De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, cerca del 25% de las plantas de generación eléctrica se han acogido a esta nueva fórmula tarifaria, entre ellas entidades públicas como EPM, Gensa, Urrá y Gecelca, además de proyectos solares y otras tecnologías.

Este mecanismo busca corregir distorsiones históricas de más de 30 años en el mercado eléctrico, permitiendo que la energía generada con agua deje de estar indexada a los precios del gas importado o de combustibles líquidos, uno de los principales factores que ha encarecido las tarifas, especialmente en los periodos de sequía.

Según la cartera energética, esta decisión empieza a corregir un diseño de mercado que implantó esa regla desde el 20 de julio de 1995, y que ahora permite aliviar el bolsillo de millones de familias colombianas que ahora pagarán menos por el servicio eléctrico.

El Gobierno reconoce el compromiso de las empresas públicas y privadas que se acogieron a la medida, y señala que este avance permite construir un sistema energético más equitativo al servicio de la ciudadanía.

“Colombia hoy enfrenta las consecuencias de decisiones equivocadas del pasado: si Isagen siguiera siendo pública y no hubiera sido privatizada por el exministro Mauricio Cárdenas, hoy podríamos estar superando el 35% del sistema bajo este esquema y ampliando aún más el beneficio para los usuarios, dijo el ministro Edwin Palma.

El Ministerio de Minas y Energía reiteró que el Gobierno nacional continuará adoptando medidas regulatorias y de política pública orientadas a garantizar tarifas justas, soberanía energética y una transición hacia fuentes limpias.

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La decisión del Gobierno nacional, a través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), se determinó en el incremento del costo del transporte del energético, lo que aumentó el valor de las tarifas para el usuario final.

La Creg recordó que en 2023, mediante la Resolución CREG 102 002, el valor del transporte pasó de 10,9% a 11,8%, lo que permitió a empresas transportadoras como TGI, filial del Grupo de Energía de Bogotá, y Promigas, vinculada al Grupo Aval, incrementar los costos en la componente de transporte. Dichos aumentos fueron trasladados a los usuarios finales del sistema.

Posteriormente, los distribuidores de gas natural interpusieron recursos de reposición solicitando que se mantuviera ese costo mientras se aprobaban los nuevos cargos tarifarios, para evitar mayores impactos en la factura de los hogares y comercios.

La Creg, tras analizar los recursos acogió la solicitud del Gobierno y ordenó la reducción del valor y la devolución de los valores cobrados en exceso desde 2023 hasta la fecha.

La Creg definirá los mecanismos y cronogramas específicos para que las empresas realicen la devolución efectiva de los recursos en las facturas de los usuarios.

Con esta decisión, el Gobierno nacional reafirma su compromiso con la vigilancia del sistema tarifario y con la protección de millones de colombianos frente a incrementos que impactan directamente el costo de vida.

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