​La Superintendencia de Industria y Comercio (S​IC) formuló pliego de cargos contra Jerónimo Martins Colombia S.A.S., propietaria de las Tiendas ARA, por presuntas vulneraciones a los derechos de los consumidores relacionadas con cobros electrónicos, información de precios, garantías, promociones y devolución de dinero.

La decisión fue adoptada por la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor luego de analizar más de 2.000 quejas presentadas por usuarios en distintas regiones del país.

Entre los hechos investigados se encuentran presuntas fallas en los sistemas de pago electrónico que habrían generado cobros dobles o repetidos durante las transacciones. Según la SIC, entre febrero y julio de 2024 se recibieron 825 reclamaciones de consumidores que reportaron inconvenientes al realizar pagos mediante códigos QR y otros medios electrónicos.

La entidad también investiga la entrega de información presuntamente insuficiente sobre las condiciones de uso de bonos de recompra otorgados a clientes que solicitaron garantías sobre productos adquiridos. De acuerdo con la autoridad, los detalles de dichas condiciones solo estarían disponibles en la página web y no en los establecimientos comerciales.

Otro de los aspectos objeto de investigación corresponde a diferencias entre los precios exhibidos en estanterías y los valores cobrados al momento de pagar. Entre enero de 2024 y marzo de 2025, la SIC recibió 1.363 quejas relacionadas con esta situación.

Adicionalmente, la Superintendencia evalúa posibles irregularidades en la entrega de vueltas, así como presuntos cobros por conceptos de donaciones o redondeos sin autorización previa de los consumidores.

La actuación administrativa también incluye la revisión de la información suministrada por la compañía en promociones, sorteos y actividades comerciales, con el fin de establecer si los mecanismos de participación y entrega de premios fueron comunicados de manera clara a los clientes.

La SIC precisó que la formulación de cargos no implica una sanción y que la empresa tendrá la oportunidad de ejercer su derecho de defensa dentro del proceso administrativo. (Foto/Tiendas ARA)

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Según la entidad, estas prácticas vulneraron el régimen de control de precios y terminaron afectando tanto el acceso de los pacientes a los tratamientos como los recursos del sistema de salud.

Las decisiones quedaron consignadas en las resoluciones 18816 y 16791 de 2026, producto de investigaciones independientes adelantadas por la Dirección de Investigaciones para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal, en el marco de sus funciones de inspección y vigilancia.

En el caso de Comfenalco Quindío, la Superintendencia encontró que durante 2023 se vendieron al menos 26 medicamentos con sobrecostos que llegaron hasta el 400%. Entre ellos está Ferinject, usado para tratar la anemia, cuyo precio máximo era de 82.752 pesos y se comercializó en 413.760. También figura Depo-Medrol, indicado para enfermedades como artritis y afecciones autoinmunes, que pasó de un precio regulado de 5.029 pesos a venderse en 23.435.

Por su parte, en el caso de Bayer S.A., se evidenció que el medicamento Neogynon, utilizado como anticonceptivo y en tratamientos hormonales, fue comercializado con sobreprecios de hasta 26,52% en más de 83.000 unidades entre octubre de 2022 y junio de 2023.

La Superintendencia advirtió que exceder los precios regulados no es un asunto menor. Se trata de una conducta que impacta directamente las finanzas del sistema de salud y limita el acceso de los pacientes a medicamentos esenciales.

Finalmente, la entidad aseguró que continuará reforzando las acciones de vigilancia en toda la cadena de comercialización —laboratorios, mayoristas, gestores farmacéuticos e IPS— para garantizar el cumplimiento de las normas. 

Las decisiones adoptadas son de primera instancia y contra ellas proceden los recursos de reposición y apelación.

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Cabe recordar que Gobierno nacional, a través del Ministerio de Vivienda, publicó para comentarios un borrador de decreto que establece que el valor de las Viviendas de Interés Social (VIS) debe pactarse en pesos y no en salarios mínimos.

El proyecto de decreto mediante el cual “se establece el tope general del valor de la VIS, se armoniza el régimen reglamentario vigente, se fortalecen los derechos del consumidor y se dictan otras disposiciones» generó la reacción del presidente Petro, que salió a defender el incremento del salario mínimo vital.

En otro mensaje de X, el mandatario defendió el incremento del 22,7% y aseguró que “tiene que ver muy poco» con el valor de la VIS. Incluso, dijo que “indexar el precio de la vivienda por el salario vital» es “una aberración económica».

“¿Qué tiene que ver el valor de la vivienda con el salario vital? Muy poco. Una parte del costo laboral es el salario vital, pero el precio de la vivienda depende de sus materias primas, de los intereses para construir, hoy muy altos, del precio de la tierra. Indexar el precio de la vivienda por el salario vital es una aberración económica», puntualizó el jefe de Estado en su mensaje.

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