El terrorismo es una violencia proteica: toma formas diferentes en sus modalidades de actuación y en los propósitos que persigue. Estas dos facetas se influyen mutuamente: el “cómo” se ejecuta un acto de terror influye en sus efectos y repercusiones. Pero a lo largo de la historia, el atentado personal, que debe entenderse no solo como individual, sino como individual con nombre propio, ha tendido a diferenciarse en sus efectos. No es lo mismo la víctima anónima que pisa una mina terrestre que una persona escogida por motivos específicos inherentes a la víctima.

El atentado personal es profundamente perturbador. Es una modalidad que parece tener un poder especial para poner en la realidad consciente cúmulos de fuerzas y procesos subyacentes, no siempre percibidos, o por lo menos no con toda la intensidad que pueden alcanzar, en el discurrir cotidiano de una realidad social y política. Los colombianos no necesitamos mucha ilustración para entenderlo: hoy, a 77 años de distancia, el 9 de abril sigue presente como una fecha que cambió los rumbos de la sociedad y del Estado.

En la historia reciente de la humanidad hay un ejemplo que no deja dudas sobre el malestar que produce el asesinato de un dirigente político y las dinámicas que desata. En 1914, las potencias imperiales de Europa parecían haber superado los rifirrafes de 1912, el incidente de Agadir en primer plano, cuando se mostraron los dientes y aclararon alianzas y enemistades. En ese año discurría la política internacional con una calma apacible que hacía olvidar contradicciones y choques de ambiciones.

De súbito se produce el maldito “incidente de efecto instantáneo”, el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero del trono de Viena, visto de inmediato como producto del nacionalismo serbio y como tramado por el gobierno de Belgrado. No se trató de las causas encontradas que se tramitan con morosidad en las cancillerías, sino de un golpe que desordenó la mesa e hizo volar platos y vasos.

El efecto perturbador no dejó ver la cauda de coincidencias y acciones no previstas que se juntaron al azar. El gobierno imperial solo vio lo que quería ver y puso en movimiento todo el arsenal de visiones irracionalistas que comporta el tránsito “cuesta abajo de la guerra”. Como en una escena célebre de la película Hotel Budapest, cada huésped abrió su puerta y disparó a la de enfrente.

El asesinato era un asunto serio, pero no podía ser causa de la matanza horrible de la Primera Guerra Mundial que comenzó en el mes siguiente y duró más de cuatro años. Un muerto, por más príncipe que fuera, no puede explicar la catástrofe que todavía modela los sucesos que vivimos en este planeta sufrido. El juego de la historia contrafactual hace pensar en tantas posibilidades, que vale la pena jugarlo. No es el momento, por supuesto, pero con frecuencia da pistas para entender lo sucedido.

El punto es que el crimen político destapa lo que habría podido permanecer latente y hasta desaparecer con el tiempo. Hoy, la sociedad colombiana debe afrontar la desconfianza desatada por el atentado al senador Miguel Uribe. Por más llamados a la razón y a la calma, en cada bando reinará el miedo, que es un consejero pésimo, máxime cuando las posiciones y orígenes del atentado no tienen las certezas del ya sufrido en el final del siglo pasado. En ese entonces se sabía de dónde venía el fuego. Hoy se desatará el cúmulo de interpretaciones posibles, sobre todo si, como sucede con nuestras investigaciones exhaustivas, no se llega a la otra punta de la cuerda.

Es la incertidumbre lo que daña el ambiente. Es el saber que hay gentes dispuestas al atentado personal. Es también, en parte, el poder de las prédicas polarizadoras, de moda en la política de hoy, orientadas a encontrar un culpable detrás de todo suceso político. Los hechos de la política no se estudian con objetividad. Las soluciones estriban en eliminar al culpable. Pero de construir no se ocupa nadie. La violencia cotidiana, la que mata a los olvidados, a los nadie, se incuba en un voluntarismo absurdo, factor de estímulo de las violencias que asuelan campos y ciudades. El crimen organizado avanza impune sobre el lomo del narcotráfico, la extorsión generalizada, la incapacidad de la justicia y la fragmentación política.

Lo más grave que puede suceder ahora es que cada huésped dispare a la habitación de enfrente. El juego de las descalificaciones mutuas llevó en 1948 a balaceras letales en el recinto de la Cámara de Representantes. Para los nadie hubo la imposición a “sangre y fuego” de un régimen extremista que sembró cientos de miles de muertes. Más adelante las guerrillas, muy pronto criminalizadas, se impusieron en los campos.

El narcotráfico todo lo penetró y nació el paramilitarismo. El sufrimiento ha sido indecible y un símbolo de esa nación violenta es la familia que acaba de recibir este golpe. Vuelve a la memoria el 25 de enero de 1991. En la radio, poco antes del mediodía, la noticia de la muerte de Diana Turbay agobió a toda una generación que hoy ve, al final de su ciclo vital, cómo se repiten y reproducen las violencias, sin que la sociedad encuentre caminos para parar la fatalidad.

*Sociólogo, Especialista en Derecho Constitucional, Magíster en Defensa y Seguridad Nacional. Se ha desempeñado como Consejero Presidencial para la Defensa y Seguridad Nacional. Profesor de la Universidad Nacional de Colombia.Cofundador de Razón Pública.

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Colombia ha iniciado la precampaña para las elecciones de 2026 en un contexto de fragmentación partidaria. Tras varias decisiones del Consejo Nacional Electoral y las altas cortes, se reconocieron las personerías jurídicas a más de 35 partidos políticos. Aunque el Consejo de Estado revirtió algunas de estas decisiones, el número de partidos sigue siendo alto.

Lo que está en juego no es tanto la existencia práctica de estas organizaciones sino su capacidad para avalar candidaturas. La reforma política trató de solucionar el problema al desvincular los criterios para obtener la personería jurídica del derecho a avalar candidaturas. Mientras que la personería jurídica se obtenía acreditando la existencia de un cierto número de militantes en la organización, el derecho a avalar candidaturas dependía de los resultados obtenidos en elecciones pasadas en cada circunscripción o, en su defecto, de la recolección de firmas. Con el hundimiento de la reforma seguimos en el mundo tradicional en donde las organizaciones con personería pueden avalar candidaturas en todas las circunscripciones a nivel nacional. 

El actual número de organizaciones reconocidas puede causar una situación caótica, difícil de manejar para la organización electoral (con tarjetones interminables) y confusa para los ciudadanos.

Mientras las encuestadoras se centran en la campaña presidencial con sondeos prematuros de intención de voto entre muchos precandidatos, se olvida la importancia de la reorganización que se está dando de cara a las elecciones legislativas que ocurrirán en menos de un año.

Las fuerzas que han impulsado la fragmentación y la desorganización apenas ahora están comenzando a equilibrarse con presiones en sentido contrario. Los partidos hacen listas y calculan los votos que requieren para lograr el umbral del 3% necesario para obtener curules en el Senado y a la vez conservar su personería jurídica. Estas preocupaciones se equilibran de forma diferente en cada sector.

Orden en la derecha 

El Centro Democrático (CD), castigado en 2022, aprovecha la impopularidad del gobierno saliente para recuperar terreno. Cuenta con una organización sólida que puede reivindicar el uribismo. 

Aunque los precandidatos presidenciales del CD no lideran las encuestas, su organización mantiene en la órbita posibles candidaturas que podrían aparecer como en competencia, es el caso de la de Vicky Dávila. 

En forma similar a como ocurrió en 2022, no es seguro que el CD pueda presentar una candidatura presidencial propia viable, pero sí puede confiar en su capacidad para representar a la derecha en las elecciones legislativas, lo que eliminaría la competencia. Aunque existe la posibilidad de que se formen algunas coaliciones en ciertas circunscripciones menos favorables, el fenómeno sería marginal.

La revancha de la política tradicional 

Los partidos tradicionales –Conservador y Liberal y sus avatares de La U y Cambio Radical–, que agrupan a los políticos más aguerridos en la política regional y que no se enredan en cuestiones ideológicas, saben manejar perfectamente la dialéctica de la unidad y de la fragmentación. Sus políticos se presentan en grandes listas abiertas, lo que les permite sumar formalmente y arbitrar entre sí al mismo tiempo. Se está planeando una coalición para las elecciones presidenciales, lo que podría llevar a listas comunes en varias circunscripciones de la Cámara. La posibilidad de listas comunes entre La U y Cambio Radical está influida por la perspectiva de competencia interna en varios departamentos. 

Aunque algunos partidos tienden a mostrar una leve tendencia al declive a largo plazo (más evidente para La U), gracias a la fuerza del caciquismo que sigue dominando la política regional no están amenazados de desaparición. Sin embargo, cada organización debería tener su propia lista al Senado para mantener su relevancia en las mentes de los electores y los analistas. 

En la Cámara, podríamos observar la proliferación de coaliciones con configuraciones variables, lo cual no facilitará la interpretación de los resultados. Esto se agrava porque las cuatro fuerzas grandes –Partido Conservador, Liberal, La U y Cambio Radical– también podrían estar tentadas a unirse con los partidos cristianos y la multitud de pequeños grupos que surgieron de los partidos de origen étnico que lograron victorias locales en 2023.

Vientos de unidad en la izquierda

La popularidad de las consignas de unidad en la izquierda es proporcional a la reticencia a formar organizaciones sólidas enfocadas a ganar las elecciones. Sin embargo, esta vez los incentivos para la unión son muy fuertes: la izquierda demostró en 2022 que podía tener éxito en las legislativas a través de la unidad. Sin embargo, para las próximas elecciones no puede reeditar la fórmula de la coalición, ya que la normatividad no lo permite para las fuerzas políticas que lograron pasar el umbral del 15% en las elecciones anteriores. 

La izquierda está, por tanto, ante un dilema claro: o sus fuerzas se fusionan en un partido único, o se hunden por separado en las legislativas.

El riesgo fue identificado temprano y las organizaciones del Pacto Histórico comenzaron el proceso de fusión. Colombia Humana, el Polo Democrático y la Unión Patriótica, entre otros, formarán un partido único. Esta decisión representa una oportunidad para la izquierda de mantener las posiciones ganadas en 2022, a pesar de enfrentar un contexto más desafiante, si se considera el balance del gobierno saliente y sus limitaciones. El liderazgo de Gustavo Petro, quien nunca perdió de vista el terreno electoral (a riesgo de descuidar el del gobierno), fue decisivo en este desenlace.

Con todo, varios partidos minoritarios parecen optar por quedarse por fuera. El MAIS permitió la escisión de sus personalidades más visibles (María José Pizarro, David Racero, Heráclito Landínez) para que se unan al partido único, y seguirá por su propio camino esperando que su fuerza en la circunscripción indígena le garantice una curul y la personería jurídica. Fuerza Ciudadana e Independiente esperan obtener curules a la Cámara en Santa Marta y Antioquia, respectivamente. Finalmente, Comunes y Clara López, junto a otros, optaron por una agrupación alternativa más flexible, sin definir claramente la fórmula legal ni la perspectiva electoral para evitar la prohibición de coalición.

El centro en su laberinto

Finalmente, es en el centro donde observamos el panorama más incierto. Si el Pacto Histórico parece caminar hasta una fusión parcialmente exitosa, la Alianza Verde avanza hacia el fracaso de su escisión. 

El peso del fracaso de la coalición del Centro Esperanza en las presidenciales de 2022 se hace sentir en fuerzas centrífugas que se manifiestan para 2026. El centro tiene en teoría un panorama favorable que se lee en las encuestas. Tiene al menos tres candidaturas fuertes que aparecen entre las más populares, las de Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán y Claudia López. Sin embargo, ninguno parece apuntarle a una alianza por el momento. Fajardo y López quieren ir solos y Galán parece mirar más hacia los partidos tradicionales. 

Estas fuerzas centrífugas se suman a una bancada que explotó durante el último período legislativo, algunos apuntándole al oficialismo, otros a la independencia, y algunos a la franca oposición. Esto se reprodujo hasta en la misma Alianza Verde, el corazón de la Coalición Esperanza. Hasta hace un mes, se contemplaba la posibilidad de una escisión amigable. Sin embargo, esta opción fue descartada cuando cada fracción se percató de las dificultades que enfrentaría para superar el umbral electoral de manera independiente. La fracción oficialista podría al menos sumarse al partido único de la izquierda, pero en una posición de negociación débil que no la favorece. 

En estas condiciones, el panorama es incierto para el centro político, que podría nuevamente ser víctima de sus divisiones y presentarse de manera dispersa en 2026, o bajo una lista tan incoherente que suscitaría la desconfianza del electorado.

En este contexto, aunque el centro político presenta un panorama favorable para las elecciones presidenciales, corre el riesgo de perder representación en el Congreso frente a la izquierda o los partidos tradicionales.

Nuevas formaciones como el Nuevo Liberalismo y Dignidad y Compromiso también tienen la posibilidad de participar, con sus candidatos presidenciales que podrían contribuir y tener la oportunidad de sustituir al partido Verde como el núcleo del centro. 

Es previsible que estos bloques políticos se organicen de la manera más eficiente posible, limitando las opciones a un número razonable. Sin embargo, subsiste la preocupación de que el Congreso pueda convertirse en una institución hiperfragmentada e inmanejable.

*Director del Grupo de Estudios de la Democracia (DEMOS UR) de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario.

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Como consecuencia de lo anterior, ordenó cancelar la credencial del alcalde Héctor Rangel Palacios Rodríguez.(Sentencia de mayo del 2024)

Ratifica sentencia

El mismo despacho judicial acaba de resolver una petición de la defensa del procesado en la cual pedía la nulidad de lo actuado, solicitud que fue rotundamente sustentada y negada, lo que significa que el proceso ya en manos del Consejo de Estado, la última instancia, continuará sin más dilaciones.

Será este máximo tribunal que resuelve si el actual mandatario será apartado del cargo o si por el contrario terminará su periodo constitucional para el cual fue electo por los apartadoseños.

“Considera el despacho que no hay lugar a declarar la nulidad de la sentencia por indebida notificación al demandado, puesto que, como se demostró, se le garantizó el acceso a todos los anexos y pruebas allegadas con la demanda, así como a todas las actuaciones surtidas durante su trámite.  En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Antioquia Sala Unitaria, resuelve:

PRIMERO: RECHAZAR la solicitud de nulidad por falta de competencia, al no aceptar el desistimiento de la demanda, de conformidad con lo indicado en la parte motiva

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de nulidad por indebida notificación, por las razones expuestas.

TERCERO: De conformidad con lo expuesto en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por la Secretaría de la Corporación envíese comunicación del presente auto a las partes.

CUARTO: Una vez ejecutoriada la presente decisión, remítase el expediente al Consejo de Estado, para que continúe el trámite de la apelación de sentencia, ante el consejero Ponente Luis Alberto Álvarez Parra” dice el despacho, en algunos de sus apartes, de acuerdo con Beatriz Elena Jaramillo Muñoz, magistrada ponente.

Otras consideraciones del despacho

“En primer lugar se debe precisar que, aunque el artículo 294 de la Ley 1437 de 2011 permite que se interponga nulidad por la indebida notificación del auto admisorio, lo cierto es que para el caso que ocupa la atención de la Sala, no se genera una presunta nulidad en la sentencia, pues el señor Héctor Rangel Palacios Rodríguez actuó por intermedio de apoderado, durante todo el procesos de nulidad electoral, ya que contestó la demanda, presentó recurso de apelación y solicitó aclaración de la sentencia.

De allí que, si consideró en algún momento que se había realizado de manera indebida la notificación, debió alegarla dentro de la oportunidad, es decir, al advertir que se presentó dicha irregularidad o al realizarse el saneamiento por parte del despacho en la audiencia inicial, sin embargo, no informó algún vicio en este sentido, por lo que es procedente establecer que, la solicitud resulta inoportuna”

(Fotos institucionales)

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