“La mayor parte de los mandos, seis en total, del EMC narco, han sido capturados. Se pide a la ciudadanía mayor información sobre alias Marlon, cabeza principal de las estructuras armadas», dijo.

El mandatario anunció que se comunicará con los mandos del Ejército en la zona “para su cabal explicación sobre los hechos en Buenos Aires, Cauca. Las órdenes de protección de Buenos Aires y la parte alta de la cordillera occidental en el Cauca y Valle han sido dadas hace semanas, cualquier incompetencia llevará a cambios de los mandos» y reiteró que “en Valle del Cauca no fracasa la Paz, la Paz nunca fracasa, fracasa es la guerra y la violencia».

En su escrito, el presidente recordó que “he extraditado a ‘Pipe Tuluá’, jefe de banda. Y buscamos que la juventud vallecaucana salga voluntariamente de las bandas» y denunció que en el municipio de Tuluá (Valle del Cauca) existe un centro que “se apoya en software de la DIAN que ayuda al contrabando. El contrabando es el lavado de dólares de la cocaína».

“Por años, el señor alias ‘Pitufo’, que la fiscalía extrañamente no imputó, y perdí mi esfuerzo por capturarlo, maneja con influencias policiales y políticas el contrabando. Si el poder político sigue atado al contrabando, pues sigue atado al negocio de la cocaína. La fiscalía que tenía todas las pruebas con el fiscal Andrés Marín, debe retomarlas y actuar», insistió.

Para el presidente Petro es evidente que “los mayores causantes de muertes en Cali/Palmira/Jamundí, son las bandas delictivas y la ausencia en la ciudad de Cali de fuertes medidas redistributivas tal como lo enseñó el estudio estadístico del DANE sobre pobreza extrema».

De hecho, manifestó que “Riohacha, Barranquilla y Cali son las únicas ciudades capitales de Colombia donde aumentó la pobreza extrema».

En la publicación, el mandatario aseguró que el narcotráfico en el Valle del Cauca “desde hace décadas, por su cercanía al océano Pacífico y por la cercanía de algunos poderosos políticos con poder regional al narcotráfico, de lo cual nos debería hablar la misma gobernadora».

“El dinero que se lava en el Valle se convierte en complejos procesos de urbanización que la fiscalía debe investigar», aseguró el presidente Gustavo Petro.

Recordó que su Gobierno ha “logrado un sólido proceso de control del puerto de Buenaventura e incautado más de 300 toneladas de cocaína en el océano» y reiteró que “la ley privatizó los puertos de Colombia y eso impide los mayores controles que se deberían hacer».

“La mayor parte de cocaína no ha salido en lanchas sino en mercantes. Aún no funciona el radar de Gorgona en manos colombianas. Es una obligación con la Paz del occidente de Colombia hacerlo», enfatizó.

Por esta razón, el mandatario se refirió a que es necesaria la cooperación para controlar el mar, y reiteró que “logramos recuperar el Plateado, después de lustros de control mafioso armado, y se desarrollará por sustitución y erradicación de cultivos».

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El Gobierno Nacional refuerza la seguridad en el Palacio de Justicia de Bogotá tras una alerta de atentado, luego de que se encontraran explosivos y planos del edificio en operativos realizados en el sur de la capital. El anuncio fue hecho por la Presidencia colombiana, que también dispuso incrementar las medidas de protección en otras sedes judiciales del país. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, confirmó la instalación de sistemas avanzados de vigilancia, el despliegue de equipos antiexplosivos y la incorporación de drones para monitoreo continuo, con el fin de evitar cualquier riesgo.

Refuerzo de la seguridad en el Palacio de Justicia

En un contexto de creciente tensión, el hallazgo de explosivos y planos detallados del Palacio de Justicia llevó al Gobierno a tomar acciones inmediatas para evitar un posible atentado. La situación se presentó durante una serie de allanamientos realizados en el sur de Bogotá, lo que encendió las alarmas en las autoridades.

El ministro de Defensa aseguró que, ante la gravedad de los hallazgos, se ordenó la instalación de tecnología avanzada de seguridad. Esto incluye sistemas de vigilancia 24/7, equipos antiexplosivos especializados y la operación de drones que permiten un monitoreo constante de la zona. Estas medidas buscan garantizar la protección tanto de funcionarios como de los ciudadanos que transitan por la zona.

Medidas adicionales en todo el país

El presidente Gustavo Petro lideró un consejo de seguridad extraordinario, en el cual se decidió extender las medidas de seguridad a otras sedes judiciales del país. El objetivo principal es evitar que estas instalaciones se conviertan en blanco de ataques similares. En este sentido, la Policía Nacional ha desplegado 45 efectivos adicionales dentro del Palacio de Justicia, quienes trabajarán en coordinación con unidades especializadas en la desactivación de explosivos y manejo de situaciones críticas.

Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, expresó su preocupación por la situación y destacó la importancia de adoptar medidas preventivas sólidas para evitar un atentado terrorista que podría generar graves consecuencias para la institucionalidad del país.

Investigación en curso

La Fiscalía General de la Nación ha iniciado una investigación exhaustiva para determinar el origen de los explosivos y quiénes estarían detrás de este plan. Aunque aún no se ha identificado a un grupo específico responsable de los materiales encontrados, las autoridades siguen varias líneas de investigación que podrían arrojar resultados en los próximos días. La colaboración entre las fuerzas de seguridad y los organismos judiciales será clave para esclarecer el caso y prevenir futuros riesgos.

En tanto se desarrolla la investigación, las medidas de seguridad en el Palacio de Justicia y en otras sedes judiciales continuarán siendo rigurosas. Las autoridades han hecho un llamado a la ciudadanía para mantenerse informada a través de los canales oficiales y colaborar en la detección de actividades sospechosas.

Reforzamiento de la confianza institucional

Este tipo de amenazas no solo pone en riesgo la integridad de quienes trabajan en las sedes judiciales, sino también la estabilidad del sistema de justicia en Colombia. El Gobierno, en su respuesta rápida y efectiva, busca transmitir un mensaje claro de confianza y seguridad, al tiempo que destaca la importancia de estar siempre preparados ante posibles ataques.

A medida que avanza la investigación y se implementan nuevas medidas de seguridad, el compromiso de las autoridades es mantener la integridad de las instituciones y proteger a los ciudadanos de cualquier tipo de amenaza. La reacción ante este incidente demuestra la capacidad de respuesta y la coordinación entre diferentes entidades del Estado, reafirmando la prioridad de garantizar la seguridad en el país.

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