18 de julio de 2025

Personas inescrupulosas, haciéndose pasar por funcionarios de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), lograron estafar a decenas de ciudadanos con la supuesta venta de bienes del Estado. Las autoridades lograron desarticular una organización criminal que, mediante suplantaciones y documentos falsos, ofrecía casas, terrenos y vehículos inexistentes o no disponibles a incautos interesados, generando una alerta nacional sobre este tipo de delitos. La captura de los responsables marca un importante avance en la lucha contra el fraude en Colombia.

Modus operandi de la red criminal

Estrategias de engaño y suplantación

Los estafadores utilizaban información real de inmuebles y vehículos administrados por la SAE para presentarse como representantes oficiales, generando confianza entre sus víctimas. Aprovechaban el desconocimiento de los ciudadanos acerca de los procesos legales establecidos para la venta de estos activos. Utilizaban nombres ficticios, documentación falsificada —como escrituras, planos y contratos— y ofrecían precios atractivos que resultaban difíciles de resistir.

Para consumar la estafa, exigían pagos directos a cuentas bancarias particulares, al margen de los canales oficiales de la entidad. Estas conductas se evidenciaron en varias regiones del país, con especial concentración en Valle del Cauca, Magdalena Medio, La Dorada y Tolima.

Impacto social y víctimas

Afectados y cifras de la estafa

Entre las víctimas de esta red se encuentran madres cabeza de hogar, víctimas del conflicto armado y fundaciones sin ánimo de lucro. Los estafadores ofrecían supuestos beneficios en la adquisición de bienes a través de supuestas subastas preferenciales u oportunidades únicas. En solo dieciséis eventos, este grupo criminal habría logrado apropiarse de alrededor de 850 millones de pesos mediante esta modalidad.

Las víctimas eran convocadas a falsas visitas de inspección a propiedades, les exigían anticipos bajo el pretexto de trámites administrativos y, tras los pagos, desaparecían sin dejar rastro. Algunos testimonios exponen que llegaron a recibir material como contratos de corretaje y certificados con logos oficiales, hechos que incrementaban la sensación de legitimidad del proceso.

Respuesta institucional y medidas preventivas

Acciones de la SAE y consejos a los ciudadanos

Frente al incremento de casos, la SAE y la Fiscalía General de la Nación emitieron múltiples alertas y recomendaciones. La entidad ha señalado enfáticamente que no autoriza ventas directas, ni utiliza intermediarios externos para la comercialización de activos. Todos los procesos legítimos deben realizarse por los canales oficiales y mediante subastas públicas debidamente anunciadas en el portal institucional.

Estas son las principales recomendaciones para evitar caer en fraudes similares:

• No entregar dinero a terceros o intermediarios no reconocidos oficialmente.
• Verificar siempre la autenticidad de cualquier proceso de venta a través del portal de la SAE.
• Reportar inmediatamente cualquier oferta sospechosa ante la entidad y las autoridades competentes.
• Revisar cuidadosamente cualquier documentación y abstenerse de realizar pagos anticipados fuera del marco legal.

Las investigaciones culminaron en la captura de varios miembros del grupo criminal, quienes deberán enfrentar delitos como concierto para delinquir y estafa agravada. Durante los operativos, se incautaron equipos tecnológicos y documentos simulados con logos estatales.

Las recientes detenciones envían un mensaje claro sobre la efectividad de las autoridades y la prioridad que reviste la protección de los bienes públicos. El caso también revela la necesidad de mantener informada a la ciudadanía y fortalecer la pedagogía sobre los canales oficiales para transacciones con bienes del Estado.

La SAE, además de reforzar sus mecanismos de seguridad y prevención, invita a todos los colombianos a estar atentos y denunciar cualquier actividad irregular. Solo la cooperación ciudadana y la transparencia institucional permitirán combatir de manera efectiva este tipo de flagelos que afectan la confianza y el patrimonio de la sociedad.

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El presidente Gustavo Petro ha designado a Amelia Pérez como nueva directora de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Pérez, reconocida por su valentía en la lucha contra el crimen organizado, regresa al país después de haber sido forzada al exilio por amenazas relacionadas con sus investigaciones sobre el paramilitarismo y el narcotráfico.

Amelia Pérez: una trayectoria marcada por el compromiso con la justicia

Amelia Pérez es ampliamente conocida por su labor en la Fiscalía, donde lideró investigaciones cruciales contra estructuras paramilitares y su relación con el narcotráfico. Su trabajo expuso redes criminales de alto impacto, lo que la convirtió en blanco de amenazas que la obligaron a abandonar Colombia.

La exfiscal también fue ternada en el pasado para ocupar el cargo de fiscal general, destacándose por su compromiso y valentía frente a casos de alta complejidad. Su regreso a un cargo público de relevancia reafirma su posición como símbolo de justicia y lucha contra la impunidad.

Amelia Pérez a quien terné para ser fiscal, tuvo que lavar baños en su exilio que se produjo por investigar el paramilitarismo desde la fiscalía y fue perseguida por ello, será la directora de la Sociedad de Activos Especiales, SAE.

Mi orden; entregar todos los bienes que fueron… pic.twitter.com/ewBGK7VlhR

— Gustavo Petro (@petrogustavo) November 19, 2024

La SAE y su papel en la recuperación de bienes ilícitos

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) es una entidad clave en la administración de bienes incautados al crimen organizado. Bajo la dirección de Amelia Pérez, se espera que la SAE fortalezca su misión de garantizar que los bienes recuperados sean destinados al beneficio de la sociedad.

El presidente Petro señaló, mediante un trino, que su mandato para Pérez será claro: «Entregar todos los bienes que fueron de la mafia, al pueblo». Este enfoque busca redistribuir los recursos incautados de manera equitativa para impactar positivamente a las comunidades más necesitadas.

Un contexto desafiante para liderar la SAE

Asumir la dirección de la SAE representa un reto significativo, dado que la entidad ha estado bajo escrutinio público en los últimos años por denuncias de corrupción y falta de transparencia en la gestión de bienes incautados.

Con la llegada de Pérez, el gobierno busca reforzar la credibilidad y eficacia de la SAE, promoviendo una administración más ética y orientada al servicio de la ciudadanía. Su experiencia en investigaciones de alto nivel la posiciona como una figura idónea para liderar esta transformación.

Implicaciones para la lucha contra el crimen organizado

La designación de Amelia Pérez también envía un mensaje contundente sobre la estrategia del gobierno de Gustavo Petro para combatir el crimen organizado. Al elegir a una figura con un historial destacado en la lucha contra el paramilitarismo y el narcotráfico, se refuerza el compromiso con una política de seguridad que prioriza la justicia y la reparación social.

Asimismo, la redistribución de bienes incautados se alinea con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, que busca transformar los recursos obtenidos del crimen en herramientas para el progreso de las comunidades vulnerables.

El liderazgo de Pérez en la SAE será observado de cerca, no solo por su impacto en la gestión de activos, sino también por su capacidad de consolidar una institución que ha sido clave en la lucha contra la ilegalidad en Colombia.

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La entrega de propiedades incautadas a instituciones educativas:
La SAE ha cedido 69 predios, provenientes de confiscaciones a la mafia, a alrededor de doce universidades e institutos de educación superior en Colombia. En diferentes regiones del país, se han asignado terrenos y edificaciones para la expansión de la oferta académica y la creación de nuevos espacios educativos.

Beneficios para la educación superior en Colombia:
En ciudades como Bogotá, Barranquilla, Cali y Bucaramanga, universidades como la Universidad Distrital, la Universidad del Valle y la Universidad Industrial de Santander han recibido propiedades incautadas para el desarrollo de sus programas académicos. Estas acciones contribuyen a fortalecer la infraestructura educativa y brindar mejores oportunidades de formación a los estudiantes.

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La Sociedad de Activos Especiales (SAE) en colaboración con la Fiscalía y la Policía Nacional, emprendió acciones de extinción de dominio en Apartadó. Esta iniciativa busca desmantelar presuntas redes criminales vinculadas al narcotráfico y grupos armados ilegales en la región de Urabá.

Intervención en Empresas Emblemáticas

La operación se centró en intervenir conocidas empresas locales, entre las que se incluyen AgroSolla y la Ferretería Molina. AgroSolla, bajo la lupa de las autoridades, se vincula a actividades ilícitas lideradas por el empresario Ferney de Jesús Cardona Bello, conocido como «Soya». La investigación sugiere conexiones con el narcotráfico y alianzas con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

Por otro lado, la Ferretería Molina, fue objeto de una meticulosa intervención. El reciente arresto del gerente, Luis Molina, el fin de semana anterior, por presuntos nexos con las Autodefensas Gaitanistas, llevó a la Policía Nacional a inspeccionar el establecimiento.

Decomiso de Bienes y Viviendas

La acción de extinción de dominio no se limitó a los establecimientos comerciales; diversas viviendas también fueron decomisadas como parte de la estrategia para erradicar la influencia de las redes criminales en la comunidad de Apartadó. El alcance de la operación abarcó la compraventa La Campana, evidenciando la determinación de las autoridades para cortar cualquier vínculo ilícito en la región.

Detalles pendientes y alcances de las Investigaciones

A pesar de la exitosa operación, aún quedan detalles pendientes por revelar. En los próximos dias, se espera que las autoridades divulguen información más detallada sobre las evidencias encontradas y los alcances exactos de las investigaciones. Este paso es crucial para ofrecer transparencia a la comunidad y garantizar la confianza en las instituciones encargadas de mantener la seguridad y la legalidad.

Reflexiones Finales

La jornada de extinción de dominio en Apartadó representa un paso significativo en la lucha contra el crimen organizado en la región de Urabá. La intervención en empresas reconocidas y el decomiso de bienes apuntan a debilitar las estructuras financieras que respaldan actividades ilícitas.

La extinción de dominio se erige como un instrumento crucial en la lucha contra la impunidad y la corrupción. Su aplicación contribuye no solo a la desarticulación de redes criminales, sino también a la restauración de la confianza en las instituciones encargadas de velar por la justicia y la legalidad en nuestra sociedad.

Vale agregar que la figura de extinción de dominio a estos bienes apenas se inicia y que los sindicados harán uso de todas las herramientas que las leyes les ofrece para su defensa.

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