La decisión de la Corte se dio en el marco del control automático e integral al Proyecto de Ley Estatutaria 157 de 2023 (Senado) y 360 de 2024 (Cámara), en cumplimiento del Acto Legislativo 03 de 2023 y de los compromisos derivados del Acuerdo Final de Paz.

De manera particular, la Corte reforzó los alcances de la Jurisdicción Agraria al reiterar que en los concursos para proveer los cargos de jueces y magistrados agrarios deben evaluarse conocimientos relacionados con los derechos fundamentales de las comunidades campesinas, así como la toma de decisiones con enfoques diferencial, territorial y de género.

Además, enfatizó en el deber de la Rama Judicial de garantizar igualdad de oportunidades para mujeres, comunidades étnicas, campesinas y víctimas del conflicto armado en estos procesos de selección.

Sin embargo, declaró inconstitucionales los artículos 4 y 5 del proyecto al considerar que desconocían el principio de unidad de materia por no guardar relación directa con la Jurisdicción Agraria y Rural. Ambos artículos fueron producto de modificaciones incluidas por el Congreso durante el trámite legislativo y su exclusión de la Ley no afecta la naturaleza ni los alcances de la nueva jurisdicción por no ser esenciales para su funcionamiento.

La decisión del alto tribunal constituye un avance trascendental en la implementación del Acuerdo Final de Paz, especialmente del Punto 1 (Reforma Rural Integral) y su puesta en marcha permitirá la instalación de jueces y tribunales especializados con equipos técnicos e interdisciplinarios, con capacidades para ofrecer una justicia adaptada a las realidades del campo y con un enfoque diferencial.

Un sistema especializado

Con esta decisión la Corte Constitucional reafirma la necesidad de contar con un sistema judicial especializado para resolver los conflictos agrarios y garantizar los derechos de las poblaciones rurales al acceso a la justicia.

Ahora le corresponde al Congreso de la República avanzar con decisión en la aprobación de la ley ordinaria que define las competencias de la Jurisdicción, sistematiza los principios del derecho agrario y crea un procedimiento especial, en consonancia con el mandato constitucional del Acto Legislativo 03 de 2023.

Los ministerios de Justicia y Agricultura reiteraron que la Jurisdicción Agraria y Rural es una herramienta clave para resolver los conflictos relacionados con la tierra y la producción agraria, prevenir nuevas disputas y contribuir a la paz.

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Al respecto, Rodrigo Toro, asesor para el Eje Cafetero de la ANT, la Reforma Agraria ha ganado terreno en Risaralda: “Este proceso no ha sido fácil. Nos hemos encontrado con dificultades y con sectores que no creen en la Reforma, pero hoy estamos demostrando que sí es posible. Los avances que compartimos son reales y significan que cada vez más familias están más cerca de tener su tierra”.

Toro resaltó que la soberanía alimentaria en Risaralda depende de brindar apoyo y fortalecer a quienes trabajan la tierra cada día.

“El café, el plátano y el cacao que sembremos aquí serán la base de un campo productivo, con dignidad y arraigo campesino”, manifestó.

La emoción se reflejó en las palabras de Angélica Ceballos, lideresa campesina, quien afirmó: “Donde antes hubo miedo, hoy florece la esperanza y la alegría. Estas tierras son el futuro y la dignidad de nuestras familias”.

Con este paso se materializa la voluntad del Gobierno del presidente Gustavo Petro de saldar deudas históricas con las organizaciones campesinas y con las víctimas que alguna vez sufrieron el despojo. Hoy, estas familias celebran el fin de la incertidumbre y el miedo.

El encuentro en La Virginia congregó a más de 1.000 campesinos provenientes de asociaciones de Balboa, La Virginia y diversas zonas de Risaralda, en un acto significativo de fortalecimiento del arraigo rural. 

Tierra para comunidades étnicas

Asimismo, el director de la ANT, Felipe Harman, se reunió en el municipio de Quinchía con comunidades indígenas del resguardo Embera Chamí, así como con la comunidad Karambá y La Escopetera. 

La comunidad Embera Chamí de Quinchía recibió el título de constitución del resguardo que beneficia a 500 familias indígenas que habían esperado por más de 30 años este reconocimiento colectivo. 

Asimismo, se ratificaron compromisos para seguir avanzando en la constitución y ampliación de resguardos, cumpliendo así con el compromiso dado por el presidente Petro sobre los derechos territoriales de las comunidades indígenas.

De otra parte, Harman participó en la asamblea del Consejo Regional Indígena de Risaralda (CRIR), donde entregó el predio El Brasil, de 268 hectáreas, beneficiando a 277 familias de la etnia Embera Chamí del resguardo indígena de Suratena, ubicado en el municipio de Marsella.

La Comuna está en producción

Entre tanto, el director de la ANT resaltó que el predio La Comuna, de 20 hectáreas, entregado este año a 10 familias campesinas víctimas del conflicto, ya está en plena producción en zona rural de Pereira. 

“Pudimos ver con emoción cómo estas familias siembran cacao, café, plátano, mandarina y maracuyá en sus propias tierras, transformando su trabajo en ingresos que fortalecen su economía y afianzan su permanencia con dignidad en el territorio”, recalcó.

Agregó que este terreno, que en el pasado estuvo en manos del cartel del norte del Valle, se ha convertido en una despensa agrícola y un símbolo de paz y producción, lo cual deja en evidencia que la tierra en manos campesinas florece para la vida.

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El sector agropecuario en Colombia logró un crecimiento del 10,7% en 2024, consolidándose como el principal motor de la economía nacional. Este notable desempeño no solo se reflejó en cifras macroeconómicas, sino también en avances sociales significativos y en el fortalecimiento del acceso a tierras para comunidades rurales y campesinas.

El agro como motor económico del país

Durante el tercer trimestre de 2024, el sector agropecuario registró un aumento del 10,7% en el valor agregado de sus actividades, abarcando agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. Este crecimiento, el más alto entre todos los sectores económicos, aportó 1,1 puntos porcentuales al aumento del 2,1% del valor agregado bruto nacional.

Avances en la producción y exportaciones

Productos clave como el café, las frutas cítricas y el arroz registraron incrementos significativos en su producción, con un crecimiento acumulado del 8,9% en los primeros tres trimestres del año comparado con 2023. Las exportaciones agroindustriales también mostraron un desempeño destacado, aumentando un 24,4% en valor y un 13,1% en volumen, lo que refleja la consolidación del agro colombiano en mercados internacionales.

Reforma agraria y acceso a la tierra

Un aspecto fundamental en 2024 fue el avance en la implementación de políticas de reforma agraria. Se gestionaron más de 440.000 hectáreas en todo el país, de las cuales 152.055 hectáreas fueron entregadas a 57.188 familias campesinas y comunidades étnicas. Asimismo, se normalizaron más de 1,2 millones de hectáreas de pequeña y mediana propiedad rural, beneficiando a más de 59.000 familias.

Fortalecimiento territorial

La creación de 309 comités municipales y 9 departamentales de reforma agraria reforzó la gobernanza territorial. Además, se constituyeron 11 Zonas de Reserva Campesina, 62 resguardos indígenas y 43 territorios colectivos para comunidades negras, promoviendo la seguridad jurídica y la sostenibilidad en el acceso a la tierra.

Impacto social y seguridad alimentaria

Las políticas agropecuarias en 2024 tuvieron un impacto directo en la mejora de la calidad de vida en zonas rurales. Más de 524.000 personas salieron de la pobreza monetaria y 232.000 de la pobreza multidimensional. En cuanto a la inseguridad alimentaria, esta se redujo en dos puntos porcentuales, pasando del 28,1% en 2022 al 26,1% en 2023.

Beneficios para pequeños productores

El gobierno destinó importantes recursos al fortalecimiento del sector. A través del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), se invirtieron $440.000 millones en protección agropecuaria y $710.000 millones en proyectos de desarrollo rural. Además, se otorgaron más de un millón de operaciones de Crédito de Fomento Agropecuario, por un valor de $69,5 billones, beneficiando principalmente a pequeños productores.

La admisibilidad sanitaria de 22 productos agropecuarios en mercados internacionales como México y China amplió las oportunidades de exportación, posicionando a Colombia como un actor clave en el comercio mundial.

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Jhenifer Mojica, quien fue apartada de su cargo como ministra de Agricultura hace menos de dos meses, vuelve al panorama gubernamental con un nuevo rol como asesora en el Ministerio de Hacienda. Este nombramiento ha suscitado diversas críticas y generado interrogantes sobre los motivos detrás de su designación, especialmente considerando su controvertido desempeño previo en el gabinete del presidente Gustavo Petro.

Polémica en el nombramiento de Jhenifer Mojica

El 2 de agosto, la Presidencia de la República confirmó el regreso de Mojica al gobierno, esta vez como asesora del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Esta decisión ha sido vista por algunos sectores como un intercambio de favores, ya que cuando Mojica era ministra de Agricultura, nombró a Liliana Cortés, esposa del ministro Bonilla, en un alto cargo dentro de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra).

Este cruce de nombramientos ha sido objeto de controversia y ha despertado sospechas sobre posibles acuerdos políticos entre los ministros. En su defensa, Bonilla afirmó que su esposa fue designada en función de sus méritos y experiencia en temas agrarios, no por una influencia directa de su parte.

Impacto de su gestión en Agricultura

Durante su gestión en el Ministerio de Agricultura, Mojica enfrentó un entorno político inestable y numerosos desafíos, incluyendo tensiones con el exdirector de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega. Las diferencias en las cifras de compra y formalización de tierras fueron un punto de fricción constante, especialmente en un momento en que la reforma agraria, una de las principales promesas del gobierno de Petro, no logró avanzar significativamente.

Este desempeño ha sido duramente criticado, lo que llevó a su destitución el 2 de julio de 2024, durante uno de los remezones presidenciales más significativos de la administración actual. A pesar de estos antecedentes, Mojica ha logrado mantenerse en el radar político y ahora asume un rol clave en el Ministerio de Hacienda.

El rol de Mojica en el Ministerio de Hacienda

La llegada de Mojica a Hacienda se produce en un contexto crucial, ya que el gobierno está en plena discusión del presupuesto para el año 2025. El sector agropecuario, del cual Mojica fue responsable durante su tiempo en Agricultura, se enfrenta a recortes significativos. Se estima que el presupuesto podría reducirse en alrededor de 4 billones de pesos respecto al año anterior, lo que representa un desafío importante para las políticas agrícolas y de desarrollo rural.

La asesoría de Mojica será fundamental para orientar la distribución de los recursos financieros, garantizando que las entidades clave como el Ministerio de Agricultura, la Agencia de Desarrollo Rural y la Agencia Nacional de Tierras reciban el apoyo necesario. Su experiencia previa en el sector agrario podría ser un activo valioso en este proceso, aunque las dudas sobre su capacidad para desempeñar este nuevo rol persisten.

Reacciones y perspectivas

El retorno de Mojica al gobierno refleja la dinámica interna de la administración Petro, donde las alianzas y los apoyos mutuos entre ministros parecen jugar un papel crucial en la conformación del gabinete. A medida que se aproxima la discusión final del presupuesto de 2025, su papel como asesora será examinado con detenimiento, particularmente por aquellos que critican su desempeño anterior.

El desafío para Mojica será demostrar su capacidad para influir positivamente en la política financiera del gobierno y garantizar que el sector agropecuario reciba el apoyo necesario para enfrentar los retos económicos y sociales que se avecinan.

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El presidente del Senado de Colombia, Efraín Cepeda, hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para que permita al Congreso debatir la reforma agraria con independencia y sin presiones. Este pronunciamiento subraya la importancia de seguir los procedimientos legislativos establecidos en la Constitución Política.

La posición de Efraín Cepeda

Efraín Cepeda reiteró la independencia del Congreso en un contexto de tensiones crecientes entre el Legislativo y el Ejecutivo. El presidente del Senado afirmó que el Congreso es el único órgano habilitado para tramitar y aprobar las reformas, destacando la necesidad de respetar los canales institucionales. En su cuenta de X, Cepeda expresó que el idioma de la democracia es aquel en el que se presentan los proyectos de reforma y se discuten en el Congreso, el cual representa la voluntad del pueblo colombiano.

Respuestas en redes sociales

Cepeda enfatizó que el Senado está dispuesto a discutir seriamente los proyectos de ley sin presiones externas. «El Congreso es el camino», subrayó en sus redes sociales, en respuesta a la insistencia de Petro en agilizar la reforma agraria.

La postura del presidente Gustavo Petro

En un evento reciente en el municipio de El Aro, Antioquia, el presidente Gustavo Petro destacó la importancia de la reforma agraria para alcanzar la equidad en Colombia. Petro argumentó que sin esta reforma, no habrá verdadera justicia social ni posibilidad de erradicar el narcotráfico y la violencia. Hizo hincapié en que la reforma agraria es una promesa del Estado colombiano en el marco del Acuerdo de Paz con las FARC, y que es esencial para la construcción de una nación justa y equitativa.

Propuestas de reforma a la Agencia Nacional de Tierras

Petro no descartó la posibilidad de reformar la Agencia Nacional de Tierras (ANT) a través de decretos. El objetivo es que la ANT pueda comprar y titular tierras, así como formalizar proyectos productivos con los campesinos. El presidente explicó que la ANT debería trabajar en conjunto con la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) para impulsar el desarrollo agrícola y garantizar que las tierras entregadas a los campesinos sean productivas.

Impulso a proyectos productivos

El presidente Petro subrayó que cada título de tierra entregado debe ir acompañado de un proyecto productivo. La tierra entregada sin un proyecto productivo solo perpetúa la pobreza, afirmó, destacando la necesidad de vincular estos proyectos con créditos de fomento para que los campesinos puedan adquirir lo necesario para trabajar la tierra. La prioridad, según Petro, es que estas tierras comiencen a producir alimentos de inmediato, mejorando así las condiciones de vida de los beneficiarios y contribuyendo a la paz en Colombia.

Reflexiones finales

La controversia entre el presidente del Senado y el presidente de la República pone de manifiesto una división en la forma de abordar las reformas estructurales en Colombia. Mientras el Gobierno busca rapidez en la implementación de cambios, el Congreso defiende un enfoque más tradicional y respetuoso de los procedimientos institucionales. Este debate continuará siendo crucial en los próximos meses, ya que ambas partes buscan cumplir con los compromisos del Acuerdo de Paz y transformar el campo colombiano.

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El presidente Gustavo Petro lideró una jornada histórica en el corregimiento El Aro, municipio de Ituango, norte de Antioquia, al entregar 52 títulos de propiedad a familias campesinas víctimas del conflicto armado. Este acto, realizado el viernes 2 de agosto, marca un paso significativo en la formalización de la propiedad de la tierra a sus legítimos dueños.

Jornada de Reparación y Justicia Social

Contexto Histórico

El corregimiento El Aro fue escenario de una de las tragedias más dolorosas de la historia reciente de Colombia. Hace 27 años, grupos paramilitares perpetraron una masacre que dejó 17 campesinos muertos. Además, la violencia forzó el desplazamiento de unas 1,400 personas, quienes abandonaron sus hogares tras el incendio de 60 casas. La iglesia local quedó como testigo mudo de un pueblo que se vio obligado a vaciarse para salvar vidas.

Participación Gubernamental

Acompañamiento Oficial

El presidente Gustavo Petro no estuvo solo en esta entrega simbólica. Laura Camila Sarabia Torres, Directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), y Juan Felipe Harman, Director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), estuvieron presentes, respaldando este acto de reparación colectiva dentro del marco de la Reforma Agraria promovida por el Gobierno del Cambio.

Beneficios para las Familias

Nuevas Oportunidades

Con la entrega de los títulos de propiedad, las familias beneficiarias no solo recuperan su tierra, sino que también obtienen acceso a créditos, proyectos productivos y otros beneficios estatales. Estos recursos les permitirán vivir con dignidad y seguridad, así como heredar la tierra a sus hijos, asegurando un futuro más estable y prometedor.

Reactivación Económica

El director de la ANT, Juan Felipe Harman, destacó la importancia de este acto para la revitalización de la región. “Parte de la responsabilidad que tenemos como Estado es que la ilusión vuelva a florecer en este territorio, que las familias retornen y se quieran quedar, que vivan en condiciones dignas. La entrega de estos títulos debe significar que los campos del norte de Antioquia vuelvan a ser productivos de café, tomate, frijol y maíz”, afirmó.

Impulso a la Agricultura

Promoción de la Agricultura Familiar

La Reforma Agraria busca promover una agricultura antioqueña, campesina y familiar, devolviendo la tierra a quienes siempre debieron haber sido sus legítimos dueños. No hay otro objetivo que no sea hacer propietarias a estas familias de lo que nunca debió habérseles arrebatado, añadió el funcionario.

La entrega de estos títulos de propiedad en El Aro representa un paso importante hacia la justicia social y la reparación histórica para las víctimas del conflicto armado en Colombia. Este acto no solo devuelve la tierra a sus legítimos dueños, sino que también brinda nuevas oportunidades para el desarrollo económico y social de la región.

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Durante décadas el sector rural colombiano ha vivido fenómenos como el desplazamiento forzado y el despojo de tierras, disputas en las que el campesinado y las comunidades étnicas han estado involucradas, por lo que ameritan una garantía de derechos especiales. 

Algunos ejemplos de estas disputas en el mundo rural son el uso y tenencia de la tierra; contratos de aparcería y otros contratos agrarios; lanzamientos por ocupaciones de hecho; uso de recursos comunales en predios agrarios; posesión de predios rurales privados; servidumbres agrarias, y actuaciones de la Agencia Nacional de Tierras.

Actualmente, el campesinado colombiano enfrenta grandes obstáculos para acceder a la justicia y defender sus derechos, tales como la falta de recursos económicos para contratar abogados y financiar los largos procesos judiciales.

Esta situación fue uno de los temas sobre los que se dialogó y negoció en La Habana entre el gobierno y la guerrilla de las Farc-EP. Se consignó el compromiso por parte del Estado de crear una jurisdicción agraria, con el fin de permitir que la población rural accediera de manera ágil a la justicia para resolver sus conflictos con temas de tierras.

En concreto, el Acuerdo establece:

“Además, pondrá en marcha con igual propósito, una nueva jurisdicción agraria que tenga una adecuada cobertura y capacidad en el territorio, con énfasis en las zonas priorizadas, y con mecanismos que garanticen un acceso a la justicia que sea ágil y oportuno para la población rural en situación de pobreza, con asesoría legal y formación especial para las mujeres sobre sus derechos y el acceso a la justicia y con medidas específicas para superar las barreras que dificultan el reconocimiento y protección de los derechos de las mujeres sobre la tierra. Se promoverá la participación de las mujeres y sus organizaciones en los diferentes espacios que se creen para la conciliación y resolución de conflictos sobre uso y tenencia de la tierra.” (Punto 1.1.8., pág. 18)

«La creación de esta Jurisdicción debe entenderse y llevarse a cabo como parte de un grupo de medidas que pretenden mejorar las condiciones de los habitantes de las zonas rurales, a través del acceso a bienes y servicios ofrecidos y garantizados por el Estado»

La Jurisdicción Agraria y Rural

El primer paso para lograr este compromiso fue modificar la constitución política de Colombia mediante una reforma constitucional aprobada en el Congreso de la República y con la que se creó la Jurisdicción Agraria y Rural.

De acuerdo con esta reforma, la creación de una jurisdicción agraria contribuye a fomentar la presencia del Estado en todo el territorio colombiano, en particular en las zonas rurales. La creación de esta Jurisdicción debe entenderse y llevarse a cabo como parte de un grupo de medidas que pretenden mejorar las condiciones de los habitantes de las zonas rurales, a través del acceso a bienes y servicios ofrecidos y garantizados por el Estado.

Además, se estableció que el Congreso debía aprobar una ley estatutaria que determinaría su competencia y funcionamiento, así como el procedimiento especial agrario y rural con base en los principios y criterios del derecho agrario señalados en la ley. Todo esto con la garantía del acceso efectivo a la justicia y la protección a los campesinos, a los grupos étnicos y a las víctimas del conflicto armado.

El siguiente paso del gobierno en cabeza del Ministerio de Justicia fue radicar ante el Congreso de la República los dos proyectos de ley estatutaria y ordinaria que permitirían la reglamentación de la Jurisdicción Agraria y Rural. La creación de una Jurisdicción Agraria fue justificada por el ministro Néstor Osuna como una apuesta de Paz para resolver de modo civilizado, razonable y con justicia esos conflictos que tienen tanta sangre y muertos.

Sonaron las alarmas

El exvicepresidente German Vargas Lleras fue uno de los dirigentes políticos que planteó alarmas sobre los proyectos que se estaban estudiando en el Senado y la Cámara de Representantes. 

A su juicio, los proyectos ponían en riesgo el derecho a la propiedad privada, pues desconocen los derechos ya adquiridos y promueven la invasión de tierras al dejar a los propietarios sin herramientas eficaces de protección. Además, el conjunto de las nuevas reglas estaría diseñado para afectar la seguridad jurídica de la propiedad privada rural y también urbana porque crea un desbalance que afecta la defensa, el debido proceso e incluso el acceso a la justicia.  

La oposición política liderada por el Centro Democrático también advirtió sobre estos temas. Durante el debate parlamentario, la senadora Paloma Valencia, entre otros, advirtió sobre la viabilidad fiscal necesaria y las consecuencias de este tipo de modificaciones al sistema estatal, y su inquietud acerca de un supuesto “modelo de expropiación judicial” que intentaría ejecutar el gobierno Petro.

¿Qué se aprobó en la Cámara?

La Cámara aprobó una ley estatutaria. Las leyes estatutarias desarrollan el texto constitucional que reconoce y garantiza los derechos fundamentales. Se trata del marco general o, en palabras sencillas, la arquitectura de una reforma constitucional que fue aprobada el año pasado y que promete ser la salida a los conflictos por la propiedad de la tierra que han aquejado por décadas a los colombianos; líos de pertenencia, por delimitación de linderos o por propiedad de animales, entre otros. 

La ley aprobada modifica la Ley 270 de 1996, determina la integración y la organización de la Jurisdicción Agraria y Rural, y se adoptan otras disposiciones. El objeto de la ley estatutaria es establecer la integración y estructura de la Jurisdicción Agraria y Rural, en armonía con la Ley Estatutaria 270 de 1995 y en cumplimiento de lo dispuesto en el Acto Legislativo 03 de 2023. 

Con la aprobación de esta Ley, la organización jurisdiccional colombiana está integrada por la jurisdicción ordinaria, la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, la Jurisdicción Constitucional y la Jurisdicción Especial para la Paz. A partir de ahora, esta organización se complementará con la Jurisdicción Agraria y Rural.

¿Qué dice esta ley?

La Jurisdicción Agraria y Rural es el nuevo poder que la Constitución le otorga a los jueces y magistrados para resolver los conflictos agrarios y rurales en el país de manera pacífica y especializada.

Las decisiones judiciales de la Jurisdicción Agraria y Rural deberán orientarse por principios como justicia social agraria; protección del más débil en las relaciones de tenencia y producción agropecuaria; bienestar y el buen vivir; función social y ecológica de la propiedad; protección de la producción agrícola, y la asociatividad y propiedad agrícola familiar.

Además, estos principios deben llevarse a la práctica a través de un procedimiento judicial que se caracterice por la celeridad para que la justicia llegue rápido y sin dilaciones;

la oralidad para facilitar el acceso y la comprensión de los procedimientos judiciales;

la oficiosidad para que los jueces adelanten todas las acciones necesarias para resolver de fondo los conflictos;

la itinerancia para que los jueces puedan desplazarse en los territorios sobre los que imparten justicia a fin de recaudar pruebas, conocer los contextos y realizar audiencias;

las decisiones integradoras, es decir, que los jueces decidan y resuelvan de fondo y en un mismo proceso la totalidad de conflictos que afecten un mismo predio independiente si se trata de conflictos entre personas y/o aquellos en los que esté involucrado el Estado.

La Jurisdicción Agraria tendrá jueces dedicados a resolver los conflictos agrarios en todo el país. Los campesinos y las campesinas contarán con garantías para resolver los conflictos relacionados con la tenencia de tierras. 

La Ley aspira a que en Colombia haya un acceso más equitativo y eficiente a la justicia para los campesinos y comunidades rurales, a que se proteja la propiedad rural y a que se construya un sistema integrado por jueces especializados que resuelvan pleitos y apliquen el derecho vigente, que establece y protege la propiedad. Además, crea tribunales y juzgados dedicados exclusivamente a resolver conflictos agrarios y/o rurales.

Se crean centros de servicios judiciales y administrativos de apoyo técnico agrario y rural que ofrecerán soporte pericial a jueces y magistrados con un enfoque étnico y cultural. Así mismo, los usuarios de la justicia contarán con facilitadores agrarios y rurales, profesionales que orientarán a la ciudadanía sobre el acceso a la justicia en estos temas.

La Jurisdicción Agraria y Rural se enfoca en la defensa técnica gratuita para que cualquier sujeto de especial protección, perteneciente a comunidades campesinas y grupos étnicos, o quien no cuente con los recursos suficientes pueda tener la representación de un abogado que le asesore y represente en todas las diligencias judiciales. Permitirá que exista un proceso ágil y rápido en el que los jueces actúen de forma proactiva en la recolección de las pruebas necesarias para administrar justicia bajo los principios del Derecho Agrario.

La ley no pone en riesgo el derecho a la propiedad privada al no modificar las reglas jurídicas para asignar derechos de propiedad. No promueve la invasión de tierras ya que respeta la propiedad legítimamente adquirida.

Qué no permite la ley 

«La ley no pone en riesgo el derecho a la propiedad privada al no modificar las reglas jurídicas para asignar derechos de propiedad. No promueve la invasión de tierras ya que respeta la propiedad legítimamente adquirida»

Tampoco otorga poderes excesivos a los jueces agrarios —puesto que mantienen las facultades existentes en la legislación actual—, quienes no podrán fallar sin práctica de pruebas. La ley incorpora la figura de sentencia anticipada vigente en el Código General del Proceso para acelerar los procesos judiciales. Los jueces agrarios conocerán todos los asuntos relacionados con predios rurales y actividades agrícolas, conforme al Acto Legislativo de la Jurisdicción Agraria y Rural.

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Un compromiso con los campesinos

El presidente Petro reafirmó su compromiso con las comunidades rurales al destacar la importancia de la reforma agraria. En su discurso, subrayó que esta iniciativa es fundamental para proporcionar a los campesinos la oportunidad de trabajar y producir, contribuyendo así a la superación de la pobreza en las regiones beneficiadas.

Impacto en las regiones beneficiadas

La entrega de tierras se llevó a cabo en los departamentos de Magdalena y Córdoba, entre otros. Pueblo Nuevo, en el departamento de Córdoba, fue uno de los lugares destacados donde los campesinos recibieron tierras que anteriormente pertenecían a la finca Los Billetes, ahora conocida como Villa Fátima. Este acto simboliza un paso importante hacia la dignificación del trabajo campesino.

Una política de equidad y progreso

La reforma agraria promovida por el gobierno busca implementar políticas públicas que fomenten la equidad y el progreso en las zonas rurales de Colombia. El presidente Petro enfatizó que esta política es crucial para el desarrollo sostenible y la mejora de las condiciones de vida de las comunidades rurales.

Participación y reconocimiento comunitario

Durante la entrega de tierras, líderes y habitantes de las comunidades beneficiadas expresaron su agradecimiento al presidente Petro y al gobierno por su compromiso con el bienestar de los campesinos. Juan Carlos Martínez, propietario del predio, destacó la importancia de esta iniciativa para las familias campesinas y expresó sus mejores deseos para que las tierras sean productivas y beneficiosas.

Un día memorable para la historia rural

El 2 de junio será recordado como un día especial para las comunidades rurales de Colombia. En Pueblo Nuevo, corregimiento de Cintura, se celebró la primera visita de un jefe de estado para entregar tierras, un acto que representa un cambio significativo en la historia del país y un paso adelante hacia la paz y la prosperidad.

Futuro y esperanza para los campesinos

La entrega de tierras es solo el comienzo de un proceso transformador. El presidente Petro destacó que la libertad y la dignidad de los campesinos son esenciales para el desarrollo del país. La reforma agraria no solo busca proporcionar tierras, sino también asegurar que estas sean productivas y contribuyan al bienestar de las comunidades rurales.

La reforma agraria en Colombia avanza con pasos firmes bajo el liderazgo del presidente Gustavo Petro. La entrega de 6,000 hectáreas de tierra fértil a campesinos de siete departamentos es un claro ejemplo del compromiso del gobierno con la equidad, el progreso y la dignificación del trabajo rural. Esta histórica iniciativa marca un nuevo capítulo en la lucha por el desarrollo sostenible y la mejora de las condiciones de vida en las zonas rurales del país.

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Un Giro Positivo en El Totumo: De Economías Ilegales a Sustento Legítimo

La entrega de estos predios marca un hito en la transformación de la región, que antes se veía afectada por actividades económicas ilegales. Los beneficiarios de esta iniciativa son los campesinos y campesinas de El Totumo, quienes ahora tienen la oportunidad de trabajar la tierra de manera legal y sostenible. Este cambio representa un giro positivo hacia la legitimidad y el fortalecimiento de las bases agrícolas locales.

Contribución a la Reforma Agraria: Un Compromiso Gubernamental

La Reforma Agraria ha sido una meta fundamental para el gobierno del cambio en Antioquia. Al entregar estos predios a la población campesina, se materializa un compromiso real con la redistribución equitativa de la tierra. Este enfoque busca corregir desigualdades históricas y fomentar un desarrollo agrícola sostenible, beneficiando tanto a las comunidades locales como al conjunto de la sociedad.

Beneficios a Largo Plazo: Sostenibilidad y Desarrollo Comunitario

La entrega de tierras no solo representa un acto de justicia social, sino que también tiene implicaciones positivas a largo plazo para El Totumo y sus habitantes. Al permitir que los campesinos trabajen legalmente la tierra, se establecen las bases para un desarrollo agrícola sostenible. Esto, a su vez, contribuye al crecimiento económico de la región y fortalece la seguridad alimentaria local.

Este progreso en Antioquia refleja el compromiso del gobierno del cambio con el bienestar de sus ciudadanos, especialmente aquellos que dependen de la agricultura para subsistir. La entrega de predios ilegales a los campesinos de El Totumo es un testimonio del esfuerzo continuo por construir una sociedad más justa y equitativa.

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