El debate sobre el fracking regresa al escenario político colombiano, ahora con un panorama distinto al de hace algunos años. Candidatos que en campañas anteriores rechazaban esta técnica han cambiado de posición, argumentando razones energéticas y económicas, lo que refleja un giro en la conversación nacional sobre la transición energética y la seguridad en el suministro de gas y petróleo.

Candidatos en disputa por el fracking

Del rechazo absoluto a la apertura cautelosa

En la campaña de 2018, figuras como Iván Duque y Claudia López aseguraban que en Colombia no habría fracking. Sin embargo, el paso de los años y la crisis energética llevaron a un cambio de posturas. López, hoy abierta a lo que denomina un “fracking responsable”, sostiene que la tecnología ha avanzado y que los impactos ambientales pueden mitigarse. Por su parte, Sergio Fajardo, antes opositor férreo, ahora asegura estar “estudiando el tema”.

La izquierda mantiene su rechazo

El bloque de izquierda, encabezado por Gustavo Petro, Susana Muhamad y Daniel Quintero, sigue defendiendo que la transición energética debe avanzar sin fracking. Para estos sectores, los riesgos ambientales, la amenaza sobre las fuentes hídricas y las emisiones de CO₂ son incompatibles con los compromisos climáticos del país. No obstante, dentro de sindicatos como la Unión Sindical Obrera (USO) empiezan a surgir voces que, preocupadas por el empleo, aceptarían pilotos de fracking bajo condiciones técnicas estrictas.

Factores energéticos y económicos

El peso de la crisis del gas

Colombia enfrenta un déficit en su producción nacional de gas, lo que ha obligado a importar cerca del 18% del consumo diario. El aumento de tarifas, especialmente en ciudades como Bogotá, ha convertido el costo de la energía en un asunto central para la ciudadanía y, por ende, para los candidatos. En este escenario, el fracking se presenta como una alternativa para garantizar la autosuficiencia y aliviar la presión sobre los hogares y la industria.

Potencial de producción y comparaciones internacionales

De acuerdo con la Asociación Colombiana del Petróleo, el fracking podría añadir hasta 450.000 barriles diarios a la producción nacional, cifra que representaría más de la mitad de lo que hoy se produce. La experiencia de Estados Unidos, que alcanzó la autosuficiencia energética gracias a esta técnica, se ha convertido en un referente para los defensores del modelo. No obstante, los ambientalistas recuerdan que la explotación masiva de hidrocarburos no convencionales podría multiplicar las emisiones de CO₂ del país, contradiciendo los objetivos de descarbonización.

El futuro legal del fracking

Avances y contradicciones en el Congreso

El gobierno de Gustavo Petro suspendió los pilotos de fracking en curso y respaldó un proyecto de ley que busca prohibir de manera expresa esta técnica en Colombia. Sin embargo, la iniciativa ha recibido críticas porque, según algunos ambientalistas, no cumple con la promesa de campaña de prohibición absoluta, dejando abiertas ventanas regulatorias.

Polarización política y social

Mientras candidatos de centro y derecha consideran que el fracking es una salida necesaria a la crisis energética, la izquierda insiste en que la solución debe centrarse en las energías renovables. En el medio, sindicatos, expertos y comunidades afectadas mantienen una postura dividida, lo que refleja que el fracking no es solo un debate técnico, sino un símbolo de la lucha entre desarrollo económico y sostenibilidad ambiental.

La discusión sobre el fracking en Colombia vuelve con más fuerza que nunca. El país enfrenta la disyuntiva de asegurar el suministro energético con nuevas técnicas o mantenerse fiel a sus compromisos ambientales internacionales. Lo que definan los candidatos en esta campaña marcará el rumbo de la política energética y ambiental para la próxima década.

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En un giro inesperado que ha alarmado a la comunidad científica y a legisladores, la administración Trump ha despedido abruptamente a los 400 científicos encargados de la Sexta Evaluación Nacional del Clima, un informe clave para la política ambiental de Estados Unidos. Esta decisión, sumada a la cancelación del contrato con la consultora ICF International, pone en entredicho el cumplimiento de un mandato legal y deja al país sin una guía fundamental para enfrentar los retos del cambio climático.

Evaluación Nacional del Clima: Un pilar bajo amenaza

El valor estratégico del informe

La Evaluación Nacional del Clima es un informe cuatrienal, requerido por el Congreso desde 1990, que analiza los impactos del cambio climático en Estados Unidos. Sus hallazgos son cruciales para que gobiernos locales, empresas y ciudadanos tomen decisiones informadas sobre adaptación y resiliencia ante fenómenos como el aumento del nivel del mar, cambios en los patrones de precipitación y la gestión de incendios forestales.

La abrupta destitución de los científicos y la suspensión del soporte técnico comprometen la continuidad y la calidad del informe, cuyo objetivo es ofrecer una visión integral y actualizada sobre los riesgos y oportunidades que enfrenta el país en materia climática.

Implicaciones para la política y la sociedad

El informe ha servido históricamente como herramienta fundamental para la formulación de políticas públicas y estrategias empresariales. Sin este insumo, expertos advierten que Estados Unidos podría «volar a ciegas» en un contexto global cada vez más afectado por el calentamiento global. La falta de información confiable debilita la capacidad de respuesta ante desastres naturales y dificulta la planificación a largo plazo.

El impacto de la cancelación del contrato de la USGCRP

Desmantelamiento de la infraestructura científica

La decisión de cancelar el contrato de la NASA con ICF International, valorado en 34 millones de dólares, ha dejado sin recursos a la Oficina del Programa de Investigación del Cambio Global de EE. UU. (USGCRP), responsable de coordinar la evaluación entre 13 agencias federales. Esta medida no solo afecta la elaboración del informe, sino que también rompe la coordinación científica entre agencias como NASA, NOAA y el Departamento de Energía.

Con la pérdida de financiamiento, al menos dos docenas de empleados de la USGCRP quedarán sin apoyo, y la oficina podría quedar prácticamente desmantelada. Según Donald Wuebbles, líder de la evaluación anterior, esta situación es «perjudicial para el país», ya que elimina un espacio de coordinación clave para evitar duplicidades y lagunas en la investigación climática.

Consecuencias para la investigación y la toma de decisiones

La falta de una evaluación nacional actualizada afecta directamente a sectores que dependen de información científica para planificar inversiones y estrategias de mitigación. Empresas, gobiernos estatales y locales, y organizaciones de la sociedad civil pierden así una fuente confiable para anticipar riesgos y oportunidades asociados al cambio climático.

Mandato legal en entredicho

Riesgo de incumplimiento del Congreso

La Global Change Research Act de 1990 establece que el gobierno federal debe entregar la Evaluación Nacional del Clima al Congreso y al presidente cada cuatro años. La actual crisis pone en duda el cumplimiento de este mandato legal, lo que podría derivar en acciones legislativas para exigir responsabilidades o restaurar el proceso.

El informe no solo es un requisito legal, sino también una herramienta clave para la transparencia y la rendición de cuentas en materia ambiental. La interrupción de su elaboración representa un retroceso significativo en la gestión del cambio climático a nivel federal.

Contexto de recortes y desmantelamiento institucional

Esta decisión se suma a una serie de acciones previas de la administración Trump, como la reducción del 30% del presupuesto de la NOAA, el cierre de la Oficina para el Cambio Global del Departamento de Estado y la eliminación de referencias al cambio climático en portales oficiales. Para expertos como la Dra. Rachel Cleetus, «intentar enterrar este informe no alterará los hechos científicos, pero sin esta información el país corre un riesgo mayor».

La situación actual responde también a recomendaciones de grupos de presión como la Heritage Foundation, que han propuesto incluir «puntos de vista más diversos» y revisar la estructura del USGCRP, lo que podría debilitar aún más la integridad científica del proceso.

Una encrucijada para la ciencia y la política climática

El despido masivo de científicos y la cancelación de contratos esenciales ponen en riesgo la capacidad de Estados Unidos para liderar y adaptarse frente al cambio climático. Sin una evaluación nacional rigurosa y coordinada, el país pierde una brújula indispensable para navegar los desafíos ambientales del siglo XXI.

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