Durante la sesión se analizaron las medidas implementadas hasta el momento, frente a las cuales el jefe de la cartera política destacó el esfuerzo coordinado entre distintas entidades del Gobierno nacional para garantizar la integridad de los actores políticos.

“Hoy en día hay 194 personas bajo protección de la UNP (Unidad Nacional de Protección), 326 policías asignados, 32 vehículos convencionales, 75 vehículos blindados y 56 chalecos de protección. Todo esto se ha logrado gracias a un esfuerzo importante del Gobierno, la cúpula militar y la dirección de la Policía. Lo más importante en este proceso electoral es asegurar que existan garantías reales para todos los participantes’, señaló el ministro del Interior.

Por su parte, el ministro de Defensa Nacional, Pedro Sánchez, subrayó las acciones adoptadas desde su cartera para respaldar el proceso democrático.

“Como parte de nuestra responsabilidad de garantizar el ejercicio democrático en nuestro Estado Social de Derecho, en coordinación con la UNP incrementamos significativamente la capacidad de protección. Duplicamos el personal encargado, pasando de 229 a 520 efectivos, entre policías y miembros de la UNP. Además, hemos articulado la seguridad en las regiones, para que los precandidatos presidenciales puedan desarrollar sus actividades con plena seguridad’, dijo.

Según se indicó, en 24 departamentos se adelantan jornadas de precampaña sin contratiempos. Para ello se han desplegado 6.351 policías adicionales a los esquemas individuales de seguridad, y movilizado 96 pelotones, equivalentes a 3.000 hombres y mujeres del Ejército Nacional, para garantizar la seguridad.

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Pasado el mediodía el mandatario acudió al Hospital Central de la Policía Nacional en Bogotá, acompañado de la cúpula policial y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Allí el jefe de Estado saludó a las familias de los uniformados que estaban presentes.

En el centro asistencias permanecen recluidos los patrulleros Diego Alejandro Herrera Hernández, de 28 años de edad, con 9 años y 10 meses de servicio; Luis Alfonso Ibáñez Hernández, de 29 años y 9 años y 6 meses de servicio; Andrés Felipe Paniagua Obando, de 28 años de edad, 5 años y 2 meses de servicios; y el patrullero Brayan Hernán Estrada Castro, de 30 años de edad y 8 años y 2 meses de servicio.

Estos uniformados sufren de politraumatismos, trauma de tórax y algunos con heridas de arma de fuego, pero están fuera de peligro.

El jefe de Estado no entregó declaraciones a la prensa, pero en su cuenta oficial en la red social X, el presidente Petro publicó un menaje en el que anunció su acompañamiento a las familias de los uniformados asesinados.

“Vamos a atender todas las familias de los miembros de la policía asesinados en Amalfi», escribió el jefe de Estado, y agregó en el mismo mensaje: “Lloro por las familias de los jóvenes sacrificados, se suman al más de millón de asesinados latinoamericanos en esta mal llamada ‘guerra contra las drogas’, el mundo debe valorar este sacrificio de nuestro pueblo maravilloso que queda en soledad».

En la misma red social el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, manifestó: “¡No dejamos atrás a ningún héroe de la patria! Nuestra Fuerza Aeroespacial dispuso un avión Casa-295 para el traslado aeromédico de cuatro policías heridos en el ataque terrorista ocurrido en Amalfi, Antioquia. El Comando Aéreo de Transporte Militar y el Centro Nacional de Recuperación de Personal, realizaron la operación desde Montería hasta Bogotá, donde los uniformados fueron remitidos al Hospital Militar Central. Pilotos, técnicos, médicos y personal especializado mantuvieron estables a los heridos. Para estas misiones las aeronaves son adecuadas como ambulancias aéreas con equipos biomédicos y camillas, lo que permite llegar a las zonas más apartadas».

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Las cifras son contundentes. No se trata de una especulación sino de hechos ciertos que demuestran el compromiso del jefe de Estado con el sector. A hoy, 4.1 % del PIB se dirige a la defensa. El promedio en la década anterior era de 3,6 %. No son datos menores.

En el último año se han reducido 12 % los eventos terroristas; 15 %, la extorsión; 58 %, el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, con respecto a 2024. En el sector Defensa la narrativa de la oposición no tiene eco.

​El bienestar de la tropa

El ministro Sánchez resalta como uno de los principales puntos del balance de su sector el aumento de la bonificación para soldados en servicio militar: “Actualmente, 103.932 jóvenes reciben 70 % de un salario mínimo por su servicio militar, distribuidos en 77.270 en las Fuerzas Militares; 24.245 auxiliares de Policía y 2.517 guardias del Inpec. Esta bonificación, que en 2022 era de 30 % (427.050 pesos a precios de 2022), asciende hoy a 996.450 pesos y alcanzará 100 % del salario mínimo en 2026. Este beneficio económico ha contribuido a sacar a muchas familias de la línea de pobreza extrema».

Se trata de una batalla diaria por el bienestar de la tropa, en medio de las dificultades de las finanzas públicas, que incluye objetivos como la política de gratuidad para la incorporación a la Fuerza Pública. “En 2023, –señaló el ministro Sánchez- el Gobierno nacional expidió decretos que garantizan la matrícula gratuita en las instituciones de formación de las Fuerzas Militares y de Policía, así como el ingreso gratuito a las escuelas profesionales de soldados, infantes de marina y patrulleros. Gracias a estos estímulos, 57.256 alumnos se han beneficiado: 26.188 jóvenes ingresan como oficiales y suboficiales de manera gratuita y 31.068 son soldados profesionales».

​Volando alto

Todo ello significa una tropa altamente motivada que se sabe recompensada por el Estado en su lucha diaria por garantizar la seguridad y blindar la democracia. Pero hay mucho más para mostrar, como el fortalecimiento de la Defensa Nacional con tecnología propia y capacidades estratégicas. ¿Qué significa eso? Que la industria militar avanza y la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana (CIAC) desarrolló el primer dron de reconocimiento y ataque 100 % nacional, el «DRAGOM».

Ese logro se suma a la renovación de la flota de aviones con los poderosos Saab Gripen 39, de última tecnología. Las primeras aeronaves llegarán al país en 18 meses, modernizando la Fuerza Aeroespacial Colombiana y las capacidades de defensa de la Nación. Esta adquisición también tendrá impactos positivos en el área energética y ambiental, con proyectos de energías renovables liderados por el fabricante sueco.

Diálogo para mantener el orden

Un avance importante del sector es la transformación, en 2023, del ESMAD en la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, UNDMO, que hoy tiene 29 equipos de diálogo que, entre 2024 y 2025, han realizado 3.120 actividades preventivas y 3.103 intervenciones in situ, incluyendo 970 gestiones de diálogo para evitar la escalada de conflictos. Gracias a este enfoque, el uso de la fuerza en las intervenciones se ha reducido significativamente, pasando de 12,1 % en 2021 al 3,2 % en 2024. Significa el respeto por la protesta social y un compromiso vital con la garantía de los derechos humanos.

​Control territorial y​ legitimidad

Otro de los desafíos del sector Defensa ha sido, en lo corrido de la actual Administración, el control territorial para garantizar el imperio de la ley y la vigencia de la Constitución en donde los ilegales pretenden consolidar su acción depredadora de la democracia.

“Gracias a la Misión Cauca y la Operación Perseo, en 2024 la Fuerza Pública retornó de manera permanente al corregimiento de El Plateado (Argelia, Cauca) después de 10 años de ausencia. Se ha consolidado una operación exitosa sin víctimas civiles y tanto las Fuerzas Militares como la Policía Nacional se mantienen en el corregimiento, garantizando la seguridad y el restablecimiento del orden público», señaló el ministro.

“En la recuperación del territorio, agregó- incrementamos la ofensiva contra los grupos armados ilegales en 45 %, comparado con el año anterior».

Alas para conect​ar a Colombia

Para finalizar el balance del sector, el alto funcionario habló, con orgullo, de la labor para conectar a Colombia, llevando a Satena a las regiones más apartadas de la geografía.

En el departamento del Chocó se logró 100 % de cobertura en los municipios con infraestructura aeroportuaria operativa y desde el 18 de mayo, la región del Catatumbo tiene rutas que conectan estratégicamente Medellín-Ocaña-Cúcuta-Tibú y aseguran una cobertura integral para la región.

Cocaína incautada

El narcotráfico es una de las mayores amenazas a la estabilidad democrática y de la seguridad. Durante los últimos tres años, el Ministerio de Defensa ha librado una batalla frontal contra ese delito. Las cifras de incautación del alcaloide y la afectación a la cadena de narcotráfico marcan récords históricos, que ahuyentan los discursos alarmistas de eventuales sanciones en este campo. 

“El Gobierno del Cambio ha incautado 2.413 toneladas desde el 7 de agosto de 2022 hasta el 24 de julio de 2025, lo que representa 65 % más que en el mismo período del Gobierno anterior», señaló el ministro Sánchez, quien subrayó que esas acciones han afectado las finanzas de los carteles del narcotráfico en aproximadamente 72.407 millones de dólares. Como es obvio, menos dinero ilegal en poder de la delincuencia organizada significa menos recursos para atentar contra la vida y la seguridad de los colombianos.

En este campo es importante resaltar que se han destruido 68 laboratorios, 209 % más que en el período anterior (22), lo que impacta la cadena de valor de las drogas ilícitas. En esa lucha se suspendieron 48 estaciones de servicio de combustible, 28 de estas en la región del Catatumbo, impidiendo la circulación ilegal de gasolina presuntamente utilizada para la producción de drogas ilícitas.

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En su intervención, el mandatario colombiano enmarcó estas afirmaciones dentro de la defensa de la soberanía nacional y de la necesidad de resolver los problemas de la región con soluciones propias, sin injerencias externas.

“Puede ser romántico, sí, cierto, pues Trump ya está diciendo que manda sus aviones a bombardear y nos toca pensar qué vamos a hacer, porque entonces él va a venir a bombardear Colombia. No lo hacemos nosotros, porque ya mataban a los niños debajo de las bombas, y ahora va a venir él», dijo.

El presidente subrayó que este tipo de amenazas externas deben ser enfrentadas con unidad nacional y con una política exterior que priorice el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de Colombia.

“Ya lo sabemos, llevamos 50 años en las mismas, 50 años (de guerra contra las drogas) que llevaron a un millón de muertos asesinados en América Latina, toda; un millón, una guerra, no puede ser», afirmó.

El presidente Petro destacó que el narcotráfico ha dejado un saldo trágico en el continente y reiteró que las soluciones deben construirse desde América Latina, sin repetir los errores de las estrategias militares que han profundizado la violencia.

“Por tanto, estas conversaciones que se han iniciado (con el autodenominado Ejército Gaitanista) deben tener una zona de concentración y unos propósitos sociales en los territorios, pero también unos acuerdos jurídicos que se deben establecer con la Fiscalía, en primer lugar, con los jueces», para que se “pueda dar el primer anuncio a la humanidad de que un país se puede desnarcotizar, puede alejarse de la violencia y puede construir la paz», expuso.

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La jornada comenzará con una ofrenda floral en el monumento a los Héroes del Conflicto Amazónico, donde están convocados los habitantes de Leticia.

​Luego se realizará una ceremonia militar solemne, en la que se rendirá homenaje al Ejército Nacional en su día, destacando su papel histórico y actual en la defensa del país.

El presidente Gustavo Petro estará acompañado por la vicepresidenta Francia Márquez; la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Angie Lizeth Rodríguez; el jefe del Despacho Presidencial, Alfredo Saade; el ministro del Interior, Armando Benedetti; el ministro de Defensa Nacional, Pedro Arnulfo Sánchez; la cúpula militar y otros miembros del gabinete nacional.

A través de su cuenta oficial en X, el mandatario explicó el motivo del traslado de la ceremonia: “La conmemoración de la Batalla de Boyacá es la conmemoración de la Independencia Nacional; se traslada a Leticia porque otra vez el gobierno del Perú ha copado un territorio que es de Colombia y ha violado el Protocolo de Río de Janeiro.

Con esta decisión, el Gobierno nacional envía un mensaje claro sobre la defensa de la soberanía y la importancia de integrar plenamente a las regiones apartadas en la vida institucional del país.

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​Con un batallón de fuerzas especiales urbanas que entró a Pereira y Dosquebradas, un destacamento de 190 nuevos policías, 20 investigadores judiciales, un cartel de los más buscados y hasta 3.200 millones de pesos por información que permita ubicar a cabecillas del ELN, el Gobierno nacional reforzó la seguridad en esa zona del Eje Cafetero.

El microtráfico y la minería ilegal, que afecta a comunidades indígenas, donde se han identificado casos de desplazamiento forzado, violencia sexual y reclutamiento de menores, fueron los fundamentos que llevaron a la administración del presidente Gustavo Petro a desplegar la capacidad de la fuerza pública en esa zona, según indicó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, al anunciar las medidas.

El funcionario indicó que el 69 % de los asesinados en Risaralda son consumidores de estupefacientes y el 81% mueren por sicariato. Esto evidencia un enfrentamiento entre jóvenes víctimas de ese mercado criminal como uno de los principales factores que inciden en los homicidios en la región.

Reveló que, para enfrentar el fenómeno, en el tercer trimestre de 2025 se convocará una reunión regional entre Antioquia, Chocó, Caldas, Risaralda y Quindío para abordar de manera conjunta las amenazas que trascienden las fronteras departamentales.

En el caso de las comunidades étnicas, se han recibido denuncias sobre graves violaciones de derechos humanos y manifestó que en los próximos 20 días “vamos a ir en operaciones quirúrgicas contra los grupos criminales. No podemos permitir que sigan reclutando a nuestros indígenas para llevarlos a la violencia, para llevarlos a la |muerte”.

Recompensas

El ministro Sánchez confirmó un aumento de las recompensas por información sobre caletas de dinero. “Cualquier ciudadano que informe sobre depósitos ilegales puede recibir hasta el 20% del valor incautado, con un tope de $7.300 millones. Esta medida busca debilitar las finanzas de las estructuras narcoterroristas y fomentar la colaboración ciudadana en todo el país”.

Dijo que los 3.200 millones de pesos ofrecidos por información del ELN está dirigida a cabecillas como alias ‘Santiago’, de la estructura occidental de ese grupo. A esta oferta se une el cartel de los más buscados en la región por homicidio. Esta campaña es reforzada por el fortalecimiento de estrategias preventivas, en conjunto con la Policía de Infancia y Adolescencia y las patrullas Púrpura.

Destacamento militar

El ministro destacó la entrada en operaciones del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas 9, unidad que calificó de fundamental para enfrentar delitos vinculados al tráfico de estupefacientes y atender las alertas tempranas 001 de 2023 en Dosquebradas y la 041 de 2020 en Pereira, emitidas por la Defensoría del Pueblo 

Los miembros del Ejército entrarán a reforzar la seguridad en áreas focalizadas, ejerciendo operaciones coordinadas con la Policía y la Fiscalía en defensa de la población.

La unidad especial está compuesta por tropas entrenadas y equipos de última tecnología para desarrollar operaciones especiales de despeje de recintos confinados, combate cercano, ejecutar acciones helicoportadas y de asalto, reconocimiento en el espacio y seguridad en el área.

El titular de la cartera de Defensa señaló que el refuerzo militar lo complementa la llegada de 190 nuevos policías y 20 investigadores judiciales, quienes entrarán a operar de manera progresiva a lo largo del segundo semestre de 2025 en las áreas donde se han registrado el incremento de homicidios en Risaralda.

Enfatizó que, de manera adicional, “la fuerza de tarea contra las armas ilegales, que creamos desde el Ministerio de Defensa, va a tener una lupa muy especial en el tráfico de armas” señaló el alto funcionario.

Resultados 

“En estos diez días ya llevan ocho capturas, gracias a entrada en operación de los hombres del Ejército más especializados, dijo Sánchez.

Una de estas operaciones se dio en el barrio El Rosal de Pereira, donde en una operación conjunta del Ejército y la Policía permitió la captura de siete personas. Al parecer, miembros de la estructura delincuencial ‘Los rebeldes’, entre ellos, el presunto cabecilla de esta facción, conocido con el alias de ‘Kevin’

Tras cinco meses de investigaciones conjuntas, los investigadores reunieron evidencia para establecer que alias ‘Kevin’ sería el encargado de coordinar y dirigir a los demás integrantes del grupo en la distribución y comercialización de estupefacientes en el barrio El Rosal y sectores aledaños, luego de que se separaran del grupo delincuencial ‘Cordillera’ que tiene presencia en la ciudad.

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Comentó que a los miembros de la institución se les ha otorgado “4.083 becas de pregrado y posgrado”.

Manifestó que, en el 2022, la anterior administración, a los miembros de la Fuerza Pública se les pagaba 300.000 pesos mensuales “y eran de familias estrato uno y dos y no les alcanzaba ni para comer y no había carne en los casinos de la Fuerza Pública de Colombia, solo arroz, como en Vietnam”.

Por esta razón, consideró que ese era el alimento que recibían los jóvenes que estaban al servicio del país en las fuerzas sin recibir la proteína (carne, pollo, cerdo o pescado) que es fundamental para el desarrollo del cuerpo y el cerebro, razón por la cual insistió: “Así trataban a nuestros héroes, esclavos”.

Aumento a soldados

“Hoy se ganan un 70% del salario mínimo, es decir, 1 millón de pesos mensuales y el presupuesto que traeremos ahora, en estos días, que ojalá no tenga yo que decretarlo y ustedes lo debatan y lo estudien, trae un incremento –por primera vez en la historia de Colombia– para 100 mil soldados regulares, patrulleros y otros, de un salario mínimo, por fin”, aseguró.

En su intervención, el mandatario se refirió al presupuesto de la Policía y aseguró que se ha incrementado un 22% frente al Gobierno pasado. Además, hubo un “aumento exponencial de personal” y la institución ha crecido en 14.139 uniformados, de los cuales el 36% de ese total, 5.090, son mujeres. “La policía de Colombia hoy es una policía femenina, menos mal”, dijo.

“De los 184.855 uniformados de la policía, el 36%, oigan, han sido ascendidos en este período de gobierno”, informó al recalcar que se trata de “una cifra más alta que en cualquiera de los últimos tres gobiernos de Colombia”.

Dijo que el presupuesto para la Policía lo han calificado como burocracia, pero, en su criterio, “es un gasto de funcionamiento, ¡ojo!, como son los bonos pensionales, ¡ojo!, como es incrementar el salario del soldado, ¡ojo!”.

“Claro, aquí atacan y dicen: ese Petro es un ladrón”, denunció al responder que “no me he robado un solo peso desde que tengo una carrera política legal y cuando tenía una carrera política ilegal tampoco me robé un peso”.

“Vean ustedes que al haberme parado 10 años ahí donde están ustedes sentados denunciando a los mayores narcotraficantes ligados a senadores, a políticos y hasta a presidentes de Colombia hubiera cometido el más mínimo a la más mínima irregularidad y hubiera sido preso en cuestión de minutos y aquí estoy hablándoles aún vivo y libre”, enfatizó.

Y añadió: «Vivo y libre porque soy un presidente de la República de Colombia libre espiritualmente, porque no tengo cadenas ni le debo a nadie, ni nadie puede chantajearme ni extorsionarme. Soy libre».

Incautación de cocaína

El presidente aseguró que, en su lucha contra estas mafias, «no hemos quemado el rancho del campesino, ahí no está el problema. No lo hemos fumigado con venenos, ahí no está el problema. Ese campesino cultiva hoja de coca porque no ha habido una política agraria para reemplazar su cultivo y ahora lo estamos haciendo. Hemos incautado 2.366 toneladas de cocaína en estos 3 años», que representan «un 62% más que el gobierno pasado».

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En la inauguración de la decimosegunda edición de la Feria Internacional Aeronáutica y Espacial ‘F-AIR Colombia 2025’, en el aeropuerto internacional José María Córdoba de Rionegro (Antioquia), el jefe de Estado subrayó que en ese propósito «hay dos fases que sobrevienen: una, la compra de armamentos. Dos, la producción de esos armamentos por Colombia misma, para que seamos nosotros los dueños de las armas que producimos».

Las discusiones para estructurar esas inversiones estratégicas, advirtieron, se adelantan ante el Conpes «que está por hacerse. Estoy esperando la información técnica completa, no sólo para aviones, sino para la movilidad mucho más rápida de la fuerza pública en general».

Recalcó que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional «han perdido movilidad por la edad de los instrumentos aéreos y terrestres con que se debería movilizar. Y entonces toca renovar (…) las armas de la República, porque si no, cada vez tendremos más ineficiencia. Y eso bajo las actuales condiciones fiscales, presupuestales del país, se puede hacer a través del mecanismo de vigencia futura».

En ese proyecto, añadió, «no hay ningún país excluido dentro del campo bélico. Por ninguna razón. Si las armas son suficientemente adaptables a las condiciones colombianas, y para los objetivos que nos hemos propuesto, que es destruir la criminalidad y tener un instrumento de prevención suficiente para asumir los retos de la crisis climática, serán bienvenidas».

Sin embargo, resaltó que esa relación se mantendrá mientras Colombia se vuelve autosuficiente, pues «casi desde el origen de la humanidad, y en forma incluso dantesca, este ha sido un principio. Si depende de otros no sobrevives, porque el mundo cambia, porque lo que eran amigos antes no lo son ahora. Y tenemos que buscar nuestra propia capacidad».

También manifestó que «hemos determinado que en lo que se trata de compras de armamento que no producimos, lo hagamos con muchos países, que no sea un solo país. Incluso, que no sea con países que hoy son duramente cuestionados en desarrollo al cuidado de los derechos humanos en el planeta».

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Según se indicó, la empresa contaba con autorizaciones para 610 armas de fuego, discriminadas en 535 revólveres, 47 escopetas y 28 pistolas, así como 51 vehículos (37 motos, 9 camionetas y 5 camperos). De igual forma, cuenta con 2.911 personas en su equipo operativo entre vigilantes, escoltas y supervisores.

Esta decisión, adoptada en primera instancia a través de la Resolución No. 2025210009237CS del 14 de mayo de 2025, surgió como resultado de una actuación administrativa en la que se verificaron presuntas infracciones a las disposiciones normativas que rigen el sector.

Entre los hallazgos documentados en la inspección se destacaron:

Presuntas extralimitaciones en las funciones autorizadas, susceptibles de enmarcarse en actividades reservadas a la Fuerza Pública.

Prestación del servicio con personal no acreditado ni inscrito en los sistemas oficiales de la Supervigilancia.

Uso indebido de uniformes y emblemas por personas no autorizadas.

Operación de drones y medios tecnológicos sin habilitación.

Presencia de armamento en sedes no autorizadas y falta de actualización en el sistema Renova.

Deficiencias graves en la custodia, trazabilidad e infraestructura de almacenamiento de armas.

Una vez en firme la decisión, corresponderá al representante legal de la empresa, en su calidad de titular de los permisos concedidos, adelantar los trámites pertinentes ante el Departamento Control Comercio de Armas y Explosivos (DCCAE) para el reintegro y cancelación de las autorizaciones expedidas, así como adoptar las medidas que correspondan frente a las situaciones verificadas en la investigación.

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«Nosotros no vamos a retroceder. Arreciamos la ofensiva contra el clan. No tienen escapatoria: o abandonan la actividad ilícita y se reciclan en el proceso de prosperidad de las regiones bajo la ley y la democracia, o se construye la alianza mundial para destruir el clan del golfo. Llegaremos hasta sus aliados en Dubái’, manifestó el jefe de Estado en su cuenta de X, al condenar los 27 asesinatos de policías atribuidos a sicarios de ese grupo delincuencial.

Los resultados operacionales se dieron en el marco de la Operación Agamenón, confirmaron el informe policial presentado este lunes, y permitieron establecer que al menos diez de los capturados son presuntos cabecillas de zona, y 113, supuestos sicarios y puntos o campaneros. En 28 casos, las autoridades actuaron en cumplimiento de una orden judicial, y otros 95 fueron detenidos en flagrancia.

Los delitos por los que estas personas son requeridos por la justicia son: homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, extorsión, tráfico ilegal de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y tráfico y fabricación de estupefacientes.

Entre los supuestos cabecillas capturados figuran alias ‘Pipa’, quien controlaba una subestructura conocida con el nombre de ‘Nicolás Urango’; y alias ‘Toyota’, un cargo de la subestructura ‘Carlos Vásquez’.

Los sospechosos delinquían en 14 departamentos: Antioquia, Magdalena, Córdoba, Bolívar, Cesar, Sucre, Atlántico, La Guajira, Santander, Risaralda, Meta, Valle del Cauca, Chocó, y en las regiones del Magdalena Medio y de Urabá.

La mayoría de los capturados han ejecutado homicidios contra funcionarios de las fuerzas armadas, mantenían el control y la expansión territorial enfrentando a otros Grupos Armados Organizados (GAO), ejercían la extorsión, el tráfico ilegal de armas, la fabricación y transporte de estupefacientes, y planeaban y ejecutaban homicidios selectivos, así como amenazas permanentes a la comunidad.

Casos esclarecidos

Las acciones de la Policía permitieron esclarecer los homicidios del patrullero Jorge García Mesa, con la captura de alias ‘Canoso’ en el municipio de Chigorodó (Antioquia); y del subintendente Nelson Cárdenas, con el abatimiento de alias ‘Barranquilla’ y alias ‘Mayinbu’ en el municipio de Andes (Antioquia).

En las 74 diligencias de registro y allanamiento se incautaron 58 armas de fuego. En ese arsenal había 30 fusiles, 28 armas cortas, 6.989 cartuchos de diferente calibre, 10 proveedores de diferentes calibres, dos granadas de fragmentación, tres automóviles, dos motocicletas, 42 equipos de comunicación y más de 30 millones de pesos en efectivo.

Las personas capturadas fueron presentadas ante jueces de control de garantías, quienes legalizaron las aprehensiones, los allanamientos y las incautaciones.

La Fiscalía General de la Nación les imputó a cada uno de los capturados, de acuerdo con su grado de responsabilidad, los delitos de concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; homicidio; y tráfico, fabricación o puerta de estupefacientes.

Las operaciones, indicó la Policía, continúan cumpliendo los lineamientos estratégicos del Gobierno nacional y la lucha frontal contra el clan del golfo, organización delincuencial dedicada al narcotráfico y diferentes delitos que afectan la seguridad ciudadana.

En la gigantesca operación policial fueron desplegados 109 funcionarios especializados del Servicio de Investigación Criminal, Inteligencia y Antisecuestro (Gaula), en coordinación con la fiscalía general de la Nación, que dispusieron de cuatro fiscales, quienes ejecutaron, durante los últimos 18 días, más de 600 actuaciones investigativas a nivel nacional.

Capturas relevantes:

Eugenes de Jesús García Elguedo, alias ‘Pipa’, de 36 años de edad, era requerido por el delito de concierto para delinquir agravado. Tiene una trayectoria criminal de más de tres años y está señalada de hacer panfletos circulares en el norte del departamento de Bolívar, generando temor y zozobra entre la población civil.

Juan Guillermo Quintero Olaya, alias ‘Toyota’, fue capturado por el delito de concierto para delinquir agravado. Era el encargado de coordinar labores de inteligencia delictiva, abastecimiento y alertar a la red en ese sector para llevar a cabo actividades criminales.

Alias ‘Mojón’ en Sincelejo (Sucre), capturado en flagrancia mientras fabricaba, traficaba, portaba y almacenaba armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Era cabecilla urbana de la subestructura ‘Manuel José Gaitán’ y encargado de coordinar homicidios selectivos contra población civil y funcionarios de la Fuerza Pública.

Alias ‘Paul’ y ‘Ronald’, capturados en zona rural del municipio de Bolívar (Valle del Cauca) en flagrancia, por el delito de tráfico, fabricación o porte de municiones y armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas. ‘Paul’ es cabecilla en esa zona y ‘Ronald’ controlaba la vereda Naranjal. Ambos son hombres de confianza de alias ‘Dmax’, encargado de la expansión del clan del golfo en el Valle del Cauca.

En el corregimiento La Danta, municipio de Sonsón (Antioquia), fue capturado Ever de Jesús Quintero Giraldo, alias ‘Chaco’, presunto cabecilla de la subestructura ‘Gener Morales’. Esta persona cuenta con una trayectoria criminal de más de 20 años y era desmovilizado de las extintas autodefensas.

Estos contundentes golpes investigativos y operacionales, articulados con la Fiscalía, se convierten en un aporte sustancial para recuperar la seguridad humana y debilitar el dominio del flagelo criminal en Colombia.

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