Se trata de las rutas San Andrés–Providencia, Quibdó–Nuquí y Quibdó–Bahía Solano, que tienen tiempos de vuelo entre 20 y 22 minutos, y son fundamentales para la movilidad de comunidades insulares y del Pacífico colombiano.

La ruta San Andrés–Providencia registra 48 frecuencias semanales y aumentó su oferta de sillas en un 264% entre 2021 y 2025, fortaleciendo la conectividad del archipiélago y el acceso a oportunidades para residentes y visitantes.

Hoy cuenta con 48 frecuencias semanales y se constituye en uno de los principales enlaces con el archipiélago. La operación se realiza con aeronaves ATR 42 con capacidad para 48 pasajeros, antes se hacía en vuelos con capacidad para 19 sillas.

Esta decisión ha permitido el crecimiento de la oferta de 30.148 sillas disponibles en 2021 a 109.652 sillas en 2025, ampliando de manera sustancial las oportunidades de movilidad para residentes y visitantes.

Satena informó que la alta demanda de conectividad en el archipiélago llevó a disponer el 100% de la ocupación para esta ruta.

Mientras, las rutas Quibdó–Bahía Solano y Quibdó–Nuquí son operadas mediante aeronaves Twin Otter, equipos diseñados para operar en pistas cortas y entornos geográficos complejos.

Durante 2025, la ruta Quibdó–Bahía Solano dispuso de 4.801 sillas y movilizó 4.062 pasajeros. En el mismo periodo, la conexión Quibdó–Nuquí ofreció 11.810 sillas y transportó 9.284 viajeros, cifras que evidencian la relevancia de estas operaciones para las comunidades del Pacífico colombiano.

Tarifas dif​erenciales

“Estas rutas son trayectos cortos en tiempo de vuelo, pero enormes en impacto social. Conectan comunidades insulares y regiones apartadas donde la aviación representa una herramienta fundamental para acceder a oportunidades, servicios y desarrollo», aseguró el mayor general Óscar Zuluaga Castaño, presidente de Satena.

Las tres rutas cuentan con tarifas diferenciales que buscan facilitar la movilidad de las comunidades que dependen del transporte aéreo para su desplazamiento.

Para la ruta entre San Andrés y Providencia, los habitantes raizales de las islas acceden a una tarifa especial. Para ese trayecto, el costo actual es de $225.200; las rutas Quibdó–Bahía Solano desde $204.800 y Quibdó–Nuquí desde $214.800.

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Carlos Arturo Perea Iris* /Opinión/El Pregonero del Darién/

El debate electoral suele perderse en la pirotecnia de los ataques personales, las maquinarias y las promesas de asfalto. Se nos olvida, con una ligereza que espanta, que el voto es, ante todo, un contrato ético y una herramienta de distribución del poder. En un país con las fracturas estructurales de Colombia, depositar un voto en la urna no puede ser un acto de inercia; tiene que ser un manifiesto.

Las frías estadísticas del DANE nos arrojan a la cara una realidad que ninguna campaña puede maquillar: cerca de 13 millones de compatriotas sobreviven bajo la línea de pobreza monetaria. No son solo números; son familias colombianas calculando cómo estirar un ingreso diario que no alcanza para asegurar las tres comidas, la educación de los hijos o una vejez sin humillaciones.

Esa masa de exclusión es el verdadero termómetro de nuestra democracia. Si el sistema no les responde a ellos, el sistema está fallando o no funciona. Pero la deuda histórica es aún más profunda e identitaria cuando miramos al campo, y especialmente a nuestras regiones periféricas como el Darién y el Urabá. Las mediciones oficiales señalan que más de dos millones de mujeres rurales afrocolombianas e indígenas habitan los márgenes de la pobreza extrema, lo que técnicamente llamamos miseria.

Son las mujeres de la tierra, las que sostienen la soberanía alimentaria y el tejido comunitario en la ruralidad dispersa, las que cargan con la peor parte del abandono estatal. Sobre sus hombros pesa la falta de acceso a la propiedad agraria, la ausencia de salud reproductiva y la desconexión total de los circuitos económicos.

Votar con indiferencia ante este panorama es validar la desigualdad. Por eso, mi opción en las urnas no es un cheque en blanco para un apellido o un color político. Mi voto es un mandato de justicia: voto por esos 13 millones de colombianos atrapados en la pobreza y por las más de dos millones de mujeres rurales que resisten en la pobreza extrema.

Voto por la Colombia invisible, la que no sale en las grandes pautas publicitarias pero que sostiene el país desde el surco y la informalidad. Voto para que el presupuesto nacional deje de ser un botín centralista y se convierta en inversión social en los territorios que han pagado la cuota más alta del conflicto y la exclusión.

Que los candidatos lo sepan: no buscamos mesías, buscamos políticas públicas que saquen de la estadística del hambre a quienes la historia ya les debe demasiado. El Darién y Colombia entera exigen que la dignidad se vuelva costumbre, y eso empieza en la urna y para ellos necesitamos de la voluntad de todo los sectores y segmentos de la sociedad dejando el miedo del falso discurso del divisionismo.

*Abogado y Activista Sindical.

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La sentencia, proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó, concluyó que los habitantes del Consejo Comunitario de Bellavista Dubaza fueron víctimas de despojo, abandono forzado, confinamiento y graves daños colectivos derivados de la presencia de grupos armados ilegales y economías ilícitas en la cuenca del río Baudó.

El territorio restituido, titulado legalmente como tierra de comunidades negras desde el año 2000, comprende más de 2.500 hectáreas y constituye el soporte vital, cultural y productivo de las familias que integran el Consejo de Bellavista Dubaza.

Según lo demostrado en el proceso, la violencia afectó de manera directa el uso, goce y control del territorio, limitando prácticas tradicionales como la pesca, la agricultura, la minería artesanal y los rituales ancestrales.

El fallo ordena un conjunto amplio de medidas orientadas a garantizar la reparación integral de esta comunidad, entre ellas la entrega del territorio, la adopción de planes de retorno y reubicación, el fortalecimiento del gobierno propio, la implementación de proyectos productivos sostenibles, restauración ambiental y programas de memoria histórica.

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