Hace cinco años, tanto las víctimas como  empresarios del proyecto portuario Pisisí, celebraron con bombos y platillos la firma de un acuerdo conciliatorio que ponía fin a  años de litigio de tierras en esa zona y la importancia del dialogo para  dirimir conflictos. Hoy la verdad sale  a flote. Los empresarios simple y llanamente le hicieron conejo a las víctimas y ahora deberán responder ante la Fiscalía General de la Nación.

La denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra la Sociedad Portuaria Pisisí S.A. fue presentada contra el representante legal de la sociedad portuaria Teófilo Lemus, y el ciudadano español José María Pernas, socio inversionista del proyecto, por los delitos de estafa agravada y abuso de confianza, en perjuicio de familias víctimas del conflicto armado en el Urabá antioqueño, quienes reclaman el cumplimiento de un acuerdo de reparación firmado hace cinco años.

Las víctimas son campesinos acreditados del conflicto armado por hechos ocurridos entre 1991 y 1996 en la vereda Casanova, municipio de Turbo (Antioquia), relacionados con los asesinatos de los concejales Hoover Quintero y Luis Eduaro Cubides, y el secretario del Concejo Candelario Pérez de la Rosa, todos militantes de la Unión Patriótica.

Estos hechos han sido reconocidos por el Estado colombiano a través de la Unidad de Restitución de Tierras, Juzgado Primero de Restitución de Tierras y la Jurisdicción Especial para la Paz.

Los predios despojados, hoy destinados al proyecto Puerto Pisisí de Urabá, fueron incluidos en el Registro de Tierras Despojadas, pese a que actualmente figuran a nombre de la Sociedad Portuaria Pisisí S.A. Mediante decisiones judiciales de restitución, se ordenó una compensación por equivalencia que, a la fecha, no ha sido cumplida en su totalidad.

Además, el 27 de abril de 2021, las partes suscribieron un Memorando de Entendimiento en el que la empresa se comprometió a entregar tierra rural, vivienda, proyectos productivos, crear una empresa asociativa y pagar tres salarios mínimos mensuales por núcleo familiar, compromisos que no han sido ejecutados.

“Han pasado seis años y la empresa no ha cumplido una sola de las obligaciones pactadas. Por eso acudimos a la Fiscalía, porque estamos frente a una estafa agravada contra familias que ya fueron reconocidas como víctimas por la justicia”, afirmó Gerardo Vega Medina, abogado de la Fundación Forjando Futuros.

Por su parte, las víctimas aseguran haber agotado todas las vías de diálogo sin obtener respuesta. “Fuimos engañados para llegar a un acuerdo que nunca se cumplió. Exigimos que se respete la memoria de quienes ya no están y los derechos de quienes seguimos esperando reparación”, señaló Vanderley Quintero, representante de las víctimas.

Desde la Fundación Forjando Futuros reiteraron su disposición al diálogo y su respaldo al desarrollo del proyecto portuario, siempre que se cumplan los compromisos adquiridos con las víctimas.

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