Por considerarla de interés público, El Pregonero del Darién publica íntegra la carta del hasta hoy rector de  al Universidad  de Antioquia, John Jairo Arboleda Céspedes, tras renunciar a  dicho cargo.

El hoy ex rector, advierte que defenderá su nombre y hace graves aseveraciones que han llevado a la actual crisis de la universidad pública, denuncia como le han violado el debido proceso, además de explicar como desde su elección “unas minorías  con poder comenzaron el bloqueo institucional”

Carta completa:

Mientras cursaba cuarto grado de bachillerato, unos vecinos le pidieron a mi mamá que me dejara acompañarlos a la Universidad de Antioquia. Ese primer encuentro con la Alma Máter permanece intacto en mi memoria. En 1982 pasé a la carrera de Medicina Veterinaria y, después, aquí mismo, cursé la Maestría en Medicina Tropical. Desde octubre del año 2000 he sido profesor de la Facultad de Ciencias Agrarias, unidad académica en la cual ejercí como decano entre los años 2016 y 2017, y también fui investigador y director del Centro de Investigaciones Pecuarias; posteriormente me desempeñé, durante nueve años, como director de Regionalización y, en diferentes periodos, estuve al frente de otras dependencias como la Dirección de Bienestar y las vicerrectorías de Investigación y General.

Ese recorrido, que tiene a la vera mi profundo amor y admiración por esta universidad pública, no estuvo mediado simplemente por el azar ni fue el resultado de algún privilegio de clase: mi papá fue bombero y mi mamá, ama de casa; crecí en el barrio Manrique, en Medellín, viendo cómo florecía un intenso activismo social y, también, con cierta inquietud, observando a lo lejos esta Ciudad Universitaria. Después fue emocionante descubrir aquí la convergencia de aquel sentido crítico de la época, del conocimiento como un bien común y del bienestar y crecimiento de los universitarios como un objetivo institucional. Las aulas de esta Universidad, como pocas, han delineado, acogido e mpulsado los planes de vida de miles y miles de personas que, con tanta incertidumbre, apenas podíamos contemplarlas desde la distancia.

La Universidad de Antioquia y la comunidad que la conforma han sido hogar y familia, el lugar de mi proyecto de vida. Ha sido, por tanto, una institución a la que le debo ¡todo!: respeto, gratitud, dedicación, solidaridad y compromiso ético. Puedo decir con franqueza, y sin más pretensiones que las de cualquier universitario o universitaria que asume con lealtad su compromiso con la Universidad de Antioquia, que esos valores forjados en la propia institución fueron determinantes en mi designación como rector en el año 2018. Este reconocimiento del Consejo Superior Universitario, y su reiteración para los períodos 2021-2024 y 2024-2027, se dieron bajo las normas y procedimientos institucionales establecidos en el Estatuto General y, por supuesto, en el marco de la autonomíauniversitaria.

En el curso de estos tres periodos como rector, la Universidad ha enfrentado complejos esafíos: en 2018 y 2019 vivimos y respaldamos una potente movilización por la financiación de la universidad pública; hicimos frente a momentos críticos dentro de nuestros espacios, con graves amenazas a estudiantes y docentes; luego, en marzo de 2020, llegó la pandemia por la covid-19 y la suspensión de actividades presenciales, lo que nos obligó a buscar alternativas rápidas y pertinentes para continuar con los semestres académicos y maniobrar financieramente para garantizar la estabilidad laboral de miles de profesores, empleados y contratistas, y la permanencia de nuestros estudiantes en Medellín y en las regiones de Antioquia.

Esta comunidad, con espíritu crítico y social, hizo también eco del denominado «estallido social», donde la institución no fue ajena a las circunstancias e impactos del momento. Posteriormente debimos asumir los desafíos pospandémicos: económicos, sociales, tecnológicos, educativos, en salud mental y en el restablecimiento de confianzas, compromisos y dinámicas. A las necesarias transformaciones y reconfiguraciones derivadas de las denuncias sobre violencias basadas en género, le siguieron, posteriormente, las complejas tensiones, visiones e intereses políticos propios de una reconfiguración democrática de país que también ha venido atravesando el entorno universitario.

Pese a todos esos desafiantes «nudos» en el curso de los tres periodos rectorales, las acciones e indicadores institucionales —siempre determinados por el compromiso y respaldo de la comunidad universitaria— siguen evidenciando que esta «dirección del funcionamiento general de la Universidad» —una de las 23 funciones establecidas para el cargo de rector— ha podido mantener el prestigio investigativo institucional; su valoración social; la acogida en cada semestre de un alto número de aspirantes y admitidos a los programas de pregrado y posgrado; el compromiso con la equidad, la inclusión y la permanencia; la proyección internacional; la valiosa presencia regional en los campus y comunidades de Antioquia y del país; y, pese a las contingencias económicas, son evidentes los avances en el cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional, formulado antes de mi rectoría para el periodo 2017–2027, un plan altamente ambicioso y que no consideró suficientemente la deficitaria proyección financiera. Sobre estos avances y sobre la manera como hemos asumido aquellos retos, es ampliamente elocuente la Acreditación Institucional que, ¡hace apenas dos años!, elactual Gobierno nacional otorgó a la Universidad. Se trata de una Acreditación de Alta Calidad, en modalidad Multicampus y con vigencia de diez años, determinada bajoestándares y procedimientos de las mismas autoridades nacionales, y tras un largoproceso de autoevaluación y evaluación por pares nacionales e internacionales.

Tensiones políticas 

Llevar en el espíritu a esta Universidad y actuar en coherencia con ella implica entenderla y asumir la responsabilidad de liderarla como ese «paraíso complejo» que la signa. Como lo he sugerido en un párrafo anterior, tras mi tercera y legítima designación rectoral por parte del Consejo Superior Universitario, las tensiones políticas y sus naturales expresiones e intereses en diversos actores y grupos internos y también externos, trenzaron un ambiente inusual en una institución que se ha honrado por el criterio y el respeto del otro, y que se ha preciado de resistir las dinámicas partidistas o electorales que eventualmente la acechan desde afuera. La desinformación, la retórica parcializada, las bilis personalistas que se sobrepusieron al criterio institucional y la evidente polarización de fuerzas ideológicas, económicas y políticas han logrado confeccionar un velo ensombrecedor y, por momentos, asfixiante de los valores que esta institución ha consolidado por décadas, así como de su autonomía universitaria, reputación, sentido de pertenencia y del aprecio y valoración de la sociedad en general.

Todo ese patrimonio social, alcanzado por la inteligencia, el compromiso y hasta la vida de tantas personas que nos antecedieron, está hoy siendo amasado y estropeado por unos pocos. Alguien, bellamente, ha señalado que «no se puede ser un líder eficaz si se intenta ser alguien que no se es». Hacerle frente durante más de siete años en el cargo de rector a aquellos desafíos implica firmeza, contención, respeto por el otro, lealtad de grupo, respaldo colectivo y cuidado institucional. También implica conservar la prudencia en el actuar, expresada en silencios que en mi caso han sido objetados y cuestionados, pero que de fondo han procurado mediar con diplomacia entre las aguas revueltas, buscando «lo mejor para la Universidad». Ese rasgo de mi personalidad y liderazgo me ha llevado, para bien o para mal, a enfrentar individualmente señalamientos y juzgamientos, que he preferido asumir y tramitar silenciosamente, antes que reconvertirlos en motivos o factores que tensen aún más los conflictos, solo para escudar mi nombre en una cacería tan fácil como insulsa de responsabilidades pasadas y presentes.

Mucha presión

El tercer y último periodo al frente de la rectoría ha estado sorteado por el intento permanente de limitar mi gestión rectoral. Entre los mecanismos y circunstancias que han caracterizado esta situación resalto los rezagos de un proceso de designación especialmente atípico y enfrascado, como nunca, en una polarización de fuerzas políticas —internas y externas—; un estructural problema financiero agudizado por los retrasos en transferencias y la reducción de la contratación de servicios con la Universidad; el desarrollo por parte del CSU de un proceso de evaluación de mi gestión como rector usando, (in)convenientemente, un modelo de evaluación que se llevó a cabo de manera irregular y se comunicó de manera desacertada a la comunidad universitaria y a la ciudadanía; y, luego, el establecimiento de medidas preventivas y de vigilancia especial por parte del MEN, lo que incluyó la inspección «in situ».

Como lo he señalado, la coyuntura financiera de la Universidad, con profundas raíces estructurales de más de dos décadas, ha significado un desafiante momento de mi rectoría. Aun así, junto con los órganos de gobierno comenzamos la tarea de implementar medidas de austeridad, diversificación de fondos, estudios y propuestas en cambios normativos, así como la modificación en la estructura financiera para contener una situación que podría ser aún más crítica. Estas acciones, entre otras, permitieron la reducción de gastos, y el cumplimiento de los compromisos de salarios y honorarios con empleados, docentes y contratistas.

Pese a estos esfuerzos, desde julio del 2025 el MEN tomó una serie de medidas que, a mi juicio, más que acompañar y orientar las tareas ya emprendidas por el Consejo Superior, el Consejo Académico, la Rectoría y otras directivas académicas, se suscribieron en la desconfianza sobre una gestión que, sin embargo, como lo han evidenciado y reportado los órganos de control desde 2018, ha sido transparente y ajustada a la legislación colombiana y a las normas internas de la institución.

La Universidad y el equipo rectoral hemos dado respuestas legales y administrativas a cada uno de los requerimientos y momentos de la inspección «in situ», convencidos de que nuestras actuaciones están acordes con la normatividad y se desarrollan en consonancia con la autonomía que a la Universidad le otorgan la Constitución y la ley.

Laúltima decisión, que contempla mi reemplazo del cargo de rector, comunicada con una llamativa estrategia mediática justo el 30 de diciembre —cuando toda la comunidad universitaria se encontraba en vacaciones colectivas— se sustenta en una supuesta intervención de mi parte para entorpecer la inspección y deja en el espacio público, difundidas de manera subrepticia —como ha ocurrido desde que se instaló la inspección — afirmaciones tan delicadas como que existen nóminas paralelas, presupuestos falsos y manejos inadecuados de los recursos públicos que transfiere la Nación, todo sin que se citen o registren con precisión las evidencias que soportan tales afirmaciones.

42 años de historia

Hace 42 años he pertenecido a esta Universidad y, como lo he reconocido, sé de su complejidad, pero principalmente de su grandeza. El extraño e injusto momento que hoy enfrenta el devenir institucional, que mediante titulares populistas y calculados los sectores en tensión buscan esconder tras la fachada del «salvamento», ha implicado en lo personal y familiar profundas confrontaciones y afectaciones. Hoy, como nunca, se pone en tela de juicio mi condición de universitario ético y comprometido con esta institución que tanto he amado y a la que le he entregado, podría decirse, mi pulso entero.

No me cabe duda y lo digo con franqueza: he cometido desaciertos, y cada vez que se presentaron, los comuniqué y actué con entereza sobre ellos, enmendando lo que correspondiera y avanzando sobre la experiencia. Sin desaciertos, pero sobre todo sin aprender de ellos, es inconcebible un liderazgo o direccionamiento institucionalresponsable. Es este un momento muy complejo de la vida institucional, pero también un momento que ha producido un creciente e incesante impacto en mi vida personal. Y allí convergen sentimientos que se repelen: de un lado, el profundo compromiso que siento de seguir contribuyendo a la protección y conservación de la estabilidad de esta Universidad, a la defensa de su autonomía y al mejoramiento de todo aquello que la ha hecho grande.

Pero de otro lado, una afectación personal que ha llegado a su límite. Cada vez es más difícil tramitar las múltiples formas de bloqueo institucional que aquellos minoritarios pero poderosos actores se empeñan en desplegar desde el mismo día en que mi nombre resultó favorecido por las mayorías que participaron en la consulta a los estamentos universitarios y por los votos que ratificaron finalmente ese resultado en el CSU. Cada vez es más difícil proteger a la Universidad en medio de una batalla socialmente torpe pero políticamente muy decidida, de liderazgos sociales, institucionales y aún gubernamentales, por el control de la Universidad.

Mi formación y mis preferencias solo me permiten estar con la idea de una universidad pública y autónoma, es decir, una «universitas» en la cual esos y otros poderes e ideas pueden confrontarse libremente, en el marco de unas reglas básicas y preestablecidas; una casa de todos a la cual ninguno de esos poderes puede atrapar para su propio beneficio, so pena de su transmutación en otra cosa. Esta idea de Universidad ha sido puesta en cuestión a instancias, triste e irónicamente, de autoridades, personas y grupos que dicen defenderla.

Mi renuncia como rector

En consecuencia, he decidido presentar formalmente mi renuncia como rector de la Universidad de Antioquia, a partir del 16 de enero del 2026, al Consejo Superior Universitario, máximo órgano de gobierno de la institución que me designó y que, en el marco de la autonomía universitaria y los procedimientos establecidos en el Estatuto General de nuestra Universidad, es la instancia encargada de elegir a quien ostente este cargo. Dejo expresa constancia de que esta renuncia no constituye una aceptación de los cargos o hallazgos insinuados por la inspección «in situ». Considero que la decisión del MEN de imponer mi reemplazo es ilegal, arbitraria e injusta, dadas las siguientes razones que son motivo igualmente de esta renuncia.

En primer lugar, hay una vulneración de la autonomía universitaria (art. 69 de la Carta Política) y desviación de poder, pues las medidas adoptadas han mutado de una legítima vigilancia a una co-administración de facto, aspecto que se hizo aún más evidente con el reciente anuncio de mi reemplazo; además, el Ministerio ha utilizado facultades de inspección para intervenir en la voluntad del gobierno universitario, supeditando decisiones técnicas a la aprobación subjetiva de un funcionario externo, vulnerando el núcleo esencial del autogobierno.

En segundo término, el contenido del «Informe preliminar de vigilancia especial», del 1 de diciembre del 2025, incurre en falsa motivación al imputarme responsabilidades por un déficit que es estructural y sistémico. El informe pretende derivar responsabilidad penal y disciplinaria (pág. 84) de hechos que son consecuencia directa de la desfinanciación estatal (Ley 30 de 1992) y no de una gestión negligente. Señalar al rector como responsable de la crisis financiera, mientras el Estado históricamente ha incumplido con el flujo de recursos necesario, es un argumento falaz que atenta contra mi buen nombre y contra la verdad.

El tercer motivo es la Ilegalidad de la Resolución 025421 del 29 de diciembre del 2025. La decisión de «reemplazar» al rector bajo el amparo de la Ley 1740 de 2014 carece del sustento fáctico exigible. Como consta en mi respuesta al requerimiento 2025-EE-368021 del 16 de diciembre del 2025, los supuestos «incumplimientos» de la Matriz de Seguimiento son obligaciones de imposible cumplimiento por parte de la Rectoría, ya que dependen de la voluntad política y presupuestal de los aportantes externos. Imponer el reemplazo del representante legal basándose en indicadores que la propia administración nacional bloquea al no girar los recursos oportunamente, vicia de nulidad el acto administrativo por ser contradictorio y arbitrario, situación que se evidenció el 31 de diciembre cuando el Gobierno nacional anunció el giro de 70 000 millones de pesos para «garantizar, por voluntad política, el rescate financiero de la Alma Máter».

El problema fundamental es de estructuración financiera de las universidades estatales, tal como lo he advertido reiteradamente y desde hace ya años, en la universidad y en diversas instancias formales e informales, regionales y nacionales. Además, la situación del «rescate» anunciado súbitamente indica que la decisión de removerme del cargo es desproporcionada (innecesaria), pues existían otras vías para intervenir la situación —financiera— determinante —esa sí— de la crisis.

En cuarto lugar, hay una evidente ruptura del debido proceso y la seguridad jurídica. La imposición de condiciones administrativas y financieras por parte de la Subdirección de Inspección y Vigilancia del MEN, sin agotar los términos de contradicción de los informes preliminares, constituye una «vía de hecho administrativa». No puedo convalidar con mi permanencia un proceso donde se me ha juzgado de antemano, limitando mi capacidad operativa y sometiéndome a un escrutinio que ignora las realidades de la Universidad. Todo indica que a través del acto de reemplazo difundido el 30 de diciembre, el MEN consolidó una ruta y un objetivo trazados desde el momento en que dispuso la vigilancia y allanados con los comportamientos y decisiones adoptadas, en especial: la de removerme del cargo de rector para el que fui designado de acuerdo con el procedimiento previsto en la normativa universitaria, y, con ello, asumir el control de la Alma Máter.

En lo personal y ante las irresponsables y temerarias observaciones a mi ejercicio rectoral, defenderé mi nombre y honorabilidad. Por tanto, me reservo el derecho de incoar las acciones judiciales a las que haya lugar.

Mi entera gratitud, respeto y afecto de corazón: a quienes me acompañaron con transparencia y convicción en el equipo rectoral, a las y los integrantes de los consejos académico y superior, a los empleados, profesores, estudiantes, egresados y aliados institucionales que durante estos tres periodos me respaldaron, contribuyeron a sostener la grandeza de esta Alma Máter y confiaron en mi liderazgo. También, mi reconocimiento a quienes con el respeto que nos ha enseñado esta Universidad, con altura académica y propositiva, asumieron una postura crítica y honesta frente a mi actuar, manifestando sus reparos siempre de manera frontal pero decididamente humana, respetuosa y responsable con la institución.

En el ámbito institucional reitero, como lo he señalado en múltiples ocasiones, la urgencia de que la comunidad universitaria reestablezca un ejercicio de diálogo entre los diferentes actores, grupos y representaciones; que subordine los mandatos e incentivos políticos y cálculos internos y externos, para poner a la Universidad, su cuidado, prestigio y, fundamentalmente, a la autonomía universitaria en el centro de una discusión razonada, ética y pragmática.

“En lo personal y ante las irresponsables y temerarias observaciones a mi ejercicio rectoral, defenderé mi nombre y honorabilidad. Por tanto, me reservo el derecho de incoar las acciones judiciales a las que haya lugar.”

Carta a la comunidad universitaria y a la sociedad en general/John Jairo Arboleda Céspedes • Profesor de la Universidad de Antioquia.

(Fotos/UdeA)

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