El presidente Gustavo Petro destacó en su cuenta de X que con estos recursos el Distrito podrá comprar directamente los buses eléctricos, lo cual se traduce en reducir la tarifa técnica, evitando que el costo del vehículo se traslade al usuario.

“Si el Distrito compra los buses eléctricos con el billón que le damos, puede reducir la tarifa técnica y no pasar el costo fijo del bus a la tarifa al pasajero. Así tendríamos una movilidad acorde a mitigar la crisis climática y más barata para la gente», señaló el mandatario a través de su cuenta de X.

El convenio, suscrito entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía Mayor de Bogotá, marca un hito al ser el primer acuerdo de cofinanciación de flota eléctrica que una ciudad alcanza con la nación.

El mandatario colombiano reiteró que este modelo puede ser replicado por otras ciudades con sistemas de transporte tipo solobús, permitiendo avanzar hacia una red de movilidad pública de bajas emisiones y menor costo para los usuarios.

Mediante este acuerdo el Gobierno reafirma su compromiso con la justicia social, la acción climática y la dignificación del transporte público en el país.

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“Después de 30 años de operación, es necesario repensar el esquema. Como lo ha dicho el presidente Gustavo Petro, no se trata de prorrogar concesiones, salvo que sea estrictamente necesario, sino de diseñar un modelo donde prime la lógica de lo público y el beneficio colectivo por encima de los intereses particulares», señaló la ministra María Fernanda Rojas al término de una visita técnica a la infraestructura de las Autopistas del Café.

Esta concesión une a los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca a través de 256 kilómetros de infraestructura vial.

En su recorrido, la ministra Rojas dirigió audiencias con comunidades y actores sociales del Eje Cafetero para conocer el impacto que ha tenido esta infraestructura en la región.

La ministra explicó que, con la proyección del nuevo modelo de operación de la concesión, el futuro esquema debe garantizar tres elementos principales:

1- que no convierta los peajes en un factor de inequidad, sino en un instrumento para mejorar la movilidad.

2- Asegure la operación, mantenimiento y administración de la vía con criterios de transparencia y eficiencia.

3- Incorpore nuevas obras, beneficios sociales y ambientales que respondan a las necesidades de las comunidades del entorno.

“El próximo modelo de la conexión Armenia – Pereira – Manizales debe ser financieramente sólido, pero sobre todo socialmente justo. Queremos que las comunidades sean las grandes beneficiarias y que la infraestructura sea motor de equidad y desarrollo para el Eje Cafetero y para Colombia», agregó la funcionaria.

La ministra de Transporte concluyó que, con este anuncio, el Gobierno del Cambio reafirma su compromiso de avanzar hacia esquemas de infraestructura más transparentes, equitativos y sostenibles, en los que la conectividad se traduzca en bienestar y oportunidades para la ciudadanía.

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El anuncio lo hizo la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, durante el Foro Internacional por la Reactivación Ferroviaria que se realizó en Bogotá, donde reafirmó el compromiso del Gobierno del presidente Gustavo Petro con el fortalecimiento del sistema férreo.

“En el Ministerio de Transporte no había grupo ferroviario, nosotros lo creamos, y desde ahí se generó la semilla para crear esa agencia férrea. En Colombia hemos tenido falta de experiencia en materia ferroviaria, pero la Agencia Férrea nos permitirá traer gente con la experiencia, vamos a traer expertos nacionales e internacionales, pero sobre todo vamos a definir reglas de juego y arquitectura institucional», dijo la funcionaria.

Agregó que el Ministerio de Transporte trabaja con el Gobierno del Reino Unido en un proyecto de cooperación para definir aspectos sobre el funcionamiento de la nueva Agencia Férrea Nacional.

“Después de décadas de abandono, el ferrocarril se eleva como una prioridad del Gobierno del Cambio. El tren no es solo transporte: es equidad, conectividad y sostenibilidad», aseguró la ministra Rojas.

En su intervención, la ministra presentó los principales avances del sector ferroviario en el país, entre ellos la adjudicación del corredor La Dorada – Chiriguaná como Alianza Público Privada (APP), que ya duplicó la carga movilizada en tan solo un año, con una inversión superior a los $ 4,6 billones.

Avances en los corredores:

 Bogotá – Belencito, con cifras récord en carga y trenes turísticos.

Chiriguaná – Santa Marta, donde se busca diversificar la carga y habilitar pasajeros.

Tren de la Sabana, con   más   de   514   mil   pasajeros   anuales, consolidado como modelo de movilidad patrimonial.

​Proyecto​s estratégicos

La ministra también presentó la hoja de ruta del nuevo sistema férreo nacional, con megaproyectos como:

 Corredor Interoceánico Caribe – Pacífico (Chocó), que alcanza 80% de prefactibilidad, con una inversión estimada de $ 54,6 billones.

Corredor Andes – Orinoquía, que conectará los Llanos con los principales puertos del país, la inversión proyectada es de $19 billones.

Bogotá – Red Central, que se integrará a los grandes corredores productivos del país, con una inversión de $59,7 billones.

 La ministra de Transporte también destacó otros proyectos regionales como el Tren del Café, Tren del Caribe, Tren del Huila, Tren Verde y Tren del Catatumbo, que buscan articular el sistema férreo con vocación regional y multimodal.

​Sostenibilidad ​del sistema

La jefa de la cartera de Transporte explicó que, para garantizar la sostenibilidad del sistema férreo, el Gobierno nacional avanza en la creación de la Agencia Férrea Nacional, que ya cuenta con el acompañamiento del Reino Unido a través de Crossrail International y Uk Pact.

Además, destacó el inicio de la primera especialización en ingeniería ferroviaria en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia como parte del esfuerzo por formar el talento que requiere esta transformación.

“Sin talento no hay tren. Necesitamos manos, mentes y corazón para liderar este nuevo capítulo ferroviario. El tren regresó para quedarse», puntualizó la ministra.

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En un comienzo de año turbulento, el gremio de transportadores de carga en Colombia ha anunciado un paro nacional a partir del 6 de enero a las 12:00 de la medianoche. Esta medida, que amenaza con afectar el flujo de mercancías y la movilidad en todo el país, se debe al presunto incumplimiento de un acuerdo nacional por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles: La manzana de la discordia

El alza en el precio del diésel (ACPM) es el principal detonante del paro.

El gremio de transportadores argumenta que el Gobierno no ha cumplido con su compromiso de revisar la fórmula para determinar el precio del diésel, la cual, según ellos, no refleja los costos reales de operación. Alfonso Medrano, presidente de la Asociación de Camioneros de Colombia (ACC), denuncia que «nos quieren cobrar en dólares cuando ganamos en pesos», haciendo referencia a la intención del Gobierno de equiparar el precio del combustible al valor internacional.

Un historial de tensiones y acuerdos incumplidos

Las negociaciones entre el Gobierno y los transportadores se han caracterizado por la falta de consenso.

Durante 2024, se llevaron a cabo más de 10 mesas de negociación sin llegar a un acuerdo definitivo. En agosto del mismo año, un paro camionero obligó al Ejecutivo a retroceder en un aumento de $1.900 en el precio del galón de ACPM. El acuerdo firmado en ese momento incluyó un aumento inicial de $400 y otro de igual valor que entró en vigor en diciembre de 2024. Sin embargo, los transportadores alegan que el Gobierno no ha cumplido con otros puntos del acuerdo, como la revisión del Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga (Sice-tac).

Incertidumbre ante nuevos incrementos

A pesar de las tensiones, el 1 de enero de 2025 el precio del ACPM subió $169 por galón, mientras que la gasolina aumentó $91 por galón.

Aunque el Gobierno ha justificado estas alzas como «indexaciones reglamentadas», los transportadores las consideran un agravio a su situación económica. La posibilidad de un nuevo paro camionero se mantiene latente, lo que genera incertidumbre en un país que aún se recupera de las consecuencias del paro de 2024. La falta de diálogo efectivo ha erosionado la confianza del gremio transportador. Es fundamental que se retomen las negociaciones y se busquen soluciones que atiendan las demandas de los transportadores sin afectar la economía nacional.

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Tras un año de tensiones entre el Gobierno Nacional y la Gobernación de Antioquia, finalmente se llegó a un acuerdo para transferir parte de las obras del Túnel del Toyo. Este megaproyecto de infraestructura vial, esencial para conectar a Medellín con la región de Urabá, ahora será gestionado parcialmente por las autoridades departamentales.

Acuerdo entre el gobierno Petro y Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó la cesión de uno de los dos contratos que se encontraban bajo la responsabilidad del Instituto Nacional de Vías (Invías). Este acuerdo permitirá a Antioquia hacerse cargo de un tramo de 4,2 kilómetros, clave para la finalización del proyecto. Se estima que la inversión para este segmento asciende a $330.000 millones.

El contrato cedido corresponde al módulo 1 del Tramo 2, previamente asignado a la empresa Construcciones El Cóndor SAS. La obra incluye la construcción y la gestión predial de un sector crucial del túnel, que conecta el inicio de la montaña con el viaducto que emerge del Túnel del Toyo.

Avances y retos del Túnel del Toyo

Las obras cedidas presentan un avance general del 90%, según las autoridades. No obstante, aún queda por solucionar la viabilidad de un sector entre Santa Fe de Antioquia y la entrada del túnel en Giraldo. Este es uno de los tramos más críticos y la Gobernación de Antioquia espera acelerar su finalización con la administración directa del contrato.

La Gobernación también está a la espera de que se transfiera un segundo contrato antes de que finalice el año, el cual está valorado en $320.000 millones. Esta medida ayudaría a evitar que el proyecto quede inconcluso, un temor latente debido a los problemas financieros que ha enfrentado el Gobierno Nacional para terminar obras de infraestructura de gran envergadura.

Impacto en la conectividad y desarrollo regional

El Túnel del Toyo es clave para la conexión vial entre Medellín y Urabá, prometiendo reducir el tiempo de viaje entre ambas regiones a menos de cuatro horas y media. Este corredor estratégico no solo facilitará el tránsito de personas, sino que también impulsará el comercio exterior al mejorar el acceso a los puertos de Antioquia y Pisisí.

Dada la importancia de esta obra, la Gobernación de Antioquia buscará diversas fuentes de financiamiento para garantizar su finalización. Entre las opciones se incluyen excedentes del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea), la capacidad de endeudamiento del departamento y el apoyo del Distrito de Medellín, según un compromiso del alcalde de la ciudad.

Colaboración interinstitucional para concluir el túnel

El acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Transporte y la Gobernación de Antioquia es un ejemplo de cooperación entre el Gobierno Nacional y las autoridades departamentales. La ministra de Transporte, María Constanza Ramírez, subrayó que el plan presentado por Antioquia permitió establecer una hoja de ruta clara para ceder gradualmente los contratos y concluir las obras.

El gobernador Andrés Julián Rendón destacó en redes sociales que este acuerdo representa un avance significativo en la conectividad de Antioquia con el mar, una prioridad estratégica para el desarrollo económico y la competitividad de la región.

Este acuerdo no solo agiliza las obras del Túnel del Toyo, sino que también sienta un precedente positivo para la gestión de futuros proyectos de infraestructura vial en la región, favoreciendo la colaboración entre los distintos niveles de gobierno.

El Túnel del Toyo ha sido una prioridad para varios gobiernos y se espera que su finalización beneficie tanto a los ciudadanos como a las empresas de la región, permitiendo un desarrollo integral de Antioquia y su integración al comercio global.

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Si bien el paro de los transportadores logró afectar amplios sectores de la economía nacional, no alcanzó el abastecimiento en los productos esenciales de la canasta familiar, aunque ya el Ministerio de Agricultura había expedido alertas en este sentido, además de advertir sobre brotes de especulación.

Sectores como el avícola reportaron muerte de animales ante la falta de alimentos, varios lecheros debieron botar el producto ante la imposibilidad del ingreso de los vehículos para su recolección, el gremio bananero también reportó serios problemas para el embarque de la fruta y el acceso de los trabajadores a las plantaciones.

La protesta de los transportadores se realizó en relativa calma, aunque en la tarde de hoy la intervención de la fuerza Pública en Santa Fe de Bogotá generó algunas afectaciones del orden público, sin consecuencias mayores.

Propuesta del Gobierno:

Se planteará hacer una regulación obligatoria de los pagos que hagan las empresas intermediarias de carga a los camioneros para garantizar su aproximación a los fletes.

Se evalúa el uso de una plataforma pública intermediaria de carga para mejorar los ingresos del camionero.

⁠Ministerio de Hacienda dispondrá recursos provenientes de Ecopetrol para el salto tecnológico de los camiones.

⁠El recambio de camiones en la chatarrización se hará uno por uno para evitar el aumento excesivo de flota.

De las 3.000 empresas intermediarias de carga se ha encontrado que más de 1.000 han explotado a los camioneros, separando abismalmente el precio del flete que cobran al generador de la carga, al precio que pagan al camionero que lleva la carga. Esas empresas serán investigadas por las Superintendencias y la DIAN.

⁠El precio del diésel subirá gradualmente, de acuerdo al cumplimiento de estas normas de protección al pequeño camionero.

En Urabá

La afectación en Urabá fue bastante notable especialmente en es sector bananero, muchos trabajadores no lograron llegar a sus puestos de trabajo y mucha fruta se quedó represada en los trancones.

El transporte de pasajeros Urabá-Medellín se vio interrumpida en varios tramos, así como hacia otros destinos del país. Los sitios bloqueados fueron: La vía Zungo Embarcadero, en Carepa, una ruta sensible para el trasporte del banano rumbo a los puertos y hacia el aeropuerto Los Cedros, sectores de Casa Verde, la vía Apartadó Turbo, Chigorodó Mutatá y Mutará-Dabeiba.

Exigencias de los camioneros:

Derogar el acto administrativo que autorizó el incremento del valor del diésel a $13,904 por galón en las estaciones de servicio del país.

El Gobierno Nacional, en cabeza del presidente de la República, debe reunirse con los representantes de las bases transportadoras para decidir sobre el futuro del sector y hacer un gran acuerdo nacional del transporte mediante la expedición de decretos presidenciales.

Expedición de un régimen laboral específico para el transportador colombiano.

Implementar un sistema de información de costos eficientes (SICETAC), actualizado en tiempo real, para vehículos de carga liviana y volquetas.

Crear un régimen sancionatorio que sea ejemplar y riguroso para los diferentes actores del transporte, especialmente generadores y empresas de transporte que no cumplan las normas.

Crear el Fondo Nacional del Transporte, que incluya el fondo de reposición para todas las modalidades de transporte.

Tomar acciones legales con la expedición de decretos que obliguen a las autoridades locales, departamentales y nacionales a cumplir lo establecido en la ley, promoviendo la formalidad en el sector.

Recuperar la seguridad en las vías del país.

Promover y aprobar una ley de peajes.

Retomar la política del uno a uno para estabilizar la oferta y la demanda.

Expedir un decreto que reglamente las fotomultas e implementar un programa de cámaras de seguridad en carretera.

Incluir a representantes de bases transportadoras en el Observatorio de Carga de Transporte por Carretera y modificar la resolución que convirtió al OTCC en un club exclusivo.

La Dirección de Transporte y Tránsito debe realizar reuniones regionales con los municipios para resolver la problemática de las restricciones a la carga y su articulación con los planes de movilidad y corredores logísticos.

Regular el servicio especial de pasajeros, sancionando el incumplimiento de la normatividad en la modalidad, así como la prestación del servicio público de pasajeros en vehículos de placa amarilla y el renting.

Realizar una mesa interinstitucional mensual con el Ministerio de Transporte, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Energía y la Superintendencia de Transporte para garantizar que los acuerdos eventualmente suscritos con el presidente se cumplan de manera proactiva.

¿Qué lograron?:

Los siguientes son los aspectos fundamentales del acuerdo firmadlo entre las partes, lo que permitirá desmontar desde este momento el paro:

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A medida que se acerca la fecha prevista para el paro nacional de camioneros, la tensión en el sector del transporte en Colombia sigue en aumento. Representantes de los pequeños y medianos transportadores, que constituyen el 80% del gremio, han manifestado su rechazo a la movilización. Según ellos, esta huelga ha sido impulsada por grandes empresarios del sector, quienes además son responsables de la explotación laboral que muchos conductores enfrentan.

Rechazo al paro nacional de camioneros

El paro, que inicialmente fue convocado para protestar contra el incremento en los precios del ACPM, ha generado un fuerte debate dentro del gremio. Los pequeños y medianos transportadores, liderados por voceros como Arsi Ramírez, consideran que esta movilización no representa sus intereses. Ramírez ha sido enfático en señalar que «no estamos de acuerdo con este paro porque es convocado justamente por empresarios del transporte que han desplazado a los pequeños y medianos transportadores. Nosotros no podemos apoyar un paro en contra de los precios del ACPM; hay muchos factores que están afectando a las finanzas del Estado».

Denuncias de pagos para participar en el paro

Además de rechazar la huelga, los pequeños y medianos transportadores han denunciado irregularidades en su organización. Se han reportado casos en los que algunos conductores han recibido pagos de hasta 150.000 pesos para unirse a la manifestación. Según información que circula en grupos de WhatsApp, estos montos se ofrecen a quienes decidan sumarse al paro, lo que, según Ramírez, es un intento de coerción hacia los trabajadores. Muchos de ellos temen perder sus empleos si no se adhieren a la protesta.

Impacto económico del paro en la canasta familiar

Otro aspecto relevante en esta controversia es el impacto económico que el paro podría tener en la población. Luis Rodríguez, otro representante de los pequeños y medianos transportadores, ha subrayado que el efecto en la canasta familiar será mínimo, contrario a lo que han especulado algunos sectores. Rodríguez afirmó que «los especuladores se han valido de esto para subir indiscriminadamente los precios de la canasta familiar. Esperamos que el gobierno tome medidas para mitigar el aumento».

Debate sobre el precio del ACPM

El precio del ACPM ha sido el punto central de esta controversia. A pesar de que el costo de este combustible ha permanecido congelado durante los últimos 56 meses, algunos sectores han señalado que, considerando la inflación acumulada desde 2020, el precio por galón debería ser $3.600 más alto. Desde la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) se ha propuesto la eliminación del subsidio al ACPM como una medida necesaria para la sostenibilidad fiscal del país.

Implicaciones fiscales de mantener el subsidio al ACPM

El mantenimiento del subsidio al ACPM tiene implicaciones significativas para las finanzas públicas. Con la inflación en descenso y unas finanzas públicas en situación crítica, mantener el subsidio implicaría cubrir el déficit mediante un subsidio cruzado entre la gasolina y el ACPM, o forzar al gobierno a destinar recursos del Presupuesto General que podrían ser utilizados en otras áreas más urgentes. Esta situación plantea un dilema fiscal que el gobierno deberá resolver en el corto plazo.

El debate sobre el paro de camioneros en Colombia ha puesto de manifiesto las profundas divisiones dentro del gremio de transportadores. Mientras los grandes empresarios impulsan la movilización para protestar por los precios del ACPM, los pequeños y medianos transportadores, que constituyen la mayoría del sector, rechazan la huelga y denuncian las prácticas coercitivas que se están utilizando para garantizar su éxito. La situación plantea desafíos no solo para el sector del transporte, sino también para la sostenibilidad fiscal del país.

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