Insistió en que todos estos procesos son legítimos y se hacen ante veedurías internacionales de gobiernos de España, Suiza, Noruega, Brasil y Venezuela “para que no digan que estamos pactando con bandidos delitos’, por lo que aclaró que “toda reunión se hace bajo la mirada internacional de estas organizaciones y otras no gubernamentales, incluida la iglesia católica, incluidos miembros de la oposición, porque no quiero ocultar nada como sí se hizo atrás en el pasado’.

En este sentido, mandatario enfatizó que “mantengo mi palabra de que dialogar es mejor que matar siempre y Colombia debe entender esa dificultad, pero no se puede cansar en su historia por delante de que dialogar siempre es mejor que matar, porque llevamos dos siglos matándonos entre generaciones enteras entre nosotros’.

Por esta razón, consideró que “hay que insistir en la paz siempre: hombres y mujeres de paz, tercos, tercos y retercos, porque al fin la conquistaremos. Es así, con terquedad, como se consigue la paz’ y salió al paso de quienes solo ven la salida violenta en el país: “Es muy fácil hablar de disparos y mandar a otros a hacerlos, es muy fácil llenarse las palabras de violencia y grosería, pero vaya y póngalos en los campos de batalla y verán que salen corriendo de una’, dijo.

Reconoció las dificultades que se han presentado en la búsqueda de la paz, pero advirtió que los procesos que no están vigentes no han sido por decisión del Gobierno, sino “de quienes prefieren ser ejércitos o grupos armados del narcotráfico’.

Avances en el sur del país

En su intervención, el presidente Petro puso como ejemplo los avances que se han logrado en los procesos que se adelantan en el sur del país y si bien reconoció que aún falta mucho por hacer, un resultado tangible es que “cayó la tasa de homicidios’.

Al referirse al tema de las zonas de concentración, que se están pactando con los grupos armados ilegales, el mandatario recordó que “son legales y el presidente las ordena, no la fiscal, y aquí se respeta la Constitución sino el pueblo las hace respetar’.

Comentó que otro de los avances son las 39.000 hectáreas de sustitución voluntaria de cultivos de hoja de coca, resultados que, según advirtió, “los norteamericanos no creían que eso era posible’ y comentó que “le mostré los videos al presidente Donald Trump personalmente, él los vio’ de cómo la población negra, afro del Litoral Pacífico en el sur y del Putumayo, erradicaban las plantas.

“Pueden llegar a 49.000′, dijo al comentar que eso puede ser posible “si los acuerdos en el nordeste antioqueño hechos sobre organizaciones del Caribe, no de Antioquia, logran concretarse y eso en mi Gobierno, antes de irme’.

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La Institución informó que en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus, las tropas desplegadas en el departamento de Putumayo destruyeron 35 estructuras improvisadas de laboratorios que eran utilizados para el procesamiento de pasta base de coca y 5 depósitos ilegales en los que almacenaban insumos para este propósito.

Como resultado de estas acciones militares, durante la segunda semana del mes de marzo, se registraron contundentes golpes contra estas economías ilícitas en áreas rurales de los municipios de Villagarzón, Puerto Asís, Puerto Guzmán, Orito, Puerto Leguizamo y Puerto Caicedo, Putumayo.

En estos lugares también fueron encontrados y destruidos en forma controlada, con autorización de la autoridad competente, 2828 kilogramos de insumos sólidos y 10.846 galones de insumos líquidos, además de 5320 kilogramos de hoja de coca y 4126 galones de base de coca en proceso, elementos utilizados para la producción de estupefacientes.

Asimismo, informa la institución, se logró la captura de tres presuntos integrantes de grupos de delincuencia organizada y dos más del grupo armado organizado residual Estructura Comandos de Frontera, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

De manera simultánea, las tropas lograron la destrucción de una unidad de producción minera ilegal perteneciente al grupo armado organizado residual Estructura Carolina Ramírez, ubicada en la vereda Las Delicias, municipio de Puerto Leguizamo, además, en este desarrollo también se incautó, 3,1 kilogramos de pasta base de coca y se realizó la neutralización de un artefacto explosivo, contribuyendo a salvaguardar la seguridad de la población.

Adicionalmente, se ubicó y destruyo una válvula ilegal utilizada para la extracción ilícita de hidrocarburos, actividad que generó graves afectaciones al medio ambiente y a los recursos naturales de la región.

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En un importante operativo liderado por la Policía Nacional, fueron destruidos 33 laboratorios de coca en San Miguel, Putumayo, debilitando las estructuras del narcotráfico en esta región estratégica. Estas acciones, enmarcadas en el plan ‘Narcos Invisibles 2.0’, también resultaron en la captura de un peligroso capo colombo-ecuatoriano, consolidando un golpe contundente contra las redes criminales.

Operativo en San Miguel: debilitamiento de estructuras financieras

La Dirección de Antinarcóticos lideró las labores de interdicción aérea que permitieron la destrucción de 33 laboratorios destinados a la producción de pasta base de coca. Según el coronel Felipe Ardila, jefe del Servicio de Policía contra el Narcotráfico, estas acciones lograron afectar las finanzas de las estructuras criminales en aproximadamente $390 millones.

Durante los operativos, se incautaron 246 kilos de base de cocaína, 4.306 galones de insumos líquidos y 2.995 kilos de insumos sólidos, además de 9.448 kilos de hoja de coca, evidenciando la capacidad logística de las redes desarticuladas.

Incautaciones récord en 2024

El operativo en Putumayo se suma a otros logros recientes en la lucha contra el narcotráfico, como la incautación de 500 paquetes de clorhidrato de cocaína en un contenedor de cacao en Cartagena. En 2024, Colombia alcanzó un récord en incautaciones, decomisando 848,5 toneladas de cocaína, un incremento del 14% respecto al año anterior, lo que supone una pérdida de $30.794 millones para las redes de narcotráfico.

Captura de un capo internacional: alias ‘El Indio’

Paralelamente a la destrucción de laboratorios, las autoridades capturaron a Luis Guillermo Estupiñán Quiñones, alias ‘El Indio’ o ‘Memo’, un poderoso narcotraficante colombo-ecuatoriano. Este individuo, requerido por la Corte del Distrito Sur de California, lideraba una red logística especializada en el transporte de cocaína hacia centros de acopio en Buenaventura y zonas clandestinas en Nariño, Cauca y Ecuador.

El rol estratégico de alias ‘El Indio’

‘El Indio’ aprovechaba su doble nacionalidad para fortalecer redes criminales en zonas costeras estratégicas y trazaba rutas a través de los ríos Caquetá y Putumayo, aprovechando la disputa territorial entre grupos armados. Su captura representa un golpe significativo a las operaciones del narcotráfico en estas regiones.

Desafíos persistentes en la lucha contra el narcotráfico

Aunque los resultados de estos operativos son alentadores, el narcotráfico en Colombia sigue enfrentando múltiples retos. En 2023, el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) reportó la presencia de 50.343 hectáreas de cultivos de coca en Putumayo y 64.990 en Nariño, lo que demuestra la persistencia del problema.

Factores que complican el panorama

La complejidad del narcotráfico en Colombia está ligada a factores sociales, económicos y geográficos que hacen del país un punto clave para la producción y tráfico de cocaína. Además, las disidencias armadas y otros grupos ilegales continúan disputándose el control de estas zonas estratégicas, dificultando los esfuerzos para erradicar el problema.

Colombia ha demostrado un compromiso significativo en la lucha contra el narcotráfico, pero los esfuerzos deben complementarse con estrategias integrales que incluyan desarrollo social y económico para las comunidades afectadas.

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La Fiscalía ordena encarcelar a 24 militares por masacre en Putumayo

En una decisión histórica, la Fiscalía General de la Nación ha ordenado la medida de aseguramiento en centro carcelario contra el coronel Andrés Cadena Bautista y 23 militares más por su participación en la masacre de 11 personas, incluyendo un gobernador indígena y un menor de edad, durante una operación militar en Alto Remanso, Putumayo. Este hecho ha generado gran controversia y cuestionamientos sobre las operaciones militares realizadas durante el gobierno de Iván Duque.

Operación «Mahlon No. 5» y su trágico desenlace

Contexto y ejecución de la operación

El 28 de marzo de 2022, en el caserío Alto Remanso, se llevó a cabo la operación militar denominada «Mahlon No. 5», dirigida por el coronel Andrés Cadena Bautista. Durante un bazar comunitario, soldados del Ejército Nacional abrieron fuego indiscriminadamente, resultando en la muerte de 11 personas y cinco heridos, entre ellos una mujer embarazada. Las víctimas incluían a un gobernador indígena, un líder comunitario y un menor de edad, lo que generó una fuerte condena pública.

Declaraciones oficiales y reacciones

Horas después del operativo, el entonces presidente Iván Duque y el exministro de Defensa Diego Molano afirmaron que las víctimas eran disidentes de las FARC. Duque destacó en un trino que «se había logrado la neutralización de 11 integrantes de disidencias de las FARC y la captura de 4 criminales más en Puerto Leguízamo (Putumayo).» Sin embargo, el actual presidente Gustavo Petro, junto con testimonios de la comunidad, señalaron que las víctimas eran civiles desarmados, incluyendo niños, desmintiendo las declaraciones oficiales.

Investigaciones y hallazgos

Testimonios de la comunidad

Abundantes testimonios de la comunidad, documentados por Vorágine, El Espectador y Cambio, indican que los soldados que llegaron a la vereda se presentaron como guerrilleros del frente Carolina Ramírez de las disidencias de las FARC. Estos soldados estaban disfrazados de insurgentes con camisetas negras y capuchas, creando un ambiente de hostilidad para justificar el ataque indiscriminado contra la población civil.

Manipulación de la escena del crimen

La investigación de la Fiscalía reveló que, tras el operativo, los militares se vistieron con sudaderas, camisetas y pañoletas para aparentar ser miembros de un Grupo Armado Organizado al margen de la ley. Esta manipulación de la escena del crimen tenía como objetivo encubrir sus acciones, según relatos del fiscal encargado del caso. Las evidencias recopiladas contradicen las declaraciones iniciales del exministro de Defensa Diego Molano y el expresidente Iván Duque.

Implicaciones legales y derechos humanos

Violación del Derecho Internacional Humanitario

El fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos afirmó que el operativo violó los principios de humanidad y proporcionalidad establecidos en el Derecho Internacional Humanitario. Las víctimas eran civiles que no participaban activamente en las hostilidades, y el daño causado fue excesivo en comparación con la ventaja militar buscada por el Ejército.

Medidas de aseguramiento y cargos

La medida de aseguramiento dictada por el juez promiscuo municipal con función de control de garantías incluye a tres oficiales, cuatro suboficiales y 17 soldados, quienes enfrentarán cargos por homicidio en persona protegida consumado y tentativa. Los acusados permanecerán en el centro de reclusión del Batallón de Ingenieros No. 13 en Bogotá mientras continúa la investigación.

La justicia ha comenzado a tomar su curso en uno de los casos más controvertidos de los últimos años en Colombia. Este caso no solo pone en tela de juicio las acciones del Ejército Nacional, sino que también resalta la importancia de proteger los derechos humanos y la vida de los civiles en cualquier operativo militar.

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