Entre los capturados se encuentra alias ‘Esneider Suárez’, señalado cabecilla financiero de esta organización ilegal, junto a otro hombre conocido como alias ‘Jhon’. Ambos fueron sorprendidos en posesión de armamento ilegal.

De acuerdo con información de inteligencia militar, alias ‘Esneider Suárez’ cuenta con una trayectoria criminal de aproximadamente 10 años dentro de la estructura y delinquía en los municipios de Florencia, El Doncello, El Paujil, Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán.

Su rol era clave en el sostenimiento económico del grupo, siendo el encargado de coordinar el cobro de extorsiones, el envío de panfletos y mensajes intimidatorios a comerciantes y población civil, así como de la administración de recursos producto de actividades ilícitas.

Según la información del Ejército, Esneider sería el principal responsable de los atentados perpetrados contra uniformados de la Policía Nacional en el corregimiento de Río Negro y en el municipio de Cartagena del Chairá, en el departamento del Caquetá, hechos que generaron zozobra y afectación a la seguridad de esa región.

“Este es un golpe contundente para estas estructuras terroristas que tiene azotada a la población del Caquetá, especialmente a nuestros campesinos con las extorsiones y secuestros, entre otras conductas delictivas», señaló el gobernador del Caquetá, Luis Francisco Ruiz Aguilar. 

Durante el procedimiento, las tropas incautaron material que evidencia su accionar al margen de la ley, entre ellos dos pistolas, munición, dinero en efectivo, radios de comunicación, cinco celulares, sim cards, panfletos propagandísticos, cuadernos con información de interés para inteligencia militar y esposas.

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El proyecto, que ha sido desarrollado durante más de tres meses por un equipo multidisciplinario conformado por el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y expertos técnicos,  incorpora nuevas capacidades tecnológicas para detectar, anticipar y neutralizar amenazas aéreas no tripuladas que ponen en riesgo a la población y a la Fuerza Pública.

Como parte del proceso, entre el 23 de marzo y el 10 de abril se realizarán las primeras pruebas operativas de equipos antidrones, con el fin de evaluar diferentes soluciones tecnológicas que permitan avanzar hacia la construcción de un sistema de defensa moderno, autónomo y acorde con los desafíos actuales de seguridad.

Para el desarrollo de esta iniciativa, valorada en cerca de 6,2 billones de pesos, Colombia ha sostenido intercambios técnicos con ocho países como Qatar, Turquía, República Checa, Alemania, Francia, España, Estados Unidos y Reino Unido, con el propósito de conocer experiencias y capacidades en materia de defensa, incluyendo sistemas antidrones, aeronaves, vehículos blindados y otros equipos estratégicos.

Actualmente, más de 20 países han manifestado su interés en aportar soluciones tecnológicas al proyecto, y 115 empresas del sector defensa han sido invitadas a presentar propuestas, las cuales serán evaluadas bajo estrictos criterios técnicos, jurídicos y financieros.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, señaló que esta primera fase del ´Escudo Nacional Antidrones´ se adelantará con total transparencia y con acompañamiento de los organismos de control, con el objetivo de garantizar que cada decisión responda al interés nacional y tenga como prioridad la protección de la vida de los colombianos.

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La operación fue adelantada por soldados del Batallón de Infantería número 18 ‘Coronel Jaime Rooke’, de la Sexta Brigada, quienes, con información de inteligencia militar y trabajo especializado del binomio canino antiexplosivos, ubicaron 43 dispositivos que habrían sido instalados para afectar la seguridad de la Fuerza Pública y la tranquilidad de las comunidades de esta zona del suroccidente del departamento.

Los artefactos fueron hallados en la vereda El Real, donde unidades técnicas realizaron el acordonamiento del área y posteriormente ejecutaron la destrucción controlada, evitando riesgos para los habitantes y para las tropas desplegadas en el sector.

Según información preliminar, los explosivos estarían asociados a integrantes del grupo armado organizado residual conocido como Bloque Jorge Suárez Briceño, estructura Joaquín González, que mantiene presencia en algunas áreas rurales del territorio.

El Gobierno nacional destacó que estas acciones operacionales fortalecen la protección de la población civil y contribuyen a preservar la seguridad en las regiones, mediante operaciones permanentes que buscan prevenir hechos violentos y garantizar la movilidad segura en corredores rurales.

Las Fuerzas Militares reiteraron su compromiso de continuar trabajando de manera articulada con las autoridades civiles para salvaguardar la vida de las comunidades y mantener condiciones de estabilidad en el territorio.

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Alimov arribó a Colombia en un vuelo de Turkish Airlines y pretendía continuar su itinerario hacia Cartagena cuando fue interceptado por el Grupo de Control a Viajeros Especiales. Tras su detención, fue puesto a disposición de las autoridades competentes para iniciar el trámite de extradición.

De acuerdo con la investigación judicial, el ciudadano ruso es requerido por el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York por cargos de conspiración para secuestrar o asesinar personas en el extranjero, suministro de apoyo material y financiación de actos terroristas. De ser hallado culpable, podría enfrentar penas que oscilan entre 15 años de prisión y cadena perpetua.

Según las autoridades estadounidenses, entre octubre de 2024 y marzo de 2025, Alimov habría participado en un plan para asesinar o secuestrar a dos personas ampliamente reconocidas en Europa. 

La investigación señala que habría transferido cerca de 60.000 dólares para financiar la operación y acordado pagos de hasta 1,5 millones de dólares por cada objetivo, además de facilitar información técnica y apoyar el reclutamiento de otros implicados.  Uno de sus presuntos cómplices fue capturado en marzo de 2025 en Nueva York.

La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, destacó que la captura fue posible gracias a la cooperación internacional y al intercambio oportuno de información. 

“La articulación entre países permite detectar y neutralizar amenazas antes de que ingresen al territorio nacional, fortaleciendo la seguridad de Colombia y de la región”, afirmó.

Este resultado ratifica el compromiso del Estado colombiano con la lucha contra el terrorismo y el crimen transnacional, así como con el cumplimiento de los acuerdos de cooperación judicial y migratoria a nivel internacional.

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De acuerdo con el brigadier general César Augusto Martínez, comandante de la Brigada 13 del Ejercito Nacional, en el allanamiento a un inmueble que funcionaba como taller clandestino, fueron hallados elementos para la fabricación de armas hechizas, munición de diferente calibre y explosivos, además de abundante material de guerra.

En la operación militar participaron el Ejército, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el Grupo Jungla de la Policía Nacional, la Dijín y se contó con el apoyo de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA).

En la acción fueron capturadas dos personas que harían parte del autodenominado ‘frente de guerra urbano nacional comandante Camilo Torres’, del proscrito GAO ‘Ejército de Liberación Nacional’.

Según el Ejército, el inmueble funcionaba como centro de adecuación y ensamblaje de artefactos explosivos, destinados presuntamente a atentar contra la Fuerza Pública y la población civil en la capital del país.

Durante el procedimiento fueron incautados: más de 800 cartuchos calibre 5.56 mm, armamento de diferente tipo, un lanzagranadas M203, escopetas, proveedores de Mini Uzi, granadas de fragmentación, espoletas, detonadores, fulminantes, pólvora y múltiples componentes para la fabricación de artefactos explosivos improvisados.

“Este resultado representa un golpe directo a las capacidades terroristas del Eln en entornos urbanos, frustrando posibles acciones violentas y debilitando su capacidad de afectar la seguridad y el orden público en Bogotá”, aseguró el general Martínez.

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La orden del jefe de Estado se dio luego de evaluar con el sector Defensa las incursiones terroristas contra las Fuerzas Militares y la Policía Nacional por parte de grupos armados criminales, las cuales se caracterizan por el uso de drones acondicionados con explosivos improvisados.

La más reciente ocurrió la noche del jueves en el municipio de Aguchica (Cesar), donde guerrilleros del Eln emplearon drones para atacar el Batallón de Infantería No. 14 o Batallón capitán Antonio Ricaurte. En el ataque, según el reporte oficial del Ejército Nacional, fueron asesinados seis soldados y 31 resultaron heridos.

Al respecto, el presidente fue enfático al afirmar que estos ataques “suceden por falta de sistemas antidrones priorizados”.

Sobre el particular, el general Luis Emilio Cardozo, comandante del Ejército, indicó que las tropas se enfrentan a una amenaza tecnológica empleada por las organizaciones criminales financiadas con dineros del narcotráfico y la minería ilegal.

El comandante del ejército informó que entre abril de 2024 y el 18 de diciembre de 2025, el Ejército ha contabilizado 393 ataques con drones.

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“La mayor parte de los mandos, seis en total, del EMC narco, han sido capturados. Se pide a la ciudadanía mayor información sobre alias Marlon, cabeza principal de las estructuras armadas», dijo.

El mandatario anunció que se comunicará con los mandos del Ejército en la zona “para su cabal explicación sobre los hechos en Buenos Aires, Cauca. Las órdenes de protección de Buenos Aires y la parte alta de la cordillera occidental en el Cauca y Valle han sido dadas hace semanas, cualquier incompetencia llevará a cambios de los mandos» y reiteró que “en Valle del Cauca no fracasa la Paz, la Paz nunca fracasa, fracasa es la guerra y la violencia».

En su escrito, el presidente recordó que “he extraditado a ‘Pipe Tuluá’, jefe de banda. Y buscamos que la juventud vallecaucana salga voluntariamente de las bandas» y denunció que en el municipio de Tuluá (Valle del Cauca) existe un centro que “se apoya en software de la DIAN que ayuda al contrabando. El contrabando es el lavado de dólares de la cocaína».

“Por años, el señor alias ‘Pitufo’, que la fiscalía extrañamente no imputó, y perdí mi esfuerzo por capturarlo, maneja con influencias policiales y políticas el contrabando. Si el poder político sigue atado al contrabando, pues sigue atado al negocio de la cocaína. La fiscalía que tenía todas las pruebas con el fiscal Andrés Marín, debe retomarlas y actuar», insistió.

Para el presidente Petro es evidente que “los mayores causantes de muertes en Cali/Palmira/Jamundí, son las bandas delictivas y la ausencia en la ciudad de Cali de fuertes medidas redistributivas tal como lo enseñó el estudio estadístico del DANE sobre pobreza extrema».

De hecho, manifestó que “Riohacha, Barranquilla y Cali son las únicas ciudades capitales de Colombia donde aumentó la pobreza extrema».

En la publicación, el mandatario aseguró que el narcotráfico en el Valle del Cauca “desde hace décadas, por su cercanía al océano Pacífico y por la cercanía de algunos poderosos políticos con poder regional al narcotráfico, de lo cual nos debería hablar la misma gobernadora».

“El dinero que se lava en el Valle se convierte en complejos procesos de urbanización que la fiscalía debe investigar», aseguró el presidente Gustavo Petro.

Recordó que su Gobierno ha “logrado un sólido proceso de control del puerto de Buenaventura e incautado más de 300 toneladas de cocaína en el océano» y reiteró que “la ley privatizó los puertos de Colombia y eso impide los mayores controles que se deberían hacer».

“La mayor parte de cocaína no ha salido en lanchas sino en mercantes. Aún no funciona el radar de Gorgona en manos colombianas. Es una obligación con la Paz del occidente de Colombia hacerlo», enfatizó.

Por esta razón, el mandatario se refirió a que es necesaria la cooperación para controlar el mar, y reiteró que “logramos recuperar el Plateado, después de lustros de control mafioso armado, y se desarrollará por sustitución y erradicación de cultivos».

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El Gobierno Nacional refuerza la seguridad en el Palacio de Justicia de Bogotá tras una alerta de atentado, luego de que se encontraran explosivos y planos del edificio en operativos realizados en el sur de la capital. El anuncio fue hecho por la Presidencia colombiana, que también dispuso incrementar las medidas de protección en otras sedes judiciales del país. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, confirmó la instalación de sistemas avanzados de vigilancia, el despliegue de equipos antiexplosivos y la incorporación de drones para monitoreo continuo, con el fin de evitar cualquier riesgo.

Refuerzo de la seguridad en el Palacio de Justicia

En un contexto de creciente tensión, el hallazgo de explosivos y planos detallados del Palacio de Justicia llevó al Gobierno a tomar acciones inmediatas para evitar un posible atentado. La situación se presentó durante una serie de allanamientos realizados en el sur de Bogotá, lo que encendió las alarmas en las autoridades.

El ministro de Defensa aseguró que, ante la gravedad de los hallazgos, se ordenó la instalación de tecnología avanzada de seguridad. Esto incluye sistemas de vigilancia 24/7, equipos antiexplosivos especializados y la operación de drones que permiten un monitoreo constante de la zona. Estas medidas buscan garantizar la protección tanto de funcionarios como de los ciudadanos que transitan por la zona.

Medidas adicionales en todo el país

El presidente Gustavo Petro lideró un consejo de seguridad extraordinario, en el cual se decidió extender las medidas de seguridad a otras sedes judiciales del país. El objetivo principal es evitar que estas instalaciones se conviertan en blanco de ataques similares. En este sentido, la Policía Nacional ha desplegado 45 efectivos adicionales dentro del Palacio de Justicia, quienes trabajarán en coordinación con unidades especializadas en la desactivación de explosivos y manejo de situaciones críticas.

Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, expresó su preocupación por la situación y destacó la importancia de adoptar medidas preventivas sólidas para evitar un atentado terrorista que podría generar graves consecuencias para la institucionalidad del país.

Investigación en curso

La Fiscalía General de la Nación ha iniciado una investigación exhaustiva para determinar el origen de los explosivos y quiénes estarían detrás de este plan. Aunque aún no se ha identificado a un grupo específico responsable de los materiales encontrados, las autoridades siguen varias líneas de investigación que podrían arrojar resultados en los próximos días. La colaboración entre las fuerzas de seguridad y los organismos judiciales será clave para esclarecer el caso y prevenir futuros riesgos.

En tanto se desarrolla la investigación, las medidas de seguridad en el Palacio de Justicia y en otras sedes judiciales continuarán siendo rigurosas. Las autoridades han hecho un llamado a la ciudadanía para mantenerse informada a través de los canales oficiales y colaborar en la detección de actividades sospechosas.

Reforzamiento de la confianza institucional

Este tipo de amenazas no solo pone en riesgo la integridad de quienes trabajan en las sedes judiciales, sino también la estabilidad del sistema de justicia en Colombia. El Gobierno, en su respuesta rápida y efectiva, busca transmitir un mensaje claro de confianza y seguridad, al tiempo que destaca la importancia de estar siempre preparados ante posibles ataques.

A medida que avanza la investigación y se implementan nuevas medidas de seguridad, el compromiso de las autoridades es mantener la integridad de las instituciones y proteger a los ciudadanos de cualquier tipo de amenaza. La reacción ante este incidente demuestra la capacidad de respuesta y la coordinación entre diferentes entidades del Estado, reafirmando la prioridad de garantizar la seguridad en el país.

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