La más reciente medición de Invamer dejó al descubierto un reordenamiento en las preferencias electorales del país. Iván Cepeda encabeza la intención de voto presidencial con un 31,9 %, desplazando a otros aspirantes que venían consolidando sus campañas. La encuesta evidencia un panorama político dinámico, con aspirantes que buscan posicionarse frente a un electorado cada vez más exigente.

Cepeda encabeza la intención de voto

Diferencias amplias frente a sus competidores

Según la encuesta “Colombia Opina #19”, Cepeda supera ampliamente a Abelardo de la Espriella, quien obtiene 18,2 %, y a Sergio Fajardo, que registra 8,5 %. Esta tendencia confirma su fortaleza de cara a la primera vuelta presidencial, consolidándose como la figura con mayor respaldo ciudadano en este momento.

Escenarios alternativos de competencia

Tres candidatos dominan la contienda

El estudio también simuló un escenario con solo tres candidatos, manteniendo a Cepeda en el primer lugar con 45,6 % de intención de voto, por encima de De la Espriella (25,6 %) y Fajardo (24,9 %), lo que refuerza su posición como principal contendor presidencial.

Proyecciones hacia una eventual segunda vuelta

Cepeda vence en todos los escenarios analizados

En posibles enfrentamientos de segunda vuelta, Cepeda derrotaría tanto a De la Espriella como a Fajardo, con ventajas que oscilan entre 12 y 23 puntos porcentuales, de acuerdo con Invamer. Fajardo, por su parte, superaría únicamente a De la Espriella en un eventual duelo final.

La investigación, realizada entre el 15 y el 27 de noviembre a 3.800 personas en 148 municipios, tiene un margen de error del 1,81 % y un nivel de confianza del 95 %, lo que le otorga validez estadística y relevancia para la opinión pública.

El panorama electoral colombiano se mantiene en transformación. El liderazgo de Iván Cepeda plantea interrogantes sobre la capacidad de sus adversarios de atraer a los indecisos y construir alianzas sólidas en un contexto de alta fragmentación política. Lo que está claro es que la contienda presidencial ingresa en una fase decisiva, donde las estrategias mediáticas y el discurso político jugarán un papel determinante para captar el voto ciudadano.

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El pronunciamiento del presidente Gustavo Petro reactivó el debate institucional en Colombia luego de que la Procuraduría General de la Nación ratificara la suspensión e inhabilidad por seis meses contra el exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle, decisión que también impacta su aspiración presidencial. El mandatario reiteró que “las autoridades administrativas no pueden suspender derechos políticos”, cuestionando la validez y alcance de la sanción en un contexto donde se discute el respeto a la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

Petro cuestiona la sanción contra Daniel Quintero

El organismo de control mantuvo en segunda instancia la suspensión y la inhabilidad contra Quintero por la presunta participación en política derivada del video conocido como “el cambio en primera”, difundido en mayo de 2022. Según la Procuraduría, el mensaje representó un apoyo directo al entonces candidato Gustavo Petro, vulnerando la prohibición que tienen los servidores públicos de intervenir en actividades proselitistas.

La decisión también incluyó una multa cercana a los $100 millones, además de la restricción para ejercer cargos públicos durante el periodo señalado, aunque Quintero ya no ocupa ninguna función administrativa. El exalcalde se pronunció a través de redes sociales, donde anunció su intención de apelar ante el Consejo de Estado y defendió su actuación como parte de su libertad de expresión.

Los argumentos de Quintero y el impacto político

En declaraciones a medios nacionales, Quintero cuestionó lo que calificó como un trato desigual por parte de los entes de control, señalando que sus opositores también hicieron pronunciamientos de carácter político sin recibir sanciones. Afirmó que busca “balance” en las investigaciones y recordó que, según la normativa internacional, los funcionarios elegidos por voto popular no deberían ser suspendidos administrativamente de sus derechos políticos.

La sanción se da en un momento clave para su trayectoria, pues afecta directamente su precandidatura presidencial. Para sus seguidores, esto representa una limitación al pluralismo político; para sus críticos, es la consecuencia de una conducta reiterada y contraria a las restricciones legales vigentes.

El proceso judicial por el caso Aguas Vivas

Paralelo a la sanción disciplinaria, inició el proceso judicial por el caso Aguas Vivas, en el que Quintero y 12 personas más —entre ellas nueve exfuncionarios— son investigados por presuntas irregularidades relacionadas con un lote ubicado entre El Poblado y Las Palmas, cedido gratuitamente al municipio en 2019. La Fiscalía sostiene que particulares intentaron reclamar más de $53.000 millones al Distrito mediante maniobras irregulares durante la administración de Quintero.

El expediente, que contiene más de 3.900 pruebas, incluye correos, inspecciones judiciales, informes técnicos y material fotográfico. Las autoridades investigan presuntos delitos de peculado y participación indebida en contratos, así como una posible modificación irregular del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) mediante decreto.

El actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, recordó que esta acción judicial surgió de una denuncia interpuesta desde la administración local, y precisó que el caso Aguas Vivas hace parte de un total de 650 hallazgos entregados a los entes de control al cierre del gobierno de Quintero.

Sin importar la presión mediática y judicial, Quintero sostuvo que seguirá defendiendo su nombre y su trabajo público, insistiendo en que las decisiones de la Procuraduría deben responder a criterios de imparcialidad y respeto por los derechos políticos de los ciudadanos electos mediante voto popular.

Un escenario de tensiones institucionales

La reacción del presidente Petro elevó el debate a un plano nacional, reabriendo la discusión sobre los alcances de la Procuraduría y la aplicación de estándares internacionales en materia de derechos políticos. Para el Gobierno, la suspensión vulneraría la Convención Interamericana, mientras que el ente disciplinario defiende su competencia en el control de la conducta de los servidores públicos.

El caso continúa generando repercusiones políticas y jurídicas, especialmente en un país donde la relación entre los organismos de control, los funcionarios electos y la justicia sigue siendo un tema de constante controversia.

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A los 61 años, Juan Fernando Cristo confirmó que buscará la Presidencia de la República, una decisión que amplía aún más el abanico de aspirantes que se preparan para la contienda electoral de 2026. El exministro del Interior oficializó su candidatura ayer en Bogotá, en un evento que marca su regreso al escenario político nacional.

La apuesta presidencial de Juan Fernando Cristo

Cristo se presentará por el movimiento En Marcha y participará en la consulta del Frente Amplio, programada para el 8 de marzo de 2026. Competirá junto a figuras como Roy Barreras y Camilo Romero, consolidando una oferta política que busca unir diversos sectores progresistas y de centro.

Trayectoria y legado político

Cristo fue senador durante cuatro períodos consecutivos desde 1998 y presidió el Senado entre 2013 y 2014. Durante su paso por el Congreso impulsó reformas políticas e iniciativas clave para la inclusión social, consolidando una reputación como articulador y negociador.

Protagonista en el proceso de paz

En el Gobierno de Juan Manuel Santos lideró la implementación de los Acuerdos de Paz con las FARC. Su papel fue central en la construcción del marco jurídico que permitió avanzar en la desmovilización y el tránsito hacia la reincorporación. Su defensa del proceso de paz ha sido uno de los pilares de su discurso político.

Su salida del Gobierno Petro

Cristo dejó el Ministerio del Interior en 2025, luego del fallido consejo de ministros televisado del 4 de febrero, donde se presentaron fuertes tensiones entre altos funcionarios. La crisis institucional al interior del Ejecutivo precipitó su salida y abrió paso a su regreso a la contienda electoral.

Una figura que busca tender puentes

Tras abandonar el gabinete, Cristo retomó su línea tradicional: promover el diálogo entre sectores enfrentados. Su candidatura refleja esa intención y se proyecta como una opción enfocada en la reconciliación política, la gobernabilidad y el fortalecimiento democrático.

La historia personal que marca su carrera

Nacido en Cúcuta, Cristo es hijo de Jorge Cristo Sahium, asesinado en 1997 por el ELN. Este hecho marcó profundamente su trayectoria pública. Su apuesta por el diálogo y la búsqueda de consensos se relaciona con su historia familiar y su visión del conflicto armado.

Formación y compromiso público

Abogado de la Universidad de los Andes, Cristo ha construido una carrera basada en la gestión pública y el trabajo legislativo. Su nombre ha estado ligado a debates cruciales para el país, desde la paz hasta las reformas institucionales.

Un candidato que amplía el panorama electoral

La entrada de Juan Fernando Cristo añade un nuevo matiz a una contienda presidencial en la que varios exministros, exembajadores y líderes regionales buscan consolidar su propio espacio. Su experiencia, trayectoria y enfoque conciliador se perfilan como los ejes centrales de una campaña que promete dinamizar el debate político en los meses previos a la consulta del Frente Amplio.

Al dar este paso, Cristo se suma a un escenario competitivo, diverso y marcado por el interés de múltiples sectores. Su candidatura pretende convertirse en un punto de encuentro para quienes buscan estabilidad, diálogo y reformas profundas.

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El reciente acercamiento entre los expresidentes César Gaviria y Álvaro Uribe Vélez ha provocado una profunda fractura en el Partido Liberal Colombiano, que enfrenta una de sus mayores crisis internas en décadas. Gran parte de la bancada liberal considera que la alianza contradice los principios históricos del liberalismo y debilita su papel como fuerza socialdemócrata en el panorama político colombiano.

La alianza que sacudió al liberalismo

Un acuerdo sin consenso interno

El anuncio del pacto político entre Gaviria y Uribe, de cara a las elecciones presidenciales de 2026, generó rechazo en la mayoría de congresistas liberales. Los parlamentarios afirman que el expresidente Gaviria no estaba autorizado para comprometer al partido sin la aprobación de la Convención Liberal, máximo órgano decisorio de la colectividad.

Para muchos, esta movida representa un intento de entregar el liberalismo al uribismo, corriente con la que existen profundas diferencias ideológicas. Los liberales que se oponen al pacto recuerdan que su partido pertenece a la Internacional Socialista y mantiene una vocación de centro-izquierda, centrada en la reducción de las desigualdades y la defensa de los derechos civiles.

La alianza, sin embargo, ha sido interpretada por el sector más cercano a Gaviria como un esfuerzo por “unir fuerzas en pro de la estabilidad económica y la seguridad del país”, justificando la necesidad de coaliciones amplias para enfrentar el poder del actual gobierno.

Tensiones entre la bancada y la dirección

Un partido ideológicamente dividido

De los 33 representantes liberales en la Cámara, 25 respaldan al gobierno del presidente Gustavo Petro, mientras que 8 de los 13 senadores hacen lo mismo. Estas cifras evidencian que la mayoría del liberalismo legislativo se ubica hoy más cerca del progresismo que del uribismo, lo que deja a la dirección de Gaviria en una posición minoritaria dentro del partido.

Los congresistas inconformes sostienen que una alianza con Uribe no solo contradice la historia del partido, sino que también puede anular su identidad socialdemócrata, construida a lo largo de más de un siglo. Además, recuerdan que la última vez que el liberalismo pactó con el uribismo, durante la campaña de Federico Gutiérrez en 2022, el resultado fue una derrota estrepitosa.

Pese a las críticas, sectores liberales más conservadores defienden la unión con el Centro Democrático como una alternativa viable para derrotar al oficialismo. “Ningún partido gana solo”, sostienen, al tiempo que promueven la creación de una gran coalición de derecha y centro-derecha para 2026.

El efecto Uribe y la nueva coalición

Reconfiguración del mapa político hacia 2026

La reunión entre Gaviria y Uribe se enmarca en una estrategia más amplia del expresidente antioqueño para articular una gran coalición de partidos que lo respalden en su retorno al escenario electoral. Uribe ha confirmado contactos con líderes como Germán Vargas Lleras, Enrique Peñalosa, Sergio Fajardo y Aníbal Gaviria, buscando construir un frente unificado contra el gobierno actual.

Este giro político ha despertado suspicacias incluso entre quienes históricamente se ubicaban en el centro. Claudia López, exalcaldesa de Bogotá y aspirante presidencial, rechazó cualquier acercamiento con sectores que denomina “enclosetados de derecha”, advirtiendo que terminarán subordinados al liderazgo de Uribe.

Por su parte, el exministro Mauricio Cárdenas propone un proyecto de centro-derecha “ni de extrema izquierda ni de extrema derecha”, con miras a consolidar una opción que represente estabilidad y desarrollo económico. Sin embargo, la línea divisoria entre el centro y la derecha parece cada vez más difusa en medio de las nuevas alianzas que reconfiguran el panorama político.

Un partido en crisis de identidad

Entre la historia y la conveniencia

El Partido Liberal, una de las colectividades más antiguas de América Latina, enfrenta hoy un dilema existencial. La tensión entre su tradición socialdemócrata y las alianzas coyunturales por conveniencia política amenaza con fragmentar su base electoral y diluir su discurso ideológico.

Para algunos analistas, la maniobra de César Gaviria podría ser vista como una estrategia de supervivencia partidaria ante el avance del petrismo y el debilitamiento de la oposición tradicional. No obstante, sus críticos sostienen que el liberalismo no puede sacrificar su identidad por un cálculo electoral, menos aún en un contexto donde el uribismo representa un proyecto antagónico a sus banderas históricas.

En este escenario, el reto del Partido Liberal no solo será decidir si respalda la alianza o la rechaza, sino redefinir su papel en una Colombia que parece avanzar hacia nuevas configuraciones políticas.

La fractura generada por la alianza Gaviria-Uribe podría marcar el inicio de una recomposición total del espectro político colombiano, con consecuencias que irán más allá de la elección de 2026.

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La reciente decisión del Nuevo Liberalismo de retirar a Alejandro Gaviria como cabeza de lista al Senado ha generado un intenso debate en el panorama político colombiano. Las tensiones internas dentro de la coalición “Ahora Colombia”, conformada por el Nuevo Liberalismo, Mira y Dignidad & Compromiso, reflejan las profundas diferencias ideológicas que dificultan la consolidación de un bloque de centro en el país.

La caída de Alejandro Gaviria

Un veto político y religioso

El nombre de Alejandro Gaviria, exministro de Educación y figura reconocida por su independencia ideológica, se convirtió en motivo de discordia dentro de la coalición. Aunque en un principio fue designado como cabeza de lista al Senado, su postulación fue vetada principalmente por el partido Mira, que se opuso tanto por razones ideológicas —su condición de ateo— como por su participación en el gobierno de Gustavo Petro.

El partido Dignidad & Compromiso, liderado por Jorge Enrique Robledo y Sergio Fajardo, también expresó reparos hacia su nombramiento. Las tensiones se intensificaron cuando se recordó que Robledo fue uno de los principales críticos de Gaviria durante su gestión como ministro de Salud, lo que acentuó la imposibilidad de consenso dentro de la coalición.

La propuesta de Mauricio Gaona

Un giro simbólico y jurídico

Ante la crisis, Juan Manuel Galán, líder del Nuevo Liberalismo, anunció públicamente una nueva apuesta: invitar al abogado constitucionalista Mauricio Gaona a encabezar la lista al Senado. En un video difundido en redes sociales, Galán evocó el legado de sus padres, Luis Carlos Galán Sarmiento y Manuel Gaona, ambos símbolos de justicia y democracia en Colombia.

El mensaje fue claro: “Colombia enfrenta nuevamente un abismo constitucional”, afirmó Galán, advirtiendo sobre los riesgos de un proyecto político que —según dijo— amenaza con convertir al país en una “narco-dictadura constitucional”. En ese contexto, el llamado a Gaona busca reivindicar los principios éticos y democráticos que inspiraron el nacimiento del Nuevo Liberalismo.

Sin embargo, aún no se ha confirmado si Gaona aceptará el ofrecimiento. De hacerlo, representaría una figura nueva en la arena electoral, sin experiencia previa en campañas, pero con un alto reconocimiento en el ámbito jurídico.

Las tensiones de una coalición diversa

Diferencias ideológicas que complican el consenso

La coalición “Ahora Colombia” es una mezcla de contrastes: Mira representa el sector cristiano y conservador, Dignidad & Compromiso se identifica con la izquierda moderada y el Nuevo Liberalismo con un centro progresista. Esta diversidad ha convertido la elección de una cabeza de lista en un verdadero desafío político.

El debate sobre Gaviria reveló que las discrepancias entre las bases religiosas y las posturas laicas son más profundas de lo que se percibía. Para el Mira, el ateísmo del exministro fue una línea roja; para Dignidad & Compromiso, su paso por el gabinete de Petro resultó inaceptable. En ambos casos, su perfil no encajaba con la identidad que los partidos desean proyectar ante el electorado.

El riesgo de repetir la historia

Una coalición en busca de relevancia

El Nuevo Liberalismo ya había enfrentado una derrota significativa en las elecciones legislativas de 2022, cuando no logró superar el umbral electoral. Por ello, el retiro de Gaviria se interpreta como un intento por evitar una nueva fractura interna que ponga en riesgo la viabilidad del proyecto.

De confirmarse la candidatura de Mauricio Gaona, la coalición apostaría por un perfil ético, técnico y sin vínculos con el petrismo, buscando atraer a votantes de centro y sectores descontentos con el actual gobierno. No obstante, varios analistas han advertido que Gaona carece del reconocimiento electoral de Gaviria, lo que podría limitar la capacidad de la lista para obtener una representación significativa en el Congreso.

El escenario electoral se torna aún más complejo si se tiene en cuenta que las listas serán abiertas, lo que significa que el voto preferente jugará un papel determinante. En ese contexto, la fuerza organizativa de los partidos tradicionales y religiosos podría marcar la diferencia frente a las figuras de opinión.

La decisión de reemplazar a Alejandro Gaviria no solo redefine la estrategia del Nuevo Liberalismo, sino que también expone las dificultades del centro político colombiano para construir un discurso coherente y unificado. En un país polarizado, donde los extremos dominan la narrativa pública, las coaliciones moderadas enfrentan el reto de sobrevivir sin perder identidad.

El desenlace de esta historia dependerá de la respuesta de Mauricio Gaona y de la capacidad del Nuevo Liberalismo para mantener el equilibrio entre principios éticos, pragmatismo electoral y unidad interna. Lo cierto es que el episodio ha dejado al descubierto una realidad innegable: el centro político colombiano sigue buscando su voz y su liderazgo.

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La reciente consulta del Pacto Histórico, celebrada el pasado 26 de octubre, me deja una mezcla de sensaciones encontradas. Por un lado, reconozco el enorme valor democrático de un ejercicio que convocó a más de 2,7 millones de ciudadanos, un hecho que reafirma la vitalidad política de la izquierda colombiana. Sin embargo, también percibo las grietas internas de una coalición que, aunque celebra su capacidad de movilización, enfrenta tensiones profundas en su estructura y liderazgo.

No puedo negar que la victoria de Iván Cepeda con más del 65 % de los votos constituye un hito para el progresismo. Su triunfo representa el respaldo a una figura que ha construido su carrera sobre la defensa de los derechos humanos, la paz y la justicia social. En lo personal, valoro que esta consulta haya servido para institucionalizar al Pacto Histórico como una fuerza política con mecanismos democráticos propios, alejándose de la improvisación que en otras épocas marcó a los movimientos alternativos.

Este proceso interno evidenció una izquierda más organizada, capaz de debatir públicamente y dirimir sus diferencias en las urnas. La introducción de las listas cerradas con alternancia de género (cremallera) es, sin duda, un paso hacia la paridad y la modernización política. Pero, más allá de las formas, la consulta demuestra que el Pacto Histórico ha logrado consolidar una base social movilizada, que reconoce en este proyecto una alternativa real frente a la política tradicional.

No obstante, como ciudadano, no puedo ignorar que el proceso también dejó heridas abiertas. La retirada de figuras como Daniel Quintero, alegando falta de garantías jurídicas y los constantes ataques hacia Carolina Corcho, reflejó la persistente desconfianza entre sectores progresistas. Esta situación plantea una pregunta crucial: ¿puede un movimiento avanzar hacia la unidad si internamente prevalecen los intereses personales sobre la visión colectiva?

En mi opinión, el Pacto Histórico corre el riesgo de caer en una autocomplacencia peligrosa. Ganar una consulta interna es importante, pero no garantiza el éxito en las elecciones de 2026. La verdadera prueba será construir un proyecto que trascienda la retórica ideológica y se traduzca en resultados concretos para el país. Si la coalición no logra superar sus diferencias internas y ampliar su base hacia sectores moderados, su victoria podría ser efímera.

El panorama político que deja esta consulta es complejo. Iván Cepeda emerge como el líder indiscutible del progresismo, pero su desafío será mantener cohesionada una coalición diversa, con tensiones entre movimientos sociales, sectores sindicales, feministas y corrientes más institucionales. En lo personal, creo que esta elección no solo definió un candidato, sino también el tipo de liderazgo que la izquierda ofrecerá al país: uno que puede optar por el diálogo y la inclusión, o caer en el sectarismo que históricamente ha limitado sus avances.

La consulta del Pacto Histórico, con todas sus luces y sombras, representa una oportunidad para demostrar que la izquierda colombiana puede gobernar con responsabilidad, pluralismo y visión de país. No basta con movilizar a millones de simpatizantes; se requiere construir confianza y credibilidad ante una ciudadanía cansada de promesas incumplidas. Si Cepeda logra tender puentes con los sectores independientes y garantizar gobernabilidad, este proceso podría marcar el inicio de una nueva etapa en la política nacional.

En lo personal, me quedo con una convicción: Colombia necesita más debates como este, más participación ciudadana, más ejercicios de democracia interna. Pero también necesita menos egos, menos fragmentación y más sentido de propósito. De lo contrario, la consulta que hoy celebramos podría ser recordada no como un triunfo, sino como la antesala de una oportunidad desperdiciada.

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El Senado de la República aprobó el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2026, por un monto de 546,9 billones de pesos, consolidando el marco financiero con el que el Gobierno nacional ejecutará sus principales políticas públicas el próximo año. Con 50 votos a favor y 27 en contra, la plenaria acogió el texto avalado por la Cámara de Representantes, culminando el trámite legislativo que ahora pasa a sanción presidencial por parte de Gustavo Petro, quien deberá promulgarlo oficialmente en los próximos días.

Un presupuesto con enfoque en inversión y sostenibilidad fiscal

El nuevo presupuesto aprobado establece los recursos destinados a funcionamiento, inversión y servicio de la deuda, los tres ejes sobre los que se sostiene la ejecución del gasto público nacional. Según fuentes del Ministerio de Hacienda, una porción significativa del presupuesto se orientará a programas sociales, infraestructura y transición energética, prioridades estratégicas del actual gobierno.

Distribución de los recursos

De los 546,9 billones de pesos aprobados, se estima que una parte importante se destinará al financiamiento de políticas sociales en materia de educación, salud y vivienda. Además, el Ejecutivo ha manifestado su compromiso con fortalecer la inversión en proyectos de desarrollo regional, buscando equilibrar las brechas históricas entre territorios urbanos y rurales.

El presupuesto también contempla recursos para garantizar el servicio de la deuda pública, un componente esencial para mantener la estabilidad fiscal del país. Este equilibrio, según el Ministerio de Hacienda, es fundamental para preservar la confianza de los mercados internacionales y garantizar la sostenibilidad del gasto a largo plazo.

Debate político en el Congreso

La aprobación del presupuesto no estuvo exenta de controversias. Mientras la coalición de gobierno respaldó la iniciativa, varios sectores de la oposición expresaron preocupaciones sobre la viabilidad de algunas proyecciones económicas y el nivel de endeudamiento que podría implicar el plan financiero.

Posiciones encontradas en el Senado

Durante la plenaria, representantes de los partidos opositores cuestionaron la priorización del gasto público, argumentando que ciertos sectores estratégicos, como la seguridad y la justicia, recibirían incrementos limitados frente a otros rubros. En contraste, los defensores del proyecto resaltaron que el nuevo presupuesto fortalece la inversión social y promueve la equidad económica, pilares del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Petro.

A pesar de las diferencias, la aprobación final contó con una mayoría clara en el Senado, consolidando el respaldo político necesario para avanzar hacia la ejecución de las metas gubernamentales.

Implicaciones y próximos pasos

Con la aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2026, el Gobierno nacional contará con la hoja de ruta financiera para el próximo año fiscal. La sanción presidencial, que se espera en los próximos días, formalizará su entrada en vigor.

Impacto en la política pública

La aprobación de este presupuesto permitirá al Ejecutivo impulsar proyectos estratégicos en materia de infraestructura, transición energética y desarrollo rural. Asimismo, marca un paso clave en la consolidación de un modelo económico orientado a reducir la desigualdad y fortalecer el crecimiento sostenible.

El reto para el Gobierno será garantizar la correcta ejecución de los recursos y mantener la confianza de los organismos internacionales y del sector privado, en un contexto económico que exige responsabilidad fiscal y eficiencia administrativa.

En suma, el Presupuesto General de la Nación 2026 no solo define la distribución de los recursos públicos, sino que traza el rumbo de las prioridades del Estado colombiano para los próximos años, consolidando la visión política y económica del actual gobierno.

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El Pacto Histórico ratificó la realización de su consulta presidencial y legislativa para el próximo 26 de octubre de 2025, pese a la renuncia del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. El movimiento, que agrupa a las principales fuerzas progresistas del país, continuará su proceso interno con los precandidatos Iván Cepeda y Carolina Corcho, bajo la supervisión de la Registraduría Nacional del Estado Civil y con la solicitud de garantías ante las autoridades electorales.

Pacto Histórico mantiene su hoja de ruta electoral

Continuidad tras la salida de Daniel Quintero

A través de un comunicado oficial, el Comité Político Nacional del Pacto Histórico confirmó que la jornada de consulta se realizará en la fecha prevista, con el acompañamiento institucional y dentro del marco legal. La decisión reafirma la voluntad del movimiento de consolidar su participación dentro del proyecto del Frente Amplio, con miras a las elecciones nacionales de 2026.

La renuncia de Daniel Quintero, quien argumentó riesgos jurídicos en la naturaleza interpartidista del proceso, no modificó la agenda interna del movimiento. El Pacto Histórico sostuvo que la consulta tendrá un carácter estrictamente partidista, lo cual permitirá que sus precandidatos continúen en la carrera electoral sin restricciones futuras.

El exalcalde de Medellín expresó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) había “matado la consulta” al declararla interpartidista, una decisión que, según él, vulneraba los derechos políticos del movimiento. Sin embargo, tanto Cepeda como Corcho manifestaron su firme decisión de continuar en la contienda y de exigir claridad jurídica sobre el proceso.

Exigencias de garantías y acompañamiento institucional

Solicitud de una mesa de garantías electorales

El movimiento político informó que solicitará a la Procuraduría General de la Nación la instalación urgente de una mesa de garantías electorales, con el fin de asegurar condiciones equitativas y transparentes en la jornada del 26 de octubre. Asimismo, pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la Registraduría Nacional la certificación formal del acuerdo de consulta y la definición de sus efectos jurídicos.

Estas solicitudes buscan disipar las dudas en torno al tipo de consulta que se realizará y evitar futuras inhabilidades. Según la legislación electoral, una consulta interpartidista impide a los participantes competir en otra consulta de coalición, como la del Frente Amplio, prevista para marzo de 2026.

Iván Cepeda, senador y precandidato, reiteró su compromiso con la jornada del 26 de octubre, al tiempo que solicitó al CNE “una certificación por escrito sobre el carácter partidista de la consulta, en cumplimiento de la ley y de los acuerdos políticos”.

Participación ciudadana y perspectivas hacia 2026

Llamado a las bases del movimiento

En su comunicado, el Pacto Histórico invitó a la ciudadanía a participar activamente en la consulta, resaltando que será el espacio para definir la precandidatura presidencial y las listas al Congreso que representarán al movimiento en las elecciones del próximo año.

Carolina Corcho, exministra de Salud y una de las figuras más visibles dentro del movimiento, reafirmó su compromiso con el proceso interno y expresó en su cuenta en la red social X: “Seguimos firmes en nuestra participación en la consulta del 26 de octubre”.

El movimiento destacó que la jornada del 26 de octubre constituye un paso decisivo en la consolidación de su proyecto político, enfocado en mantener la unidad del progresismo colombiano y fortalecer su representación en el Congreso.

Una cita clave para el progresismo colombiano

La decisión del Pacto Histórico de mantener su consulta pese a las dificultades demuestra una estrategia de cohesión interna frente a los desafíos jurídicos y políticos que enfrenta la coalición. El 26 de octubre será una fecha clave para medir la capacidad organizativa y el respaldo ciudadano del movimiento, en un contexto político marcado por tensiones institucionales y debates sobre la transparencia electoral.

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A menos de dos semanas del cierre del plazo para definir la participación en las consultas internas, el registrador nacional Hernán Penagos confirmó que solo el Pacto Histórico continuará con el mecanismo, mientras que el liberalismo y el Centro Democrático desistirán de hacerlo. La decisión marca un giro en la preparación de las elecciones de octubre y refleja tensiones dentro de los partidos tradicionales.

Partidos que renuncian a la consulta interna

El liberalismo y el Centro Democrático optan por no participar

El registrador explicó que, aunque aún queda tiempo hasta el 26 de septiembre para formalizar decisiones, los partidos Liberal y Centro Democrático ya habrían manifestado su intención de no asistir a las consultas internas. Esto deja al Pacto Histórico como el único movimiento que busca seleccionar candidatos y tomar decisiones estatutarias mediante este mecanismo.

El papel del Pacto Histórico

Con esta determinación, el Pacto Histórico se convierte en el único partido que asumirá el reto logístico y político de realizar una consulta abierta a la ciudadanía, en la que podrán definir listas al Congreso, precandidatos presidenciales y otros asuntos internos.

Fechas clave y proceso de inscripción

Inscripción de precandidatos

Según el calendario electoral, la inscripción de precandidatos ante la Registraduría Nacional se abrirá el 19 de septiembre y se extenderá hasta el 26 de septiembre. Durante este mismo periodo, los partidos que inicialmente decidieron realizar consultas aún podrán retractarse.

Logística de las consultas

Penagos destacó que la organización de estas consultas internas es semejante a unas elecciones nacionales, con mesas de votación, jurados, transmisión de resultados y divulgación pública. La jornada electoral se desarrollará entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m.

Retos de organización y regreso de Uribe

Un desafío logístico mayor

El registrador subrayó la complejidad del proceso, pues mientras unas elecciones ordinarias cuentan con más de un año de preparación, las consultas internas deben organizarse en apenas un mes, lo que representa un reto para la Registraduría en materia de recursos humanos, técnicos y logísticos.

Álvaro Uribe regresa al Senado

En paralelo, el Centro Democrático definió la reaparición del expresidente Álvaro Uribe en la contienda política. Uribe estará en la lista cerrada al Senado en el puesto número 25 para las elecciones de 2026, marcando su regreso formal tras su retiro en 2020 en medio de un proceso judicial. La colectividad conformará un comité de expertos para organizar el orden de los demás aspirantes en la lista.

El retorno del líder natural del uribismo refuerza el debate político en torno a la estrategia del partido, que pese a no acudir a consultas internas, buscará fortalecer su lista en las próximas elecciones.

La decisión del liberalismo y el Centro Democrático de no acudir a consultas internas abre espacio para que el Pacto Histórico concentre la atención en este mecanismo. Sin embargo, el regreso de Álvaro Uribe a la arena política asegura que el debate electoral de 2026 estará marcado por la confrontación entre los sectores tradicionales y los movimientos alternativos.

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El expresidente Álvaro Uribe Vélez anunció oficialmente su regreso a la política electoral, esta vez como candidato al Senado en las elecciones de 2026. Su nombre ocupará el puesto número 25 de la lista del Centro Democrático, que será cerrada, lo que implica que los electores votarán directamente por el partido y no por candidatos individuales. Esta decisión ha generado un amplio debate político y jurídico en el país, tanto por las implicaciones que tiene para su colectividad como por el impacto en el panorama electoral.

El regreso de Uribe al Congreso

Una lista cerrada con un nombre fijo

Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, confirmó que el único puesto asegurado en la lista es el del expresidente Uribe, mientras que los demás aspirantes serán definidos por un comité de expertos dentro del partido. La decisión de que la lista sea cerrada busca fortalecer la cohesión del uribismo y darle mayor peso a la marca partidista.

Impulso estratégico para el uribismo

Analistas como Pedro Viveros consideran que la candidatura de Uribe responde a la necesidad de reposicionar al Centro Democrático en un escenario de competencia política creciente. Según Viveros, el expresidente conserva un capital político sólido y aún despierta respaldo ciudadano en sectores que ven con descontento al actual gobierno. “Uribe entiende que el país se está moviendo hacia la centro derecha y la derecha, lo que le da espacio para jalonar la lista y fortalecer la oposición”, afirmó el experto.

Los retos internos del Centro Democrático

Dependencia de un liderazgo consolidado

María Lucía Jaimes, analista política, señaló que el regreso de Uribe refleja tanto la intención de recuperar protagonismo como la dificultad del partido para consolidar liderazgos propios que garanticen una renovación política. En sus palabras, “Uribe sigue siendo el principal activo electoral del partido, pero también su mayor limitación en términos de crecimiento y modernización”.

Un partido en busca de futuro

El anuncio puede revitalizar temporalmente al uribismo, reforzando su papel en la oposición, pero también deja en evidencia la dependencia estructural del partido alrededor de la figura de Uribe. Este fenómeno plantea preguntas sobre la sostenibilidad del proyecto político del Centro Democrático en el mediano plazo, especialmente de cara a escenarios presidenciales.

La viabilidad jurídica de la candidatura

Derechos políticos garantizados

Desde el punto de vista legal, el abogado constitucionalista Abraham Bechara Llanos afirmó que no existen impedimentos para que Uribe se postule, ya que la Constitución garantiza el derecho fundamental a elegir y ser elegido. “Ese derecho hace parte de los derechos políticos de todos los colombianos y está protegido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, subrayó.

Condiciones para una eventual inhabilitación

No obstante, expertos penalistas como Francisco Bernate y Fabio Humar advierten que una eventual condena firme que implique detención podría inhabilitar al expresidente para aspirar a cargos de elección popular. Si bien actualmente mantiene sus derechos políticos intactos, el desenlace de los procesos judiciales en curso podría modificar el panorama en los próximos meses.

El regreso de Álvaro Uribe al Senado supone un movimiento estratégico para el Centro Democrático en busca de mantener vigencia política. La figura del expresidente sigue siendo decisiva en la vida política colombiana, tanto como motor de respaldo electoral como fuente de controversia. Su candidatura promete reconfigurar el debate público en 2026, marcando nuevamente la agenda política nacional.

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