Según la entidad, estas prácticas vulneraron el régimen de control de precios y terminaron afectando tanto el acceso de los pacientes a los tratamientos como los recursos del sistema de salud.

Las decisiones quedaron consignadas en las resoluciones 18816 y 16791 de 2026, producto de investigaciones independientes adelantadas por la Dirección de Investigaciones para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal, en el marco de sus funciones de inspección y vigilancia.

En el caso de Comfenalco Quindío, la Superintendencia encontró que durante 2023 se vendieron al menos 26 medicamentos con sobrecostos que llegaron hasta el 400%. Entre ellos está Ferinject, usado para tratar la anemia, cuyo precio máximo era de 82.752 pesos y se comercializó en 413.760. También figura Depo-Medrol, indicado para enfermedades como artritis y afecciones autoinmunes, que pasó de un precio regulado de 5.029 pesos a venderse en 23.435.

Por su parte, en el caso de Bayer S.A., se evidenció que el medicamento Neogynon, utilizado como anticonceptivo y en tratamientos hormonales, fue comercializado con sobreprecios de hasta 26,52% en más de 83.000 unidades entre octubre de 2022 y junio de 2023.

La Superintendencia advirtió que exceder los precios regulados no es un asunto menor. Se trata de una conducta que impacta directamente las finanzas del sistema de salud y limita el acceso de los pacientes a medicamentos esenciales.

Finalmente, la entidad aseguró que continuará reforzando las acciones de vigilancia en toda la cadena de comercialización —laboratorios, mayoristas, gestores farmacéuticos e IPS— para garantizar el cumplimiento de las normas. 

Las decisiones adoptadas son de primera instancia y contra ellas proceden los recursos de reposición y apelación.

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EPM dio a conocer en comunicado público las actuaciones que en la actualidad adelanta como operadores de Hidroituango, tras el anuncio de un proceso sancionatorio iniciado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), agregando que responderá a los requerimiento, dentro del debido proceso:

1. EPM opera la central hidroeléctrica Ituango en estricto cumplimiento de las disposiciones contenidas en la licencia ambiental, los actos administrativos vigentes y la Resolución 2306 de 2019, que establece, entre otras condiciones, que en época de estiaje (enero, febrero, marzo, julio, agosto y septiembre) los caudales descargados deben ser, como mínimo, iguales a los registrados en la estación de medición ubicada en Olaya, en la entrada del embalse.

Los caudales de entrada y salida, así como los niveles del embalse de Hidroituango, se reportan de manera permanente y, en tiempo real, al Centro de Monitoreo de los Recursos Naturales de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), garantizando la trazabilidad completa de la operación.

 2. Es importante destacar que durante la temporada de lluvias de 2025 y, en lo corrido de 2026, la operación del embalse de Hidroituango ha contribuido a mitigar los efectos de eventos hidrológicos significativos aguas abajo de la presa. Por ejemplo, en la creciente presentada el 11 de abril de 2025, cuando el caudal del río Cauca alcanzó niveles cercanos a los 5.000 m³/s a la altura de Bolombolo. En ese momento, se descargaron 3.000 m³/s por el vertedero y las descargas de generación, lo que permitió evitar inundaciones aguas abajo de la presa.

En esa oportunidad, el embalse permitió contener el pico de la creciente. Adicionalmente, EPM desplegó equipos técnicos y sociales en las comunidades ribereñas y coordinó en tiempo real con el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (DAGRAN), las administraciones municipales y los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo, con el fin de proteger la vida y la movilidad de los habitantes del área de influencia. Durante este evento, la infraestructura se mantuvo estable y operó con normalidad.

 En la actual temporada de lluvias, no se han registrado emergencias aguas abajo asociadas a las descargas de Hidroituango.

 3. Hidroituango cuenta con un Centro de Monitoreo Técnico (CMT) que opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con el apoyo de estaciones de medición ubicadas en La Virginia, La Pintada, Bolombolo y Olaya. Esto permite anticipar, con hasta 40 horas, situaciones que puedan afectar la seguridad de las comunidades y activar oportunamente las medidas de protección necesarias.

 EPM mantiene comunicación permanente con los Consejos Municipales y Departamentales de Gestión del Riesgo, los organismos de socorro y las comunidades aguas abajo, priorizando la protección de la vida por encima de cualquier consideración comercial.

 4. El embalse de Hidroituango opera actualmente en torno a la cota 409 metros sobre el nivel del mar (m s. n. m.), cifra que corresponde a una cota operativa declarada a XM para fines de coordinación del sistema eléctrico y cumplimiento ambiental, y que no representa el límite estructural del embalse.

 El diseño de la presa establece que la cota máxima de operación normal es la 420 m s. n. m. Las condiciones que hoy limitan la operación responden a obligaciones ambientales y no a restricciones de la infraestructura.

 EPM ha manifestado a la ANLA su disposición para ejecutar la remoción de la capa vegetal pendiente entre las cotas 409 y 420 m s. n. m., y ha solicitado las autorizaciones correspondientes. También ha planteado, en diversas oportunidades, la necesidad de ajustar las condiciones operativas del embalse, con el propósito de ampliar su capacidad para contribuir a la regulación de crecientes y fortalecer la protección de las comunidades aguas abajo, objetivo que EPM considera prioritario.

 5. En relación con el procedimiento sancionatorio anunciado el pasado lunes 30 de marzo, EPM informa que los apoderados de la Sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P. fueron notificados para conocer el acto administrativo correspondiente. Una vez se conozca dicho acto administrativo, la Empresa dará respuesta oportuna a la autoridad ambiental y ejercerá las acciones a que haya lugar, dentro del debido proceso.

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Los hechos que investigados

– No realizar el control de los caudales descargados aguas abajo del sitio de presa, a través de la regla de operación.

– No garantizar que los caudales descargados desde el vertedero sean, por lo menos iguales, a los caudales registrados en la estación Olaya de entrada al embalse.

– No realizar el aprovechamiento forestal de 59,82 hectáreas en el vaso del embalse; el rescate, ahuyentamiento y salvamento de fauna durante el ascenso del nivel del embalse; el rescate de germoplasma, y el rescate y reubicación de especies en veda previo al ascenso del nivel del embalse.

La decisión fue adoptada por la entidad tras las recomendaciones contenidas en el Concepto Técnico 2997 de 2026, emitido por el equipo de profesionales de la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales de la Anla.El proceso sancionatorio se inicia cuando se determina un presunto incumplimiento de las obligaciones ambientales por parte del titular o beneficiario de la licencia ambiental, y de acuerdo con la Ley 1333 de 1999 (modificada por la Ley 2387 de 2024), la Anla cuenta con un plazo máximo de cinco años desde la apertura del proceso sancionatorio para determinar responsabilidad.

Gestión sancionatoria

La autoridad ambiental informó, además, que a la fecha Hidroituango ha acumulado 29 procesos sancionatorios, de los cuales 20 están activos y 9 ya han sido fallados de fondo.

De los 55 procesos sancionatorios activos a electrificadoras, Hidroituango acumula 2, Isagen 13 y Enel 9, entre los de mayor número de casos abiertos.

Por sectores, en 2025 la Anla impuso 36 sanciones a empresas del sector Infraestructura; 30 sanciones en el sector Hidrocarburos; 14 en Minería; 12 en Posconsumo, 11 (cada uno) en Sistemas de recolección y Energía; 7 en Plaguicidas; 2 en Diversidad biológica; y 1 sanción en Proyectos especiales.

En el último año, la Anla ha impuesto 124 sanciones, es decir, nueve veces más que el promedio del gobierno anterior.

Adicionalmente, ha impuesto  multas por $82.467 millones, que representan un aumento del 230% frente cuatrienio pasado.

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Las empresas serán investigadas administrativamente por presuntas irregularidades en la fijación de cargos, informó la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD).

 De acuerdo con la entidad de vigilancia y control, se formularon pliegos de cargos contra seis de los siete transportadores del sector de gas natural por redes, al parecer por la vulneración a lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 142 de 1994; el artículo 4 de la Resolución CREG 080 de 2019, y el artículo 6 de la Resolución CREG 175 de 2021.

La SuperServicios no entregó los nombres de las empresas investigadas mientras concluye el proceso administrativo sancionatorios, pero informó que los investigados “no atendieron el procedimiento” establecido en la normatividad de la CREG al recalcular, de manera inadecuada, la tasa de descuento y hacer uso del 11,8 % establecido por ley.

Según la entidad, dicho recálculo afectaría de manera directa a los usuarios por traslados ineficientes a la tarifa que pagan en el servicio público domiciliario de gas natural en todo el país.

“Con fundamento en lo anterior, las personas jurídicas investigadas podrían ser sancionadas con multa y medidas procedentes”, señala la Superservicios.

 La entidad reiteró que continúa fortaleciendo sus acciones de inspección, vigilancia y control para garantizar condiciones de eficiencia en la prestación del servicio y que haya estricto cumplimiento a la normatividad y regulación vigente, procurando la protección al usuario.

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