La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá revocó por completo la condena impuesta al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Con esta decisión, el alto tribunal absolvió al líder del Centro Democrático de todos los cargos que lo vinculaban con la presunta manipulación de testigos relacionados con casos de paramilitarismo, cerrando así uno de los procesos judiciales más polémicos de los últimos años en Colombia.

Tribunal exonera a Uribe tras falta de pruebas

Magistrados concluyen que no hubo delito comprobado

Los magistrados Manuel Antonio Merchán, Alexandra Ossa y María Leonor Oviedo determinaron que no existían elementos probatorios suficientes que acreditaran que el exmandatario hubiera ordenado o inducido acciones delictivas. La decisión se basó en un extenso fallo de más de 700 páginas y 2.000 párrafos, donde se analizó detalladamente el papel de Uribe en las actuaciones investigadas.

El Tribunal absolvió al expresidente en los casos relacionados con Carlos Enrique Vélez (alias Víctor), Eurídice Cortés (alias Diana) y Juan Guillermo Monsalve, testigos claves en el proceso. Según el pronunciamiento, no se comprobó ninguna instrucción directa de Uribe ni la existencia de una subordinación funcional entre él y su exabogado Diego Cadena, quien también fue investigado en el marco del mismo expediente.

Interceptaciones declaradas ilícitas

Uno de los puntos más relevantes del fallo fue la exclusión de las interceptaciones telefónicas realizadas al celular de Álvaro Uribe durante la investigación de la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados calificaron dichas pruebas como el “fruto de una obtención ilícita”, al considerar que vulneraron el derecho fundamental a la intimidad del exmandatario.

El Tribunal también rechazó el argumento de “error razonable” que había sido utilizado en primera instancia para justificar el uso de esas escuchas. Sin embargo, mantuvo las interceptaciones a Diego Cadena, al considerar que la reserva profesional abogado-cliente no aplica cuando existen indicios de la comisión de delitos.

Contraste con el fallo anterior

Una condena anulada en su totalidad

Esta decisión revierte el fallo proferido en julio de 2025 por la jueza Sandra Liliana Heredia Aranda, quien había declarado culpable a Uribe y lo había descrito como el “articulador de una red criminal” dedicada a sobornar testigos. En ese momento, la jueza impuso una condena de 12 años de prisión domiciliaria, decisión que ahora queda sin efecto tras el pronunciamiento del Tribunal Superior.

El nuevo fallo también desestimó la solicitud de nulidad bajo la doctrina del “fruto del árbol envenenado”, al considerar que la exclusión de las pruebas obtenidas ilegalmente era suficiente para garantizar el debido proceso.

Contexto político y repercusiones

La absolución de Álvaro Uribe genera profundas implicaciones políticas y judiciales. El expresidente, quien siempre sostuvo su inocencia y denunció una persecución de carácter político, ve ahora reivindicado su nombre tras años de procesos y controversias.

El líder del Centro Democrático podría retomar un papel más activo en la vida política nacional, especialmente en el contexto de las elecciones de 2026. Su partido, que había mostrado un marcado declive en apoyo popular, podría encontrar en este fallo una oportunidad para reconfigurar su imagen ante la opinión pública.

Implicaciones para la justicia colombiana

Debate sobre la legitimidad de las pruebas

La decisión de excluir las interceptaciones telefónicas reabre el debate sobre los límites de la investigación judicial y el respeto a la intimidad personal. Para los magistrados, la legalidad de la prueba no puede subordinarse al interés del caso, por lo que cualquier irregularidad en su obtención compromete la validez de todo el proceso.

Expertos en derecho penal han señalado que esta sentencia sienta un precedente relevante en materia de garantías procesales, pues refuerza la protección de los derechos fundamentales frente a actuaciones irregulares del Estado.

Un caso que marca la historia judicial del país

Con esta resolución, el Tribunal Superior de Bogotá cierra uno de los procesos judiciales más mediáticos en la historia reciente de Colombia, en el que se enfrentaron versiones encontradas sobre la supuesta manipulación de testigos vinculados al paramilitarismo.

La absolución definitiva de Álvaro Uribe no solo tiene efectos jurídicos, sino que también impacta la percepción ciudadana sobre la independencia del poder judicial y la relación entre la justicia y la política en el país.

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El presidente Gustavo Petro reavivó la polémica en redes sociales al responder a las críticas de su predecesor, Iván Duque, sobre la figura de la inversión forzosa. Petro no solo calificó a Duque de “mentiroso”, sino que también lo acusó de promover «calumnias» a través de su red de extrema derecha. El actual mandatario defendió la medida, señalando que busca fomentar la inversión en sectores productivos, mientras acusa a la oposición de haber implementado estrategias similares en el pasado.

El expresidente Duque de nuevo le miente al país. Difunde la calumnia con su red de extrema derecha haciendo ver que la inversión forzosa, que deben hacer los bancos en créditos a la producción y no con créditos a la especulación o la economía fósil, es una forma de expropiación…

— Gustavo Petro (@petrogustavo) August 14, 2024

La inversión forzosa: ¿una forma de expropiación?

El debate sobre la inversión forzosa se ha convertido en un tema central de discusión en Colombia. Petro insistió en que esta medida no debe confundirse con una expropiación, como asegura la oposición, sino como una herramienta para redirigir los recursos financieros hacia sectores que generen producción, empleo y crecimiento económico.

En su declaración, Petro recordó que durante el gobierno de Iván Duque, se planteó un proyecto similar a través del decreto 562. Este decreto establecía una inversión obligatoria dirigida a apoyar proyectos específicos, lo que, según el actual presidente, contradice las críticas que hoy hacen los sectores afines a Duque.

Argumentos de la oposición y la defensa de Petro

Para la oposición, la propuesta de inversión forzosa es vista como una intervención estatal que podría distorsionar el libre mercado. Sin embargo, Petro replicó que este tipo de medidas se han aplicado con éxito en el sector agrícola durante décadas y que, en esta ocasión, se pretende extenderlas a industrias como la exportación no tradicional, el mejoramiento de vivienda y el turismo.

“Es una falacia afirmar que esta medida es una forma de expropiación,” expresó Petro en su cuenta de X (antes Twitter). Además, señaló que la extrema derecha es “cínica” al criticar una propuesta que, según él, ellos mismos impulsaron cuando Duque estaba en el poder.

El impacto de la propuesta en la economía colombiana

El gobierno de Gustavo Petro ha defendido esta iniciativa como parte de su estrategia para reactivar la economía nacional. La inversión forzosa busca garantizar que los recursos financieros se utilicen para proyectos productivos en lugar de alimentar la especulación financiera. De esta manera, el Ejecutivo busca incentivar sectores clave que puedan contribuir al desarrollo económico y social del país.

No obstante, los críticos argumentan que este tipo de medidas podría ahuyentar la inversión extranjera y generar un clima de incertidumbre entre los empresarios, quienes verían limitada su libertad para decidir dónde colocar sus capitales.

El contexto político detrás del debate

El intercambio entre Petro y Duque no solo refleja una diferencia de enfoque económico, sino también un enfrentamiento político de larga data. La discusión se enmarca en un contexto en el que la polarización sigue siendo un factor predominante en la política colombiana. Ambos líderes representan visiones contrapuestas: mientras Petro promueve un modelo de intervención estatal para garantizar el bienestar social, Duque y sus aliados defienden una economía de mercado con menor injerencia gubernamental.

El cruce de declaraciones ha sido particularmente intenso en redes sociales, donde Petro acusó a la oposición de “Fake News” y de desinformar a sus seguidores, creando una narrativa errónea sobre las intenciones del gobierno.

Perspectivas a futuro

El debate sobre la inversión forzosa está lejos de concluir. Con sectores divididos entre quienes ven en esta medida una oportunidad para dinamizar la economía y quienes la consideran una amenaza para la libertad empresarial, el gobierno de Petro tendrá que enfrentar múltiples desafíos para llevar adelante su propuesta. La viabilidad de esta estrategia dependerá, en gran medida, de la capacidad del Ejecutivo para generar confianza tanto en los actores económicos nacionales como internacionales.

El presidente Gustavo Petro ha dejado claro que no dará marcha atrás en su intención de implementar políticas que, según él, están orientadas a beneficiar al país en su conjunto. Mientras tanto, la oposición continúa alerta y crítica ante cualquier intento de modificar las reglas del juego económico.

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