La reforma tributaria impulsada por el Gobierno nacional atraviesa su fase más crítica tras la decisión de diez de los diecisiete senadores de la Comisión Tercera de respaldar una ponencia que propone archivar el proyecto. La iniciativa, presentada por el senador Efraín Cepeda, deja al Ejecutivo con un margen mínimo de maniobra para intentar salvar una propuesta que ya enfrenta fuertes resistencias en ambas cámaras del Congreso.

Mayoría legislativa bloquea el avance del proyecto

El senador Efraín Cepeda anunció que logró reunir las firmas necesarias para detener el trámite de la reforma tributaria, argumentando que la iniciativa afectaría de manera directa a las clases bajas y medias. Según el congresista, el proyecto plantea un impacto fiscal que sería difícil de soportar para los hogares en un contexto económico desafiante.

Un bloque político diverso consolidó la ponencia de archivo

La postura de archivo recibió el apoyo de congresistas como Juan Pablo Gallo, Ciro Ramírez y Juan Carlos Garcés, quienes se sumaron a la propuesta negativa. El respaldo de más de la mitad de la comisión sella prácticamente el futuro del proyecto, considerando que su avance dependía del consenso entre las cuatro comisiones económicas del Congreso.

Reveses simultáneos en el Senado y la Cámara

A la decisión tomada en el Senado se sumó una ponencia similar presentada el jueves anterior por la representante Katherine Miranda en la Cámara. La congresista advirtió que el Gobierno busca “recaudar 26 billones de pesos metiéndole la mano al bolsillo a los colombianos que ya no aguantan más impuestos”, consolidando un rechazo político que trasciende partidos.

La reforma queda virtualmente hundida

Con el archivo aprobado en una sola comisión económica, el trámite de la reforma queda detenido. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, había adelantado reuniones con los coordinadores ponentes en un intento por conseguir votos favorables, pero los esfuerzos del Ejecutivo no fueron suficientes para revertir la tendencia en su contra.

Escenario definitivo para el Gobierno

El Gobierno tendrá un último espacio de discusión cuando el ministro Ávila presente la defensa del proyecto ante las cuatro comisiones económicas de manera simultánea. Sin embargo, las posibilidades de supervivencia de la reforma son mínimas debido a las mayorías ya consolidadas en dos de las instancias claves. Este panorama representa un fuerte golpe político y fiscal para la administración, que consideraba la reforma como el eje de su estrategia económica.

Un impacto directo en la estrategia fiscal del país

De mantenerse el archivo, el Ejecutivo deberá replantear su agenda económica y buscar alternativas para cumplir sus metas de recaudo. La situación abre un debate sobre la sostenibilidad fiscal del país, especialmente en un año marcado por tensiones económicas y demandas sociales crecientes.

El futuro de la reforma tributaria luce incierto

Con el respaldo legislativo prácticamente cerrado y las posturas políticas claramente definidas, el proyecto de reforma tributaria parece encaminado a su archivo definitivo, dejando al Gobierno frente al reto de redefinir su estrategia fiscal y de negociación con el Congreso. La discusión deja ver un escenario de profundas divisiones sobre la carga impositiva y el impacto que tendría en los ciudadanos.

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En medio del debate sobre la nueva Ley de Financiamiento, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, desmintió categóricamente que las cuotas de administración de las propiedades horizontales estén sujetas al IVA y solicitó cautela ante informaciones erróneas que han circulado en redes y medios.

Contexto de la reforma tributaria

En septiembre, el Gobierno radicó ante el Congreso su tercera reforma tributaria, con el objetivo de recaudar aproximadamente 26,3 billones de pesos para financiar el presupuesto de 2026. Esta iniciativa incluye gravámenes que afectan sectores como juegos de azar, combustibles, licores, eventos de alto costo y vehículos híbridos, entre otros.

Aclaración sobre las cuotas de administración

El Ministerio de Hacienda aclaró que las cuotas de administración en conjuntos residenciales no se consideran una “venta” y, por tanto, están excluidas del IVA según el artículo 3 del proyecto.
Asimismo, el artículo 4 especifica que estas propiedades horizontales tampoco son responsables de IVA por servicios como parqueaderos o zonas comunes.

Distinción entre propiedades residenciales y mixtas/comerciales

En contraste, las propiedades orientadas a uso comercial o mixto sí deberán cargar IVA por actividades como el alquiler de parqueaderos o explotación de áreas comunes, con el fin de cerrar vacíos de evasión fiscal.

Respuesta al rumor circulante

Tanto el presidente Petro como el ministro Ávila han denunciado la difusión de versiones engañosas, advirtiendo que están confundiendo la administración residencial con actividades propias de clubes sociales, que sí estarían gravadas con IVA.
Colombiacheck también verificó que la reforma no contempla aplicar IVA a cuotas de administración de conjuntos residenciales.

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La discusión sobre la nueva reforma tributaria no solo gira en torno a las medidas fiscales del gobierno. Detrás de las cifras y las proyecciones de recaudo aparece un actor silencioso pero decisivo: el lobby de los sectores empresariales, capaz de inclinar la balanza en el Congreso.

El proyecto, que pretende recaudar 26 billones de pesos, toca a sectores estratégicos como las apuestas en línea, las iglesias, los bancos, los fondos de inversión, el tabaco y las bebidas alcohólicas. Si bien estas medidas podrían fortalecer las finanzas públicas, también despiertan la resistencia de grupos con amplia capacidad económica y política.

El papel del lobby en el Congreso

El lobby no es nuevo en la política colombiana, pero adquiere mayor protagonismo cuando el gobierno busca aprobar una reforma con amplio impacto económico. Empresas como Bavaria, que en 2023 destinó 5.600 millones de pesos a seis partidos políticos, y el Grupo Aval, que en 2022 invirtió 11.000 millones de pesos en campañas al Congreso, representan solo dos ejemplos de cómo el sector privado garantiza canales de influencia directa.

Estas contribuciones no solo abren puertas en los pasillos legislativos, sino que también generan compromisos políticos. Muchos congresistas, en busca de reelección, dependen del respaldo financiero de los mismos sectores que ahora serían afectados por la reforma.

Sectores estratégicos en juego

La reforma pone en la mira negocios que durante años estuvieron blindados de mayores cargas tributarias. Las casas de apuestas en línea, la industria cervecera, los bancos y las iglesias aparecen como los principales objetivos del gobierno. No obstante, la capacidad de presión de estos sectores anticipa una batalla legislativa intensa.

El caso de los bancos y aseguradoras es particularmente sensible: han registrado utilidades históricas en los últimos años y serían gravados con un impuesto de renta del 50%. En paralelo, la tributación a las iglesias se convierte en un tema políticamente explosivo, dado su peso electoral y su capacidad de movilización en el Congreso.

El incentivo político y las negociaciones

Más allá del rechazo público a los impuestos, los congresistas ven la tributaria como una moneda de cambio. El presupuesto nacional de 2026, ligado directamente a la aprobación de la reforma, se convierte en el incentivo clave. Quienes respalden el proyecto tendrían mayor margen para gestionar recursos en sus regiones.

En este escenario, el lobby empresarial se entrelaza con las necesidades políticas de los legisladores. El resultado no dependerá únicamente de la solidez técnica de la reforma, sino de las negociaciones entre intereses económicos y aspiraciones electorales.

El debate que inicia en las comisiones económicas no solo definirá el futuro fiscal del país, sino que también revelará hasta qué punto los sectores empresariales logran mantener sus privilegios frente a una de las reformas más ambiciosas en la historia reciente.

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El panorama económico y social de Colombia se ve marcado por importantes decisiones legislativas que buscan consolidar la visión de «Gobierno del Cambio». Recientemente, el Congreso de la República fue el escenario de la radicación de la reforma tributaria y la presentación del Presupuesto General de la Nación para el año 2026, elementos clave que delinearán el futuro fiscal y el bienestar de los ciudadanos.

El Presupuesto 2026: Una Cifra Histórica para la Transformación

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, bajo la dirección del ministro Germán Ávila, ha proyectado un Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026 que asciende a 557 billones de pesos. Esta cifra, discutida en las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara, representa una hoja de ruta ambiciosa para la transformación económica y social del país, tal como se establece en el Plan Nacional de Desarrollo (PND).

Compromiso con el Desarrollo Social

El PGN 2026 no es solo una declaración financiera; es el reflejo de un compromiso gubernamental con la implementación de reformas estructurales. Áreas cruciales como la reforma pensional, la de salud, la laboral, la agraria y la educativa, son pilares fundamentales de este plan, buscando impactar positivamente la calidad de vida de los colombianos.

Reforma Tributaria 2025: Financiamiento y Alivio para las Familias

Paralelamente a la presentación del presupuesto, el ministro Ávila radicó la ley de financiamiento, un componente esencial de la reforma tributaria que busca recaudar 26,3 billones de pesos. Esta iniciativa se enmarca en un contexto de discusiones sobre cómo fortalecer las finanzas públicas sin afectar desproporcionadamente a la población.

La Canasta Básica Familiar Intocable

Uno de los puntos más relevantes y reiterados por el Ministerio de Hacienda es la garantía de que ningún alimento de la canasta básica familiar será gravado con IVA. Esta aclaración surge para desmentir «especulaciones e imprecisiones» que circulaban sobre la posible aplicación de este impuesto a productos esenciales, asegurando así un alivio para los hogares colombianos frente al costo de vida.

Desafíos y Perspectivas Futuras

La radicación de la reforma tributaria y la presentación del presupuesto para 2026 marcan el inicio de un proceso legislativo que requerirá un profundo debate y análisis. La articulación de estas medidas con las reformas estructurales propuestas por el Gobierno del Cambio será fundamental para alcanzar los objetivos de desarrollo económico y social.

Transparencia y Certeza Económica

La insistencia del Ministerio de Hacienda en desmentir rumores sobre el gravamen a la canasta básica subraya la importancia de la transparencia y la comunicación clara en temas económicos sensibles. Generar certeza y evitar la desinformación es crucial para mantener la confianza de los ciudadanos y los agentes económicos en un periodo de transformaciones significativas. La correcta implementación de estas políticas determinará en gran medida la trayectoria del país en los próximos años.

La radicación de la reforma tributaria y la presentación del Presupuesto General de la Nación para 2026 son pasos trascendentales en la consolidación de la agenda del Gobierno del Cambio. Con un ambicioso presupuesto de 557 billones de pesos y una ley de financiamiento de 26,3 billones, el gobierno busca impulsar transformaciones en sectores clave, reafirmando su compromiso de no gravar con IVA los productos de la canasta básica familiar, lo que representa una medida de protección económica para millones de colombianos.

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El Gobierno Nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, expidió por decreto el presupuesto general de la nación para 2025, tras la negativa del Congreso de aprobar el proyecto presentado. El monto final asciende a 511 billones de pesos, lo que representa un recorte de 12 billones en comparación con la propuesta inicial.

Contexto: Un presupuesto sin aprobación legislativa

Por primera vez en 20 años, el Congreso no logró aprobar el presupuesto general presentado por el Gobierno dentro del plazo establecido, lo que activó el recurso de decreto. Según lo estipulado en el artículo 348 de la Constitución Política y el artículo 59 del Estatuto Orgánico de Presupuesto, el Ejecutivo está facultado para emitir el presupuesto con fuerza material de ley.

El monto inicial propuesto por el Gobierno ascendía a 523 billones de pesos, de los cuales 12 billones eran considerados contingentes, es decir, dependían de la aprobación de una reforma tributaria que finalmente fue archivada. Este rechazo marcó una de las principales derrotas políticas del gobierno de Petro en la actual legislatura.

Reforma tributaria: La clave del desfinanciamiento

El archivamiento de la reforma tributaria no solo significó un revés legislativo, sino que dejó al presupuesto desfinanciado en 12 billones de pesos. Según el ministro de Hacienda, Diego Guevara, la reforma buscaba no solo generar ingresos fiscales, sino también ofrecer beneficios como la reducción de impuestos corporativos y condonaciones en sanciones tributarias.

“Ni siquiera nos dieron la oportunidad de debatir. Esto es un golpe al proceso democrático”, expresó Guevara, quien también acusó a sectores de la oposición de bloquear la iniciativa sin analizar sus propuestas.

El archivo de la reforma tributaria fue impulsado principalmente por las comisiones económicas del Congreso, que, según declaraciones del presidente Petro, habrían sido influenciadas por intereses privados relacionados con los juegos de suerte y azar ilegales.

Ajustes inevitables en el gasto público

Ante la falta de financiación, el presidente Petro anunció que se aplazarán partidas clave de funcionamiento e inversión en 2025, hasta que se logre encontrar una fuente de recursos que compense el faltante. El decreto de liquidación del presupuesto especificará las áreas que se verán afectadas por estos recortes.

El mandatario calificó como «dolorosa» la situación, pero reiteró que el presupuesto debía expedirse tal como fue presentado originalmente al Congreso, en cumplimiento de las normativas vigentes.

Un escenario político adverso

El rechazo al presupuesto y la reforma tributaria evidencian las crecientes tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo, marcadas por una fragmentación política que ha dificultado la aprobación de proyectos clave.

Para el gobierno Petro, la falta de apoyo legislativo representa un desafío significativo en la implementación de su agenda económica y social. Este contexto político podría complicar aún más las negociaciones futuras para garantizar la estabilidad fiscal del país.

El debate sobre el presupuesto 2025 pone de manifiesto la necesidad de acuerdos políticos sólidos que permitan avanzar en soluciones financieras viables, sin comprometer las metas del Gobierno.

El presupuesto para 2025, aunque recortado, refleja la intención del Gobierno de priorizar las áreas más urgentes, pese a las restricciones fiscales. Sin embargo, el impacto de estos ajustes será una cuestión crítica para la ciudadanía y los sectores afectados.

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El presidente Gustavo Petro, durante el Foro de Reactivación Económica celebrado en Manizales, anunció una serie de medidas enfocadas en transformar la economía colombiana hacia un modelo basado en un capitalismo descarbonizado. Esta iniciativa busca fortalecer sectores clave como la agricultura, agroindustria, vivienda y turismo, con el objetivo de impulsar el crecimiento del país en lo que resta del año.

Nuevo modelo económico: Un capitalismo descarbonizado

El presidente Petro subrayó la necesidad de transformar el modelo económico de Colombia, alejándose de la tradicional economía extractivista hacia una más sostenible y competitiva a nivel global. Este nuevo enfoque incluye inversiones significativas en sectores estratégicos como la agricultura, agroindustria, vivienda y turismo, que son fundamentales para el programa de gobierno.

Petro destacó que la reactivación económica será un proceso a largo plazo, fundamentado en una producción limpia y competitiva. Este enfoque permitirá a Colombia posicionarse como líder en el desarrollo de energías limpias, lo que, según el presidente, aumentará la competitividad del país en el mercado global.

Reforma tributaria: Impulso al turismo interno

El presidente Petro hizo énfasis en la importancia de una reforma tributaria para reactivar la economía y, en particular, fomentar el turismo interno. Resaltó que el turismo internacional ya es la segunda fuente de ingresos del país, y que potenciar el turismo local podría generar un impacto positivo significativo en la economía.

Además, Petro reiteró la necesidad de modificar la fórmula actual de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), con el objetivo de reducir los costos energéticos y promover la auto-generación de energías limpias. Esta medida no solo beneficiaría al sector turístico, sino que también contribuiría a la sostenibilidad general de la economía colombiana.

Comisión económica intersectorial: Proyectos estratégicos

Durante el foro, el Gobierno anunció la creación de una comisión económica intersectorial para gestionar proyectos estratégicos que abarquen diversos sectores, desde energías renovables hasta acueductos, turismo y agroindustria. Esta iniciativa busca mejorar la articulación y gestión de los proyectos, asegurando que los beneficios lleguen a las poblaciones más vulnerables del país.

Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), destacó que estos proyectos no se limitarán al sector energético, sino que incluirán otros ámbitos cruciales para el desarrollo sostenible de Colombia.

Iniciativas de los ministerios para la reactivación económica

Los diferentes ministerios también presentaron sus propuestas para contribuir a la reactivación económica. El Ministerio de Agricultura propuso un modelo de crédito agrario integral, enfocado en la confianza en el pequeño productor y con un fuerte énfasis en una banca de desarrollo campesino, cooperativo y popular. Esta iniciativa busca transformar la actividad productiva agropecuaria del país.

Por su parte, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo presentó un plan para reforzar la promoción del turismo, con especial atención en regiones como La Guajira y el Pacífico, además de los destinos turísticos tradicionales. Este plan también contempla acciones para beneficiar a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), esenciales para la economía del país.

El Ministerio de Hacienda propuso consolidar una sinergia entre el sector público y el sector financiero privado para movilizar recursos por un valor de 35 billones de pesos. Esta medida tiene como objetivo promover actividades de las mipymes, además de incluir y articular la economía popular y comunitaria con cadenas productivas formales.

El Gobierno de Colombia se encuentra en un momento crucial de transformación económica. Las iniciativas anunciadas por el presidente Petro y su equipo ministerial buscan no solo reactivar la economía, sino también sentar las bases para un desarrollo sostenible y equitativo. La apuesta por un capitalismo descarbonizado, junto con la reforma tributaria y la promoción de sectores estratégicos, marca el camino hacia un futuro más competitivo y sustentable para el país.

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