Se acordó cumplir acciones piloto en municipios como: Mutatá (Antioquia), Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía (Chocó).

Frente a los casos de niños, niñas y adolescentes, se verificará el respeto de sus derechos y, en caso de vulneraciones, serán atendidos por el ICBF.

En cuando a los cultivos ilícitos implementarán un programa piloto con alternativas productivas sostenibles.

Sobre temas medioambientales, crearán  un grupo de trabajo liderado por el MADS para atender problemáticas como deforestación, minería y frontera agrícola y sobre la parte institucional, el Ministerio de Justicia y autoridades judiciales garantizarán presencia permanente adaptada a la realidad de cada territorio.

Además garantizarán la protección de quienes participen en estas instancias, bajo el marco del Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana y desarrollarán estrategias pedagógicas con enfoque étnico, poblacional y territorial, de la mano del Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, se desprende de los primeros acuerdos.

Igualmente el grupo ilegal se comprometió a respetar las elecciones del próximo año, no interferir en la Acción Integral contra Minas Antipersonal (Aicma) y cumplir con los principios del Derecho Internacional Humanitario.

Ambas partes acordaron realizar una segunda ronda de negociaciones en Doha, en una fecha que aún está por definir. 

Los grupos de trabajo acordaron pedir al gobierno de Catar, a la MAPP-OEA y a la Conferencia Episcopal de Colombia que asuman el seguimiento, monitoreo y verificación de lo pactado.

Declaración de Catar

Doha, el 18 de septiembre (QNA) – El Estado de Qatar anuncia su mediación en el proceso de consolidación de la paz entre el Gobierno de la República de Colombia y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), reafirmando su firme compromiso con la resolución de conflictos mediante el diálogo y medios pacíficos, y con la promoción de la paz y la estabilidad a nivel internacional.
El Ministerio de Relaciones Exteriores aclara que, a petición del Gobierno de Colombia, Doha acogió la primera ronda de negociaciones entre el Gobierno colombiano y el autodenominado Ejército Gaitanista del 14 al 18 de septiembre, con el objetivo de avanzar en la reconciliación y encontrar soluciones sostenibles a los retos crónicos que plantean los grupos armados en Colombia, incluidos el desarme y la consolidación de la paz.
Cabe señalar que ambas partes han acordado celebrar una nueva ronda de conversaciones en Doha en una fecha posterior.
Su Excelencia el ministro de Estado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Dr. Mohammed bin Abdulaziz bin Saleh Al Khulaifi, afirmó que el proceso destinado a construir la paz en Colombia avanzó a través de fases organizadas, comenzando con medidas de fomento de la confianza y un diálogo inclusivo.
En este contexto, destacó la importancia de salvaguardar la dignidad humana, respetar los derechos humanos, adherirse a las disposiciones de la ley y garantizar la participación de todas las partes pertinentes, incluidas las comunidades afectadas por el conflicto.
En este contexto, ha destacado la importancia de salvaguardar la dignidad humana, respetar los derechos humanos, cumplir las disposiciones de la ley y garantizar la participación de todas las partes pertinentes, incluidas las comunidades afectadas por el conflicto.
Su Excelencia afirmó además el compromiso de Qatar con el diálogo pacífico entre las partes en conflicto, solidarizándose con el pueblo colombiano, apoyando los esfuerzos de desarrollo del país, estableciendo mecanismos para erradicar las economías ilícitas y contribuyendo al monopolio estatal de las armas.
Su Excelencia el ministro de Estado en el Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró que Qatar, como socio de confianza en los esfuerzos de mediación regionales e internacionales, seguirá apoyando el diálogo pacífico como piedra angular para la resolución de conflictos, proporcionando una plataforma neutral para el diálogo basada en el respeto mutuo, el entendimiento y el derecho internacional.

Territorios como:Mutatá (Antioquia), Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía (Chocó), jugarán papel primordial en desarrollo de este proceso.

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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia ha condenado este martes al último secretariado de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a ocho años de penas alternativas a la cárcel por su responsabilidad en cerca de 21.400 casos de secuestros.

El juez Camilo Suárez Aldana, ponente de la sentencia, ha explicado que los siete miembros del exsecretariado de las FARC, entre quienes está, Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’, deben enfrentarse a la «máxima sanción imponible de este modelo de justicia, ocho años de sanción. 

El Juez ha indicado que esta sanción ha sido impuesta «atendiendo su reconocimiento de responsabilidad, su aporte de verdad exhaustivo y detallado para develar patrones y políticas, pero teniendo en cuenta la gravedad de los crímenes y la máxima responsabilidad que ostentaban en esa organización».

Además de a Londoño, las penas alternativas se aplicarán a Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo y Rodrigo Granda, en calidad de autores por los crímenes de guerra de la toma de rehenes y homicidios, así como de crímenes de lesa humanidad de privaciones graves de la libertad, asesinatos y desapariciones forzadas.

«También son responsables por mando por los crímenes de guerra de tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado; y por los crímenes de lesa humanidad de tortura, esclavitud y otros actos inhumanos, cometidos por las unidades bajo su mando», ha informado la JEP.

El tribunal de la paz concluyó que «los máximos responsables no hicieron lo suficiente, u omitieron ejercer su poder, para controlar a sus hombres y evitar que las personas secuestradas fueran sometidas a vejámenes y malos tratos que derivaron en otros crímenes no amnistiables, como desaparición forzada, tortura y violencia sexual, entre otros».

Por estos crímenes, los siete condenados tendrán que trabajar durante ocho años «en cuatro líneas de proyectos restaurativos: búsqueda de personas dadas por desaparecidas, acción integral contra minas antipersona, medio ambiente, naturaleza y territorio, y memoria y reparación simbólica».

Mientras cumplen las penas alternativas, estarán sujetos a un régimen de seguimiento permanente de la JEP, llevarán un dispositivo electrónico que permitirá verificar en tiempo real su ubicación y actividades, deberán permanecer en un espacio geográfico determinado, que no implica la cárcel y tienen que cumplir con horarios y tareas específicas derivadas de la sanción impuesta.

El presidente de la JEP, el juez Alejandro Ramelli, ha considerado que «la sentencia de hoy es un hito» y ha remarcado que «nunca antes había ocurrido en Colombia que los máximos responsables reconociera públicamente sus crímenes ante la justicia y las víctimas».

A principios de julio, el último secretariado de las FARC reconoció ante la JEP el reclutamiento forzoso de más de 18.000 menores durante el conflicto armado en el país latinoamericano. «Fue una herida colectiva que dejó cicatrices hondas en el tejido social».

Aceptaron la condena

Por su parte Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko, quien fuera el último comandante general de las FARC hasta la dejación de armas, mediante un comunicado escrito aceptó, junto a los demás procesados la responsabilidad en los hechos que les imputaron, así como la condena recibida.

Aquí el pronunciamiento:

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El mandatario precisó que estas conversaciones “deben tener una zona de concentración, unos propósitos sociales en los territorios y unos acuerdos jurídicos que se deben establecer con la Fiscalía, en primer lugar, y con los jueces».

Lo ideal sería que este proceso “pueda dar el primer anuncio a la humanidad de que un país se puede desnarcotizar, puede alejarse de la violencia y puede construir la paz», indicó.

De acuerdo con el jefe de Estado, “ese acuerdo, si se hace, debe entregarle tierras al campesinado de Córdoba», porque muchas de las haciendas de los antiguos paramilitares están ahora en manos del autodenominado Ejército Gaitanista.

“Entreguen la tierra al campesinado y desmantelemos la economía ilícita, así sea por zonas», demandó el presidente Petro del grupo que acaba de iniciar las conversaciones en el exterior.

El mandatario recordó: “He iniciado ya varias, no me canso de hablar, pero hemos incautado más cocaína que cualquier otro gobierno, todos los días. Estamos tratando de quitar las finanzas que hacen arder la violencia en muchas regiones de Colombia».

El presidente Petro afirmó que este proceso de diálogo diferente a los del pasado: “Hoy estamos hablando de economías ilícitas, propiamente: cocaína, la más grande quizá. Entonces sobre esto hay que hablar en las mesas de negociación: si es posible en Colombia desmantelar pacíficamente el narcotráfico para que haya paz».​

Proy​​ecto de ley

El jefe de Estado se refirió al proyecto de ley presentado al Congreso de la República, que debe estudiarlo a profundidad, el cual busca elevar ciertos delitos, incluso graves, a la justicia restaurativa.

“Ese proyecto no es más que el mismo que discutimos cuando se hablaba de la Ley de Justicia y Paz, cuando Santa Fe de Ralito, aquí cerca, funcionaba como campamento de concentración de los paramilitares», dijo.

Recalcó que esta iniciativa busca verdad, justicia y reparación: “Una verdad que todavía se necesita, incluso de los paramilitares antiguos», pero que sea “toda la verdad, porque se ha quedado una verdad enmochilada por ahí, y ya vemos las consecuencias de enmochilar la verdad».

Y reiteró: “Se han quedado unas tierras enmochiladas, sea porque quedaron en manos de ellos, los paramilitares, sea porque se las robaron los políticos, y entonces no llegaron a las víctimas, que era el propósito de la ley», y también “se ha quedado por tanto enmochilada la reparación»

“Por lo tanto –enfatizó el presidente– sí es cierto que hay que darle un paso final al acuerdo que se hizo en el gobierno de Álvaro Uribe, que yo critiqué, pero que la Corte Constitucional mejoró sustancialmente, y cuando se mejoró extraditaron a los paras».

“Eso sí fue un poco raro, pero hay que terminar ese proceso», resaltó el presidente de la República.

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El Gobierno de Colombia decidió suspender las negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) debido a una serie de hechos violentos cometidos por este grupo guerrillero en el Catatumbo, entre los que se destaca el asesinato de una familia, incluyendo a un bebé. El presidente Gustavo Petro calificó estos actos como «crímenes de guerra» y puso en duda la voluntad del ELN para alcanzar la paz.

Crímenes en el Catatumbo

La región del Catatumbo, una zona estratégica en la frontera con Venezuela, se ha convertido en el epicentro de la violencia reciente protagonizada por el ELN. El asesinato de tres civiles, incluyendo a un menor de meses, ha causado rechazo nacional e internacional. Este episodio es solo uno de los muchos actos de violencia que el grupo armado ha intensificado en esta área, afectando tanto a civiles como a comunidades vulnerables.

El presidente Petro, visiblemente consternado, afirmó que los crímenes cometidos por el ELN son inaceptables y que «un grupo que comete tales actos no demuestra verdadera intención de negociar la paz.»

Negociaciones con múltiples obstáculos

Las conversaciones de paz con el ELN, que se llevaban a cabo en Caracas, Venezuela, contaban con el apoyo de ese país como garante. Sin embargo, la persistencia del ELN en mantener actividades militares paralelas al diálogo ha sido un obstáculo constante.

A lo largo del proceso, el grupo guerrillero ha continuado con acciones armadas, reclutamiento de menores y operaciones contra la población civil, lo que ha minado la confianza en su disposición de alcanzar un acuerdo duradero. Además, sectores políticos y sociales han cuestionado la efectividad de las negociaciones al considerar que el ELN utiliza el diálogo como una estrategia para ganar tiempo.

La respuesta del Gobierno

Frente a estos hechos, la administración de Gustavo Petro tomó la decisión de interrumpir el proceso de diálogo, considerando que no existen garantías suficientes para avanzar en un acuerdo. La suspensión representa un momento crítico para los esfuerzos de paz en Colombia, pues el ELN es considerada la última guerrilla activa en el país.

El Gobierno ha reiterado su compromiso con la búsqueda de la paz, pero ha dejado claro que no negociará con grupos que insistan en mantener operaciones que atentan contra los derechos humanos.

Reacciones nacionales e internacionales

Las acciones del ELN han provocado una ola de rechazo por parte de diversos sectores de la sociedad colombiana y de la comunidad internacional. Organismos humanitarios han expresado preocupación por el impacto de la violencia en regiones como el Catatumbo, donde las comunidades sufren las consecuencias de las actividades armadas.

La comunidad internacional también observa con inquietud el deterioro de las condiciones en estas zonas, particularmente en un contexto donde la paz parecía estar más cerca. La escalada de violencia no solo afecta a las víctimas directas, sino que también dificulta los esfuerzos para consolidar la estabilidad en Colombia.

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El 3 de octubre de 2024, el Gobierno colombiano, a través de la Agencia Nacional de Tierras, llevó a cabo un acto histórico al iniciar la mayor entrega de tierras en la historia del país. Esta iniciativa tiene como objetivo devolver tierras que fueron arrebatadas por grupos armados ilegales a más de 572 familias campesinas en los departamentos de Magdalena y Córdoba. Durante la ceremonia, dos exlíderes paramilitares, Salvatores Mancuso y Carlos Mario Jiménez, alias «Macaco», realizaron emotivos discursos donde pidieron perdón a las víctimas del conflicto armado, marcando un paso significativo hacia la reparación y reconciliación en Colombia.

Un esfuerzo por la reparación y la reforma agraria

El evento simboliza un esfuerzo del Gobierno colombiano por implementar la Reforma Agraria, que busca restablecer derechos a los campesinos. En total, se entregarán aproximadamente 8.430 hectáreas, que incluyen terrenos expropiados o adquiridos por el Estado. El presidente Gustavo Petro lideró la ceremonia, subrayando la importancia de este acto no solo en términos de reparación a las víctimas, sino también como un componente crucial en la búsqueda de la paz en el país.

La entrega de tierras se llevará a cabo a lo largo de octubre y forma parte de un proceso más amplio destinado a devolver propiedades que fueron usurpadas por grupos paramilitares. Este proceso es fundamental para dignificar a las comunidades afectadas por la violencia y ofrecerles una oportunidad para reconstruir sus vidas.

El perdón de Mancuso y su compromiso con la paz

Uno de los momentos más destacados del evento fue el emotivo discurso de Salvatore Mancuso, quien ofreció disculpas sinceras a las víctimas del conflicto armado. «Me di cuenta del dolor que causamos. Ya no soy esa misma persona», afirmó Mancuso, quien destacó su compromiso con la causa de la paz y la reconciliación. En su intervención, enfatizó que «nunca más estos hechos se volverán a repetir,» indicando su deseo de reparar el daño causado en uno de los períodos más oscuros de la historia colombiana.

????????????"Frente a ustedes, asumo la responsabilidad que me corresponde, por tanto, dolor, sufrimiento y lágrimas, por el despojo de tierras. Desde lo más profundo de mi corazón les pido perdón", Salvatore Mancuso.

????RTVC Noticias en WhatsApp????: https://t.co/OfPUMsQWyY pic.twitter.com/IyEveZHx0d

— RTVC Noticias (@RTVCnoticias) October 3, 2024

Mancuso también hizo un llamado al Gobierno para que no desista en sus esfuerzos por la restitución de tierras, a pesar de los obstáculos que puedan surgir. «Los tiempos no nos acompañan, pero la creatividad sí,» comentó, reconociendo que el tiempo representa uno de los principales enemigos de estos esfuerzos.

La visión de «Macaco» sobre justicia y transparencia

Carlos Mario Jiménez, alias «Macaco», también habló durante el evento, subrayando la importancia de la restitución de tierras como un símbolo de reparación. En su intervención, Jiménez recordó que hace 17 años entregó tierras y otros activos a la acción social, aunque expresó su preocupación por la desaparición de esos bienes a lo largo del tiempo. «Hoy, más que nunca, se necesita hacer justicia y transparencia,» enfatizó, destacando su disposición a colaborar en el proceso de reparación para mitigar el sufrimiento de las víctimas.

????????????"Quiero decirles que para mí este acto es un paso a mi propia reparación, este proceso de devolverle a las familias lo que por justicia les corresponde me permite mitigar el dolor que causé", Carlos Mario Jiménez, alías "Macaco". pic.twitter.com/6U3KlgD4pA

— RTVC Noticias (@RTVCnoticias) October 3, 2024

Su mensaje resuena con un llamado a la responsabilidad y la transparencia en estos procesos, enfatizando que la justicia debe ser parte integral de cualquier esfuerzo de reparación. Jiménez expresó su deseo de que este acto no solo represente una reparación hacia las víctimas, sino también una forma de reparación personal por los daños causados durante el conflicto.

Liderazgo del presidente Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro ha jugado un papel fundamental en la implementación de esta histórica entrega de tierras. En su discurso, resaltó el significado de este acto no solo para las familias beneficiarias, sino también para la construcción de una paz duradera en Colombia. «Con esto se dignifica y se restituyen los derechos de los campesinos en Colombia,» afirmó Petro, reafirmando su compromiso con la Reforma Agraria y la lucha por la justicia social.

El evento en Montería, donde tuvo lugar la ceremonia, no solo marcó un hito en la restitución de tierras, sino que también se convirtió en un acto simbólico de perdón por parte de los exmiembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Este acto de reconocimiento y reconciliación es esencial para avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa, donde las víctimas del conflicto puedan encontrar un camino hacia la sanación.

El proceso de restitución de tierras está lejos de ser sencillo y enfrenta múltiples desafíos, pero la voluntad de los exparamilitares de asumir su responsabilidad es un paso significativo. «La violencia no es el camino,» reflexionó Mancuso, quien ahora busca ser un ejemplo de lo que no debe repetirse en la historia del país.

Las palabras de ambos exlíderes paramilitares marcan un punto de inflexión en el reconocimiento del daño infligido y la necesidad de construir un futuro en paz. La entrega de tierras no es solo un acto de restitución, sino una oportunidad para restaurar la confianza en las instituciones y en el proceso de paz.

El camino hacia la paz y la reconciliación

La entrega de tierras y las disculpas de Mancuso y Jiménez son pasos importantes hacia la reconciliación y el perdón en un país marcado por años de conflicto. La reparación integral es «nuestra única posibilidad de redención,» afirmó Mancuso, señalando la urgencia de abordar las heridas profundas que ha dejado el conflicto armado.

A medida que avanza este proceso, es crucial que el Gobierno continúe trabajando en la implementación de políticas que apoyen a las víctimas y aseguren que no se repitan los errores del pasado. La paz en Colombia no solo se logrará a través de acuerdos políticos, sino también mediante acciones concretas que dignifiquen a quienes han sufrido las consecuencias de la violencia.

La ceremonia del 3 de octubre se erige como un símbolo de esperanza para muchas comunidades que han padecido el conflicto. Las tierras que se restituyen representan más que solo un terreno; simbolizan un nuevo comienzo, un espacio donde las familias pueden reconstruir sus vidas y alcanzar sus sueños.

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El presidente Gustavo Petro ha dado un paso importante en su compromiso con la educación pública en Colombia al anunciar la asignación de recursos para la Universidad de Antioquia. En un emotivo discurso desde San Sebastián, Magdalena, destacó el valor de fortalecer la educación en regiones históricamente marcadas por el conflicto armado. La financiación provendrá de una hacienda donada por un terrateniente local, un acto simbólico que busca promover una generación de jóvenes comprometidos con la paz y el desarrollo del país.

Recursos para la educación y la paz en Antioquia

Durante su intervención, el presidente Petro resaltó la importancia de fortalecer las instituciones públicas como la Universidad de Antioquia, la cual ha sido fundamental para el desarrollo de la región. El mandatario subrayó que los fondos serán destinados para mejorar la calidad educativa y brindar más oportunidades a los jóvenes de Antioquia, especialmente en Medellín, epicentro de varios problemas sociales.

El origen de estos recursos es especialmente simbólico, pues provienen de una hacienda donada por un terrateniente local, lo que representa una respuesta pacífica a la violencia que ha azotado esta región. Petro destacó que, en lugar de venganza, su gobierno apuesta por la educación como herramienta clave para construir una paz duradera. «No es el fusil, no es la violencia, sino el saber y la libertad lo que genera paz», expresó durante su discurso.

Crítica a los gobernantes locales

El presidente también aprovechó la ocasión para criticar la falta de apoyo de los gobernantes locales hacia la universidad pública, señalando que el interés por fortalecer esta institución ha disminuido en los últimos años. Según Petro, esta desatención ha perjudicado las oportunidades de los jóvenes en Antioquia, una región que necesita urgentemente alternativas a la violencia.

En este sentido, el mandatario enfatizó la necesidad de ofrecer opciones educativas, culturales y artísticas que alejen a los jóvenes de los caminos de la violencia. Para él, el acceso a la educación debe ser la prioridad en un país donde el conflicto armado ha dejado cicatrices profundas. «Desde este pueblo campesino agredido por el paramilitarismo, en lugar de responder con venganza, respondemos con la mano abierta», afirmó Petro, destacando el simbolismo de su acción.

Tierras para la formación agrícola

Otro aspecto relevante del anuncio fue que, además de los fondos para la educación, las tierras donadas también se destinarán a la formación agrícola de los jóvenes. Petro explicó que el gobierno busca que los estudiantes de la Universidad de Antioquia aprendan a cultivar, contribuyendo tanto al desarrollo agrícola del país como a la construcción de paz en zonas afectadas por el conflicto.

Con esta iniciativa, se pretende enseñar a los jóvenes a labrar la tierra, promoviendo la autosuficiencia y la sostenibilidad. Este componente agrícola es parte de un enfoque integral que no solo busca educar en las aulas, sino también proporcionar habilidades prácticas que les permitan contribuir al desarrollo económico de sus comunidades. «Tendremos hombres y mujeres jóvenes y no tan jóvenes labrando los surcos, sembrando el alimento que necesita la sociedad colombiana», concluyó Petro.

Un esfuerzo por reconstruir el tejido social

El anuncio de estos recursos para la Universidad de Antioquia forma parte de los esfuerzos del gobierno de Petro para reconstruir el tejido social en territorios afectados por el conflicto armado. La educación, según el presidente, es una herramienta esencial para lograr este objetivo, ya que ofrece a los jóvenes una vía para escapar de la violencia y construir un futuro en paz.

Este acto, realizado en un lugar históricamente marcado por la violencia, refleja el compromiso del gobierno con el desarrollo sostenible y la paz en Colombia. La apuesta por la educación y la formación agrícola es un ejemplo concreto de cómo Petro busca transformar las regiones más afectadas por el conflicto, brindando oportunidades a quienes más lo necesitan.

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El reciente ataque del Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra una base militar en Arauca ha provocado una respuesta contundente del Gobierno Nacional: la suspensión indefinida de los diálogos de paz. El atentado, ocurrido en la base militar de Puerto Jordán, dejó como saldo víctimas fatales y heridos entre los miembros de la Fuerza Pública, generando un nuevo episodio de violencia que ha conmocionado al país. Las autoridades han manifestado su rechazo y lamentaron profundamente las pérdidas humanas.

El ataque en Arauca: un golpe a los diálogos de paz

El pasado 17 de septiembre, la base militar de Puerto Jordán fue blanco de un ataque por parte del ELN, lo que dejó a la Fuerza Pública con varias bajas y heridos. Este hecho, según la Delegación de Paz del Gobierno Nacional, representa un obstáculo grave en el proceso de paz que se venía desarrollando en los últimos meses.

El Gobierno lamentó las víctimas y expresó su solidaridad con las familias afectadas, subrayando que estos actos violentos ponen en peligro el futuro del diálogo entre las partes. La Delegación de Paz indicó que a pesar de los múltiples esfuerzos realizados por el Estado para avanzar en las negociaciones, este ataque deja en una posición muy delicada el proceso que busca poner fin al conflicto armado con el grupo insurgente.

La reacción del Gobierno y la suspensión de los diálogos

En un comunicado oficial, la Delegación de Paz del Gobierno Nacional expresó su absoluto rechazo a este acto violento, señalando que «la viabilidad de estos diálogos está severamente lesionada». Además, fue enfática al afirmar que la continuidad de las conversaciones dependerá exclusivamente de una muestra clara y evidente de la voluntad del ELN para buscar una solución pacífica.

El Gobierno destacó que, en los últimos meses, se han presentado múltiples propuestas al ELN con la intención de acelerar el proceso de paz y llegar a acuerdos que beneficien a la sociedad colombiana en su conjunto. Sin embargo, este ataque ha socavado la confianza en la voluntad del grupo insurgente para alcanzar una paz duradera.

¿Cuál es el futuro de las negociaciones?

La Delegación de Paz subrayó que la suspensión de los diálogos no significa un cierre definitivo del proceso, pero sí pone en duda la capacidad del ELN de comprometerse de manera real con la paz. «La continuidad de los diálogos solo será posible si el ELN demuestra una intención clara de dejar la violencia atrás», afirmó el comunicado oficial.

Aunque las puertas no están completamente cerradas, el Gobierno ha sido enfático en que cualquier avance en las negociaciones dependerá de un compromiso tangible por parte del grupo guerrillero. Por el momento, la prioridad será garantizar la seguridad en las zonas afectadas por la violencia y brindar apoyo a las familias de las víctimas.

Las víctimas: una tragedia que afecta a todos

El ataque en Arauca no solo ha afectado a la Fuerza Pública, sino que ha dejado una profunda herida en el corazón de muchas familias colombianas. El Gobierno ha manifestado su acompañamiento y solidaridad con los familiares de los jóvenes caídos, destacando el sacrificio de quienes han perdido la vida en el cumplimiento de su deber.

Este nuevo episodio de violencia plantea interrogantes sobre el compromiso del ELN con el proceso de paz y la posibilidad de construir una Colombia sin conflicto armado. Las víctimas de este ataque se suman a una larga lista de colombianos que han sido afectados por el conflicto, lo que refuerza la necesidad urgente de encontrar una solución definitiva.

La responsabilidad del ELN en el proceso

El Gobierno ha dejado claro que la responsabilidad ahora recae sobre el ELN. Si el grupo insurgente está dispuesto a mostrar una verdadera voluntad de paz, aún existe la posibilidad de reanudar las negociaciones. Sin embargo, cualquier gesto que no sea una clara manifestación de su compromiso será visto como un retroceso en las conversaciones.

El diálogo de paz ha sido un esfuerzo conjunto por parte del Gobierno y de sectores de la sociedad civil que buscan poner fin a décadas de conflicto. Pero la reciente acción violenta del ELN ha debilitado gravemente la confianza entre las partes y ha puesto en riesgo todo lo avanzado hasta el momento.

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Un atentado ocurrido hoy en el municipio de Puerto Jordán, Arauca, dejó dos soldados muertos y 27 heridos. El ataque ha sido condenado enérgicamente por el presidente Gustavo Petro, quien lo calificó como un acto que «cierra un proceso de paz con sangre». Las declaraciones del mandatario rememoran el trágico atentado de enero de 2019 en la Escuela General Santander, en el que 22 personas perdieron la vida, y que en su momento llevó a la cancelación de las conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Un golpe devastador para la paz en Colombia

El atentado no solo ha causado una fuerte conmoción en el país, sino que también ha puesto en duda los esfuerzos recientes por alcanzar la paz con el ELN. El ataque ha sido un duro golpe para las fuerzas de seguridad colombianas, que han sufrido numerosas bajas en el transcurso de los enfrentamientos con grupos armados. La violencia en zonas como Arauca sigue siendo un desafío constante para el gobierno, que busca una salida negociada al conflicto armado.

En su intervención, el presidente Petro no solo condenó el ataque, sino que resaltó las dificultades históricas que ha enfrentado Colombia para alcanzar una paz duradera. Hizo hincapié en que este tipo de actos de violencia profundizan la desconfianza entre las partes y complican aún más los esfuerzos por lograr una verdadera reconciliación en el país.

Petro compara con el atentado de 2019 en la Escuela General Santander

El presidente Gustavo Petro hizo un paralelo entre el ataque de hoy y el ocurrido en enero de 2019 en la Escuela General Francisco de Paula Santander, que dejó 22 muertos y provocó que el gobierno de Iván Duque cancelara las conversaciones de paz con el ELN. Este nuevo atentado parece haber cerrado de manera definitiva cualquier posibilidad de diálogo, según lo manifestó Petro.

El presidente subrayó que estos actos de violencia no solo cobran vidas inocentes, sino que también arruinan años de esfuerzos diplomáticos. La repetición de este tipo de atentados demuestra que las condiciones para negociar con grupos como el ELN son cada vez más difíciles de consolidar.

El compromiso del presidente Petro con la paz

A pesar de las dificultades, el presidente Petro reafirmó su compromiso de continuar trabajando por la paz en Colombia. Afirmó que, aunque la situación es compleja y la violencia parece dominar en algunas regiones, su gobierno no abandonará los esfuerzos por lograr una reconciliación nacional. Sin embargo, reconoció que el camino es cada vez más complicado, especialmente tras incidentes como el ocurrido en Arauca.

El atentado de Puerto Jordán ha generado un debate sobre la efectividad de los diálogos de paz y si las estrategias actuales del gobierno son las adecuadas para abordar la problemática de la violencia en las regiones más afectadas. El desafío de estabilizar estas zonas es uno de los principales obstáculos para alcanzar una paz sostenible.

Ataque en Arauca: un contexto de violencia prolongada

Arauca, una región históricamente marcada por la presencia de grupos armados ilegales, ha sido escenario de innumerables episodios de violencia. El reciente atentado en Puerto Jordán es solo un recordatorio más de la compleja situación que vive esta zona fronteriza con Venezuela. Los constantes ataques a las fuerzas de seguridad y la población civil dificultan la implementación de políticas de paz y desarrollo en la región.

El ataque ha dejado un saldo trágico de dos soldados muertos y 27 heridos, según el ejército colombiano. Este tipo de incidentes agravan la ya complicada situación de seguridad en Arauca y ponen de relieve la necesidad urgente de una solución a largo plazo que aborde las raíces del conflicto armado en esta zona del país.

Perspectivas futuras para la paz en Colombia

Con el proceso de paz con el ELN prácticamente suspendido, el gobierno de Petro se enfrenta al reto de replantear su estrategia para alcanzar una paz sostenible. La violencia en regiones como Arauca es un obstáculo claro para el avance de cualquier iniciativa de paz y requiere una atención especial por parte de las autoridades.

Aunque el presidente Petro ha expresado su determinación de continuar trabajando por la paz, el atentado en Arauca ha puesto en duda la viabilidad de los diálogos con el ELN y otros grupos armados. El camino hacia la paz en Colombia sigue siendo incierto, pero el compromiso del gobierno será clave para superar los desafíos que se presenten en el futuro.

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El Centro Democrático salió en defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez tras las recientes críticas lanzadas por el presidente Gustavo Petro. El partido opositor destacó los logros alcanzados durante el mandato de Uribe en materia de seguridad, particularmente en la reducción de la violencia y la desmovilización de grupos armados ilegales, y cuestionó la efectividad de la actual política de «Paz Total» del gobierno de Petro.

Respuesta del Centro Democrático a las críticas de Petro

Las declaraciones de Gustavo Petro se dieron en el marco de una respuesta al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien había expresado su desacuerdo con los ceses al fuego propuestos por el gobierno con estructuras criminales como el Clan del Golfo. Petro, en su respuesta, recordó que un presidente antioqueño—en referencia a Uribe—también negoció con los peores criminales del país, refiriéndose al proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) durante el mandato de Uribe.

El expresidente Álvaro Uribe, conocido por su postura firme contra los grupos armados ilegales, no tardó en responder a través de sus redes sociales. En su mensaje, Uribe enfatizó que, bajo su administración, se logró una significativa reducción en los indicadores de violencia y que se protegió la integridad del entonces senador Gustavo Petro de posibles atentados por parte de paramilitares.

Logros de la administración Uribe en seguridad

El Centro Democrático, en su defensa de Uribe, resaltó la desmovilización de más de 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros durante los ocho años de su presidencia. El partido subrayó que, gracias a estas políticas, se logró llevar a la casi extinción a varias de las principales organizaciones ilegales que operaban en Colombia, incluidas las AUC.

Contrario a lo que consideran una «tragedia humanitaria» bajo la actual administración, el Centro Democrático señaló que la política de seguridad democrática de Uribe permitió reducir significativamente las masacres, secuestros y otras formas de violencia en el país. Además, el partido recordó que, durante el gobierno de Uribe, Petro mismo pudo recorrer el país sin temor a represalias por parte de grupos paramilitares.

Críticas a la política de «Paz Total» de Petro

El Centro Democrático criticó duramente la política de «Paz Total» de Gustavo Petro, señalando que ha llevado a un aumento en la actividad criminal y a un deterioro de la seguridad en varias regiones del país. Según el partido, el Clan del Golfo, ahora conocido como el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), intimida actualmente a los habitantes del 75% del territorio nacional. Además, destacó que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC han aumentado su presencia en municipios que previamente habían sido pacificados.

El partido también se refirió a las cifras de la Defensoría del Pueblo y de la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU, que revelaron un aumento del 37% en el desplazamiento forzado masivo en los primeros meses de este año. Estas cifras, según el Centro Democrático, demuestran el fracaso de la actual política de paz del gobierno.

En su contundente mensaje final, el Centro Democrático advirtió que «no se debe confundir la desmovilización de terroristas producto de una política de seguridad con una impunidad total», refiriéndose a lo que consideran un grave error en la estrategia de paz del presidente Petro.

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El Ministerio de Defensa, liderado por Iván Velásquez, ha lanzado una fuerte advertencia sobre la posible suspensión del cese al fuego pactado con las disidencias del bloque Jorge Suárez Briceño. Esta advertencia se basa en la liberación de los 60 soldados restantes, secuestrados en San José del Guaviare. A pesar de la liberación de 40 militares, el Gobierno insiste en la liberación inmediata de todos los soldados retenidos, señalando que la continuación del cese al fuego depende de esta acción.

El Secuestro en Guaviare y la Advertencia del Gobierno

El secuestro de los soldados ocurrió en la región de San José del Guaviare, donde presuntos miembros de las guardias campesinas, vinculados al bloque Jorge Suárez Briceño, capturaron a un grupo de militares. Estos soldados pertenecen al Comando Específico del Oriente y estaban desplegados en la zona con el objetivo de combatir la extorsión y otros fenómenos criminales.

Los secuestradores han exigido la presencia de varias autoridades, incluyendo al alcalde de San José del Guaviare, representantes de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP OEA), la ONU, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía, como condición para liberar a los soldados. Esta situación ha generado una gran preocupación en las Fuerzas Armadas, que han solicitado la intervención inmediata de la Fiscalía General de la Nación.

El Estado Mayor Central: Fragmentación y Desconfianza

El Estado Mayor Central (EMC) de las FARC-EP ha sido un actor clave en las negociaciones de paz con el Gobierno colombiano. Sin embargo, desde la muerte de alias ‘Gentil Duarte’ en Venezuela en 2022, el EMC ha experimentado una creciente fragmentación. La falta de un liderazgo claro y las tensiones internas han debilitado significativamente al grupo.

Tras la muerte de ‘Gentil Duarte’, alias ‘Iván Mordisco’ asumió la comandancia del EMC, pero su liderazgo fue rápidamente cuestionado. Alias ‘Calarcá’, otro líder de las disidencias, emergió como una figura clave en las regiones estratégicas, pero con un enfoque más militarista, lo que generó un profundo desacuerdo con ‘Iván Mordisco’. Estas diferencias ideológicas han puesto en riesgo la unidad del grupo y la efectividad de las negociaciones de paz.

Tensión en las Negociaciones de Paz

Las tensiones entre ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’ han complicado las negociaciones con el Gobierno de Gustavo Petro. Las divergencias sobre cómo llevar a cabo las negociaciones en el marco de la «Paz Total» han generado desconfianza y enfrentamientos dentro del EMC. A medida que ciertos frentes bajo el control de ‘Calarcá’ desobedecen las órdenes del Estado Mayor Central, se evidencia una creciente división que amenaza con romper la cohesión del grupo.

Esta falta de unidad ha provocado que muchos comandantes del EMC cuestionen el liderazgo de ‘Iván Mordisco’, quien ahora se encuentra aislado y con una amenaza constante de ser capturado o abatido por las Fuerzas Militares.

Un Futuro Incierto para el EMC

El debilitamiento del EMC ha llevado a su desaparición como entidad cohesionada, siendo reemplazado por el Estado Mayor de las FARC-EP, ahora bajo el control de alias ‘Calarcá’. A pesar de las divisiones internas, algunos líderes del grupo, incluido ‘Calarcá’, han expresado su disposición a continuar con los diálogos de paz con el Gobierno.

Sin embargo, la falta de unidad y la constante amenaza de la fuerza militar ponen en duda la viabilidad de estos diálogos. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas continúan monitoreando de cerca a ‘Iván Mordisco’, buscando su captura o eliminación, lo que podría desatar nuevas tensiones y conflictos en las regiones controladas por estas disidencias.

El futuro del proceso de paz con el EMC es incierto, y dependerá en gran medida de la capacidad del Gobierno para manejar estas tensiones internas y de la voluntad de los líderes disidentes para llegar a un acuerdo que garantice la paz en el país.

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