A través de su cuenta oficial en X, el presidente Petro explicó que el embajador García-Peña debe regresar al país “a informarnos del desarrollo de la agenda bilateral a la que me comprometí desde el inicio de mi Gobierno”. Junto a este anuncio, el jefe de Estado reiteró los siete puntos propuestos por Colombia para una agenda común con EE. UU., que incluyen la descarbonización de la economía, la transición energética, la protección de la Amazonía, un tratado migratorio basado en la dignidad humana, una ofensiva internacional contra las mafias del narcotráfico, la reforma al sistema financiero mundial, y la promoción de salidas políticas a conflictos regionales en América Latina y el Caribe.

Treinta congresistas colombianos solicitaron al Comité de Ética de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos, una investigación a los representantes Carlos A. Gimenez, Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar por presuntas acciones injerencistas contra Colombia, en particular por sus pronunciamientos públicos sobre el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Líderes políticos y funcionarios del Gobierno del Cambio manifestaron su respaldo al presidente Petro. La ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación Yesenia Olaya Requene afirmó en su cuenta de X que referirse al mandatario con lenguaje incendiario “es inaceptable” y “desconoce la soberanía y la voluntad de millones de colombianos”. Diana Morales, ministra de Comercio, Industria y Turismo, por su parte, subrayó en sus redes que “la democracia exige respeto, especialmente de quienes dicen defenderla”.

Adicionalmente, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino denunció que el representante Giménez “es un conspirador que junto a Díaz-Balart aupaba un golpe de Estado contra el Gobierno del Cambio”, y lo acusó de renegar de su origen latinoamericano. En otro mensaje, afirmó que “su actitud fascistoide pretende pisotearnos y no lo logrará. La dignidad de Colombia se respeta”.

En un tono similar, el ministro del Interior Armando Benedetti calificó como paradójico que “un latino quiera que lo llamen Peter o George”, y acusó al congresista republicano de promover ideologías de supremacía racial y desprecio por los pueblos del sur.

El director de Sistema de Comunicación Pública RTVC Hollman Morris también se pronunció, señalando que “la extrema derecha estadounidense no puede seguir violando los derechos humanos de los más pobres del mundo”, y defendió que “nuestro presidente debe ser respetado: es el presidente de todos los colombianos, elegido democráticamente”.

Otro que se incorporó al respaldo institucional fue el jefe de Gabinete, Alfredo Saade, con un trino desde su cuenta de X donde le manifestó a Marco Rubio que “Su comentario no solo es ofensivo, sino también profundamente ignorante. El presidente Gustavo Petro fue elegido democráticamente por millones de colombianos cansados de la guerra, la desigualdad y la injerencia extranjera en nuestra soberanía. Llamarlo «narcoterrorista» solo revela su falta de comprensión de la historia latinoamericana, una historia marcada por las intervenciones estadounidenses, el apoyo a dictaduras y una hipocresía profundamente desestabilizadora”.

La decisión del presidente Petro ha sido interpretada como una afirmación de soberanía y como un mensaje de que la relación con Estados Unidos debe construirse sobre bases de respeto, dignidad, cooperación y no injerencia. 

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El Gobierno de Colombia ha anunciado que se ha logrado superar el reciente impasse diplomático con los Estados Unidos relacionado con los ciudadanos colombianos en proceso de deportación. El consenso se alcanzó mediante un intercambio de notas diplomáticas entre ambas naciones, estableciendo acuerdos para garantizar un retorno digno de los connacionales.

Acuerdos para el retorno de ciudadanos deportados

La Cancillería de Colombia informó que, tras el entendimiento con Estados Unidos, el país seguirá recibiendo a los ciudadanos retornados bajo la condición de deportados. El Gobierno ha reiterado su compromiso de asegurar condiciones dignas y el pleno respeto de los derechos de las personas durante su retorno.

El canciller Luis Gilberto Murillo y el embajador Daniel García-Peña viajarán en las próximas horas a Washington, D.C., donde se reunirán con altos funcionarios estadounidenses para afianzar los acuerdos alcanzados y definir estrategias de cooperación bilateral en el manejo de las deportaciones.

Uso de medidas excepcionales para los retornos

Como parte de los esfuerzos para garantizar un retorno adecuado, el presidente Gustavo Petro autorizó el uso del avión presidencial para facilitar la llegada de los colombianos afectados. Esta medida se implementó de manera inmediata para recibir a aquellos ciudadanos que estaban programados para regresar en vuelos de deportación en las últimas horas.

El comunicado oficial destacó que estas acciones buscan no solo atender la situación actual, sino también establecer un precedente que refuerce el respeto por los derechos humanos en procesos de deportación.

La posición de Colombia ante los deportados

El Gobierno colombiano ha enfatizado que el manejo de los deportados debe realizarse con dignidad y respeto. Las autoridades han manifestado que continuarán trabajando para garantizar la reintegración social y económica de los retornados al país.

En este contexto, se espera que las reuniones en Washington permitan avanzar en un diálogo constructivo que aborde no solo los aspectos operativos de las deportaciones, sino también temas relacionados con las políticas migratorias entre ambos países.

El compromiso de Colombia es claro: garantizar que ningún ciudadano sea sometido a condiciones indignas durante su retorno y promover acciones que fortalezcan los lazos bilaterales con Estados Unidos.

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