Asimismo, el EMBF se comprometió “a analizar alternativas de financiación que no afecten a pequeños comerciantes, minoristas y microempresarios», específicamente relacionado con la extorsión que aqueja la economía en las regiones en conflicto.

Además, según el acuerdo, la MDP se comprometió a crear políticas que ayuden a las comunidades “a la reconversión productiva de la coca», un paso fundamental para la transformación de la economía en los territorios más afectados por el conflicto armado y el narcotráfico.

En el mismo orden, se incluyó que el EMBF no realizará ataques a los integrantes de la Fuerza Pública ni a instalaciones militares o policiales. Sin embargo, en este punto se subrayó que el grupo armado “se reserva el derecho a la legítima defensa».

En el marco de los diálogos de paz, el Gobierno nacional continuará con la implementación de programas y mecanismos de protección de los firmantes de paz del Acuerdo del 2016.

Otro de los puntos de acuerdo tiene relación con un plan inmediato de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto, lo que incluye información de cuerpos y restos.

Como mecanismo de seguimiento al cumplimiento de lo contenido en este Acuerdo, se creará una veeduría integrada por delegados de las comunidades y la MDP en las áreas de presencia de los bloques, frentes y estructuras que integran el EMBF.

El acuerdo 3 se concretó en el séptimo ciclo de diálogos con la presencia de la Comunidad Internacional, el Consejo Mundial de Iglesias y la Conferencia Episcopal Colombiana.

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El presidente Gustavo Petro asumió la responsabilidad por el bombardeo ocurrido en zona rural de Guaviare, en el que murieron menores de edad. El mandatario aseguró que la operación buscaba proteger la vida de soldados que enfrentaban un riesgo inminente, y reiteró que en la selva las posibilidades de reacción son limitadas.

Responsabilidad presidencial en la operación

Protección prioritaria a los soldados

Petro afirmó que tomó personalmente la decisión para evitar una ofensiva letal contra el grupo militar, al señalar que 150 hombres armados podían atacar a la tropa desplegada en la zona. El jefe de Estado insistió en que la determinación se basó en criterios operacionales y en la necesidad de salvaguardar vidas en un entorno de alta amenaza.

Señalamientos y contexto operativo

Limitaciones en inteligencia en zonas remotas

El presidente rechazó las acusaciones de crimen de guerra y enfatizó que su administración no oculta información. Explicó que las operaciones en la selva se realizan con inteligencia limitada, debido a la complejidad del terreno y la lejanía respecto a áreas pobladas. Según Petro, la Fuerza Pública actúa con los datos disponibles, aun cuando estos no siempre permiten diferenciar con precisión a menores reclutados.

Menores en conflicto y política de paz

Liberaciones y medidas preventivas

El mandatario reconoció que cuando existe un alto porcentaje de menores reclutados por grupos armados, el riesgo de muertes en combate aumenta. Sin embargo, subrayó que en las 12 operaciones aéreas ejecutadas durante su gobierno ha exigido el máximo nivel de verificación para evitar estas tragedias. Además, recordó que su apuesta por la paz busca reducir la presencia de niños en el conflicto y destacó que 2.411 menores han sido liberados durante su administración.

El debate por el bombardeo abre nuevamente la discusión sobre las responsabilidades del Estado en operaciones de alto riesgo y el reto permanente de proteger simultáneamente a la Fuerza Pública y a la población vulnerable involucrada en el conflicto armado.

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