“Señor Álvaro Uribe, las temerarias acusaciones que usted lanza sobre la responsabilidad del Presidente y de funcionarios del alto gobierno en el asesinato de Miguel Uribe Turbay no tienen ningún fundamento, ninguna prueba. Es una infamia.

Estos señalamientos son absolutamente irresponsables. Es lo que hace la oposición, sembrar cizaña.

Usted habla de que jamás ha instigado la violencia, lo cual es absolutamente falso. Existen investigaciones abiertas que lo comprometen a usted, sobre las masacres de la Granja y el Aro en Ituango en 1977 y el asesinato de Jesús María Valle en 1998. En la Jurisdicción Especial de Paz, los hermanos Jaime y Francisco Ángulo Osorio lo han responsabilizado a usted por estos hechos criminales.

Es de anotar, que tampoco se ha aclarado su responsabilidad por el asesinato de 6402 jóvenes efectuado contra civiles inermes, ocurridos bajo su gobierno.

De modo que usted ha sido un promotor de la intransigencia, de la violencia y es lo que lamentablemente viene haciendo ahora de nuevo ante el asesinato, que condenamos de manera clara y contundente, del precandidato y Senador Miguel Uribe Turbay. Expresidente Uribe reflexione, no siembre más odio en nuestro país” replicó la dirigente del progresismo.

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“Usted llamó al actual presidente de Colombia terrorista y sicario, y sus amigotes lo repiten en EE.UU., en verdadera actitud de sedición. Yo respondí protegiéndolo a usted y a su familia”, agregó el presidente Petro en X en respuesta a un video del expresidente Uribe difundido por medios de comunicación.

En la misma línea, el presidente Petro escribió: “Ni al representante (Julio César) Triana ni al senador (Miguel) Uribe Turbay les atentaron por razones políticas”.

En ese contexto, el mandatario expresó: “Defender posiciones y decir la verdad no es oprobio. No trate de silenciarme, ya lo intentó por décadas”.

Asimismo, el presidente Petro le escribió a Uribe: “Diga la verdad y reconcíliese consigo mismo y con Colombia. Acoja la política del amor y deseche el odio; le hace mal”.

Finalmente, el presidente Petro llamó a Uribe a dejar de sembrar odio y le indicó que “su deber como condenado es no sembrar más rupturas de convivencia”.

En el mismo sentido, escribió: “No es la venganza el camino de Colombia. Por venganzas llevamos décadas de violencia. No más. Por eso estamos tristes, nos duele la muerte de Miguel, como si fuera de los nuestros. Es una derrota. Cada vez que cae un colombiano asesinado es una derrota de Colombia y de la Vida”.

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Benedetti destacó que la principal conclusión de la reunión es la importancia de construir una nueva etapa en las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos, dejando atrás los desencuentros recientes y trabajando de manera conjunta en beneficio de ambos países.

La reunión de trabajo, realizada en la Casa de Nariño, contó con la presencia del encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos, John McNamara; los senadores Bernie Moreno y Rubén Gallego; el miembro del equipo de Relaciones Internacionales del Senado, Víctor M. Cervino; así como con Phil Letsou y Raphael Chávez Fernández, jefes de gabinete de los senadores Moreno y gallego, respectivamente.

Según el ministro del Interior, durante la reunión se trataron asuntos prioritarios de la agenda bilateral, entre ellos la cooperación en materia de migración, la inteligencia para combatir el narcotráfico, la situación de los grupos armados ilegales –a los que describió como “grupos narcotraficantes”–, asuntos relacionados con Venezuela y la lucha contra el crimen organizado.

Se abordó, igualmente, el fortalecimiento de las relaciones comerciales, con énfasis en el sector automotor y el café. En este punto, se analizó la necesidad de garantizar requisitos de seguridad para la importación de vehículos y se conversó sobre la compra de más café colombiano. 

“Nos reconocieron como un socio comercial importante y nosotros a ellos”, puntualizó el ministro.

En materia de seguridad, el Gobierno colombiano presentó cifras que demuestran la disminución de los índices de violencia y muertes violentas por cada 100 mil habitantes en el país, así como las garantías para el desarrollo de las elecciones previstas en los próximos meses.

Sobre la certificación de Colombia en materia de drogas, el ministro recordó que esta es una decisión del Ejecutivo estadounidense, pero resaltó el apoyo de los legisladores para que el proceso avance favorablemente. 

También se discutió la eventual inclusión de estructuras criminales, como el ‘Clan del Golfo’, en listas internacionales de grupos terroristas, tema que, según explicó, deberá abordarse en escenarios multilaterales más adelante.

Benedetti subrayó que el ambiente de la reunión fue de plena cordialidad y cooperación. 

“Todos los temas se trataron en el mejor tono, en la mejor forma constructiva, y lo que ellos siempre quisieron decir es que hay que borrar lo que ha pasado en el pasado y que lo que hay que hacer ahora es mirar hacia adelante. Queda el libro abierto a partir de ahora para el beneficio de Colombia”, expresó.

Como muestra de amistad y aprecio, el presidente Gustavo Petro obsequió a los senadores estadounidenses obras de Gabriel García Márquez, obsequios que fueron recibidos con entusiasmo por la delegación visitante.

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Las exequias del fallecido político del Centro Democrático se celebrarán al mediodía de este miércoles en la Catedral Primada de Colombia, con una misa presidida por el arzobispo de Bogotá, el cardenal Luis José Rueda.

A esta ceremonia acudirá la vicepresidenta Francia Márquez, comitivas internacionales, exjefes de Estado, ministros de Gobierno, así como otros invitados especiales. Posteriormente, el cuerpo de Uribe Turbay será trasladado hasta el Cementerio Central donde reposará finalmente. 

Debido a las condiciones del cementerio, y al dispositivo de seguridad que desplegó la Secretaría de Movilidad de Bogotá, en el cementerio solo se permitirá el ingreso de sus familiares y personas cercanas a Uribe Turbay.

Las puertas del Capitolio Nacional se abrirán desde las 8:00 de la mañana para el público general. Una vez se cierren las puertas del recinto, sobre las 10:00 a. m. se rendirá un homenaje con sus familiares, amigos, miembros de su partido y congresistas que compartieron carrera política con él, para dar fin a la cámara ardiente.

De ahí, el féretro de Uribe Turbay saldrá a la Plaza de Bolívar, donde los soldados del batallón Guardia Presidencial presentarán los más altos honores, seguidos del minuto de silencio, para luego ser llevado a la Catedral Primada.

En el Congreso

El féretro del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, reposa en el Salón Elíptico del Congreso de la República, donde se lleva a cabo su último día de velación en c-ara ardiente, este 13 de agosto. Uribe Turbay murió este lunes, dos meses después de sufrir un atentado durante un acto político en el barrio Modelia en la capital de la república.

El senador recibió tres disparos, dos de ellos en la cabeza, mientras daba un discurso de campaña política, en la localidad de Fontibón.

Aunque fue sometido a múltiples procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia que lograron estabilizarlo, falleció tras sufrir una hemorragia cerebral en su sistema nervioso, el pasado sábado. La clínica donde permaneció internado desde el día del ataque, confirmó que su deceso se produjo a las o1:56 de la madrugada del lunes.

El Presidente no asistirá

El Presidente de la República, Gustavo Petro, no asistirá hoy a las honras fúnebres del senador Miguel Uribe Turbay. El Mandatario tomó esta decisión y en su representación estará la vicepresidenta Francia Márquez. Tampoco està confirmada la presencia de ninguno de los ministros del Gobierno de Petro.

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Turbay Uribe fue atacado por un menor de 14 años, quien fue retenido junto a parte de la red criminal, en desarrollo una investigación que ha copado la atención de los investigadores en busca de los responsables intelectuales, al parecer ligados a las mafias del narcotráfico, de acuerdo con el presidente Gustavo Petro.

Este atentado ha movilizado a gran parte del país, con marchas, velatones y plantones en diferentes ciudades del país en rechazo a la violencia política.

Emotivo mensaje de su esposa

En la madrugada de este lunes 11 de agosto falleció en la Fundación Santa Fe de Bogotá el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, a los 39 años. La causa fue una hemorragia en el sistema nervioso vascular central, de acuerdo con el último parte de la Fundación Santa Fe de Bogotá donde se encontraba recluido.

 Tras su muerte, su esposa, María Claudia Tarazona, publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales: “Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro. Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti”. También escribió: “Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad. Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”.

Perfil en Wikipedia del senador asesinado

Miguel Uribe Turbay nació en Bogotá el 28 de enero de 1986, abogado y político colombiano, miembro del partido Centro Democrático, senador de la república y precandidato a la presidencia de Colombia.

Antes de llegar al senado, Uribe desarrolló su carrera política en Bogotá, siendo concejal   de la ciudad en el período 2012-2015 en representación del Partido Liberal, llegando a ser presidente de este cabildo distrital en 2014; fue secretario de gobierno de la ciudad durante la alcaldía de Enrique Peñalosa, en el período 2016-2018; y candidato a la Alcaldía de Bogotá en las elecciones locales de 2019 donde obtuvo el cuarto lugar. Tras dichos comicios viajó a Estados Unidos a cursar una maestría en la Universidad de Harvard en Boston.

En noviembre de 2021, reapareció sorprendiendo al revelar que fue invitado por el expresidente Álvaro Uribe a encabezar la lista del partido de derechas Centro democrático para el Senado en el periodo 2022-2026, por encima de figuras reconocidas dentro del partido como María Fernanda Cabal que mostraron su descontento. Dicha posición le permitió ser el candidato más votado en lista abierta.

Durante su desempeño como senador anunció que sería precandidato para competir por el aval de su partido en las elecciones presidenciales de 2026 causando roces con otros aspirantes más veteranos de su colectividad debido a diferencias sobre los mecanismos de elección.

 En junio de 2025, durante la precampaña, Uribe asistió a un recorrido por el barrio Modelia, organizado por un edil de su partido, Víctor Mosquera, de la localidad de Fontibón. Durante el recorrido Uribe decidió dar un discurso en una tarima improvisada a la gente que se agrupaba en el parque El Golfito. Allí fue víctima de un atentado contra su vida recibiendo tres disparos por parte de un adolescente de 14 años, dos de los disparos alcanzaron su cráneo, dejándolo inconsciente y en cuidados intensivos.

Familia

Su abuelo, el expresidente Julio César Turbay.

Miguel Uribe Turbay nació el 28 de enero de 1986, en la ciudad colombiana de Bogotá.

Pertenecía por vía materna a la familia Turbay, una de las familias emergentes de la aristocracia colombiana, ligada a la política y el periodismo.

Hijo de la periodista y presentadora de televisión Diana Turbay, y del empresario, político y líder gremial Miguel Uribe Londoño (no relacionado ni con Álvaro Uribe ni con Rafael Uribe Uribe). Su madre fue asesinada en 1991 durante un fallido operativo de rescate tras ser secuestrada por “Los Extraditables “grupo narcoterrorista liderado por pablo escobar.

Nieto del político colombiano de origen libanés Julio César Turbay Ayala, que llegó a ser presidente de Colombia (1978-1982), y de la filántropa Nydia Quintero. (Fallecida recientemente y justo en la misma clínica donde hoy murió el Senador) Por parte paterna, su abuelo fue Rodrigo Uribe Echavarría, entonces director del Partido Liberal.

Su familia, de raíces libanesas, ha tenido una destacada trayectoria en la vida pública colombiana, con vínculos con figuras como el político liberal Gabriel Turbay, candidato presidencial en 1946; el militar libanés José Antonio Turbay; la periodista, actriz y modelo Paola Turbay, Virreina Universal de la belleza (1992); y del político Jorge Gechem Turbay.

Matrimonio y descendencia

En 2016, contrajo matrimonio con María Claudia Tarazona, con quien tiene un hijo, Alejandro. La boda, celebrada en el Country Club de Bogotá, fue un evento destacado en el ámbito político nacional, con la asistencia de expresidentes, ministros, senadores y personalidades de la vida pública.

Estudió en el Colegio Los Nogales. Se formó como abogado en la Universidad de los Andes, donde también obtuvo una maestría en Políticas públicas. Más adelante, cursó una maestría en Administración pública en la Universidad de Harvard.​

Trayectoria política

Fue elegido como concejal de Bogotá en 2012 a los 25 años tras hacer campaña con otros políticos miembros del Partido Liberal Colombiano, como David Luna, Juan manuel Galán y Simón Gaviria hijo del expresidente Cesar Gaviria. En el primer año como concejal fue elegido por los periodistas como concejal revelación, y posteriormente en 2014 se convirtió en el presidente de este Cabildo Distrital al recibir 32 votos de los 45 votos disponibles.

Se caracterizó por ser uno de los líderes opositores del alcalde de Bogotá Gustavo Petro, al cual le criticó su manejo en el nuevo sistema de recolección de basuras y en los programas sociales.

Secretario de Gobierno

En 2016, a los 30 años, fue elegido como secretario de Gobierno del alcalde Enrique Peñalosa, convirtiéndose en el secretario de Gobierno más joven de la historia de Bogotá, tras recibir el apoyo del entonces vicepresidente de la República Germán Vargas Lleras para ocupar dicho cargo.

Durante su gestión como secretario de Gobierno el índice de homicidios en Bogotá disminuyó levemente en el 2018,​ mientras en el país se incrementaba por primera vez en cinco años. Sin embargo, en la primera mitad del año 2019 aumentaron los hurtos —en un 17%— y la percepción de inseguridad.

En 2016 la Oficina Jurídica de la Secretaría de Gobierno de Bogotá emitió un concepto jurídico sobre el feminicidio de Rosa Elvira Cely que generó polémica por su tono revictimizante. Uribe Turbay, aclaró que no fue consultado sobre dicho concepto y ofreció disculpas a la familia Cely.

Candidatura a la alcaldía de Bogotá

En 2018 renunció al cargo de Secretaría de Gobierno para aspirar la Alcaldía de Bogotá, en 2019. Su candidatura fue inscrita de forma independiente por el movimiento significativo de ciudadanos «Avancemos», la cual contó con 400 000 firmas avaladas por la Registraduría.​ A su campaña se agregaron distintos sectores y partidos políticos como el Partido Liberal, Partido Conservador, Colombia Justa y Libres, Partido Mira, además del centro democrático.

Su propuesta de campaña se centra en defender los programas de la alcaldía de Enrique Peñalosa, especialmente el proyecto de Metro elevado, urbanizar la Reserva Forestal Thomas Van Ban Der Hammen, crear sistemas multimodal de transporte, seguir el plan de obras de deja la anterior alcaldía, la seguridad ciudadana, el desarrollo de más empleo y la protección del medio ambiente.

Obtuvo 426 982 votos, la elección a la alcaldía la terminó ganando Claudia López. 

Senado de la República

El 5 de diciembre de 2021 se confirmó que Miguel Uribe Turbay sería la cabeza de lista al Senado del Centro Democrático. Fue elegido el 13 de marzo del 2022 bajo la premisa Primero Colombia. Uribe fue el senador en lista abierta más votado del país.

Precandidatura presidencial

El 4 de marzo de 2025, Miguel Uribe Turbay oficializó su precandidatura la presidencia en la lista de su partido el Centro Democrático para buscar la presidencia. Uribe se enfrenta a María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Andrés Guerra y Paola Holguín Según encuestas realizadas, Miguel Uribe aparece como favorito del Centro Democrático.

Intento de asesinato:

 El 7 de junio de 2025, en medio de un acto político de cara a las elecciones presidenciales en Colombia, en la localidad de Fontibón de Bogotá, el precandidato recibió varios disparos, de los cuales, dos le impactaron en la cabeza y uno en una de sus piernas. Fue trasladado al Centro Médico Engativá, (posteriormente trasladado a la Fundación Santa Fe de Bogotá donde hoy se produjo su deceso) y en el lugar fue capturado el presunto sicario del hecho, un menor de 14 años.

A la fecha, los autores intelectuales de su crimen siguen sin conocerse. El caso ha movilizado a la comunidad internacional e internamente a todos los partidos políticos del país, quienes rechazaron enérgicamente el atentado.

Perfil en el Centro Democrático

Miguel Uribe nació en Bogotá, el 28 de enero de 1986, en el seno de una familia colombiana de políticos y periodistas; su abuelo materno es Julio César Turbay, presidente de Colombia en el periodo 1978-1982 y su abuelo paterno Rodrigo Uribe Echavarría, era el director del Partido Liberal, que ese año logró la presidencia del país con Virgilio Barco.

Muy joven fue víctima del conflicto armado colombiano cuando su madre fue asesinada por hombres de Pablo Escobar, en 1991. Miguel cursó su educación básica en el Colegio Los Nogales, luego inició sus estudios superiores en la Universidad de los Andes, en la carrera de Derecho, institución en la cual posteriormente realizó su maestría en Políticas Públicas.

Fue elegido como concejal de Bogotá en 2012 a los 25 años tras hacer campaña con otros políticos liberales como David Luna, Juan Manuel Galán y Simón Gaviria hijo del expresidente César Gaviria. En el primer año como concejal fue elegido por los periodistas como concejal revelación, y posteriormente en 2014 se convirtió en el presidente de este Cabildo Distrital al recibir 32 votos de los 45 votos disponibles.

Se caracterizó por ser uno de los líderes opositores del alcalde de Bogotá Gustavo Petro, al cual le criticó su manejo en el nuevo sistema de recolección de basuras y en los programas sociales.

En 2016, a los 30 años, fue elegido como secretario de Gobierno del alcalde Enrique Peñalosa, convirtiéndose en el secretario de Gobierno más joven de la historia de Bogotá, tras recibir el apoyo del entonces vicepresidente de la República Germán Vargas Lleras para ocupar dicho cargo.

En 2018 renunció al cargo de secretario de Gobierno para aspirar la Alcaldía de Bogotá en 2019. Su candidatura fue inscrita de forma independiente por el movimiento significativo de ciudadanos «Avancemos», la cual contó con 400.000 firmas avaladas por la Registraduría. A su campaña se agregaron distintos sectores y partidos políticos como el Partido Liberal, Partido Conservador, Colombia Justa Libres, Partido MIRA, además del Centro Democrático.

El 5 de diciembre de 2021 se confirmó que Miguel Uribe Turbay sería la cabeza de lista al Senado del Centro Democrático para ser elegido el 13 de marzo del 2022 bajo la premisa Primero Colombia, logrando ser el senador más votado en Colombia.

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La ZEEB refuerza la tesis integracionista en torno a seguir firmando acuerdos que proyecten el comercio bilateral y que congelen la agitada agenda política en el corto y el mediano plazo. Acercará más a las dos naciones a conseguir un mercado común en una frontera en paz.

El 17 de julio los gobiernos de Venezuela y Colombia firmaron el acuerdo de Zona Económica Especial Binacional (ZEEB) para el fortalecimiento de las relaciones comerciales que desde septiembre de 2022 se están restableciendo, después de que en el binomio Duque-Maduro se perdió cualquier forma de relacionamiento entre los países que comparten una frontera de 2.300 kilómetros; la ZEEB, en lo económico, acercará más a las dos naciones a conseguir un mercado común en una frontera en paz.

Descongelamiento de la agenda política

El memorando de entendimiento, firmado el 17 de julio de 2025, titulado Zona de paz, unión y desarrollo binacional, en sus once artículos establece acciones encaminadas a fomentar proyectos de desarrollo conjunto en sectores claves como cultura, salud, comercio y turismo, en los estados de Zulia y Táchira de Venezuela, y el departamento de Norte de Santander de Colombia, donde actualmente se estima transita más del 50% del comercio de mercancías entre los dos países. El propósito de la paz es comenzar a hacer realidad el objetivo en torno a que los acuerdos económicos congelarán la agitada agenda política por la delimitación de la frontera y las posiciones que se asuman con respecto a Estados Unidos en el ámbito internacional.

De particular interés es mantener congelado el diferendo sobre el archipiélago de los Monjes, donde infortunadamente desde 1952 el canciller colombiano de derecha conservador, de apellidos muy ilustres, Juan Uribe Holguín, pero poco instruido en materia de derecho internacional, aliado con los gobiernos también de derecha Copei y Alianza Democrática en Venezuela, cedió en una carta la soberanía del archipiélago a Venezuela.

Los grandes desencuentros y la falta de adoptar las normas de derecho internacional de no agresión de 1939, como de no consultar con las comisiones de vecindad y fronterizas, terminaron por generar tensiones bien complicadas y anuncios de guerra en la frontera de las dos naciones en las siguientes siete décadas.

Los acontecimientos de los cañonazos a la corbeta Caldas colombiana por el ejército venezolano en 1987, la muerte a manos del ELN de nueve infantes venezolanos en la frontera de norte de Santander en 1995, el daño transfronterizo y de soberanía por la captura del ejército colombiano del guerrillero Granda en Caracas en 2005, la deportación abusiva de colombianos por el gobierno Maduro en 2015 y las tensiones sobre apoyo de Duque a Estados Unidos para derrocar al gobierno Maduro entre 2018-2022, se han podido superar cuando los binomios presidenciales han entendido que son dos naciones hermanas con economías complementarias por sus ventajas comparativas y competitivas: Venezuela, una vecindad minero-energética para Colombia por sus ricos yacimientos de petróleo, gas, hierro, aluminio, entre otros, y Colombia, una vecindad agrícola manufacturera para Venezuela, por el desarrollo agroindustrial: azúcar, confecciones, autopartes y automóviles.

En la segunda mitad de los años 1940 se impusieron los convenios comerciales bilaterales y regionales antes que las visiones multilaterales del modelo de libre comercio de economías desarrolladas que propusieron Estados Unidos y Europa después de la Segunda Guerra Mundial a las economías subdesarrolladas de América Latina; de consuno Colombia y Venezuela en 1947 decidieron no pertenecer al acuerdo de aranceles y tarifas GATT; por el contrario, apostaron a la creación de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y en particular en 1960 los dos países, junto a Argentina y Brasil, crearon la ALALAC, lo que hoy se denomina Asociación de libre Comercio e Integración de América Latina (ALADI).

En 1967, al amparo de los acuerdos económicos para congelar la agitada agenda política, los dos países crearon la empresa monómeros colombo-venezolanos para promover el desarrollo de la industria petroquímica de los países; de igual manera, los gobiernos Lleras-Leoni crearon el Grupo Andino (GRAN) 1969, y en 1974 echaron a andar la Corporación Andina de Fomento (CAF) para el financiamiento de la política comercial; esta última tuvo su origen cuando Estados Unidos decidió que el FMI no le otorgaría un crédito a Colombia; el vecino país, de sus recursos de la bonanza petrolera colocó cerca US$50 millones e hizo realidad el financiamiento regional de la CAF a nuestro país; en 1989 Barco-Pérez pusieron en marcha el acuerdo de Caraballeda de limitación de la línea media en los Monjes, que, aunque fue rechazado por la derecha venezolana, presionó a los dos gobiernos a la integración energética petrolera con la idea de dar a luz una empresa con capital para la exploración y explotación del crudo en los Monjes. En 1992 Gaviria-Pérez, dentro de los preceptos del GRAN, perfeccionaron la zona de libre comercio; en 1995 Samper-Caldera establecieron la aduana común del GRAN contra terceros, y un tratado de libre comercio del grupo de los tres G-3 que integró a Colombia y Venezuela con México. 

Gobiernos de derecha de Colombia han coincidido en entendimiento con los gobiernos de izquierda. Después de lo que ocasionó el apoyo de Pastrana a Pedro Carmona, golpista en Venezuela en 2002, el binomio Pastrana-Chávez impuso una agenda tendiente a impulsar los intercambios de la empresa privada y las inversiones; el binomio Uribe-Chávez desde 2007, después de la salida de Venezuela a la CAN 2005, precisamente porque Colombia, Ecuador y Perú prefirieron comenzar a negociar los tratados de libre comercio con Estados Unidos en los denominados TLC que impulsó el país del norte en retaliación a lo que Chávez, Lula, Kirchner, provocaron con el hundimiento del proyecto de creación de la Asociación de Libre Comercio de las América (ALCA), de iniciativa de Estados Unidos, entre 1994-2004. Chávez impulsó la creación de alternativa ALBA en 2004, y la Unión de Naciones del UNASUR en 2004. 

En 2007 y con la intención de la creación de Petroamérica, idea de Chávez para fusionar empresas como Pdvsa y Ecopetrol, se firmó el acuerdo de venta de gas de Colombia desde el departamento de La Guajira a Venezuela, estado Zulia, por siete años, 2007-2014; y luego por otros siete años, 2014-2021, de Zulia a La Guajira, acuerdo que generó más de US$2.000 millones en intercambios y que hizo que en el período 2000-2008 el comercio bilateral tuviera su mayor esplendor, con un intercambio de bienes que alcanzó US$7.300 millones.

Cabe agregar que las tensiones políticas de la oposición en Colombia terminaron con los proyectos de Chávez de crear dos nuevas refinerías de petróleo de Venezuela en Colombia, y que se diera por terminado el convenio gasífero. El binomio Santos-Chávez dejó restablecido el acuerdo de alcance parcial de la ALADI para realizar el comercio bilateral, intercambio de mercancías, cero aranceles para más de 10.000 productos de los dos países, después de finalizar los cinco años de normativa de la CAN; en 2013, tras la muerte de Chávez, el binomio Santos-Maduro acordó acelerar el desarrollo fronterizo a través del convenio de carga y pasajeros en los estados de Zulia y Táchira de Venezuela, y los departamentos de Norte de Santander y La Guajira de Colombia. 

El binomio Duque-Maduro pasará a la historia como el que sepultó las relaciones políticas y comerciales entre los dos países; Duque, sin entender la importancia de las relaciones internacionales y la integración económica y con el afán de agradar a Estados Unidos, apoyó la política del gobierno Trump de derrocar lo que el país del norte llamó narcodictadura del gobierno Maduro, y con base en eso rompió todo vínculo bilateral; en 2019 organizó un concierto denominado por la vida y liberación de Venezuela, que produjo en la frontera un enfrentamiento entre los países que llevó como respuesta de Maduro el cierre definitivo de la frontera entre 2019 y 2022; también el presidente Duque acabó con UNASUR, el resultado: un comercio de menos de US$200 millones en 2021.

Integración Petro-Maduro

Son la coincidencia y el entendimiento del binomio Petro-Maduro lo que restablece las relaciones diplomáticas y comerciales; desde septiembre de 2022 perfeccionaron el acuerdo de complementación económica de la ALADI, lo que propició que más de 15.000 productos quedaran sin aranceles a lado y lado de la frontera, especialmente los de ventajas comparativas; de igual manera, por primera vez se logró concretar en 2023 un acuerdo de inversión extranjera recíproco que da trato nacional e incentiva la repatriación de utilidades; en 2024, en medio de la incertidumbre de las elecciones presidenciales de julio en Venezuela, el presidente Petro, que no reconoció las mismas, ha intentado crear una agenda muy diplomática para que Colombia sirva de mediador entre el gobierno Maduro y la oposición de ese país para un proceso nuevo de elecciones que lleve incluso a un frente nacional parecido al proceso en Colombia de los años sesenta y setenta, donde las dos fuerzas tradicionales liberales y conservadores se alternaron en el poder entre 1958 y 1974. Finalmente, en 2025, Colombia sigue fomentado los negocios con el vecino país; Petro ha intentado revivir el acuerdo y las compras de gas para disminuir los precios en Colombia ante la escasez interna del mismo. 

Comercio colombo-venezolano 1974-2024

La política integracionista del binomio Petro-Maduro, al igual que la de Uribe-Chávez, ya ha producido resultados importantes a lado y lado frontera, en especial para Colombia en los últimos tres años; el comercio de bienes cerró en US$804 millones en 2023 y US$1.200 millones en 2024, 46%, y 60% superior a 2022; el mismo sigue siendo favorable a Colombia, que logra un saldo superavitario cercano a US$1.100 millones y unas exportaciones manufactureras: confecciones, medicamentos, industria automotriz, superiores al 80% del total.

Conclusiones y proyecciones 

La ZEEB refuerza la tesis integracionista en torno a seguir firmando acuerdos que proyecten el comercio bilateral y que congelen la agitada agenda política porque los mismos en la parte económica son complementarios y de provecho para los países en el corto y el mediano plazo. Muy importante la promoción del turismo, proyecto que intenta en los dos países el cambio de modelo rentístico de los recursos naturales como petróleo y carbón, por uno más diversificado donde la agricultura, la agroindustria y manufacturas ayuden al desarrollo integral y sustentable de los dos países. 

La ZEEB refuerza la otra tesis sectorial de proyección del comercio que advierte que los intercambios que pasan por la frontera se deben acompañar de proyectos sociales tan importantes como integrar lo comercial con lo social, en el proyecto que puede decantar en cluster bilateral salud-turismo, donde las ventajas competitivas podrían llevar el comercio a terceros mercados, especialmente los latinoamericanos; es la hora de que ante la política arancelaria y en general de migraciones de Estados Unidos con nuestras dos naciones renazca el proyecto integracionista regional; sería importante volver a ver a Venezuela en la CAN.

No hay que olvidar que, si bien es difícil volver a los niveles de comercio de la segunda década de los 2000, es factible que esos nuevos acuerdos aligeren el mercado común entre los dos países que lleven el comercio en el mediano plazo a superar los US$10.000 millones en 2030.

*Economista con maestría en teoría y política económica doctor en integración y desarrollo económico Universidad Autónoma de Madrid, y estudios avanzados DEA derecho internacional y relaciones internacionales, actualmente es profesor titular y lidera el grupo de Economía y Finanzas Públicas en la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP).

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 Hemos sido testigos de procesos de politización de la justicia y judicialización de la política. Paradójicamente, pedimos a los jueces que solucionen graves problemas sociales, pero cuando ellos afectan grandes intereses políticos o económicos, la administración de justicia es cuestionada por supuestos sesgos ideológicos.

El lunes 28 de julio Sandra Liliana Heredia, jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, tomó una de las decisiones trascendentales de la historia jurídica y política del país. En una carrera contra el tiempo en la que se vislumbraba una posible prescripción y luego de un extenuante juicio que tomó cerca de seis meses, la jueza Heredia encontró culpable a Álvaro Uribe, en calidad de determinador, por los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal. 

El viernes primero de agosto, la jueza Heredia dio a conocer la sentencia en la cual se condenó a Uribe a doce años de prisión domiciliaria. Ahora, luego de la apelación interpuesta por parte del equipo de la defensa y del Ministerio Público, le corresponderá al Tribunal Superior de Bogotá tomar una decisión en segunda instancia. 

La condena a Uribe en primera instancia ha desatado múltiples reacciones, algunas más reposadas y necesarias, como las relacionadas con el debate probatorio; pero, muchas otras, de carácter político y llenas de emocionalidad negativa, han generado enorme ruido y confusión. Es lamentable la superficialidad con la que algunos políticos y grandes medios de comunicación han abordado el tema y, peor aún, la irresponsable presión sobre la jueza y sobre la administración de justicia.

A continuación, abordaré algunos elementos para el análisis sociopolítico de esta decisión, para lo cual tendré en cuenta las complejas relaciones entre la política y la justicia en el contexto de una sociedad polarizada.  

Una decisión judicial histórica 

La sentencia proferida por la jueza Sandra Heredia es significativa por varias razones. Es la primera vez en más de medio siglo que se condena a un expresidente y, especialmente, a uno de los políticos más influyentes de las últimas décadas.  También se trata de una sentencia que quiebra una tendencia de impunidad existente entre políticos poderosos que se han considerado inalcanzables por la administración de justicia. 

Además, esta decisión representa una ruptura simbólica con una tendencia perversa consistente en la evasión de responsabilidades jurídicas, políticas o éticas por parte de Álvaro Uribe con respecto a actuaciones delictivas por las cuales fueron juzgados y condenados varios de sus más cercanos colaboradores. Basta recordar algunos hechos como los relacionados con la “Yidispolítica” o las “chuzadas” del DAS a la Corte Suprema de Justicia, entre otros.

Sin embargo, las reacciones generadas por la sentencia y las presiones indebidas sobre la administración de justicia muestran que en este proceso subyace un conflicto que trasciende la dimensión jurídico-penal y que refleja la complejidad de las relaciones entre justicia y política en la sociedad colombiana.

Relaciones justicia y la política 

Recordemos que este proceso se inició con ocasión de varios debates políticos en el Congreso de la República relacionados con la necesidad de esclarecer la verdad, específicamente la relación de Álvaro Uribe con grupos paramilitares. Y recordemos también que fue él quien decidió llevar al escenario judicial lo que inicialmente era un debate político. 

También es importante tener en cuenta que la intensificación de las relaciones entre justicia y política no son exclusivas del caso colombiano. Durante las últimas décadas hemos sido testigos de procesos de politización de la justicia y judicialización de la política que se deben, entre otras cosas, al incremento de conflictos relacionados con criminalidad organizada y corrupción, así como por demandas de justicia frente a violaciones de derechos humanos.

Paradójicamente, les pedimos a los jueces que solucionen graves problemas sociales, pero cuando ellos, en ejercicio de sus funciones, afectan grandes intereses políticos o económicos, la administración de justicia resulta cuestionada por supuestos sesgos ideológicos. 

Dos visiones contrapuestas de las relaciones entre justicia y política

Desde hace varias décadas en Colombia hemos visto la tensión entre dos visiones de las relaciones de entre la justicia y la política. Por una parte, Uribe y los sectores sociales y políticos que lo han apoyado han promovido una concepción según la cual la política define el contenido del derecho. A ello se agrega un discurso que hace especial énfasis en la seguridad y el orden, pero que ha sido adverso al reconocimiento de los derechos de las víctimas, especialmente frente al esclarecimiento de la verdad. 

Por otra parte, diferentes sectores sociales e institucionales han defendido una visión más liberal según la cual las instituciones jurídicas y la justicia deben ser límites del poder. Según esta perspectiva, ningún gobernante, ya sea de derecha o de izquierda, por popular que sea, puede transgredir el ordenamiento jurídico.   

Con respecto a la sentencia proferida recientemente, para Uribe y los militantes de su partido este proceso no es visto como el ejercicio de una función legítima del Estado, sino que se encuadra, supuestamente, como el resultado de una persecución política en contra del líder del partido Centro Democrático.  

Esta mentalidad no es nueva, es el resultado de décadas en las que se ha acudido a la construcción de enemigos imaginarios —líderes sociales, jueces, opositores políticos—, a la vez que se ha elaborado un culto a la personalidad y el mito de un salvador mesiánico que, al parecer, en nombre de la seguridad puede moverse en las márgenes de la legalidad sin que sea cuestionado ni juzgado. 

Sobrepolitización de la sociedad 

Así mismo, durante las últimas décadas hemos visto un proceso de sobrepolitización de la vida social. Asuntos fundamentales que no deberían ser objeto de disputa partidista, como el respeto a la Constitución y a las instituciones, el reconocimiento de los derechos y el respeto a un sistema democrático de pesos y contrapesos, han sido contaminados por enconadas tensiones ideológicas. 

Con respecto a la decisión de la jueza Heredia, la interpretación sobrepolitizada con la que se ha abordado la sentencia por parte de los sectores cercanos a Uribe y medios de comunicación afines hace que se conciba el fallo como una decisión exclusivamente ideológica y no como un ejercicio institucional y racional. Esta es una lectura perversa que desconoce la autonomía relativa del campo jurídico, en el cual existen unas reglas de juego basadas en el respeto por el ordenamiento jurídico, unas prácticas y un sistema de creencias compartido internamente entre jueces y abogados. 

Además, la interpretación sobrepolitizada de este caso genera varios efectos como los siguientes: la construcción de un discurso basado en una hipótesis conspirativa según la cual hay unos enemigos que quieren hacer daño al gran héroe de la patria; la subvaloración de la autonomía judicial, según la cual la jueza no es más que una activista política que hace parte de la trama conspirativa; el ocultamiento de conflictos subyacentes, como las relaciones turbias de sectores políticos con el paramilitarismo, y la instrumentalización de la condena para obtener réditos electorales en la nueva campaña presidencial. 

A esto se agrega el hecho de que los medios de comunicación y las redes sociales funcionan a la vez como canal de expresión y como activadores de esa emocionalidad negativa, de polarización y sobrepolitización de la vida social. 

El proceso judicial y la manipulación mediática y política

Ha sido lamentable el papel de políticos, de grandes medios de comunicación y de periodistas cercanos al uribismo que han promovido una presión indebida en contra de la jueza y de la administración de justicia a través de cartas abiertas en las que se le dice cómo fallar, o al exponer públicamente información personal que afecta sus condiciones de seguridad. Y más reprochable es la presión ejercida por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien demuestra, una vez más, el desprecio por la institucionalidad democrática.

Algunos medios de comunicación, en lugar de dar cuenta del debate procesal y escuchar múltiples puntos de vista, han promovido “tribunales paralelos” que solamente exponen la versión de la defensa de Uribe, reproducen el discurso de la persecución en contra del expresidente y muestran a la jueza como una activista política que decide, según ellos, sin fundamentos jurídicos. 

Peor aún, en estos escenarios y juicios paralelos se produce un extraño efecto de reconversión simbólica según el cual, el condenado es exculpado y ascendido a la condición de mártir, mientras que las víctimas acreditadas en el proceso, la fiscal y la jueza son estigmatizadas y mostradas como parte activa de una conspiración. 

No se debe olvidar que el condenado en primera instancia es Álvaro Uribe Vélez. Independientemente del resultado de la segunda instancia, para efectos de esclarecimiento de la verdad histórica es Uribe quien tiene muchas preguntas pendientes por responder ante la sociedad.

Reflexiones preliminares sobre el significado social de esta decisión

Es posible que la decisión en contra de Álvaro Uribe atice la polarización social y que sea instrumentalizada con fines electorales. Pero también puede ser la oportunidad, si intentamos ser un poco más sensatos, de hacer reflexiones críticas sobre lo que significa este proceso para la sociedad colombiana.

En una sociedad democrática no debe haber personas, por poderosas o carismáticas que sean, ni de derecha, ni de centro, ni de izquierda, que estén por encima del ordenamiento jurídico. Además, las decisiones de los jueces deben ser respetadas y acatadas. Existen canales institucionales para confrontarlas y espacios democráticos y académicos para debatirlas.

Debe quedar claro que el proceso aún no ha concluido y que corresponderá al Tribunal Superior de Bogotá tomar la decisión en segunda instancia. Dicha decisión deberá ser respetada, sea cual sea su contenido. 

La administración de justicia cumple varias funciones sociales, como resolver conflictos y promover la convivencia; proteger derechos y también, atribuir sanciones. No es viable una sociedad democrática sin que exista un acuerdo sobre el respeto a una administración de justicia autónoma e independiente. 

Con respecto a la verdad histórica quedan muchas preguntas pendientes, como las siguientes: ¿Hasta dónde llegaron las relaciones entre sectores políticos con la formación de grupos paramilitares? ¿Qué hicieron tales sectores para mantener oculta la verdad? ¿Cómo explicar esa extraña práctica política consistente en rodearse de personas dispuestas a actuar en contra de la legalidad para obtener los resultados políticos? Estos y muchos otros interrogantes deberían hacer parte del debate actual, sin embargo, los grandes medios de comunicación han optado por el silencio.

El debate sobre la sentencia no debería concentrarse en el impacto frente a las elecciones. Ello solamente intensificará la polarización destructiva. Hay asuntos más relevantes con ocasión de este proceso judicial, como la necesidad de esclarecer la verdad de lo que ocurrió y la reflexión sobre cómo lograr acuerdos sociales para coexistir pacíficamente y construir una mejor sociedad.   

*Doctor en Justice Studies de la Arizona University, magíster en Instituciones Jurídicas de la Wisconsin-Madison University, abogado de la Universidad Bolivariana, profesor titular, Facultad de Derecho, Universidad de Antioquia.

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“La conmemoración de la Batalla de Boyacá es la conmemoración de la Independencia Nacional; se traslada a Leticia porque otra vez el gobierno del Perú ha copado un territorio que es de Colombia y ha violado el Protocolo de Río de Janeiro, que le puso fin”.

Así lo reveló el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X, donde explicó: “el Tratado de Río de Janeiro estableció que la frontera es la línea más profunda del río Amazonas y (que) cualquier desavenencia se resolverá entre las partes”.

“Han aparecido islas que están al norte de la actual línea más profunda, y el gobierno del Perú acaba de apropiárselas por ley y poner la capital de un municipio en un terreno que, por el Tratado, debe pertenecer a Colombia”, sostuvo.

El presidente Petro consideró que “esa acción unilateral y violatoria del Tratado de Río de Janeiro puede hacer desaparecer a Leticia como puerto amazónico, quitándole su vida comercial”.

“El gobierno usará, antes que nada, los pasos diplomáticos para defender la soberanía nacional”, puntualizó el presidente de la República.

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La acción se suma a otras decisiones como la suspensión de exportaciones de carbón a Israel y la conferencia internacional de emergencia sobre Gaza del pasado 15 de julio en Bogotá.

A través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Gobierno expidió el Decreto 1047 del 14 de agosto de 2024 por medio del cual “se establece una prohibición a las exportaciones de carbón a Israel”.

La decisión tiene su origen en “la gravedad de la situación humanitaria que se ha desencadenado en Palestina con ocasión de la operación militar llevada a cabo por Israel después del 7 de octubre de 2023”.

“Un informe de los 169 de días de guerra en Gaza, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) determinó que 32.333 palestinos habían muerto de los cuales 9.000 eran mujeres y 13.000 eran niños; que 1.1 millones de personas experimentaban inseguridad alimentaria y; 1,7 millones de personas han sido desplazadas de sus territorios. Así como que el 31% de los niños ubicados en Gaza sufren de desnutrición”, dice un aparte del Decreto.

Como resultado de la Conferencia de Emergencia sobre Palestina, celebrada en Bogotá entre el 15 y el 16 de julio, y en la que intervino el jefe de Estado, los representantes de Bolivia, Cuba, Indonesia, Irak, Libia, Malasia, Namibia, Nicaragua, Omán, Sudáfrica, San Vicente y las Granadinas y otros Estados firmaron una declaración conjunta en la que condenan las acciones de Israel en los territorios palestinos ocupados calificándolas como ‘genocidas’, contrarias al derecho internacional, y se comprometieron a implementar medidas jurídicas y diplomáticas para frenarlas.

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La Tribuna Digital es un documento de investigación que analiza periódicamente los temas más relevantes en la discusión digital en torno al Congreso de la República. En esta edición, se estudiaron 2.3 millones de conversaciones digitales, periodo comprendido entre el 20 de julio de 2024 y el 20 de junio de 2025 relacionadas con el Congreso y sus miembros.

A partir de este universo, realizamos una radiografía de los temas, emociones, personajes y narrativas que marcaron la tercera legislatura. Este documento recoge, Quiénes marcaron la agenda.

Qué resonó.

Qué incomodó.

Qué se instaló en el imaginario digital de la ciudadanía. Ofreciendo así una lectura estratégica sobre cómo llega el Congreso a su cuarta y última legislatura ante la opinión pública digital: en medio de grandes tensiones acumuladas.

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