En una cruzada contra el juego ilegal en Colombia, Coljuegos ha incautado 6.291 elementos ilegales y la destrucción de cerca de 9.774 máquinas tragamonedas, módulos de apuestas por internet, bingos y mesas de póker, que operaban por fuera del marco legal.

Estas acciones hacen parte de una estrategia integral con la cual la entidad busca combatir la ilegalidad en la industria de los juegos de suerte y azar, garantizar la transparencia del sector y proteger el patrimonio público.

«Hemos asumido con total determinación la responsabilidad de proteger la legalidad y la integridad del sector. Hoy quiero destacar el compromiso de nuestra entidad en dos frentes fundamentales: la lucha contra el juego ilegal y la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo”, aseguró Marco Emilio Hincapié, presidente de Coljuegos.

Como parte de la estrategia, la entidad también ha solicitado el bloqueo de más de 27.000 sitios web de apuestas ilegales, lo que representa un avance significativo en la contención de plataformas que operan al margen de la ley y ponen en riesgo a los apostadores.

Además del componente operativo, Coljuegos ha fortalecido su capacidad institucional a través de sistemas de control como el SIPLAFT (Sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo), que ha evolucionado hacia un enfoque más robusto basado en riesgos, bajo el modelo SARLAFT.

«Ya no se trata solo de cumplir la norma, sino de anticiparse, prevenir y actuar con contundencia», indicó Hincapié.

La estrategia incluye también un convenio con la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) para el intercambio de información y la capacitación de funcionarios, así como el respaldo de las Naciones Unidas para implementar buenas prácticas internacionales en gestión de riesgos, anticorrupción y lucha contra la financiación de actividades delictivas.

“Esta lucha no es solo técnica, sino también cultural. Por ello, estamos promoviendo campañas de sensibilización para que los ciudadanos reconozcan los riesgos del juego ilegal y opten por operadores autorizados, cuyos recursos se destinan a financiar el sistema de salud en Colombia”, sostuvo el presidente de la entidad.

Y concluyó: «Nuestro mensaje es claro: en Colombia no hay espacio para el juego ilegal ni para el lavado de activos. Seguiremos trabajando, sin descanso, para proteger el patrimonio público, garantizar entornos seguros y promover la transparencia en cada rincón del país».

«Como parte de la estrategia, la entidad también ha solicitado el bloqueo de más de 27.000 sitios web de apuestas ilegales«

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La Panamericana

La Clínica Panamericana de Apartadó anunció que, debido a la situación crítica que atraviesan otros prestadores de salud en la región, implementará un sistema de triaje estricto.

La medida priorizará la atención de pacientes cuya condición médica requiera manejo de mediana y alta complejidad.

“La clínica no cuenta con los recursos humanos, técnicos ni logísticos para atender a toda la población del municipio. La medida busca proteger la seguridad de pacientes y personal, evitando la saturación de los servicios y garantizando una atención responsable y de calidad” explicó su director, Dubian Ferney Zuluaga Yepes.

La Chinita

Por su parte y seguidamente de las medidas tomadas en la clínica Panamericana, La Clínica Chinita de Apartadó suspendió la atención a los usuarios de la Nueva EPS .

“La Clínica Chinita de Apartadó ha suspendido sus servicios a los usuarios de la Nueva EPS debido a una deuda significativa que la EPS tiene con la clínica, lo que hace insostenible continuar brindando atención médica sin poner en riesgo la estabilidad financiera de la entidad”

La Clínica Chinita afirma haber intentado negociar con la Nueva EPS  pero sin resultados positivos  “e insiste en que no puede operar de manera sostenible, explicó José Manuel Camargo Ortíz, su gerente, tras expedir un comunicado público dando mayores detalles sobre los hechos, que motivaron la drástica medida.

La Personería

Mientras algunos alcaldes de la zona anunciaron su intervención ante el sector salud, las clínicas involucradas, además de la Nueva EPS, origen del problema, en busca de una solución inmediata a esta compleja situación que evite el colapso total  de la atención en la región, la Personería de Apartadó también terció en el asunto. 

El Ministerio Público advirtió que se trata de un derecho fundamental y llamó a las partes a concertar de manera institucional a fin de superar la situación.

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Las sancionadas son Distribuidora Hospitalaria de Cúcuta SAS (mayorista); Fabilu SAS (mayorista y propietaria de la IPS Clínica Colombia ES, de Cali), y Fabisalud IPS – SAS (propietaria de la IPS Clínica Cristo Rey de Cali.Estas tres sociedades fueron sancionadas con $5.763,4 millones tras las labores de inspección, vigilancia y control que realiza la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para el cumplimiento del Régimen de Control Directo de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos al exceder los precios máximos de venta fijados por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos en la Circular 13 de 2022.

La norma protege los derechos de los pacientes, garantiza el acceso a tratamientos esenciales y vela por la sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

La SIC encontró que Distribuidora Hospitalaria de Cúcuta SAS entre octubre de 2022 y junio de 2023 comercializó 47 medicamentos, excediendo los precios máximos de ley en porcentajes que van desde 1,24% hasta 7.000,93%. 

En el caso de Fabilu SAS, se descubrió que entre enero y diciembre de 2023 vendió a una Empresa Social del Estado nueve medicamentos con sobrecostos de entre 3,5% y 164,7%. 

También Fabilu SAS, como IPS propietaria de la Clínica Colombia ES, entre enero y diciembre de 2023 comercializó diez medicamentos con sobrecostos de entre 3,38% y 2.175,11%.

Finalmente, Fabisalud IPS – SAS, propietaria de la Clínica Cristo Rey, entre enero y diciembre de 2023 comercializó cuatro medicamentos con sobrecostos de entre 0,09% y 100%.

La SIC explica que el régimen de control directo a precios de medicamentos y dispositivos médicos es una medida esencial adoptada por el Gobierno nacional para proteger el interés general y prevenir posibles abusos de agentes del mercado, velando por la sostenibilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

De esta manera se garantiza que los recursos públicos asignados sean utilizados de manera eficiente, brindando así una protección efectiva a derechos fundamentales, tales como la salud y la vida, que se ven comprometidos debido al sobrecosto de los medicamentos requeridos por pacientes que acuden al sistema. 

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En su intervención, el mandatario explicó que en el gobierno del expresidente Iván Duque “pasó de 39 billones a 46 en su último año”, situación que nunca recibió críticas, máxime cuando es “casi la misma cantidad del primer año y la segunda”.

Sin embargo, dejó claro que “en el caso nuestro crecemos mucho más rápidamente de 54 billones, que ya es un salto respecto al 2022” y “llegaremos, en el 2026, a 73 billones de pesos”.

Por esta razón, el presidente Petro le solicitó al ministro de Hacienda, Germán Ávila, no retroceder en los recursos que se destinaron para el año entrante en el proyecto de presupuesto que estudia el Congreso de la República, para lo cual dijo que si el legislativo quiere aumentarlo “pues lo aplaudo”, pero “si quiere disminuir, está matando gente”.

Dijo además que “la Unidad de Pago por Capitación, es UPC, que es como el per cápita que se entrega cada ciudadano y ciudadana asegurada, promedio, unos reciben más que otros, aumenta muchísimo más en nosotros, en el gobierno nuestro, que en el de Duque, pero la prensa se dedica a decir que nosotros hemos quebrado el sistema de salud, porque no subimos”.

Sustentó que “lo que demostramos en la alocución, hace unos instantes, es que en el gobierno Duque los indicadores de mortalidad infantil –de uno, de menos de cinco años–, de mortalidad por desnutrición, de muerte perinatal en el vientre de la madre, de mortalidad materna por no cuidar a la gestante, etcétera, son casos de muerte muchísimo más elevados que los que nosotros hemos logrado obtener, bajando radicalmente los números de muertos, sean bebés, sean mujeres, incluso sean adultos”. 

Por ello, cuestionó: “Entonces, ¿por qué esa noticia tan falsa de que el sistema de salud aquí es un caos?, cuando si reducimos la mortalidad por causa de desnutrición un 50%, o si reducimos la mortalidad general de niños un 50%, o si, como nos pasa en algunas regiones muy pobres, la reducción de la mortalidad materna, por ejemplo, en La Guajira, si mi memoria no me falla del 70%, entonces ¿cuál caos?” y explicó: “El caos era el que tenían las EPS, y lo que estamos es mejorando los resultados sustancialmente de la salud en términos de vida, de bebés, de fetos, de mujeres gestantes”.

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La entidad lidera este proceso de actualización del mecanismo que establece condiciones de precios, calidad y entrega en el mercado de medicamentos, que ayude al país a eliminar las barreras de acceso a tratamientos médicos.

El Acuerdo Marco de Precios de Medicamentos establecerá reglas de juego para la contratación, adquisición y dispensación de este tipo de productos por parte de los futuros proveedores a entidades estatales.

Para este propósito, Colombia Compra Eficiente convoca a laboratorios, gestores farmacéuticos, distribuidores mayoristas de medicamentos y demás interesados a participar activamente en la estructuración de este acuerdo.

“Buscamos movilizar a toda la industria farmacéutica nacional, pero también a los laboratorios internacionales presentes en Colombia, lo cual implica abrir la participación en un sector en el que hasta ahora han mostrado interés unos 1.500 proveedores», aseguró Cristóbal Padilla, director de Colombia Compra Eficiente.

Explicó el directivo que con este proceso se garantiza la eficiencia, transparencia y mejores condiciones para la cadena farmacéutica del país. “Esto también va a impactar los precios y la calidad de los medicamentos que van a usar soldados y policías de Colombia, así como la activación de las economías territoriales», agregó.

Como parte de la elaboración del Acuerdo Marco de Precios de Medicamentos, Colombia Compra Eficiente realizará varias jornadas informativas con expertos en ciudades como Barranquilla, Bogotá, Medellín y Cali para entregar más información y despejar dudas de los interesados. Para estas jornadas la entidad habilitará el acceso por canales virtuales.

Los interesados en este proceso podrán conocer mayor información a través de las redes sociales oficiales de Colombia Compra Eficiente, donde se publican las actualizaciones del proceso de estructuración del Acuerdo Marco de Precios de Medicamentos.

La participación de numerosos actores de la cadena farmacéutica refleja el interés y compromiso del sector farmacéutico para construir un acuerdo marco robusto y representativo que beneficie a todo el sistema de salud colombiano.

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Así lo confirmó este miércoles 13 el presidente Gustavo Petro en Bahía Solano (Chocó), a donde se trasladó para presentar el proyecto de modernización del aeródromo que beneficiará a más de 11.400 habitantes.

El hospital de segundo nivel, único en todo el litoral pacífico chocoano, representa un incremento de los servicios de salud a la población misma, señaló el mandatario. 

“Aquí, decían, tienen que irse en avioneta, en ambulancia aérea. Sí, porque la ley 100, que es lo que estamos tratando de reformar y el Congreso y las élites económicas no han querido, produjo esto”, subrayó el presidente.

El mandatario explicó a las comunidades cómo se acabaron los servicios de salud y se perdieron billones de pesos públicos porque las EPS, cuyos dueños no tiene clínicas en el municipio, usan el dinero público para dar al paciente un servicio carísimo, en avioneta, con acompañante y a un lugar lejano. 

¿Cuántos ciudadanos y ciudadanas y niños y niñas mueren si se hubieran atendido a tiempo o incluso hubiéramos prevenido la enfermedad?, preguntó. “Hubiera salido más barato tener el hospital aquí hace tiempo. Muchísimo más barato. Pero como el hospital era o sería o es en este momento público, pues no es negocio”.

Amplían pista aérea

La ampliación de la pista del aeródromo de Bahía Solano tiene un objetivo estratégico, el desarrollo turístico del Chocó, manifestó el presidente Gustavo Petro en su visita de este miércoles a esa región del país.

“Para eso es la ampliación de la pista. No solo para carga de cosas que se traen o se llevan, sino para gente que venga a conocer y de ese modo vaya superando los niveles de carencia que muchas pobladores y pobladoras tienen”.

El turismo, dijo, “es una forma de democratizar la economía”. En tal sentido, advirtió que las comunidades deben adecuarse, lo cual “significa conocer, aprender, porque el turismo tiene su parte negativa”.

Por eso, alentó a la juventud local a capacitarse, porque “atraer gente que no sabe de esta región, que puede ser respetuosa, pero también hay gente que no es respetuosa y tenemos que regularlo, indudablemente”.

Sin embargo, los beneficios son evidentes pues la industria turística “reparte el dinero, no se lo apropia un empresario X. No es lo mismo que el petróleo que una sola empresa multinacional saca y se lleva, y ni mira a la gente de aquí”.

Enfatizó en que “el turismo tiene una virtud, y es que la misma comunidad organizada puede ir recibiendo los recursos que trae, eso mejora la vida de las familias de la zona”.

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El Gobierno de Gustavo Petro expidió el decreto 0858 de 2025 para reorganizar el sistema de salud fortaleciendo la atención primaria, priorizando la prevención de enfermedades y mejorando la prestación de los servicios.

“Adoptar el Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo como política en salud para la población habitante en el territorio colombiano”, señala el decreto que en su primer punto e involucra a todos los actores del sistema y estará en cabeza del Ministerio de Salud.

Su fundamento es la implementación de una política pública prioritaria para garantizar el derecho fundamental a la salud en condiciones de calidad y dignidad en todo el territorio nacional, como lo obliga la Constitución, la Ley Estatutaria en Salud 1751 del 2015 y la legislación vigente.

El decreto no modifica el esquema vigente de aseguramiento ni elimina las EPS. Establece lineamientos para mejorar la coordinación de todos los actores del sistema y garantizar que la atención se brinde con oportunidad, calidad y continuidad.

La implementación del decreto será progresiva y con enfoque territorial, en especial en zonas con menor capacidad en el primer nivel de atención y, de esa forma, consolidar un sistema universal, garantista y centrado en la atención primaria.

La disposición brinda herramientas para mejorar la prestación de los servicios de salud en el corto y mediano plazo, sin que ello implique sustituir el debate democrático y amplio que continuará en la Comisión VII del Senado sobre los cambios estructurales que requiere el sistema.

La financiación del Modelo se hará con recursos del aseguramiento en Salud que maneja la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), el Sistema General de Participaciones (SGP) y el Presupuesto General de la Nación.

Puntos clave

Conforma las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS) que articularán a prestadores públicos, privados y mixtos para reducir la fragmentación en la atención. 

Los RIITS serán organizados y conformados por las entidades territoriales departamentales y distritales, en coordinación con las Entidades promotoras de Salud (EPS) y las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), con la participación de los prestadores de Servicios Salud públicos, privados y mixtos, junto con los proveedores de tecnologías en salud que entrarán a operar como o Centros Atención Primaria en Salud (CAPS).

Orienta los recursos disponibles hacia el fortalecimiento del primer nivel de atención y la reorganización de la red pública hospitalaria, evitando que factores de rentabilidad financiera pongan en riesgo el acceso de la población a los servicios de salud.

Contempla el fortalecimiento de la red hospitalaria pública, con inversiones en infraestructura y tecnología, y la formalización del talento humano en salud para garantizar condiciones laborales dignas, que permitan una mayor continuidad en la prestación del servicio.

Los mecanismos que permiten la formalización en el sector quedan en cabeza del Ministerio de Salud y las entidades territoriales departamentales, distritales y municipales, los cuales deberán ser adoptados por los prestadores de servicios de salud públicos.

Refuerza las capacidades locales para la adopción, ejecución y evaluación del modelo en cada uno de sus pilares, comenzando por aquellas entidades con menor capacidad resolutiva.

Contempla la transferencia de herramientas, la formación del talento humano, el acompañamiento operativo y la definición de criterios de priorización territorial con enfoque diferencial, asegurando que ningún territorio quede rezagado en la puesta en marcha de estas medidas.

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Adicionalmente, la CGR informó que la deuda total de las EPS con las IPS y en reservas técnicas asciende a 25 billones de pesos, compuesta por 11,3 billones de pesos en obligaciones con prestadores y 13,7 billones de pesos en pasivos por reservas técnicas.

Estas cifras generan preocupación sobre la transparencia en el uso de los recursos del sistema de salud y la capacidad financiera de las EPS, por lo que la Contraloría anunció investigaciones para determinar el origen de las inconsistencias.

Crece deuda de EPS no intervenidas

La deuda de las EPS no intervenidas en Colombia se duplicó, pasando de 5,37 billones de pesos en 2023 a 10,84 billones de pesos en 2024, lo que representa un incremento de 101,9 %.

Esto se presenta en un contexto de aumento generalizado del gasto en salud, que subió 12,9 %. El total girado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), por concepto de unidad de pago por capitación (UPC), presupuestos máximos (PMAX) y actividades de promoción y prevención (PYP) fue de 88,18 billones de pesos en 2024, frente a 78,1 billones de pesos en 2023.

Aunque la llamada Unidad de Pago por Capitación (UPC) aumentó 12,01 %, este crecimiento superó ampliamente la inflación del año (5,2 %), lo que evidencia una presión creciente sobre las finanzas del sistema de salud y pone en foco la sostenibilidad de las EPS no intervenidas.

No se sabe el destino de $14,28 billones

Respecto al informe de la Contraloría General de la República sobre el estado del aseguramiento en salud por parte de las EPS y los programas de salud de las Cajas de Compensación Familiar, del primero de enero al 31 de diciembre de 2024, el presidente Gustavo Petro se refirió al total de ingresos no registrados por 4,22 billones de pesos, sobre lo que aún no hay investigación.

“4,22 billones en un año. Cuando dimos más plata, más se llevaron. Entonces nos piden que demos más plata. No sean vagabundos. Más plata de pronto cuando tengamos y cuando se apruebe la Reforma de la Salud en el Senado de la República. Si no, no podemos. Quiebra el Estado rápido. El Estado va a quebrar también si el Senado no aprueba una ley de financiamiento”.

En este sentido, el mandatario se refirió al uso y destino que las EPS les dieron a los recursos públicos de la salud desde 2020 hasta 2024 con 14,28 billones pesos sin claridad sobre su uso y destino.

“En total desde el 2020 a la fecha han desaparecido 14 billones de pesos, señores de la prensa. Denuncien, enséñenle a Colombia cómo la han estafado. No se hagan los gorrones al servicio del gran capital en Colombia y de los ladrones. 14,28 billones de pesos sin claridad sobre uso y destino desde 2020 a la fecha, la mayor parte de la plata, casi 10 billones de pesos más en el Gobierno de Duque’.

En el mismo informe, la Contraloría evidencia más recursos perdidos por 15,79 billones de pesos referentes a copagos y cuotas moderadoras aportados por los afiliados, nuevamente sin claridad sobre su uso y destino.

“Aquí se suman copagos y cuotas. O sea, la plata que pone el ciudadano en la clínica y el total perdido son 15,79 billones de pesos. Total, perdido en cifras de la Contraloría. Esto no se puede sostener más’, expresó el presidente Gustavo Petro.

Tres EPS no reportaron costo médico

El más reciente informe de la Contraloría mostró que hubo 26 EPS que reportaron indicadores y consignaron un costo médico total de 79,5 billones de pesos en la base de suficiencia del año 2024, este monto representa el gasto directo en atención médica, servicios prestados por IPS, compra de medicamentos y tratamientos, los que utilizaron las EPS para calcular sus necesidades financieras y comparar con los ingresos por UPC (Unidad de Pago por Capitación).

Sin embargo, tres EPS no reportaron información: Capresoca, Comfachocó y Pijao, esto impide conocer su nivel de siniestralidad y su sostenibilidad financiera, lo que podría constituirse en una irregularidad grave, debido a que el requisito de informar es obligatorio para evaluar solvencia y salud financiera.

24 EPS con destinación indebida de recursos

La Contraloría evidenció hallazgos fiscales por 6 billones de pesos en 24 EPS, las que habrían dado destinación indebida a los recursos de la UPC en 2020. Consideró estos hechos como de alto impacto nacional.

Asimismo, otros 5,3 billones de pesos están en curso de indagación preliminar por haberse pagado sin soportes contables suficientes. En total, se registraron 61 hallazgos administrativos, 37 con incidencia fiscal y otros 37 con presunta incidencia penal o disciplinaria.

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Con ello, la Adres busca, a través de la Inteligencia Artificial, reducir los tiempos de respuesta de las auditorías de las facturas de las IPS (hospitales) reclamantes y que actualmente se realizan de forma manual, así como evitar fraudes, optimizar y hacer más transparente la gestión de los recursos del sistema de salud. 

“Damos un paso más en nuestro objetivo de dejar de ser un pagador ciego y convertirnos en el pagador inteligente del sistema de salud. De esta manera, se optimiza el uso los recursos destinados a la atención en salud que reciben millones de colombianos”, destacó Félix León Martínez, director de la Adres. 

Este reto tecnológico se enmarca en el Proyecto Sistema Inteligente de Auditoría– SIA, que busca llevar a la modernidad tecnológica los procesos de auditoría en la Adres, además de afinar los procesos de radicación de cuentas y todos los procesos relacionados para garantizar el pago oportuno.  

De los cuatro aliados, la Adres elegirá la compañía que desarrolle el prototipo más eficaz y demuestre las mejores capacidades tecnológicas y normativas en materia de soluciones que implementen la inteligencia artificial.

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En su visita a este municipio, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, indicó que se realizarán importantes inversiones para fortalecer la prestación de servicios de salud.

Una ambulancia totalmente equipada fortalecerá la atención de emergencias.

Se adelantarán adecuaciones en tres puestos de salud rurales: Güerosa, Damaquiel y Siete Vueltas, que contarán con servicios permanentes para brindar atención continua a sus comunidades.

Además, se conformarán 10 Equipos Básicos de Salud con una inversión de $2.500 millones, integrados por 80 profesionales que llevarán atención directa al territorio.

San Juan de Urabá también contará con mamógrafo, ecógrafo y laboratorio clínico, mejorando la capacidad diagnóstica y preventiva del municipio.

Inversión en Mutatá

Desde Mutatá, Antioquia, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo anunció una inversión cercana a los $10.000 millones para fortalecer la salud del pueblo Jaibaná y las comunidades rurales.

Estas inversiones del Ministerio de Salud mejorarán de forma significativa el acceso a servicios de salud de calidad para aquellos que más lo necesitan.

Más de $2.600 millones destinados para 9 Equipos Básicos de Salud con enfoque intercultural y partería tradicional, para esto se asignaron dos Equipos Básicos Interculturales, que contarán con dos promotores indígenas y dos promotores afro.

$5.700 millones para adecuar y ampliar el servicio de urgencias.

Dotación de rayos X, mamógrafo y ecógrafo para diagnósticos oportunos.

Ambulancia y vehículo de transporte especial ya financiados por más de $644 millones.

Adecuaciones en las sedes de Pabarandó y en el puesto de salud de la comunidad afro de Pabarandocito y $1.000 millones más para especialistas en ginecología, pediatría y psicología.

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