difícil tramitar las múltiples formas de bloqueo institucional que aquellos minoritarios pero poderosos actores se empeñan en desplegar desde el mismo día en que mi nombre resultó favorecido por las mayorías que participaron en la consulta a los estamentos universitarios y por los votos que ratificaron finalmente ese resultado en el CSU. Cada vez es más difícil proteger a la Universidad en medio de una batalla socialmente torpe pero políticamente muy decidida, de liderazgos sociales, institucionales y aún gubernamentales, por el control de la Universidad.

Mi formación y mis preferencias solo me permiten estar con la idea de una universidad pública y autónoma, es decir, una «universitas» en la cual esos y otros poderes e ideas pueden confrontarse libremente, en el marco de unas reglas básicas y preestablecidas; una casa de todos a la cual ninguno de esos poderes puede atrapar para su propio beneficio, so pena de su transmutación en otra cosa. Esta idea de Universidad ha sido puesta en cuestión a instancias, triste e irónicamente, de autoridades, personas y grupos que dicen defenderla.

Mi renuncia como rector

En consecuencia, he decidido presentar formalmente mi renuncia como rector de la Universidad de Antioquia, a partir del 16 de enero del 2026, al Consejo Superior Universitario, máximo órgano de gobierno de la institución que me designó y que, en el marco de la autonomía universitaria y los procedimientos establecidos en el Estatuto General de nuestra Universidad, es la instancia encargada de elegir a quien ostente este cargo. Dejo expresa constancia de que esta renuncia no constituye una aceptación de los cargos o hallazgos insinuados por la inspección «in situ». Considero que la decisión del MEN de imponer mi reemplazo es ilegal, arbitraria e injusta, dadas las siguientes razones que son motivo igualmente de esta renuncia.

En primer lugar, hay una vulneración de la autonomía universitaria (art. 69 de la Carta Política) y desviación de poder, pues las medidas adoptadas han mutado de una legítima vigilancia a una co-administración de facto, aspecto que se hizo aún más evidente con el reciente anuncio de mi reemplazo; además, el Ministerio ha utilizado facultades de inspección para intervenir en la voluntad del gobierno universitario, supeditando decisiones técnicas a la aprobación subjetiva de un funcionario externo, vulnerando el núcleo esencial del autogobierno.

En segundo término, el contenido del «Informe preliminar de vigilancia especial», del 1 de diciembre del 2025, incurre en falsa motivación al imputarme responsabilidades por un déficit que es estructural y sistémico. El informe pretende derivar responsabilidad penal y disciplinaria (pág. 84) de hechos que son consecuencia directa de la desfinanciación estatal (Ley 30 de 1992) y no de una gestión negligente. Señalar al rector como responsable de la crisis financiera, mientras el Estado históricamente ha incumplido con el flujo de recursos necesario, es un argumento falaz que atenta contra mi buen nombre y contra la verdad.

El tercer motivo es la Ilegalidad de la Resolución 025421 del 29 de diciembre del 2025. La decisión de «reemplazar» al rector bajo el amparo de la Ley 1740 de 2014 carece del sustento fáctico exigible. Como consta en mi respuesta al requerimiento 2025-EE-368021 del 16 de diciembre del 2025, los supuestos «incumplimientos» de la Matriz de Seguimiento son obligaciones de imposible cumplimiento por parte de la Rectoría, ya que dependen de la voluntad política y presupuestal de los aportantes externos. Imponer el reemplazo del representante legal basándose en indicadores que la propia administración nacional bloquea al no girar los recursos oportunamente, vicia de nulidad el acto administrativo por ser contradictorio y arbitrario, situación que se evidenció el 31 de diciembre cuando el Gobierno nacional anunció el giro de 70 000 millones de pesos para «garantizar, por voluntad política, el rescate financiero de la Alma Máter».

El problema fundamental es de estructuración financiera de las universidades estatales, tal como lo he advertido reiteradamente y desde hace ya años, en la universidad y en diversas instancias formales e informales, regionales y nacionales. Además, la situación del «rescate» anunciado súbitamente indica que la decisión de removerme del cargo es desproporcionada (innecesaria), pues existían otras vías para intervenir la situación —financiera— determinante —esa sí— de la crisis.

En cuarto lugar, hay una evidente ruptura del debido proceso y la seguridad jurídica. La imposición de condiciones administrativas y financieras por parte de la Subdirección de Inspección y Vigilancia del MEN, sin agotar los términos de contradicción de los informes preliminares, constituye una «vía de hecho administrativa». No puedo convalidar con mi permanencia un proceso donde se me ha juzgado de antemano, limitando mi capacidad operativa y sometiéndome a un escrutinio que ignora las realidades de la Universidad. Todo indica que a través del acto de reemplazo difundido el 30 de diciembre, el MEN consolidó una ruta y un objetivo trazados desde el momento en que dispuso la vigilancia y allanados con los comportamientos y decisiones adoptadas, en especial: la de removerme del cargo de rector para el que fui designado de acuerdo con el procedimiento previsto en la normativa universitaria, y, con ello, asumir el control de la Alma Máter.

En lo personal y ante las irresponsables y temerarias observaciones a mi ejercicio rectoral, defenderé mi nombre y honorabilidad. Por tanto, me reservo el derecho de incoar las acciones judiciales a las que haya lugar.

Mi entera gratitud, respeto y afecto de corazón: a quienes me acompañaron con transparencia y convicción en el equipo rectoral, a las y los integrantes de los consejos académico y superior, a los empleados, profesores, estudiantes, egresados y aliados institucionales que durante estos tres periodos me respaldaron, contribuyeron a sostener la grandeza de esta Alma Máter y confiaron en mi liderazgo. También, mi reconocimiento a quienes con el respeto que nos ha enseñado esta Universidad, con altura académica y propositiva, asumieron una postura crítica y honesta frente a mi actuar, manifestando sus reparos siempre de manera frontal pero decididamente humana, respetuosa y responsable con la institución.

En el ámbito institucional reitero, como lo he señalado en múltiples ocasiones, la urgencia de que la comunidad universitaria reestablezca un ejercicio de diálogo entre los diferentes actores, grupos y representaciones; que subordine los mandatos e incentivos políticos y cálculos internos y externos, para poner a la Universidad, su cuidado, prestigio y, fundamentalmente, a la autonomía universitaria en el centro de una discusión razonada, ética y pragmática.

“En lo personal y ante las irresponsables y temerarias observaciones a mi ejercicio rectoral, defenderé mi nombre y honorabilidad. Por tanto, me reservo el derecho de incoar las acciones judiciales a las que haya lugar.”

Carta a la comunidad universitaria y a la sociedad en general/John Jairo Arboleda Céspedes • Profesor de la Universidad de Antioquia.

(Fotos/UdeA)

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La reciente intervención del Ministerio de Educación en la Universidad de Antioquia, concretada en la designación temporal de un nuevo rector, abre un debate profundo y necesario. Mientras el Estado apela al principio de inspección y vigilancia para justificar su actuación, algunos profesores y autoridades universitaria la consideran una vulneración directa de la autonomía. Este episodio obliga a ir más allá de la coyuntura y a formular preguntas de fondo. ¿Qué autonomía se está invocando? ¿La proclamada por la Constitución y regulada por la ley, o aquella que existe en la gestión cotidiana que, en la práctica, ha sido capturada por clientelas internas, intereses políticos regionales y una burocracia sofocante?

La idea de universidades capaces de gobernarse sin injerencias indebidas choca con la realidad de instituciones públicas sometidas a un control estatal estructural. El caso de la Universidad de Antioquia pone en evidencia una tensión permanente que atraviesa la educación superior pública en Colombia.

Por un lado, el diseño institucional limita la autonomía desde su origen. En los consejos superiores de las universidades públicas, los representantes externos designados por el Gobierno nacional, los entes territoriales y el sector productivo suelen concentrar la mayoría decisoria. Esta configuración, establecida por la Ley 30 de 1992, convierte la autonomía en una figura más formal que real. Las decisiones estratégicas sobre presupuesto, orientación académica y elección de autoridades académicas quedan subordinadas a voluntades políticas externas a la comunidad universitaria.

Esa arquitectura del poder asegura que, en última instancia, la universidad sea gobernada desde fuera. El control se ha intensificado con la figura de la intervención especial y con el fortalecimiento de los mecanismos de vigilancia financiera y administrativa. En la práctica, las universidades públicas operan como establecimientos públicos tradicionales, sujetas a la contratación estatal y al escrutinio permanente de los órganos de control. Esto reduce de manera significativa su margen de autogestión, innovación y respuesta oportuna a los desafíos de su misión.

El problema no se agota en la presión externa. De manera paradójica, el discurso de la autonomía de algunos actores, también ha servido para encubrir prácticas internas que poco tienen que ver con el autogobierno universitario. El clientelismo en la asignación de cargos y recursos, la captura de procesos electorales por intereses políticos y la consolidación de feudos dentro de algunas unidades académicas han erosionado el principio mismo de autonomía.

A esa inocultable realidad se suma una burocratización excesiva en la que la lógica administrativa se impone sobre la docencia y la investigación, y el formalismo procedimental desplaza la misión institucional.

En este contexto, la autonomía se distorsiona. Deja de ser una garantía para la conducción libre y responsable de la universidad y se convierte en un mecanismo de protección de intereses particulares, muchas veces ajenos a la rendición de cuentas y al interés público.

Esta doble realidad, marcada por el control estatal externo y la captura interna, alimenta un círculo vicioso. La debilidad de los mecanismos de autorregulación transparente y democrática ofrece al Estado el argumento para profundizar la intervención. A su vez, esa intervención reduce aún más las posibilidades de construir una cultura sólida de autonomía responsable.

Frente a este panorama, resulta imprescindible revisar la autonomía universitaria en la práctica. No debe entenderse como un privilegio corporativo ni como una patente de corso, sino como una capacidad de gestión responsable que debe armonizarse con otros principios constitucionales. La Corte Constitucional ha sido clara al señalar que la autonomía encuentra un límite infranqueable en el respeto de los derechos fundamentales. Ninguna institución puede invocar su independencia para tolerar discriminaciones, vulnerar derechos o incumplir sus obligaciones dentro del Estado Social de Derecho.

Una autonomía auténtica debe garantizar dignidad, igualdad y no discriminación para toda la comunidad académica, como garantía institucional de la libertad de enseñanza, investigación y cátedra, así como del pluralismo intelectual, y como resguardo frente a injerencias indebidas del poder político.

Un principio que no es absoluto. Está limitado por la propia Constitución y por la ley. Solo bajo esas condiciones su defensa adquiere legitimidad social y consistencia ética.

La salida a la encrucijada actual no puede reducirse a restaurar el estado de cosas previo a la intervención en la Universidad de Antioquia. Se requiere un nuevo pacto. Una nueva legislación. Esta debe reducir el control político externo expresado en los consejos superiores y transferir mayor poder decisorio a la comunidad académica mediante formas de gobierno más democráticas y participativas.

Al mismo tiempo, se deben erradicar las prácticas clientelistas y opacas al interior de la universidad, y fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la participación efectiva.

La autonomía debe dejar de ser un eslogan utilizado de manera oportunista, tanto por el Estado como por grupos internos, y convertirse en una práctica institucional concreta. Esto exige una financiación estable y suficiente que libere a las universidades de la asfixia presupuestal y del chantaje político. También implica asumir el compromiso de gestionar los recursos con eficiencia y en función de un proyecto institucional colectivo.

El caso de la Universidad de Antioquia es, en realidad, el síntoma de un problema sistémico. Nos enfrenta a la urgencia de construir una autonomía real, firme frente a las injerencias externas e íntegra en su gestión interna. No se trata de un fin en sí mismo, sino del medio indispensable para que la universidad pública cumpla su misión social. Esa misión consiste en ser un espacio de pensamiento crítico, de producción de conocimiento al servicio del país y de formación de ciudadanos libres y responsables. Defender esta autonomía, en su sentido más profundo, es defender la posibilidad misma de una educación superior pública, gratuita, digna y transformadora para Colombia.

 *Profesor de Ingeniería Química Universidad de Antioquia. 

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El Ministerio de Educación, en el marco del proceso de inspección y vigilancia, establece una nueva medida: El reemplazo del rector Jhon Jairo Arboleda por hasta 1 año y el nombramiento del profesor Héctor García, de Medicina, cómo rector encargado.

Dicha medida hace parte de un procedimiento administrativo de carácter progresivo, preventivo y proporcional, adelantado por el Ministerio con el propósito de salvaguardar la sostenibilidad institucional y garantizar la adecuada prestación del servicio público de educación superior.

En este contexto, el acto contempla el reemplazo por un período inicial de hasta un (1) año, prorrogable por una sola vez, conforme a la evolución de la situación administrativa y financiera de la institución y a la verificación del cumplimiento de las medidas ordenadas.

De conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, esta decisión administrativa no produce efectos jurídicos mientras no se surta la notificación personal al interesado. Por tal razón, el procedimiento se encuentra actualmente en etapa de notificación, la cual se adelanta a través de la Subdirección de Relacionamiento con la Ciudadanía, conforme a los procedimientos legales establecidos.

Con la citación para notificación personal se remite copia del acto administrativo y se comunica oficialmente también al Consejo Superior Universitario. Hasta tanto no se surta la notificación personal, el procedimiento no puede considerarse concluido ni la decisión puede entenderse ejecutoriada.

El Ministerio reitera que todas las actuaciones adelantadas se realizan en estricto respeto de la autonomía universitaria y tienen como finalidad proteger la sostenibilidad institucional y salvaguardar los derechos de la comunidad universitaria.

Cualquier información adicional será comunicada exclusivamente por los canales institucionales una vez se hayan agotado las etapas legales del procedimiento administrativo en curso.

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Y el locutor de marras no contento con criticar sin objetividad el gobierno del cambio se va lanza en ristre contra una mujer que murió en Cúcuta y quien fue una juez colombiana, a quien por su historia se atrevió  a re-victimizar como si este “locutorcito mentiroso” fuese otro juez pero no creo que alcance  ser siquiera tinterillo de la calle del Bronx. Le echó tanta gasolina barata que se atrevió a decir que era culpa de Venezuela, hágame el procaz favor.

Menos mal que al parecer está de vacaciones y ahora escucho una voz femenina de presentadora del noticiero de efemérides baratas y superfluas. Nuestra Alma Madre como la llamamos tradicionalmente si nos descuidamos la vuelven privada y empiezan a venderla a pedacitos los uribestias del poder local.

Llamo a los estudiantes a ocupar el puesto en el Consejo Superior Universitario y en consejos de facultades e institutos ya que son la mayoría de la población universitaria y están en todo su derecho de participar en las decisiones institucionales y defender la educación pública por encima de los poderes locales que con mentiras, tergiversaciones  y maniobras burocráticas pretenden hacer de la U. de A., su patio trasero como lo pretenden los genocidas gringos con Latinoamérica violando todo el derecho internacional con el silencio cómplice de los organismos internacionales quienes no ven la usurpación, intromisión y saqueo de nuestros territorios y derechos.

A los profesores de los cuales hay hasta “sindicatos” los debemos llamar no solo a defender sus salarios baratos y desiguales sino a tener sentido de pertenencia con una Universidad bicentenaria que ha formado líderes de todas las pelambres o de todas las clases sociales incluidas la pequeñas burguesías criollas quienes también se benefician de la calidad que da la experiencia y la investigación popular.

La multimillonaria deuda con la educación que se acumula por las políticas de miseria de todos los gobiernos  a quienes solo les ha interesado las ganancias para sus partiditos de bolsillo ojalá sea cubierta en parte no solo con la reforma a la Ley de educación sino con proyectos de investigación que favorezcan la productividad y socialización de beneficios colectivos.

O nos movilizamos o nos entierran sin libros y con plomo que viene de donde las águilas del norte pretenden encendernos con la ayuda de los rufianes de turno que dirigen la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.

*Médico Veterinario especialista en reproducción Bovina/Egresado UdeA.

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El cierre de año es, por tradición, un tiempo propicio para la reflexión y la evaluación. Es el momento en que solemos hacer balance de lo vivido, celebrar los logros alcanzados y reconocer aquellas metas que, en el ámbito personal, profesional o familiar, quedaron postergadas. Es un ritual recurrente. Cada 31 de diciembre, a la medianoche, nos colmamos de buenas  intenciones y promesas renovadas, animados por la convicción de que el año que comienza traerá cambios trascendentales a nuestras vidas.

Sin embargo, la experiencia también nos enseña que muchos de esos propósitos se diluyen con el paso del tiempo, se olvidan o se aplazan indefinidamente. La rutina, las urgencias y las distracciones cotidianas suelen relegar compromisos asumidos con entusiasmo.

Tal vez esto ocurre porque solemos concebir el cambio como un ejercicio estrictamente individual, desligado del entorno en el que vivimos. Pero ninguna transformación personal se sostiene por sí sola. Se  fortalece —o se debilita— en la relación con los otros.

Somos parte de una comunidad, y es en ese tejido compartido donde nuestros propósitos adquieren sentido, respaldo y posibilidad real de realización. Por  eso, más allá de las metas individuales, vale la pena  preguntarnos qué promesas estamos dispuestos a  asumir como sociedad y cómo podemos convertirlas en prácticas cotidianas que nos involucren a todos.

El  cambio auténtico no surge de declaraciones entusiastas, sino de un compromiso genuino, consciente y sostenido, capaz de traducirse en acciones concretas y hábitos duraderos, más allá de las resoluciones personales.

En una sociedad permanentemente conectada, las  redes sociales se han convertido en espacios decisivos para la formación de opinión, el debate público y la construcción de imaginarios y proyectos colectivos. Hoy,  más que nunca, enfrentamos la responsabilidad de reorientar su uso hacia un propósito verdaderamente transformador.

Con frecuencia, estas plataformas se ven saturadas de ruido, confrontación y polarización, especialmente en los periodos electorales. No obstante, su potencial pedagógico sigue siendo inmenso y, lamentablemente, subutilizado. Las redes pueden —y  deben— evolucionar hacia escenarios de diálogo respetuoso, donde la voluntad de comprensión prevalezca sobre la cultura del ataque.

Es urgente transformar la manera en que nos comunicamos en las redes. No solo con quienes piensan como nosotros y nos resulta fácil dialogar, sino, especialmente, con quienes sostienen opiniones diferentes.

Es necesario hacerlo desde un clima de respeto y armonía, no desde la hostilidad o la confrontación, con una disposición genuina a construir puentes y a encontrar salidas comunes a las dificultades y encrucijadas que hoy enfrentan Colombia y el mundo.

Fomentar esta cultura de interacción en los entornos digitales constituye un paso fundamental para fortalecer la convivencia democrática, incluso en medio de la  diferencia y en momentos decisivos para la elección de gobernantes.  No se trata de erradicar las diferencias ni de silenciar el disenso —elementos esenciales de toda democracia—, sino de aprender a gestionarlos desde la empatía y el  respeto. Las redes pueden funcionar como aulas  abiertas para difundir información verificada, fomentar el  pensamiento crítico y construir consensos en torno a los grandes desafíos nacionales.

Para hacer realidad este propósito, es indispensable adoptar prácticas digitales éticas: compartir contenidos que promuevan el análisis crítico frente a la desinformación; responder con argumentos y no con descalificaciones; visibilizar iniciativas orientadas a la justicia social; y ejercer una escucha activa frente a posturas distintas. Cada publicación y cada comentario representan una oportunidad para tender puentes, en lugar de profundizar abismos. Cultivar esta cultura de interacción en las redes es un paso fundamental para  fortalecer la convivencia, incluso en medio de la diferencia y en momentos cruciales de elección de gobernantes.

Se trata de contribuir a la construcción de un país para la convivencia pacífica, para la vida y el bienestar colectivo de los colombianos. Un país construido por todos y para  todos, y no para el beneficio de unos pocos a costa del sufrimiento de muchos. Un país plural, donde coexistan y se respeten todas las ideologías y colores políticos, y no uno reducido a los tonos blanco y negro de la polarización. Un país para la vida, no un camposanto de la muerte para quienes piensan diferente.

Mi propuesta de fin de año es, en esencia, sencilla pero poderosa: asumir una promesa colectiva para convertir nuestras interacciones digitales en herramientas de  pedagogía social, de modo que, en las elecciones del  próximo año, cada voto sea el resultado de una reflexión informada, orientada al bienestar común, la equidad y la justicia.

El llamado es a transformar nuestras redes sociales en verdaderos laboratorios de convivencia y pedagogía cívica. Que la conversación digital deje de ser un campo de batalla y se convierta en un espacio donde se gesten decisiones colectivas responsables. Nuestro voto en las  próximas elecciones debe ser el resultado de la reflexión compartida, y no una reacción impulsada por el rencor, el miedo o la manipulación.

Esta promesa colectiva no es un ideal abstracto. Comienza con la forma en que cada uno de nosotros decide expresarse y participar. Al optar por el respeto y la argumentación en lugar de la hostilidad, fortalecemos la democracia y contribuimos a una sociedad más cohesionada.

Sumémonos a este compromiso. Hagamos de las redes sociales el lugar donde comience la transformación de nuestra conversación pública para, finalmente, transformar nuestra realidad. Que nuestra promesa de año nuevo sea dialogar con empatía, votar con conciencia en 2026 y construir, entre todos, un futuro más justo y humano para todos los colombianos.

*Profesor de Ingeniería Química Universidad de Antioquia. 

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